CORRUPCIÓN ES MAFIA?

Continuando con nuestro ejercicio de analizar  a manera de una novela policial los sucesos de corrupción estatal-privada, visibilizados como nunca antes por la opinión pública, clarifiquemos una duda: los conceptos de “corrupción” y “mafia” son similares?. La mafia nació en Sicilia, en busca de una organización eficaz que respaldara diversas actividades criminales. Sus integrantes se autodenominaban “mafiosos” (hombres de honor), y mantenían fuertes códigos de silencio. Sus comienzos fueron conocidos por sangrientas peleas entre bandas, por el dominio de negocios ilegales. Con el tiempo se expandieron a nivel mundial, sofisticando su accionar y actividades, y sumando políticos, jueces, policías y empresarios a sus estructuras delictivas. Lo que relaciona al término “Mafia” con el de “corrupción estatal-privada”, es el principio de organización, donde nada es dejado al azar. Debemos distinguir entre “actos corruptos” y “estado de corrupción”. Los primeros resultan de un conflicto de intereses localizado, resuelto delictivamente. Pero cuando se vuelven planificados, sistemáticos, ejecutados y/o avalados desde el Estado, se ingresa en un “estado de corrupción”.

En una democracia, el armado de estructuras de complicidad estatal es más complejo que en el campo del delito desembozado, que apela a la violencia explícita como método de persuasión. Cuando hablamos de dineros públicos, que son los más desprotegidos y fácilmente obtenibles, la planificación y ejecución, para concretar el saqueo primero, y lograr impunidad luego, debe estar en cabeza de altos funcionarios del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Empresarios y/o testaferros actúan como asociados. Una vez armada la trama de complicidad, optimizado su funcionamiento, y definidos los códigos de silencio ante situaciones críticas, no solo es imprescindible sostener la trama en el tiempo, sino darle visos de legalidad. En este esquema, la aprobación o ausencia de determinadas leyes es esencial. Por su parte, los empleados o funcionarios públicos honestos que se rebelen, carecerán de toda apoyatura gremial en su defensa.

El caso del ex Secretario de Obras Públicas José López, ocultando 9 millones de dólares en un convento, fue un “acto” individual, o mostró un “estado” de corrupción? Debemos considerar dos aspectos: actores intervinientes, y reiteración de hechos corruptos. Un contrato de obra pública implica varias instancias administrativas ineludibles: proyecto, presupuesto, análisis de ofertas, control de legalidad del trámite, adjudicación; garantías de contrato, control de obra, pago de certificados, recepción de obra. Los sobreprecios nacen de origen, sea en el presupuesto oficial o en la oferta aceptada, pues la coima es de pago contado efectivo, antes del inicio de obra. Firmado el contrato, pueden surgir nuevos negociados: disminución de la calidad de obra pero no del precio; renegociación y aceptación de onerosos adicionales de obra, y en un exceso de impunidad, pago de certificados por obra no ejecutada. Es imposible que este circuito lo realice un “llanero solitario”, sea Ministro o Secretario; es necesaria una estructura corrupta. Si a ello sumamos la reiteración de casos de corrupción, y los manifiestos enriquecimientos ilícitos de funcionarios y empresarios relacionados, resulta evidente que nos encontramos ante un “estado de corrupción”.

En este esquema, cuando surgen denuncias de delitos, la Justicia interviene para protegerlos, asegurando impunidad. El juez Rafecas mantuvo inactiva desde el 2008 una denuncia contra José López por enriquecimiento ilícito. Los legisladores por su parte, que no pueden ampararse hoy en que son una “escribanía”, demoran ostensiblemente leyes que modifiquen la matriz de corrupción, como la ley de fueros que los protegen por la comisión de delitos comunes; ley del arrepentido; ley de incautación de bienes sospechados de corrupción contra el Estado, y el incremento de penas por delitos contra la administración pública. Todo ello, mientras recorren medios de comunicación como “libre pensadores”. Siempre es útil que el legislador ejerza su derecho a opinar, en tanto y en cuanto lo acompañe con su obligación de legislar.

Marina Walker, vicedirectora del consorcio internacional de periodistas de investigación que sacó a la luz el caso “Panamá Papers”, en una entrevista que le realizara Alconada Moon, señaló una obviedad que vale la pena resaltar: “toda corrupción es primeramente local”.

Buenos Aires, 27 de julio de 2016