Los políticos transformaron una
frase en axioma, al considerarla tan evidente que no necesita demostración: “en
política, dos más dos no es cuatro”. Pero como la matemática sigue siendo una ciencia
exacta, sería más correcto expresar “lo que se legisla no necesariamente es lo
que se hace”. Esta colisión entre lo numérico y lo dialéctico, causó
recurrentes y traumáticas crisis económico sociales: el rodrigazo en 1975
(Isabel Perón); la hiperinflación de 1989 (Alfonsín) y la crisis del 2001-2002
(De la Rúa–Duhalde). Resultado de endeudamientos irresponsables, no pago de
deudas o estatizaciones de deudas privadas, revalorizaciones y devaluaciones de
la moneda argentina, y en la última década, una corrupción inédita en todos los
niveles del Estado y sectores privados asociados.
El reciente triunfo electoral de
la coalición oficialista, tuvo un condimento poco habitual; se produjo en un
contexto económico social extremadamente complicado. Los analistas coinciden en
que se votó esperando cambios estructurales virtuosos y sostenidos, que permitan
un crecimiento del país equitativo y sustentable. De no ser así, nos esperarán
nuevos 1975, 1989 y 2001-2002. Lograr que las clases dirigentes estén a la altura
de las circunstancias, implica desactivar falaces conceptos instalados desde
hace décadas, con un único resultado: que los preocupados por los pobres sean
cada vez más ricos. Inevitablemente el debate del ajuste debe comenzar por
quienes tienen el poder de legislar, administrar justicia y gobernar, que en su
conjunto forman el Estado, definido por Aristóteles como una asociación cuyo objeto
comprende a todas las demás asociaciones que constituyen un país. Cumplido el
requisito terrenal de lograr una administración pública eficaz y honesta, se
tendrá autoridad para atender los “pataleos” de los privados, para que sacrifiquen
parte de sus privilegios, o en el mejor de los casos, cedan parte de sus
ganancias. Inicialmente los privilegiados apelarán a un añejo recurso para que
nada cambie. Los estatales denunciarán que se quiere echar a miles de empleados
públicos, y los privados amenazarán con la pérdida de miles de puestos de
trabajo.
Toda reforma de la estructura
burocrática estatal debe comenzar desactivando la intencionada tergiversación del
concepto autarquía, confundiendo la funcional con la financiera. El Estado es
el único que tiene la atribución de recaudar, para luego determinar su
distribución a través de los presupuestos, que no en vano se los llama “ley de
leyes”. Por ello no pueden distintos organismos atribuirse autarquía
financiera, con la capacidad incluso de establecer retribuciones salariales y
condiciones laborales que vulneran principios de equidad y razonabilidad. La consecuencia
son innumerables disparates, destacándose que gran número de funcionarios ganan
más que el presidente de la Nación. Un vicio no menor es el ingreso
indiscriminado de personal sin concursos públicos, por lo que los ciudadanos
comunes no pueden acceder a un cargo si no cuentan con “padrinos”. Se estructuran
de este modo oligarquías políticas sustentadas en nepotismos y amiguismos, que
liberan el camino de la corrupción: o se es activo en la complicidad, o pasivo
en el dejar hacer.
La transformación necesita de parámetros
claros, no solo constitucionales, sino económicos. Un indicador es la
diferencia entre los ingresos más altos y los más bajos. Demás está decir que
en los países más pobres mayor es la diferencia entre los extremos. Un claro
ejemplo de inequidad económica y social lo muestra el sector de jubilados, a
los que demagógicamente actores políticos y gremiales dicen defender, incluso
con simulada indignación: “con nuestros viejos no”. Pero la realidad concreta indica
que mientras la jubilación mínima mensual vigente es de $ 7.246, hay jueces que
perciben $ 362.000. El diferencial es de
49,96 veces, que corresponde a países de muy bajos índices de desarrollo, pese
a que al sistema previsional se lo presenta grandilocuentemente financiado a través de un “sistema solidario
de reparto”. En situaciones de déficits o riesgos de sustentabilidad los
incrementos en la base son limitados, pero es una obligación fáctica y ética
bajar sensiblemente las jubilaciones de privilegio que afectan el concepto de
reparto. Salvo que nos retrotraigamos a fundamentos de los absolutismos
monárquicos, en donde reyes y nobles que eran pocos, vivían de los tributos de
sus gobernados, que eran muchos. Este es el primer desafío que afronta el
debate político.
Buenos Aires, 08 de octubre 2017
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