El pasado 30 de octubre se conmemoró el 35° aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín. Para asombro de muchos, el radicalismo superó al justicialismo por casi doce puntos, sumando entre ambos partidos el 92% de los votos. La sociedad había interpretado que Alfonsín y su partido eran los más confiables para afrontar la compleja reconstitución del tejido institucional, social y económico del país, sin por ello sumergirse en tramposas “grietas”. Los recientes homenajes recordaron a Alfonsín con el emblema grandilocuente de “padre de la democracia”, pero sería más oportuno destacar propuestas esenciales que no se le permitió llevar a cabo, y que los políticos aún no han tenido la capacidad y/o voluntad de resolver.
Ya en su campaña planteó la necesidad de democratizar a dos sectores fuertemente corporativos: Fuerzas Armadas y sindicatos. Estos últimos, de clara identificación peronista, tuvieron un rol central en el armado del partido para la elección de 1983, ocupando sus representantes altos cargos partidarios y candidaturas nacionales y provinciales de peso, para obtener finalmente 35 bancas legislativas. A poco de asumir, Alfonsín envió la ley de reordenamiento sindical y electoral a fin de regularizar el funcionamiento de los gremios tras la dictadura, conocida como “ley Mucci”, en alusión al trabajador gráfico Antonio Mucci, designado Ministro de Trabajo. Entre sus puntos, se planteaba la personería gremial para el sindicato más representativo (sindicato único por rama), pero permitiendo la participación de las minorías que obtuvieran el 25 % de los votos, que los afiliados deberían emitir en forma directa, obligatoria y secreta, bajo el control de la Justicia Electoral Nacional. Los mandatos duraban tres años con una sola posibilidad de reelección inmediata. La contrapropuesta gremial fue la de retomar la ley de Asociaciones Profesionales de 1973, y encomendar la regularización de las conducciones de los gremios a comisiones designadas por los propios gremios.
Previo a ingresar al Congreso, el proyecto radical produjo un primer efecto paradójico: gremialistas enfrentados entre sí durante la dictadura, terminaron unidos ante un gobierno democrático, con una conducción colegiada de la CGT, integrada por Saúl Ubaldini, Osvaldo Borda, Ramón Baldassini y Jorge Triaca. Aprobado por la Cámara de Diputados por amplia mayoría, el proyecto fue finalmente derrotado el 14 de marzo de 1984 en Senadores, por 24 a 22 votos, con el voto decisivo de Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino. El 3 de agosto de 1984, la CGT llamó al primer paro general de los trece que sufriera Alfonsín durante su mandato. El gremio docente CTERA no se adhirió.
Años más tarde, el gobierno de la Alianza encabezado por De la Rúa, consiguió en abril del 2000 la aprobación legislativa de una reforma acordada con sectores del justicialismo, que entre otros aspectos permitía sellar convenios colectivos por empresa en lugar de rama o actividad, y derogaba los convenios ultraactivos de los años 1975 y 1988 de renovación automática, aún vigentes. En mayo de ese año el sindicalista Hugo Moyano denunció que el Ministro de Trabajo Flamarique había comentado que “para los senadores tengo la Banelco”, lo que éste negó. Ello desencadenó la crisis política con la renuncia del vicepresidente Alvarez, y posterior caída de De la Rúa en diciembre de 2001. En el 2003 se derogó la ley.
Más recientemente el gobierno de Cambiemos impulsó una reforma laboral que promueve la discusión sobre aspectos conflictivos: normas que regulan las obras sociales y el Pami; poca uniformidad en los aportes sindicales; integrar prácticas laborales al sistema educativo; definir si ciertos beneficios (celular, vehículo), son parte del salario, y muchos otros. Lo tratado con sectores gremiales que en 2017 parecía viable, hoy desapareció de la agenda.
Una crítica recibida por Alfonsín, falencia que se repitió en los intentos posteriores, es no haber sido más explícito ante la sociedad y los trabajadores en especial, respecto a los costos y beneficios de las reformas propuestas. En contraposición, para obturar todo tipo de cambios y mantener privilegios, el mensaje de la corporación sindical se mantuvo inmutable en el tiempo: “leyes impuestas por el FMI, precarización laboral, baja de salarios, pérdida de derechos”. Es momento de debatir propuestas que no incidan en los salarios de bolsillo, sino sobre costos adicionales injustificados, como excesivos aportes, seguros, ausentismo, entre otros. El problema no puede ser obviado. A comienzos de 2017 según datos oficiales, existían 12 millones de empleados registrados; 4,5 millones informales y cerca de 1,5 millones desocupados.
Modernizar el mercado laboral favoreciendo al trabajador y desarmando costosos privilegios, sería un excelente homenaje para Raúl Alfonsín.
Buenos Aires, 07 de noviembre 2018
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