Hablar de la responsabilidad de la justicia del Fuero Federal en el crecimiento sostenido de la corrupción política en las últimas dos décadas, reflejada en los enriquecimientos ilícitos de altos y medianos funcionarios, con consecuencias como la catástrofe ferroviaria en estación Once que en febrero pasado se cobró 51 víctimas fatales, es redundante y nada aporta para lograr un cambio. Creemos que es más útil crear una agenda de causas de publicación regular e indicación de los jueces actuantes, que mostrará la gravedad de la situación más claramente que las palabras. El espíritu de la agenda no excluye eventuales consideraciones personales, solo al efecto de verificar su validez a futuro. De ahí la importancia del seguimiento cronológico y permanente de algunas de las causas en donde se afectan vidas y patrimonio del Estado.
1.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000.
Causa originada en la autodenuncia del secretario parlamentario en esa época, Mario Pontaquarto, de haber repartido cinco millones de pesos provistos por la SIDE en coimas a senadores peronistas y radicales, para que aprobaran una ley de reforma laboral. El juez Daniel Rafecas elevó la causa a juicio al Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Se iba a iniciar el pasado 22 noviembre, pero la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez pidió su suspensión, por haberse incorporado a èsta causa la que se sigue contra Pontaquarto por una rendición de gastos no realizada. La maniobra de último momento muestra que no se tiene interés alguno en llegar al juicio oral, que supuestamente se realizará en agosto próximo, conscientes de que habrá sobreseimientos generalizados. El renunciante vicepresidente Carlos Alvarez, entonces presidente del Senado y uno de los responsables de la crisis del 2001, hoy funcionario del gobierno, será uno de los testigos y se estima que no aportará pruebas concretas.
2.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas.
Iniciada en mayo de 2011, la causa es tramitada con extrema lentitud por el juez federal Norberto Oyarbide, lo que dió lugar a la desaparición de muchas pruebas, según un crítico dictamen de su instancia judicial superior. Recién en mayo último citó a declarar al principal acusado, Sergio Schocklender, el que quedó detenido junto con su hermano y su contador. Sin embargo, no fueron citados los funcionarios públicos otorgantes de los fondos a la Fundación, y responsables de su contralor, arqto. Bontempo e ing. Fatala, lo que hace presumir que la causa concluirá con prescripciones y sin que el Estado pueda recuperar el dinero defraudado.
3.- Causa por la tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012.
La tramita el juzgado del dr. Claudio Bonadío. En su momento los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazaron la queja del fiscal Federico Delgado porque el juez Bonadío le negaba el acceso al expediente, y les pidió a ambos que evitaran “estériles debates”. Recientemente se conoció la pericia oficial, sin que se haya aceptado la participación de peritos por los damnificados. La concesionaria TBA, perteneciente al grupo Cirigliano, presentó un informe del médico de la empresa Daniel Bello, señalando que con motivo de haber ingerido alcohol y por la monotonía sonora del tren, el conductor Córdoba “podría” haber tenido el llamado “sueño blanco” similar a “una canción de cuna”, durante los 39 segundos previos al impacto. Por ser médico, no aclaró si dicho síntoma pudo haber afectado también al parachoque de la terminal, que según la pericia no cumplía con las necesarias normas técnicas de seguridad. El 24 de mayo la Presidente le quitó a TBA la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre para trasladársela a Metrovías (grupo Roggio), y Ferrovías (grupo EMAPA encabezado por Gabriel Romero), también favorecidas por la política de subsidios masivos al transporte. En esta semana se produjo la detención de Claudio Cirigliano y tres ejecutivos de la empresa TBA, por haberse negado a presentar al juez el balance económico con el destino dado a los subsidios estatales.
4.- Quiebra y recuperación de la imprenta Ciccone Calcográfica, habitual proveedora del Estado.
Como resultado de una denuncia de un particular, el juez federal Daniel Rafecas encomendó al fiscal federal Carlos Rívolo en febrero de 2012 que investigara la participación de funcionarios públicos en una larga cadena de irregularidades en el levantamiento de la quiebra de Ciccone, entre los que esta sospechado el vicepresidente Amado Boudou por participación societaria y tráfico de influencias. El juez Rafecas fué apartado de la causa por haber intercambiados mails con un abogado de su amistad y defensor de uno de los involucrados. Que los jueces federales intercambien información reservada con abogados de las partes acusadas no es una novedad; pero que la dejen registrada en mensajes de texto muestra o bien una impericia que sorprende, o un burdo recurso para ser apartado de la causa. Por sorteo se designó al juez Ariel Lijo, quien unificó la causa de la ex Ciccone con la de enriquecimiento ilícito de Amado Boudou, llevada adelante por el fiscal Di Lello, con el consecuente apartamiento del fiscal Rívolo, principal impulsor de la investigación. Cabe señalar que la causa de enriquecimiento ilícito de Boudou nada tiene que ver con la quiebra y rehabilitación de Ciccone Calcográfica, por lo que esta investigación quedó seriamente dañada, y perdió la velocidad investigativa original. El fiscal Di Lello es quien junto con Oyarbide actúan en la causa de defraudación de fondos públicos de la Fundación Sueños Compartidos.
5.- Enriquecimiento ilícito y dádivas recibidas por el ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime.
Se declaró prescripta la investigación sobre el empresario Claudio Cirigliano, acusado de haber pagado vuelos de placer a Ricardo Jaime, quien debía controlar sus concesiones. El juez Norberto Oyarbide decretó en febrero de 2012 que son nulos los miles de mails hallados en las computadoras de Manuel Vázquez, asesor de Jaime, que detallaban los negocios entre funcionarios públicos y privados, aduciendo que los peritos de la Policía Federal que realizaron el primer peritaje en 2010 no utilizaron los protocolos de conservación de pruebas. El fallo fué ratificado este mes por la Sala I de la Cámara Federal, suscrito por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes destacaron que en el peritaje el juez Oyarbide no dió intervención a las defensas de los acusados para que lo presenciaran y se evitaran impugnaciones. De más está decir que pese a ello Oyarbide sigue al frente de la causa, y no se imputó a ningún policía por las supuestas irregularidades, por lo que hasta el momento el Estado es el mejor defensor del acusado por el Estado. Actualmente el fiscal Carlos Rívolo intimó a Jaime a justificar bienes cercanos a 6.600.000 pesos adquiridos por él, familiares directos y allegados, durante su paso por la función pública.
6.- Causa por contrabando de 944 kilos de cocaína en un vuelo privado argentino.
El 02 de enero de 2011 la Guardia Civil española detuvo en el aeropuerto El Prat a los hermanos Juliá y a Matías Miret por transportar 944 kilos de cocaína pura en un jet privado que había partido de Ezeiza el 01 de enero, luego de haber estado estacionado casi dos meses en el aeródromo de Morón. La investigación de la conexión local y actuación de los organismos de control quedó a cargo del juez federal en lo penal económico Alejandro Catania, sustituído luego por el juez Rafael Caputo, cuya primera actuación fue intentar verificar los antecedentes de las dos empresas propietarias del avión. Se estima que en éste año los pilotos argentinos serán juzgados en España, sin que se conozcan avances en las investigaciones judiciales locales. En febrero de 2011 el juez Oyarbide intentó sin éxito trasladar a su juzgado la causa.
7.- El caso de la valija con u$s 700.000 no declarados de Antonini Wilson, detectados en la aduana, en un vuelo contratado por Enarsa en agosto de 2007.
Originalmente la causa estuvo a cargo del juez federal en lo penal económico Daniel Petrone. Se adujo que no se podía avanzar hasta tanto no se presentara el empresario Antonini Wilson para declarar. Paradójicamente una jueza argentina fué quien le permitió dejar el país con posterioridad a haberse detectado el ingreso ilegal del dinero. Posteriormente el juez Petrone cambió la carátula del expediente que pasó de contrabando agravado al excarcelable lavado de dinero, y apartó a la enjundiosa fiscal María Luz Rivas Diez de la causa. Esta decisión permitió que recientemente la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala B), integrada por los dres. Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Carlos Pizzatelli sobreseyera al negociador del Estado ante Venezuela Claudio Uberti, por prescripción de la causa, ante la ausencia de actuaciones. También posibilitó esta nueva impunidad una reforma penal aprobada por el Congreso de la Nación en junio de 2011, por la que se suprimió el agravante que preveía la ley cuando el autor del lavado de dinero era un funcionario público. Pese a todos éstos antecedentes, las autoridades gubernamentales continúan llamando a Antonini Wilson “prófugo”.
8.- Causa por uso indebido de fondos reservados del Senado por el vicepresidente Carlos Ruckauf.
Iniciada en el 2002 y transcurridos 12 años sin acción acusatoria, Carlos Ruckauf fué sobreseído por el juez Norberto Oyarbide por prescripción, fallo confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.
Así como los medios gráficos segmentan la información en una multiplicidad de temas tales como culturales, deportivos, tecnológicos, entre otros, sería de enorme trascendencia que los periódicos publiquen una agenda del avance de los temas judiciales que afectan a funcionarios y al patrimonio del Estado. Su conocimiento rutinario mostrará a la sociedad que la gravedad del accionar del Fuero Federal supera lo que se supone al analizar casos puntuales o de actualidad. No actuar ante la manifiesta ineficacia judicial en los casos en que están involucrados funcionarios públicos y proveedores del Estado es otro de los aspectos en los que coinciden supuestos políticos liberales con supuestos progresistas; supuestos oficialistas con supuestos opositores. Por el contrario, unos y otros promueven y aprueban reformas que disminuyan las responsabilidades penales de los funcionarios públicos.
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