Cuando una misma clase política y dirigente mantiene
durante más de dos décadas vigencia en altos cargos públicos o de
representación privada, más allá de pretendidas diferenciaciones ideológicas y
modelos de gestión, irremediablemente se concluye en una mimetización de
principios y metodologías de acción política. Es entonces cuando desaparecen
los partidos, se desvirtúa la representatividad, y se diluyen las opciones de
gobierno.
Lo expuesto se ratifica con la actuación de la Corte Supremala Corte , el presidente Menem amplió
el número de sus integrantes, y designó a jueces adherentes que conformaron la
llamada “mayoría automática” que avalaba las políticas del Ejecutivo. El actual
gobierno, en una acción masivamente elogiada, incorporó en reemplazo de los que
renunciaron a prestigiosos juristas. Sin embargo se continúa con la estrategia
del “barniz institucional”; los fallos que no satisfacen al actual Gobierno no se
cumplen. Inevitablemente se llega al mismo resultado que en los años 90: el
desprestigio de ministros de la
Corte y gobernantes. Se consolida además la hipótesis que una
misma clase dirigencial no puede encabezar políticas estructuralmente
distintas. Esta situación asume características terminales ante el desenfado
del responsable de la Anses ,
Diego Bossio, al negar a la
Corte información para dar solución a los miles de juicios previsionales
que colapsan la capacidad operativa y física de los juzgados (se calculan entre
360y 430 mil expedientes), entablados ante los incumplimientos de la
jurisprudencia sentada por la
Corte en los reajustes de haberes jubilatorios, a lo que se
agrega no dar respuesta acerca del uso de los fondos de la Anses. Ante la actitud
de Bossio, surge la inquietante duda de porque ante la gravedad institucional y
social del hecho, la
Corte Suprema no plantea un conflicto de poderes.
La reflexión no puede eludir la absoluta
prescindencia de supuestas oposiciones en funciones legislativas, a fin de
estudiar, debatir, aprobar y controlar una legislación coherente y definitiva a
lo largo del tiempo, que evite lo que ya es un clásico en el sistema
jubilatorio estatal: su vaciamiento. El concepto de “solidaridad social” es
aplicado para los descuentos salariales de los trabajadores activos, pero se
licúa al momento del otorgamiento de las jubilaciones promedio, que no cubren
niveles de subsistencia, lo que ya afecta a tres generaciones. Como
contrapartida un alto porcentaje de lo recaudado se destina a fines que
claramente deben estar incluídos en el presupuesto general, cediendo recursos a
tasas de interés ruinosas en beneficio de grandes grupos empresarios (venta de
plasmas y netbooks; construcción de viviendas; fideicomisos varios manejados
por entidades financieras, etc.), cuando no utilizados para la implementación
de acciones demagógicas como la entrega de beneficios previsionales a quienes
no hicieron aportes. Se estima que solo en 2011 se entregaron 3.800.000
beneficios en éstas condiciones.
A los fines de identificar dentro de la bruma
del oportunismo a los actores políticos partícipes que pretenden ser
considerados “oposición”, utilizaremos dos términos arcaicos: radicalismo y
socialismo. De este modo no nos torturaremos en designar como opositor a quienes
se escudan bajo siglas de fantasía que jamás fueron votadas y no representan a
nadie (GEN; UNIÓN POR TODOS; NUEVO ENCUENTRO; COALICIÓN CÍVICA, entre muchos
otras), sin olvidar el exitoso unipersonal AHORA FELIPE (Felipe Solá), y el
próximo partido que funde Lilita Carrió (“funde” del verbo fundar, no fundir).
La historia indica que en 1990 se creó el
Instituto de Previsión Social, que fue reemplazado por el organismo
descentralizado Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), mediante
el Decreto 2741 del 26 de diciembre de 1991, con la función de manejar los
recursos jubilatorios, pensiones, autónomos, subsidios y asignaciones
familiares. Obsérvese que habitualmente la última semana de diciembre de cada
año es mortal, en cuanto a decretos y fallos de la Corte conflictivos,
sobreseimientos por enriquecimiento ilícito e incrementos de dietas
legislativas. Como propuesta de reforma política, habría que ir pensando en
pasar Navidad a la primera semana de Enero.
Ya en 1991 se planteó y no se aprobó que el ANSES
tuviese una conducción colegiada con integrantes del gobierno, jubilados y
organismos de control. Cuando en el año 2008 se derogó el sistema jubilatorio
de capitalización implementado en el año 1994, con la creación de las
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), el radicalismo y
socialismo fundaron su apoyo al proyecto de ley apelando a un argumento
recurrente, que expresa el estudio profundo que realizan de las leyes en
tratamiento: “las jubilaciones a cargo exclusivo del Estado es una posición
histórica de nuestro partido”. Pero para disimular que no existe oposición y
propuestas, ambos partidos pusieron una condición que reactualizaba la de 1991,
que en una democracia no debería ser tema de debate: que los recursos jubilatorios
tuviesen una Comisión de Fiscalización de Control, integrada entre otros
sectores por jubilados, según lo declarara a los medios, entre otros, el
diputado Claudio Lozano. Nuevamente no
se cumplió con este compromiso, los radicales y socialistas no se preocuparon por
que se cumpliera, y el organismo provisional “descentralizado” se maneja como
si fuera un Ministerio con directa dependencia del Ejecutivo. La historia es la
que marca de manera indubitable la complicidad que por acción u omisión tienen las supuestas oposiciones radical y
socialista en la aprobación de leyes que no protegen a los ciudadanos, como en
este caso a los jubilados, y que explica, entre otros importantes factores a
ser analizados próximamente, porque no existen partidos políticos consistentes en
el país.
Por ello cuando la UCR en un crítico comunicado
reciente referido al supuesto “conflicto” Corte Suprema – ANSES, denuncia “un
escándalo institucional y una grave afrenta a la equidad social y al
federalismo” (textual), no es una postura crítica u opositora; es un cinismo.
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