En las dos últimas reflexiones tituladas
“Veladas amenazas preelectorales”, analizamos los contextos políticos y
económicos que produjeron la crisis de los años 2001-2002. Recordarlo es imprescindible,
ante mensajes nada ingenuos que pretenden asimilar el acuerdo PRO-UCR-Coalición
Cívica con la Alianza. En la propaganda política, los mensajes breves carentes
de fundamentación, son uno de los instrumentos utilizados para direccionar la
opinión pública, influenciándola para votar por determinada agrupación o
candidato. Los sustentados en los rótulos “derecha e izquierda” han perdido
fuerza en la política argentina. La realidad indica que al calor del poder gobernante,
conviven supuestas derechas recalcitrantes, supuestas izquierdas impolutas, y
supuestos opositores listos para transformarse en oficialistas. Los instrumentos
ineludibles para tamaña confraternidad ideológica, son los cargos y prebendas
del Estado.
Pero utilizar el fantasma de la
Alianza para perjudicar todo atisbo de opción electoral al Partido Justicialista
merece ser evaluado, por las preocupantes similitudes que presenta el contexto actual
con el del 2001-2002. Ello explicaría la ausencia de propuestas concretas de
los tres candidatos a la presidencia mejor posicionados (Macri, Massa y
Scioli), como la de sus voceros. Saben que las consignas publicitarias “lo
mejor está por venir” del oficialismo, o “ante un cambio de gobierno vendrán
inversiones”, esgrimido por la oposición, es mera retórica sin previa
aplicación de medidas de ajuste. Comparemos diversos indicadores.
Situaciones políticas
Año 1999: la Alianza asumió tras 10
años de gobierno justicialista, con minoría legislativa y fuerte oposición. Año 2015: el próximo gobierno asumirá
tras 15 años de gobierno justicialista, seguramemente con minoría legislativa,
y fuerte presencia opositora del FPV.
Año 2003: el PJ no concurrió a
elecciones unificado, sino diluído en tres candidatos: Menem, Kirchner y
Rodríguez Saá. Año 2015: el
justicialismo concurrirá con el FPV y el Partido Renovador de Massa, y quizás una
tercera alternativa, integrada por De la Sota y Rodríguez Saá. El PJ y la UCR
perdieron identidad como partidos políticos.
Situaciones económicas
Año 1999 (diciembre): la Alianza recibe
el Gobierno con una deuda externa de
145.289 millones de dólares; reservas Banco Central de 27.831 millones de
dólares; inflación 1,80 % (negativa); desempleo 13,80 %.
Año 2014 (diciembre): deuda externa de 140.366
millones de dólares; reservas Banco Central de 31.443 millones de dólares;
inflación 23,90 %; desempleo 7,50 %. A la deuda externa se le suma la deuda interna (el
Tesoro con el Banco Central; Ansés; Pami): 21.500 millones de dólares.
Salvo la Deuda Interna a diciembre de 2014,
la totalidad de los datos SON OFICIALES, por lo que se parte de la base más
optimista.
Crisis
años 2001(diciembre)-2002
Golpe
duro: la Alianza abandonó el
gobierno el 20 de diciembre con los siguientes indicadores: deuda externa
166.272 millones de dólares; reservas Banco Central 19.425 millones de dólares;
inflación 1,50 % (negativa); desempleo 18,30 %. En el mismo mes se había implementado
el llamado “corralito”, que para evitar corridas bancarias limitaba la libre
disposición de dinero en plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Se
produjo una gran reacción social.
Acuerdo
político interpartidario: tras
la renuncia de De la Rúa, las medidas más resonantes fueron el no pago de la
deuda externa (Rodríguez Saá), y salir de la convertibilidad vigente desde marzo
de 1991 (Duhalde). Esta medida produjo una fuerte devaluación, que a diciembre
2002 alcanzó $ 3,09 por dólar, y una inflación de 41,00%. El “corralito” se
transformó en “corralón”, y todas las obligaciones en dólares se pesificaron a
$ 1,40 por dólar, pese a que el dólar oficial cotizaba a $ 2,20 pesos por dólar.
A los ahorristas se les entregó un Bono a 10 años (Boden 2012), embargando y licuando
sus ahorros. Por el contrario, a los grandes empresarios y banqueros se les licuó
y estatizó parte de sus deudas, a través del escandaloso procedimiento conocido
como pesificación asimétrica, por el que se los compensaba por la diferencia
entre el dólar de pesificación y el oficial, entregándoles por la diferencia Bonos
del Estado. Por añadidura, estos Bonos significaron un enorme negocio a mediano
plazo para diversos Fondos de Inversión. Los pequeños y medianos ahorristas,
por su parte, obligados por sus necesidades, debieron vender con grandes
pérdidas parte de sus Bonos a 10 años.
Con estos
antecedentes, y más allá de preferencias electorales, la ciudadanía debería
exigir a los candidatos que expliciten si estos datos son ciertos, o bien dar a
conocer los que manejan para elaborar sus propuestas. Deberemos estar precavidos
para evitar que en enero de 2016 no se repita lo que en enero 2002, el entonces diputado radical Leopoldo
Moreau bautizara grandilocuentemente como “acuerdo político interpartidario de
salvación nacional”.
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