Retomamos la agenda
mensual con el seguimiento de algunas de las innumerables causas judiciales de
corrupción, que interrelaciona a funcionarios del Ejecutivo, del Poder Judicial, grupos empresarios asociados y testaferros,
con el fin de favorecerse con manifiestos y desmesurados enriquecimientos
ilícitos a costa de los recursos públicos. Las consecuencias tangibles para la
sociedad son el incremento de la pobreza,
y la disminución de la calidad de vida por mala prestación de servicios. La actual
tensión político-judicial es producto de acelerados y extemporáneos reformismos
a escasos meses de las elecciones nacionales, que pretenden asegurar la
continuidad de la matriz de impunidad, vigente desde hace más de 25 años. Como
jamás antes, se transparentó la lucha entre jueces y fiscales que promueven
investigaciones y son acusados de opositores bajo el rótulo de Partido
Judicial, y los sospechados de oficialistas que intentan neutralizarlas,
aunados en Justicia Legítima. La mejor manera de tomar conciencia de la
magnitud de la corrupción, es el seguimiento regular de algunas de las causas.
1- Lavado de dinero a través de una estructura
encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez
La sala II de la Cámara Federal, integrada por
Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, a fines de diciembre ordenó al
juez Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Federal N° 7, que centralice su
investigación de lavado dinero sobre el empresario Lázaro Báez, y no exclusivamente
en protagonistas menores como Elaskar y Fariña. Recién el pasado 13 de marzo
Casanello citó a Báez, pero solo para indagarlo por la compra de un campo en
Mendoza. Por la misma causa, el juez federal Martínez de Giorgi acusó a los
fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi de prevaricato, por perjudicar
deliberadamente la investigación, en su condición de integrantes de la Procuraduría
de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
2.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex
Ciccone Calcográfica
A dos años de iniciada la causa, el juez federal
Ariel Lijo procesó al vicepresidente Boudou (acusado de quedarse con el 70% de
las acciones), y otros implicados, por el intento de apropiación fraudulenta de
la imprenta, que se pretendió disimular con una veloz estatización. Actualmente
los imputados intentan apartar al juez Lijo de la causa mediante las clásicas
recusaciones, tal como hicieran cuando lograron el desplazamiento del fiscal
Rívolo, quien actuara inicialmente para obtener documentación probatoria
esencial.
3.- Defraudación de la Fundación Sueños
Compartidos en la construcción de viviendas de interés social
Luego que el juez Oyarbide licuara los elementos de
prueba de la defraudación de parte de los 765 millones de pesos entregados a la
Fundación de Hebe de Bonafini, y tardíamente los camaristas Jorge Ballestero y
Eduardo Farah lo apartaran de la causa por mal desempeño, la misma recayó hace
más de un año en el juez federal Martínez de Giorgi. El destino final pareciera
ser la impunidad y prescripción.
4.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación
Once en febrero de 2012
Continúa el juicio en el Tribunal Oral n° 2,
integrado por los jueces Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, contra los empresarios
concesionarios y funcionarios responsables de la muerte de 51 pasajeros en la
tragedia. Los hermanos Cirigliano, concesionarios del servicio, se declararon
en quiebra para no afrontar indemnizaciones. Aclaremos: la quiebra es
empresaria, no del patrimonio personal. Es un viejo recurso que a ningún
legislador se le ocurrió desactivar.
5.- Sociales: sobreseimientos y prescripciones.
En agosto de 2007 se decomisó en Aeroparque una
valija con 790.000 dólares en poder del venezolano Antonini Wilson, que viajaba
en un vuelo privado de funcionarios argentinos y venezolanos. La Sala II de la
Cámara de Casación (Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David), demoró dos
años para finalmente dictaminar el 02 de febrero pasado, inadmisible un planteo
del fuero penal para impedir la prescripción de la causa. El expediente está a
consideración de la Corte Suprema.
La ineficacia cuando no manifiesta complicidad de la
justicia federal para no sancionar los delitos económicos en perjuicio del
Estado, salvo honrosas excepciones, dificulta tomar partido entre “buenos y
malos”. Está claro que una reforma profunda de leyes y procedimientos es
imprescindible. La harán los viejos políticos
de Planta Permanente, que nos dicen “que lo mejor está por venir”?
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