NISMAN ES UN CASO CERRADO

A más de tres meses de la aparición sin vida del fiscal Nisman, dictaminar si lo asesinaron o se suicidó pareciera ser irrelevante. La verdad quedó definitivamente borrada. En lugar de brindar esclarecimiento, el entramado político-judicial sometió a la ciudadanía a un alúd de acciones, operaciones públicas y opiniones, que oscilaron entre la necedad, la impericia, el engaño y la obscenidad.

Pero la muerte de Nisman, más allá de virtudes y vicios personales, tuvo como efecto no deseado trasladar a la luz pública la enorme corrupción político- judicial, que desde hace más de 25 años se mantiene inmutable en nuestro país. Con la complicidad, por acción u omisión y bajo la falsa excusa de mayorías automáticas, del Poder Legislativo, en la tarea de brindar barniz legal a cualquier instrumento y/o procedimiento que concentre poder, desvirtúe instituciones democráticas, y licúe negociados. Este sólido y perenne entramado de impunidad, no distingue entre neoliberalismos o progresismos, derechas o izquierdas.

En el caso Nisman todos los actores intervinientes pertenecen o son financiados por el Estado: el propio Nisman; los principales acusados por su denuncia; el servicio de seguridad que debía cuidarlo, encabezado por Berni; los que pisotearon en patota la escena de su muerte; la fiscal Fein a cargo de la investigación; la jueza querellante Arroyo Salgado; los servicios de inteligencia, determinados canales de televisión propagando información enlatada por encubridores; y finalmente, un tropel de funcionarios y legisladores que se cansaron de formular declaraciones superficiales y contradictorias, suponiendo motivos, evaluando actuaciones judiciales, aconsejando detenciones. El viejo recurso de desprestigiar al denunciante, vivo o muerto, se aplicó sin piedad. A Nisman se lo atacó desde su presunta homosexualidad hasta una supuesta condición de tigre con las mujeres; de ser “un turro” a tener nexos con los fondos buitres. Entre tanto dislate, los expertos peritos de la Corte y no los menos reconocidos peritos de la querella, disienten absolutamente acerca de si Nisman se suicidó o lo mataron. La sociedad nunca sabrá que sucedió con Nisman; pero asistió a un ejercicio de encubrimiento coordinado de corto plazo de tal eficacia, que debería ser atentamente estudiado en los cursos de los servicios de inteligencia.

A esta altura de los acontecimientos pareciera insostenible pensar que tal pandemónium se pudiera originar en el convenio  que el Senado aprobara el 21 de febrero de 2013 por 39 votos a favor y 31 en contra, para crear conjuntamente con Irán una Comisión de la Verdad no prevista en las leyes argentinas, destinada a definir responsabilidades por el atentado contra la Amia en julio de 1994. Era obvio que el interés principal de los iraníes era el levantamiento de las alertas rojas que pesaban sobre sus altos funcionarios, pero ello no se concretó. Supuestos acuerdos comerciales podrían haberse manejado por otras vías, sin mayores problemas. Por último, una posible investigación judicial tendría que haber comenzado por el Canciller Timmerman y por los antecedentes entregados por el Ejecutivo a los legisladores. Tampoco las víctimas de la Amia, para nueva decepción de sus familiares, parecieran ser la principal preocupación. Llama la atención que al agente de inteligencia Stiuso se lo haya jubilado sin pedirle previamente detalles de lo actuado en el caso, y tardíamente Parrilli anuncie su búsqueda para interrogarlo. Más insólito aún es que no se solicite información a Canicoba Corral, el juez a cargo de la causa. Irresponsablemente se desentendió del avance judicial, o hay algo más?

Todo lo expuesto hace suponer que el caso Nisman se inserta dentro de la  despiadada lucha a cara descubierta y explícita iniciada hace más de un año, entre intereses corporativos políticos, judiciales y empresarios asociados, para mantener a futuro la trama de impunidad que proteja los enormes negociados y enriquecimientos ilícitos desmesurados a costa de los recursos del Estado. Increíblemente, nada distinto con lo que se especulara durante el primer juicio por el atentado encabezado por el juez Galeano, hace más de 10 años. Al respecto, los candidatos Macri, Massa y Scioli guardan un piadoso silencio, y siguiendo la estrategia de sus asesores extranjeros, auguran que “lo mejor está por venir”.