El bochorno sucedido en el
estadio de Boca Juniors durante el partido de fútbol entre el equipo local y
River Plate por la Copa Libertadores de América, muestra una vez más que el
negocio del fútbol replica con total exactitud el mundo de la política, tanto
en sus actores como en el contexto. La repercusión del hecho en los medios de
comunicación, desnudó intencionalidad política, oportunismo o superficialidad
discursiva, y manifiesta complicidad por parte de dirigentes y funcionarios
responsables, dispuestos a que la matriz delictiva en el fútbol no se
modifique. Matriz no muy distinta al caso Nisman, o a los innumerables ejemplos
de corrupción estatal-privada aparentemente más complejas (Skanska, Ciccone,
Sueños Compartidos, Hotesur, entre otros), que quedarán irremediablemente impunes.
En las comisiones directivas de
los clubes coexisten políticos con cargos ejecutivos o legislativos de distintas
identidades partidarias, integrantes de fuerzas de seguridad en actividad o
retirados, gremialistas, empresarios, jueces, fiscales, y finalmente, los
esforzados muchachos que son cara visible de la corrupción, llamados barras
bravas. Designación ésta despectiva y discriminatoria, porque no se aplica a
los altos niveles político-dirigenciales que los apañan y participan del
negocio. Este contexto nos permite visualizar con escaso margen de error, las escasas
posibilidades de cambio a producirse a partir de la asunción de las nuevas autoridades
el 10 de diciembre próximo.
Señalamos que la metodología de
implementación y protección de los negociados en el fútbol es exactamente la
misma que la de los delitos económicos contra el Estado. Todo comienza con la
información. Periodistas con serios trabajos profesionales muestran hasta el
hartazgo a reconocidos barras, sus profusos antecedentes delictivos y causas
judiciales, conexiones políticas y modus operandi. Conocida la realidad, comienza
el encubrimiento. A la propaganda se la desvirtúa con la contra propaganda,
enmascarando los problemas de fondo con la rimbombancia de lo anecdótico. Los
sectores políticos nos entretienen debatiendo si los barras están en
connivencia con el macrismo, el sciolismo o el massismo, y si el ataque se
produjo en sectores de responsabilidad del club o de la seguridad pública. La
justicia actúa con su habitual morosidad e inoperancia, que a su vez justifica
en la inacción de los legisladores para elaborar leyes que permitan aplicar
sanciones más enérgicas. Nuevamente, se
manifiesta “el gran acuerdo político”.
Instalados los escándalos, se necesita
de algún culpable para cerrar el episodio, y pasar al siguiente. Ejemplo; nunca
sabremos cómo murió Nisman, pero aprendimos una barbaridad acerca de su vida
privada y del accionar del agente de inteligencia Stiusso. Este rol en el
escándalo Boca-Ríver, lo cumplirá el clásico lobo solitario arrepentido y
asustado, llamado Napolitano, alias “el panadero”. Entre el fárrago de opiniones,
quedó extrañamente minimizada una declaración del Secretario de Seguridad Sergio
Berni, que nos acostumbró a que sus auto promocionadas acciones veloces y
eficaces, de inmediato quedan desvirtuadas por la realidad de los hechos. Contundentemente,
expresó que “hay que intervenir la AFA”. Sorprende que nadie le haya aclarado
que el fútbol profesional está de hecho estatizado.
El Gobierno nacional, a través
del “Fútbol para Todos”, provee no solo el soporte económico de la AFA y los
clubes, sin control de la aplicación de los recursos públicos, sino ejerce su
plena conducción. Determina la cantidad de ascensos y descensos; establece las
programaciones y aún los horarios de los partidos; define operadores
televisivos y equipos periodísticos, y la Inspección General de Personas Jurídicas
no certifica los falsos balances económicos de las instituciones, mal llamadas
“entidades sin fines de lucro”; Qué
sentido tiene entonces intervenir la AFA? Una vez más, palabras altisonantes
para que nada cambie. Lentamente, vamos ingresando al año 2016.
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