ARENGA CLERICAL

Recientes discursos de clérigos como Lugones y Radrizzani, entrecruzando aspectos espirituales, materiales y políticos, merecen una breve reflexión preliminar que evite asociar sin más sus opiniones con las de la Iglesia, o más absurdo, con las del Papa. “Iglesia” proviene del vocablo griego que significa “asamblea”, pues la conforma un conjunto de personas que profesan la religión basada en las enseñanzas de Jesucristo. Entre las mismas se destaca “dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, separando lo espiritual de lo material. Lo espiritual, la fe, fue lo que permitió a sus seguidores soportar sacrificios, persecuciones y martirios, posibilitando la supervivencia y consolidación del cristianismo. Transitada esta etapa y lentamente, se construyeron los templos y organizaron las jerarquías eclesiásticas, conformando un todo genéricamente llamado Iglesia. Con el devenir histórico, a lo que “es de Dios” se le incorporó también lo que “es del César”, desarrollando un poder e influencia política llamado clericalismo, basado en que el clero debe intervenir en temas políticos y profanos a fin de orientar actos de gobierno conforme postulados religiosos. 

Es así como a lo largo de la historia la “Iglesia” cumple roles espirituales y políticos, con variado éxito según épocas y actores. Maquiavelo por ejemplo, padre de la ciencia política moderna, elaboró su doctrina en una Italia fragmentada en Estados gobernados por aristócratas, que comprendía a Venecia, Milán, Pisa, Florencia, Nápoles… y el Vaticano. También sufrió ataques a su esencia doctrinaria y espiritual. El marxismo identifica a las religiones como órganos burgueses llamados a defender la explotación de la clase obrera. Esta interrelación entre roles espirituales y materiales, le permitió desarrollar una sutil capacidad universalmente reconocida: la diplomacia. 

Sirva esta breve reseña para reconocer a los clérigos su derecho a opinar no solo sobre lo espiritual y las enseñanzas de Cristo, sino también sobre los más ásperos temas materiales y políticos, en cuyo caso puede unir, proteger, pacificar, como también separar, confrontar, guerrear, e incluso cometer actos inmorales, situándose en un mismo plano con vulgares pecadores. En nuestro país el clero cobijó posturas institucionales disímiles, con posiciones firmes o complacientes según las coyunturas políticas (gobiernos constitucionales, dictaduras, conflictos diplomáticos, guerras), pero en el marco de su reconocida diplomacia. Por ello asombra que personajes intrascendentes como Gustavo Vera o Juan Grabois, diversos políticos oportunistas generadores de pobreza o gremialistas acumuladores de poder, fortunas inexplicables y patoterismos explícitos, se adjudiquen el privilegio de interpretar el pensamiento de la Iglesia y del Papa. La sutil diplomacia vaticana aconseja no entrar en el terreno de los desmentidos? Puede ser, y hasta es razonable. Pero distinto es cuando frente a la Basílica de Luján el arzobispo Agustín Radrizzani se presta concientemente a una escenografía de coacción al poder político y judicial, ofrendando una misa en cuyas primeras filas como príncipes medioevales, se ubicaron responsables activos o pasivos de una desaforada corrupción y de la pobreza de vastos sectores populares. Resulta sospechoso además, que en su homilía clamando por “pan, paz y trabajo”, Radrizzani haya omitido consolidar esta invocación recordando un mandamiento clave para políticos y gremialistas: “No robarás”. 

La inconsistencia del mitin político-religioso en Luján tardó pocos días en quedar al descubierto. Los rostros de circunspectos feligreses que exhibían justicialistas polivalentes próximos al kirchnerismo y eternos gremialistas con perfiles de derecha, sin presencia de la izquierda combativa, transmutaron tan solo cuatro días más tarde en un justicialismo kirchnerista asociado ahora sí a grupos de choque de la izquierda combativa, para producir violentos desmanes en proximidades del Congreso a fin de evitar que se tratara el presupuesto nacional. Esta manifiesta dicotomía genera recuerdos preocupantes, por lo que sería oportuno recurrir a viejas bibliografías que nos ilustren acerca de los actores y contextos del duro período político 1973-1975, inicialmente con Perón vivo, para no repetir los mismos errores. 

En relación a dicho período existen hoy dos agravantes Desde entonces el país tuvo una pobre evolución, y los conflictos actuales no son solo ideológicos como entonces, sino también para mantener patrimonios ilícitos e impunidad de muchos de sus promotores. 

Buenos Aires, 31 de octubre 2018

PERSEGUIR Y PROTEGER COMO SINÓNIMOS

Señalar que la desaforada corrupción estatal-privada explica la degradación del país desde hace décadas, sería un lamento inconducente. A futuro, el desafío estriba en desarmar la sólida trama de complicidad e impunidad, enquistada entre quienes dicen representarnos, entre quienes vociferan cuidar a los trabajadores, entre quienes deben impartir justicia, y entre quienes aducen aportar capital propio de riesgo para el crecimiento del país. Agrava el cuadro algunos Obispos, cuando en sus sermones omiten recordarles a esos políticos, gremialistas y empresarios reconvertidos en fervorosos feligreses, el mandamiento “No robarás”. 

Sin embargo el efecto “cuadernos de Centeno”, que dejaron como nunca antes expuesto cualitativa y cuantitativamente el saqueo de recursos públicos desde hace décadas, brinda a los ciudadanos comunes ajenos al poder, una alternativa contundente para promover cambios: reelaborar críticamente el repetido discurso político o mensaje, utilizado para comunicar y/o manipular a la opinión pública. Asumiendo que en esta coyuntura las pugnas no son ideológicas o principistas, sino por poder, dinero y privilegios. Hace 2.400 años Aristóteles planteaba a la política como un concepto que no debe separarse del realismo de los objetos. Maquiavelo hace casi 500 años, en su excepcional análisis del proceder de los hombres en las luchas por el poder, señalaba que “el príncipe cuyo gobierno descansa en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque son ambiciosos, desleales… no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres”. A éste perfil de quienes pujan por el poder, nuestro país como no podía ser de otro modo, le suma una peculiaridad no habitual en sistemas democráticos: desde hace décadas se mantienen los mismos dirigentes políticos y gremiales. Para lograr tal perdurabilidad, según convenga y con cargo público y/o privilegio bajo el brazo, un mismo personaje puede ser neoliberal o populista; de derecha o izquierda; racional o irracional. Y muchos de ellos, a la hora de justificar patrimonios, confiesan encarnar una trinidad casi mística: ser políticos, gremialistas y empresarios simultáneamente. 

Un primer intento de desmitificar frases clásicas del discurso político, partirá de la más usada en los procesos judiciales por los partícipes en actos de corrupción contra el Estado: denunciar “persecución política”, pretendiendo que subliminalmente, los actos delictivos se confundan con la persecución de ideas. Pero el concepto “política” implica una manera de ejercer el poder público, resolviendo entre los intereses encontrados que se producen en una sociedad. Los que lo ejercen asumen además la responsabilidad de administrar los recursos públicos en función de intereses comunes. Por ello cuando los delitos no se refieren al patrimonio privado sino al público (demagógicamente llamado de todos), ese delito además de penal es “político”, agravado por el perjuicio social que provoca. El Poder Judicial, según marca la Constitución, deberá perseguir justicia y sancionar a los culpables. Los conceptos se suelen clarifican si se los confronta con su opuesto. En este caso, persecución con protección. Si el delito cometido años y/o décadas atrás recién hoy se “persigue”, en general con los mismos jueces y fiscales de entonces, es de sospechar que antes existió “protección” para lograr impunidad. Se concluye entonces que cuando en el Estado la corrupción no es puntual sino estructural, “perseguir” y “proteger” actúan como sinónimos. Por otra parte la victimización que permite el término “persecución”, jamás es acompañada por parte del funcionario sospechado / investigado / acusado, aunque sea de modo falaz como en el caso de delincuentes comunes, por la expresión “soy inocente”. Si se presta atención, jamás. Ello debido a que decirlo, implicaría negar y/o explicar que los bienes, empresas, sociedades y cuentas en el exterior que les son adjudicadas, le pertenecen. 

Otro mensaje político de manual que la impúdica exhibición de corrupción ha mostrado como falaz, es el declamado “luchar contra los grupos económicos concentrados”. Décadas atrás, esta entusiasta invocación subliminalmente remitía a nombres paradigmáticos del empresariado: Fortabat, Bunge y Born, Rocca, Macri, Bulgheroni, Perez Companc, entre otros, con capacidad económica y de “lobby” ante el poder político. El escándalo Centeno transparentó que en las tramas de corrupción estatales de los últimos quince años, los grupos económicos dejaron de ser tan concentrados, para organizarse asociando a políticos, gremialistas, legisladores, jueces y testaferros en una misma trama. Sus fortunas injustificadas, que envidiarían apellidos emblemáticos de antaño, en lugar de representar un loable fenómeno de crecimiento social y económico, explican la pobreza de muchos. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2018

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 8)

En este último cuaderno, el 03 de noviembre del 2015 es la fecha en la que Centeno concluyó con la descripción de los circuitos recaudatorios de coimas. Diez días antes, el justicialismo había sido derrotado en la provincia de Buenos Aires, tras 25 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder. Diecinueve días después, en la segunda vuelta para elegir presidente, la coalición Cambiemos derrotó al Frente encabezado por el justicialismo, que gobernara al país durante doce años consecutivos. Surge una primera hipótesis: una alternancia democrática evita y/o afecta las tramas delictivas público-privadas conformadas para asegurar impunidad en la sustracción de recursos públicos. Con vista a futuro, se debiera evitar análisis fundados en tramposas “grietas”, instaladas para que la insensatez y el fanatismo predomine sobre la racionalidad y reflexión. Por ello no se plantea que lo “bueno” sustituyó a lo “malo”, sino a un principio democrático esencial: los efectos saludables de alternancia política-institucional en el manejo de lo público. Requisito necesario pero no suficiente. 

En un sistema democrático de baja calidad como el argentino, desarmar la trama de corrupción tiene gran complejidad, porque muchos de sus actores partícipes directos e indirectos están enquistados en las estructuras institucionales tanto públicas como privadas, amparados por leyes y procedimientos que ellos mismos promulgan y aplican. Y que tras un barniz institucional, de ser necesario, coaccionan a través de grupos de choque de acción directa. Este sustrato se potenció con la desaparición de partidos políticos coherentes y consolidados, y con un amplio espectro de políticos que aceptan integrar cualquier espacio partidario, siempre y cuando sea con cargo asegurado. El crítico panorama cierra con lo más grave; un conjunto de figuras variopintas de supuesta opinión influyente, dedicadas a promover golpes institucionales cuya representación simbólica es el helicóptero, recordando a De la Rùa. Olvidando que esa imagen nos retrotrae también al golpe militar que eyectó del poder a la presidenta constitucional Isabel Perón. 

El mérito no deseado de los cuadernos de Centeno, hasta simbólico si se quiere, es haber barrido con rumores, supuestos, investigaciones periodísticas de corrupción con éxitos editoriales como único resultado, debates políticos estériles y sin costos, obscenas exhibiciones de riqueza impunes, para poner sobre el escenario a todos los actores cómplices de la trama, incluidos el mayordomo, el jardinero y el secretario, como en las viejas novelas policiales. Los cuadernos cierran un capítulo, y abren el más trascendente a futuro inmediato: como actuarán las fuerzas políticas, judiciales, legislativas, empresariales y laborales en esta instancia, en donde pujarán con similar peso de representación institucional probos y cómplices, justicia y encubrimiento? 

El seguimiento de los avances judiciales en las distintas causas de corrupción, en cabeza de la originada en los cuadernos de Centeno, debieran servir en paralelo para plantear interrogantes e intentar obtener respuestas, que erradiquen conceptos, leyes, léxicos, usos y costumbres, que son los que desde hace décadas, posibilitan un Estado ineficaz, débil y permeable a la corrupción. El pasado y el presente exigen castigo y resarcimiento. Pero el futuro, profundos cambios de paradigmas políticos. Citemos algunos interrogantes: 

1) Conceptual. En un sistema político presidencialista verticalista, o en organizaciones empresariales jerárquicas, qué relación existe entre las responsabilidades de conducción y/o mando, y las penales por corrupción? En estructuras delictivas permanentes y a gran escala, un Presidente puede ignorar lo que hace un Ministro, este lo que hace un Secretario, y así sucesivamente? Un presidente de empresa puede ignorar coimas pagadas por subordinados? 

2) Fàctico. En lugar de discutir por supuestos operadores judiciales que presionan a jueces y fiscales presionables, no sería más positivo que algún legislador del PRO, radical, justicialista racional o irracional, progresista y de izquierda blanda o dura, denunciara quiénes son los legisladores que están frenando fuertemente la ley de Extinción de Dominio, o intentando que se apruebe laxamente sin incluir los casos en trámite judicial? 

3) Linguistico. Puede ser que en términos de corrupción estatal, protección y persecución sean sinónimos? 

Comenzaremos a desarrollar intentos de respuesta. 

Buenos Aires, miércoles 17 de 2018 

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 7)

Los cuadernos de Centeno no contienen denuncias, carecen de adjetivaciones, su redacción es monocorde y rutinaria. Tres circunstancias aleatorias y concordantes produjeron su repercusión: un conflicto privado familiar de Centeno; obtención de los cuadernos por un periodista que priorizó la intervención judicial por sobre la primicia, y un juez y un fiscal de la vieja corporación judicial presuntamente arrepentidos que decidieron actuar conforme a sus obligaciones constitucionales, con el necesario sigilo para evitar las usuales estrategias comunicacionales destinadas a deslegitimar pruebas y denunciantes. Coronó el circuito la aprobación en 2016 de la ley que incorporó la figura del imputado colaborador o “arrepentido”, que parecía más declamatoria que eficaz. Esta suma de factores produjo un desmadre que pareciera afectar como nunca antes la resistente trama de impunidad, transparentando en un mismo escenario a partícipes políticos, empresarios, gremiales, corporativos, judiciales y periodísticos, aunados en complicidades, montos millonarios y arrepentimientos que no son de origen religioso. 

Pero para que este hito no se diluya una vez más en lo escenográfico en lugar de lo sancionatorio y resarcitorio, es oportuno analizar recientes fallos judiciales que explican la enorme permeabilidad institucional que hizo posible los desaforados enriquecimientos ilícitos resultantes, con líderes providenciales sostenidos en malas leyes e instituciones públicas y privadas débiles. En este contexto, el “´líder” de turno para lograr supuestas y vocingleras adhesiones ideológicas y enriquecerse, debe comprar complicidades, flexibilizar controles, asociar a los poderes legislativos y judicial, e ignorar corrupciones complementarias. El procedimiento recuerda un principio económico paradójicamente liberal: dejar hacer y dejar pasar. Esta fuerte interdependencia se transparentó en tres fallos judiciales recientes. 

A comienzo de octubre, la Cámara de Casación Penal integrada por los jueces Catucci, Riggi y Mahiques, anuló la condena a 7 años del ex presidente Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, decidida años atrás por otra Cámara de Casación. Ello no se justificó en la inocencia del ex presidente, sino en que se habían excedido todos los plazos razonables para poder administrar justicia, a 23 años de iniciada la causa. El camarista Mahiques agregó una opinión a tener presente para establecer responsabilidades de líderes políticos y empresarios, al señalar “que no estaba probado que Menem y quien fuera titular de Fabricaciones Militares hubieran sabido de los negocios que se estaban haciendo por debajo de su estructura”. Para cerrar la trama, se debe recordar que en el año 2015 la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión de la Cámara Nacional Electoral de inhabilitar la candidatura de Menem como senador nacional por carecer de idoneidad para ejercer un cargo público según el artículo 16 de la Constituciòn Nacional, aduciendo que solo una condena firme puede impedir a un ciudadano postularse a un cargo público. En un caso, la Cámara de Casación no aclaró cuáles son los plazos legales razonables en un juicio (no hay un Código Procesal?); en el otro, la Corte nos informa que la ley electoral votada por los legisladores no impide que procesados por delitos comunes puedan ser candidatos o ejercer cargos públicos.

Casi en simultáneo la misma Cámara decretó la nulidad de la causa de escuchas telefónicas iniciada hace más de 10 años en el juzgado del juez Oyarbide por la hija de Sergio Burnstein, familiar de una de las víctimas del ataque a la AMIA, que con intervención de los fiscales Di Lello primero y el fallecido Nisman luego, dio lugar en el 2010 al procesamiento entre otros, del presidente Macri. Se fundamentó en que el expediente estuvo plagado de errores procesales desde la primera hoja, dado que por ser un delito de acción privada, la denunciante Burnstein debió haber presentado una querella ante la Cámara para designar al juez por sorteo. El cuadro se completa con la decisión el pasado 08 de octubre, de la Sala I de la Cámara Federal (jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi), que anuló los sobreseimientos de los funcionarios implicados en la causa de coimas de Skanska iniciada hace 10 años, por haberse rechazado como prueba las grabaciones internas de Skanska que mencionaban el pago de las coimas.

Estos sucintos antecedentes indican que mientras viejos políticos intentan entretenernos con viejas y oportunistas polémicas, los ciudadanos debemos poner foco en las inconsistencias y omisiones de las leyes penales y electorales que aprueban los legisladores, y en la ineficacia del Consejo de la Magistratura para actuar contra jueces y fiscales incapaces y/o corruptos. Parafraseando a Clinton: “El problema no son los operadores judiciales, estúpido, sino los jueces que se dejan operar”.

Buenos Aires, 11 de octubre 2018

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 6)

En el cuaderno 6, Centeno manifiesta que tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en octubre del 2010, los traslados de dinero se reiniciaron a tan solo siete días de su deceso, si bien fueron menos frecuentes y con montos menores. En el próximo cuaderno 7, asentará que el 21 de diciembre interrumpió sus anotaciones hasta mayo del 2013, “por temor que me descubran y quede sin trabajo”. Este período en blanco es oportuno para comenzar a desentrañar la matriz político-institucional que posibilitó tamaño saqueo al Estado, partiendo de un interrogante simple: cómo es posible que en un sistema democrático la trama delictiva conformada por políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y delincuentes comunes, haya permanecido indemne durante tantos años? 

El análisis debe comenzar por el Presidente de la Nación, quien “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país” (artículo 99 de la Constitución Nacional). A esta definición viejas prácticas políticas adosaron al cargo la condición de ser ejercido por líderes providenciales, y de ser posible de carácter sucesorio como en las añejas monarquías. Este requisito se transparenta en provincias como San Luis, Formosa, Santiago del Estero y Santa Cruz, conducidas por anacrónicos y eternos caudillajes. Lo que genera esta condición en las democracias imperfectas, es que el presidencialismo verticalista deja de ser una condición de gobernabilidad republicana, para cobijar elites prebendarias de carácter celular pero interrelacionadas entre sí. Por ello, una continuidad delictiva temporal en perjuicio del Estado, exige igualmente una continuidad política temporal en la conducción del mismo, con perspectivas de eternización. En estas circunstancias, los actos corruptos dejan de ser puntuales y anecdóticos (Skanska, IBM, Aduana), para transformarse en “estado de corrupción” permanente, que entrecruzan nombres de distintos sectores de poder público y privado. No es casual entonces que las causas de corrupción no se agoten en los funcionarios responsables enriquecidos, sino se extiendan a los poderes judicial y legislativo, asociados a grupos empresarios, sindicales, fuerzas de seguridad y delincuencia común, que en conjunto hacen viable el saqueo y aseguran su impunidad. Esta mecánica que nace de una cúpula política, tiene un efecto multiplicador indetenible, que se extiende a secretarios privados, mayordomos, jardineros, jueces, fiscales, sindicalistas, jefes de departamentales policiales, universidades, organizaciones intermedias, periodistas y actores. El poder mesiánico del líder en un sistema corrupto no dictatorial, no puede establecer límites; debe negociar, expandir el negocio. 

Entenderlo implica establecer tres niveles de participación en la corrupción estatal-privada: 1) funcionarios públicos y actores privados activos; 2) funcionarios o legisladores pasivos que “dejan hacer” o simulan “no ver nada”, pero exigen como compensación prebendas estatales; 3) millones de ciudadanos víctimas a los que solo les resta subsistir, y muchas veces, someterse a la adhesión forzada a líderes enriquecidos. Para producir un cambio debemos evitar el debate distractivo sobre si “Cristina debe ir o no presa”. Esta trampa ya se vivió con Menem, quien hoy con dos condenas, ejerce como senador con protección política y judicial. También debemos evitar los engaños de los eternos responsables de los fracasos, cuando intentan mimetizarse tras casi místicas referencias al peronismo, radicalismo o socialismo, para terminar ofreciéndose finalmente al mejor postor para obtener cargos. Todos los volátiles espacios partidarios que se conforman cada cuatro años para presentarse a elecciones bajo siglas cuasi comerciales, están plagados de quienes se dicen peronistas, radicales o socialistas. 

Es revelador que ninguna de las principales dirigencias políticas se pronunciaran taxativamente contra los hechos de corrupción, salvo en términos genéricos, o como recurso de coacción para atacar al adversario. Por el contrario, muchos políticos penalmente “honestos”, están dedicados a ubicarse en alguna lista para la próxima elección, gestionar un privilegiado cargo judicial para su pareja, o vencido su mandato como legislador, obtener un cargo de asesor en el Consejo de la Magistratura. Los escasísimos ejemplos de persistencia contra la corrupción pertenecen exclusivamente a mujeres. Pero los acuerdos políticos existen. Resulta imposible aprobar una ley de Extinción de Dominio eficaz, que permita recuperar parte de lo sustraído al Estado. Más aún, visto sus consecuencias, muchos legisladores estarán arrepentidos de haber aprobado hace dos años la ley conocida como la del “imputado arrepentido”. 

Buenos Aires, 03 de octubre 2018 

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 5)

Las anotaciones con el detalle de los recorridos que para recaudar coimas realizara el chofer del Secretario del Ministerio de Planificaciòn Roberto Baratta, comenzó el 1º de febrero del 2005. En el cuaderno 6 Centeno registrará una suspensión momentánea de la actividad recaudatoria con motivo del fallecimiento del ex presidente Kirchner en octubre del 2010, por lo que es oportuno aprovechar la cercana interrupciòn para alejarnos por un momento de la deslumbrante hojarasca de millones de dólares sustraídos al Estado a través de asociaciones entre funcionarios, empresarios y sindicalistas, y hurgar en la matriz político-institucional que hizo posible tamaño saqueo. 

La destrucción de los partidos tradicionales que produjo la crisis 2001-2002, latente ya en la segunda presidencia de Menem, hoy se observa en otras democracias, tales como Italia, España, Francia y Brasil. Muchos analistas consideran la quiebra del Banco Lehman Brothers en el 2008, con la consecuente crisis financiera mundial que empobreció a vastos sectores sociales, como desencadenante de la crisis generalizada de representatividad política. Pero esto no explica el peculiar fenómeno argentino, con crisis “terminales” recurrentes desde hace 66 años, si tomamos como referencia la segunda presidencia de Perón. Baste mencionar que desde entonces tuvimos cinco cambios en nuestra moneda de curso legal, las inflaciones anuales promedio superaron los dos dígitos, y un mismo partido pudo privatizar y reestatizar empresas en menos de una década, en ambos casos con grandes pérdidas económicas. En este contexto lo más asombroso es la continuidad de las diversas dirigencias políticas y sectoriales responsables, en un marco de exacerbada corrupción en perjuicio de los recursos del Estado. Que no se limita al campo penal (robar), sino se extiende al usufructo de privilegios (nepotismo), a conductas abusivas en el gasto público (viajes, viáticos, compras), y aprobación de leyes inequitativas o cajoneo de las que afecten intereses políticos. Por ello, más allá del seguimiento de las impactantes actuaciones judiciales en marcha, sino se explicita y comprende la conformación estructural que permitió el saqueo la trama de corrupción sobrevivirá, y el país continuará degradándose. 

Un primer síntoma a destacar, es el permanente silencio de la gran mayoría de la clase política para expedirse explícitamente contra los hechos de corrupción, sea justicialismo, radicalismo, progresismo, socialismo, dirigencias gremiales o empresarias. Ello, mientras reconocidos corruptos cínicamente convocan a paros invocando la defensa de los que menos tienen, y a un año de las elecciones nacionales, eternos políticos repiten la vieja escena de apelotonarse y empujarse para subirse a los escasos botes del Titanic para obtener cargos legislativos (los cargos en organismos o asesorías se entienden solo como salvavidas para mantenerse a flote). En medio de este aquelarre, impávidos comentaristas y analistas reiteran añejas argumentaciones basadas en melancólicos contenedores partidarios que poco o nada contienen: justicialismo (decir peronismo es involucrar injustamente a Perón); radicalismo; progresismo; socialismo, izquierdas, derechas. La realidad se transparenta cuando a los contenedores les ponemos contenidos. Cuáles son los justicialistas racionales y cuáles los irracionales? Quiénes son radicales K, Pro o impolutos? Quién le ofrecerá un cargo a Victoria Donda para que defina dónde se ubica? Solá abandonó a Massa para acercarse al kirchnerismo junto con Pino Solanas, o es agente encubierto de Massa junto con Margarita Stolbizer para crear confusión? Lousteau es radical o independiente? Moyano y Pignanelli harán con Baradel y Yaski un frente de derecha, de izquierda, o acordarán unirse bajo un amplio “frente progresista”? En San Luis gobernará el Adolfo o el Alberto? Pensemos: esta ironías son falsas o tienen sustento? 

En medio de estos oportunismos políticos y mediocridades analíticas, nadie parece haber reparado en los interrogantes que surgen del caso llamado “cuadernos de Centeno”. Visualizarlos y encontrar respuestas será imprescindible para producir cambios políticos-institucionales de fondo. El interrogante inicial es simple: cómo puede ser que en una democracia se pueda mantener activa e impune durante décadas una estructura delictiva multisectorial y polifacética, integrada por altos funcionarios, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y delincuentes comunes? 

En la próxima newsletter buscaremos respuestas partiendo como corresponde del vértice de nuestro sistema de gobierno, con un poder Ejecutivo que usos y costumbres exigen que sea ejercido por líderes excluyentes y manejos verticalistas, y de ser posible de carácter sucesorio, como en las viejas monarquías. 

Buenos Aires, 26 de septiembre 2018

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 4)

Lograr un verdadero punto de inflexión en la destrucción de la matriz de corrupción estatal-privada sólidamente instalada desde hace décadas, implica sortear las estrategias judiciales y comunicacionales con las que los sectores involucrados intentarán eludir culpabilidades, mantener libertades, salvar patrimonios mal habidos, y colateralmente, intentar mantener la trama delictiva con los menores daños posibles. Una frase literaria resume la intención: cambiar para que nada cambie. 

Para evitarlo es necesario que nuestros análisis no se detengan solo en lo rimbombante, sino incursionen en el conocimiento del armado y extensión territorial de la trama. Es inevitable la repercusión que provocan nombres como Kirchner, De Vido, Rocca, Roggio y Calcaterra, alias “el primo de Macri”, entre otros. Pero concentrarnos en las cúpulas sin desactivar los eslabones, no destruirá la trama de corrupción. Es razonable priorizarlas en términos de sanciones penales, pero en términos de “desactivación” es imprescindible desarmar cientos de estructuras ficticias conformadas con el solo fin de saquear al Estado, para que no se mantengan latentes. En estas configuraciones disfrazadas de “legales”, participaron gobernadores, intendentes, rectores de universidades, cúpulas policiales, líderes sociales, cooperativas, fundaciones, y agrupaciones políticas inexistentes. En cada caso se deberá determinar si los partícipes necesarios fueron activos, cómplices o complacientes. A este último grupo pertenecen eternos políticos oficialistas u opositores penalmente inocentes, muchos de los cuales ya se autopostulan para las elecciones legislativas del 2019 (la agrupación no importa; están abiertos a escuchar ofertas). Bajo el lema “yo no vi nada” que los cobija, muchos colaboraron en promulgar leyes penales ineficaces y sistemas electorales escandalosos, o bien aportaron a la complicidad de trabar la aprobación de leyes imprescindibles como la de extinción de dominio.

En la actualidad, como es obvio, la información se concentra casi exclusivamente en el corazón del poder político: ciudad de Buenos Aires y alrededores. Surgen cifras estimativas del “costo de la corrupción” durante el período 2003-2015, basadas en distintos indicadores, como porcentaje sobre contratos de obra pública, montos de subsidios o promedio porcentual sobre PBI. Propritkin, presidente de contadores forenses, estimó una fuga de 20.000 millones de dólares entre corrupción y despilfarro. Profesores de la UBA y del Conicet calcularon en 36.000 millones de dólares de coimas lo sumado por todas las cajas recaudatorias. O 300 millones de dólares entregados por los operadores de transporte ferroviario subsidiado. Pero estas estimaciones no atacarán las causas que facilitaron el saqueo. En la provincia de Chubut por ejemplo, antes que aparecieran Centeno y sus cuadernos y a meses del fallecimiento del gobernador Mario Das Neves en octubre pasado, una investigación por enriquecimiento ilícito de sus secretarios privados desnudó una trama de sobornos entre funcionarios y empresarios pertenecientes a la delegación de la Cámara de la Construcción, que derivó en la detención de partícipes públicos y privados. La causa judicial es conocida con el nombre de “Revelación”. Lo destacable es que no solo varios empresarios “se arrepintieron” y confesaron, sino ofrecieron a modo de “probation” o reparación, hacerse cargo del costo y construcción de obras que se acordarían con el gobierno. Interesante alternativa a considerar como una de las opciones para no interrumpir la marcha de las obras a nivel nacional, y recuperar parte de los recursos estatales sustraídos.

Como corolario vale una reflexión de cara a la reformulación del análisis político. Cuando hacen referencia a las habituales y controvertidas encuestas de opinión y se menciona a los “núcleos duros de adhesión” del justicialismo (en este caso a Cristina Kirchner), se los identifica pertenecientes a las franjas sociales más vulnerables y tolerantes con la corrupción. Al respecto se debe recordar que en la provincia de Buenos Aires el justicialismo sufrió dos derrotas consecutivas. Pero no es lo más importante. Cabe preguntarse si no es momento que los analistas evalúen de igual modo la incidencia de los “núcleos blandos” pertenecientes a clases medias altas y altas permeables a la corrupción. Caso contrario el discurso político basado en la preocupación por los pobres aparece contradictorio: no solo se los mantiene pobres, sino también se los culpabiliza por un supuesto desinterés ante la corrupción estatal- privada. Conceptualmente, este discurso pertenecería al campo del cinismo.

Buenos Aires, 29 de agosto 2018 

PRÓXIMA NEWSLETTER: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 3)

Desactivar la sólida trama de corrupción político-empresarial que permitió el multimillonario flujo espúreo de recursos públicos hacia funcionarios y empresarios asociados, implica clarificar las culpabilidades de cada uno de los sectores involucrados. En nuestra condición de ciudadanos comunes, las fuentes de datos provienen de los medios masivos de comunicación, nexo imprescindible entre los sucesos y la opinión pública. Un análisis serio debe evitar catalogarlos “a priori” como oficialistas u opositores, prestando atención a los mensajes que en cada uno de ellos transmiten periodistas, analistas y políticos, para luego comparar y evaluar. Para la tarea tendrán similar utilidad por ejemplo, las señales televisivas de TN y la contigua C5N. O La Nación y Página 12 en la prensa escrita. Lo valioso es observar a que temas dan relevancia cada medio; quienes los plantean y como los plantean. 

Para este ejercicio individual para formar opinión se deben tener presentes ciertos principios de comunicación política: 1) La grandilocuencia discursiva de por sí no asegura nada, pues puede ser usada tanto por corruptos como por honestos. No es un fenómeno de la llamada “posverdad”. Jean-Marie Domenach expresaba en 1950 que “con tal que la palabra cause efecto, la idea ya no cuenta”. A la palabra, el desarrollo tecnológico moderno sumó la “imagen dinámica” (ejemplo: ver a López arrojando bolsos en un convento). 2) Para lograr impacto discursivo se aplican dos reglas: la de simplificación (ejemplo: Patria; pueblo; crecer; gobierno popular; gobierno de ricos; populismo; neoliberalismo; derecha; izquierda), y la exageración (aumentar aspectos favorables o desfavorables de los hechos). 3) Para que el mensaje tenga repercusión y no se diluya en lo individual, es necesario lograr cierta simultaneidad en su propalación. 

Retomando el escándalo de las “coimas en las obras y servicios públicos”, los hechos y personajes fueron conocidos desde hace años y/o décadas. Como así también la existencia de una sólida trama política, empresaria, gremial y judicial, que asegure inmunidad ante el saqueo e impunidad en cuanto a sanciones. Cabe preguntarse entonces: porqué los cuadernos de Centeno tuvieron un impacto que no lograron siquiera los videos mostrando a López arrojando bolsos con millones de dólares en un convento; integrantes del grupo de Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero para transportarlos en bolsos, y a una integrante del grupo de Milagro Sala retirando un bolso con millones de pesos de una sucursal del Banco Nación de Jujuy días antes del cambio de gobierno? 

La razón pareciera ser una eficaz y reservada investigación judicial previa tomando como guía los famosos cuadernos, y la reciente incorporación de la figura penal del arrepentido colaborador, con las consecuentes, incontenibles e inéditas confesiones de empresarios, funcionarios, testaferros, y un emblemático ex juez federal. Caso cerrado entonces? De ningún modo; se avecina una dura etapa de encubrimiento, o al menos de minimización de daños. Y como no podía ser de otro modo dado que lo que se sustrajeron fueron cuantiosos recursos del Estado, los principales intérpretes pertenecen a la clase política. Las mencionadas reglas de simplificación y simultaneidad de propalación, se transparentan en el mensaje de batalla inicial: “se usa el caso de los cuadernos para tapar la situación económica”. Lamentablemente el eslogan es reversible, pudiéndose plantear que tras la situación económica se pretende tapar el escándalo de corrupción. Por otra parte muestra gran desprecio por el entendimiento del ciudadano común. El hambre es hambre, y la corrupción es corrupción. 

Pero lo revelador es el amplio espectro político que acoplado al lógico justicialismo kirchnerista, hace uso de una estrategia que mezcla especulación, necedad y complicidad. Citemos entre otros al justicialismo fluctuante (Solá, Arroyo, Alberto Fernández); al progresismo (Pino Solanas); a radicales quejosos (Ricardo Alfonsín); a la izquierda dura (Del Caño, Pitrola), a amigos papales (Grabois), y a representantes de derechos humanos (Estela Carlotto). Al listado se sumó un novel dirigente invitado a mesas de debate, que se presenta como presidente de un insólito Partido Piquetero. 

Que factor común interrelaciona a ésta supuesta diversidad ideológica tras un mensaje único? Todos reciben recursos del Estado, y dicen defender a los pobres. Evidentemente, desarmar la trama de corrupción no será fácil. 

Buenos Aires, 23 de agosto 2018 

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 2)

En el cuaderno anterior recordamos la causa de las coimas en el Senado como un caso paradigmático para comprender el circuito de corrupción, especulación política e impunidad final, vigente desde hace décadas. Este segundo cuaderno reflexiona sobre los inéditos y masivos mal llamados arrepentimientos de importantes empresarios, políticos y jueces. Cabe recordar que existen dos clases de arrepentimientos: el religioso (dejar de pecar para volver al camino de Dios y del bien), y el penal (temor a ser castigado judicialmente). Este último adquirió eficacia a partir del año 2016 con la modificación de artículos del Código Penal que incorporó la figura del colaborador. Los últimos sucesos podrían terminar con una variante habitual de arrepentimiento más peligrosa y cínica: pregonar principios éticos y denunciar corrupciones como mero juego político, bajo el paraguas de impunidad de los culpables asegurada. 

La corrupción desaforada necesitó de una trama estructurada desde cúpulas cleptocráticas consolidadas, multifacéticas, apolíticas en lo ideológico, asociada a otros poderes constitucionales y organismos de control, y con un sinnúmero de partícipes secundarios necesarios, sea por acción o adhesión (secretarios, testaferros, periodistas, actores, policías, choferes, jardineros), o por omisión, amansando a políticos y funcionarios penalmente “honestos”, con cargos públicos bien rentados, extendidos a sus familiares de ser necesario. Por ello los antecedentes de arrepentidos con pruebas sólidas (Skanska, Siemens, IBM-Banco Nación, entre otros), o best sellers sobre la corrupción como “Robo para la corona”, se diluían como entretenimientos mediáticos, pero no mucho más. 

Es oportuno no embarcarse en prematuros entusiasmos emocionales, pese a la relevancia de los arrepentidos y contundencia de sus declaraciones. Se instalarán las clásicas estrategias legales y comunicacionales de negación, confusión y ocultamiento, que ya planteaba el psicólogo social Dunlap en 1925, cuando señalaba que ante la opinión pública se debían sustituir los argumentos por las declaraciones. No es casual que políticos o empresarios en lugar de argumentar “inocencia”, se limitaran a declarar “persecuciones políticas”, o bien, “fui obligado”. Del mismo modo se abusará del rumor, que Ludendorff definía como el medio de propaganda más peligroso de todos: ”La idea se siembra y nadie sabe de dónde ha salido”. 

Sin embargo la gran incógnita es vernácula: hasta cuándo el sistema político seguirá auto protegiéndose? Como referencia basta señalar la capciosa e inconstitucional interpretación de la ley de fueros, que permite que procesados y condenados por delitos comunes puedan ser candidatos y legisladores; la increíble resistencia a promulgar una ley eficaz de extinción de dominio de bienes de la corrupción; la permanencia de un sistema electoral absurdo que facilita cualquier despropósito para permanecer en los cargos. 

Mientras estas preguntas esperan respuestas, el seguimiento de las causas judiciales aconseja tener presente: 1) los primeros arrepentidos deberán ser los integrantes de la justicia penal; en especial jueces y fiscales federales. 2) eludir la distracción con fetiches de culpabilidad como objetivo unívoco y engañoso: Menem y los Kirchner, Oyarbide y Bonadìo, Wágner y Calcaterra, peronistas y radicales. En la propaganda política el recurso de hacer foco en lo coyuntural o anecdótico para mantener lo estructural se llama Regla de Simplificación, cuyo símbolo es el eslogan. 3) no interrelacionar reclamos ciudadanos de honestidad política con encuestas de adhesión y/o rechazo político a personajes y/o sectores. La corrupción estatal no tiene ideología. En las cúpulas favorecidas predominan los negocios y el dinero; en las franjas sociales vulnerables, el temor a perder lo poco que recibieron. 

Ocho cuadernos y una reforma en el Código Penal generaron un tifón dentro del cual giran desordenadamente políticos, empresarios, jueces, fiscales, sindicalistas y testaferros. En lo inmediato se introduce un nuevo mensaje de impunidad, que sostiene que las empresas involucradas en las coimas y sus obras entrarán en crisis, incumpliendo contratos e incrementando la recesión. Ante ello, el gobierno debiera elaborar una estrategia jurídica, técnica y presupuestaria para mantener fuentes de trabajo y obras claves de desarrollo. Recordemos que las dirigencias argentinas son muy especiales. No hay inversiones por la corrupción, pero tampoco las hay si se la combate. 

Buenos Aires, 15 de agosto 2018

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 1)

“Cambian los actores, se transforma el escenario, tenemos sensación de novedad, pero el libreto mantiene sus líneas cardinales. La Argentina es distinta y la misma a la vez. Posee identidad. La última década, escándalo más, escándalo menos, está prefigurada en las anteriores. Ha demostrado que el título de esta obra le calza a perfección”. Este concepto lo escribió Marcos Aguinis en su libro “Un país de novela”, publicado en 1988. Treinta años más tarde, surge un éxito rutilante de un escritor desconocido, de profesión chofer, autor de una bitácora que en ocho entregas describe la corrupción estatal-privada entre los años 2005-2015. El libreto del país de novela mantiene sus líneas cardinales, pero asombrosamente, también a muchos actores y escenarios de entonces. Presidentes, gobernadores, legisladores, gremialistas, empresarios y jueces podrán tener hoy otros cargos, o haber sido sucedidos dinásticamente por familiares, pero sus ilustres apellidos permanecen. Primera conclusión: estas continuidades dirigenciales por décadas, son esenciales para sostener las extendidas tramas de corrupción estatal-privada con impunidad. 

También se mantendrán las clásicas estrategias de encubrimiento, aplicando una de las reglas básicas de la propaganda política, llamada “contra propaganda”. Consiste en minimizar impactos en la opinión pública buscando destruir y/o diluir acusaciones, tras un alud de opiniones políticas que entrecruzan información con desinformación, profesionalidad con encubrimiento, racionalidad con delirios. Estos servicios profesionales disfrazados de opinión, son excelentemente remunerados. Un caso que ejemplifica la relación entre juegos políticos, corrupción e impunidad, es el de las coimas en el Senado. Recordarlo servirá para seguir el avance de las investigaciones actuales. En homenaje a la síntesis, lo resumiremos al estilo Centeno; cronológicamente y con descripciones escuetas. 

Año 2000.- En mayo el Senado sanciona la ley de Reforma Laboral. En agosto aparece en Sala de Periodistas un anónimo denunciando sobornos a senadores justicialistas, y La Nación comienza con una serie de artículos al respecto. Moyano declara que el Ministro Flamarique le dijo que tenía la Banelco para las coimas. Inicia una causa el juez Carlos Liporace. En octubre renuncia el vicepresidente Carlos Alvarez, mencionando la compra de leyes. 

Año 2001.- En febrero el juez Liporace es suspendido acusado por enriquecimiento ilícito (luego condenado por cohecho). Toma la causa Canicoba Corral. En diciembre renuncia De la Rúa. 

Año 2002.- Asume como presidente Duhalde en el contexto de un caos económico y político inédito. 

Año 2003.- En mayo asume la presidencia Néstor Kirchner. En junio el ex secretario legislativo radical Pontaquarto se presenta en un reportaje como arrepentido, afirmando haber participado en los sobornos transportando 5 millones de dólares entregados por la SIDE. Canicoba Corral dice que los sobornos están probados. En un reportaje televisivo, señalando una mesa de su despacho presidencial, Kirchner expresa: “acá se pagaron los sobornos”. 

Año 2004.- La Cámara Federal dispuso la nulidad de lo actuado por Canicoba Corral, que diera por acreditadas las coimas, y traslada la causa a Daniel Rafecas. 

Año 2013.- Elevada a juicio la causa y tras el desfile de más de 300 testigos, en diciembre el Tribunal Oral 3 sobreseyó a todos los acusados. En su fallo menciona que Pontaquarto “se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente”. Destacó la parcialidad de algunos jueces intervinientes, “en especial del dr. Rafecas”. El fiscal Taiano solicitó investigar al ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández y al ex Jefe de la Ciudad Aníbal Ibarra, entre otros testigos, por sus declaraciones “sospechadas de falsas y contradictorias”. Los testigos, entre ellos Alvarez, Moyano y personal de la SIDE relevado de su obligación de confidencialidad, no aportaron pruebas fehacientes. 

Porqué esta causa es emblemática para observar las investigaciones y juicios que se avecinan? Hayan existido o no los sobornos, la gravedad institucional es exactamente la misma. Los involucrados en la causa demostraron que usan la corrupción solo como recurso de desprestigio político, pero manteniendo a resguardo la impunidad de los culpables. Con respecto a lo expresado por Marcos Aguinis en 1988, hay una diferencia: los actores y escenarios de entonces, salvo razones de fuerza mayor, son los mismos de hoy. 

Buenos Aires, 08 de agosto 2018

DENUNCIAR PARA QUE NADA CAMBIE

Las denuncias originadas en aportes “truchos” detectados en la pasada campaña electoral legislativa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, debieran constituir un hito para reformular definitivamente la legislación electoral y de financiamiento de los partidos, evitando que el debate una vez más no se reduzca a un mero juego dialéctico que distribuya costos electorales, sin que nada cambie. 

Para converger en este difícil objetivo, se debe reconocer que Cambiemos y sus recaudadores son culpables. Y de ser necesario, aceptar que en este tema “son todos iguales”. Pero este reconocimiento no resuelve el problema de fondo. Que los gastos de campaña de los partidos electoralmente competitivos superan exponencialmente los gastos autorizados por ley, es verificable a simple vista. Basta observar los enormes carteles publicitarios de candidatos ubicados a la vera de las principales rutas que aparecerán a la brevedad, incumpliendo además los plazos legales de campaña. Los vicios estructurales alcanzan a toda la reglamentación partidaria electoral, que incluye a las agrupaciones menores y de escasa vida, como veremos más adelante. Los legisladores deberán reformular esta intencionada maraña burocrática con permanentes cambios según conveniencias de coyuntura, permeable a todo tipo de corruptelas pero con un claro objetivo: facilitar la permanencia indefinida y/o hereditaria de una misma casta política desde hace décadas.

La reformulación debe ser integral, abarcando las tres áreas de influencia interrelacionadas: la ley electoral, la de financiamiento de campañas, y el cumplimiento de las normas de control administrativo y judicial en tiempo y forma. Bancarizar aportes es un simple paliativo que no provee soluciones de fondo. En el caso Cambiemos y otros, sabemos que la justicia electoral y federal no resolverá nada, porque es parte del problema. Por ejemplo, jamás emitió dictamen por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner-Julio Cobos de 2007, relacionado con actividades ilícitas tales como la valija de Antonini Wilson y aportes de laboratorios involucrados en el contrabando de efedrina. Recién nueve años más tarde, el juez federal Ariel Lijo se limitó a castigar al FPV con la retención del 2% del dinero recibido del Estado. Son muchos los aspectos relacionados con el financiamiento espúreo de la política que están legalmente protegidos, y curiosamente obviados en todo debate. Citemos solo dos: 

1.- El negocio de las llamadas “pymes” partidarias. La fragmentación política que promueve un sistema electoral que habilita candidaturas múltiples, listas espejo y colectoras, ley de lemas, candidaturas testimoniales y otros abusos, facilita la enorme cantidad de partidos que aparecen y desaparecen en cada elección sin control de legalidad (en la última elección presidencial sumaron 624 en todo el país), lucrando con el negocio subterráneo de recaudar bajo la figura de impresión de boletas, que paga el Estado, transformando los actos electorales en negocios de menudeo. En la elección del 2017 la Cámara Electoral frenó solo por defectos formales, no legales, un pago de 72 millones de pesos al Frente Unión Federal encabezado por el actor Cutzarida y el cantante Antonio Ríos, que inscribió 26 listas (13 para diputados y 13 para senadores). En la misma elección y en el marco de la ley, el senador Pino Solanas con mandato hasta diciembre del 2019, se presentó en las PASO nuevamente como candidato por seis años, pero sin renunciar a su actual senaduría. Su divertimento electoral tuvo un costo fiscal de 1.554.000 pesos. 

2.- Fundaciones y Asociaciones Civiles creadas por políticos con fines recaudatorios. Estas personas jurídicas privadas autorizadas y controladas por la Inspección General de Justicia, que el Código Civil y Comercial define como entidades sin fines de lucro, son habitualmente usadas para recaudar y mover importantes sumas de dinero. Es usual que sus autoridades se nieguen a brindar información de aportantes y/o donantes, y que sus balances cuando los presentan, exhiban manifiestas inconsistencias que repiten los mismos vicios de los balances partidarios y de campaña.

Pueden existir grietas en lo discursivo como meros operativos de desprestigio, pero no para resistir la implementación de boletas únicas, impedir dobles candidaturas, fomentar “pymes” electorales, mantener la capciosa interpretación de los fueros legislativos, y demorar la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio eficaz, entre otras complicidades. A los legisladores se les debería recordar que denunciar es un derecho, pero legislar en base al interés común es una obligación.

Buenos Aires, 01 de agosto 2018

LA PATRIA ESTÁ EN PELIGRO

En momentos de “crisis o tormentas” es cuando se incrementan las bajezas políticas a través de falacias discursivas, como se denominan a las argumentaciones que intentan ser persuasivas pero falsas, o grandilocuencias que manifiestan total desprecio por los efectos que puedan causar al conjunto de la sociedad, y en especial, a los sectores más desprotegidos que dicen defender. En un sistema democrático el concepto “político” se asocia a quienes con respaldos partidarios de legitimación, son elegidos por el voto popular para ejercer roles públicos: presidente, vice, gobernadores y legisladores. Pero cuando una vez elegidos reniegan de esa legitimación para transformarse en “libres pensadores” (sería más correcto decir libres negociadores), fluctuando entre distintos grupos de pertenencia basados en sus propios intereses, surge naturalmente una crisis de representación e institucional. Que inevitablemente se expande a los grupos de poder y/o interés interrelacionados, que sin ser estrictamente “políticos”, son parte integrante de “la actividad política”: funcionarios, empresarios, sindicalistas, poder judicial, periodistas, y en la última década, artistas y rectores de universidades. 

Es interesante analizar este contexto en relación a los medios de comunicación, que son esenciales para informar, aportar conocimiento y formar opinión. Pero también útiles para desinformar y/o coaccionar de ser necesario. Producto del desarrollo tecnológico potenciado por el crecimiento de las redes sociales, los mensajes dejaron de ser unidireccionales como antaño, para convertirse en un ida y vuelta que mezcla verdades con falsedades, moralinas con aprietes, e ideas con insultos. El ciudadano se ve sometido a un caos dialéctico que recuerda a Jorge Luis Borges cuando en “Utopía de un hombre que está cansado” expresaba: “Ya a nadie importan los hechos. Son meros puntos de partida para la imaginación y el razonamiento”. 

Esta modernidad cuantitativa no debiera abrumarnos, sino remitirnos a principios básicos de análisis, que como tales, no difieren con los tiempos. Décadas atrás de nada valía presumir sabiduría exhibiendo una biblioteca repleta de libros, si no se los leía. El sistema democrático facilita este ejercicio, al cobijar una multiplicidad de vehículos informativos, que permiten comparar, poner en duda, verificar, detectar falsedades y/o contradicciones. No se debe ignorar que en la comunicación masiva confluyen dos condiciones no malas en sí mismas: el interés empresario y el político. En realidad, en toda opinión hay un interés, de orígenes diversos. Citemos a manera de ejemplo algunas hipótesis de trabajo, que podrán ser aceptadas, complementadas o reemplazadas por otras. Lo importante es considerarlas. 

1.- Los “influyentes”. Supuestamente ajenos a la política, tales como periodistas, artistas o deportistas, sus opiniones son muy valoradas (y muchas veces cotizadas), en las estrategias de comunicación. El desafío es discernir si son auténticas, o basadas en contraprestaciones privilegiadas con recursos estatales (contratos gravosos, pautas desmesuradas, subsidios injustificados), en cuyo caso es habitual que la opinión se traduzca en fanatismo, basado en una de las reglas clásicas de la propaganda política, llamada de Exageración. Es el caso de quienes entremezclan negocios particulares con la Patria. 

2.- Terminología. “Crisis” o el aggiornado “tormenta” se emplean ante una única causal: la economía. Los vicios institucionales, de corrupción o similares, solo provocan “reclamos”, que inclusive podrían ser utilizados hábilmente por corruptos para negociar impunidades, o instalar “todos somos ladrones”. 

3.- Conocimiento personal. Durante milenios tuvo vigencia el concepto transmitido por Maquiavelo al príncipe: “Todos pueden ver, pero pocos tocar… Muy pocos saben lo que realmente eres”. La comunicación moderna transformó este principio. Más aún en nuestro país, ante la continuidad de los mismos políticos durante décadas. La única expectativa respecto a ellos reside en saber para qué cargo y bajo que sigla partidaria se presentarán en cada elección. 

4.- Debates virtuales. A diferencia del periodismo de investigación serio, basado en información fehaciente y compleja, el de opinión puede generar infinitos debates sobre supuestos reales o ficticios, con fines distractivos, de testeo o instalación de mensajes y/o personajes. Marcelo Tinelli como potencial candidato a presidente es un ejemplo vigente. El único que no opina es Tinelli. Sin embargo un mínimo análisis de factibilidad política indicaría que su posibilidad presidencial es imposible. 

Buenos Aires, 25 de julio 2018

HUMOR O VULGARIDAD POLÍTICA?

En la última newsletter señalamos que el fútbol profesional, al ser de interés en vastas y diversas franjas socioeconómicas y culturales del país, y poseer dirigencias en las que sin necesidad de debates ideológicos convergen políticos, empresarios, banqueros, sindicalistas, jueces y barras bravas, es excelente para entender popularmente el funcionamiento de la política sin complejas sofisticaciones. Este mismo rol y aún con mayor eficacia, lo cumple una actividad de invalorable tradición histórica: el humor político, sea verbal, escrito o gráfico, a través de parodia, sátira o caricatura. 

El humor político exige ingenio y agudeza para describir o criticar sintéticamente contextos y sucesos, con toques de ironía que aún en la disidencia nos haga sonreír. Su éxito depende de un factor invalorable: describir certeramente lo que la sociedad asume como verdadero. De no ser así, el pretendido humor se transforma en vulgaridad o sarcasmos encubridores de la verdad, habituales en muchas opiniones casi farandulescas usadas en los debates políticos. Tal el caso reciente del cruce verbal entre los diputados Agustín Rossi y Elisa Carrió, abogados con largos usufructos de cargos políticos bien rentados, enrostrándose en el parlamento viejos vicios y cuitas familiares, o vociferando grandilocuencias falaces, como cuando Rossi afirmó que “los diputados representamos a quienes nos votan”, soslayando que acceden a través de las férreamente defendidas “listas sábana” armadas en quinchos por los líderes de turno. Con la posibilidad que una vez alcanzada la banca, el bendecido pueda convertirse en “libre pensador”, conformar un monobloque unipersonal, o traspasarse a otro partido. 

El humor político bien entendido admite ironías, pero no cinismos. De allí su prestigio, y las persecuciones expresas o encubiertas sufridas por sus autores por parte de gobiernos de facto y democráticos. Por la forma sintética de reflejar sucesos y personajes de la época, se convierten en verdaderos auxiliares para las investigaciones históricas. Fue pionero “El Mosquito”, periódico dominical de características satírico-burlescas, publicado entre 1863 y 1893. Ya en el siglo XX, nació “Tía Vicenta”, revista satírica creada por Landrú (Juan Carlos Colombres), que se publicó entre 1957 y 1966 (golpe militar contra Illía), y luego entre 1977 y 1979. La revista “Humor”, que fue editada entre 1978 y 1999, contaba con periodistas e intelectuales respetados, en la que el humor y la sátira para denunciar a la dictadura militar dentro de los límites posibles, la convirtió en un éxito editorial. En cuanto a monólogos, son inolvidables los de Tato Bores. Aún hoy asombra la vigencia que mantienen sus descripciones de las diversas coyunturas políticas desde su comienzo en la década del 60 hasta su muerte en la década del 90. Fue presionado y aún prohibido por diversos gobiernos, e inclusive la jueza Servini de Cubría intentó impedir la salida al aire de un programa que la mencionaba. Sus monólogos durante más de tres décadas, nos confronta con la triste realidad que con el paso del tiempo no hemos aprendido nada. 

De la época actual cabe mencionar tres ejemplos. El de Hermenegildo Sabát (caricaturista), que despierta temor en altas esferas políticas tan solo dibujando; Enrique Pinti (monólogos), y la columna dominical de Sebastián Borenzstein (prensa escrita). Este último ejemplo merece una mención especial, porque revaloriza la relación del humor con el aporte serio para entender la realidad, permitiendo un excelente aprendizaje por parte de la sociedad en su conjunto de nuestras realidades políticas, sociales y económicas. Sus ironías las apoya con datos históricos y económicos verificables, que no confunden sino esclarecen. El buen humor político duele y es temido por las dirigencias porque llega al hueso de las realidades, sin necesidad de debates histéricos y discursos grandilocuentes ante cámaras. 

El humor no carece de acidez y toques de amargura. Borenzstein hace hincapié en la importancia del perro vagabundo recibido e instalado en la Casa Rosada, bautizado Balcarce. Su misión es estar atento al devenir político, y actuar cuando sea necesario recobrar la sensatez. Cabe preguntarse si no se debiera promover que tenga crías, para distribuirlas entre gobernadores y legisladores y los ayuden a que en un sobrehumano esfuerzo, finalmente definan políticas de Estado eficaces y permanentes en el tiempo que permitan avizorar un futuro esperanzador. El problema es definir a quien se elegiría para intentar la cruza. No te escapes Balcarce!!! 

Buenos Aires, 13 de julio 2018

FÙTBOL, POLÌTICA Y PERIODISMO

El fútbol es un medio invalorable para que los argentinos comprendan de modo práctico y eficaz el funcionamiento político y a sus actores. Interesa a vastas y diversas franjas socioeconómicas y culturales del país, razonablemente informadas para opinar sobre jugadores, tácticas, negocios y corrupciones. Esta transversalidad elude engorrosos debates ideológicos, y transparenta dirigencias en la que conviven políticos, empresarios, banqueros, sindicalistas, jueces, y de ser necesario, barras bravas como grupos de persuasión. Pícaramente, el enorme negocio del fútbol profesional se continúa manejando bajo la idealista figura de “entidades sin fines de lucro”, a la manera de los antaño pioneros clubes de barrio, en el que fundadores, dirigentes y allegados ponían plata de su bolsillo para sostenerlos y engrandecerlos. Actualmente, el crecimiento exponencial del negocio debido al desarrollo de los medios de comunicación globalizados, continúa usufructuando las emociones de hinchas y simpatizantes, bajo un falso barniz social o amateur. Sorprendentemente, la mujer aún no ha reclamado igualdad de oportunidades para participar en los niveles de conducción institucional. 

En pleno desarrollo del campeonato mundial, es importante destacar el rol del periodismo en este juego de intereses, como intermediario imprescindible entre el producto (fútbol), y el consumidor (hincha/espectador). Sus mensajes no se apartan de una vernácula adaptabilidad demagógica y oportunista que caracteriza habitualmente al discurso político, entre otras actividades. El filósofo Tomás Abraham, futbolero reconocido, en una reciente conferencia citó a Dante Panzeri, famoso e influyente periodista deportivo de la década del 60. En agosto de 1956 se realizó en la cancha de San Lorenzo un partido amisto en el cual la selección Argentina derrotó a Checoslovaquia por 1 a 0. El periodista, que describió al fútbol checo como mecanizado y aburrido, se preguntó: “Quiénes son y quiénes fueron los maestros del arte de engañar con una pelota en los pies?: los más pícaros!! El fútbol es juego de pícaros”. Veintidós meses más tarde en el mundial de Suecia de 1958, se produjo la recordada derrota de Argentina ante Checoslovaquia por 6 a 1. Impertérrito, opinó Panzeri: “El mito de que somos los mejores del mundo ha caducado. Es evidente nuestro estancamiento ante un fútbol cada vez más rápido y más táctico”. Si no se hubiera dedicado exclusivamente al periodismo deportivo, hubiera merecido el galardón al político del año. 

Décadas más tarde, ya sin amateurismo, los roles del periodismo especializado (o no tanto), dejó de ser tan librepensador. Sus opiniones pueden ser independientes y basadas en convicciones, o bien responder a líneas editoriales bajadas por luchas de poder económico y político. Estas últimas, cuando son sostenidas por el Estado son más detectables, por repetir mensajes unívocos indisimulados, mientras sus portavoces “revolucionarios” de ocasión, son excelentemente remunerados con recursos públicos. Pero cuando las polémicas responden a grupos privados con intereses contrapuestos, el objetivo unívoco se enmascara tras supuestos debates ardorosos, en los que nada es casual. A la mencionada idiosincrasia vernácula de juicios fluctuantes y oportunistas reflejada en la anécdota de Panzeri, se le incorporó un manejo de la opinión pública de manual, basado en trascendidos nada inocentes, tales como “me dijo un conocido dirigente, alguien me contó que…”. En este juego no hay “grietas” políticas, porque no hay inocentes ni ingenuos. Diría Clinton: “la puja es por mucho poder y dinero, estúpido”. 

Dos aspectos a destacar. Uno fué la viralización de la comunicación de Maradona desde Rusia con su mujer, en la que menciona que se reunió con dos personas que querían echar al presidente de la AFA Tapia, enviadas por el ex futbolista Ruggeri, pero que él no es comprable. Hasta la fecha ningún periodista dio la única información que clarificaría el origen de la supuesta operación: quienes eran esas dos personas. El otro aspecto consiste en prestar atención a los zócalos con mensajes breves puestos al pie de la pantalla de televisión durante los debates. Cumplen el rol que tanto preocupa a los políticos: las tapas de los diarios. 

Seguir este juego comunicacional de intereses institucionales deportivos, nos permitirá un excelente aprendizaje práctico de puja de millonarios intereses ante la opinión pública. Muchas opiniones, con pocos datos fehacientes. 

Buenos Aires, 05 de julio de 2018

TINELLI Y LOS POBRES

Es interesante analizar el modo utilizado por el empresario y conductor Marcelo Tinelli, como tanteo inicial para su eventual incorporación a la actividad política partidaria. En un reciente viaje a Jujuy con su familia, Tinelli se refirió a las condiciones precarias en las que viven los habitantes de zonas rurales. Su sorpresa y preocupación, que reiteró en oportunas entrevistas mediáticas, naturalmente se viralizò en las redes sociales. 

Este suceso permite un excelente punto de partida para reflexionar sobre dos aspectos habituales de los debates políticos: 1) crear adhesiones o rechazos al mensaje en base a las adhesiones o rechazos que provoca el mensajero; 2) como resultado de lo anterior, no profundizar acerca de la reiterada utilización de una supuesta preocupación por los pobres, que formulan las viejas dirigencias desde hace décadas. Que lo repita Tinelli es revelador, porque proviene de alguien exitoso que no se dedicò a la política partidaria. Incursionar en este análisis hace necesario sortear primero la trampa de “la grieta”. El concepto lo desarrollò el polìtòlogo y filòsofo alemán Carl Schmidt, inicialmente adherente al nacional socialismo, quien acuñò la teoría del amigo/enemigo como binomio esencial de la ciencia política. Resultò de enorme utilidad para el manejo de masas, por lo que lo usufructuaron y usufructúan por igual las extremas derechas y extremas izquierdas. 

Apliquemos la “grieta” vernácula a Tinelli. Acusaciòn: es un rico empresario oportunista en ocasiones asociado a grandes grupos económicos para hacer negocios (entre ellos Cristóbal López). Defensa: Tinelli trabajó toda su vida y creció con esfuerzo generando trabajo genuino (virtud que no muchos políticos pueden exhibir); si algunos de sus socios estafó al Estado, es responsabilidad de los organismos de control y funcionarios públicos asociados, no de Tinelli. Respecto a ser oportunista, en especial en política, solo cabe recordar la frase bíblica: “el que esté libre de culpa que tire la primera piedra”. Conclusiòn: Tinelli tiene derechos legítimos para incursionar en política. Pasado el filtro de la grieta, analicemos lo mas importante: su mensaje de presentación. Es escueto, simple y verdadero: Tinelli observò mucha pobreza en Argentina. Pero apeló a viejos cànones discursivos de eternos políticos, gobernadores, sindicalistas, empresarios, en especial de la comunicación, que comparten una condición curiosa:ninguno es pobre, pese a que atravesaron hiperinflaciones, incautación de ahorros a las clases medias, destrucción de las cajas jubilatorias, desconocimientos de las deudas asumidas por el Estado. Más aún; son màs ricos que cuando comenzaron a preocuparse por los màs pobres. 

Por ello, Tinelli renunciò a todo mensaje innovador que representara un cambio dialèctico y permitiera avizorar algo nuevo. Si Tinelli prestara atención detectarìa contradicciones imputables a las castas dirigenciales en su conjunto, y no solo del Ejecutivo, que no tiene mayorìas legislativas. Lo que no impide que parte de sus integrantes participen de estos “grandes acuerdos” de la vieja política. Tinelli podrìa preguntarse: porquè Palazzo del gremio bancario y Piumato del gremio judicial declaman defender a los pobres jubilados, mientras protegen sus regímenes de privilegio subvencionados por la ciudadanía? Porquè el Senado mantiene cajoneada desde hace dos años la ley de Extinciòn de Dominio, que permitiría recuperar parte de los recursos saqueados al Estado vìa corrupciòn? Porquè se promulgan y/o interpretan leyes para permitir que procesados y/o condenados por delitos contra el Estado puedan ser legisladores? Cómo hicieron Cristòbal Lòpez y muchos otros empresarios para defraudar al Estado por cifras millonarias en aportes patronales, sin que los defensores de los trabajadores actuaran?

Un mensaje innovador sería no hacer demagogia a costa de los pobres, sino concentrarse en identificar a los causantes de la pobreza. Para ello vale un concepto del reconocido economista argentino Roberto Frenkel: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que màs ganan”. 

Buenos Aires, 29 de junio de 2018 

EMPRESARIOS A EXÀMEN

Dado la degradación institucional, económica y social de nuestro país en las últimas décadas con la permanencia de las mismas clases dirigentes, es necesario variar los igualmente repetidos enfoques analíticos y discursivos. Para ello se podrían crear canales comunicacionales que faciliten que sean los ciudadanos comunes quienes formulen interrogantes a ser respondidos por diversos niveles de representación y/o poder. En newsletters anteriores se simularon “exámenes” con preguntas específicas que intenten evitar que se eludan respuestas precisas bajo el artilugio de incursionar en abstractos debates ideológicos o apelar a eslógans o estadísticas de veracidad incomprobable. Se analizó anteriormente a economistas, jueces y sindicalistas. Es ahora el turno de los empresarios.

El término empresario se consolida a fines del siglo XVIII con la Revolución Industrial, caracterizando a quien interrelaciona recursos materiales, trabajo y capital para producir bienes y servicios. Evaluarlos presenta una primera dificultad; a diferencia de la locuacidad mediática de políticos, economistas, sindicalistas y aún jueces, empujados por la reacción social contra la corrupción, en el empresario predomina la discreción, el silencio, el secreto. Utilizan la globalidad estadística como factor de presión pública (la industria, las pymes, las textiles), pero jamás presentan estudios de costos y menos aún, informan márgenes de ganancia. Su frase preferida es “trabajamos a pérdida”. Se expresan a través de las cámaras que los representan, lobbystas cercanos al poder político (ejemplo Mendiguren), y en un hecho inédito que realimenta la inflación, actúan muchas veces asociados con los sindicalistas, quienes cumplen el rol de presionar “en la calle”, para luego acordar aumentos que de inmediato son trasladados a la sociedad. El caso más reciente es el de los empresarios de transporte de cargas, cámara que conduce Daniel Indart, y el gremio de camioneros que dirige los Moyano, padre e hijo. Ambos hicieron paro; los primeros para que el Gobierno (o sea la sociedad), les subsidie combustibles y peajes; el gremio para lograr incrementos salariales por sobre la media. Demagògicamente invocan paritarias libres, pero durante las negociaciones las partes involucradas les hablan al Gobierno, para que se haga cargo. Excepcionalmente el reclamo es explícito: “El Gobierno debe intervenir más fuerte en las paritarias” (Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, La Nación, 17 de mayo de 2014).

Esta habitual asociación empresarios-sindicalistas adquiere ribetes más graves cuando acuerdan conjuntamente con funcionarios, financiarse y/o enriquecerse a costa de evadir sumas impactantes en impuestos y aportes patronales: Oil Combustibles; Grupo Indalo; OCA; Sancor; Cresta Roja, y una larga lista de empresas. La excusa para facilitar los negociados y/o salvar patrimonios propios indigna por su cinismo: crear y/o cuidar fuentes de trabajo.

En una organización social sana los roles son definidos: el sector político crea instrumentos de desarrollo y equidad; el sindicalista representa derechos de los trabajadores, la justicia cuida el cumplimiento de la legalidad, y el empresario aporta capital que se supone de riesgo, creatividad, profesionalidad. Que pasa cuándo éstos roles se confunden, intercambian o asocian, descapitalizando al Estado? Dejan de ser unívocos, y se superponen: son empresarios y políticos; son sindicalistas y empresarios, son jueces y políticos. Ello facilita prebendas, negocios fáciles sin riesgos económicos, y naturalmente, corrupción. 

Hay quienes equivocadamente asocian el concepto populismo con políticas distributivas virtuosas, pero sus consecuencias son las mismas que en un capitalismo salvaje: enriquecimiento desmesurado de los beneficiarios de las corruptas asociaciones estatales-privadas, y lógico crecimiento de la pobreza y marginalidad. En este esquema reclaman ser subsidiados los pobres, pero también enriquecidos empresarios exitosos gestionadores de prebendas. Es momento entonces que los empresarios, sindicalistas y funcionarios “buenos” predominen sobre los “malos”, y acuerden políticas que desactiven esta máquina de generar inflación, privilegios, desempleo y pobreza. No sorprendería que lo logren sin afectar salarios, si desarman los costos extras injustificados o corruptos que no van al bolsillo ni a la seguridad social del trabajador. En defensa de los empresarios genuinos, diremos que la conocida frase “el capital no tiene ideología” ya no se les puede adjudicar en exclusividad. Muchos políticos y sindicalistas tampoco parecieran tenerla.

Buenos Aires, 21 de junio 2018 

CONSENSOS ENTRE QUIÉNES?

Es recurrente e inevitable que ante situaciones políticas complejas, distintos analistas políticos y representantes sectoriales reclamen un acuerdo político entre oficialismo y oposición para revertir una decadencia de décadas. Pero jamás identifican a los autores y garantes del eventual acuerdo. Resumen sus deseos en abstracciones tales como gobierno, oposición o similares, sin establecer referentes sectoriales con legitimidad de representación. Esta hibridez conceptual se manifiesta en denominar a la oposición “el peronismo”, sin referenciarlo con el receptáculo político-institucional que debiera otorgar organicidad y coherencia: el Partido Justicialista. Este fenómeno se refleja en menor medida en los radicales, quienes al menos mantienen la estructura UCR, más escenográfica que real. Ni hablar de los volátiles partidos menores. Esta realidad genera confusión en propios y extraños, y nos retrotrae a la pregunta del inicio: quiénes serían los autores y garantes de un consenso virtuoso?

Para intentar una respuesta sin entrar en intencionadas “grietas”  que eludan debates,  se debe partir de algunos supuestos: 1) Los rótulos peronistas, radicales y similares, deben ser completados con el término “dirigentes”, para no involucrar a los ciudadanos en su conjunto. 2) Hablar de peronismo en forma global como lo mencionan políticos y periodistas, elude señalar que en la Coalición Cambiemos abundan peronistas que no reniegan de ello, e integran el gobierno. Del mismo modo hay quienes se dicen radicales y se acoplaron al peronismo. 3) Contra lo que se supone, a partir de 1990 abundaron los consensos pero a nivel de cúpulas, con resultados nefastos. Veamos una reseña histórica.

El Partido Justicialista fue fundado por Peròn en el año 1946. El nombre de peronista o justicialista, sea presentándose como tal o conformando frentes con partidos menores, se mantuvo en las elecciones presidenciales de 1951, 1973, 1983 y 1989. En el 83 el PJ sufre su primera derrota electoral a manos de la UCR, sumando entre ambos partidos el 92% de los votos. En el 89 triunfa Menem con el Frejupo, con el PJ a la cabeza. En 1995 repite Menem con un Frente con predominio del PJ, y se quiebra el bipartidismo: la UCR salió tercera. La elección de 1999 exhibe el primer “consenso”: triunfa la fórmula De la Rúa (radical)-Carlos Alvarez (peronista). En el 2003, tras la crisis 2001/02, Menem triunfó al frente del PJ con el 24,45 % de los votos, pero no se presentó a la segunda vuelta, accediendo a la presidencia Néstor Kirchner con  el Frente para la Victoria. En esa elección, los partidos PJ y UCR sumaron solo el 25,16% de los votos. Los “consensos” no virtuosos se desataron. En el 2007 triunfó el FPV con la fórmula Cristina Kirchner (peronista)-Julio Cobos (radical). Ni Perón y Balbín lo habían logrado. En la misma elección compitió la fórmula Lavagna (peronista)-Morales (radical). El PJ no participó. En el 2011 triunfa nuevamente el FPV con Cristina Kirchner, superando al “consenso” UDESO, que presentó la fórmula Ricardo Alfonsín-González Fraga, y a Francisco De Narváez como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El PJ como tal, obtuvo el 5,86 % de los votos. En el 2015 triunfó la Coalición Cambiemos sobre el FPV, del que se desconoce su futuro. El PJ por su parte, sacó el 1,64 % de los votos. 

Es evidente que la memoria de Perón no puede usarse para encubrir oportunismos y/o corrupciones actuales. Dos argentinos describen con precisión la mutación peronista. Exequiel Adamosky, profesor de historia en Londres, expresa en un reportaje: “En el peronismo, antes de los 90 la oposición al poderoso era más fuerte, y el componente asistencialista era complementario. Ahora su identidad pasó a ser la ayuda a los pobres, sin buscar a los responsables de la pobreza”. Julio Bárbaro, peronista genuino, señala: “Desde la muerte de Perón el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos, pero también en el receptáculo de las ideas de moda: el liberalismo con Carlos Menem, y la izquierda con Cristina Kirchner”.

En este contexto hablar de “consensos” y objetivos sin actores legítimos y confiables tanto del oficialismo y como la oposición, es repetir engaños. La tarea no será fácil; todos los responsables de la decadencia siguen vigentes. En el caso del genérico “peronismo” por ejemplo, a quiénes se debería convocar: a Cristina Kirchner, Schiaretti, Urtubey, Zamora, Barrionuevo, Gioja, Massa, Picheto, Moreau, Nito Artaza? A todos juntos quizás? El caso de los gobernadores es peculiar. Arman las listas sábana para legisladores nacionales, pero al momento de votar políticas acordadas con la Nación, definen a sus elegidos como librepensadores. Un último deseo: que los periodistas no entretengan a la ciudadanía con juegos infantiles como Mauricio o Cristina; peronistas racionales o irracionales (que para mayor confusión votan juntos). Y que los políticos sean coherentes con sus discursos, y alguna vez actúen en beneficio del país.

Buenos Aires, 07 de junio 2018