ELECCIÓN 2015: POLÍTICOS EN OFERTA.

“Coalición UNEN: que prime la racionalidad sobre la egolatría” (título de la Reflexión Política del pasado 24 de abril, un día después del lanzamiento del Frente). “Hablar de diversidad en la integración de UNEN es inicialmente una virtud, porque la esencia de la política es el debate entre distintas visiones, para confluir en proyectos y acciones positivas para la mayoría de la sociedad. Pero esto requiere organicidad y previos consensos dentro de UNEN. De no ser así, se caerá inevitablemente en la anomia, como se denomina en sociología a la falta de normas o incapacidad de conformar las estructuras necesarias para alcanzar una meta” (Reflexión Política del 08 de mayo de este año).

Recordar las reflexiones precedentes de quien sin vivir de la política, solo pretende hacer públicas opiniones relacionadas con una actividad que inevitablemente nos afecta a todos, no busca la autocomplacencia por supuestas predicciones sagaces, sino por el contrario, recordar la obviedad y simplismo de los conceptos oportunamente vertidos. Cabe preguntarse entonces, porqué políticos de largas trayectorias en altos cargos públicos, caen una y otra vez en el vicio de la necedad.

Analistas profesionales mejor formados e informados, apelando en algunos casos a sutiles ironías, son más concisos para describir escenarios políticos. Tal el caso de Jorge Asís, que al falso debate entre neoliberalismo y populismo, encabezados uno u otro por los mismos actores políticos, empresarios y gremiales, lo resumió en una frase: “Con el apoyo de la izquierda se roba más fácil”. Respecto a la conformación de UNEN, llamó piadosamente a sus autoproclamados representantes “los cinco latinos”, recordado grupo vocal de los 60.

La eclosión UNEN es un buen punto de partida para iniciar el seguimiento de la temporada de políticos en oferta para integrar algunos de los Frentes electorales en danza para el 2015, que podemos resumirlos en tres: 1) Vertiente justicialista: oficialismo; Massa; De la Sota; 2) Partido nuevo: PRO; 3) Frente UNEN: radicalismo y socialismo. Los parámetros de cotización en el mercado de pases no son sutiles: cargos públicos asegurados, preferentemente legislativos. En el caso de empresarios, prebendas del Estado. Para simular debates ideológicos, con la televisión basta y sobra.

 Arribar a conclusiones sólidas, exige explicitar previamente las hipótesis de análisis; caso contrario se puede discutir años sin arribar a un acuerdo. En este caso, planteamos que un correcto funcionamiento de un sistema democrático exige tres condiciones ineludibles:

1.- Partidos políticos sólidamente conformados, que tengan continuidad en el tiempo, presencia territorial, y capacidad fáctica de constituirse en opción de gobierno. De actuar como oposición, capacidad de control cierto y coherente de las acciones de gobierno por un lado, y formulación de propuestas por el otro.

 2.- Sistema electoral claro y ampliamente participativo, que no restrinja la capacidad de elegir, distorsionando y/o falseando el valor del voto individual. (listas sábana; candidaturas testimoniales; ley de lemas). Ello incluye establecer  claras limitaciones y obligaciones de los candidatos, para que una vez elegidos, aseguren la representatividad prometida a sus votantes.

3.- Organismos de control del Gobierno eficaces e independientes, entre los que se incluye la Justicia.

En la Argentina, lamentablemente no se cumple por lejos con ninguno de estos requisitos. Asumir esta realidad, permitirá no solo comprender el desarrollo político de los últimos veinte años, sino sospechar que a esta altura de los acontecimientos será casi imposible evitar que esta matriz de recurrentes fracasos se mantenga inmutable a partir de la elección del 2015. Por ello en las últimas reflexiones recordamos las peligrosísimas similitudes entre la crisis 2001-2002, y la que se proyecta para el 2015-2016, porque la estrategia de salvación de la élite dirigente será la misma. Apelar a un “gobierno de salvación nacional”, en donde políticos, empresarios y gremialistas se pondrán patrióticamente de acuerdo, para que la clase media, pequeños empresarios y ahorristas, empleados en general, jubilados, autónomos y desocupados, provean los recursos económicos necesarios para retomar el camino de sostener a esas dirigencias inviables, y al festival de enriquecimiento ilícitos impunes a costa del Estado. Dicho lo cual, analizaremos en la próxima reflexión el estallido de UNEN.

MANUAL POLÍTICO PARA LA SALVACIÓN NACIONAL

Hemos intentado en las últimas dos reflexiones destacar aspectos esenciales de la crisis económico-social del 2001-2002, en sus contextos políticos y económicos. En esta retrospectiva, incursionaremos en lo más doloroso para las pequeñas y medianas empresas, asalariados y  sectores sociales vulnerables: la etapa quirúrgica.

Recordar una crisis tan cercana y proyectarla al cambio de gobierno en diciembre de 2015, pretende que la ciudadanía preste especial atención de ahora en más a las declaraciones políticas en general e indicadores económicos, sabiendo que deberán absorber inevitablemente los costos de las impericias, negociados y corrupciones. Los círculos cercanos al poder, sean circunstancialmente oficialistas u opositores, confían en salir, una vez más, indemnes. Desde la recordada frase “hay que pasar el invierno”, pronunciada en 1959 por el Ministro de Economía Alvaro Alsogaray, hasta la promulgación de la intangibilidad de los depósitos votada por amplia mayoría legislativa en agosto de  2001, la mecánica del engaño se mantuvo inmutable. Pasar el invierno en 1959 significó una pérdida promedio del 24 % del salario real, a través del pago de salarios con Bonos 9 de Julio. La intangibilidad de los depósitos concluyó con su incautación total el 09 de enero de 2002, con el aval de los mismos legisladores. Esta es la primera señal de alarma. Los mismos dirigentes políticos, empresariales y gremiales de ese entonces, mantienen hoy sus espacios de poder, aunque pretendiendo mutar sus ropajes ideológicos y ocultar sus pasados.   

Ingresemos en el quirófano de la salvación nacional del 2001-2002. En octubre 2001, el influyente empresario Franco Macri expresó que “Cavallo debe analizar una medida para estatizar la deuda privada” (La Nación, día 25). Sus principales empresas (Socma; Sideco y Correo Argentino), debían 472 millones de dólares. Igual situación afrontaban entidades financieras y grandes empresas nacionales y extranjeras. El 20 de diciembre cayó De la Rúa. Asumió Rodrígues Saá, quien decretó el cese de pagos al exterior, en medio de la ovación de los legisladores. El 01 de enero, con acuerdo mayoritario de la corporación política, se designó como presidente a Duhalde, quien había perdido las elecciones presidenciales tan solo dos años atrás. De inmediato anunció el fin de la convertibilidad, y prometió que “el que depositó dólares recibirá dólares… el que depositó pesos recibirá pesos”. El radical Leopoldo Moreau reclamó “un gobierno de salvación nacional”, avalando la salida de la convertibilidad, que defendiera durante once años, como la mayoría de los legisladores. El 06 de enero el Parlamento aprobó un instrumento clásico para vulnerar derechos: Ley de Emergencia Económica.

La ciudadanía, empujada velozmente al quirófano, intentó retomar los cacerolazos y protestas, pero ya era tarde. La anestesia “salvación nacional” estaba actuando para dar comienzo a la operación, destinada a democratizar pérdidas y mantener prebendas. El 09 de enero de 2002 se promulgó el Decreto 71, que pesificaba todas las deudas en moneda extranjera a $ 1,40 por dólar, y reprogramaba los depósitos en plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes, otrora intangibles. El dólar pasó de $ 1,40 a $ 3,00 en un par de meses. Se produjo un caos jurídico por inconstitucionalidades y amparos, con clientes pujando para ingresar a “su banco” para recuperar ahorros, y sus empleados obligados a actuar como personal de seguridad para impedirlo.  

Lo peor estaba por venir. Se aplicó la última frase célebre para encubrir negociados del Estado con privados: “Hay que cuidar las fuentes de trabajo de los argentinos”. Para tan noble objetivo, se implementó la correctamente llamada pesificación asimétrica, porque a la aplicable al ciudadano común, se le sumó otra más favorable para grandes empresas e instituciones financieras endeudadas en divisas extranjeras. La enorme licuación de sus pasivos fueron absorbidos en altos porcentajes por el Gobierno nacional. Los cacerolazos, el desempleo, los amparos judiciales, la inflación creciente, y bancos fugando al exterior depósitos de clientes privilegiados, mantenían plena vigencia. Pero el juego de sustituir un gobierno democrático por otro de salvación nacional había concluido.

La clase política descubrió entonces que para la defensa de sus privilegios, los partidos políticos tradicionales carecían de sentido. Ante tanta frivolidad y oportunismo, ser justicialista, radical o socialista, era una pesada carga difícil de sobrellevar.  Era más fácil ser neoliberal, nacional-popular, de izquierda, de derecha; renovador; radical K; concertador; frentista; o simplemente aliado, cuando se quería negociar votos en el parlamento. Estas etiquetas tienen una virtud insustituible: son fácilmente intercambiables.

En la próxima reflexión concluiremos esta reseña histórica, con el proceso pos operatorio del ciudadano común, tras la crisis 2001-2002.

RELATOS SALVAJES POLÍTICOS

“Relatos salvajes” es una exitosa película argentina dirigida por Damián Szifrón, que en formato de comedia dramática,  trata acerca del tenue límite que puede existir entre civilización y barbarie. La política ofrece un fértil campo para una segunda versión, cuyo límite oscile entre la grandilocuencia dialéctica ante los ciudadanos, y el oportunismo político para priorizar intereses personales y sectoriales.  Van algunas ideas.

1.- Milagro Papal

El Gobierno nunca tuvo relaciones amistosas con el cardenal Bergoglio y la iglesia en general, al extremo de evitar la presencia de funcionarios en el tradicional Tedeum en la Catedral de Buenos Aires los 25 de mayo. Pero su designación como Papa produjo una conversión religiosa casi mística, desde la Presidente a la totalidad de sus funcionarios y aliados. En busca de la redención, los otrora críticos desfilan incesantemente en el Vaticano ante su presencia. Con un premio adicional. A la Catedral se podía ir a pié o en colectivo. A Roma en cambio viajan con todos los gastos pagos con recursos públicos. El último acto de contrición lo protagonizó Estela de Carlotto, quien durante años acusó a Bergoglio de cómplice con la dictadura militar. En estado de beatitud, manifestó recientemente que “le habían informado mal”. Así de simple.

2.- Los controles democráticos de la oposición  

En un programa televisivo conducido por el periodista Gustavo Silvestre, se debatió acerca del informe de la Auditoría General de la Nación relacionado con el manejo y balances de Aerolíneas Argentinas, que fuera aprobado por 5 votos contra 2 de los auditores. La AGN es un organismo constitucional que asiste técnicamente al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Silvestre presentó al auditor Vicente Brusca, justicialista que votara en contra, y aclaró que invitó al presidente del organismo, el radical Despouy, quien no quiso concurrir. Brusca mencionó entre las causas de su rechazo, que una página señalaba que había 33 pilotos por avión, y otra 22 pilotos. Insólitamente no pudo aclarar cual, según su opinión, era el número correcto. Pero tras cartón se descargó contra los radicales, siguiendo la línea del Jefe de Gabinete Capitanich, quien acusó a la Auditoría de ser una “usina opositora”. Tanta necedad, más que desacuerdos hacen sospechar aceitados acuerdos. Despouy concurre a un programa televisivo y Brusca a otro. Pero de clarificar ante la ciudadanía la realidad en forma conjunta y seria, ni hablar. Con seguridad, tampoco el Congreso tratará el informe. Todos los principales participantes de esta comedia dramática perciben un salario mensual superior a $ 70.000, sin considerar prebendas de sus cargos. Eso sí, la Auditoría tiene miles de empleados, la gran mayoría acomodados por todos los sectores políticos. Queda clara entonces cual es la necesidad de crear organismos de control.  

3.- La seguridad la arreglamos entre todos

Cuando un problema lo arreglamos “entre todos”, significa que los responsables de solucionarlo se hicieron a un lado. El delito en general, y los negociados en el fútbol y barras bravas en particular, son un excelente ejemplo. El partido de fútbol entre Lanús y Arsenal tuvo un final escandaloso, por una decisión arbitral inentendible. Finalizado el encuentro y en medio del caos, aparece en el campo de juego un civil con un arma en la cintura, a la vista de público, dirigentes y personal policial. Detectado y fotografiado por el periodismo, se constató que era un oficial de la Policía Federal. El hecho ratifica que las fuerzas de seguridad no solo atienden a la seguridad pública, sino participan de acciones privadas dentro de los clubes, con la anuencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires y sus funcionarios de seguridad. Felizmente el presidente de Lanús, dr. Alejandro Marón, transmitió tranquilidad a la sociedad. Aclaró que conocía al oficial armado, pero ”me aseguró que el arma estaba descargada”. Aquietadas las aguas, la lucha pertinaz de la provincia de Buenos Aires contra el delito continúa.

4.- Batallas heroicas contra los grupos económicos más concentrados

Hay frases políticamente inutilizables. “Salariazo y revolución productiva” es una marca de propiedad registrada. “Combatiremos la corrupción”, pronunciada por dirigencias que permanecen desde hace más de dos décadas en altos niveles de conducción, puede mover a la hilaridad, o más grave aún, a la indignación. Pero las épicas contra los grupos económicos más concentrados, aunque la encabecen multimillonarios, aún otorga réditos. Sin embargo, ante el riesgo que los enfervorizados mensajes provoquen arrebatos patrióticos desmesurados contra dichos grupos, es necesario que los funcionarios de gobierno y supuestos opositores los identifiquen claramente su condición de buenos o malos. Por ejemplo: 1) En comunicaciones, entre Clarín, Telefónica y Telecom; 2) En obras públicas, entre empresas rusas, chinas y de Lázaro Báez; 3) En explotaciones petroleras, entre Repsol y Chevrón; 4) En empresas de capitales mixtos como YPF, entre el 51% estatal y el 49% privado (incluídos Esquenazzi y buitres); 5) En industria y comercio, entre maniobras importadoras de autopartes de las automotrices, o de juegos de jardín, tazas de café y bombitas eléctricas chinas de los supermercados; 6) En la industria del juego, entre Casino Club de Cristobal López o Boldt de Tabanelli.

Esta clara discriminación entre buenos y malos no es necesaria para los funcionarios del Estado. Ellos saben que los retornos se pueden acordar tanto con unos como con otros.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN - noviembre 2014

El seguimiento regular de algunos de los innumerables casos judiciales de corrupción estatal que asocian a funcionarios públicos con empresarios privados, pretende visualizar la magnitud de un problema que explica la mayoría de las decisiones de sucesivos gobiernos, más allá de  engañosas fundamentaciones ideológicas. La cobertura judicial y de los mal llamados organismos de control, transparentan que el problema involucra a supuestos oficialismos y oposiciones, responsables por acción u omisión de la impunidad manifiesta. Explica también porque los precandidatos presidenciales, sin excepción, obvian explicitar acciones concretas respecto a una problemática que está desangrando al país desde hace décadas. Se detallan algunas causas.

1.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

En marzo, en el Tribunal Oral Federal n° 2, integrado por los jueces Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, comenzó el juicio oral y público contra funcionarios públicos, empresarios privados y empleados, acusados de ser responsables de la tragedia que provocara 51 muertos y cientos de heridos. El caso es representativo de que “la corrupción mata”, en contraposición al arraigado concepto de apoyar a quienes “roban pero hacen”. El grupo Cirigliano, operador de la línea férrea y enriquecido con subsidios estatales, se declaró en quiebra para no hacerse cargo de los daños.   

2.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por  los dres. Jorge Ballestero y Eduardo Farah, muy tardíamente apartó al juez Oyarbide de la causa de defraudación de fondos públicas de la Fundación que encabeza Hebe de Bonafini, y anuló los procesamientos dictados. La causa recayó en el juez Martínez de Giorgi, quien la mantiene sin avances.  Un lamentable caso de utilización de los principios de derechos humanos, para lograr adhesión política y encubrir corrupción. La alta política hace suponer que no habrá responsables.  

3.- Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

La investigación, a cargo del responsable del Juzgado Federal Nª 7, Sebastián Casanello, intenta por todos los medios posibles no involucrar a su máximo responsable, el empresario patagónico Làzaro Bàez. Para ello no se teme caer en el ridículo. La justicia indagó a los fiscales antilavado Carlos Gonella y Omar Orsi, por excluir a Báez de la causa de lavado, que tiene como acusados a Elaskar, Fariña, y los empresarios Molinari y Erusalimsky. Ambos fiscales delegaron esta responsabilidad en el fiscal Ramiro González. Por su parte Echegaray, a cargo de la AFIP, anunció que la justicia suiza proveyó datos de 1.300 cuentas de argentinos en el exterior, y que acordó con Luxemburgo un intercambio de información fiscal. Pero nada dijo respecto a que la  misma justicia suiza congeló 22 millones de dólares del grupo empresario Báez. A su vez, en relación a este embargo, el juez Casanello pidió al director de Jurídicos de la Cancillería, Horacio Basabe, el estado del exhorto enviado (enviado?) el pasado 26 de junio a Suiza. Sbatella, a cargo del organismo de control de lavado, tampoco aportó datos. Los candidatos autoproclamados opositores, no tocan el tema. El operativo impunidad avanza.

4.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

A dos años de iniciada la causa, que involucra a altos funcionarios públicos y privados asociados en el negociado de intento de adquisición de la ex empresa Ciccone Calcográfica, el juez Ariel Lijo dictó los procesamientos del vicepresidente Boudou y otros involucrados. No se produjeron novedades determinantes. En este caso el Estado actuó con celeridad. La Inspección General de Personas Jurídicas nunca quiso informar quienes eran los titulares de la desconocida sociedad The Old Fund, que se hiciera cargo de la ex Ciccone. Finalmente el expediente fue robado del organismo, y está siendo reconstruido con menos hojas/información que el expediente original.  

5.- Coimas en el caso de la empresa Siemens.

Tras una investigación de quince años, en diciembre de 2013 el juez federal Ariel Lijo procesó a 17 personas  entre funcionarios de los gobiernos de Menem y De la Rúa, y directivos de las empresas Siemens e Itron, esta última del grupo Macri.  Siemens admitió en el 2009, ante la justicia de Estados Unidos y la Unión Europea, haber pagado millones de dólares en coimas para quedarse con el negocio de confección de pasaportes y DNI. No se dictaron prisiones preventivas, pero sí embargos por 500 millones de pesos. Las coimas se pagaron a través de intermediarios con contratos ficticios por servicios que jamás existieron.

6.- Sociales: sobreseimientos.

Los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, anularon en noviembre de 2013 el procesamiento de 24 funcionarios del menemismo acusados del cobro de sobresueldos, haciendo caer también los embargos. Utilizaron argumentos procesales habituales para hacer caer causas, beneficiando entre otros a Juan Schiaretti y Adelina Dalessio de Viola. Es habitual que los sobresueldos y altos viáticos sean invocados por los funcionarios, cuando deben justificar enriquecimientos durante su paso por la función pública, no relacionados con sus ingresos en blanco.

Hace más de 2.500 años, decía el legislador y filósofo griego Solón, que sentara las bases de la democracia ateniense: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

POSOPERATORIO 2001-2002: PACIENTES DÉBILES Y FUERTES

Finalizamos en esta reflexión la reseña de la crisis 2001-2002, tras haber recordado hitos relevantes previos a la caída del gobierno de De la Rúa. Contextos políticos y económicos, el caos político institucional subsiguiente, y las primeras acciones quirúrgicas adoptadas por el gobierno de “concordancia política” que a partir de enero 2002 encabezó el presidente Duhalde. Es momento de destacar aspectos del pos operatorio atravesado por la población.

La recuperación de los más débiles fue inevitablemente mucho más lenta. No solo por su vulnerabilidad natural, sino porque debían sostener una rápida alta médica de los más fuertes. La medicación fue tradicional y efectiva. A fin de “mantener y recuperar fuentes de trabajo”, se licuaron enormes pasivos de grandes empresas nacionales y extranjeras. Los negociados no saben de ideología pero sí de grandilocuencias demagógicas. Por ello, para disimular la aplicación de medidas expoliatorias de los ahorros de pequeños y medianos ahorristas, el titular de la bancada justicialista Humberto Roggero, ante la risa dificultosamente contenida por todos los diputados, anunció “la creación de una comisión para investigar la fuga de los capitales de los bancos”. (Clarín, lunes 7 de enero).

La Corte Suprema de ese entonces, en el marco de amenazas de juicio político a sus integrantes, declaró el 01 de febrero la inconstitucionalidad de la incautación de los depósitos. La acompañaron Cámaras Federales y jueces. Ante este fallo, adalides de la seguridad jurídica hoy, se rasgaron las vestiduras entonces. “Fallo jurídicamente sólido, políticamente muy grave”, escribió Eduardo Van Der Kooy en Clarín, el 02 de febrero. “Un intento de golpe de Estado judicial”, tituló su columna el mismo día en el diario La Nación Joaquín Morales Solá. Hasta ahora, nada que no sepamos: para nuestra eterna clase dirigente, la seguridad jurídica no es aplicable a los débiles. A lo sumo, éstos pueden tener la gracia del otorgamiento de algunos subsidios.

Recién el 02 de diciembre del 2002 se liberaron los depósitos incautados en pesos argentinos. Muchos fueron percibidos por sus herederos; los titulares habían fallecido. A los depositantes en plazos fijos en dólares se les ofreció alternativas que oscilaban entre aceptar conversiones a pesos amortizados en cuotas, o bonos en dólares a diez años. La última cuota de amortización del Boden 2013 en dólares fue en abril del año anterior. Doce años más tarde.

Los banqueros y grandes empresarios también golpearon puertas, pero no a la intemperie frente a los Bancos, sino las de los despachos oficiales. Los principales deudores del sector privado no financiero sumaban 5.764 millones de dólares (BCRA- septiembre 2001 / Página 12-5 de febrero). De este monto, solo 25 empresas extranjeras y nacionales, con excelentes facturaciones en sus balances, concentraban 4.000 millones de dólares. Entre otras, se encontraban Telecom, Telefónica, YPF, Disco, CTI, American Express, Metrogas, Iveco. Los Bancos extranjeros, que captaban ahorros publicitando respaldos de sus casas matrices, se “autonacionalizaron”. Informaron que sus sucursales eran autónomas. Respecto a los Bancos nacionales no hubo sorpresas: tenían sus carteras saturadas con créditos irrecuperables otorgados a empresarios amigos sin las debidas garantías. Para que la sociedad comprenda que implican los acuerdos políticos de “salvación nacional”, solo un dato: destacamos que 25 empresas concentraban 4.000 millones de dólares de deuda. Como contrapartida, 6.000 amparos concedidos a particulares sumaron solo 300 millones de dólares. (Laura Zommer – La Nación – 6 de abril de 2002 – Fuero contencioso administrativo).

Cerraremos este obituario con palabras de Horacio Verbitsky, en ese entonces no tan condescendiente con la corrupción estatal como en la actualidad: “Una vez obtenida la licuación de sus deudas  con el sistema financiero dentro del país, el poder más concentrado avanza sobre el Estado en una maniobra de pinzas. Por un lado, procura endosarle al conjunto de la sociedad parte de las deudas contraídas en el exterior, mediante la emisión de Obligaciones Negociables. Por el otro, intenta obtener nuevas ventajas en la renegociación contractual de los servicios públicos que algunas de esas empresas atienden” (Página 12 - 27 de febrero de 2002).

Con estos sucintos antecedentes,  preocupa que la misma dirigencia de entonces, sean oficialistas o supuestos opositores, entretengan hoy a la sociedad en un juego infantil “pro modelo” o “cambio de modelo” sin definir acciones y propuestas concretas, a la espera de diciembre 2015. Lamentablemente, una vez más la inmensa mayoría de la población no cobijada con prebendas del Estado, deberá pagar los costos. Parafraseando a Clinton, podríamos decir: “El problema no es derecha o izquierda, sino corrupto o no corrupto, estúpido”.

FANTASMAS DEL PASADO: ECONOMÍA 2001-2002

En el análisis de similitudes y diferencias entre el período 2001/02 y el actual, tratamos en la última reflexión el contexto político. Para incursionar en lo económico, es necesario establecer indicadores relevantes, con valores estadísticos comparables a lo largo del tiempo, para luego interrelacionarlos y proyectar evoluciones futuras. Para ello se adoptaron datos oficiales, según los Organismos específicos, hasta el 2013 inclusive. Se incluye al INDEC, pese a la adulteración de  datos estadísticos a partir de su intervención en el 2007.

Entre la multiplicidad de factores que origina una crisis terminal, dos son inevitables: pésimas conducciones políticas y alta corrupción. En el caso de nuestro país, desde hace décadas se sigue un mismo patrón: el Estado no genera riqueza para luego gastar y/o invertir, sino consume riqueza hasta límites de insolvencia, para luego reconstituir la caja estatal bajo el paraguas de emergencias económicas. Los recursos para volver a recaudar tampoco son novedosos: morosidad con los acreedores; confiscación de depósitos a pequeños y medianos ahorristas; congelamiento de salarios; privatizaciones y/o estatizaciones de las cajas de jubilaciones y empresas estatales. Bajo falsos debates ideológicos, se intenta disimular los objetivos: recuperar recursos públicos y seguir gastando irresponsablemente, con enriquecimientos desmedidos de funcionarios y empresarios.

Lo más preocupante de la crisis actual, aún dificultosamente manejable, es el discurso público de los por ahora oficialistas y supuestos opositores, coincidente en plantear que la ciudadanía tendrá que esperar 14 meses,  hasta diciembre del 2015, ya sea para perseverar en el “modelo” o para modificarlo. Aclaran, temerosos, que la crisis actual “nada tiene que ver con el 2001”. La afirmación es intencionadamente falaz; si no se toman decisiones de corto plazo que modifiquen el rumbo económico-social, se replicará  a fines del 2015 la estrategia de concordancia política para aplicar un feroz ajuste en “nombre de la salvación nacional”, utilizada en el 2002. Y para que no quepan dudas, con las mismas dirigencias, beneficiarios y víctimas de ese entonces.

Vayamos a los números. En un intento de enriquecer los reiterativos debates económicos, y a modo de mojón de partida para encarrilarlos y pasar de los diagnósticos a las propuestas, se propone un marco referencial con los siguientes indicadores económicos e hitos políticos claves:

INDICADORES ECONÓMICOS: 1) Deuda externa;  2) Reservas Banco Central;  3) Tipo de cambio ($/U$S);  4) Precios al Consumidor (inflación);  5) Tasa de desempleo.

HITOS POLÍTICOS: 1) diciembre 1999 (vence mandato de Menem);  2) diciembre 2001 (renuncia De la Rúa);  3) diciembre 2002 (asume Duhalde en enero);  4) diciembre 2003 (asume Kirchner en mayo);  5) diciembre 2014 (estimado).

Al respecto se elaboró un cuadro, inserto al pié, que visualizado en su globalidad y no en comparaciones interesadamente parcializadas, puede exhibir sorpresas. Por ejemplo, relacionar deuda externa y reservas del Banco Central en diciembre 2009 contra diciembre 2013. O ver el impacto que tuvo en tan solo dos años, entre 1999 y 2001,  la pérdida de 8.000 millones de dólares de reservas y el incremento del desempleo en 4,5%. Las recurrentes crisis en nuestro país, a partir de la célebre frase “hay que pasar el invierno”, pronunciada en 1962 por el Ministro de Economía Alvaro Alsogaray, tiene matices distintivos según la época: el que apuesta al dólar pierde; los depósitos de los argentinos son intangibles; los buitres nos atacan. Donde no hubo ni habrá matices diferenciales, lamentablemente, será en las soluciones: las ganancias se concentran y las pérdidas se diversifican. Y para la corrupción, garantismo. Observar el cuadro, e imaginar conclusiones.

Año	Deuda externa (u$s)	Reservas Banco Central (u$s)	Tipo de cambio      u$s x $	Precios consumidor (inflación)	Desempleo
Diciembre 1999 (cierre ciclo Menem)	145.289	27.831	1,00	-1,8	13,8
Diciembre 2001 (cae De la Rúa)	166.272	19.425	1,00	-1,5	18,3
Diciembre 2002 (en enero asumió Duhalde)	156.748	10.485	3,09	41	17,8
Diciembre 2003 (en mayo asumió Kirchner)	164.645	14.119	3,00	3,7	17,3
Diciembre 2013 (gestión Cristina Kirchner)	137.613	30.529	5,46	10,8	7,1
Diciembre 2014 (estimado)	sin datos serios	25.500	9,10	30	10

Fuente hasta diciembre 2013: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina

Para concluir con esta secuencia 2001-2002-2013, e ir avizorando nuestro destino en las postrimerías del 2015 y comienzo del 2016, en la próxima reflexión recordaremos parcialmente quiénes ganaron y quienes perdieron en la crisis 2001-2002. El método aplicado no fue neoliberal y/o nacional-popular, sino genérico. Se llama clase dirigente argentina.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE 2001 Y 2002

Los ciudadanos alejados de prebendas y/o negocios con el Estado, se aproximan peligrosamente al reclamo político de “Necesitamos del esfuerzo de todos los argentinos”. La consecuencia irremediable será que los más débiles deberán subsidiar a los responsables de las recurrentes crisis económicas, ya sea con indigencia, desempleo o pérdida de ahorros. Señalamos en la última reflexión similitudes y diferencias con la crisis que estalló en diciembre del 2001, en lo referido a lo político. Intentaremos hacerlo en el presente comentario en lo económico.

Se supone que apoyarse en números no debiera admitir grises: son ciertos o son falsos. Sin embargo es más fácil manipular a la opinión pública con números que con palabras. Cómo encarar un análisis entonces? En primer término, transparentando las fuentes de información. En este caso, se utilizó lo publicado en los principales medios de comunicación, entre septiembre de 2001 y abril de 2002, con opinión de analistas económicos, políticos, y datos de organismos oficiales y privados. Vale una aclaración que no debiera sorprender: la casi totalidad de los actores intervinientes en ese entonces, sean públicos, privados o gremiales, tienen vigencia hoy.

El siguiente paso sería establecer indicadores económicos y sociales relevantes, interrelacionándolos a lo largo de períodos claves. Es lo que se conoce como serie estadística comparable. Según sean las metodologías de relevamiento u objetivos sectoriales, siempre existirán diferencias entre fuentes estatales y privadas. Pero quien está obligado a ser técnicamente impecable y creíble es el Estado, no solo por abarcar el interés común de todos los argentinos, sino porque sus indicadores debieran determinar políticas de gobierno posibles. El manifiesto falseamiento de datos del INDEC trastoca de manera irresponsable la precisión en los análisis estadísticos secuenciales, y más grave aún, distorsiona predicciones económicas futuras. Para los sectores sociales más vulnerables, como les gusta denominarlos a los políticos, discutir si la inflación es del 25, 30 o 40 % es, sin exageración, criminal. Recordemos, para evitar que los empresarios se escondan tras la Presidente, que la cúpula de la Unión Industrial Argentina, entre otros sectores privados, avaló, consintió o ignoró la distorsión de datos del INDEC, por lo menos durante los tres primeros años.

Datos ciertos no son suficientes para informar a la población. Es necesario establecer una misma base de partida para todos los indicadores (base 100), y no saltar de mes en mes según nos convenga. Por ejemplo, supuestos éxitos actuales tienen valores muy distintos, según la base sea noviembre de 2001 o enero 2002. La razón es simple; la salida de la convertibilidad en enero con la fuerte devaluación, inicialmente con una paridad de 1,40 pesos por dólar, y que solo dos meses después alcanzara un valor de 4 pesos, redujo violentamente el poder adquisitivo y el empleo.  No fue en el gobierno de la Alianza, sino en el justicialista de Duhalde.

La primera enseñanza, es que la expresión de políticos y economistas planteándonos que hay que esperar hasta diciembre de 2015 para “que cambien las expectativas”, peca de necedad o de engaño. En el 2001 los problemas subyacentes de años atrás se desencadenaron en pocos meses. Diciembre 2015 queda muy lejos para esperar que las decisiones impopulares las tome el próximo gobierno, con el apoyo de la gran mayoría del actual espectro político, incluido el kirchnerista. Pasó en el 2001. El apoyo mancomunado que se le negó a De la Rúa, lo obtuvo Duhalde pocos días más tarde, con la adhesión del radicalismo incluida. Previamente se asistió a despiadadas internas justicialistas que dieron lugar a tres presidentes en diez días (Puerta, Rodriguez Saá y Caamaño). Una ironía típica de nuestra clase dirigente: el candidato de consenso elegido, Duhalde, había perdido las elecciones presidenciales tan solo dos años antes. El hartazgo llevó al recordado clamor popular: “Que se vayan todos”.

Tanto candidatos oficialistas por ahora, como opositores por ahora, todos ellos expertos en diagnósticos y paladines del canto “yo tengo fe”, debieran proponer acciones de corto plazo, y mediano plazo a partir de diciembre de 2015. La acción legislativa oficial y opositora, debe posibilitar adoptar decisiones en lo económico a ser mantenidas por el próximo gobierno, para no afectar una vez más al país. Y las propuestas divergentes, plasmarlas en lo que nuestros abuelos llamaban plataforma electoral. Solo una salvedad: que los consensos no incluyan mantener vigente la protección de la corrupción estatal/privada, que es la que origina, por otra parte, las recurrentes crisis económicas.

Con esta reseña preliminar, en la próxima reflexión daremos cifras comparativas entre el 2001/2002 y la actualidad. No menos interesante,  recordaremos sacrificios realizados por fuertes grupos económicos, ante el reclamo político de contar con “el esfuerzo de todos los argentinos”.

AMENAZA DESTITUYENTE: ESTRATEGIA O REALIDAD?

Desactivado el golpe militar para derrocar gobiernos constitucionales, los grupos civiles interesados en tal objetivo perdieron la cobertura uniformada.  Como sustituto apareció el sofisticado neologismo destituyente, o dicho más correctamente, “neogolpismo”. Consiste en el accionar de grupos pretendidamente demócratas, aunados para conspirar y actuar dentro de marcos supuestamente constitucionales, contra gobiernos democráticamente constituidos. El neogolpismo, impedido de invocar la otrora noble intención de “recuperar la democracia”, apela a nuevas terminologías, tales como vacío de poder o tendencias autoritarias, que para tener efecto exigen un caldo de cultivo ineludible: crisis económica y agitación social.

Esta modalidad tuvo varios ejemplos desde el 2000 a la fecha en nuestro continente, como en Argentina, Honduras y Paraguay. Ante el no muy lejano reemplazo del gobierno de la Alianza en el 2001, no debemos dejar pasar por alto las denuncias formuladas por la presidente Cristina Kirchner contra grupos tanto internos como externos.  Más aún, cuando los principales dirigentes políticos, gremiales y empresarios actuales, tuvieron activa participación en la acción destituyente contra el gobierno encabezado por De la Rúa, incluida la propia Presidente, entonces senadora nacional, que desde su banca exigió la inmediata renuncia del en ese entonces mandatario.

No es el objetivo reivindicar al gobierno de De la Rúa, lo que se asemejaría a un irrelevante ejercicio de opinión, sino mucho más preocupante, destacar peligrosas similitudes y diferencias en los campos políticos y económicos, entre la actualidad y la crisis del 2001. Preocupa particularmente, que tanto oficialistas como circunstanciales opositores intentan disimularlas o negarlas ante la opinión pública. Obviaremos amenazas externas, sean orientales u occidentales, y estériles debates sobre el fallo del senil juez Griessa; la mala Repsol o la buena Chevron; el malo Paul Singer o el bueno George Soros; la utilización de dólares o yuanes, etc. La razón es simple: cualquier ataque buitre externo necesita de la acción carroñera previa de buitres criollos. En nuestro caso, el nivel de corrupción y enriquecimientos patrimoniales de altos funcionarios públicos y empresarios asociados, indican la abundancia de la especie en nuestro país.

A diferencia del gobierno de la Alianza, la presidenta cuenta con el manejo de todos los resortes de información calificada en los campos de inteligencia, economía y política, tras once años ininterrumpidos de gestión kirchnerista. Posee el apoyo público de los gobernadores, mayoría en las dos Cámaras, un poder gremial debilitado por divisiones pero siempre listo para acuerdos en su propio interés, y un poder judicial cuanto menos, neutralizado. Con ninguno de estos beneficios contaba De la Rúa. Peor aún; su gobierno albergaba la cúpula del  Frente Grande, cuyos principales dirigentes se incorporaron a paquete cerrado al actual gobierno, entre ellos uno de los responsables de la debacle del 2001, el ex vicepresidente Carlos Alvarez.

Cuál es entonces la situación explosiva hoy? En lo político, un hecho reiterativo, que paradójicamente permitiera el ingreso de la Alianza al gobierno. Salvajes internas de raíz justicialista para mantener espacios de poder. Pero la acción destituyente del 2001, fracasó en el recurso de reemplazar anticipadamente gobiernos no justicialistas bajo el eslogan “no saben gobernar”, y se encontró con la sorpresiva y justificada reacción masiva de la sociedad, unificada bajo el recordado reclamo “que se vayan todos”. Ello generó un temor inédito en la clase política que aún perdura, y actúa como antídoto ante cualquier nuevo intento de neogolpismo. Salvo honrosas excepciones, los políticos del 2001se quedaron todos, pero al amparo de híbridos y oportunistas Frentes, Concertaciones, Uniones o similares, “enriquecidas”  con pequeñas agrupaciones sectoriales irrelevantes y casi patriarcales, solo útiles al efecto  de que sus progenitores políticos accedan a una banca legislativa o a un cargo público. En este esquema vigente, ser oficialista u opositor es solo una situación temporal acotada, por lo que la representación de los votantes es inexistente. Ello explica la desaparición de las plataformas electorales con compromisos concretos, y los partidos justicialista, radical y socialista identificados como tales en una elección.

Respecto al 2001, se observan dos indicadores en lo político: 1) la certeza que la dirigencia no volverá a intentar un neogolpismo destituyente, en defensa de su propia supervivencia. 2) un escenario político-partidario volátil y oportunista disfrazado de pragmático, mucho más peligroso que el que existía en el 2001.

En la próxima reflexión incursionaremos en indicadores de la economía, estableciendo diferencias y similitudes con la crisis del 2001. De no revertirlos, nos acercamos peligrosamente a la nefasta frase para  las clases medias y más vulnerables, en boca de políticos que viven de los recursos del Estado: “Necesitamos del esfuerzo de todos los argentinos”. 

ALTERNATIVAS DE PERSONAS Y NO DE POLÍTICAS

Señalábamos en la última reflexión que intentaríamos identificar los principios y programas que sustentan las tres opciones con caudal electoral necesario para ser consideradas opción de gobierno a partir de diciembre de 2015. Para ello partiremos de sus raíces históricas, que si bien puede parecer arbitrario, al menos nos evita partir de la atomización partidaria y la anomia. Son tres opciones que denominaremos:

1) Vertiente justicialista, se presente como oficialismo u oposición.

2)  Vertiente radical-socialista, circunstancialmente conocida como UNEN.

3) Vertiente partido nuevo conocido como PRO, con base en el Gobierno de la Ciudad.

La crisis política argentina aflora desde el inicio del intento de análisis: es mucho más inmediato establecer similitudes entre ellos que diferencias programáticas. Ello echa por tierra el engañoso reclamo preelectoral de “falta diálogo”, sino por el contrario, revela la existencia en las últimas décadas  de un permanente diálogo entre las mismas clases dirigentes, solo que basados en principios de permanencia e intereses personales, y no en reclamos sociales mayoritarios. Por otra parte, a falta de partidos tradicionales y consistentes que cohesionen opiniones y políticas, cabe preguntarse: diálogo con quienes?   Con los ex radicales Zamora, Posse y Moreau? Con los peronistas De Narváez, Mendiguren, Moyano y Menem? Con los mimados por Hebe de Bonafini, llámense Boudou, Schocklender y Milani? Con los mini partidos porteños de Solanas y Patricia Bullrich? Con la insoportable autosuficiencia de Elisa Carrió, creadora pertinaz de partidos? Con el actual funcionario y ex vicepresidente de la Alianza Carlos Alvarez?  Con los incombustibles De la Sota y Rodríguez Saa? Con la centro derecha, centro o centro izquierda? Con peronistas línea  menemista, kirchnerista o renovadora? Con radicales puros o radicales ex K?

Todos los citados conforman una mínima expresión de quienes han dialogado en forma sostenida durante las dos últimas décadas, siempre bajo el paraguas protector de los abundantes recursos del Estado. Cierto es que pueden existir algunas peleítas mediáticas, pero nada personal. Solo al efecto de mantener espacios de poder. Cumplido este requisito, el juego de alianzas puede ser insólito e infinito.  Citemos entonces similitudes entre quienes pretenden ser diferentes.

1.- Vulneración permanente de las leyes vigentes. El ejemplo más reciente es el desaforado inicio de la campaña electoral 2015, anticipando en 10 meses lo indicado en el artículo 31 del Capítulo IV de la ley electoral 26.571, que indica que la campaña electoral deberá iniciarse 30 días antes de las elecciones primarias, previstas para el domingo 09 de agosto de 2015.

2.- Mantenimiento de una anacrónica legislación de elección de candidatos, como las llamadas listas sábana y la no implementación del voto electrónico, entre otras medidas.

3.- Protección creciente de los funcionarios políticos para restringir al máximo el cumplimiento y conocimiento público de la declaración de bienes durante el desempeño de la función pública.

4.- Eludir la presentación de un proyecto de ley que establezca que todo funcionario procesado, de rango político, automáticamente deberá dejar su cargo, pues si bien le cabe presunción de inocencia, su condición procesal no lo habilita para manejar decisiones o recursos públicos. El caso más explícito es el del senador Carlos Menen, al que ninguna agrupación política pidió su desafuero. En Argentina, un condenado puede legislar.

5.- Cesión permanente al Gobierno nacional por parte de gobernadores y sus legisladores, de atribuciones que le son propias o corresponden al Poder Legislativo,  siendo los responsables, y no el Ejecutivo nacional que lo promueve, que el federalismo en nuestro país sea una entelequia.

6.- Negar el acceso de la población a los cargos públicos a través de concursos que reconozcan méritos y necesidades en pie de igualdad, manipulando los ingresos y obligando a que los ciudadanos paguen con sus impuestos bases militantes rentadas, transformando a las instituciones del Estado en costosas, ineficientes, y por lo tanto innecesarias.

A partir de esta realidad, intentaremos en la próxima reflexión un tibio y apresurado análisis de las opciones electorales para el 2015, al menos desde lo cuantitativo.

OBJETIVO 2015: CAMBIAR PARA QUE NADA CAMBIE

Existen dos vertientes clásicas para reflexionar sobre política. Una de carácter utópico, representada entre otros por Platón, Santo Tomás de Aquino y Rousseau, que nos propone que la política nos debe conducir a una sociedad armónica y con bienestar general.  La otra, de carácter escéptico, que analiza la política como es y no como nos gustaría que fuera, tiene como exponentes a Maquiavelo y Max Weber.

Si bien el discurso político se asienta en lo utópico y falsamente moralista, el ejercicio del poder, muy especialmente cuando se desea mantenerlo a lo largo del tiempo, apela al más crudo realismo. Se intenta sintetizar la filosofía de Maquiavelo con la célebre frase “el fin justifica los medios”, que provoca una falsa repulsa en los políticos. Pero si abandonamos la seducción de las palabras y nos guiamos por lo incontrastable de los hechos, la vigencia de su obra “El príncipe” es asombrosa, porque más allá del contexto político en que la escribió hace ya más de 500 años, se sustentó en algo que excede lo temporal: la condición humana. Más concretamente, la condición para ejercer el poder y mantenerlo.

Citaremos solo dos de sus conceptos, que por su vigencia nos permitirá iniciar la reflexión sobre nuestra coyuntura política criolla, que hasta el momento va a contramano de la racionalidad para lograr el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático. “Es menester que el príncipe tenga el ánimo dispuesto a cambiar según los vientos de la fortuna y las circunstancias. Sabrá apartarse del bien mientras pueda y saber entrar en el mal, si es necesario”. No podría asimilarse a lo que nuestros eternos políticos llaman pragmatismo? Ejemplo: que casi los mismos que privatizaron YPF, veinte años después la reestatizaron, siendo el único factor común en ambos casos el perjuicio económico para el país.

Escribió Maquiavelo: “Todos ven lo que el príncipe parece, pero pocos comprenden lo que es; y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de muchos, que tienen la majestad del Estado que les proteje”. No guarda esta expresión una increíble similitud con lo que en la modernidad se conoce como “imagen”, en donde se gastan fortunas entre consultores y publicistas, para transformar a los candidatos en productos que “parezcan”, y a las ideologías en marketing político?

Un factor distintivo de nuestra realidad política, es el mantenimiento de una misma clase dirigente durante al menos los últimos veinte años. No solo política, sino gremial y empresarial. Paradójicamente ello no posibilitó la existencia y continuidad de un proyecto de país, sino exhibió fuertes oscilaciones entre supuestos neoliberalismos o progresismos, más declamados que ciertos. Lo que sí se mantuvo inmutable es una metodología de permanencia en el poder, ya no solo de gobierno, sino de cargos de representación en general. Lograrlo significó destruir partidos políticos sólidos; mantener sistemas electorales que limiten al máximo la capacidad de decisión de los ciudadanos; y coptar todos los organismos de control a fin de salvaguardar sólidos entramados de negocios entre funcionarios públicos y empresarios privados asociados, muchos de ellos simples testaferros, para saquear recursos y decisiones públicas. Todo ello con manifiesta protección judicial, salvo honrosas excepciones. El plañidero reclamo de “institucionalidad”, que responde a la vertiente utópica, solo es utilizado en las campañas electorales. Porque la intención de continuar usufructuando las mieles del Estado por parte de nuestra clase dirigente, exige el estricto cumplimiento de la vertiente del realismo, excelentemente descripto por Maquiavelo. Esto explica la falta de alternativas en nuestro país. Qué alternativas y a qué?

Hoy ya sabemos que, inevitablemente, gane quien gane, a partir de diciembre de 2015 la dirigencia será la misma. A la ciudadanía solo le resta, con la colaboración de organismos no gubernamentales de interés público, y medios de comunicación no comprometidos con la mediocridad, sean o no oficialistas, intentar fisurar al menos el tramposo mensaje que intenta hacernos creer que existen oficialismos y oposiciones, o dicho de otro modo, exigiendo al menos dos proyectos de gobierno claramente definidos y sustentables desde lo político, para que la ciudadanía realmente pueda elegir.

Para avanzar sobre este diagnóstico, en la próxima reflexión intentaremos identificar las características de las tres opciones con caudal electoral para el 2015: 1)Vertiente justicialista, se presente como oficialismo u oposición; 2) Vertiente radical-socialista, circunstancialmente conocida como UNEN; 3)Vertiente partido nuevo conocido como PRO, con base en el Gobierno de la Ciudad.

LAS MÁXIMAS DE MÁXIMO

Finalmente Máximo, hijo de la Presidente, habló en público. Lo hizo en un estadio de fútbol ante aproximadamente unos  40.000 asistentes, según refieren las crónicas. Más allá del clásico debate en cuanto a número de asistentes a un acto masivo, la convocatoria tuvo una trascendencia que no cualquier político puede lograr, especialmente los acostumbrados a los confortables sets de televisión para promocionarse.

La escenografía habitual de este tipo de actos presentó algunos aspectos distintivos. Una amplia mayoría generacional  joven, y ausencia de patotas gremiales y barras bravas del fútbol  “cuidadoras del orden”. Indefectiblemente el orador tenía a sus espaldas a beneficiarios de cargos públicos bien rentados, con algunos funcionarios “veteranos” en la búsqueda de apoyo político para sus aspiraciones. Los concurrentes daban la impresión de no haber sido arreados por intendentes o gremialistas, con servicio de transporte, básico de bolsillo para actos, y choripán incluídos. La angustia de la necesidad de subsistencia que sufren quienes deben “hacer número” en las concentraciones, era suplida por el auténtico y siempre positivo entusiasmo juvenil, sanamente utópico en algunos aspectos.

Sin embargo, más allá de sofisticadas elucubraciones respecto al verdadero objetivo del encuentro,  el discurso se sustentó en lo más triste y rancio de la actualidad política argentina, apoyando ancestrales formas de nepotismo colonial. El reclamo, dada su condición filial, orilló el ridículo: si tan mala es mi mamá, porqué no dejan que se presente nuevamente al cargo de Presidente, y le ganan?, clamó Máximo. Como suele suceder en estas circunstancias, los obsecuentes de siempre, ya sin el beneficio de la juventud, salieron en apoyo del desafío barrial. Cabría preguntarse entonces, si un período de 12 años de gobierno ininterrumpidos, son insuficientes en un pretendido sistema democrático. Cuando decimos ininterrumpidos, es porque así será. Las permanentes denuncias de desestabilización son meros recursos distractivos. No hay que ser eximio analista para saber que el PJ (el pejotismo como decía Néstor Kirchner), jamás actuará para voltear un gobierno propio. Un ejemplo es el ex vicepresidente Carlos Alvarez, uno de los principales responsables de la crisis del gobierno de la Alianza en el 2001. Desde hace más de tres años ocupa cargos con generosos salarios en representación del gobierno en el exterior. Una campaña periodística, por su parte, puede esmerilar imagen, pero jamás voltear.

Sin embargo, sería injusto presentar el reclamo filial como extemporáneo, criticándolo desde el oportunismo fácil, y no en el marco de una pretendida sociedad moderna que estamos lejos de alcanzar. Se fundamenta  Máximo en su propia provincia, que tiene reelección indefinida; en gobernadores que transformaron a sus provincias en verdaderos cotos familiares y de negocios, coptando toda institución de control. En el “ex radical” Zamora, que instaló de apuro a su esposa como gobernadora en Santiago del Estero, al declararse inconstitucional su pretensión de presentarse una vez más al cargo. Todo esto en medios de sociedades empobrecidas dependientes de la prebenda de un cargo público o subsidios estatales humillantes que mantienen a sucesivas generaciones de ciudadanos en condiciones de extrema pobreza, y con una degradación permanente de la escuela pública que hace rato perdió su condición de “nivelador social”. Sin ir más lejos, recientemente el gobierno de Scioli  decidió anular los aplazos en las escuelas primarias, y designar docentes sin título. El éxito se consigue cumpliendo con los días de clase prometidos con una aceptable calidad de enseñanza, no ocultando estándares de nivel educativo.

Mucho más preocupante para la sociedad, es que el acto y el reclamo de Máximo desnuda la enorme mediocridad de la clase política para formular propuestas concretas de gobierno, o diseñar un futuro de país, como pomposamente les gusta decir a los políticos en programas de televisión. Ya no a mediano plazo, sino a octubre de 2015, para una vez en funciones actuar de inmediato. Esto incluye al propio oficialismo, cuando Scioli dice que será la “continuidad con cambio” (reconozcamos que Scioli es un maestro en hablar sin definir nada), hasta la supuesta oposición, embarcada en el minué de elegir compañero para la fiesta de 15 (perdón, para la elección del 2015), sin definir previamente una plataforma con políticas básicas que establezcan puntos concretos para debatir acuerdos o divergencias.

Máximo podría haber dicho con justa razón: aparte de las decisiones de mi mamá, alguien tiene otras propuestas a futuro?