CONFUSIÓN ENTRE IDEOLOGÍA Y OPORTUNIDAD (primera parte)

El reciente anuncio presidencial de la expropiación de acciones de la empresa Repsol para que el gobierno asuma el 51 % de las acciones de Repsol-YPF, es posiblemente el mejor ejemplo de la viabilidad de nuestras hipótesis de trabajo para reflexionar sobre la actualidad política, que son las siguientes:

1)      La existencia de una continuidad de actores políticos en el manejo de los asuntos del Estado como mínimo durante las dos últimas décadas. El fenómeno se replica en los ámbitos judiciales, empresariales relacionados con el Estado y gremiales.

2)      El mantenimiento de un sistema de representación electoral que hace difícil la sustitución democrática de una verdadera oligarquía política enquistada en los niveles legislativos, que se intenta disimular generando falsos debates entre supuestos oficialismos y oposiciones, o supuestos progresismos o neoliberalismos.

3)      La ausencia de oposiciones coherentes y confiables, haciendo sospechosos a sus principales referentes de incapacidad o complicidad.

Siempre es aconsejable establecer y dar a conocer las hipótesis de trabajo que justifican los análisis y opiniones vertidas sobre determinados temas, dado que si no se comparten, las conclusiones a que se arriben serán seguramente divergentes.

Una frase de Maquiavelo escrita hace más de quinientos años en su clásico libro “El Príncipe”, que mantiene plena vigencia en la política mundial, expresa que … “Nunca faltaron a un príncipe razones legítimas para disfrazar la inobservancia”. Breve, genial, y una de las más criticadas, porque la verdad para un político siempre duele. Cuando a los principios de Maquiavelo para mantener el poder se le agregó la poderosa maquinaria de la propaganda política surgida en el siglo XX, no casualmente desarrollada por las dos grandes expresiones autoritarias de la derecha fascista y la izquierda bolchevique, se configuró una estructura poder-propaganda que no tendría marcha atrás.

Aplicado el concepto al caso Repsol-YPF, es sabido que los mismos actores que en 1994 aprobaron la privatización de YPF (Menem; Kirchner; Parrilli; Felipe Solá; Carlos Ruckauf; Jorge Yoma; el actual integrante de la Corte Suprema Maqueda,entre muchos otros), hoy apoyan y celebran la reestatización de la empresa española Repsol, que sin ser una petrolera reconocida en el mercado internacional, adquirió las acciones del Estado que en 1999 vendió el gobierno de Menem a precio vil. Las razones legítimas y épicas de la propaganda de hace 22 años eran “la modernización del Estado y nuestro ingreso al primer mundo”; las de hoy son “la recuperación del patrimonio y soberanía nacional”. Sin embargo resumir el actual debate a la supuesta incoherencia de la clase política, no solo sería una crítica superficial, sino falsa. Sencillamente porque no hubo un cambio de actitud política entre la privatización y la reestatización. La privatización de YPF del gobierno de Menem con el apoyo de las provincias petroleras, se debió a problemas fiscales y de corrupción; exactamente los mismos factores que llevaron a la reestatización hoy. El apoyo de Kirchner hace 22 años le significó el ingreso de 500 millones de dólares a Santa Cruz; con igual entusiasmo lo acompañaron las provincias petroleras gobernadas por radicales o partidos provinciales, que recibían sumas similares en función de sus producciones. Así como en 1994 YPF daba pérdida por corrupciones políticas; enormes sobrefacturaciones de proveedores privados y complicidad gremial, hoy se denuncia el vaciamento de Repsol-YPF por las mismas razones., en donde las sobrefacturaciones de antaño al Estado, fueron reemplazadas con la privatización por las remesas de utilidades al exterior, constatadas y consentidas por los funcionarios designados por el Gobierno nacional en los distintos directorios. Hace 22 años la privatización diluyó el castigo a los corruptos; hoy la expropiación tendrá la misma consecuencia. Ello explica porque ni oficialistas ni opositores promueven la lógica acción penal por vaciamiento, que evitaría indemnizaciones. Proteger el interés nacional no es pagar indemnizaciones a los responsables extranjeros del vaciamiento, y mantener impunes a los funcionarios argentinos que lo permitieron.

Hay un aspecto que no se puede dejar de mencionar, ante el reiterado reclamo que hacen casi con exclusividad sectores liberales críticos al gobierno: la seguridad jurídica, que es una condición de la democracia asociada al principio de igualdad. Pero lamentablemente hay que recordar a sus férreos defensores que los únicos que tienen capacidad de vulnerarla son los sectores poderosos.

Por lo tanto plantear el debate en términos de ideología es engañoso. El caso Repsol-YPF  muestra que los principales referentes de nuestra clase política actúan basados en el principio de oportunidad. El concepto “ideología” se refiere genéricamente al estudio de las ideas, que aplicadas a la política actúan sobre la realidad en base a dos componentes: la representación del sistema de ideas (programa de un gobierno), y el plan de acción para implementarlas . La “oportunidad” por su parte, se relaciona con actuar en una coyuntura favorable o desfavorable determinada, aprovechando una conveniencia circunstancial de tiempo y lugar. En qué opción ubicaría el lector al caso Repsol-YPF?

En la próxima reflexión continuaremos desarrollando el caso Repsol-YPF por ser de máxima trascendencia para nuestro país. Será el turno de poner el foco de atención en el desmpeño de los sectores políticos supuestamente opositores, y de los gobernadores de las provincias petroleras.

UNA MISMA POLÍTICA CON DOS CARAS

El falso debate entre supuestos liberalismos y progresismos (se usa el término “supuestos” por la facilidad que los representantes de un sector tienen para pasarse al opuesto según sea quien gobierne), se utiliza para sostener un sistema de representación política que asegure la permanencia de los mismos actores a lo largo de décadas, conformando verdaderas “oligarquías” que diluyen las tan invocadas ideologías con la excusa falaz del pragmatismo. A tal punto llegó “el gran acuerdo político” entre los que hacen de los cargos públicos un usufructo permanente, que ni siquiera intentan generar oposiciones serias, y menos aún sostener la existencia de partidos políticos activos. Esta mimetización de identidades y estrategias se visualiza hoy con claridad en el trámite de traspaso de subterráneos del Estado nacional al Gobierno de la Ciudad.

En la puesta en escena de debates plagados de adjetivos y carentes de detalles contractuales, el kirchnerismo utiliza el ropaje del progresismo, y el macrismo el del liberalismo, relegando al ciudadano a participar como mero espectador de un partido de tenis, girando la cabeza a la izquierda para escuchar el discurso nacional, y a la derecha para oír la contrarréplica del gobierno de la ciudad. Pero como en el tenis, derechas o izquierdas no indican posiciones ideológicas sino estrategias de juego, que haga creer a la sociedad que asiste a un enriquecedor debate con el único objetivo de lograr el bien común.

Las similitudes se inician en la comunicación, que insólitamente encabezan las máximas autoridades de la Nación y de la Ciudad, dra. Kirchner e ing. Macri respectivamente, y no los ministros de las áreas responsables. La situación se agrava cuando salen a opinar las segundas líneas de funcionarios, que ansiosas de hacer mérito ante sus respectivos jefes emiten opiniones esclarecedoras tales como: “la Presidenta es soberbia”; “ Macri es caprichoso”.

Las semejanzas se agravan en dos aspectos esenciales de la negociación: el constitucional y el contractual. Respecto al primero se invoca el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que explícitamente impone al Congreso que no podrá aprobar transferencias de servicios sin la respectiva reasignación de recursos. Sin embargo la reiterada violación de la Constitución por todos los sectores políticos, hace que su cumplimiento no pueda ser invocado como argumento. Paradójicamente el mejor ejemplo lo brinda la propia ciudad de Buenos Aires, cuando en el año 1996 se aprobó la ley 24558, llamada ley Caffiero por ser este legislador su autor, por la que se limitó severamente la autonomía que la reforma constitucional de 1994 le había otorgado, entre otros campos, en el del transporte y servicios públicos. Respecto a someter a consideración de la Corte Suprema el conflicto entre Nación y Gobierno de la Ciudad, hace escasos días el dr. Zaffaroni, quien fuera además convencional en la reforma de 1994, manifestó que sus integrantes estaban discutiendo si correspondía darle a la Ciudad el mismo rango que a las provincias, para eventualmente estudiar el caso y expedirse. Con estos antecedentes, respecto al argumento constitucional es oportuno seguir el criterio que comparten en sus actitudes supuestos progresistas y liberales, y dejarlo de lado.

Por lo tanto nuestro interés deberá centrarse en el marco contractual, en donde “ambas diversidades ideológicas” coinciden en proteger a la empresa privada, en este caso Metrovías, perteneciente al Grupo Roggio, excluyéndola insólitamente del proceso de negociación. Es justo aclarar que es habitual que en este tipo de renegociaciones los funcionarios públicos excluyan a los grupos empresariales privados relacionados, por desempeñarse éstos como naturales “derivadores” de fondos públicos. Esta actitud puede observarse claramente hoy en los casos de los grupos Cirigliano (catástrofe en estación Once), y la ex imprenta Ciccone, además de la mencionada Metrovías. Pero como en el traspaso de los subterráneos negocian grupos que se promocionan como “antagónicos”, deberemos rebelarnos ante tantas semejanzas, solicitándoles que en lugar de saturarnos con mensajes insustanciales, informen a la comunidad, que es la que inevitablemente deberá afrontar los costos de las decisiones que se adopten, los siguientes aspectos:

a) Cómo es posible que la transferencia de los subterráneos u otros servicios públicos no se negocie tripartitamente, en este caso con Metrovías? O recién una vez transferidos los subtes la ciudadanía deberá soportar los reclamos pendientes de ésta empresa, habitualmente escudados en acciones directas gremiales?

b) Porqué no se explicita cuál fue el criterio, monto y contraprestación que motivó el subsidio nacional a Metrovías, y compararlo con el flujo de fondos de la empresa (ingresos-egresos)?

c) Porqué no explicita el Gobierno de la Ciudad que análisis de costos realizó para decir públicamente que el boleto sin subsidio saldrá cuatro pesos? Tomó conocimiento de los balances de Metrovías, su nivel de endeudamiento y costos operativos?

d) Verificó el Gobierno de la Ciudad en que porcentaje el supuesto “quebranto” de la prestación del servicio que justificó el subsidio, se debe a subcontratos sobrevalorizados firmados con empresas pertenecientes al mismo grupo? Dentro del “quebranto”, cuales son los gastos asentados en los balances en concepto de “comisiones y asesoramiento”?

e) Se verificó que Metrovías haya cumplido con la reposición de vagones y materiales amortizados según el contrato de concesión, que vencerá el 31 de diciembre de 2017? Qué obligaciones tiene vigentes Metrovías hasta el final de la concesión?

Está claro que para un país diezmado por la corrupción, es más importante conocer datos como los mencionados, a que la Nación y la Ciudad acuerden dividir el subsidio en 50% y 50%. Cuando se aplique la “sintonía fina” a la evaluación económica, seguramente se verificarán incumplimientos contractuales y sobrecostos, parte de los cuales son devueltos por la empresa a funcionarios y gremialistas en concepto de “retornos”. Pretenden los progresistas y liberales que los continúen pagando los usuarios en el costo del boleto? Por eso los subsidios masivos son intrínsecamente inmorales; el usuario no le presta atención al valor del boleto y/o servicio porque no lo paga, lo que posibilita negocios escandalosos. Estas preguntas de fondo las responderán los representantes de los gobiernos nacional y de la Ciudad, o continuarán entreteniéndonos con frases de impacto como “Cristina es soberbia” y “Macri es caprichoso”?.

EL GRAN SERVICIO PRESTADO POR BOUDOU

Las opiniones que levantaron las declaraciones de Boudou sobre el caso Ciccone en su reciente conferencia de prensa, tanto en sectores oficialistas como de supuestos opositores, y en medios de comunicación militantes o críticos de la acción de gobierno, obviaron lo más trascendente y posiblemente histórico del hecho: es la primera vez que un vicepresidente de la Nación oficializó de manera indubitable el enorme nivel de corrupción que atraviesa a las instituciones del Estado y privadas interrelacionadas. Un vicepresidente de cualquier país, se cuenta entre los escasos funcionarios que poseen un amplio cuadro de situación del manejo de los asuntos políticos, económicos y judiciales. Más aún Boudou que fue recientemente Ministro de Economía. En honor a la verdad no intentó disimular la posesión de información privilegiada; públicamente brindó nombres y apellidos de personas pertenecientes a los sectores políticos; empresariales y judiciales.

Su investidura hace que no pueda existir marcha atrás; los hechos deberán ser investigados y probados, o irremediablemente Boudou deberá renunciar a su cargo. Transformar sus declaraciones en un juego mediático al estilo “Ud. le cree o no a Boudou?”; “pondría o no las manos en el fuego por él?”, es un infantilismo que pretende desplegar cuanto antes la estrategia del encubrimiento. Si alguien asesoró a Boudou sobre el tenor de sus declaraciones con el único fin de apartar de la causa al juez Rafecas, y rezar para que el caso pasara al juez Oyarbide, le hizo cometer un gravísimo error.

Recordemos sus denuncias esenciales: recibió reiterados ofrecimientos del estudio jurídico del Procurador General de la Nación Esteban Righi para “aceitar” relaciones con la justicia Federal; el presidente de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi le ofreció una coima en nombre del grupo empresario Boldt para que no afecte los negocios del grupo con el juego en la provincia de Buenos Aires; el juez Rafecas realizó un allanamiento anticonstitucional en su departamento, filtrando información a la prensa; aclaró que el pedido de levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone corrió por cuenta del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, como así también el excepcional plan de pagos otorgado a la empresa por su deuda impositiva.

Si se analiza lo que en principio parece una dispersa y caótica lista de acusaciones, en realidad no resulta creativa. Que en el ataque a Ciccone participe Boldt es hasta razonable, por habérsele cancelado abruptamente el alquiler de la planta Ciccone, y tener fluídos contactos políticos al ser una de las cuatro empresas que manejan el lucrativo negocio del juego en el país, actividad que cuenta con facilidades impositivas privilegiadas. Que estudios jurídicos fuertemente imbricados con el poder político intermedien con la justicia Federal para “aceitar” el permanente proceso de impunidad que sufren las causas de delitos económicos contra el Estado, sobornos de funcionarios y enriquecimiento ilícitos, resulta casi obvio. Que representantes de Cámaras privadas interactúen entre empresarios y funcionarios públicos para “aceitar” la relación, es natural en un estado de corrupción.

Lo mas difícil de desentrañar es lo que llevó a Boudou a utilizar su información en una estrategia sin retorno, mas allá de que el mensaje amenazante es la defensa habitual de quien se siente “chivo expiatorio” en casos de corrupción. Sin duda la utilizará Schoklender en la causa por defraudación de fondos públicos en la Fundación Sueños Compartidos el año en que el juez Oyarbide lo cite a declarar; llevará un prolijo detalle de gastos y distribución de fondos entre distintos personajes “intocables” que explicarán el fraude, y ante esos datos Oyarbide pondrá nuevamente el expediente en el refrigerador hasta que opere la prescripción. Sin embargo entre ambos casos existe una diferencia abismal: Schoklender es un personaje secundario que se movió privadamente con fondos públicos sin control estatal, y la información que posee se la mostrará únicamente al juez, como salvoconducto. Amado Boudou en cambio, es la segunda autoridad del Gobierno nacional, y realizó las denuncias públicamente desde el Senado de la Nación.

Una reflexión final respecto a los párrafos dedicados por Boudou a las corporaciones mediáticas y judicial. La mediática como es de rigor, la corporizó en el ejecutivo del diario Clarín Héctor Magnetto. Tampoco el vicepresidente aporta una novedad cuando se refiere a “operaciones de prensa”. En una democracia lo fundamental no es su inexistencia, sino que la sociedad sepa detectarlas. Para este aprendizaje se necesitan vehículos de opinión opuestos, divergentes, polemizadores. La sutil diferencia entre oficialistas y críticos puede residir en que los medios o periodistas de apoyo irrestricto a un gobierno, como sucede por ejemplo con “6,7,8”; Página 12 o Víctor Hugo Morales, jamás le informarán a la comunidad un acto de corrupción cometido por funcionarios pertenecientes al “proyecto nacional”. Del mismo modo, los medios críticos al gobierno como Clarín; La Nación o Editorial Perfil, no están exentos de defender intereses particulares ajenos al interés común. Pero precisamente en la coexistencia de la diversidad reside la democracia, posibilitando nuestra mejor formación política, al poder analizar opiniones divergentes sobre un mismo tema. Es cierto también que los medios cobran gran relevancia en los casos de corrupción, pero ello es imputable a la ausencia de una oposición que cumpla con su deber de controlador del ejercicio del poder, y de información a la ciudadanía.

En cuanto a la “corporación judicial”, si bien existe como tal, desde el punto de vista del interés común es mas relevante hablar de la “independencia judicial”. En este aspecto la actuación de la justicia federal en los casos de corrupción estatal se resume en un largo listado de sobreseimientos y prescripciones, aún en los casos con culpables confesos. (IBM-Banco Nación y Skanska, entre otros). Las declaraciones de Boudou también colaboraron para transparentar el fuerte nexo político-judicial. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, anunció que denunciará a un juez federal por “mala conducta”. Contra lo que se pueda suponer no denunciará al juez Oyarbide por la causa Fundación Sueños Compartidos, o al juez Bonadío por la investigación de la catástrofe en estación Once. Acertó el lector: denunciará al juez Rafecas por el caso Ciccone.

LIBERALISMO O PROGRESISMO: FALSO DEBATE PARA QUE NADA CAMBIE

Las últimas dos décadas han exhibido una recurrencia política que no reconoce muchos antecedentes a nivel mundial: adopción de medidas de gobierno totalmente contrapuestas adoptadas por los mismos actores políticos, que engañosamente pretenden escudarse en posturas filosóficas antagónicas: supuestos liberalismos o progresismos. Posiblemente este absurdo repetido hasta el hartazgo, haya obrado en el inconsciente de manera sorprendente para quien nunca fue peronista, haciéndome recordar a Juan Domingo Perón en su recordada postura a favor de una Tercera Posición, ante la falacia ideológica de posguerra de presentar la opción entre capitalismo y comunismo como inevitables. En su libro “El proyecto nacional” Perón decía que el desarrollo intenso de la política internacional impuso la necesidad de crear instrumentos para manejarla, surgiendo las que llamó las “Grandes Internacionales”. Expresaba textualmente: “El capitalismo y el comunismo soviético no son sino dos de ellas, aparentemente contrapuestas pero, en realidad de verdad perfectamente unidas y coordinadas” (página 32). Está de más señalar que políticamente Perón inevitablemente estará entre las figuras históricas más controversiales, pero lo que muchos desconocen es que fue uno de nuestros pensadores geopolíticos más trascendentes.

El recuerdo inconsciente de Perón no fue caprichoso; sirvió para asimilar su concepto a a la falsedad del debate que se quiere instalar hoy en la sociedad, entre supuestos liberalismos y progresismos, para que nada cambie en lo que en el “setentismo” se denominaba “oligarquía política”. Esta situación explica además que la ausencia de oposición desde hace años, dramáticamente expresada en la última elección presidencial, y el grosero aumento de dietas legislativas con el acuerdo y silencio de todos los bloques partidarios, no es casual.

Temas trascendentales y estratégicos como la explotación de hidrocarburos; línea aérea de bandera; sistema jubilatorio; rol del Banco Central, por citar los más conocidos, merecieron decisiones políticas y legislativas absolutamente contrapuestas en pocos años, aún dentro de un mismo período de gobierno, increíblemente llevadas a cabo por los mismos actores políticos. El fenómeno se manifiesta no solo en las acciones, sino también en las omisiones, como la de mantener inalterable la matriz de corrupción entre funcionarios públicos y empresarios privados; la permanencia en sus cargos de jueces federales que le brindan cobertura; el mantenimiento de sistemas de distribución de los ingresos públicos que transforman en declamatorio al federalismo, con la imprescindible complicidad de gobernadores y legisladores provinciales; mantenimiento de sistemas electorales que llevan a su mínima expresión la posibilidad del ciudadano de elegir a sus representantes (listas sábanas; candidaturas testimoniales).

El mejor ejemplo de lo expresado es el actual debate acerca de la explotación de los hidrocarburos por parte de las petroleras, concentrado en su principal actor, la empresa Repsol – YPF. Al respecto, para quienes somos neófitos en el tema, es recomendable leer el artículo “Una nueva política petrolera” que publicara en La Nación el pasado 27 de marzo el ex gobernador de Santa Cruz en el período 2003-2006, Sergio Acevedo.

Mientras Pacho O´Donnell continúa investigando la verdadera causa del fusilamiento de Manuel Dorrego, retrocedamos pocos años para recordar el trámite de privatización de YPF. Obviamente generó gran resistencia social y legislativa, con el rechazo total de la UCR, que en esa época existía. Ante la dificultad de obtener los votos necesarios, se conformó el habitual “lobby”, en donde no se discute de liberalismos o progresismos sino exclusivamente de dinero. La estrategia esencial del “lobby” para vencer resistencias fue contar con el apoyo unánime de todas las provincias petroleras: Santa Cruz; Chubut; Neuquén; La Pampa; Mendoza; Salta; Jujuy y Formosa, que estaban agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. El 21 de agosto de 1991 asumió la presidencia de la Organización el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. El 30 de agosto del mismo año, Carlos Menem, Domingo Cavallo y José Luis Manzano suscribieron un acuerdo con Santa Cruz por el que la Nación le reconocía una deuda de 480 millones de dólares, pago que quedaba sujeto a la sanción de la ley de privatización de YPF, por una cláusula que indicaba que si no se aprobaba el acuerdo quedaba sin efecto. Del mismo modo se acordó con las restantes provincias petroleras el pago de importantes regalías producto de la venta de la empresa, proporcionales a sus producciones. Las provincias patagónicas, principales productoras, estaban gobernadas por un justicialista en Santa Cruz; un radical en Chubut y un integrante de la familia Sapag en Neuquén, pero en esa instancia dejaron de debatir acerca de Perón, Yrigoyen y la familia Sapag, y fueron mancomunadamente en busca de los fondos. Se consiguió la unanimidad deseada a favor de la privatización, y el 24 de septiembre de 1992 por la noche la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de privatización, siendo miembro informante el diputado neuquino Oscar Parrilli, actual secretario general de la Presidencia..

Entre quienes habilitaron el tratamiento y aprobación de la ley de venta de YPF se encontraban los hoy vigentes Felipe Solá; Eduardo Amadeo; Eduardo Camaño; Oscar Lamberto; Jorge Yoma; el actual integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda; Carlos Ruckauf, y el mencionado Oscar Parrilli. El presidente de la Nación era el hoy senador nacional Carlos Menem (en diciembre ningún legislador objetó su jura); en Santa Cruz eran legisladores provinciales Cristina Kirchner y el actual jefe de la SIDE Héctor Icazuriaga, quienes promovieron un proyecto en su legislatura provincial que avalaba la privatización.

El problema político que arrastra nuestro país no surge de la confrontación de posiciones en defensa del interés nacional, sino de la peligrosa y creciente concordancia de los distintos sectores políticos para perpetuar sus privilegios personales, intentando disimular esta realidad tras falsos debates ideológicos.

EL ESPECTÁCULO SUPLE A LA JUSTICIA

En el análisis de la matriz de impunidad que protege invariablemente a la corrupción de los funcionarios del Estado y sectores privados asociados, cuyo último ejemplo lo constituyó la tragedia de la línea Sarmiento en la estación ferroviaria de Once con 51 víctimas fatales, es momento de incursionar en el rol que cumplen los medios de comunicación al dar a conocer a la comunidad los hechos delictivos de funcionarios públicos, atento a que son la casi excluyente fuente de información ante la ausencia de un poder legislativo que cumpla con sus funciones de control de las acciones del Estado, y un poder judicial dedicado a brindar cobertura a los actos de corrupción con los consecuentes enriquecimiento ilícitos de los involucrados.

Previamente, recordemos que a 30 días de la tragedia, el caso de Once está siguiendo el curso de acción judicial y político habitual en las impunidades: el juez Bonadío mantiene en reserva al expediente sin dar vista siquiera al fiscal; están actuando peritos designados por el juez que informarán que la culpa fue del maquinista, sin que exista contraparte por parte de los familiares de las víctimas; el Gobierno puso al frente de la Secretaría de Transporte a un abogado en lugar del renunciante ingeniero agrónomo, indicativo de que el conocimiento de una actividad compleja como la del transporte no es lo que importa; y se prorrogaron todos los plazos que públicamente la Presidenta planteó como ineludibles: informe de los peritos; intervención en TBA y decisión respecto de la concesión entregada al grupo Cirigliano.

Retomando el rol de los medios de comunicación, es necesario recordar que como tales son empresas que subsisten en función de una rentabilidad, y responden a determinadas líneas de pensamiento o políticas, y en su extremo, a posturas militantes. Todos ellos necesitan sustento económico para subsistir, ya sea de origen público y/o privado. Se aclara esta obviedad para no utilizar la existencia de lógicos intereses de los distintos medios de comunicación (buenos o malos), para combatir la libertad de expresión en aras del pensamiento único poseedor de “la verdad”. Lo importante para una sociedad democrática es que coexistan distintas expresiones, como por ejemplo el programa televisivo “6,7,8”, y los periódicos “Página 12”, “La Nación” y “Clarín”, para mencionar a oficialistas o críticos del poder político. La necesidad de los medios de contar con un número importante de clientes o seguidores (concepto de comunicación de masas), exige formular algunas observaciones en cuanto al manejo de la información en los casos de corrupción en el Estado, obtenida en general por fuentes variadas y confidenciales. Se suma a lo expuesto que ante la certeza de que las corrupciones no serán castigadas judicialmente y que la noticia necesita “impacto”, se instala la noticia en base a personajes emblemáticos, antes que en una racional secuencia cronológica del hecho delictivo, lo que es aprovechado por las partes interesadas para lograr que el caso se diluya hasta el próximo escándalo, y así sucesivamente. Citemos dos ejemplos recientes: la defraudación de fondos públicos de la Fundación Sueños Compartidos, conocido como “caso Schocklender”, y el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, conocido como “caso Boudou”.

En mayo de 2011 se tomó conocimiento público de la defraudación de parte de los 180 millones de dólares otorgados por el Estado nacional a la Fundación Sueños Compartidos que encabeza Hebe de Bonafini, y que gerenciara Sergio Schocklender. No fue casual que de inmediato se iniciara el proceso de impunidad con el pícaro eslogan “a las madres de Plaza de Mayo no se las toca”, como si las pobres madres que perdieron a sus hijos en la dictadura fuesen además responsables de defraudaciones. Nadie duda que la sra. Bonafini carece del conocimiento y formación necesaria para manejar una empresa constructora, con un volumen de ingresos que tienen pocas empresas nacionales. La responsabilidad de la sra. de Bonafini, que no es judiciable, es haber mezclado derechos humanos con adhesiones políticas irrestrictas en base a aportes de dineros públicos. Punto y aparte. Sergio Schocklender por su parte, es un emergente que aprovechó el total descontrol de los fondos. Quienes deberían estar en el foco inicial de las sospechas y consecuentemente de las investigaciones son el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, arqto. Bontempo, y Subsecretarío de Obras Públicas ing. Fatala, responsables del otorgamiento del dinero, seguimiento de su aplicación y control de las rendiciones, lo que debería constar en un expediente único y cronológicamente ordenado, con informes de varias instancias de control. Cuando manifiestan que “delegaron” esta responsabilidad en otras jurisdicciones, es falso: sus responsabilidades como otorgantes de los fondos públicos son indelegables. Esto explica porque el juez Oyarbide se dedica con exclusividad a Schocklender, mas allá de que el caso concluya sin castigos, dado que lo que sí conoce muy bien Schoklender es la ruta y distribución del dinero. Por lo tanto lo que la ciudadanía intuye es correcto: caso cerrado.

Respecto al caso Ciccone Calcográfica el ardit se repite: el apellido “impacto” es el del vicepresidente Boudou, obviando un agravante: la Presidenta no puede decir “qué vicepresidente me pusiste Néstor”. Es lógico suponer que el Caso Ciccone implica una serie de influencias políticas que incluyan a Boudou, pero al igual que en la Fundación de Bonafini con Schocklender, Boudou no es el fondo de la cuestión. En este caso las investigaciones deben comenzar por el origen del problema, que es el expediente judicial por el que el juez en lo Comercial Javier Cosentino decretó en el 2010 la quiebra a solicitud de la AFIP, y pocos meses mas tarde, el 24 de septiembre del mismo año de la quiebra, decidió el levantamiento de la misma. Las criticadas gestiones de la AFIP para otorgarle un excepcional financiamiento de la deuda a Ciccone Calcogáfica (convertida en una nueva empresa), y la nota del en ese entonces ministro de Economía Boudou apoyando esta excepcionalidad, son posteriores al levantamiento de la quiebra. La gran pregunta a responder entonces es: porqué y con qué elementos levantó el juez Cosentino la quiebra?

Ambos casos siguen la misma matriz: se utilizan meses de investigación en búsqueda de documentos que deberían estar contenidos en un único expediente (de Obras Públicas en un caso y judicial en el otro), y se centra el foco de atención en dos personajes secundarios: Schoklender y Boudou. Ambos casos también presentan a futuro el mismo interrogante: mantendrá pese a todo el grupo Cirigliano la concesión de transportes ferroviarios? Justificará pese a todo Ciccone Calcográfica su nueva existencia en base a contrataciones con el Estado? La matriz de impunidad vigente desde hace décadas indicaría que sí.

El que más claramente se manifestó respecto al futuro del caso Ciccone fue el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Señaló que habrá mucho ruido pero terminará como con los sobreseimientos de Skanska. Debemos compartir su intuición. Podría haber agregado también las coimas IBM-Banco Nación; contrabando de armas a Croacia y Ecuador; enriquecimiento ilícito del anterior Secretario de Transporte Jaime; sobornos en el Senado……

SOBORNOS, COIMAS Y RETORNOS

Señalábamos en la pasada reflexión que lamentablemente las víctimas inocentes de la reciente tragedia en la estación terminal ferroviaria Once no tendrán justicia, porque el caso seguirá la matriz de encubrimiento que no sufrió modificaciones desde las épocas llamadas “neoliberales” ayer, transmutadas en “progresistas” hoy. Ello no debe asombrar, porque los actores en los campos político, judicial, gremial y empresarial son los mismos desde hace dos décadas. Mientras se entretiene a los ciudadanos con debates supuestamente intelectuales más acordes con las mesas de café universitarias que con la acción política real, en el uso de fondos públicos y negocios públicos- privados nada cambió. Sin embargo el reclamo de justicia de las distintas víctimas de la corrupción para que “lo que les sucedió a ellos no les suceda a otros”, obliga a buscar alternativas mayoritariamente compartidas que de una vez por todas generen cambios reales y efectivos. Una propuesta consiste en modificar nuestra condescendencia cultural de los enriquecimientos políticos de turno basada en la frase popular “roban pero hacen”, para instalar y formar a las futuras generaciones en la consigna “las coimas en el Estado matan inocentes”.

El problema sustancial de las coimas entre funcionarios públicos o gremiales con empresarios privados relacionados con el Estado, no consiste en que son difíciles de demostrar, sino en que el dinero empleado no proviene de una monto “resignado” por un particular, sino del propio Estado a través de sobrecostos, incumplimientos de contratos a favor de contratistas, disminución de la calidad del producto o prestación del servicio brindado, y renegociaciones de contratos lesivas para el Estado. Ese dinero “extra” a su obligación contractual, es el que el empresario parcialmente “retorna” a los funcionarios que viabilizaron su injustificado beneficio. En este contexto la única preocupación empresarial consiste en cómo registrar contablemente la salida de dichos fondos; de ahí el surgimiento de intermediarios con roles pocos claros, empresas fantasmas, facturas falsas, etc. En el caso de dádivas (obsequios, viajes al exterior, alquileres de edificios, etc.), el circuito de verificación es más fácil aún que en el manejo de dinero; en estos casos aparece la figura del “testaferro”, con algunas anécdotas hilarantes, como jubilados con ingresos mínimos dueños de departamentos de lujo; trabajadores humildes que son principales accionistas en empresas; monotributistas encabezando consultoras con el Estado como único cliente, etc.

Cabe señalar que esta matriz de corrupción que no sufrió variantes desde hace décadas, no se aplica al sector financiero por la complejidad y múltiples alternativas de la actividad, a lo que se suma su natural componente especulativo o “de riesgo”, por lo que adquiere características más complejas y sofisticadas. En los casos de corrupción financiera, que obviamente existen y pueden tener enorme impacto en las sociedades (ejemplo: licuación del capital de ahorristas), su característica delictiva en general cae en el campo de la defraudación y la estafa.

Esta facilidad en realizar negociados y enriquecerse en base a fondos anónimos conocidos como “fondos públicos” es la peor de las tentaciones, y la causa por la que las coimas son un serio problema en todos los países, y no casualmente, con los ejemplos más escandalosos en los países más pobres. La diferencia entre países entonces no consiste en la debilidad de los políticos ante la tentación, sino en como reaccionan y sancionan cada país los inevitables casos de coimas.

Seamos insistentes al respecto: el esquema de corrupción impune cierra necesariamente con una amplia cobertura judicial. Políticamente a lo sumo existirá una renuncia a un cargo político, o se soportará un largo juicio que concluirá ineludiblemente con sobreseimientos o prescripciones. También es importante tener presente que la coima es apolítica o multipartidaria, según se mire. En el circuito del dinero nadie se preocupa por averiguar si los implicados son peronistas, radicales, neoliberales o progresistas. Vale la pena recordarlo, porque fervorosos debates políticos mediáticos entre “enemigos irreconciliables”, nos hacen recordar a quienes hace años creían que las luchas en los espectáculos de Martín Karadajián eran en serio.

Hablamos de los partícipes necesarios para que la corrupción esté blindada a los castigos y permita su permanente impunidad. El gobierno de turno sólo es uno de ellos. Cabe ahora analizar la forma en que los casos de corrupción llegan a conocimiento de la sociedad, y de que manera la información, inevitable en una democracia, puede ser distorsionada para neutralizar su impacto político, ocultar responsables, confundir elementos probatorios, y alcanzar finalmente la legalización de la impunidad. En la próxima reflexión comentaremos dos casos cercanos y vigentes: la defraudación de fondos públicos en la Fundación Sueños Compartidos, encabezada por Hebe de Bonafini, y el caso de Ciccone Calcográfica.

LAS COIMAS EN EL ESTADO MATAN INOCENTES

A poco más de quince días de la tragedia en la estación de ferrocarril Once con 51 víctimas fatales, el suceso merece una reflexión enmarcada en lo político. Formularla ahora no responde a cumplimentar con la frase de circunstancia “respetar el luto”, porque el dolor por la injusta ausencia de los fallecidos no tiene tiempos, sino observar el accionar de funcionarios de gobierno, dirigencia gremial, acción judicial y actores políticos en general, en los días posteriores a la catástrofe. Se repitieron las habituales invocaciones y excusas utilizadas en los sucesos que involucran al Estado como controlador y a privados como operadores/ejecutores: “fué un error humano”; “yo avisé que iba a pasar”; “la investigación llegará hasta las últimas consecuencias”, entre otras. Pasó con la tragedia del avión de Lapa en 1999 con 65 muertos; en el derrumbe de las minas de carbón de Río Turbio en 2004 con 4 muertos; en el incendio de Cromagnon también en 2004 con 192 muertos; en el choque de un colectivo con un tren de la línea Sarmiento hace menos de seis meses en la estación Flores con 9 muertos.

En todos los casos la historia se repite: los angustiados familiares de los afectados claman en vano por justicia, para que las irresponsabilidades no se repitan. Sin embargo las impunidades se sostienen con una firmeza y reiteración digna de mejores objetivos. Si los pilotos de aviones, conductores de trenes o colectivos mueren, los errores son humanos, y caso cerrado. Si este primer recurso no es posible, jueces y fiscales diluyen pruebas con engorrosas investigaciones judiciales, en las que priman la morosidad en el manejo de los tiempos, la arbitrariedad en las decisiones y los ocultamientos de elementos probatorios, que eviten el justo castigo a los funcionarios públicos y/o empresarios privados responsables. Cabe preguntarse entonces si la recurrente matriz estrago/delito-intercambio de excusas y acusaciones que aporten confusión-maraña judicial intencionada-sobreseimientos de los culpables o prescripciones si los sobreseimientos tienen extremado costo político, puede ser atribuída a la casualidad. Obviamente que no. Más aún cuando los actores políticos y judiciales desde Menem a la fecha son los mismos. Solo un claro ejemplo: los jueces federales Oyarbide; Servini de Cubría; Canicoba Corral y Bonadío fueron denominados en su momento por los progresistas “jueces emblemáticos del menemismo”. Sin embargo los partícipes del neoliberalismo de ayer mutados en progresistas hoy, no solo los mantuvieron en sus cargos neutralizando todas las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, sino que tratan sin disimulo que las causas mas conflictivas por corrupción estatal terminen en sus juzgados. Nuestros políticos nos engañaron ayer con sus acusaciones a los jueces o nos engañan hoy?

Para los familiares de las víctimas de Once no habrá esperanzas. El curso de acción del juez Bonadío lo refleja claramente en sus dos medidas fundamentales: caratuló a la causa como “estrago culposo seguido de muerte”, y no como un “hecho doloso”. Y admitió como querellante al Estado, uno de los dos principales responsables, para que pueda conocer e intervenir en la marcha del expediente, y fundamentalmente demorar la causa, hasta que el tiempo diluya el impacto en la opinión pública y el hecho se sume a la larga lista de impunidades. Cabe recordar que la acción de querellante por parte del Estado en casos de corrupción, le fue negada por los jueces federales en mas de una ocasión al en ese entonces Fiscal de Investigaciones Administrativas, dr. Manuel Garrido.

Es el Estado el principal responsable? Como tal le cabe la condición de principal, pero de ninguna manera único. Para desentrañar esta matriz de corrupción que arrasa con vidas inocentes no caben las especulaciones políticas, sencillamente porque las víctimas de estas tragedias no son beneficiarios de altos salarios estatales que le permitan debates insustanciales acerca de modelos, neoliberalismos y progresismos. Los que mueren son trabajadores peronistas, radicales, socialistas, apolíticos, y porque no, algunos neoliberales. El mantenimiento de la matriz de corrupción a través de distintos gobiernos indica que tiene partícipes necesarios dentro de un contexto político que excede al oficialismo de turno. No es casual que los políticos referenciales de supuestos oficialismos y supuestas oposiciones, empresarios relacionados con el Estado, gremialistas y jueces federales, sean siempre los mismos.

Solo basta mencionar un ejemplo. A cinco días de producida la tragedia de Once, un programa televisivo político invitó a dos gremialistas ferroviarios, a la diputada Adriana Puiggrós por el oficialismo, y al diputado Claudio Lozano por la supuesta oposición. Ante una pregunta del periodista a los gremialistas respecto a porqué las formaciones de trenes salían si no cumplían los requisitos de seguridad, éstos manifestaron que los maquinistas que formularon esta advertencia fueron sancionados por la empresa. Sorprendente. No están los gremialistas precisamente para defender a sus representados ante estas injusticias, más aún con un gobierno autoproclamado nacional y popular?

La diputada Puiggrós nos informó que el problema ferroviario se inició en 1962 durante el gobierno de Frondizi, y en su reseña llegó hasta el 2003, en donde enmudeció. Completó las insólitas declaraciones el diputado Lozano, que acorde con su rol de “duro opositor”, dijo que el problema de la concesión lo había hecho público en reiteradas ocasiones, pero que lamentablemente los organismos públicos nacionales no habían respondido a sus pedidos de informes y entrega de documentación. Cómo, para tal pasividad en obtener información se le otorga como diputado inmunidad judicial para ser detenido, y cobra $ 35.000 de dieta y otras dádivas como viajes al exterior y pasajes aéreos? Es necesario que tengamos que enterarnos por periodistas de investigación datos, fechas, contratos, incumplimientos, de distintos casos de corrupción, porque ningún legislador es capaz de proveerla? El término oposición tiene una resonancia política trascendente, más si recordamos a legisladores como Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Florentina Gómez Miranda, entre otros. A los actuales supuestos opositores deberemos llamarlos mínoría complaciente, cuando no cómplice ya sea por acción u omisión.

Entrar en el juego de centrar costos políticos exclusivamente en el Gobierno a través de su Presidenta, nos distraerá del fondo de la cuestión, que reside en la existencia de una aceitada matriz de impunidad, que necesita de múltiples actores adecuadamente distribuídos en los distintos estamentos institucionales. Cómo salir de esta trampa? En primer término aceptando nuestras propias culpas como sociedad. Somos extremadamente complacientes con la corrupción política, reflejada en una frase popular que abarca al menos dos generaciones y mantiene plena vigencia: “roban pero hacen”. Es momento de aunar esfuerzos fundamentalmente educativos y culturales para formar a nuestros jóvenes con un nuevo parámetro cultural: “las coimas en el Estado matan inocentes”.

Lamentablemente los familiares de las víctimas no tendrán justicia; ni siquiera resarcimientos económicos acordes al daño, porque los montos asegurados para estos servicios masivos son escandalosamente bajos. En nuestra próxima reflexión profundizaremos acerca de la matriz de las coimas, y colindantemente, como se maneja el debate público para encubrir en cada caso el fondo de cuestión.

EL GRAN ACUERDO POLÍTICO (segunda parte)

En la reflexión de la semana anterior analizamos los parámetros válidos que definen el ingreso razonable de un legislador en el marco del nivel salarial de una sociedad a la que dice representar, para recién entonces juzgar si el incremento del 150 % que se otorgaron a sus dietas en diciembre pasado responde a un principio de equidad.

A escala “macro” partimos del concepto de pirámide salarial como indicador de validez internacional para establecer las políticas de distribución del ingreso. Nos resta complementar el análisis reflexionando sobre el concepto de salario y/o retribución (dieta en el caso de los legisladores). Una definición adecuada y no sofisticada es que el salario es el pago que en forma periódica recibe un trabajador de su empleador a cambio de una actividad productiva, en el marco de una relación contractual. Esos pagos compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Cuando el pago no se realiza en forma periódica (quincenal, mensual), sino referido a una tarea determinada y acotada en el tiempo, la retribución adquiere el carácter de honorario.

Mas allá de la designación de salario, retribución, dieta u honorario, repárese que todo pago implica en su definición una actividad productiva (bienes, servicios,tareas), que para ser cumplimentadas exigen de los actores intervinientes tiempo y esfuerzo, el que es reconocido mediante un pago. En una sociedad existirán inevitablemente quienes por decisión propia o fuerza mayor, carezcan de esos requisitos necesarios; el nivel de subsistencia entonces no es cubierto por un salario, sino por políticas de asistencia social. Considerar ocupado a quien tiene un subsidio oficial llamado “plan trabajar” y no trabaja, es de por sí un contrasentido.

Ahora sí podemos preguntarnos: es lógico que nuestros legisladores cobren $ 35.000 mensuales de dieta, cuando delegaron su obligación de legislar en el Poder Ejecutivo, y prácticamente no elaboran leyes por sí mismos? Cuando no tienen un régimen de asistencia a su trabajo, con los pertinentes descuentos cuando correspondan? Cuando ni siquiera conocen a fondo las leyes que envía el Ejecutivo, y se remiten a aprobar o rechazar según mayorías y minorías? Cuando no ejercen sus funciones en las comisiones que deben controlar al Poder Ejecutivo, o la prestación de servicios públicos?

Surge entonces una pregunta inquietante: se puede recibir un pago regular o circunstancial trabajando en el Estado sin realizar una actividad productiva, y sin emplear tiempo y esfuerzo? En el caso de los legisladores la respuesta parecería ser afirmativa, pero obviamente “en el marco de la legalidad”. La siguiente pregunta es más inquietante aún, por no decir ingenua: puede el Estado manejarse en el marco de la ilegalidad? Desde luego: con sobresueldos no contabilizados o con las coimas, que son pagos que realizan privados a funcionarios públicos con dinero del Estado, que lo provee al privado para su retorno al funcionario aceptando sobrecostos de obras y servicios, o incumplimientos como contratistas del Estado, obviamente todo ello con la debida cobertura judicial.

A la luz de lo expuesto, cobra relevancia lo expresado por el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, al señalar que “me parece una hipocresía tanto revuelo. Si no, tenemos que dejar la política para ricos y ladrones”. Si consideramos que el aumento fue acordado por todos los legisladores sin discusión y en el mayor de los sigilos; que no se cumplen los requisitos de productividad, tiempo y esfuerzo, que se exigen a cualquier trabajador argentino; que no responde al concepto de “mercado” porque son fondos públicos; y el convencimiento que tiene el diputado Domínguez de los políticos argentinos, respecto a que si ganan “poco” serán ladrones, cabe preguntarse si en realidad el aumento de las dietas no fué una coima legalizada, para que los legisladores cumplan desde lo político con uno de los pilares del liberalismo económico sintetizado en la frase del economista francés Vincent de Gournay a mediados del siglo XVIII: “Laissez faire, laissez passer…” (dejar hacer; dejar pasar).

EL GRAN ACUERDO POLÍTICO (primera parte)

En la reflexión del pasado 20 de enero titulada “En política no hay año nuevo”, expresábamos: “El espíritu navideño hizo posible una nueva ratificación del gran consenso que existe entre las diversas fuerzas políticas. En un marco de reserva y sin debates ni acusaciones estridentes se aumentaron las dietas legislativas, con el beneplácito de neoliberales, progresistas, derechas, izquierdas, amigos y adversarios”.

Como es de conocimiento público, en esta semana varios medios de comunicación dieron detalles de los alcances de dicho aumento, dando lugar a las inevitables justificaciones multipartidarias, y declaraciones oportunistas de algunos diputados presuntamente progresistas, quienes manifestaron que solo tomaron conocimiento del aumento cuando cobraron por cajero. Sería menospreciar el significado político del hecho si se lo evaluara desde lo emocional, justificable desde el punto de vista de quienes teniendo la suerte de tener un trabajo estable llegan con sus ingresos a duras penas a fin de mes. La reflexión deberá encararse desde lo conceptual, que es lo que define realmente políticas de gobierno, y muestra el verdadero compromiso de las clases políticas con quienes dicen representar. Es además oportuna una reflexión de fondo, cuando están en pleno desarrollo las paritarias para establecer las remuneraciones mínimas de diversas actividades laborales, y a que recientemente la Presidenta anunció por cadena nacional que el haber jubilatorio mínimo será de $ 1.684, por aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta última mención no encubre una ironía malintencionada que caldee más aún los ánimos, sino por el contrario pretende que nos acerquemos al fondo de la cuestión.

La importancia del nivel de ingresos de los habitantes de un país para determinar su nivel de desarrollo económico y social es algo que comparten las filosofías de derecha e izquierda. Por lo tanto, cuáles serían los parámetros que establecen la razonabilidad de un salario o retribución? La cantidad de beneficiarios por ejemplo? Es un planteo recurrente que se volvió a mencionar con motivo del incremento de las dietas legislativas en más de un 150 %; los jubilados, docentes, personal de la salud, policías, entre otros, son millones, y los legisladores muy pocos. Pese a que este concepto monárquico provocó entre otros sucesos la Revolución Francesa, no lo desestimaremos porque continúa vigente a nivel mundial. Quizás sería mas lógico plantear que como resultado de la división del trabajo y sus retribuciones, se prorrateen los ingresos por el número de asalariados y establecer así un “producto por cápita”, comparándolo con el de otros países? Como elemento referencial puede ser útil, pero aplicado a la realidad hace recordar a un economista que señalaba irónicamente que este indicador nos puede decir que en Argentina se comen dos pollos por habitante/año, pero no reflejará cuantos de ellos se comieron cuatro pollos, y cuantos otros ninguno. Y si se aplica el concepto más universalmente aceptado de la pirámide salarial? Allá vamos.

Todos los indicadores económicos utilizados individualmente, sin interrelacionarlos con otros del mismo país (método utilizado hasta el hartazgo por los políticos y recomendado por los propagandistas), no reflejan la realidad. No tendría mucho sentido comparar el ingreso promedio por trabajador activo de Suiza, Argentina y Angola medido en dólares, por ejemplo, para mostrarnos políticas de distribución del ingreso, o “de la riqueza” si se quiere, término más marketinero, muy utilizado en países en donde los pobres son demasiados. Por el contrario utilizar el concepto de “pirámide salarial”, consistente en comparar los máximos salarios del extremo superior (muy pocos), con los mínimos salarios en la base (muchos), permitirá evaluar políticas de distribución del ingreso, con fuerte interrelación con su “política social”, al arrojar como resultado números abstractos de validez universal. Vale decir, permitirá medir adecuadamente sus desigualdades, y compararlas sin distorsiones dentro del país o con otros países. Cuanto mayor sea la diferencia, más regresivo será el sistema de distribución del ingreso o “de la riqueza”. Casi no hace falta agregar que inevitablemente las mayores diferencias se dan en los países más pobres, que también inevitablemente, tienen las clases dirigentes más ricas y en general corruptas. Para señalar realidades económicas no hace falta hacerse marxista.

La pirámide salarial no discrimina entre salarios públicos y privados; sencillamente evalúa ingresos globales en todo el país. Si consideramos que en el caso que nos ocupa estamos comparando únicamente salarios/jubilaciones manejados por el Estado (el dinero de todos que vuelve al pueblo, diría el especialista de marketing político), las conclusiones pueden ser más preocupantes. De ahí la mención al ingreso mínimo de los jubilados de $ 1.684, que cubre a millones de personas, y su comparación con el ingreso mínimo reconocido a los legisladores de $ 35.000, (veremos que es mucho más). La diferencia es de casi 21 veces. Lo mismo podrán hacer los docentes, empleados de comercio, personal de seguridad, etc., comparando las dietas legislativas con sus salarios mínimos que se aprobarán en breve.

La siguiente pregunta obvia es: éstas relaciones/diferencias salariales son excesivas o razonables? Como para establecer políticas serias hay que evitar demagogias (término más sofisticado que reemplaza a engaños), la pirámide salarial es insuficiente para arribar a una conclusión, porque falta analizar aspectos sustanciales que hacen al concepto de salario y/o retribución. El tema amerita seguir desarrollándolo en la próxima semana. Mientras tanto, quienes estén indignados por el incremento subrepticio de las dietas legislativas, deberán calmarse, y no olvidar que Argentina es un país de buena gente. Como se verá, el marketing político me capturó.

PARADOJAS O ESQUIZOFRENIAS ?

El reconocido analista político Mariano Grondona expresaba en su pasada columna dominical de La Nación: “El poder de Cristina Kirchner se halla en su apogeo. Viene de ser reelecta con el 54 por ciento de los votos. Tiene mayoría propia del Congreso (aunque no llega a los dos tercios que necesitaría para promover la reforma de la Constitución con vistas a su reelección indefinida). Mediante el manejo de la “caja”, subordina a todos los gobernadores de provincia con excepción de Mauricio Macri. No ha hecho caso a fallos judiciales que pretendían limitarla. Controla hasta el mínimo detalle de la economía. ¿Se quiere más?”.

Es interesante analizar este artículo, porque más allá de quienes les gusta etiquetar a las personas u opiniones por ideologías, el dr. Grondona es un reconocido intelectual crítico con el actual gobierno, y de alguna manera su artículo sintetiza el tenor de las evaluaciones que supuestas oposiciones formulan de la acción de gobierno, centradas con exclusividad en la figura de Cristina Kirchner, como en su momento lo fue en Néstor Kirchner. Este planteo no solo es peligroso para un normal desarrollo democrático, sino que configura junto con un nefasto sistema electoral, la base de sustentación que permite la permanencia ininterrumpida de una clase política acomodaticia, siempre inocente del pasado, que parafraseando a la diputada Conti podríamos llamar “eterna”.

Un poder presidencial absoluto en democracia es imposible sin tener un firme entramado de sustentación en niveles empresariales, gremiales, legislativos y judiciales. Ello implica un fuerte desgaste presidencial para negociar los intereses económicos sectoriales y personales de los involucrados. En sistemas dictatoriales se suman a estos actores las fuerzas de seguridad, no ya para buscar picardías juveniles de los opositores que se utilicen para denigrarlos, sino para aplicar el terror a todo lo que suponga disidencia.

El manejo de la “caja” que subordina a todos los gobernadores de provincia es imposible sin la total complacencia de la mayoría de ellos, ya que tienen en sus manos y en las de sus representantes cumplir con la Cláusula Transitoria sexta de la reforma constitucional de 1994, que imponía elaborar un nuevo régimen de coparticipación federal antes de la finalización del año 1996, mandato incumplido a la fecha.

Tampoco es responsabilidad de la Presidenta que en años de crecimiento “ histórico a tasas chinas” (podría decirse tasas brasileñas, chilenas, peruanas u otras naciones latinoamericanas, porque son similares), se apruebe reiteradamente el estado de emergencia económica por parte de representantes legislativos de todas las provincias, otorgando al Ejecutivo poderes discrecionales.

Los fundamentalismos, incapacidades, obsecuencias y engaños son tan criticables en el oficialismo como en las oposiciones. Los ciudadanos ya hemos vivido reiteradamente los resultados: dirigentes de primera línea pasaron de la irrestricta adhesión a Menen, al fervoroso compromiso con la Alianza, a trabajar codo a codo con Duhalde, y se incorporaron sin solución de continuidad a la lucha progresista del kirchnerismo. Justifican tamaño oportunismo en haber descubierto tardíamente que Menem era neoliberal; De la Rúa “aburrido”, y Duhalde jefe de una corporación mafiosa. Que excusa buscarán los irrestrictos adherentes a Cristina Kirchner cuando esta se encuentre en el llano, y deban realizar una nueva voltereta para mantener sus prebendas públicas?.

La realidad es que la sociedad no posee aún opciones de gobierno ni oposición inteligente, por lo que no debemos confundir como naciente oposición a disensos internos naturales en un partido único, no fundamentados en políticas, sino en intereses sectoriales. Si lúcidos analistas políticos como Grondona piensan que una alternativa de gobierno puede ser la “troika” (palabra usada en su columna) Scioli-Macri-Moyano, lo que se conseguirá es que quienes no compartan la perpetuación en el poder, se aferren casi con desesperación a “Cristina eterna”. Cabe señalar que el caso Macri merecerá un futuro comentario, porque se encuentra en una difícil encrucijada para definir una estrategia política para el 2015.

Esta recurrente y engañosa costumbre de centrar todo el devenir político positivo o negativo en Cristina Kirchner nos genera la duda si nos encontramos ante un fenómeno de paradojas o esquizofrenias.

Paradoja es una idea u opinión en apariencia verdadera, pero que en sí misma encierra una contradicción. Plantear que todo gira alrededor de Cristina Kirchner implicaría aceptar que empresarios, políticos, gremialistas y jueces son pusilánimes asustadizos ante cualquier reto, en cuyo caso no habría otra alternativa de que todo gire a su alrededor. Pero conocidos nuestros empresarios, políticos, gremialistas y jueces, muchos de ellos “eternos”, sabemos que ese supuesto temor, sin las correspondientes compensaciones para simularlo, no existe.

Esquizofrenia es un término psiquiátrico que caracterizan diversas alteraciones, una de las cuales esta la distorsión de la realidad.

Las paradojas se manifiestan al plantear a un actor excluyente para evaluar las decisiones de gobierno, ignorando las responsabilidades de funcionarios, legisladores, empresarios, financistas, gremialistas, entre otros. Es de hecho engañosa.

La esquizofrenia se trasluce en planteos reiterados, obsesivos y excluyentes ante personas o posturas, sin alternativas. En este caso no hay engaño; hay fanatismo.

Algo unifica a las paradojas y esquizofrenias de quienes están cercanos al poder: son costosos para el presupuesto público.

EL ANILLO DE OYARBIDE

Es sabido que existen dos vertientes clásicas para el análisis político: la utópica (Platón; Santo Tomás de Aquino), que parte desde un punto de vista ético aplicado a que la política debe estar al servicio de los demás (habitual en los discursos), y la escéptica (Maquiavelo; Max Weber), que la evalúa como es, y no como nos gustaría que fuera (habitual en las acciones).
Hace más de 500 años expresaba Maquiavelo en “El príncipe”, que “ni siquiera una facción victoriosa logró permanecer nunca unida, salvo cuando la facción rival era poderosa. Pero si esta era aniquilada por el bando en el poder, y la victoriosa ya no tenía temores que la limitara ni leyes que la controlasen, se dividía”
Si sustituímos los términos originales “facción” y “bando”, habituales en dicha época, veremos la increíble actualidad de la visión de Maquiavelo respecto a nuestra situación política. Otro término a sustituir es “aniquilar” cuando se refiere a la facción rival (hoy denominada oposición). En nuestro país no hizo falta aniquilar (derrotar), a la facción rival (oposición): esta se derrotó sola, o peor aún, nunca asumió el rol de oposición.
No es casual entonces que las mayores polémicas hoy se dan en el seno del propio gobierno, en donde predominan una vez mas los intereses sectoriales y particulares, antes que disensos en la aplicación de políticas de gobierno.
Pero como está claro que el poder aún continúa plenamente en manos de la Presidenta, con un contexto económico que más allá de predicciones no halagüeñas se lo permite, el juego de intereses en pugna es aún sordo, y enmascarados en el afable “Cristina”, que a futuro es más preocupante que “señora Presidenta”, como posiblemente opinaría Maquiavelo.

Cumplido el sueño de Pino Solanas de acabar con el bipartidismo, y comprobada su nefasta consecuencia, se deberá comenzar a reconstruir una alternativa de gobierno seria y coherente, que no solo actúe como oposición, sino también como sostén democrático legítimo surgido de un razonable apoyo popular a través del voto, para brindar apoyo institucional alejado de lo sectorial y de internismos, en las decisiones transformadoras que se compartan con el Gobierno. “Cristina” no podrá realizar cambios de fondo solo con adherentes obsecuentes y costosos, o con supuestos opositores volubles pagados de sí mismos, cuya preocupación inmediata es como mantendrán sus cargos legislativos en la elección de 2013. Por eso es necesario abandonar por un momento focalizar los debates en si Cristina es buena o mala, y echar una ojeada a las actividades de la oposición, aclarando que en la emergencia llamaremos “oposición” a aquéllos que al menos no proclaman “Cristina eterna”, o los que señalen todos sus defectos sin proponerle alternativas, que como legisladores y representantes partidarios están obligados a brindar.

En este objetivo, cabe analizar la denuncia judicial presentada al Consejo de la Magistratura por la diputada nacional Patricia Bullrich, para que se investigue al juez federal Norberto Oyarbide por la compra de un anillo de brillantes. Esta denuncia merece varias reflexiones, para que la ciudadanía no se vea engañada una vez mas por acciones escenográficas e insulsas, eludiendo transparentar los problemas de fondo.
1.- En primer lugar, una denuncia, a diferencia de una querella, no permite la intervención y seguimiento del denunciante en el expediente. Por lo tanto el objetivo es mediático, sin asumir responsabilidades ni aportar pruebas. Por lo tanto, en el manejo de responsabilidades públicas, basta de denuncias.
2.- Cabe preguntarse además: tiene sentido denunciar a Oyarbide por un anillo sea cual fuere su valor, cuando ningún político oficialista u opositor se preocupa de informar a la ciudadanía el trámite que siguieron las múltiples denuncias ante el Consejo de la Magistratura por su actuación como juez, y los fundamentos de eventuales faltas de mérito?
3.- Tiene sentido denunciarlo por un anillo cuando tiene absolutamente paralizada la investigación de la causa por los millones de dólares transferidos sin ningún control por organismos del Estado a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas, con la posterior defraudación de dichos fondos públicos?
4.- Tiene sentido denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura, cuando este organismo está acusado por supuestos opositores de actuar (o no actuar), por contar con una mayoría oficialista?

Qué debería entonces hacer un verdadero opositor, en su función de contralor que por su carácter de minoría le corresponde en un sistema democrático? Cuanto menos, informar a la comunidad de los actos de gobierno. En el caso del Consejo, informar como se votó ante pedidos de enjuiciamiento por mal desempeño de funciones de los magistrados, muy especialmente en los casos de delitos contra el Estado, o sea, de corrupción económica. En la práctica, esta acción es mas sencilla y positiva para la sociedad, que averiguar como compró el anillo Oyarbide. Los consejeros son solo trece: Oscar Aguad; Mario Cimadevilla; Stella Maris Córdoba; Alejandro Fargosi; Mario Fera; Marcelo Fuentes; Ada Iturrez de Capellini; Luis Ordiales; Carlos Moreno; Daniel Ostropolsky; Ricardo Recondo; Alejandro Sánchez Freytes y Manuel Urriza. Todos son abogados. Intencionadamente no se indica a que sectores representan, y menos aún se los tilda de oficialistas u opositores, porque sería prejuzgar. Son solo trece. Es mucho pedir que alguno de ellos o algún legislador “opositor” nos informe cómo votaron en cada caso de pedido de destitución, como por ejemplo, los que involucraron al juez Oyarbide? O quién o quienes mantienen “cajoneada” determinadas denuncias?

Vale el ejemplo del anillo, porque se avecina una etapa en que será muy importante desentrañar la realidad transmitida a la sociedad, cuando esté enmascarada en altisonancias verbales.
Cierra la reflexión Maquiavelo:”Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí mismo, el segundo entiende lo que otros disciernen y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

EN POLÍTICA NO HAY AÑO NUEVO

Retomamos las reflexiones semanales, ratificando que en política no existen los paréntesis que el ciudadano común establece ante determinadas festividades, en este caso la Navidad y el comienzo de un nuevo año. Por ello haremos un resumen de algunos de los sucesos trascendentes.

1.- Claramente se destaca, por estar involucrada la Presidenta, el erróneo diagnóstico de cáncer de tiroides formulado por reconocidos profesionales inicialmente, y ratificado posteriormente por el Hospital Austral previo a la intervención quirúrgica. Solo cabe una observación: porqué no se informó la existencia del cáncer como “presunto”, como es habitual en estas circunstancias previo a las cirugías, evitando la angustia del paciente y su círculo familiar más íntimo? Como la historia se resolvió felizmente, cerraremos el tema con un toque de humor. Ante la presencia de esta enfermedad que sufren varios presidentes americanos, el comandante Chaves manifestó que quizás dentro de 50 años descubramos que ello se debe al ataque de un virus secreto desarrollado por Estados Unidos en perjuicio de los gobiernos revolucionarios. Ante tamaña elucubración, el mismísimo Súper Agente 86 quedó desconcertado.

2.- La última reflexión del pasado año se tituló “Debacle judicial 2011”. Todo indica que en lo inmediato no se reformulará el sistema judicial para evitarla, por lo que solo nos resta incorporara nuevos casos que ejemplifiquen la crisis. Recientemente el Tribunal Oral Federal Nº 1, con los votos de los jueces Oscar Almirante y Jorge Gettas, y la disidencia del juez Adrián Grunberg, absolvieron a la ex Secretaria de la Función Pública menemista Claudia Bello y otros colaboradores, por la contratación directa de empresas por 9 millones de dólares con los pertinentes sobrecostos realizada hace 12 años, para una campaña de difusión del famoso efecto Y2K, que amenazaba con hacer colapsar mundialmente en el año 2000 a todas las computadoras, predicción que obviamente no se cumplió. Es interesante recordar este caso más allá de la reiteración de impunidad, porque según el calendario maya en diciembre de este año se acabará el mundo, y cabe la posibilidad de que a algún funcionario se le ocurra contratar a alguna empresa para evitarlo, percibiendo la correspondiente coima por si el vaticinio no se cumple.

3.- Siguiendo en el campo judicial, el asesinato del electo gobernador de Río Negro Soria por parte de su esposa, demostró que la justicia no es igual para todos. Insólitamente a 20 días del hecho, la esposa no fue detenida ni sometida a indagatoria. De haber sido una persona humilde y sin contactos políticos, no solo hubiera sido detenida de inmediato, sino se hubiera convertido en personaje de atracción en programas televisivos con invitados que hubieran elaborado las suposiciones mas disparatadas y en muchos casos interesadas para desviar los cursos de investigación, si es que los hay, como recientemente sucediera con el caso Candela, que entre paréntesis, no tuvo avances concretos.

4.- En el conflicto con el campo del año 2008, Scioli lanzó la marquetinera frase “con la comida no se jode”, pese a que el concepto no se plasma en la realidad. Sin embargo recientemente se ratificó que si hay algo con lo que realmente “no se jode”, es con la pasión de los argentinos por el fútbol y sus equipos. En los últimos días del 2011, Javier Cantero alcanzó la presidencia del club Independiente con el 60 % de los votos, derrotando al oficialismo representado por el anterior presidente Comparada, el ex intendente de Avellaneda y actual senador “Cacho” Alvarez, el ex presidente de la UIA Lascurián, Moyano e hijos, y la conspicua barra brava encabezada por “Bebote” Alvarez. No deberían analizar este caso los políticos supuestamente opositores, quienes cómodamente plantean que no pueden cambiar las cosas porque son minoría?

6.- El gobernador de Chaco autoproclamado progresista, Jorge Capitanich, realizó un viaje de placer a Panamá y Haití utilizando el avión oficial de la gobernación, acompañado de sus hijas. En el marco de impunidad en el que recurrentemente se desarrolla el manejo de los fondos públicos con la pertinente cobertura judicial y de organismos de control, el uso del avión no es lo que convierte al hecho en noticia destacada. Lo grave es el intento de Capitanich de justificar la irregularidad aduciendo la gestión de supuestos convenios comerciales con ambos países, con total desconocimiento de los funcionarios de su gobierno, lo que demuestra el menosprecio que el gobernador tiene por el sentido común de los ciudadanos. La insólita excusa recuerda la justificación del capitán Schettino ante el rápido abandono que hizo del crucero italiano recientemente siniestrado: no abandonó el barco, sino que se resbaló y cayó en un bote salvavidas. Aclaramos que tanto las excusas de Capitanich como de Schettino no son simples ironías, sino tristemente reales.

7.- Para concluir con esta reseña, el espíritu navideño hizo posible una nueva ratificación del gran consenso que existe entre las diversas fuerzas políticas. En un marco de reserva y sin debates ni acusaciones estridentes se aumentaron las dietas legislativas, con el beneplácito de neoliberales, progresistas, derechas, izquierdas, amigos y adversarios. Eso sí, concretado el aumento, las distintas fuerzas se juramentaron en mantener bajo el mayor ocultamiento el gasto total generado por cada legislador, y planificar duros debates durante el 2012, para no disminuir el número de ciudadanos que aún creen que existe oficialismo y oposición. Como lo aprobado es secreto, se ignora si para el incremento se utilizó el costo de vida publicado por el INDEC, o el estimado por las consultoras privadas.

Esta breve reseña nos señala que los hechos políticos desconocen las limitaciones de los calendarios. Por el contrario, muchas de las decisiones conflictivas conviene tomarlas mientras la mayoría de los ciudadanos pretenden “desenchufarse” de la realidad.

MODELOS, ESTILOS O POLÍTICAS? (Parte I)

Una democracia, sistema que reconoce "el poder del pueblo" para elegir las macropolíticas y a quienes la llevarán a cabo a través del voto en elecciones lo mas representativas posibles, necesita de opciones para que se cumpla el fundamental requisito de "elegir". En las sociedades más desarrolladas dichas opciones son canalizadas a través de los partidos políticos. Tampoco la existencia de éstos es suficiente, si dentro de su seno se generan férreos aparatos electorales con fuertes contactos con grupos de poder externos al partido, que distorsionen la voluntad de los afiliados, generando corrupción y perpetuación partidaria en la conducción de gobierno. Por lo tanto, la distorsión democrática puede ser encarnada por un "líder" ireemplazable (Batista; Stroessner, Chaves), o por un partido político igualmente irreemplazable (como lo fueron el PRI en México o la Democracia Cristiana en Italia). Vale decir que el voto no es la certificación de que se vive en democracia, sino un requisito indispensable pero no suficiente para comenzar a analizar su grado de calidad. Si alguna duda quedara al respecto, solo basta recordar las escandalosas últimas elecciones en Córdoba para elegir gobernador, los sucesos en Catamarca entre el oficialismo y Barrionuevo, y recientemente las elecciones internas en la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA). Lo mas grave es que las acusaciones de fraude, manipulación de padrones, robo de boletas, y todo tipo de engaños, se cruzan entre quienes días mas tarde nos representarán en funciones ejecutivas, legislativas o gremiales. Ni hablar de las estafas a la voluntad popular "legalizadas", tales como la Ley de Lemas, listas colectoras, listas espejo, y la última bofetada a la cuidadanía plasmada en las "candidaturas testimoniales" , que de tan absurdas no impidió la derrota electoral de sus creadores. Por lo tanto, hay un tema esencial para las elecciones del 2011 del que no se habla: el sistema electoral (acción de elegir por parte de la ciudadanía).
Sigamos adelante con el siguiente aspecto: opciones a elegir. Si aplicáramos la ironía diríamos que en éste punto habría que recurrir a parasicólogos, mediums o pai-umbanda. Pero no nos rindamos tan pronto y sigamos adelante. Una realidad es la desaparición de los partidos como tales, en especial el justicialismo y el radicalismo, mimetizados en Frentes, Alianzas, o subterfugios similares. Entre De la Rúa-Alvarez; Kirchner-Cobos; Lavagna-Morales, no se pueden estar imputandos actos de traición. Plantearon ofertas electorales sin programas comunes ni compromisos fehacientes de sus dirigentes. Por lo tanto sus actos fueron más graves que sus acusaciones cruzadas de traición: engañaron al electorado con supuestas asociaciones inexistentes. Carlos Alvarez, por ejemplo, no tiene ningún pudor en estar usufructuando la beca que le otorgó el actual gobierno como secretario del Mercosur. Los ejemplos citados son mas que suficientes para concluir que los grandes acuerdos interpartidarios preelectorales son un engaño para sumar votos. Los acuerdos interpartidarios para legislar acorde con los intereses mayoritarios de una Nación, son gestos de grandeza.
Este renunciamiento de los grandes partidos a comprometerse ante el votante a gobernar por si mismos, dió lugar a un sinnúmero de minipartidos encabezados por los mismos políticos de siempre, en la búsqueda de cargos y beneficios personales que jamás obtendrían por su caudal electoral, y en donde su supuesta posición "equidistante" termina invariablemente aportando sus votos al poder gobernante. Así surge la extraña figura del "opositor-oficialista", que en función de su nula representatividad (nunca fué votado por sí), jamás se sabe a quien responde. Como se diría en el mundo empresarial, encontraron un magnífico "nicho de oportunidad", para cobrar un sueldo por tareas representativas sin representar a nadie. Recurrentemente aparecen nuevos partidos con una importante fuerza electoral de coyuntura (Partido Intransigente; Frepaso, Coalición Cívica), los que sí constituyen una real y saludable renovación política ante los partidos predominantes, pero que nunca terminan de consolidarse, y en corto tiempo desaparecen.
Ante éste preocupante cuadro de situación, que no podremos evitar en el 2011, solo nos resta analizar las "opciones" desde lo partidario a través de hipótesis de análisis arbitrarias, como resultado de lo expuesto. En tal sentido se decidió nuclear a los partidarios del oficialismo bajo la designación de "el modelo", y a los opositores bajo el rótulo de "el estilo". Los términos no son caprichosos: son sin duda los mas repetidos por unos y otros en sus opiniones en los diversos medios de comunicación.
Las propuestas de gobierno, o bien "ofertas electorales" si aplicamos el léxico del marketing político, solucionada la implementación de un sistema electoral que no distorsione al voto, y una coherencia partidaria que haga viable aplicar las propuestas que pregonan, es el gran tema que nos resta analizar.

LA PROPAGANDA POLÍTICA

La propaganda política consiste en difundir masivamente determinada información con el objetivo de influir y dirigir la opinión, con fines ideológicos y/o políticos.

Si bien su origen se lo ubica históricamente en el Imperio Romano con los escritos de Tito Livio, puede remontarse a centurias anteriores si entendemos que grandes obras de arquitectura de la antiguedad tenían un sentido propagandístico. Pero el desarrollo de la propaganda política tal cual la entendemos hoy, eclosionó dentro de los grandes regimenes totalitarios del siglo XX: nazismo, fascismo y comunismo. En particular se destacó el ministro de propaganda de Hitler, el sociólogo Joseph Goebbels, responsable de once principios de la propaganda moderna, que cabe señalar, son ampliamente utilizados en la actualidad, aún por sistemas democráticos de gobierno. Ellos son:
Principio de simplificación y del enemigo único. Concentrar en una persona o sector esperanzas, culpas y odios es la forma de simplificación más beneficiosa y elemental.
Principio del método de contagio. Reunir a diversos adversarios en una sola categoría o identificarlos con un solo individuo, para lograr su desprestigio más fácilmente.
Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque.
Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Es frecuente el uso hábil de citas desvinculadas de su contexto.
Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar.
Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad».
Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de nuevas acusaciones.
Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, fragmentarias, y habitualmente nunca verificables.
Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, con la ayuda de medios de comunicación afines.
Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. A partir de ésta realidad, se trata de difundir argumentos que estén inicialmente con la muchedumbre, para después doblegarla.
Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que se piensa y actúa como quiere la mayoría, creando una falsa impresión de unanimidad. En concordancia con este principio, en la últimas décadas juegan un papel importante las encuestas de opinión.

Debe destacarse la excelente descripción que en su libro "La propaganda política", realizó en el año 1950 el francés Jean-Marie Domenach, no solo de la propaganda, sino de la contrapropaganda, que tiene sus propias reglas y cabe aclarar no siempre busca la ética de la verdad, sino debilitar el mensaje del adversario.

Así como puede sorprender la validez de los planteos que formula Maquiavelo en el accionar de los políticos contemporáneos para mantener el poder, es manifiesta la adherencia a los principios básicos enunciados que tiene la propaganda política moderna. Esto explica porque la única posibilidad de defensa que tiene la ciudadanía contra el engaño político es el conocimiento, que le permitirá saber que el manejo de las masas en busca de la concentración de poder no ha tenido grandes variaciones desde hace centurias, desde el punto de vista estratégico.

LA CORRUPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS (II)

En nuestro análisis anterior mencionamos algunos casos de corrupción en perjuicio de la administración pública producidos a partir de la instalación de gobiernos democráticos, vale decir, con funcionamiento pleno de los niveles institucionales de contralor. Lo hicimos sin definir el concepto de corrupción, con la intención de asumir que éste tema es sustancial para entender el estancamiento en el desarrollo de nuestro país, más allá de debates conceptuales.

Hacemos hincapié en la corrupción dentro del régimen democrático, porque muchos opinan que tal fenómeno es una característica de los regímenes en los que existe libertad, cuando en realidad lo que sucede es que en las dictaduras no es revelada públicamente. La corrupción genera una aparente paradoja: donde se generaliza, acaba siendo imposible el funcionamiento de la democracia, favoreciendo la prédica de los nostálgicos de "la mano dura", que promueven sistemas de poder en los que de la corrupción no se habla. El punto de equilibrio lo planteó el constitucionalista español Javier Pérez Rollo, al expresar: "La democracia no se caracteriza por la ausencia de corrupción, sino por la forma de hacerle frente".

Basados en los casos públicamente conocidos en los últimos 25 años, sin sanciones judiciales, es evidente que el poder político del signo que fuere no le hace frente. O para decirlo mas claro, un alto nivel de corrupción implica necesariamente connivencia entre oficialismo y oposición.

Cabe preguntarse: afecta la corrupción al nivel de desarrollo de un país y nivel de vida de la "mayoría" de sus habitantes? Que la respuesta la dé la definición de corrupción política: se produce cuando un funcionario sustrae bienes del sector público (de todos nosotros), trasladándolos al sector privado (ya sea a un individuo o a un grupo).

La acción de "sustraer" se manifiesta en sobrecostos en la contratación y pago de obras públicas; aceptar menor calidad y/o cantidad de los bienes adquiridos por la administración pública; no aplicar a los privados sanciones pecuniarias previstas en los contratos; enajenar bienes públicos a valores manifiestamente inferiores de los de mercado; promover legislaciones "de excepción" en beneficio de sectores particulares para obras y/o servicios específicos; eludir sistemas de selección de adjudicatarios de obras, bienes y servicios en beneficio de determinado contratista y/o proveedor.

Todas éstas "contemplaciones" del funcionario público tiene como contrapartida la denominada coima entregada por el privado favorecido, llamada por los políticos "retorno" para suavizar sus culpas. Es aquí donde llegamos al núcleo de la cuestión: JAMÁS el sector privado puso y pondrá dicho "retorno" de su bolsillo, sino que surge del acuerdo entre el privado y el funcionario interviniente para generar artificiosamente sobrecostos que den lugar al monto de la coima, y en muchos casos generen por añadidura beneficios exagerados del contratista y/o proveedor.

Aclaremos que cuando decimos "funcionario público", englobamos a una estructura del Estado que de acuerdo al monto involucrado, alcanza a las máximas autoridades de un gobierno.

Traduzcamos éste concepto en dinero y multipliquémoslo por la cantidad de casos resonantes de los últimos veinticinco años, y tendremos la explicación de nuestro retroceso económico y parte del origen de la demagógicamente vituperada deuda externa. Un caso emblemático que resume la mecánica del acto de corrupción, es el conocido como IBM - Banco Nación, interesantísimo para analizar en un futuro.

Por ello el "acto corrupto" llevado a cabo por funcionarios de gobierno, implica necesariamente una solución de quebranto a las arcas del Estado, en perjuicio de fondos presupuestarios destinados al interés común.

Está claro entonces que la corrupción no puede ser motivo exclusivo de "shows" mediáticos.

LA CORRUPCION Y SUS CONSECUENCIAS ( I )

Previo analizar el concepto de corrupción, es importante establecer el marco de análisis. Nos concentraremos en los delitos contra la administración pública del Estado nacional, que deben ser juzgados y penalizados por la Justicia Federal. Los principales delitos son cohecho; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; evasión de impuestos y contrabando.

La estructura judicial para tales delitos se enmarca en los siguientes Fueros Federales: Penal-Económico; Civil y Comercial; Contencioso-Administrativo y Criminal-Correccional. Los casos mas resonantes desde el punto de vista del involucramiento político y perjuicio a la Nación, estan en la órbita de los doce juzgados Criminales y Correccionales de la Capital Federal, y los ocho Penal Económico, a cargo de los siguientes jueces:

Criminales y Correccionales

Nro. 1 - María Servini de Cubría; Nro. 2 - Jorge Ballesteros; Nro. 3 - Daniel Rafecas

Nro. 4 - Oscar Lijo; Nro. 5 - Norberto Oyarbide; Nro. 6 - Rodolfo Canicoba Corral

Nro. 7 - No hay juez designado; Nro. 8 - Martínes De Giorgi; Nro. 9 - Aráoz de Lamadrid

Nro. 10 - Daniel Ercolini; Nro. 11 - Claudio Bonadío; Nro. 12 - Sergio Torres

Penal - Económico

Nro. 1 - No hay juez; Nro. 2 - No hay juez; Nro. 3 - Subrogante; Nro.4 - Contratado

Nro. 5 - Jorge Brugo; Nro. 6 - Marcelo Aguinsky; Nro. 7 - Marcelo Aguinsky

Nro. 8 - Jorge Brugo

En todo análisis es razonable partir de conceptos de carácter general, para luego incursionar en lo particular. Nuestro acercamiento a la corrupción será una excepción, a los efectos de que no la entendamos como un ejercicio de entretenimiento mediático, protagonizado por actores políticos que actuando tanto como acusadores o acusados, lo hacen bajo el acuerdo de la impunidad.

Si hubiesen dudas al respecto, recordemos solo algunos casos de fuerte impacto económico contra funcionarios públicos de primer nivel jerárquico, producidos en las últimas décadas:

- Pedido de coimas al frigorífico Swift-Armour

- Lavado de dólares provenientes de la droga, con imputación a familiares del entonces presidente

- Irregularidades en la adjudicación de una obra de u$s 250 millones a la empresa Enron en

Neuquén

- Contabando millonario de mercaderías en la Aduana

- Venta de leche en mal estado al Ministerio de Bienestar Social

- Compra de oficinas en Catalinas Norte para la empresa estatal Somisa a un alto costo

- Coimas en la adjudicación del contrato IBM-Banco Nación

- Coimas en la adjudicación del contrato IBM-DGI

- Irregularidades cometidas por el presidente del PAMI Carlos Alderete en la contratación de

servicios para los jubilados

- Irregularidades en la privatización de ENTEL cometidas por su interventora María Julia

Alsogaray

- Compra irregular de 1.200.000 guardapolvos por parte del Ministerio de Salud y Acción Social

- Contrabando de armas del Estado nacional hacia Croacia y Ecuador

- Contratación con la empresa alemana Siemens para la emisión de DNI y un sistema informático

de control inmigratorio de alto costo, con denuncias de pago de coimas

- Coimas pagadas a senadores por la aprobación de la ley de reforma laboral

- Coimas pagadas por la empresa sueca Skanska a funcionarios públicos por la adjudicación de

obras

- Ingreso irregular al país de u$s 800.000 en un avión privado alquilado por la empresa estatal

Enarsa

- Dinero con origen no justificado encontrado en el baño del despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli.

Cuál es el denominador común de éstos casos tomados como testigo por su impacto económico?

Que no tuvieron condena judicial, y consecuentemente, tampoco el Estado pudo iniciar las acciones civiles de resarcimiento económico contra los culpables.

El caso IBM-Banco Nación es emblemático de como se maneja la corrupción mas allá de los gobiernos de turno. La causa se inició en el año 1995 (no hay error: hace 13 años). Hay acusados confesos que devolvieron al Estado durante el trámite judicial u$s 4.500.00 cobrados como coima; otro acusado se suicidó. Sin embargo, el juicio oral y público fué reiteradamente anunciado y postergado, y se especula que en determinado momento se cerrará la causa por prescripción. La causa se encuentra en el Juzgado Federal Nº 7.- Tampoco hay error: es el único que no tiene juez designado.

Luego de ésta introducción, en un próximo análisis podemos comenzar a reflexionar sobre lo que significa corrupción.