SINDICALISTAS O VOCEROS DE EMPRESAS?

Un cambio de gobierno, en reemplazo de quien ejerció el poder durante doce años ininterrumpidos, es momento oportuno para reflexionar sobre vicios recurrentes en los diversos ámbitos sectoriales de poder, para que alejados de grandilocuencias dialécticas, encontremos un rumbo institucional que posibilite un desarrollo sostenible del país. Especial interés reviste el sector empresarial, por su propensión a las evasivas respecto al funcionamiento de las empresas, y a las opiniones políticas públicas. Estas últimas se difuminan tras misteriosos “círculos rojos”, o en trascendidos periodísticos enmascarados en el “off the record” (opino pero no me expongo). Por ejemplo el pasado viernes, resaltaba en su columna del diario Clarín Marcelo Bonelli: “Los empresarios reclaman señales más claras”. En el desarrollo de la nota, no se detallaban cuáles eran las señales pretendidas, y menos aún, que ofrecían los empresarios como contrapartida.

En este contexto habitualmente monacal del mundo empresario, el cambio de gobierno en condiciones económico-sociales difíciles, presenta un fenómeno particular: sindicalistas actuando como voceros de empresarios. Los sindicatos son organizaciones colectivas de trabajadores aunados a partir de actividades específicas, para defender sus intereses comunes ante empleadores y gobiernos. El sindicalista conoce acabadamente el desenvolvimiento de su empresa en particular, y del sector en general. Es sabido también que muchos de ellos amplían su rol específico para incursionar en actividades políticas, siendo habituales participantes en mesas públicas de debate.

Destacamos oportunamente la necesidad de desactivar la vieja  práctica de iniciar negociados y/o maximizar ganancias empresarias, bajo el reiterado señuelo de “crear puestos de trabajo y/o salvar puestos de trabajo”. Por ello llama la atención la frecuencia con la que dirigentes sindicales de sectores privados o mixtos, encabezan reclamos ante el Estado, que debieran ser formulados inicialmente por los empresarios responsables. No hay ingenuidad en este planteo. Debiera quedar públicamente aclarado, primero si la empresa es viable, y luego si la amenaza de despidos buscan evitar quebrantos, o mantener prebendas con ganancias injustificadas, a costa de los recursos públicos. Citemos ejemplos cercanos:

Empresa avícola Cresta Roja. La crisis latente desde años atrás, explotó con el resultado electoral. Solo por información periodística se supo que pertenecía a los hermanos Rasic, y funcionaba con distintos subsidios del Estado. En los cortes de ruta los gremialistas no reclamaban a Rasic, sino al Estado. La justicia también se desperezó con las elecciones, y decretó su quiebra (se embargaron bienes a Rasic?). Actualmente las plantas de Cresta Roja en Ezeiza y Tristán Suárez, están explotadas por un consorcio de capitales argentinos (Ovopror), hasta que se concrete su venta. De sus 5.000 operarios, en esta etapa trabajan 500.

Sol Líneas Aéreas. Nuevamente vía periodística se supo que pertenecía a un consorcio argentino (Horacio Angeli)-español (Air Nostrum), sostenido por un extraño convenio con Aerolíneas Argentinas, que otorgaba al “capital de riesgo” empresario, ganancias aseguradas.

Correo OCA. Pertenece al grupo RHUO, cuyo presidente es Patricio Farcuh. Encabezados por Pablo Moyano, sus empleados reclamaron ante el Banco Central, aduciendo que la no distribución en papel de los resúmenes bancarios, implicaba la pérdida de 4.000 puestos de trabajo. Surgen dudas: esta cantidad de empleados implica distribuir solo los resúmenes?. Hay empleados tercerizados?

Petroleras YPF-PAE-Tecpetrol. Ante la baja internacional del precio del barril de petróleo, las empresas YPF, PAE (grupo Bulgheroni y la china Cnooc), y Tecpetrol (grupo Techint), amenazaron con despidos de personal. Dichas empresas explotan el yacimiento Cerro Dragón, en Chubut, que es el más importante de Argentina. Al frente de los reclamos estuvo el sindicalista Jorge Ávila. El gobierno nacional y del Chubut, hicieron un importante esfuerzo fiscal para aportar nuevos subsidios, reconociéndo un mayor precio del barril. Los empresarios por su parte, no formularon declaraciones, y se desconocen sus aportes en el acuerdo. 

En la intención de desactivar recurrentes eslóganes falsos para posibilitar un verdadero cambio, nos referiremos en la próxima reflexión al rol de los sindicalistas estatales, para desentrañar posteriormente, la absurda y elitista estructura burocrática estatal.  

Buenos Aires, 24 de febrero de 2016

LOS EMPRESARIOS...DÓNDE ESTÁN?

“Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo” (Juan Carlos Pugliese, ministro de economía radical, refiriéndose a sectores industriales y financieros durante la crisis económica de 1989). “Libre juego de la oferta y la demanda” (modelo económico que establece la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo, suponiendo un mercado de competencia perfecta).  “Combatiremos a los grupos económicos concentrados” (frase populista, que deriva en grupos concentrados saludables, y funcionarios patriotas enriquecidos).

Las recurrentes crisis económico-sociales de nuestro país, exhiben la inutilidad y/o falsedad de invocaciones basadas en factores emocionales, conceptos asépticos de carácter universitario, o vocinglerías pretendidamente revolucionarias. Las verdades absolutas no existen. No se convence a empresarios con el corazón; no existen mercados perfectos, ni los países se desarrollan con administraciones elefantiásicas y funcionarios corruptos. Declamar que “la inflación la sufren los que menos tienen”, puede servir como laxante intelectual. Pero se elude decir que con la inflación también se obtienen enormes ganancias, al destruirse los valores de referencia. A la hora de los debates clarificadores, los empresarios no son afectos a la exposición pública, y menos aún, a las precisiones numéricas. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, con Juan Carlos Lascurain a la cabeza, negó públicamente durante los primeros cuatro años de intervención del Indec en el 2007, que se distorsionaran los índices de inflación.

Reflexionemos sobre lo más preocupante en lo inmediato: los precios de artículos de primera necesidad. En la “década ganada” existieron cuatro sectores cuasi-monopólicos con crecimientos económicos exponenciales, claramente verificables a través de sus balances y multiplicación de sucursales: el juego; las telefónicas; el sector financiero y las cadenas de supermercados. Nótese que este crecimiento se mantuvo incluso, con una inflación que en los últimos cuatro años no bajó del 25% anual. El pasado miércoles 10, en un acto con la presencia del presidente Macri, el supermercadista Alfredo Coto anunció inversiones por 3.500 millones de pesos,  y manifestó: “no somos formadores de precios”. Es así?

Los grupos Día (capitales españoles con 781 locales); Carrefour (capitales franceses con 583 locales); Walmart /Changomás (capitales norteamericanos con 174 locales); Coto (capitales nacionales con 120 locales); y Jumbo/ Disco / Vea (capitales chilenos del grupo Cencosud, con más de 43 locales), a los que deben sumarse los híbridos “supermercados chinos”, en Capital Federal y el conurbano bonaerense concentran su máximo poder de decisión para establecer el precio de los productos. Con el agravante que, mientras en la última década el debate se centraba en la oligarquía rural, se les permitía la apertura de locales urbanos de pequeña escala llamados “de cercanía”, que extinguieron los almacenes barriales independientes.  Otro aspecto fundamental que no es mencionado, es su asociación con el sector financiero, a través de las costosamente publicitadas, rutinarias y voluminosas ofertas, atadas al uso de diversas tarjetas de crédito y/o débito, cuyos costos son volcados a los precios. Con tarjeta se puede tener un descuento del 20%, 30% o más. Si se paga en efectivo, no hay descuento. Es claro el ejemplo?

Es entonces evidente que los supermercados son formadores de precios. Compran a los proveedores que desean, les imponen fuertes descuentos por cantidad, e invocan su capacidad de asegurarles flujos de compra regulares. La próxima publicación de listados de precios comparativos, que debiera excluir a las distorsivas “ofertas”, no favorecerá la competencia. Las diferencias en más/menos entre productos iguales serán irrelevantes, porque de no ser así, quedaría descolocado el proveedor de la marca. Si se hiciera una canasta de productos básicos con iguales marcas y envases, se verificará que el valor de las sumatorias entre supermercados no presentará grandes variaciones. Esto se llama “cartelización”.

A los funcionarios públicos la sociedad debe exigirles conocimiento en las áreas de su responsabilidad, capacidad de gestión y honestidad. La buena noticia es que el actual gobierno, cubrió altos cargos con quienes los burócratas todo terreno llaman despreciativamente “gerentes de empresas privadas”. Cumplido el requisito inicial de idoneidad, deberán certificar los de gestión y honestidad. En sus tratativas con las líderes supermercadistas, basadas en la racionalidad y no en inútiles imposiciones, los funcionarios podrían readaptar una conocida publicidad de Coto, y decirles a los empresarios: “Muchachos, nosotros también los conocemos”.

AGENDA DE CORRUPCIÓN

Concluida la feria judicial, retomamos el seguimiento regular de algunos de los innumerables casos de corrupción estatal que asocian a funcionarios públicos con empresarios privados. De este modo, se podrá visualizar la gravedad de una problemática que desangra desde hace décadas los presupuestos públicos. Sus principales patologías, como la cleptomanía dirigencial; organismos de control inoperantes, y justicia lenta y cómplice, no reconocen ideologías. Citemos algunos casos.

1.- Tragedia ferroviaria en estación Once, en febrero de 2012

En diciembre pasado, el Tribunal Oral n° 2, integrado por Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, dictó 21 condenas, que incluyen prisión para Ricardo Jaime y Juan Schiavi (funcionarios públicos), y Sergio Cirigliano y Marcelo Calderón (empresarios privados), entre otros. Se destacan dos aspectos: 1) Plantear que la Justicia es lenta como realidad irreversible, es falso. La constancia y participación de familiares de las innumerables víctimas durante el desarrollo de la causa, como sucediera con Cromañón, muestra que juicios complejos se pueden desarrollar en tiempos razonables. 2) Es la primera vez que reciben condenas empresarios asociados a la corrupción. En este caso, como concesionarios de servicios públicos.

2.- Lavado de dinero a través del grupo empresarial de Lázaro Báez

La sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzum, Hoaracio Cattani y Eduardo Farah, ya a fines de 2014 ordenó al juez Sebastián Casanello, del Juzgado Federal n° 7, que centralizara su investigación sobre Báez, y no en protagonistas menores como Elaskar y Fariña. Casanello lo citó el 13 de marzo de 2015, solo para indagarlo por la compra de un campo en Mendoza. Ante sus dilaciones, el juez federal Martínez de Giorgi acusó por prevaricato a Casanello y al fiscal Omar Orsi, integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, por perjudicar deliberadamente la investigación.

3.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos, para construir viviendas

Causa iniciada en mayo de 2011, con motivo del desvío de 765 millones de pesos entregados por el Gobierno a la Fundación de Hebe de Bonafini. Luego que el juez federal Oyarbide licuara los elementos de prueba, tardíamente los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo apartaron de la causa por mal desempeño. El expediente recayó a principios de 2014 en el juez Martínez de Giorgi, quien lo mantiene sin avances, a la espera de la prescripción.

4.- Quiebra de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Causa iniciada en febrero de 2012. El juez federal Ariel Lijo procesó al ex vicepresidente Boudou, sospechado de quedarse con el 70% de las acciones de la empresa, y otros implicados, que alcanzan a organismos de control estatal; banqueros; empresarios y testaferros. No hay fecha de inicio del juicio oral.

5.- Causa por posible lavado de dinero en la empresa Hotesur

Empresa perteneciente a la familia Kirchner, propietaria entre otros del hotel Alto Calafate, es sospechada de haberse utilizado para lavado de dinero, a través de empresas beneficiarias de recursos del Estado. Entre otras, las constructoras de obras públicas de Lázaro Báez, y Aerolíneas Argentinas. Se investiga también la intervención de organismos como AFIP y Personas Jurídicas. Tras un allanamiento y retiro de documentación en sedes comerciales situadas en la Patagonia, ordenados por el juez Claudio Bonadío en el 2015, este fue apartado de la causa por los integrantes de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. En su reemplazo asumió el juez Daniel Rafecas, con antecedentes de recusaciones y pedidos de juicio político por sus controvertidas actuaciones en las causas sobornos en el Senado; venta de la ex Ciccone Calcográfica, y desestimación sin mayor análisis, de la denuncia del fallecido fiscal Nisman.

Decía el estadista ateniense Solón, hace más de 2.500 años: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 10 de febrero 2016

CUANDO EL TRABAJO EMPOBRECE

El recambio de gobierno, tras doce años de gestión presidencial del matrimonio Kirchner encabezando el Frente Para la Victoria, es oportuno para evaluar aspectos políticos-institucionales que muestran vicios estructurales lesivos para el país, sólidamente arraigados desde hace décadas. Quizás el más relevante, sea el pertinaz y planificado usufructo y desprecio por el Estado. La invocación para esta degradación, debería indignar por su cinismo: “crear puestos de trabajo; salvar puestos de trabajo”.

La oleada de designaciones y contrataciones de empleados públicos durante los últimos meses de la gestión del gobierno anterior, que afectó a los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, con la indisimulable complacencia de los dirigentes gremiales, debería despertarnos inquietudes superadoras del debate circunstancial. Por ejemplo, formularnos preguntas que hoy no tienen claras respuestas: cuáles son las estructuras administrativas del Estado? Cuáles son sus ordenamientos jerárquicos, pirámides salariales y atribuciones específicas? Qué alcance real tienen conceptos como autarquía financiera y salarial; autonomía operativa; atribuciones administrativas; sociedades del Estado o mixtas?

Comentamos anteriormente dos políticas de empobrecimiento del Estado: 1) saturarlo de empleados públicos, paralizándolo; 2) “triangular” recursos públicos entre funcionarios y empresarios asociados, en negocios público-privados específicos. Comentaremos hoy la tercera y más nociva alternativa, vista desde sus impactos económicos. Es la que interrelaciona políticas económicas de carácter general, con beneficios prebendarios a grandes grupos empresarios. No identificaremos responsables, porque en cada caso se produjeron amplios debates, sean acusatorios o exculpatorios, al estilo “yo no fui”, o “no tuve alternativa”. De todos modos, existe amplia bibliografía al respecto, y a través de Internet puede obtenerse buena información. Se destacan tres ejemplos:

1.- Estatización deuda privada en dólares – 1982

En 1982 el Banco Central, tras una fuerte devaluación, vinculó a las empresas endeudadas en dólares en el exterior, con un seguro de cambio basado en una “tasa de variación de precios” local. Sintetizando: cuando el dólar subía, el Estado absorbía de las deudas empresarias, la diferencia entre el incremento del dólar y la variación de precios local. Resultaron favorecidas entre otras, IBM, Esso, Renault, Bridas, Aluar, Banco Río, Banco Francés.

2.- Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) – 1993

Creado en 1944 como Banco de Crédito Industrial, y transformado en BANADE en 1970, tenía el objeto de financiar proyectos productivos a través de créditos “blandos”, preferentemente a pymes. Pero comenzaron a financiarse proyectos de grandes empresas, con aval del Tesoro nacional. Por la altísima morosidad se declaró su proceso de liquidación en 1993. Pero no fue fundido por las pymes. El 60% de la cartera crediticia se concentraba en grandes empresas, tales como Massuh, Alpargatas, Celulosa, Pérez Companc.

3.- Pesificación asimétrica para deudores privados en dólares - 2002

La salida de la convertibilidad a comienzos de 2002, significó una fuerte devaluación. Las obligaciones en dólares se pesificaron a $1,40 por dólar, pese a que el oficial cotizaba a $2,20 por dólar. A los ahorristas particulares se les entregó un bono a 10 años (Boden 2012). Pero a grandes empresas y banqueros se les licuó y estatizó parte de sus deudas, con el procedimiento conocido como pesificación asimétrica. Consistía en compensarles la diferencia entre el dólar de pesificación ($ 1,40), y el oficial ($ 2,20), con la entrega de Bonos del Estado. Entre otras, licuaron parte de sus pasivos Repsol-YPF, Telecom, Telefónica, Aguas Argentinas, Edenor, Edesur, Metrogas.

Valga el recuerdo para asumir que la eficacia del Estado no se mide por escenográficos debates ideológicos, o por saqueadores de recursos públicos disfrazados de revolucionarios. De persistir en grandilocuencias sin resultados, el Estado para salvar “puestos de trabajo”, deberá seguir financiando a multimillonarios. Lidiar con los grandes grupos empresarios, exige una alta profesionalidad por parte de los funcionarios de cada área específica, y una  irrenunciable honestidad. Se logrará?

Buenos Aires, 03 de febrero 2016

LA CONFESIÓN DE VÍCTOR HUGO

En la última reflexión, señalábamos que la política de saturar con personal innecesario a diversos organismos públicos, tiene como consecuencia restarles eficacia en su accionar, para favorecer la corrupción. El denominado “clientelismo político” genera extendidas tramas familiares, de amistad y favores debidos, que anula toda pretensión de los funcionarios y empleados honestos y capacitados, de vulnerar las tramas de impunidad. Quienes lo intentaron, fueron desalojados de sus cargos sin miramientos, carentes de todo apoyo sindical.

Más graves aún, son las tramas destinadas a “triangular” recursos del Estado a través de sectores privados asociados, con enormes impactos económicos y sociales, que en la mayoría de los casos incursionan en responsabilidades penales. Para no entrar en debates estériles y encubridores, aclaremos que no es un fenómeno exclusivamente kirchnerista, sino practicado desde hace décadas.

Un ejemplo del intento de encubrir estas “triangulaciones” públicas-privadas con invocaciones patrióticas y revolucionarias, nos la brindó recientemente la confesión de un excelente comunicador social: Víctor Hugo Morales. Tras ser despedido en diciembre pasado de radio Continental, lo que parecía un hecho contractual privado, Víctor Hugo lo convirtió en una acusación contra el “gobierno fascista de Macri”, por persecución política. Pero cuando se lo consultó acerca de los dueños de radio Continental, Víctor Hugo perdió efervescencia, y expresó: “Yo no sé si es de Prisa o de un señor González de México o de un señor Lorefice”. Cabe preguntarse: no se le ocurrió consultar al infatigable Sabatella en su lucha contra los monopolios, quiénes eran los dueños? Por otra parte, con quien firmó el contrato? Esta “triangulación” se repitió hasta el hartazgo en otros medios de comunicación. Los panelistas de “678”, por ejemplo, no eran contratados por el canal oficial, sino por la productora PPR de Diego Gvirtz. De este modo, funcionarios, empresarios y periodistas “progresistas”, hacían brillantes negocios con productos de bajos niveles de audiencia y discutibles calidades profesionales, pero con adhesión política unidireccional irrestricta. 

Fue el gobierno de Macri responsable de estas bajas contractuales? Lamentablemente sí, al triunfar en la elección presidencial. Pero no fueron necesarios llamados telefónicos desde el poder político. Los empresarios acostumbrados a prebendas y evitar “el capital de riesgo”, jamás solventarán programas a pérdida, y actuarán acorde a los nuevos tiempos. Muchos de ellos, apelarán incluso al recurso de “vender” sus activos casi inexistentes a empresarios menos conocidos en el mercado, para diluir las responsabilidades público-privadas de origen. Bajo el aura virginal de nuevos dueños, los compradores reclamarán nuevos aportes del Gobierno, y de no lograrlo, concretarán la desaparición de las empresas. Esta metodología se extendió a otros campos no tan visibles como el de los medios de comunicación. Al momento, se conocen los casos de las empresas constructoras de Lázaro Báez; la avícola Rasic, y Sol Líneas Aéreas.

Lo indignante de estas operatorias, es pretender encubrir estos negociados entre funcionarios y empresarios, bajo la invocación de “crear y/o salvar fuentes de trabajo”. Para desactivarlas a futuro, lo que no será fácil, será oportuno que ante el “eslógan encapsulado”, la sociedad comience a plantearse los siguientes interrogantes:

1) Quiénes son los dueños de las empresas, y que garantías patrimoniales brindaron al Estado para responder por sus empleados y por los aportes estatales recibidos?

2) Qué control ejerció el Estado (Personas Jurídicas, AFIP, instituciones crediticias, etc.), respecto a constituciones societarias, situaciones patrimoniales y cumplimiento de balances por parte de las empresas?  

3) Porqué razón los dirigentes gremiales actúan tardíamente ante las crisis, y cuando lo hacen, exigen respuestas solo del Estado, y nunca exponen públicamente a los empresarios responsables?

En la columna de opinión del próximo miércoles expondremos algunos casos históricos de esta circulación corrupta de fondos públicos, que para muchos resultará sorprendente.

ESTADO POPULAR, BOBO O CÓMPLICE?

Es posible en un mundo con sobreabundancia informativa, mantener el oscurantismo de la impunidad? La respuesta es afirmativa. Existen técnicas específicas para ello. Si el o los sospechosos de delitos pierden la preciada cobertura del anonimato, se apela al recurso de la confusión, mediante acumulación  intencionada o inocente de falsedades o supuestos. Es lo que Jean Marie-Domenach, refiriéndose a la propaganda política fascista-comunista de la última guerra, cuyos principios continúan plenamente vigentes hoy, denominara “El mito. La mentira. El hecho”.

La distancia inevitable entre sucesos y conocimiento popular, no es un fenómeno moderno. En la relación con sus súbditos,  le recordaba Maquiavelo al príncipe: “Los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

En nuestra condición de ciudadanos comunes, el desafío pasa por intentar procesar la abundante información relacionada con hechos políticos. Una alternativa sería enfocar el análisis a partir de tres aspectos: 1) resaltar los puntos básicos del caso en debate; 2) encontrar similitudes con otros casos aparentemente distintos; 3) concentrarnos en detalles no clarificados, o de validez no constatada. El 2015 nos presentó tres ejemplos oportunos para este ejercicio: a) la muerte del fiscal Nisman; b) la fuga de tres condenados por narcotráfico del penal de General Alvear; c) las incorporaciones masivas de miles de empleados públicos en todo el país, a escasos meses o semanas del cambio de gobierno.  

Aunque parezca una redundancia, vale recordar que las irregularidades y/o complicidades se originan ineludiblemente con el nacimiento del hecho que las posibilita. Tanto en la muerte de Nisman como en la fuga del penal de General Alvear, se repitieron dos circunstancias: 1) los custodios (Nisman), y guardiacárceles (fuga del penal), con responsabilidades de máxima seguridad, actuaron con una ineficacia notable. Las respuestas sancionatorias se limitaron a “poner en comisión” o “separar del cargo” a los sospechosos, o muy tardíamente detenerlos. 2) En lo tecnológico, en ambos casos las cámaras de circuito cerrado de TV no funcionaban, y/o no grababan.

Tema no menor por lo reiterado, es el accionar de la justicia. La investigación del caso Nisman, de cuya muerte se cumplió un año, la encabezó la fiscal Fein. Pese a contar con la intervención de los más reconocidos peritos, increíblemente a la fecha siquiera pudo dictaminar si fue suicidio o asesinato. Observada su ineptitud, cabe preguntarse: que formación adicional a la jurídica brindada por las universidades, tienen los abogados para conducir investigaciones criminales? Los principales actores, además, pertenecen al Estado: funcionarios políticos; Poder judicial; fuerzas de seguridad e inteligencia.

Esto ejemplifica más claramente el desprecio por el Estado y los ciudadanos, que significó la demencial incorporación masiva de personal en distintas esferas de los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, a escasas semanas del reemplazo de autoridades. Tal locura se realizó sin distinción de banderías políticas; recibieron este insoportable legado y sus posteriores conflictos, aún gobernadores e intendentes que reemplazaron a quienes integraban su misma agrupación política. Todo ello, con la total y recurrente complicidad de los dirigentes gremiales, más preocupados en incrementar los aportes en sus gremios e incorporar a sus propios privilegiados, que en defender carreras administrativas, condiciones laborales y retribuciones salariales, de quienes realmente dignifican la tarea de empleado y/o funcionario público.

Usar al Estado para subvencionar amigos y familiares sin perfiles adecuados, sin espacios físicos de trabajo, sin horarios ni obligaciones, tiene un objetivo subyacente mucho más peligroso que el declamado “clientelismo político”. Es el de paralizar por saturación a los organismos públicos, para restarles eficacia en su accionar y favorecer la corrupción. De este modo se intenta disimular los enormes negociados del Estado con sectores privados asociados, nacidos bajo la más cínica de las justificaciones: crear puestos de trabajo. Analizaremos próximamente lamentables ejemplos vigentes.

Buenos Aires, 20 de enero 2016

PERONISMO...CUÁL DE ELLOS?

Concluyó el agotador calendario electoral nacional, con el triunfo de la Coalición Cambiemos, tras doce años de gobierno del Frente Para la Victoria. Es oportuno entonces reflexionar sobre el conformado político-partidario resultante, e intentar vislumbrar si será posible una consolidación definitiva de un sistema de partidos coherente en el tiempo, con extensión nacional. 

Según evolucionen los acontecimientos en el corto y mediano plazo, será posible alcanzar un verdadero sistema republicano, representativo y federal, o bien  continuaremos divagando entre grandilocuentes retóricas, y entusiastas prácticas demagógicas y autoritarias. Para disimular las anomias partidarias y programáticas, políticos y analistas continúan apelando a supuestas identidades justicialistas y radicales de vastos sectores de la sociedad, al solo fin de usufructuarlas para acumular votos. A partir de 1999 (PJ-UCD y UCR-FREPASO), justicialismo y radicalismo se mimetizaron en variadas e insólitas alianzas, guiadas más por objetivos coyunturales y de poder, antes que en políticas virtuosas consensuadas. No es casual que casi todos los actores intervinientes en dichas asociaciones estén hoy vigentes y gocen de buena salud. Por haber conducido el país en 24 de los 32 años de recuperada la democracia, plantearemos inicialmente las incógnitas que generan quienes se dicen peronistas, y pretenden ejercer su representación.

1.- En primer término, debemos destacar que la ciudadanía ha brindado sobradas muestras de independencia al momento de votar, buscando siempre la mejor opción electoral para su crecimiento o subsistencia. Por lo tanto el análisis se centra en las clases dirigentes, que pese adjudicarse incomprobables caudales electorales, son paradójicamente responsables de las más insólitas asociaciones electorales, y para obtener cargos se comercializan como “patas” peronista, radical o progresista. Ya en 1983, en donde las pertenencias eran claramente definidas y el PJ-UCR alcanzaron entre ambos el 91,90% del total de sufragios, Alfonsín superó a Luder por el 11,59%. Seguir especulando sobre  cantidades de votos “atados”, carece de sentido.

2.- Caracterizaciones como alfonsinista, delarruista, caffierista, menemista, kirchenirista o massista, deberían servir para una interna, pero no para exaltar personalismos que diluyan sus estructuras de apoyo y  antecedentes históricos. Cuando se habla de menemismo o kirchnerismo como sustitutos de peronismo, Perón queda minimizado a ser invocado solo como recurso electoralista o especulativo. No en vano en los últimos doce años, las figuras de Evita, e insólitamente la del gris y fiel Héctor Cámpora, predominaron por sobre la memoria de Perón.

3.- En la última elección, tres agrupaciones se asumieron de raíz peronista: el FPV (Scioli); UNA (Massa), y Compromiso Federal (Rodríguez Saá). Existiendo internas abiertas y obligatorias para elegir candidaturas, cabe preguntarse: existen entonces tres peronismos? Pareciera imposible. Entonces, lo son realmente, y continuarán existiendo como tales a futuro? Como relacionarán sus eventuales continuidades con la conducción del Partido Justicialista? Este es el gran dilema a resolver. Por su importancia en la reconstitución de representaciones políticas nacionales serias y coherentes, la expectativa excede al justicialismo.

4.- El radicalismo por su parte, sufrió similar fenómeno de dispersión. Muchos de sus dirigentes, con cargo bajo el brazo, se ofrecen como “pata radical”, para dar un barniz pluralista a regímenes personalistas. Por ello es destacable que Ernesto Sanz, tras una ejemplar convención democrática de casi cuatrocientos afiliados, insertara a la envejecida UCR en la coalición Cambiemos, junto con el Pro y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. En su diversidad, sus principales dirigentes exhiben más similitudes que supuestas diferencias ideológicas. Por bien del país, esperemos optimicen con responsabilidad, una coalición inicialmente virtuosa.

5.- El caso de Cambiemos podría señalar un camino al dilema justicialista. En pleno siglo XXI plantear un retorno al bipartidismo justicialista-radical sería anacrónico, y contrario a la necesidad de modernización institucional. Es más importante que las coaliciones consoliden identidades, políticas programáticas básicas, e interrelación partidaria territorial. Salvo la izquierda testimonial, no se justifica que existan en el país más de tres opciones con pretensiones y posibilidades de ser alternativas de gobierno.

La elección del 2015 no debería desembocar en el vicio reiterado de regresos mesiánicos y cultura del fracaso. Solo cabe actuar con inteligencia y grandeza para generar un cambio definitivo de matriz político-partidaria.

Próxima opinión política: miércoles 20 de enero 2016

TODO PASA ... PARA AVANZAR O RETROCEDER?

Dos instituciones aparentemente disímiles en importancia, Gobierno nacional y Asociación del Fútbol Argentino, transitan procesos de cambio en sus conducciones. Las diferencias parecieran diluirse cuando se analizan actores intervinientes; entrecruzamientos de intereses políticos, económicos y empresariales, y vicios de corrupción. El Gobierno proclama que el fútbol es gratuito “para todos”, sean multimillonarios o carenciados sin agua potable y cloacas, y destina cuantiosos recursos económicos sin control. La AFA por su parte, con clubes aún llamados “entidades sin fines de lucro” y  económicamente quebrados, apela al sentimiento que despierta el deporte más popular, para intermediar en escandalosos negociados.

En ambos casos cesaron liderazgos tras extensos períodos de conducción. El kirchnerismo justicialista, al no existir posibilidad de reelección, traspasa el poder tras doce años. La AFA, debido al fallecimiento de Julio Grondona, que la manejó férreamente durante 35 años. Ceder poder siempre ha sido traumático. Más aún en Argentina, donde la alternancia no es considerada una virtud, sino un fracaso. En este tipo de liderazgos, lo legal e institucional no son marcos referenciales, sino trabas a soslayar. El autoritarismo y sus variantes, abundan en la historia. Señalaba Maquiavelo que “en los Estados hereditarios, en los que el príncipe hereda derechos dinásticos, las dificultades para conservar el poder son menores que las que se dan en los principados que llamamos nuevos. Porque al príncipe que recibe el poder por herencia le basta no descuidar el orden establecido por sus antepasados, y contemporizar con los acontecimientos que se sucedan”.

Un símbolo criollo de este pensamiento, lo representa el famoso anillo de Don Julio, con la inscripción “Todo pasa”. Para un autoritario, el tránsito temporal que supone el mensaje es aplicable a circunstancias y entornos, pero nunca a su persona. Se ha dicho que nuestra Nación es aún joven, por lo que su corta historia está plagada de divisiones, contradicciones e interpretaciones maniqueas, resumidas en bueno o malo. Pero esta etapa se nos agotó. Países vecinos como Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, entre otros, la superaron hace tiempo. 

Ante el nuevo ciclo institucional que se abre, es oportuno destacar ciertos aspectos que se irán desmenuzando a futuro.

1.- A partir de 1983 se cerró el ciclo de los golpes militares. Queda por confirmar que también se clausuró la etapa de los golpes mal llamados “institucionales”. En la crisis 2001-2002, la ciudadanía no reclamó “que vengan los que saben gobernar”, sino, enfáticamente, “que se vayan todos”.

2.- Para evitar los oscurantismos que dejan atrás los líderes, y posteriores discusiones banales, el nuevo Gobierno deberá informar a corto plazo indicadores reales a diciembre 2015, como punto de partida de la gestión. Entre ellos, reservas disponibles del Banco Central; deudas externas con entidades financieras y privados, e internas con organismos públicos; inflación; desempleo; pobreza (aclarando que se entiende como tal).  

3.- El peronismo deberá clarificar inicialmente el alcance del término, para luego establecer su verdadera y única representación partidaria. De este modo colaborará en la reconstrucción de partidos coherentes en el tiempo. Sería recomendable que durante esta catarsis utilice el término justicialismo, para evitar el manoseo oportunista del nombre de Perón. Lo sugiere quien nunca fue peronista.

4.- Se deberá evitar la trampa de utilizar los resultados electorales como prenda de negociación y/o presión de grupos políticos. Es un simplismo falso decir que el 51,3 % de los votos de Macri y 48,7 %  de Scioli, muestran un país dividido. La verdadera segmentación se transparentó en la primera vuelta electoral, entre seis agrupaciones políticas. En esta estrategia de simplificación se insertan análisis irónicos y capciosos que señalan que en las manifestaciones de Cambiemos se ven a “blanquitos”, y en las del FPV a “negritos”. Muchos “blanquitos” (sector financiero; supermercadismo; comunicaciones; juego; funcionarios públicos), tuvieron fenomenales ganancias durante la promocionada década ganada. Por el contrario, resultados electorales como los de Jujuy y conurbano bonaerense, mostraron que el ciudadano anónimo necesita hechos, en lugar de revolucionarios enriquecidos y segmentaciones oportunistas.

Según Maquiavelo, Macri deberá afrontar las dificultades de un principado que no hereda derechos dinásticos.

UN PAÍS NO ES UNA EMPRESA

En su obra El Príncipe, escrita en 1513 y dedicada al florentino Lorenzo de Médicis, aconsejaba Maquiavelo respecto a la elección de los ministros: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí; el segundo entiende los que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

En una democracia, esta sensata descripción de capacidades para elegir colaboradores en principados, debiera ser de aplicación para los ciudadanos que asumen la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Por ello debemos reflexionar sobre lo manifestado por la presidente Kirchner en un reciente acto en La Matanza, a días de abandonar el Ejecutivo: “un país no es una empresa”. Su aparente obviedad hace suponer que el mensaje encierra enigmas que intentaremos descifrar, para alcanzar al menos el nivel de “entender lo que otros disciernen”, planteado por Maquiavelo.

País es una delimitación geográfica del concepto político Estado- Nación, que define una forma de organización institucional, para regular la vida comunitaria de sus habitantes. Empresa, por su parte, es una organización dedicada a actividades que persiguen fines económicos, dedicadas a satisfacer demandas existentes o a crearse, y tener utilidades para subsistir. Con sus diferencias de origen, País y Empresa deben interrelacionarse.

En el marco de un País, el Estado debiera atender y regular el interés general. La Empresa por su parte, debiera concurrir a dicho interés general desde su actividad particular. El fracaso del Estado a nivel País, como el de las Empresas en escalas sectoriales, conducen al atraso, pobreza y desocupación. Como los resultados en uno y otro caso dependen inicialmente de los niveles de conducción, la afirmación presidencial pareciera estar dirigida al perfil de los funcionarios públicos. Al efecto existen legislaciones que los definen, emitidas bajo responsabilidad única del Estado. Actuar con eficacia y resultados virtuosos, implica poseer funcionarios (Estado) y gerentes (Estado y Empresas), con conocimientos específicos en su área de responsabilidad, capacidad intelectual y de gestión, y honestidad.

Como es verdad que los afectados por el fracaso del Estado son ciudadanos, y no ganancias empresarias o un limitado número de trabajadores en caso de las Empresas, las exigencias de selección de funcionarios públicos debieran ser más exigentes aún que la de las Empresas. Acá surge la primera contradicción entre la grandilocuencia y la realidad. No pueden reclamar por los perfiles de los funcionarios estatales, quienes desconocen carreras administrativas y méritos específicos, y utilizan al Estado como cotos laborales y de negocios para grupos familiares y de amigos, vicio conocido como nepotismo. Todo ello, bajo la vergonzosa complicidad de los dirigentes gremiales estatales, en el desprecio de las carreras administrativas de quienes aducen defender.

La deshonestidad interna en una Empresa, una vez detectada será castigada. Pero si se utiliza para obtener beneficios o prebendas que maximicen sus beneficios a través de dádivas o sobornos a funcionarios públicos, se la protege y premia. Por ello, la deshonestidad política es mucho más grave para un País que la empresaria, porque consiste en trasladar fondos públicos a empresas privadas enriquecidas injustificadamente, a costo del capital social.

Por lo tanto, el debate funcionario público-privado es falaz y capcioso. Que sería más beneficioso para el País?. Incorporar al gobierno argentinos con capacidad y antecedentes en exigentes ámbitos gerenciales, dispuestos a afrontar el desafío de incursionar en el Estado, o apelar a burócratas baratamente politizados sin capacidad de gestión, conformados por esposos, hijos, cuñadas, nueras, choferes, jardineros y amigos, para manejar organismos y empresas estatales vitales para el desarrollo y crecimiento? Funcionarios además, que al momento de justificar sus crecimientos patrimoniales ilícitos, dicen que tuvieron ganancias….con sus empresas.

Una País exige un serio control de incompatibilidades, mala praxis o actos de corrupción en el manejo del Estado. Esta tarea también es exclusivamente estatal. Está a cargo de organismos de control, poder legislativo y poder judicial. Cabe preguntarse: se decidirán a cumplir con sus obligaciones?

LEYES APROBADAS POR KILO

La aprobación a paquete cerrado de 96 leyes en la última sesión de diputados, debería motivar reflexiones más profundas que la mera catalogación de la sesión como escandalosa. En principio, quedó transparentada la necesidad de una profunda readecuación del marco político-institucional de nuestro país, que alcanza por igual a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Mal se puede exigir eficacia y honestidad a las nuevas autoridades gubernamentales, si las estructuras estatales que deben sustentarlas exhiben corrupción, complicidad y oportunismo.

Personajes marginales como Fariña nos ilustraron que en la corrupción estatal-privada, los montos involucrados alcanzan tal magnitud, que el dinero debe ser “pesado” antes que contado. Pudimos comprobar que con las leyes sucede lo mismo. Quizás con un mejor barniz: el apoyo de la “izquierda”.

Si bien el concepto de corrupción tiene matices que no modifican el daño irreversible que provoca en una sociedad, se coincide en definir que “el acto de corrupción es un término general que cubre el mal uso de la autoridad para la utilidad personal, que no necesita ser monetaria”. Utilizar la autoridad para que legisladores con dietas superiores a los $ 70.000 mensuales e innumerables prebendas adicionales, aprueben un paquete de leyes no debatidas; no conocidas; no entendidas, y menos aún informadas a la sociedad, es un acto de corrupción. El doctor Luis Moreno Ocampo recordaba la fórmula de Robert Kiergaard, experto en control de la corrupción: C=M+D-T (corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia).

Estamos muy acostumbrados a asimilar la corrupción del Estado únicamente con los delitos económicos, emergentes de la complicidad funcionarios públicos-empresarios privados. Pero la impunidad exige un soporte que la sostenga, con implicados en donde las prebendas predominan por sobre el dinero “físico”. Este soporte lo conforman organismos de control estatales inocuos o directamente cómplices; marcos legislativos que por acción u omisión sean laxos con el delito, o bien faciliten negociados; finalmente, un poder judicial que antes que sancionar, demore, diluya, absuelva.

El “quórum” de la triste sesión legislativa fue posible por el masivo aporte de la “izquierda”. La falta de identidades partidarias coherentes hace que nos preguntemos qué es izquierda. Inicialmente observamos que no se nuclea en una agrupación, sino en mini expresiones con rótulos grandilocuentes, pero irrelevantes en representatividad (Unión Popular; Libres del Sur, etc.). Tienen un solo objetivo: permitir que sus representantes casi hereditarios encabecen listas que, en elecciones, se cuelguen de otras agrupaciones competitivas, para seguir usufructuando el cargo de legisladores.

Tomemos dos ejemplos: Claudio Lozano y Victoria Donda. Participan de cuanto programa periodístico o de actualidad existe. Ambos, a grito pelado y con cara de enojados, justificaron su presencia en la sesión en la defensa de los trabajadores de Hotel Bauen. Pero algunas vez explicaron en sus múltiples apariciones públicas los antecedentes, fundamentos y consecuencias del proyecto de expropiación? Lo manifestaron en sus páginas web? Batallaron en el  2015 en pos de su tratamiento y aprobación?

Los actos de corrupción política siempre están envueltos en objetivos virtuosos: defensa de intereses populares; cuidar fuentes de trabajo; reconocer derechos, etc. Este recurso tiene en nuestro país un ejemplo recurrente que no diferencia entre épocas o ideologías: la estatización de deudas privadas. Pasó en el 82 y en el 2002; con las reestatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF; con deudores privados de entidades financieras estatales. Entre las leyes aprobadas por kilo, hay un “paquetito” sin abrir: la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, para operar Río Turbio. Ningún diputado conoce el estudio de factibilidad. Pero la ciudadanía se hará cargo de los negociados y quebrantos del grupo privado Taselli, concesionario de dicha explotación hasta su cierre.

La sesión legislativa concluyó con un pedido de la diputada Di Tullio, que sorprendió por haber sido su práctica descartada desde hace 10 años: cantar la marcha peronista. Es oportuno recordar lo expresado recientemente por José Pampuro, que por  generación y conducta, puede exhibir legitimidad como peronista: “La verdad es que si se despierta el General, nos mata a todos”.

CAMBIOS DE ESTILO O ESTRUCTURALES?

El pasado domingo, 25 millones de ciudadanos eligieron una conducción política para los próximos cuatro años. De ese total, no más 10 mil tienen en mayor o menor grado acceso a niveles de decisión, o bien una inserción popular y/o comunicacional, con algún grado de influencia en la sociedad a través de sus opiniones. Pero como las elecciones las deciden millones de ciudadanos anónimos, para captarlos se emplean recursos multimillonarios, trasladándoles masivamente mensajes e imágenes encapsuladas, muchas veces falsas, centradas básicamente en lo emocional. Las campañas intentan “convencer”, no informar, para obtener el voto de “confianza” de la ciudadanía. Este es el punto. La política, o responde a esa confianza, o defrauda a los ciudadanos.

Sin embargo, pese a los recursos propagandísticos, el ejercicio continuo de la democracia ha permitido un aprendizaje paulatino de los ciudadanos, que les permite incrementar cada vez más el componente analítico, por sobre el puramente emocional. Esta evolución no prevista por políticos y analistas, hace que ante la realidad, intenten justificarse invocando “sorpresa”, o que “no lo vimos venir”. Mientras millones de votantes retornan a sus habituales anonimatos y expectativas, políticamente se están adoptando decisiones que marcarán los primeros pasos del nuevo gobierno. Por ello, postergaremos el análisis de las consecuencias políticas futuras por el resultado electoral, para incursionar en aspectos más concretos. Esta prioridad se sustenta en un consejo que Maquiavelo diera a su príncipe: “Los príncipes irresolutos, para evitar los peligros presentes, siguen la mayoría de las veces el camino de la neutralidad, y la mayoría de las veces fracasan”.

Resaltaremos conceptos que serán esenciales para establecer políticas exitosas.

1.- Los eslógans y segmentaciones sociales para justificar apoyos o rechazos son falsas. Si nos retrotraemos 25 años atrás a la fecha, no se observan “dos modelos de país”. Por el contrario, se visualiza una degradación del sistema político e institucional en cabeza de una misma dirigencia, con decisiones estructurales económicas basadas en lo recaudatorio: si es necesario privatizo; si es necesario estatizo. De ahí el absurdo que los mismos que avalaran determinadas políticas décadas atrás, hoy se vanaglorien de haber implementado lo contrario. Segmentar entre derechas, izquierdas, peronistas, radicales, neoliberalismo, progresismo, ricos, pobres, teniendo clases dirigentes oportunistas y fluctuantes, orilla el ridículo, y no es creíble. Tampoco existen “décadas ganadas o perdidas”. Unos ganan y otros pierden.  Los sectores económicos más beneficiados en los últimos 12 años, por ejemplo, han sido: 1) Financiero; 2) Supermercados; 3) Empresas de telecomunicaciones; 4) Actividad del juego.  Todos ellos, además, con fuerte presencia extranjera. Cada lector analizará si es verdadero o falso, y sacará sus conclusiones.

2.- La inclusión es válida como política de desarrollo social; no para encubrir víctimas colaterales de negociados político-empresariales. Las coberturas sociales exceden asignaciones circunstanciales. Se debe brindar también educación, salud y seguridad, para permitir el crecimiento del núcleo familiar. El subsidio no es necesariamente bueno; pueden favorecer enormes negociados, como se demostró en el área del transporte, con muertos inocentes incluidos.

3.- No existe independencia de poderes, sino interdependencia de poderes. La Constitución habla de atribuciones específicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, muchas de ellas interrelacionadas. Ningún poder del Estado puede actuar en compartimentos estancos, sino con acciones y responsabilidades imbricadas para llegar a sus objetivos. Si un juez es corrupto, deber ser echado. Tampoco existe la autarquía financiera, cuando el origen de los recursos es común: los impuestos de los ciudadanos. El presupuesto nacional es uno solo.

4.- Imposible cambiar una matriz político-institucional, sin actuar concretamente contra la corrupción, y tener una estructura administrativa estatal acorde a necesidades reales, con conducciones y personal eficientes.  Este aspecto es clave, porque condiciona toda la política de un gobierno. Corrupción y estructura estatal son fuertemente interdependientes. Involucra al Poder Judicial, organismos de control, y a un principio de equidad sospechosamente abandonado: a igual función, igual remuneración.

Por último, recordar que los votos no se guardan en los bolsillos de los políticos. Decir “48,6% votaron un proyecto, y 51,4% otro proyecto”, caduca el 10 de diciembre. A partir de entonces, todos votamos por el objetivo de crecer como país.

MIEDO A VOLVER AL FUTURO

La campaña electoral, que tuvo un pico de interés en el debate entre Macri y Scioli, ofrece aspectos destacables que nos recuerdan la película de ciencia ficción “Volver al futuro”, producida hace 30 años por Steven Spielberg. Su trama relata las peripecias de un adolescente (Michael Fox), que en 1985 es transportado accidentalmente por medio de una máquina del tiempo a 1955. Al descubrir que sus futuros padres habían roto su noviazgo, se esfuerza para que se reúnan nuevamente y den lugar a su posterior nacimiento.

La versión argentina transportaría al adolescente a comienzos de la tenebrosa “década del 90”. Observaría que en 1989 comenzó la presidencia de Menem. Durante la campaña electoral previa, el menemista Guido Di Tella expresó que la economía del país necesitaba un dólar “recontra alto”. Sus afirmaciones causaron una feroz corrida cambiaria, que sepultó el Plan Primavera II de Alfonsín, y obligó a la entrega anticipada de su mandato. El adolescente se sorprendería entonces que 25 años más tarde se repita la irresponsabilidad, intentando asustar a la población con un dólar a 15 pesos, o con una mega devaluación.

Recién asumido, Menen indultó a las juntas militares, condenadas en el juicio histórico desarrollado por el gobierno de Alfonsín. La amnistía que el justicialismo había prometido en la campaña de 1983, la llevó a cabo en 1989. Tras superar un rebrote hiperinflacionario en el primer tramo de su gobierno, Menem comenzó una etapa conocida como “modernización del Estado”. El pilar fueron las privatizaciones de empresas estatales. La de YPF se concretó en 1992, con el apoyo entusiasta de gobernadores de las provincias petroleras, tanto justicialistas, radicales o provincialistas. La comunión ideológica se logró por el compromiso que con la venta, automáticamente se cancelarían las regalías petroleras adeudadas por la Nación a dichas provincias. Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, recibió 480 millones de dólares. El Estado se quedó con el 20% de las acciones, y la “acción de oro”, que le daba poder de veto ante determinadas decisiones privadas. Las acciones estatales fueron vendidas en su totalidad en 1999 a la española Repsol, previo a la asunción de De la Rúa y Carlos Alvarez. La acción de oro, subrepticiamente, desapareció. Con estos antecedentes, el adolescente una vez regresado a 2015, querría saber porque en la actualidad nadie habla del destino dado al 24,9 % de las acciones de Repsol, que en su reestatización parcial en 2012, se encontraban en poder del empresario argentino Eskenazi.  

En 1994 se realizó una reforma constitucional plagada de grandilocuencias, a la fecha incumplidas. Pero el objetivo final no admitía prosa florida: se aprobó la reelección presidencial. Transportado al pasado, el adolescente vería en 1997 el comienzo político de Scioli, asumiendo como diputado nacional por el menemismo. También se hubiera enterado que dos años antes, Macri asumía la presidencia de Boca Juniors, acusado por  su opositor Carlos Heller de querer privatizar el club. Hubiera detectado un clima de alegría y consumo. La gente viajaba a Miami, y exhibía su poder de compra: “deme dos”. Es cierto: había pobres. Pero pobres hay en todo el mundo. Por eso a su regreso al 2015, se sorprendería que la presidente Kirchner, repitiendo la historia que dice criticar,  se enorgullezca de la cantidad de dólares que los argentinos gastan en el exterior. Y que pese al crecimiento en la venta de pasajes aéreos, Aerolíneas continúe consumiendo subsidios por sumas millonarias, pagadas por ricos y pobres. Ya en esa época las denuncias por corrupción abundaban. Pero felizmente, estaban en funciones entre otros, los jueces Oyarbide, Canicoba Corral y Servini de Cubría.

Devuelto a la actualidad a través de la cápsula del tiempo, el adolescente observaría que la mayoría de los personajes de entonces mantienen plena vigencia. Incluso el patriarca Carlos Menem es senador. Pese a estar condenado por contrabando, se le permite legislar. Complicidad institucional, quizás producto de la melancolía que embargan a sus viejos amigos de correrías políticas.  

Queda una reflexión final. En épocas de elecciones se contratan los servicios de costosísimos consultores internacionales (norteamericanos, españoles, ecuatorianos, peruanos, brasileños), para fijar estrategias de campaña. En general, vienen con libretos “enlatados” que readaptan en corto tiempo a contextos locales. Recientemente el equipo de Scioli sumó de apuro a nuevos consultores, especialistas en la instalación de campañas “del miedo”. Vistos nuestros antecedentes políticos a partir de 1990, habrán venido para asesorar o para aprender? 

DEL DEBATE SURGIRÁN NOVEDADES?

Si la ONG Argentina Debate no plantea a los candidatos como primera pregunta, que expliciten las cifras de los principales indicadores económicos-sociales sobre los que basarán sus propuestas y estrategias de implementación, el debate se sustentará más en la imagen que en el esclarecimiento.

El debate tendrá cuatro módulos básicos: desarrollo económico, educación, seguridad y derechos humanos. El desarrollo político-institucional de las últimas décadas, hace presumir que una vez más, las grandilocuencias propagandísticas intentarán ocultar el verdadero cuadro económico-social que afrontará el próximo gobierno. No es nuevo que se intente disimularlo con estrategias basadas en absurdos cruces de acusaciones por supuestas pertenencias o retornos a los 90, y frivolidades similares. Estos recursos son trasladados a la sociedad en carácter de verdades “enlatadas”, presuponiendo que no merecerán mayores análisis, o bien provocarán discusiones irrelevantes. El discurso tendría cierta validez, si comparamos cifras de los 90 con las actuales. Si solo se pretende referirse a personas, sería de aplicación la frase de Jesucristo: “quien esté libre de culpa que arroje la primera piedra”.

En nuestro país el ocultamiento fue practicado por los mismos actores políticos, empresarios, gremiales y judiciales que nos gobiernan desde 1995. La crisis de la Alianza radical-justicialista-progresista, se produjo tras una década de gobierno de Menem, conocida como “revolución productiva y modernización del Estado”. El próximo gobierno asumirá tras doce años de gobierno kirchnerista-justicialista, promocionado como “década ganada y defensa del Estado”. En 1999 y 2001, con la convertibilidad, se hablaba del atraso del dólar. En 2015, con el cepo al dólar y múltiples valores cambiarios, se plantea lo mismo. La realidad indicaría que los políticos clientelistas cuando deben dejar casi a los empujones sus liderazgos, siempre dejan tierra arrasada. E impertérritos, sus principales responsables comienzan a flexionar las piernas, para saltar rápidamente al siguiente proceso político, declamando que con el pasado “no tuve nada que ver”. Hasta los publicistas oficialistas creen en este método del “enlatado” propagandístico: plantean que  Macri es el pasado, y Scioli es el futuro.

En homenaje a Perón, que en la presente campaña resurgió del olvido tras 12 años de haber sido intencionadamente ocultado tras Evita y Cámpora, comenzaremos el análisis con una de sus frases más repetidas: “la única verdad es la realidad”.

1) La Alianza recibió el gobierno de Menem con 27.831 millones de dólares de reservas; una deuda externa de 145.289 millones de dólares, y una desocupación del 13,80%. Todos datos oficiales. 2) Los comparativos actuales, dado que no existe información oficial confiable, deberán ser avalados o rectificados por los candidatos. Reservas de 25.000 millones de dólares (si se descuentan yuanes y pagos 2015 pendientes, el saldo es muy inferior); deuda externa-interna de 225.000 millones de dólares, y desocupación 11,70 % (índice UCA). 3) Por la convertibilidad, Menem y De la Rúa dejaron sus gobiernos con inflaciones negativas. La actual alcanza como mínimo el 25%. 4) No hay estadísticas de pobreza oficial actualizada. La UCA relevó 28,7 %.

La comparación de la deuda externa de Menem, con la suma de externa e interna actual, se debe a que las internas tendrán enorme incidencia en las políticas próximas. Por ejemplo, el 03 de enero vencerá un bono que el gobierno le endosó en 2006 al Banco Central por u$s 9.530 millones. Según se cancele o no, variará el tipo de perjuicio. Otro ejemplo es el reconocimiento del 82% móvil a jubilados. Previo a la elección del 25 de octubre, Bossio, responsable de la Anses, informó que era imposible. Tras los resultados electorales, Scioli lo incorporó como promesa, y Bossio la avaló. Cuál es la verdad? La legislación exige que los recursos jubilatorios se utilicen exclusivamente para pagar a sus beneficiarios. Pese a ello, la Anses prestó al gobierno dinero, financia planes sociales y vendió bonos para controlar al dólar, a tasas y valores muy inferiores a los del mercado, superando los 70.000 millones de pesos solo en 2015.

Tiene sentido discutir si el dólar valdrá $10 o $15 dentro de un mes, o si el 82% móvil a los jubilados será o no posible, sin conocer la situación económica real en que se entregará el gobierno a quien triunfe? El planteo es desolador? Al menos los argentinos ya estamos entrenados.

CLIENTELISMO DE PRIVILEGIADOS

El clientelismo político se define como un intercambio de favores ejercidos por altos funcionarios públicos a costa de recursos del Estado, para obtener apoyo electoral y permanecer en el ejercicio del poder. Suele identificarse con los niveles sociales más desprotegidos, pero el concepto no discrimina entre pobres y ricos. Sin embargo, suelen quedar fuera del debate dos tipos de clientelismos nefastos, que incrementan notoriamente el nivel de pobreza. Ellos son: 1) el nepotismo para cubrir cargos públicos y crear organismos; 2) la asociación prebendaría de funcionarios con grupos empresarios, que deriva en corrupción.

El nepotismo consiste en distribuir discrecionalmente entre familiares y amigos cargos altamente remunerados, muchas veces sin funciones, y sin concursos públicos para establecer méritos. El daño presupuestario y operativo se agrava y alcanza lo delictual, cuando dichos ingresos de “gente de confianza”, tienen por objeto construir tramas que aseguren la impunidad, como sucede con los mal llamados “organismos de control”. La necesidad de negociar favores e  intercambiar adhesiones, llegan al punto de crear irrelevantes organismos con nombres estrambóticos, sin atribuciones concretas, pero con altos salarios. Para ello se cuenta con la complicidad, entre otros, de gremialistas como el eterno dirigente de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, quien debiera defender la carrera administrativa de sus afiliados.

El clientelismo empresarial prebendario, por su parte, impacta directamente en la macroeconomía de un país. Se traduce en sobrecostos en las obras públicas y adquisición de bienes a proveedores, y ruinosas concesiones con baja calidad de prestaciones, y depreciación de bienes concesionados.  Sectores empresariales sólidos son imprescindibles, en tanto y en cuanto sean motor de desarrollo genuino y empleo, sin el costo de la corrupción. Es natural y aceptable que empresarios relacionados con el Estado, como Eurnekián, Brito, Bulgheroni, Wherthein, Chediak, Cristóbal Lopez, De Narváez, Cirigliano, Szpolski-Garfunkel, entre otros, prefieran y apoyen a Scioli. Del mismo modo, Macri cuenta con la adhesión de grupos económicos igualmente importantes. Pero es imprescindible que las Cámaras empresariales implementen Tribunales de Ética que sancionen y denuncien actos de corrupción de sus afiliados, que afecten la competencia y recursos del Estado, mediante maniobras para obtener contratos estatales con grandes sobrecostos, retribuyéndoles a los funcionarios involucrados con dádivas, y “retornos” conocidos como coimas.

    

Los resultados electorales del pasado 25 de octubre, especialmente en Jujuy y municipios del conurbano bonaerense, indicarían que un importante sector social vulnerable y dependiente del Estado para su subsistencia, votó por un cambio de matriz de gobierno. En Jujuy, donde los cargos públicos directos o indirectos (Milagro Sala), superan los puestos de trabajo privados, perdió el oficialismo tras 32 años de gobierno. En emblemáticos municipios del conurbano, desde hace décadas manejados por añejos caudillos, triunfaron otras alternativas. Esta realidad, que no fue detectada por analistas políticos, provocó tal cimbronazo, que por primera vez desde el retorno de la democracia, un oficialismo en campaña no recurrió a la manipulación de pobres, o a la intervención de gremialistas expertos en acciones directas, como los de subterráneos, para atacar adversarios. Este rol debió ser desempeñado de apuro por altas dirigencias políticas, universitarias, intelectuales y empresariales, para mantener sus privilegios. Surgen así las amenazas delirantes de un médico con cargo de ministro (Gollan); el decano de Ciencias Sociales de la UBA acusando a Macri de neoconservador (Postolosky); el rector de la universidad privada UADE (Orosco), acusado penalmente por entregar el título a un candidato fuera de las normativas; o el juez Reale y el fiscal Paolini, de la provincia de Buenos Aires, renunciando a sus obligaciones de investigar enriquecimientos ilícitos de funcionarios.

Los recursos públicos destinados a sectores vulnerables, que muchas veces confunden políticas de inclusión social con mantenerlos en la pobreza, deberán respetarse a rajatabla. Los pobres no solo son víctimas inocentes; tienen además la dignidad de no ejercer el fanatismo. Pero con urgencia se deberán “ajustar” las enormes transferencias presupuestarias públicas a privados privilegiados asociados a la corrupción del Estado, que enriquecen a los cercanos al poder, y generan desigualdades sociales. Un ejemplo de la magnitud económica del problema lo tenemos próximo y con cifras concretas: Brasil, con el caso Petrobras.

EL ESPIRITISMO INVADIÓ A LA POLÍTICA?

El espiritismo es una práctica que estudia la naturaleza y relación de los espíritus con el mundo corporal. Usualmente la intermediación con los humanos la realizan quienes aducen condiciones especiales para la tarea, llamados “médiums”. Tras el resultado electoral del pasado 25 de octubre, las elucubraciones de políticos, comunicadores y analistas, con vista al balotaje del próximo domingo 22, exhibieron extrañas distorsiones u omisiones. Ello hace sospechar la posibilidad que estén bajo el influjo de diversos espíritus. Citemos algunos ejemplos.

1.- Espíritus pesimistas. Scioli perdió

El candidato Scioli superó a Macri, ubicado en el segundo lugar, por casi el 3 % de los votos. Sin embargo fue el propio Scioli que, demudado y a horas del cierre del comicio, anunció que habría segunda vuelta. De inmediato, el maleficio se extendió a propios y extraños, que dijeron que Scioli perdió.

2.- Espíritus optimistas. Scioli no perdió

Un número igualmente importante de afectados, afirmaron que en realidad los que perdieron fueron Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, La Cámpora y Fellner, entre otros. Excluyeron a Scioli, pese a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires desde hace ocho años, y principal figura del gobierno.

3.- Espíritus tramposos. En Santa Cruz ganó Costa, y asumirá Alicia Kirchner.  

El candidato Costa, de Cambiemos, obtuvo 67.114 votos, y Alicia Kirchner del FPV 56.969. Pero Alicia acordó con su enemigo político y actual gobernador Peralta, implementar la Ley de Lemas, pese a la existencia de internas abiertas y obligatorias. Ello les permitió presentarse independientemente, y al momento del recuento sumar sus votos. Este engendro electoral fue legalizado por las juezas Paula Ludueña, Clara Zalazar y Alicia Mercau, invadidas por el espíritu identificado como tramposo.

4.- Espíritus traicioneros y espíritus religiosos

La pérdida de la gobernación de la provincia de Buenos Aires e  importantes municipios manejados desde hace décadas por el oficialismo, fue adjudicada a la acción perversa y coordinada de espíritus que promueven la traición, y cuyo accionar fue detectado por Aníbal Fernández. También actuaron espíritus religiosos, que provocaron por parte de algunos analistas la sospecha que el Papa, que es argentino y peronista, estuvo recorriendo el conurbano repartiendo boletas de María Eugenia Vidal. Pero el verdadero milagro lo protagonizó Scioli, al conseguir que los debates excluyeran la posibilidad que los votantes hayan castigado su gestión y la de añejos caudillajes, que sumergieron a vastos sectores sociales en el flagelo de la pobreza, inseguridad, narcotráfico y corrupción.

5.- Espíritus de los engañosos  buenos modales 

Para encubrir problemas de fondo, bienvenidas sean las obviedades. Tras años de enfrentamientos y autoritarismos,  espíritus engañosos promueven que el pueblo solo desea “buenos modales; diálogo; paz y amor”. Un oportuno ejemplo es un párrafo de un artículo del analista Alejandro Catterberg, publicado en La Nación: “Un sector muy importante de la sociedad argentina demanda un cambio. Cuando se investiga en profundidad, este reclamo está más asociado a un cambio en el estilo, las formas y los modales y no a políticas sociales y económicas que se han implementado en estos años”. Moraleja: de las reservas del Banco Central; deudas externas e internas; inflación; desempleo y pobreza, imprescindibles para mantener y mejorar las políticas sociales y económicas, no hablamos?

6.- Espíritus de la confusión

Es el espíritu más peligroso, porque sus efectos pueden permanecer un mínimo de cuatro años. Muy arraigado en Argentina, consiste en crear múltiples opciones que disimulen la incoherencia.  Los ciudadanos, durante la campaña, deberán interpretar que significa “Scioli será más Scioli que nunca”; si se votará a Scioli o al “modelo”; si el kirchnerismo es o no es peronismo; si Scioli es cambio o continuidad, y si el espíritu de Massa se posesionó del espíritu de Scioli. Dado que el “múltiple choice” de espíritus se refiere a Scioli, la opción “un poquito de cada cosa” no será aceptada. El examen final para obtener la categoría de médium o exorcista, será rendido por los votantes en el cuarto oscuro. Este es otro ejemplo de presencia espiritista; se los llaman cuartos oscuros, pese a estar iluminados.