CUANDO CLARÍN Y PÁGINA 12 COINCIDEN (parte II)

En la última reflexión señalábamos la importancia que tiene el periodismo para exponer la corrupción de funcionarios públicos y sectores privados asociados, aspecto relevante para entender los recurrentes debates entre poderes políticos y medios de comunicación por las limitaciones expresas o sutiles a la que se desea someter a la declamada libertad de expresión. Ello no implica desconocer que los medios de comunicación, que tienen la capacidad de generar “climas sociales”, en su diversidad empresarial e ideológica responden también a intereses particulares diversos. Las herramientas utilizadas abarcan un amplio espectro, que va desde la verdad al engaño, o lo más usual, el empleo de verdades a medias. Esta dicotomía los regimenes dictatoriales la resuelven fácilmente: los medios opositores se prohiben; expropian o ahogan financieramente. En los regimenes democráticos es el ciudadano receptor de mensajes el que tiene que aprender a detectar lo convincente de lo falaz; lo principista de lo obsecuente; la realidad del falseamiento. 

Analizado el cúmulo de información desde esta perspectiva, nos encontraremos quizás con sorpresa, que medios contrapuestos como Clarín y Página 12 coincidieron en que existe una enorme corrupción; solo difirieron en los ejemplos elegidos para sustentar su opinión. Por ello nos formulamos una pregunta: existen instancias institucionales, además de las periodísticas y judiciales, a las que la sociedad paga y sostiene para que actúen como control del Ejecutivo en defensa del interés común y no lo hacen? Existen, y son el Poder Legislativo y los organismos estatales de control. Que además, a diferencia del periodismo, que se debe manejar a través de difíciles trabajos de investigación; variadas fuentes documentales y testeos de veracidad, cuentan con todas las atribuciones legales y medios materiales para evitar irregularidades administrativas o defraudaciones al erario público. 

El Poder Legislativo, que congrega de por sí la diversidad política de todo el territorio nacional, tiene dos funciones: una de naturaleza legislativa (redactar leyes); y otra de carácter parlamentaria (ejercer control sobre los actos del Poder Ejecutivo). En este último caso, el Artículo 85 de la Constitución Nacional señala que deberá realizar el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, trabajando en coordinación con la Auditoría General de la Nación, que debe ser encabezada por un representante del partido opositor mayoritario. La realidad indica que el Poder Legislativo no legisla (la enorme mayoría de leyes las redacta el Poder Ejecutivo), ni ejerce la tarea de control fundamentalmente patrimonial, que da lugar a la corrupción, pese a que es su obligación. Por controlarse al Poder Ejecutivo, obviamente la responsabilidad mayor recae en las minorías opositoras, por lo que el problema no es de número, sino de actitud. Si existen dudas, recordar las actuaciones de legisladores como Alfredo Palacios o Lisandro de la Torre, entre muchos otros dignos ejemplos. 

Esto explica porque los casos de corrupción se explicitan casi exclusivamente a través de niveles periodísticos, a quienes acuden además quienes proveen documentación, dado que no confían en los legisladores. Estos recién actúan una vez instalada la denuncia, y en el colmo del absurdo, realizan réplicas mediáticas ante la justicia basadas en las mismas denuncias periodísticas. Para que exista gran corrupción en un gobierno e impunidad, tiene que haber gran complacencia de la oposición. 

A su vez existen organismos administrativos de control dentro del Estado con distintos niveles de supuesta autonomía, que evidentemente no cumplen con su tarea, pese a que ineludiblemente, según el aspecto que se trate, cuentan o deberían contar con toda la documentación necesaria, ya no informal, sino oficial, la que debieran aportar a la justicia. Vista la ineficacia de estos organismos en el control de desvíos de fondos públicos, cuando no ocultamiento de pruebas de ilícitos y protección de los responsables, es oportuno recordarlos.

1.- Auditoría General de la Nación (AGN). Encabezada por el radical Leandro Despouy, es un organismo autárquico que asiste al Congreso técnicamente en el control contable, legal y de gestión de las cuentas del sector público, actuando como fiscalizador y auditor. 

2.-Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Organismo autárquico conducida por Ricardo Echegaray, dependiente del Ministerio de Economía, encargado de la recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos nacionales.

3.- Unidad de Información Financiera (UIP). A cargo de José Sbatella, se desempeña con autarquía en el área del Ministerio de Justicia, y tiene como principal misión combatir el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

4.- Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Con Daniel Reposo como máximo responsable, depende de la Presidencia de la Nación, y tiene como función la de dictar y aplicar normas de control interno de los recursos públicos, debiendo actuar en coordinación con la Auditoría General que encabeza Despouy.

5.- Inspección General de Justicia (IGJ). A cargo de Luis Tailhade, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y  debe autorizar y fiscalizar a las sociedades comerciales nacionales y extranjeras; asociaciones civiles y fundaciones, que se constituyan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

6.- Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). A cargo de Guillermo Noailles, depende de la Procuración General de la Nación, y es la encargada de investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidos por funcionarios y agentes de la administración pública nacional.

Dos aspectos a destacar:

1) Ninguno de los organismos es independiente y actúa con autarquía, sino por el contrario, tienen una directa y determinante dependencia del Poder Ejecutivo, y en el caso de la Auditoría General, del Legislativo.

2) De actuar conforme a sus obligaciones cada uno de los organismos, las condiciones de culpabilidad o inocencia de funcionarios y empresarios acusados de corrupción se establecerían en muy corto plazo, mas allá de polémicas periodísticas, pues poseen las documentaciones legales y oficiales que determinan la validez de las pruebas, que enviadas a la justicia, avalarán culpabilidades o inocencias.

Esto no sucede, lo que permite que la corrupción se enmascare en polémicas públicas y mediáticas, que concluyen en impunidad. Eso sí, nadie duda de que los enriquecimientos de funcionarios públicos es indisimulable.

CUANDO CLARÍN Y PÁGINA 12 COINCIDEN (parte I)

La demanda de libertad de expresión, que asombrosamente a 30 años de instalado el sistema democrático de gobierno provoca hoy acalorados debates y acusaciones entre sectores políticos y empresariales, es condición necesaria para posibilitar lo esencial que permita que la sociedad esté adecuadamente informada y cada ciudadano posea su propia opinión: que exista diversidad de medios que canalicen y publiciten las informaciones y opiniones.  Tamaña responsabilidad comunicacional se enriquece con las diferencias ideológicas, pero también incluye inevitablemente intereses sectoriales, económicos y aún personales.

Por ello instalar el debate en términos de grupos monopólicos, golpes destituyentes o sectores antidemocráticos, no solo es degradante sino falaz. Las libertades no pueden ser conculcadas, limitadas o reguladas en aras de proteger a la sociedad de empresarios y/o periodistas corruptos, que sin duda existen y siempre existirán. El verdadero origen de éstas tensiones entre sectores públicos y privados no solo se dan en nuestro país sino en otras sociedades, por una razón básica: mientras el Estado cuenta prácticamente con todos los instrumentos para actuar e incidir en distintos sectores de la sociedad y publicitarlo acorde su interés político (el Estado nos representa a todos), usualmente son los medios de comunicación quienes transmiten a los pueblos aspectos del manejo de gobiernos u empresas, que por diversas razones éstos desean ocultar. En este complicado juego de intereses, cuando algunos de dichos sectores pretende convertirse en salvaguarda de las libertades y salud mental de los ciudadanos, acallando las voces supuestamente conspiradoras, más allá del ropaje que se utilice, inevitablemente se caerá en una dictadura.

La diversidad de expresiones permite cotejarlas, balanceando la utilización habitual de una ley básica de la propaganda política, que entre otras, fuera admirablemente analizada por el intelectual francés Jean-Marie Domenach en 1950, que dirigiera en París un Centro de Formación de Periodistas: la regla de la Exageración y Desfiguración, usada corrientemente por la prensa partidista o sectorial, ya sea pública o privada, consistente en la exageración de las noticias, haciendo resaltar todas las informaciones que sean favorables o desfavorables según el objetivo buscado. Otra de las reglas de la propaganda llamada de Unanimidad y Contagio, basada en la presión que la opinión del grupo ejerce sobre la individual, plantea el problema de cómo trasladar la información a las masas. Para resolverlo se aplicó el principio que el nivel intelectual del mensaje masivo deberá ser tanto más bajo cuanto más grande sea la cantidad de personas a convencer. No sorprende entonces la utilización permanente en las propagandas de mensajes breves y contundentes que nada informan: “Este es el mejor gobierno de la historia”; “Existen grupos económicos destituyentes”; “Nos combaten sectores antidemocráticos”; “Argentina, país de buena gente”. Un buen ejemplo de esta brevedad que no enriquece, es la reciente y conocida propaganda con fuerte contenido subliminal: “Ella o vos”, que en realidad significa “Ella o yo”. Más importante para la sociedad, de aplicación para todos los candidatos en la próxima elección, sería plantear “porqué yo?”, y sustentarlo.

Ante este panorama de la comunicación de masas, que si bien es cada vez más sofisticado por los avances tecnológicos, mantiene principios de propaganda política que no se apartan de los desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, cabe preguntarse qué hacer para formarnos opinión ante supuestas verdades o falsedades, o posibles acciones de propaganda o contrapropaganda. Una respuesta es comparar informaciones opuestas o contradictorias, completarlas en lo posible con datos adicionales, razonar, y finalmente optar. A este libre albedrío temen no solo las dictaduras, sino también los gobiernos con baja calidad democrática. Pero surge la duda: este planteo teórico es fácil expresarlo pero difícil aplicarlo?

Valga como ejercicio una reciente coincidencia, posiblemente no deseada, entre dos medios situados en las antípodas editoriales y políticas: Clarín y Página 12.  Es conocido el impacto que produjo en la opinión pública las denuncias del periodista Jorge Lanata respecto a los enormes enriquecimientos patrimoniales que en menos de una década tuvieron distintos empresarios y funcionarios relacionados directamente con el gobierno, uno de cuyos exponentes fue el empresario patagónico Lázaro Báez. Como es habitual, se generaron desde otros sectores públicos y privados estrategias para minimizar la seriedad de las denuncias.

El periódico Página 12 reactualizó el caso del ex empleado del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, que administraba activos de clientes de Argentina y Chile, y se encuentra prófugo de la justicia de Estados Unidos por robo de dinero de algunos de ellos. Instalado en nuestro país, denunció hace 5 años en carácter de “arrepentido” a varias empresas argentinas, entre ellas Clarín, por evasión a través de dicho Banco. Arbizu fue recientemente invitado a programas televisivos, y la dra. Gils Carbó señaló que esta causa se encuentra paralizada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 a cargo del Juez Federal Sergio Torres, en cuyo expediente también está como fiscal al dr. Marijuan, al que se quiere apartar del caso Lázaro Báez.

Analizadas las informaciones que brindan ambos medios periodísticos, se concluye que existe total coincidencia entre ellos en lo que realmente le importa a la sociedad: que el traslado de fondos públicos a funcionarios y sectores privados a través de la corrupción, y el manejo de la justicia del fuero federal penal, llegó a límites insostenibles. Cabe recordar que uno de los directivos de Página 12, dr. Horacio Verbitsky, fue autor de uno de los mejores trabajos de investigación respecto al fenómeno de la corrupción del Estado, que plasmara en su libro publicado en 1991 titulado “Robo para la corona”, en base a una frase atribuída al Ministro del Interior de Carlos Menem, José Luis Manzano, hoy empresario de multimedios.

Destacada la importancia de los medios de comunicación en exponer a la consideración pública acciones y/o negociados que funcionarios públicos y empresarios privados desean ocultar, aún cuando dichas denuncias coexistan con intereses particulares (de hecho la presente reflexión lo explicita), cabe ahora preguntarse: existen instancias no periodísticas sino institucionales, a las que la sociedad paga para que actúen como control en defensa del interés común y no lo hacen? Pensémoslo.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA MAYO 2013

Se resume en la presente agenda mensual el seguimiento rutinario de casos judiciales de corrupción sustanciados por la justicia federal penal, que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado. Conocer el avance de las distintas causas, muchas de ellas originadas años atrás, nos ilustrará sobre los verdaderos objetivos de la mal llamada democratización de la justicia.

1.- Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

La investigación está a cargo de Sebastián Casanello, responsable del Juzgado Federal Nº 7, y el fiscal Guillermo Marijuán. Inicialmente cabe formular tres comentarios: 1) el crecimiento económico exponencial del empresario Báez por sus contactos con la política es largamente conocido, y motivó denuncias y acusaciones de sectores políticos y periodísticos en los últimos años. Pero se lo debe evaluar solo como un emergente de una enorme trama de complicidades para lucrar con fondos públicos. 2) El primer síntoma en el accionar judicial fue el de haber evitado acusar al empresario, y demorar el allanamiento de la financiera sindicada como intermediaria de las operaciones, ubicada en Madero Center. 3) El fiscal Marijuán esta actuando con tal celeridad, que hace suponer que a la brevedad será apartado de la causa, como sucediera con el fiscal Rívolo en el caso Ciccone.

2.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

El juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral y público el pasado 16 de enero, sin procesamientos al ministro responsable del área, ni gremialistas mencionados por el propio Bonadío como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio. Se está a la espera de fijación del inicio del juicio oral, que llevará a cabo el Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por Oscar Amirante; Adrián Grunberg y Pablo Laufer.

3.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

El juicio oral se tramita en el Tribunal Oral Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Como era de preverse, las declaraciones del ex presidente y actual funcionario de gobierno Carlos Alvarez, alias “Chacho”, que presidiera el Senado al momento del pago de las supuestas coimas, nada aportaron al esclarecimiento del hecho. Solo resta esperar las declaraciones de los ex titulares de la SIDE Carlos Sergnese y Carlos Becerra, como las de el actual titular Icazuriaga y otros agentes de la Secretaría de Inteligencia, a quienes la presidente Cristina Kirchner relevó mediante decreto de la obligación de guardar secreto para que puedan declarar como testigos en el juicio. Es de suponer que no aportarán elementos probatorios concretos, por lo que el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados. Demás está decir que ello no implica que las coimas no hayan existido.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

Transcurridos más de dos años del inicio de la instrucción, y mas allá de las recurrentes detenciones y liberaciones de Sergio Schoklender y su grupo, en los que concentró la investigación casi en exclusividad, el juez Norberto Oyarbide aún no elevó la causa a juicio oral y público, por lo que se aleja la posibilidad de que el Estado recupere el dinero público apropiado por integrantes de la Fundación. Tampoco el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, a más de diez meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados por el Estado nacional a la Fundación para construir viviendas, gran parte de ellos licuados por la corrupción. 

5.- Detención del Jefe de Policía de Santa Fe acusado de mantener contactos con el narcotráfico

Luego del alienado cruce de acusaciones entre el gobernador Bonfatti, el candidato presidencial Binner y el diputado nacional Agustín Rossi, en relación al negocio de las drogas en la provincia, el máximo responsable nacional en la lucha contra el narcotráfico Rafael Bielsa, a cargo en ese entonces del organismo Sedronar, fue designado por el empresario Eurnekián director de Aeropuertos Argentina 2000. Ello confirma que la multiplicidad de conocimientos por parte de los políticos nacionales es inagotable.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, concluyendo las causas en escandalosos sobreseimientos generalizados, o bien, de no ser posibles, las actuaciones se prolongan hasta que operen las prescripciones.

DEMOCRATIZACIÓN, MANIFESTACIÓN Y CORRUPCIÓN

En los últimos días se produjeron hechos políticos de trascendencia, y como ya es habitual, se enmascararon causas y contradicciones mediante grandilocuencias y  mensajes épicos desde los niveles políticos, matizadas con las inevitables frivolidades en determinados espectáculos mediáticos.

En esta vorágine comunicacional, bienvenida en un sistema democrático con pluralidad de opiniones, ya que es responsabilidad individual interpretar mensajes y establecer  intenciones y objetivos, es oportuno destacar determinados aspectos que nos permitan reflexionar alejados de la categoría emocional de “les creo o no les creo”, o si se es kirchnerista o antikirchnerista, oficialista u opositor, neoliberal o progresista, todos ellos ropajes ideológicos que el desenvolvimiento político de las últimas décadas demostró vacíos de contenido, dado que se puede pasar con asombrosa facilidad de un sector al opuesto, a condición  de que el converso pueda seguir usufructuando cargos políticos.

El gobierno de manera intempestiva resolvió encarar lo que denominó “democratización de la justicia”, a través de medidas que no es el caso analizar en esta nota. Debe observarse inicialmente que se utilice el término “democratizar” tras treinta años de ejercicio ininterrumpido de gobiernos democráticos, y que lo utilice un gobierno que ejerce desde hace diez años el poder. Tan poco respeto siente por sì misma la clase política? También mueve a sospecha que la reacción transformadora la haya provocado la justicia Civil y Comercia Federal, supuesta protectora de “grupos monopólicos”, y no la justicia Penal Federal, encargada de proteger el patrimonio público de la acción delictual de funcionarios públicos asociados con grupos privados que actúan, ahora sí “monopólicamente”, en  los negocios espúreos con el Estado. Se critica al juez de las Carreras, que entiende en la ley de medios, como un defensor del “poder económico”, pero los mismos acusadores no aplican el mismo fervor ante los resultados de las investigaciones por delitos económicos y enriquecimientos patrimoniales escandalosos que involucran a funcionarios y empresarios, por parte de jueces federales como Oyarbide, Canicoba Corral, Bonadío y Servini de Cubría, a quienes los actuales funcionarios cuando no ejercían el Gobierno denominaron jueces emblemáticos del menemismo. Sin duda alguna que el actual funcionamiento de la justicia exige una profunda reforma, pero no para transformar a jueces honestos y capaces en complacientes , sino a la inversa.

El pasado jueves 18 se repitieron las multitudinarias manifestaciones convocadas básicamente a través de redes sociales, bajo consignas tales como la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción. Se contó con la tímida presencia entre la multitud de algunos políticos supuestamente opositores, guiados por la búsqueda de  votos que les permita seguir siendo legisladores, acentuando el convencimiento que todavía no ha surgido el político que encarne con fuerza y convicción reclamos mayoritarios y se ponga a la cabeza de los mismos. El intento de interpretar deseos y exigencias de los autoconvocados, reiteró la visión fascista de ciertos sectores autodenominados progresistas, al pretender desacreditar los reclamos en función de las supuestas clases sociales que los formulan. Acorde a este encuadre sectarista, los manifestantes que se expresaron en distintos puntos del país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, responden a sectores medios y altos. Cabe preguntarles entonces a estos modernos Goebbles: a qué sectores involucró la corrupción que provocó los muertos y heridos en la tragedia ferroviaria de Once? O la reiterada ineficacia estatal que se transparentó en los inmensos daños en vidas y bienes por las recientes inundaciones en las ciudades de Buenos Aires y La Plata? A qué sector social pertenecen los funcionarios enriquecidos en la función pública y aparecen hoy en posesión de empresas, campos y propiedades varias, y que sin embargo no asistieron a la marcha? Posiblemente diría el ex presidente Clinton ante tal catalogación: “Se reclama la honestidad y eficacia en el manejo del patrimonio público, estúpido”

El tercer suceso lo constituyó la investigación periodística de Jorge Lanata referida al  posible lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, cuyo patrimonio tuvo un crecimiento exponencial en la provincia de Santa Cruz como resultado de sus fuertes y reconocidos lazos políticos a nivel provincial y nacional. Si bien sus antecedentes como el de tantos otros empresarios no son nuevos, lo distintivo lo aportaron las confesiones de personajes subsidiarios como Elaskar y Fariña, que detallaron partícipes y metodologías de circulación de dinero de la corrupción. Como suele suceder con estas denuncias a partir de su instalación pública, se desató un aquelarre mediático que orillaba entre lo fellinesco en ciertos niveles, y la estrategia de la confusión para diluír responsabilidades en otros más sofisticados.

Sin embargo la expresión más preocupante no la pronunció Lanata, Fariña, Elaskar o Lázaro Báez, sino los responsables de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, cuando señalaron que investigarían la denuncia. Es impensable que la AFIP, que en el término de 48 horas responde a un ciudadano que solicita 1.000 dólares para viajar al exterior que no reúne las condiciones necesarias, o desde el más alto nivel político se denuncia a un operador inmobiliario por no presentar su declaración anual de bienes, no posea toda la información patrimonial y contributiva actualizada de los involucrados mencionados, como también de los que actúan como testaferros, intermediarios financieros, y responsables de las coberturas económico-legales de estas organizaciones. La pregunta entonces debe ser: porqué se oculta desde el Estado, a través de la AFIP, la Unidad de Información Financiera y la Sindicatura General de la Nación, que debe controlar a las sociedades comerciales, los escandalosos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos y empresarios privados asociados, ya sea con o sin lavado de dinero?

  

SUBTERRÁNEOS: EJEMPLO DE NECEDAD POLÍTICA

En la reflexión del pasado mes de noviembre, señalábamos respecto al traspaso de los subtes: “En un sistema democrático las funciones de mediación entre lo complejo de un acto administrativo, y la capacidad de comprensión del usuario como destinatario final de dicho acto, la deben cumplir los funcionarios y legisladores involucrados. Lamentablemente ello no es habitual, transformándose lo que debieran ser debates esclarecedores, en competencias verbales en base a vaguedades tales como neoliberalismos, progresismos, macrismos o kirchnerismos”.

A partir del 03 de enero de 2012, cuando se suscribió un Acta Acuerdo por la que el Estado Nacional, luego de haberla ejercido durante 18 años, transfirió al Gobierno de la Ciudad y éste aceptó, la operación del Servicio de Transporte Subterráneo, se desató un alúd de vacías declamaciones, con una total ausencia de datos concretos. Para ello fue fundamental que pese a la enorme complejidad del acto jurídico, las condiciones de traspaso se fijaron en solo dos páginas con cinco artículos, sin ninguna otra información técnica, jurídica o patrimonial anexa.

El resultado de tamaña irresponsabilidad se reflejó en las tardías discusiones sobre si la transferencia era acompañada de los fondos nacionales correspondientes , y si existían inventarios de bienes y estructura de costos del servicio, atento a que el subterráneo, como el transporte en general, había sido fuertemente subsidiado por el gobierno nacional, política esta que resultó un excelente sistema para que los más pobres subsidiaran a los más ricos, y muchos funcionarios públicos y empresarios privados se enriquecieran escandalosamente.

A este contexto se sumaron los sectores que se dicen representantes del interés común y para ello cobran salarios privilegiados, que en lugar de actuar en forma coordinada para lograr un mejor servicio a un costo razonable, desataron un cruce de opiniones y acusaciones especulativas en lo político y mediocres en lo técnico-económico, rayanas en el absurdo. Ello provocó que una vez mas, los usuarios, que como tales representan la verdadera diversidad ideológica y social, sean los permanentes perjudicados.

Tras el Acta-Acuerdo, el primer acto conmocionante lo generó la dirigencia gremial, llamando a un salvaje paro de actividades que paralizó el servicio por más de una semana, sometiendo a los ciudadanos de Buenos Aires a un caos del transporte. Dirigencia gremial que, vale recordar, no actuó ni con parecida firmeza ante las desinversiones, falta de mantenimiento y ausencia de control por parte de las autoridades estatales responsables a lo largo de la concesión, que se producían día a día ante sus propias narices.

Lo insólito de estas superficiales polémicas a 14 meses de firmada la mencionada Acta Acuerdo de transferencia, es que ni los ejecutivos nacional y porteño; legisladores supuestamente oficialistas u opositores; sectores gremiales y la empresa concesionaria Metrovías, informaron a la sociedad a la fecha cual es el costeo actualizado del servicio, en función de los habituales indicadores económicos y técnicos (bienes de capital; amortizaciones; masa salarial; gastos generales; costos financieros y beneficio empresario, entre otros). De no tener éstos datos, cómo es posible afirmar si el valor de un pasaje es o no razonable?

Para quienes piensan que cuando se ingresa en el camino de la necedad es muy difícil parar, recientemente se produjo otro hecho revelador. El legislador porteño Alejandro Bodart, del bloque MST-Proyecto Sur, presentó un recurso de amparo para que no se aplicara el incremento del boleto de $ 2,50 a $ 3,50. El recurso ingresó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nª 3, a cargo del juez Pablo Mántaras, que con un entusiasmo  digno de aplicarse a juzgar el cumplimiento de las leyes, acorde a su formación profesional, está analizando cuál es el valor adecuado del servicio, y dentro de que condiciones dicho valor deberá ser aplicado. En síntesis, el juez de la Justicia porteña Mantarás es quien definirá lo que a la fecha no supieron hacer la empresa Metrovías ni los funcionarios y legisladores involucrados, entre los que se encuentra el legislador Bodart, a quien se le paga para que analice y estudie los actos administrativos del Ejecutivo que afectan a los usuarios y contribuyentes, y no que haga demagógicos recursos de amparo para que sea otro el que investigue. Ni pensar lo que podría suceder si los representantes gremiales de los trabajadores de los subtes, hoy silenciosos y muy comprensivos con el bolsillo de los usuarios, dentro de pocos meses afectaran nuevamente la prestación del servicio con demandas salariales. Propondrán en ese caso incrementar el costo del pasaje, o que la diferencia salarial salga de los impuestos que pagan los ciudadanos?

La verdadera política consiste en gobernar en un marco de razonabilidad y justicia, porque toda acción que beneficie a determinados sectores, implica resignar pretensiones de otros sectores. Por eso los gobiernos populistas y los políticos mediocres son nefastos para cualquier sociedad democráticamente organizada. Hacen creer que los subsidios y beneficios sectoriales indisciminados e injustos es una gracia que parte de la generosa mano del “líder” de turno,  cuando en realidad cualquiera sea el sistema político, los recursos se obtienen ineludiblemente de los aportes de los ciudadanos. No entenderlo de éste modo, hará que recurrentemente en el tiempo aparezcan “los indignados”. Pero ya será demasiado tarde.

 

EXISTEN REALMENTE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS?

Las recurrentes discusiones y asimetrías salariales entre los distintos organismos del Estado nacional, provinciales y aún municipales, exponen con crudeza que las políticas públicas siquiera tienen un horizonte previsible de un par de meses, y mucho menos aún de un año.

Mas allá de declamaciones estentóreas y grandilocuentes, la factibilidad de las políticas de estado quedan plasmadas en el único instrumento que puede convertir los deseos en realidad: los presupuestos públicos elaborados por los distintos Poderes Ejecutivos, que son los verdaderos instrumentos de desarrollo de una sociedad, al establecer prioridades y perseguir objetivos para el corto plazo de un año, y posibilitar el normal desarrollo de los de largo plazo. La tarea exige mantener negociaciones previas entre los diversos sectores públicos y privados involucrados, valorizar costos administrativos, proyectar indicadores económicos, definir salarios públicos e inversiones, para luego plasmar ingresos y egresos, debiendo incluir éstos últimos una reserva ante situaciones imprevistas, tales como emergencias y catástrofes. De este modo se manifiestan las verdaderas políticas de gobierno y resultados de gestión, que pueden posteriormente denominarse Proyecto Nacional, Modelo, o el nombre de fantasía que se prefiera.

Una vez confeccionados son elevados a consideración de los correspondientes Poderes Legislativos para ser analizados, eventualmente modificados, y transformados en Ley, que en el caso del Presupuesto Nacional, que también involucra a provincias y municipios, no en vano es conocida como “la Ley de leyes”. No concluye aquí la tarea legislativa; los denominados representantes del pueblo deben ejercer un control permanente de su correcto cumplimiento, muy especialmente los sectores de oposición, que para ello la sociedad les otorgó el mandato en el carácter de tal.

El primer pensamiento del lector podrá ser que lo expresado no aporta nada nuevo a lo ampliamente conocido. Cabe entonces preguntarse cómo es posible que todos los años se repitan los descalabros y desigualdades salariales de los distintos organismos del Estado, y muy especialmente sean endémicos los conflictos del sector docente, que están llevando a la educación pública a niveles extremos de degradación, con cada vez menos días de clase efectivos en cada ciclo anual, lo que se traduce en un desbalance mortífero entre sus alumnos y los que concurren a establecimientos privados.

El Presupuesto Nacional del año 2013 comenzó a diseñarse en el pasado mes de julio, siendo aprobado en Diputados con 147 votos positivos y 87 negativos, y por el Senado por 42 votos a favor y 23 en contra. El 05 de noviembre de 2012 fue promulgado por el Gobierno nacional. El Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, por su parte, fue sancionado el 01 de noviembre de 2012. Los que en ambos casos votaron negativamente, deben aceptar obviamente la decisión de las mayorías y convertir sus objetivos en propios, pero sin renunciar a su ineludible obligación de controlar que se ejecute según lo establecido, y evaluar sus resultados concretos.

Si ejemplificamos lo antedicho con el conflicto salarial docente de la provincia de Buenos Aires, es natural suponer que dirigentes políticos oficialistas y opositores; gremialistas docentes y funcionarios del Ejecutivo provincial encabezados por Daniel Scioli, sabían perfectamente cuáles serían los salarios aprobados para todo el ejercicio del año 2013. Entonces, qué se está discutiendo en marzo de éste año, dejando a miles de alumnos sin la mentada “educación pública”?

A partir de esta pregunta cercana a la estupidez, se abren distintas hipótesis que no son tratadas por la mayoría de los analistas políticos, y menos aún, por los políticos de distintas vertientes partidarias sean oficialistas u opositores, acostumbrados a opinar mediáticamente de innumerables temas sin jamás proveer información concreta. No se conoce, por ejemplo, si la crisis provincial docente se origina porque Nación no envía mensualmente las partidas que corresponden a Buenos Aires, o bien la provincia elaboró un presupuesto irreal que ahora necesita de “un auxilio” no previsto por parte de la Nación. Por otra parte, cabe preguntarse si los dirigentes gremiales docentes se tomaron el trabajo de estudiar en noviembre de 2012 el presupuesto para éste año, porque no se entiende que recién ahora descubran que los incrementos aprobados por ley son muy inferiores a lo pretendido. Los interrogantes se suman: en caso de otorgarse a los docentes un incremento salarial mayor al previsto por ley, de qué partida saldría la diferencia? Si fuera la asignada a Educación, se afectará por ejemplo el rubro  mantenimiento de escuelas? Si así fuera, saldrían oportunistas dirigentes políticos y gremiales a criticar al adversario  político que ejerce el gobierno (por ejemplo Cristina Kirchner en Nación y Mauricio Macri en la ciudad capital), por no ejecutar las obras afectadas por la redistribución de partidas que ellos mismos promovieron?

La política salarial del Estado llegó a tales niveles de caos, desigualdad, injusticia y privilegios, que las diferencia entre los salarios jerarquizados de cargos políticos, legislativos y judiciales con la enorme masa de trabajadores de los sectores de la educación, salud y seguridad alcanza niveles escandalosos. Lo expresado incluye a las supuestas reparticiones estatales que se escudan en una falsa “autarquía financiera”, que no es tal cuando sus ingresos provienen de aportes de los contribuyentes en forma directa y obligatoria, o a través del Tesoro Nacional para cubrir sus enormes deficits operativos. En esta política de privilegios colaboran los conocidos dirigentes gremiales del sector público, siempre más atentos a sus intereses políticos personales que al de sus representados.

Esto se llama política salarial pública nacional y popular?

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA MARZO 2013

Se resume en la presente agenda mensual de seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción sustanciados por la justicia federal penal, que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, las novedades recientes.

1.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

El juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral y público el pasado 16 de enero, sin procesamientos al ministro responsable del área, ni gremialistas mencionados por el propio Bonadío como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio. A último momento y luego de haberlo procesado, el 14 de febrero dictó falta de mérito a Mario Cirigliano, uno de los dos hermanos responsables de la empresa concesionaria Cometrans. El juez Bonadío señaló que la empresa desvió a otras empresas vinculadas que no hacían a la prestación del servicio más de 45 millones de dólares. El proceso lo llevará a cabo por sorteo el Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por Oscar Amirante; Adrián Grunberg y Pablo Laufer. Se ignora la fecha de inicio del juicio, que por razones obvias debe ser en el corto plazo, para evitar la dilución de la causa.

2.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

El juicio oral que se tramita ante el Tribunal Oral Federal nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere, se reanudó el pasado 12 de febrero tras las lamentables declaraciones que nada aportaron a la causa del ex vicepresidente Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas coimas y provocara un cimbronazo político tras su renuncia. Se puede presuponer que si de las declaraciones de los ex titulares de la SIDE Carlos Sergnese y Carlos Becerra, como las de el actual titular Icazuriaga  y otros agentes de la Secretaría de Inteligencia, a quienes la presidente Cristina Kirchner relevó mediante decreto de la obligación de guardar secreto para que puedan declarar como testigos en el juicio para informar sobre la contabilidad interna u otra documentación, no surgen elementos probatorios concretos, el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados.

3.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

Transcurridos más de veinte meses del inicio de la instrucción, y mas allá de las recurrentes detenciones y liberaciones de Sergio Schoklender y su grupo, en los que concentró la investigación en exclusividad, el juez Norberto Oyarbide demorará la elevación de la causa a juicio oral y público el mayor tiempo posible, por lo que se aleja la posibilidad de que el Estado recupere el dinero público apropiado por integrantes de la Fundación. Por su parte el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, no informó porque a más de ocho meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados por el Estado nacional a la Fundación para construir viviendas, gran parte de ellos licuados por la corrupción. 

4.- Detención del Jefe de Policía de Santa Fe acusado de contactos con el narcotráfico

Luego del alienado cruce de acusaciones entre el gobernador Bonfatti, el candidato presidencial Binner, el diputado nacional Agustín Rossi, y el increíble silencio del máximo responsable nacional en la lucha contra el narcotráfico, Rafael Bielsa, producidas a partir de la detención y posterior liberación por orden del juez federal de Rosario Carlos Vera Barros del ese entonces Jefe de Policía de Santa Fe Hugo Tognoli, los contendientes se llamaron a silencio. Se habrán asustado los narcotraficantes y funcionarios estatales cómplices por el fuerte debate?

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, concluyendo las causas en escandalosos sobreseimientos generalizados. De no ser posibles, las actuaciones se prolongan hasta que operen las prescripciones.

COMENZÓ LA CAMPAÑA ELECTORAL (primera parte)

En octubre próximo se realizarán las elecciones legislativas para renovar la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados por el período 2013-2017, y un tercio de la Cámara de Senadores por el período 2013-2019. Previamente en agosto, las agrupaciones políticas deberán llevar a cabo las primarias (comúnmente conocidas como internas), abiertas, simultáneas y obligatorias, para elegir a sus candidatos.

El ciudadano común pensará razonablemente que para dichos actos eleccionarios aún falta tiempo, pero no para quienes actúan y especialmente viven de los cargos políticos. Se responderá que más allá de los deseos particulares, existen las limitaciones que impone la legislación electoral vigente, pero el cumplimiento de las leyes no es una de nuestras virtudes. Si no es posible el recurso de la “interpretación” de las leyes acorde nuestros intereses, muchas veces por parte de los mismos que las promulgaron, lisa y llanamente se las incumple. Por ello analizar el proceso preelectoral desde ya, a seis meses de las elecciones primarias, será mucho más útil para el votante que recién prestar atención a los candidatos durante el período de campaña. Ello es así porque los políticos involucrados en este período priorizarán sus situaciones personales, especialmente los que desean repetir como diputados y senadores, por sobre la elaboración en bien del país de construcciones políticas serias y valederas con visión de futuro.  

El devenir político diario se encuentra condicionado por mensajes diversos en los que muchas veces es difícil detectar lo cierto de lo especulativo, o lo posible de lo delirante. Sin embargo el transcurso del tiempo no debe ser en vano, porque muy posiblemente lo que sucederá en octubre próximo ya pasó anteriormente. En principio es muy difícil que el voto ciudadano pueda evitarlo en lo inmediato, pero sí podemos plantear temas que a la clase política no le interesa incluir en su agenda, pero que debería responder ante los requerimientos e inquietudes de la ciudadanía, independientemente de sus simpatías o ideologías, como forma de aproximarse a la valía y honestidad intelectual de los candidatos. Citemos un ejemplo.

Recientemente en una solicitada a toda página en los principales medios gráficos, el diputado Francisco De Narváez planteaba a la sociedad “Es Ella o Vos. Y nosotros estamos con Vos”. Pero “Vos”, yo, Ud., somos ciudadanos con mayor o menor nivel de información, que deberemos votar para ser “representados” en función de los compromisos que asuma el candidato. Por lo que la pregunta a formular a De Narváez y al resto de los candidatos debería ser: que hiciste VOS cómo legislador en los últimos cuatro años? Cómo votaste las leyes que implican grandes compromisos económicos para el país a futuro? (jubilaciones, reestatizaciones, decretos de necesidad y urgencia; manejo de las reservas del Banco Central); qué control legislativo realizaste de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en la aprobación de las leyes? Cuál fué tu nivel de asistencia a las reuniones de comisiones y sesiones legislativas? Qué proyectos de ley presentaste?

Esta información es esencial en una instancia en que la minimización de los partidos políticos hace que los candidatos carezcan de estructuras políticas sólidas que los respalden, permitiéndoles un manejo personal y autónomo una vez asumido el cargo. Hasta no hace mucho tiempo era impensable que los partidos justicialista, radical y socialista no  participaran de una elección a nivel nacional en carácter de tales. Sin embargo, no lo hicieron en las últimas elecciones ni lo harán en la próxima. En su lugar veremos siglas tales como Frente para la Victoria, UDESO, FAP, u otras fantasías similares, que se caracterizan precisamente por ser flexibles receptáculos de oportunidades en momentos electorales, en lugar de constituir estructuras políticas consolidadas, y detalle no menor, interconectadas en el ámbito nacional. Paradójicamente, los mismos políticos que promueven variadas y mutantes nuevas alianzas, critican a la recordada Alianza triunfante en la elección presidencial de 1989, muchos de cuyos integrantes, encabezados por el renunciante vicepresidente Carlos Alvarez, forman parte del actual gobierno. Una torpeza política quizás? Si de mantener a los mismos políticos coptando los principales cargos de representación se trata, debemos evaluarla no como torpeza sino como estrategia.  

Incursionar en un análisis más detallado que avale las hipótesis planteadas, exige delimitar los campos de estudio, diferentes entre sí, pero necesariamente interrelacionados. A tal efecto podemos destacar los siguientes aspectos:

1)      Antecedentes inmediatos: elección nacional legislativa de 2009, y presidencial de 2011.

2)      Marco legal electoral existente

3)      Puja política actual y proyección de la elección legislativa de 2013 en la presidencial de 2015.

4)      Porqué hay frentes, alianzas y coaliciones, y no partidos políticos consolidados?

5)      El cargo de representación legislativa debe ser del partido o de la persona?

6)      Campañas publicitarias: diferenciar entre la promesa y lo posible.

Iremos desgranando cada uno de estos aspectos en futuras reflexiones, para no desaprovechar esta posibilidad de análisis y crecimiento cívico. Si bien es impensable  que en los escasos ocho meses que restan para la elección nacional se produzcan cambios estructurales de fondo, se puede sembrar el camino para llegar en las mejores condiciones posibles a la elección presidencial de 2015. El equilibrio de poderes y la alternancia democrática en una república son conceptos a los que, al menos públicamente, todos adhieren. Pero como este principio usualmente no se promueve desde el poder, el buen político es el que lo hace posible desde el llano.

ACUERDO CON IRÁN: LO QUE SE OMITIÓ ACLARAR

Sumar una opinión más a las vertidas sobre aspectos puntuales del Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de Argentina e Irán vinculado al ataque terrorista a la sede de la AMIA en julio de 1994, visto en algunos casos la relevancia de los opinantes, no aportará nada nuevo a la polémica. Pero es oportuno reflexionar sobre el contexto y aspectos específicos que increíblemente no fueron planteados.

Vayamos de lo general a lo particular. Dentro de las variadas definiciones de diplomacia, rescatemos la más entendible para una sociedad, y por ello más valedera. La diplomacia implica “aplicar el sentido común, comprensión  y manejo profesional a las relaciones internacionales entre soberanos”. Salvo honrosas excepciones, nuestros gobiernos priorizaron en la Cancillería “lo político sobre lo profesional”, y en cuanto al sentido común, la aplicación de la frase “en política, uno más uno no es igual a dos”, que justifica cualquier disparate. Esto explica el pobre debate público que se pudo observar en las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales y Justicia del Parlamento.

Por su parte, el “memorándum” es un escrito breve por el que se intercambia información y se sugiere líneas de acción sobre temas e intereses entre sectores involucrados. Su carácter por lo tanto, es de menor categoría que el de convenio, acuerdo o tratado, y en el campo diplomático se utiliza para restar solemnidad a las supuestas coincidencias logradas. Sin embargo, su ratificación por ley del Congreso, que en nada clarifica omisiones, vaguedades e interpretaciones sobre alcances jurídicos de algunos de sus términos, le otorgará una enorme trascendencia en un futuro debate diplomático de no arribarse a un acuerdo.

Planteado este contexto, no puede sorprender los titubeos del canciller Timerman en definir los alcances del memorandum; la poca profundidad y coordinación de las preguntas realizadas por supuestos opositores para establecer su vulnerabilidad; las dubitativas posturas iniciales de los representantes de la AMIA y la DAIA, quizás por lo sorpresivo del anuncio, y finalmente, el estado de confusión que el documento produjo entre las agrupaciones de familiares afectados por el atentado, que las llevó a adoptar posiciones encontradas. Este último aspecto es el más revelador, porque es impensable que quienes sufrieron la pérdida de seres queridos fijen posturas en función de especulaciones políticas. 

En el marco de la confusión desatada, se obvió la frase más trascendente del canciller Timerman, repetida por otros funcionarios, y que sin estar referida específicamente al memorandum debería haber originado un sinnúmero de pedidos de aclaracion. Se afirmó que por no haberse podido interrogar a los sospechosos iraníes residentes en Irán, la causa del atentado a la AMIA “se encontraba estancada”. Para seguir sumando absurdos, Timerman acusó a Guillermo Borger, presidente de la AMIA, de intentar que la causa no avance para encubrir a Rubén Beraja, presidente de la DAIA en la época del atentado.

Un ataque terrorista que por su envergadura reconoce un conflicto de carácter internacional, pero exige una fuerte logística local, no necesita de la declaración de los sospechosos iraníes para identificar y probar la participación de residentes en el país. Tampoco se puede pretender que los iraníes arrojen luz sobre las posteriores complicidades políticas y judiciales argentinas en la etapa investigativa para mantener la impunidad de los responsables. Cuando una presidente de la Nación habla de omisiones en el accionar de jueces de la Corte Suprema de Justicia, y un canciller destaca  responsabilidades de un ex representante de la DAIA, no se trata de aprobar o rechazar estas acusaciones. Se trata de actuar. Obtener respuesta a este interrogante no depende de barajar alternativas sobre el resultado que arroje la implementación del acuerdo entre Argentina e Irán, sino de identificar y castigar en el ámbito de la justicia argentina a los culpables de la acción y posterior encubrimiento que actúan y residen en nuestro país.

El exceso de dudas y omisiones que presenta el acuerdo con Irán, hace suponer que poco se conoce sobre las verdaderas razones que lo motivaron. En realidad, la historia está plagada de ejemplos de dualidad política, en la que lo que se debate públicamente no se corresponde con los objetivos privados. Expresaba hace más de 500 años Nicolás Maquiavelo, cuando señalaba de que modo deben cumplir los príncipes sus promesas: “Se podrían citar innumerables ejemplos modernos de tratados de paz y promesas vueltos inútiles por la infidelidad de los príncipes. Que el que mejor ha sabido ser zorro, ese ha triunfado. Pero hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquél que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar”.

CUANDO LAS POLÉMICAS OCULTAN ACUERDOS

Intentar comprender el devenir político, y fundamentalmente avizorar un futuro coherente y posible para el país, obliga a reflexionar acerca de las causas por las que los máximos representantes políticos, gremiales y empresariales de las dos últimas décadas sean siempre los mismos apellidos. En un sistema democrático, la inmediata respuesta sería que todos ellos han sido legitimados por la elección de las mayorías a las que representan. Esto es realmente así?

El discurso político que acompaña estas permanencias en los cargos de representación, de quienes además han convivido durante años en ámbitos políticos, sociales, deportivos y aún familiares, muchas veces entrecruzando intereses ajenos a lo ideológico, invoca la necesidad  de “evitar agravios; obtener consensos; dialogar”, para posteriormente hacer todo lo contrario. La aparente dicotomía se explica en que no son las sociedades las que naturalmente se dividen en buenos y malos según sean sus creencias, sino son los sectores dirigenciales privilegiados eternizados en sus cargos excelentemente rentados los interesados en crear lo que en la propaganda política se conoce como la “Regla de simplificación y del enemigo único”, que no es un hallazgo de Laclau, sino de los regimenes dictatoriales, cuyo máximo exponente fue el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, quien expresaba: “La propaganda debe limitarse a una pequeña cantidad de ideas a repetir siempre. La masa solo recordará las ideas cuando le sean repetidas centenares de veces”.

En el caso argentino lo sorprendente es que en torno a las mismas ideas genéricas e indefinidas, (lo más simples posibles diría Goebbles), como nacional, popular, neoliberal, modelo, debaten entusiastamente a lo largo del tiempo tanto supuestos oficialistas como supuestos opositores, mutados según convenga en neoliberales, progresistas, de derecha, de izquierda, disidentes, aliancistas, frentistas, y otros ropajes ideológicos, bajo la exclusiva catalogación de “bueno o malo; dialoguista o autoritario”, evitando toda profundización de los temas. Quizás esto explique preliminarmente porque solo hay proclamas y no políticas claras, críticas y no alternativas, pequeños grupúsculos electoralistas y no partidos políticos. Esta realidad nos obliga a pensar que las supuestas divisiones políticas son solo estrategias para captar porciones escasas del voto ciudadano que les permita por siempre permanecer. Posiblemente lo expresado lo veremos con claridad en la próxima elección legislativa.

Carlos Marx afirmaba que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. La farsa es un tipo de obra teatral cuya trama esta basada en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, con el fin de engañar o aparentar. Que la farsa se traslade a la actuación política implica un grave riesgo para la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos. Dos ejemplos recientes ejemplifican la hipótesis planteada.

En la provincia de Santa Fe se desató un alocado cruce de acusaciones entre autoridades nacionales y provinciales respecto al creciente narcotráfico en general, y en Rosario en particular. Sus principales exponentes fueron el gobernador Bonfatti; el pretendido candidato presidencial Hermes Binner; el jefe del bloque oficialista de diputados del Frente por la Victoria Agustín Rossi, y un dato no menor, la ausencia en el debate de Rafael Bielsa como máximo responsable del la Secretaría de Prevención de la Dogradicción y Lucha contra el Narcotráfico, organismo nacional entre cuyas tareas figura la de “ identificar y perseguir a quienes trafican y por ende comprometen la vida y futuro de generaciones de argentinos”.  Para colmo, todos los mencionados funcionarios son santafecinos.

Ante lo delirante y electoralista de la polémica, lo más triste para  kirchneristas; no kirchneristas; progresistas o neoliberales, es asumir que la sociedad se encuentra totalmente desprotegida ante el lucrativo y creciente negocio del narcotráfico, que necesita de la complicidad y/o ineficacia de quienes deben combatirlo, sean oficialistas u opositores.

El segundo ejemplo no es menos absurdo. Recurrentemente se producen enfervorizadas polémicas entre el Gobierno nacional y algunas Provincias respecto a la injusta distribución de los recursos coparticipables, con reclamos que convergen en quien ejerce circunstancialmente el Poder Ejecutivo, hoy la presidente Cristina Kirchner, acusando una injusta distribución de dichos recursos entre la Nación y las provincias, para permitir al gobierno nacional obtener fondos excedentes para disciplinar a gobernadores e intendentes.

Pero se omite señalar que esto es posible como resultado del incumplimiento de la cláusula transitoria sexta de la reforma constitucional de 1994, que otorgaba plazo hasta 1996 para dictar una nueva ley convenio que estableciera una coparticipación más justa. Este incumplimiento es responsabilidad exclusiva de los gobernadores y legisladores provinciales que tienen la potestad y posibilidad para hacerlo, con independencia del deseo presidencial, quienes no solo incumplen con sus responsabilidades, sino incrementan las atribuciones y arbitrariedades del Ejecutivo nacional, votando mayoritariamente injustificados decretos de necesidad y urgencia sin límites temporales, cuando simultáneamente se pregona que el país crece “a tasas chinas”.

Cabe preguntarse entonces: tienen sustento los reclamos de las provincias a la Nación, incluso en instancias judiciales? No será más importante para los provincianos que en lugar de votar por candidatos según sean oficialistas u opositores, preguntarse que han hecho cada uno de ellos por sus provincias una vez asentados en la gran ciudad de Buenos Aires, y en el colmo del absurdo, haber incrementado sus dietas con pagos especiales “por desarraigo”?

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA FEBRERO 2013

Se inicia con la presente agenda mensual los seguimientos rutinarios durante el 2013 de casos judiciales de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado.

1.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

El juez Claudio Bonadío elevó la causa el pasado 16 de enero a juicio oral y público. Previamente la sala II de la Cámara Federal constituída por los jueces Horacio Cattani, Martín Iruzum y Eduardo Farah, confirmaron la decisión de Bonadío de procesar entre otros a los ex Secretarios de Transporte Jaime y Schiavi y los empresarios Cirigliano solo por  administración fraudulenta, estrago culposo (sin intención), e incumplimiento de sus funciones por no haber controlado intencionadamente el desarrollo de la concesión. Pese a que tanto el juez Bonadío y el fiscal Delgado hicieron mención de ello en sus alegatos, no se procesará a los acusados por asociación ilícita, que supone el pago de dádivas con los subsidios del Estado conocidas como “retornos” (el privado paga coimas a los funcionarios que debieran controlarlo con los propios recursos públicos), delito éste que tiene una sanción penal mucho mayor. Se estima los subsidios a favor de TBA en más de 1.900 millones de pesos. Tampoco se procesó a gremialistas mencionados por Bonadío en sus fundamentos como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio.

Indirectamente con este caso se relaciona el fallo del juez federal Luis Rodríguez, que juró en su cargo el pasado 13 de octubre, sobreseyendo de inmediato a Ricardo Jaime y empresarios ferroviarios que integran la empresa que gestiona las líneas Sarmiento y Mitre, por contrataciones para reparación de vagones realizadas por altos montos con otras empresas controladas por los mismos grupos empresarios. La eventual apelación la debe realizar el fiscal Carlos Stornelli, que integra la Comisión de Seguridad del club Boca Juniors.

2.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Luego de haber sido reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, la causa entró en un letargo, pese a que permanentemente surgen nuevos elementos incriminatorios para los funcionarios públicos y empresarios privados involucrados, entre los que se encuentran el vicepresidente Boudou, los banqueros Moneta y Brito, y el intermediario Vandenbroele. 

Se destacan cuatro novedades: 1) Aún no se conocen los dueños de la sociedad Old Fund, presidida por Vandenbroele, que asumiera el control de la ex Ciccone. 2) El Tribunal de Tasaciones de la Nación aún no estableció el monto de expropiación de la empresa.3) Desaparecieron de la Inspección General de Justicia, actualmente a cargo de Norberto Berner, los expedientes que deberían revelar los antecedentes societarios de la ex Ciccone, Old Fund y aportes de London Supply, que explota los aeropuertos patagónicos. 4)  La familia Ciccone efectuó una presentación el pasado 19 de diciembre ante el Ministerio de Economía, solicitando información sobre la situación de la empresa al momento de la intervención estatal (balance de inicio; inventario de los activos de la sociedad; facturaciones y cobranzas realizadas; destino dados a los activos y demás bienes de la empresa), entre otros interrogantes no menos importantes. Dicha presentación se hizo bajo apercibimiento de demanda al Estado por el manejo de la empresa. A la fecha no hubo respuesta de Economía. 

Cabe destacar que la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, rechazó las nulidades planteadas por los defensores de Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele, respecto al testimonio de la ex esposa de este último, Laura Muñoz; del allanamiento del departamento propiedad de Boudou en Puerto Madero, y todas las pruebas reunidas por el anterior fiscal Rívolo con posterioridad a ser recusado por la defensa de Boudou. Haber aceptado este pedido de nulidades hubiera llevado a la impunidad de la causa.

3.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli

El Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por Luciano Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Jiménez Uriburu, condenó a cuatro años de prisión a Felisa Miceli, por haberse encontrado en junio del año 2007 en el baño de su despacho de Ministra de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no solo no pudo justificar, sino que falseó y modificó su declaración inicial respecto a su origen, al punto de ser acusada una testigo ofrecida por la defensa de falso testimonio. La señora Miceli declaró que fue condenada porque carecía “de protección”. Como el fallo fue apelado por su defensa, cabe la posibilidad de que en esta instancia el beneficio le sea otorgado.

4.- Contrabando de 944 kilos de cocaína transportada a España en un vuelo privado argentino.

El 02 de enero de 2011 la Guardia Civil española detuvo en el aeropuerto El Prat a los hermanos Juliá y a Matías Miret por transportar 944 kilos de cocaína en un jet privado que había partido de Ezeiza el 01 de enero, luego de haber estado estacionado casi dos meses en el aeródromo de Morón, en donde se produjo la carga. La investigación de la conexión local y actuación de los organismos de control, inicialmente a cargo del juez federal en lo penal económico Alejandro Catania, sustituído luego por el juez Rafael Caputo, no tuvo ningún avance. En febrero de 2011 el juez Oyarbide intentó sin éxito trasladar a su juzgado la causa. Matías Miret fue absuelto, y en enero de este año los hermanos Juliá condenados a trece años de prisión. En la Argentina, los jueces continúan investigando “hasta las últimas consecuencias”. Llegado a nuestro país, Matías Miret expresó una obviedad: ¿ dónde estaban la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando salió de Ezeiza el avión con una tonelada de cocaína?

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, y las causas se prolongan hasta que operen las prescripciones, o concluyan en escandalosos sobreseimientos generalizados.

POLÍTICA: ENTRE LA LECTURA Y EL CINE

Es sabido que las vacaciones posibilitan una saludable recuperación física y sicológica, en donde el descanso y el esparcimiento cumplen roles fundamentales. Entre otras actividades, se destacan la concurrencia a espectáculos públicos y la lectura. Los políticos, omnipresentes a la hora del ejercicio mediático, no podían estar ajenos al jolgorio vacacional.

En el campo de los espectáculos se destacó claramente el laureado actor Ricardo Darín, no precisamente por su rica trayectoria y el reciente estreno de la película “Tesis sobre un asesinato” en la que participa, sino por haber dicho en un reportaje que los más altos funcionarios públicos deberían explicar el origen del notable crecimiento de sus patrimonios durante el desempeño de cargos públicos “full time”, y vale agregar por mi parte, acompañados por todo su núcleo familiar. Lo que dicho por políticos supuestamente opositores o periodistas destituyentes hubiese merecido alguna breve descalificación mordaz, generó una inmediata y profusa respuesta nada mas y nada menos que de la Presidente de la Nación, quien destacó que sus declaraciones patrimoniales fueron avaladas por la Justicia, y recordó, ya sea por seguidora fanática de Darín o por información acercada por obsecuentes, un suceso judicial atravesado por el actor hace más de 15 años.

En lo que a literatura respecta, “La isla del dr. Moreau” es una novela de ciencia-ficción escrita en 1896 por H. G. Wells, basada en la experimentación en animales que Moreau realizaba en la isla de marras para asimilarlos a humanos, dando lugar a híbridos humano-animales. Varias veces llevada la ficción al cine, es recordada la versión interpretada por Marlon Brando. En este verano se produjo un “revival” de la novela protagonizado por otro Moreau, el supuesto radical Leopoldo, exponente de un experimento similar realizado ya no en una isla, sino en todo el ámbito nacional y con gran éxito: los híbridos políticos.

Ambos casos, más allá de polémicas altisonantes, dejan varias facetas para analizar, intentando crear distancia con los falsos debates entre supuestos oficialismos u oposiciones, que ingenua o intencionalmente, enmascaran la realidad.

Las manifestaciones de Darín, como bien aclaró, se refirieron a los altos funcionarios públicos en general, incluyendo obviamente a quien ejerce el máximo cargo ejecutivo. Intentar entonces centrar la crítica en la Presidente al cobijo del prestigio de Darín no es justo. Pero sorprendió la reacción presidencial, que sintiéndose directamente aludida, se sustentó en  dos argumentos: el primero de ellos, que fue sobreseída de la acusación por su supuesto enriquecimiento ilícito por la Justicia Federal, lo que en vista de la  incapacidad que exhibe desde hace décadas para penalizar los saqueos a los que son sometidos los fondos públicos, carece de solidez. Baste recordar dos casos emblemáticos vigentes: la defraudación de la Fundación Sueños Compartidos que preside Hebe de Bonafini, y la compra y posterior estatización de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, siendo el vicepresidente Boudou el principal funcionario involucrado. Recordemos además que la misma Presidente expresó recientemente la necesidad de “democratizar” la Justicia, por su actitud defensora “de los grandes grupos económicos”. Pero cuando seguidamente señala que se pone foco casi excluyente en su persona en cuanto a transparencia, y no se actúa de la misma forma respecto a otros funcionarios, como por ejemplo Daniel Scioli, tiene razón. Al respecto, no se comprende porque no se hace pública su declaración actualizada, para cotejarla con la última conocida de hace varios años, en donde prácticamente no figuraba patrimonio propio. En el manejo de la cosa pública no se puede distraer a los ciudadanos con reiteradas alusiones a perfiles de soberbia, autoritarismo, confrontación, en un caso, y dialoguismo, amigable componedor, estoicismo, en el otro. Este es un viejo y remanido trabajo de falseamiento de imagen. La realidad se mide por parámetros de eficacia y honestidad aplicables a todos sin excepción, con resultados de conocimiento público.

El caso de Moreau es interesante, porque es el comienzo de una serie de exposiciones mediáticas y contradicciones dialécticas que afrontarán los principales políticos que intentarán ser incluídos en lugares expectantes en las listas de diputados y senadores nacionales en la elección de este año, ya sea para ingresar, o bien continuar ejerciendo el cargo. A los efectos de la presente reflexión ubicaremos a Moreau como aún radical, y supuesto opositor. Moreau comenzó a transitar distintos programas políticos televisivos, señalando básicamente “que no había que hacer antikirchnerismo, sino radicalismo”. Un concepto impecable, digno de elogios. Pero cuando dicho concepto tenía que ser fortalecido con propuestas concretas que brinden a la sociedad una alternativa sólida y creíble a las políticas del actual gobierno, Moreau derrapó, expresando que en realidad, “el kirchnerismo lleva adelante muchos principios básicos del radicalismo”. Cabe entonces preguntarse: Moreau pretende ir como candidato en alguna lista kirchnerista o radical? Tras cartón, y como es de rutina, en lugar de definir líneas programáticas ante temas concretos, la polémica radical derivó en un intercambio epistolar entre Leopoldo (Moreau); “Facundito” (Facundo Suárez Lastra); Mario (el presidente de la UCR Mario Barletta), entre otros, exhibiendo todos ellos una pobreza argumentativa que a nadie debería sorprender. En defensa de los involucrados, debemos señalar que debatir a través de cartas públicas o programas televisivos es inevitable, porque la instancia de los partidos políticos como naturales receptáculos de debate e intermediación de la política con la sociedad, no existe. Moreau es un excelente ejemplo de la hibidrez que presentan los actuales dirigentes de los tradicionales partidos radical y socialista, que carentes de estructuras políticas sólidas que los convierta en opción de gobierno, solo buscan eternizarse en la ocupación de cargos legislativos. Vale recordar la pasividad mostrada por ambos sectores en la aprobación de las leyes de estatización de las jubilaciones privadas; de Aerolíneas Argentinas y de Repsol-YPF,  sin ofrecer propuestas superadoras desde lo legal y lo económico, ni cumplir con sus obligaciones de contralor de los objetivos que dicen compartir, remitiéndose solo a expresar que tales decisiones de gobierno se correspondían con sus filosofías históricas. Exactamente lo que hoy afirma Moreau, en su intento de proteger al gobierno de las críticas.

Para concluir la primera reflexión del año, diremos que a la fecha no se conocen detalles del rutinario gran acuerdo político que anualmente convoca a oficialistas, opositores, neoliberales, progresistas, y otros alineamientos ideológicos-partidarios, sin someternos a enfervorizados debates: el incremento de las dietas legislativas.

ENTRE EL CINISMO Y LA HIPOCRESÍA

Desde que Sócrates identificó a la justicia como la más alta de las virtudes, se debate si es valorada por sí misma, o solo para mantener las apariencias sociales de probidad. Esta dualidad quedó reflejada en los diálogos que Platón mantuvo con Glaucón, transcriptos en su obra “La República”, escrita hace más de 2.500 años, y que mantienen plena vigencia. Entre estos extremos de virtud y apariencia oscila la hipocresía, representada por políticos que permanentemente claman por una justicia independiente solo para salvar las apariencias, y el cinismo ejercido por quienes legitiman la corrupción como modo de vida. Esta última actitud tiene una traducción criolla: “Roban pero hacen”.

Esta ambivalencia, que lamentablemente nuestro sistema democrático aún no pudo superar, gracias al Grupo Clarín acaba de estallar. Como primera observación debemos señalar que no es casual que el tema del acalorado debate sea estrictamente político-económico, y no relativo al saqueo de las arcas del Estado; o a las vidas sacrificadas como resultado de coimas entre empresarios y funcionarios públicos; o por el crecimiento del narcotráfico con cobertura política, o ante la trata de mujeres para abastecer prostíbulos clandestinos protegidos en las respectivas jurisdicciones por el poder político. A lo sumo, algunos ciudadanos afectados por estas corruptelas tendrán la gracia de ser recibidos por altas autoridades de gobierno, quienes comprometerán un “amplio apoyo para que se haga justicia”. Se distribuirán entre los medios de comunicación información del encuentro, y asunto terminado.

En el caso de la sra. Trimarco, madre de la desaparecida Marita Verón, sería una necedad discutir la validez del fallo del tribunal de Tucumán, que exculpó a la totalidad de los acusados, sin tener la adecuada formación jurídica y sin conocer el expediente. Pero sí se puede opinar con firmeza sobre dos realidades. En primer término, que es escandaloso que el juicio se halla llevado a cabo a diez años de la desaparición de Marita, lo que de por sí muestra el intento de impunidad. La segunda realidad será dolorosa para la sra. Trimarco: pasado el cimbronazo político (repito: político, no humano), los prostíbulos clandestinos seguirán gozando de buena salud.

El caso Clarín desnudó en solo quince días cinismos e hipocresías. Los dictámenes de la Corte Suprema, de los integrantes de la Sala I en lo Civil y Comercial Federal Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta, y recientemente del juez de dicho fuero Horacio Alfonso, respecto a la constitucionalidad del artículo de desinversión establecido en la Ley de Medios, provocó un cruce de agravios, descalificaciones y menoscabos ante los sucesivos dictámenes, intercambiados entre funcionarios de un gobierno ora revolucionario, ora autoritario, bajo el eslogan de su lucha contra los “monopolios”, y sectores políticos y sociales ora defensores de la independencia judicial y ora defensores de la libertad de expresión,  según los fallos se ajustaran o no a las pretensiones de las partes. No es objeto de esta reflexión opinar sobre razones y derechos en litigio, sino señalar una circunstancia mucho más grave: la situación del poder judicial llegó a un límite de legitimidad insostenible.

Hasta hace pocos días oficialistas y opositores coincidían en que uno de los logros de la actual gestión de gobierno era la conformación de una Corte Suprema prestigiosa. El caso Clarín arrasó con esta creencia. Uno de los portavoces del gobierno, el comentarista deportivo devenido en analista político Víctor Hugo Morales, con total desenfado señaló a los jueces supremos Lorenzetti y Maqueda, como responsables de una avanzada contra los intereses del gobierno. El juez Alfonso puede pasar de ser intrascendente, independiente o afín al gobierno en cuestión de horas. Un Jefe de Gabinete puede denominar públicamente “Cámara de mierda” a la que no falló de acuerdo a sus expectativas. Entrando ya al campo de lo fellinesco (sin la calidad de las películas de Fellini), los supuestos opositores vivan a los “independientes” y denostan a los “oficialistas”. Lo insólito es que este enfervorizado debate sobre la justicia se produce en el fuero Civil y Comercial federal, y no en el recurrentemente ineficaz fuero Penal federal, que entiende en las causas de defraudación contra el Estado y enriquecimiento ilícitos de funcionarios, responsable en gran medida del continuo desprestigio de la justicia argentina. Basta con citar un ejemplo: los jueces Oyarbide, Servini de Cubría, Bonadío y Canicoba Corral, acusados hasta el hartazgo por sectores políticos de ser funcionales al menemismo en la época del “neoliberalismo”, son sostenidos firmemente por los mismos críticos de otrora, reconvertidos hoy en “progresistas”. Es incoherente? De ningún modo; la política de impunidad en los delitos contra el Estado se mantiene invariable a lo largo del tiempo. Las lista de casos, aún siendo sintética, agobia: IBM-Banco Nación; IBM-DGI; contrabando de armas a Ecuador y Croacia; coimas pagadas a funcionarios por la empresa sueca Skanska; venta de la empresa Tandanor; dádivas al funcionario Ricardo Jaime; sobornos en la construcción de la presa Yacyretá; coimas pagadas por la empresa Siemens para confeccionar los DNI; defraudación de fondos públicos por la fundación Sueños Compartidos; pérdidas de vidas en estación Once producto de severos incumplimientos contractuales y distribución de coimas; negociado entre privados y el Estado a través de la ex Ciccone Calcográfica, estando involucrado el vicepresidente Boudou y un grupo de amigos; dádivas a la ex Ministra de Economía Felisa Miceli; falseamiento de drogas y sobrefacturaciones en obras sociales gremiales. Todos estos casos, y muchos otros, no merecieron enfervorizados debates, acusaciones de juicios políticos, ni amenazas de “democratizar” la justicia, ante la vergonzosa actuación de los funcionarios judiciales actuantes.

Es cierto que el debate irracional de hoy se centra en el ataque indisimulado a un fuerte grupo económico, que cabe aclarar, no es una condición que configure ningún delito por sí mismo. Cuál es la diferencia entonces entre los casos de corrupción mencionados anteriormente, en los que también intervinieron fuertes grupos económicos? Sencillamente en que existían acuerdos de beneficios mutuos entre dichos grupos y los funcionarios, y las dádivas otorgadas surgían de sobrecostos y ganancias desmedidas que los contratistas del Estado retornaban a los funcionarios. El acuerdo entre las partes no era difícil: los fondos salían y saldrán de los bolsillos de los ciudadanos, o sea, del presupuesto público.

Es hora de autocríticas: la justicia no supo proteger su independencia e integridad, ni juzgar a sus pares corruptos. Posiblemente tampoco nosotros los ciudadanos actuamos según declamamos; cuando salimos en masa a protestar contra la corrupción, o bien no tenemos en claro en que nos afecta realmente, o bien nos agotamos en el mero reclamo socialmente correcto.

Gracias al Grupo Clarín, el cinismo y la hipocresía alcanzó su máxima exposición.