viernes, 26 de octubre de 2012

CUANDO LA FUTUROLOGÍA DEJA DE SERLO


La futurología es una disciplina y un conjunto de metodologías orientadas a la previsión del futuro, imaginando escenarios posibles, para posteriormente planificar acciones destinadas a evitar o acelerar los sucesos previstos.

Aplicar la futurología al desenvolvimiento del sistema político argentino sería ocioso, no precisamente por la dinámica de la política en sí, sino por la existencia de un entramado legal en lo partidario y electoral, que posibilita que los cargos electivos de relevancia sean ocupados inevitablemente por las mismas personas desde hace veinte años. Para sustentar esta opinión, hagamos un ejercicio demostrativo hacia el futuro, que podrá ser verificado recién en el próximo año, cuando en octubre se realicen las elecciones nacionales legislativas para diputados, y en noviembre las provinciales para senadores. El punto de partida del análisis consiste en observar a quienes se les vencerá el mandato. Por el Frente Para la Victoria están Diana Conti, Kunkel, Recalde, Agustín Rossi, Jorge Yoma, y Depetri. Por la Unión Cívica Radical Alfonsín, Aguad y Gil Lavedra. Carrió por la Coalición Cívica y Gabriela Michetti por el PRO. Sigue un conjunto de agrupaciones menores que nunca se sabe como se sitúan en el espectro político: De Narváez, Amadeo y Solá por el Peronismo Federal; Sabatella por Nuevo Encuentro; Solanas por Proyecto Sur, y Stolbizer del GEN. Como senadores vencen los mandatos de Cabancich (se ignora a que partido pertenece); Pichetto y Filmus del FPV; Esstensoro por la Coalición Cívica; Romero por el Peronismo Federal y Pablo Verani por la UCR. A los señalados debemos agregarle la segura candidatura a legislador de Binner por Santa Fe, y los  intentos de regresar a la función legislativa de Alberto Fernández y Leopoldo Moreau, ignorándose en ambos casos al frente de que agrupaciones y con que propuestas distintivas lo harán.

Ninguno de los mencionados renunciará a sus expectativas de ocupar bancas legislativas. Como no existen partidos con participación directa de afiliados para la elección interna de los candidatos, la integración de listas será producto de un único elector a nivel del oficialismo; por autoproclamación en el caso de agrupaciones menores que adherirán luego al oficialismo para alcanzar una banca, y en el peor de los casos, como resultado de fervorosas discusiones entre pocos dirigentes acostumbrados a negociar la distribución de los espacios mejor rentados. Para muchos sin embargo, la tarea para lograrlo no será sencilla, cuando no humillante. Felipe Solá buscará un indisimulado retorno al calor oficial con el único objeto de ser incluído en la lista del FPV. Otros, como Jorge Yoma, que nunca se apartó del oficialismo, intentará en lo inmediato fijar posturas disidentes con el gobierno en algunos temas para negociar su nueva inclusión el próximo año. Diputados como Conti o Rossi pueden abandonar la prédica de “Cristina eterna” si no son nuevamente seleccionados como candidatos. Los ejemplos dados indican a las claras que ni aún la tarea de la Presidente en el armado de las listas será tarea fácil. Más aún, en muchos casos las soluciones serán costosas para el erario público. Es recordado el enojo de Luis D¨Elía cuando no se lo incluyó como candidato en las últimas elecciones. Solo se calmó cuando su esposa integró la lista de diputados del FPV en la provincia de Buenos Aires, y todos sus hijos fueron ubicados en cargos públicos con altísimos sueldos. 

El caso de las supuestas oposiciones, fundamentalmente para la sociedad argentina y la alternancia democrática, es mucho más grave. En la elección nacional legislativa de 2009 el oficialismo sufrió una inesperada derrota producto de la fragmentación del peronismo, obteniendo solo el 31,2 % de los votos. El dato impactante fue la derrota de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, ante Francisco De Narváez por Unión-Pro. Se festejó el triunfo opositor como un logro que evitaría las mayorías automáticas legislativas, y abriría una tibia alternativa opositora. El fracaso fue estruendoso, al punto que los opositores de entonces presentan hoy nuevos realineamientos en sus agrupaciones, mostrando un nivel de fragmentación que hizo eclosión en la última elección presidencial, en donde el dato relevante no fue el 54 % del Frente para la Victoria y el 46 % del conglomerado opositor, sino que la Presidente le sacó… 37 puntos al segundo candidato!!!  Cabe entonces preguntarse: cuál será la estrategia de las distintas variantes opositoras para que las voten en el 2013? 

Como se observará, la futurología respecto a las elecciones legislativas del próximo año no es tal, y más allá de los porcentajes que obtengan las expresiones políticas participantes, el panorama no es halagüeño, tanto en lo referido a la renovación política como al mejoramiento del sistema democrático de representación. La Presidente deberá lidiar mucho más con sus divergencias internas y adhesiones “al modelo” costosas, que con lo que ofrezca una oposición dispersa, carente de alternativas de gobierno, incoherente en sus votaciones legislativas,  y castradora de toda expresión política interna renovadora.

Luego de un diagnóstico ciertamente pesimista, es momento de generar optimismo recordando que toda crisis ofrece oportunidades. La forma de plasmarlas en realidades es conformar una oposición institucional coherente y estable a lo largo del tiempo, prácticamente desde sus cimientos. El hartazgo de los electores ante el permanente y oportunista cambio de los alineamientos políticos de quienes pretenden actuar como representantes de porciones del electorado, brinda a distintos estamentos de la sociedad civil una interesante posibilidad para reconstituir equilibrios en los sistemas de representación con la participación de nuevas figuras. A muchos de los políticos abonados permanentes de las listas para cargos legislativos, les cabe una sabia definición de Maquiavelo: “Quien cambia de bandos queda en ninguno”. 



viernes, 19 de octubre de 2012

EL FALSO CONCEPTO DE TRIUNFO


Recientemente se asistió a una puja entre sectores del oficialismo y la oposición respecto a la legitimidad del dr. Leandro Despouy para continuar presidiendo la Auditoría General de la Nación. Finalmente se resolvió su continuidad ante el abroquelamiento en su defensa de sectores supuestamente opositores, lo que fue considerado por determinados analistas políticos un éxito de la oposición. Una vez más, lo escenográfico oculta lo esencial.

La primera duda que genera el suceso, es porqué la firme actitud opositora en defensa de Despouy no se repite en la defensa de los informes de auditoría del organismo que señalan graves falencias cuando no corruptelas en distintas áreas del sector público nacional, los que reiteradamente buscan ser neutralizados por los Auditores Generales de la AGN, quienes necesariamente deben aprobarlos para su oficialización, y por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que debe controlar las actividades de la Auditoría General. Se justifica esta situación señalando que tanto en el Colegio de Auditores como en la Comisión Parlamentaria la mayoría de sus integrantes pertenecen al oficialismo, lo que da lugar a una segunda reflexión. Los organismos de control del sector público creados para evitar desmanejos y corrupciones, pomposamente presentados a la sociedad como de rango constitucional, descentralizados e independientes del poder político de turno, son licuados mediante el armado de estructuras jerárquicas de conducción en donde la mayoría de sus miembros son aportados por el oficialismo. Cabe preguntarnos entonces si esas mayorías justifican la impunidad. Por otra parte, las minorías existen en un gobierno democrático para actuar precisamente como control de legalidad de la circunstancial mayoría gobernante legitimada por los votos, evitando que se confunda el derecho de establecer políticas de gobierno con la arbitrariedad que concluye irremediablemente en negociados y prebendas. Para ello cuentan con fueros parlamentarios, estructura administrativa de apoyo y amplia capacidad comunicacional. A la sociedad argentina no le interesa si el presidente de la AGN es el dr. Despouy u otro prestigioso profesional propuesto por la primera minoría legislativa. Lo que interesa es que los organismos de control del Estado cumplan con su cometido. Cuando profesionales son designados en cargos de relevancia para proteger el patrimonio público, no interesa si son oficialistas u opositores. Su responsabilidad los iguala: combatir la corrupción o protegerla.

Una gran deuda pública que la política en general tiene con la sociedad es la absoluta ineficacia de los distintos organismos de contralor de los aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos del sector público nacional, que solo han servido para engrosar burocráticamente y con altos sueldos la planta de empleados con personas cercanas a distintos sectores políticos ingresadas sin concurso. La Auditoría General de la Nación es fundamental para cualquier Estado moderno; pero con el actual esquema de decisiones no sirve. Otro ejemplo mucho más grave es el de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que tiene como función investigar a los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, empresas en las que el Estado tenga participación, y toda institución o asociación que tenga como fuente principal de recursos el aporte estatal. Ante su manifiesta inacción, se ignora inclusive el nombre de su máximo responsable, el dr. Guillermo Noailles; la página web de la Fiscalía, por otra parte, no registra investigaciones en curso.

Las responsabilidades públicas no pueden escudarse ante el delito bajo el encuadre militar de la “obediencia debida”, por lo que si quienes asumen responsabilidades de evitar negociados a costa del patrimonio público son oficialistas u opositores es irrelevante. Por eso la sociedad debe conocer el nombre de quienes asumen esa responsabilidad. El Colegio de Auditores Generales de la AGN lo componen Leandro Despouy (presidente); los doctores Vicente Brusca; Francisco Fernández; Alejandro Nieva y Horacio Pernasetti; los contadores Vilma Castillo y Oscar Lamberto.

La Comisión Parlamentaria que debe controlar a la AGN y viabilizar sus auditorías, presidida por el diputado Fabián Ríos, la integran además los diputados Enrique Andrés Vaquie, Eric Calcagno, José María Bancalari, Manuel Garrido, Rodolfo Julio Solanas, y los senadores Gerardo Morales, José Miguel Mayans, Pablo González, Elena Mercedes Corregido, Nani María Parrilli y Ernesto Sanz.

No importa a que partido pertenecen, o quienes son oficialistas u opositores. Su obligación es proteger a la ciudadanía del empobrecimiento que genera la corrupción en el Estado, con activa colaboración de empresarios privados. De no ser así, la democracia pasa a ser una utopía, y quienes deben controlar a ser cómplices.

viernes, 12 de octubre de 2012

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA OCTUBRE 2012


Continuando con la agenda mensual que permita seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucren a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, se detallan las novedades judiciales recientes.

1.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000
El juicio oral que se tramita ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere, ofreció como novedad la declaración del ex vicepresidente Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas coimas. Solo expresó que tenía la convicción de que las mismas existieron, pues así se lo manifestó el en ese entonces senador Antonio Caffiero, y lo publicó el periodista Morales Solá, sin aportar ningún elemento probatorio. Con este antecedente, se puede avizorar que de no autorizar la presidente  Cristina Kirchner la verificación contable que constate si los fondos de las supuestas coimas salieron efectivamente de la SIDE, el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados.

2.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, y prácticamente desactivada la estrategia de presentar al conductor del tren como único responsable de la catástrofe, la causa ingresó en el habitual letargo que precede a la impunidad. Lamentablemente para los familiares de las víctimas, y más allá de procesamientos menores, el destino de impunidad será irreversible, porque hay importantes incumplimientos de funcionarios públicos, empresarios y gremialistas, que suponen el pago de dádivas con fondos del Estado, conocidas como “retornos” (el privado paga coimas con dinero público)

3.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
Reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, no se produjeron avances en la causa, pese a que permanentemente surgen nuevas evidencias del entramado político y empresarial que dió lugar al negociado, conocidas solo a través de la prensa. Por el contrario, el juez Lijo dictó el sobreseimiento de todos los abogados acusados por Boudou de tráfico de influencias, lo que motivara la renuncia del jefe de fiscales Esteban Righi, y del presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi. El hecho que un vicepresidente de la Nación efectúe serias acusaciones a través de la cadena nacional, y no la sostenga con pruebas en sede judicial, muestra que ante la opinión pública el objetivo era el ocultamiento y no la sanción de los involucrados.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social
Pese a que el fiscal Jorge Di Lello presentó un escrito al juez Norberto Oyarbide reclamándole  “no dilatar más la etapa de instrucción”, ante su lentitud y licuación de pruebas contables y societarias fundamentales, no quedan dudas que jamás habrá sanciones para quienes se enriquecieron a costa de fondos públicos, que el Estado jamás recuperará. Tampoco el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, informó porque a más de tres meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados a la Fundación para construir viviendas, fondos que debían controlar los funcionarios Bontempo y Fatala.

5.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli
En junio del año 2007 personal de vigilancia del Ministerio de Economía encontró en el baño del despacho de quien era entonces Ministro de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no pudo justificar. Inicialmente declaró que el dinero le fué prestado por un hermano, pero luego se retractó.  La jueza Servini de Cubría, quien tramitó la causa, la elevó al Tribunal Oral Federal nº 2, que aún no estableció fecha de inicio del juicio oral.

6.- Contrabando de 944 kilos de cocaína transportada a España en un vuelo privado argentino.
El 02 de enero de 2011 la Guardia Civil española detuvo en el aeropuerto El Prat a los hermanos Juliá y a Matías Miret por transportar 944 kilos de cocaína en un jet privado que había partido de Ezeiza el 01 de enero, luego de haber estado estacionado casi dos meses en el aeródromo de Morón, en donde se produjo la carga. La investigación de la conexión local y actuación de los organismos de control, inicialmente a cargo del juez federal en lo penal económico Alejandro Catania, sustituído luego por el juez Rafael Caputo, no tuvo ningún avance. Por lo tanto los argentinos deberemos conocer detalles del caso por el juicio que próximamente se iniciará contra los hermanos Juliá y Matías Miret en España. Cabe recordar que en febrero de 2011 el juez Oyarbide intentó sin éxito trasladar a su juzgado la causa.

7.- Entrega de subsidios entregados por la ONCCA a feed-lots inexistentes
Dichos subsidios fueron entregados por el en ese entonces titular de la Oficina de Control Comercial Agropecuario Ricardo Echegaray, hoy a cargo de la AFIP. El juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, a horas de que la presidenta Cristina Kirchner firmara el decreto que lo designaba juez federal titular del Juzgado Federal Nº 8, sobreseyó a Echegaray.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado.



sábado, 15 de septiembre de 2012

CUANDO LAS REFORMAS SON CONSERVADORAS


Una peculiaridad del desarrollo político argentino de los últimos veinte años, es que ora neoliberales, ora progresistas, los representantes políticos, empresariales y gremiales son inevitablemente los mismos. El fenómeno no responde a una sorprendente incapacidad ciudadana en la utilización adecuada de los instrumentos que toda democracia debe brindar para elegir a sus representantes, sino en la manipulación ya habitual que ante la proximidad de elecciones nacionales se realiza de la Constitución Nacional y leyes electorales, con el único objeto de alcanzar el fin que caracterizó al llamado conservadorismo: precisamente el de conservar, en éste caso privilegios de la clase dirigente enquistada en el poder. Casi naturalmente el fenómeno deriva en oligarquías gobernantes, que en la ciencia política se entienden como forma de gobierno en la que el poder está en manos de pocas personas.

Este afán de conservar privilegios hace que quienes los usufructúan promuevan reformas en las que el interés particular prima sobre cualquier concepción ideológica con la que se intente enmascarar su implementación. Los discursos y metodologías empleados por los progresistas de hoy, no serán muy distintos de los proclamados por los neoliberales de ayer, durante la presidencia de Menem. La búsqueda de la perpetuación de los personalismos bajo la legitimación del voto, dado que las Constituciones no impiden la continuidad de los partidos políticos, concluye con la inevitable consecuencia del subdesarrollo y pérdida de libertades.  La historia está plagada de ejemplos al respecto. Las justificaciones de los portavoces reformistas son denigrantes para cualquier sociedad medianamente civilizada: “El líder es la única persona que puede gobernarnos; no hay otra opción”. Más grave aún es que quienes invocan engañosamente que el voto ciudadano habilita cualquier perpetuidad de mandatos, tras cartón implementan reformas al sistema electoral para distorsionar el voto de las mayorías, tales como la Ley de Lemas, por la que el candidato ganador no necesariamente debe ser el más votado; las Listas Colectoras, por las que dirigentes “todoterreno” alcanzan cargos legislativos al amparo de ir como adherentes de candidatos presidenciales que no pertenecen a su movimiento; o las escandalosas “candidaturas testimoniales”, por la que se integran listas para cargos legislativos con gobernadores  y funcionarios políticos que no asumirían en caso de ser votados. Todas estas burlas a la ciudadanía son amparadas, cuando no, por los jueces federales con competencia electoral. Valga un ejemplo: con motivo de las candidaturas testimoniales en la elección legislativa del 2009, el juez  electoral de la provincia de Buenos Aires Manuel Blanco expresó que hasta tanto no se concretara la irregularidad de que los elegidos no asumieran, no podía prejuzgar. La irregularidad se concretó, y el juez Blanco no actuó. Claro está que el entusiasmo reformista jamás alcanza a eliminar las llamadas “listas sábanas”, por las que se digita quienes encabezarán las listas para legisladores de los distintos partidos, restando al ciudadano el poder de elegir a sus candidatos preferidos.

Ante este cuadro de situación, debatir el sentido de incluir como votantes a los mayores de 16 años, o hacer hincapié en que la nueva reforma constitucional pretende habilitar nuevas reelecciones de quien gobierna, es distraer a la ciudadanía con frases altisonantes, en lugar de plantear temarios mucho más trascendentes. No podemos ser nuevamente engañados en las elecciones legislativas del próximo año por supuestos opositores que se presentarán como tales para alcanzar un escaño legislativo, y posteriormente negociarán con el gobierno habilitando la reforma. Ya nos pasó, y es un destino mucho más previsible en la actualidad, en donde la oposición como tal no existe, sino que está conformada por una suma de pequeños grupúsculos cerrados de supuestos dirigentes con escasa representación y con posturas amorfas y divergentes, como quedó demostrado en temas  trascendentes como la reforma del sistema jubilatorio, la estatización del paquete accionario mayoritario de Repsol-YPF, o la reciente estatización de la ex empresa Ciccone Calcográfica. Eso sí; como chicos juguetones de primaria, con rostros adustos informan a la sociedad con quienes podrían o no podrían “ir a tomar un café a la esquina”.

Más productivo sería establecer un amplio temario previo a un eventual debate de reforma constitucional, basado inicialmente en los manifiestos fracasos de la reforma de 1994, también plagada de grandilocuencias y resultados opuestos a los comprometidos. Citemos algunos ejemplos claramente demostrativos: se pretendió minimizar el fuerte presidencialismo con la creación de la Jefatura de Gabinete, que en la práctica es un cargo irrelevante que carece de autonomía y no cumple con sus obligaciones; se creó el Consejo de la Magistratura para despolitizar el mecanismo de selección de jueces, pero solo se generó un organismo inocuo e ineficiente dominado por los oficialismos de turno; se instauró la autonomía política, legislativa y de jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, que llevada a la práctica solo provocó que quienes viven y trabajan en la ciudad sean rehenes de conflictos políticos que le son ajenos entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad; se otorgó jerarquía constitucional a la Auditoría General de la Nación para controlar las acciones administrativas del Ejecutivo, para que su titular Leandro Despouy, elegido por el radicalismo como primera minoría legislativa, manifieste que carece de potestad para actuar por sí mismo ante los reiterados casos de corrupción en el gobierno. Para concluir, se destaca el más grave incumplimiento de la Constitución de 1994, que alcanza más de 15 años al vencer el plazo en 1997: no se elaboró un nuevo régimen de coparticipación federal entre Nación y Provincias. Esta sola omisión indica que carece de sentido debatir sobre una reforma constitucional, cuando el nuevo régimen de coparticipación debe ser exigible previo a cualquier planteo en tal sentido.  

Durante este período preliminar de propuestas y análisis, deberá observarse sin surge una oposición que aunque incipiente, sea coherente en lo ideológico,  con legitimidad de representación, y un programa de gobierno alternativo con compromisos concretos. Porque si continúa la vigencia de los “mini líderes opositores” actuales, de extrema mediocridad y sin el respaldo numérico suficiente para ser considerados una alternativa seria de gobierno, a la sociedad solo le restará asistir una vez mas a una puja electoral entre sectores internos del actual gobierno, en donde varios de los principales personajes en pugna recuerdan la famosa frase del Príncipe de Salina, personaje de la obra “Il Gatopardo” escrita por Giuseppe di Lampedusa, cuando comprende que el final de la supremacía de la aristocracia se acerca: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Políticos, empresarios y gremialistas argentinos, han seguido este consejo con gran aplicación durante los últimos veinte años.


Próxima reflexión: viernes 12 de octubre

sábado, 8 de septiembre de 2012

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA SEPTIEMBRE 2012


Continuando con la agenda mensual que permita seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucren a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, con la consecuencia del empobrecimiento social y pérdidas de vidas humanas en casos extremos, publicamos las novedades judiciales recientes.

1.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000
Tras doce años, finalmente el 14 de agosto comenzó el juicio ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Las declaraciones efectuadas hasta el momento no agregan nueva información a lo públicamente conocido, en base a la denuncia de quien supuestamente intermedió para los pagos de las coimas, el ahora arrepentido Pontaquarto. Quedan pendientes dos declaraciones esenciales: la del ex vicepresidente Carlos Alvarez que presidía el Senado en ese entonces, y fue uno de los principales responsables de la crisis política del gobierno de la Alianza con su renuncia al cargo. En la actualidad Alvarez es funcionario del gobierno en el exterior. Respecto a la presidente Cristina Kirchner, más importante que su declaración como testigo, es su eventual decisión de autorizar se informe si los fondos de los sobornos salieron efectivamente de la SIDE. De no haber aportes probatorios concretos en ambas declaraciones, es de suponer que el caso,  presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción, concluirá con sobreseimientos generalizados.

2.- Causa por la tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, y prácticamente desactivada la estrategia de presentar al conductor del tren como único responsable de la catástrofe, se ingresó en el habitual letargo de las causas que involucran a funcionarios y empresarios privados en casos de corrupción con dádivas y enriquecimientos ilícitos, a lo que se agrega la desaparición de documentación técnica y contable esencial. Comenzaron las habituales estrategias de las defensas de los involucrados de plantear impugnaciones y requerimientos insustanciales que son invariablemente aceptados por los jueces federales o sus instancias superiores, con el único objetivo de dilatar el avance de la causa hasta la dilución del impacto político. Lamentablemente para los familiares de las víctimas, y más allá de procesamientos menores, el destino de impunidad será irreversible.

3.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
La causa iniciada en febrero por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, sustituídos luego por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, investiga la participación de funcionarios públicos, entre los que se encuentran el vicepresidente Amado Boudou, en el atípico trámite de levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone y posteriores negociados con el Estado. La investigación entró en el terreno de la lentitud habitual, pese a que las pruebas de conexiones entre funcionarios públicos y empresarios privados se acumulan. Es importante señalar que la reciente privatización de la ex imprenta Ciccone no implica, como erróneamente se pretendió confundir a la opinión pública, actuar como cobertura que asegure impunidad. Las pruebas, ya sea por existencia u omisión de la documentación solicitada judicialmente, se encuentra en su totalidad en el juzgado.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social
La causa a cargo del juez Norberto Oyarbide que se iniciara en mayo de 2011, y que  engañosamente se focalizara en Sergio Schocklender y su equipo de trabajo, cumplimentó la etapa de desaparición de pruebas contables y societarias fundamentales, por lo que también tiene un destino irreversible de impunidad, que seguramente a nadie sorprenderá.  Ello pese a que el fiscal actuante Jorge Di Lello presentó un escrito a Oyarbide advirtiendo sobre la necesidad de “no dilatar más la etapa de instrucción”. La impunidad alcanzará desde luego al mismo Schocklender, quien posee pruebas de desviación de los fondos públicos a distintos receptores políticos y particulares, que utilizará como salvoconducto. La responsabilidad por la entrega y contralor de los fondos a la Fundación por parte del arqto. Bontempo e ing. Fatala, insólitamente es investigada en otro juzgado, a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que solicitó hace más de dos meses una auditoría sobre la ruta del dinero a la Auditoría General de la Nación encabezada por Leandro Despouy, que como es habitual, a la fecha no presentó, sin explicitar las razones.

5.- Crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira
Prosigue el juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21, integrado por los camaristas Diego Barroetaveña; Carlos Bossi y Horacio Días, por el asesinato a tiros del militante Ferreira el 20 de octubre de 2011. El matiz político lo conforman sindicalistas, con el titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza a la cabeza, barras bravas del fútbol y policías, aunados en defensa de negocios paralelos a través de empresas tercerizadas para prestar servicios a las distintas concesionarias de las líneas de  ferrocarril.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado.


sábado, 1 de septiembre de 2012

DE LA PERSECUCIÓN A LA JUSTICIA


La conferencia de prensa realizada por el titular de la AFIP Ricardo Echegaray el pasado viernes para referirse a las enormes evasiones impositivas detectadas en las transferencias de jugadores de fútbol, inicialmente debe dejar en claro que más allá de supuestas ideologías políticas, este accionar del gobierno es la actitud que cualquier ciudadano pretende de “sus representantes” ante los negociados. Si bien el funcionario dejó en claro que la responsabilidad de la AFIF se remite a evitar la evasión fiscal, no se puede eludir el reflexionar sobre las enseñanzas y consecuencias futuras del hecho.

Los argentinos estamos acostumbrados a las habituales grandilocuencias verbales de oficialistas y opositores respecto a la corrupción, que en los hechos se plasma en la total impunidad que el saqueo de los fondos públicos tienen en el ámbito del tercer poder “independiente” en un sistema democrático: el judicial, que es posible por la existencia de una fuerte cobertura política que excede a los oficialismos de turno. Toda impunidad tiene una primera etapa ineludible ante la opinión pública: desprestigiar y/o minimizar los hechos denunciados. Un ejemplo fue la defraudación de fondos públicos de la Fundación Sueños Compartidos encabezada por Hebe de Bonafini, que pretendió minimizarse con la consigna propagada por algunos políticos y periodistas de que las denuncias eran un ataque encubierto a las madres, como si miles de madres inocentes con hijos muertos o desaparecidos tuvieran que soportar además que se las utilice de pantalla para cubrir defraudaciones. Vale tener presente esta estrategia, porque en política la única condición humana que no existe es la de la ingenuidad. 

Por ello no ingresaremos en análisis secundarios respecto a porque ahora esta firmeza oficial, cuando las triangulaciones claramente ejemplificadas por Echegaray son públicas y notorias desde hace al menos quince años, y con los mismos clubes “pantalla” identificados en la conferencia de prensa. Las maniobras detectadas además de la evasión fiscal, permite intermediar las pertinentes coimas a dirigentes surgidas de tasaciones desmedidas de los jugadores, y como mayor cantidad de transferencias originan mayores negocios, se produce tal descontrol que los equipos se modifican sustancialmente cada seis meses, y aún en pleno desarrollo de los torneos se continúa comprando y vendiendo jugadores, existiendo casos en el que un mismo jugador llegó a integrar tres clubes distintos en un mismo año. La natural consecuencia de tanto dislate es la permanente renuncia de directores técnicos, que no pueden armar equipos coherentes si no es con intervención divina; clubes denominados grandes quebrados por no decir saqueados, y un nivel general futbolístico pobrísimo.

Inevitablemente se intentó enmascarar el fondo de la cuestión por sectores interesados, y surgieron sapiencias jurídicas de algunos periodistas que afirmaron que en realidad no hay “evasión” (no pagar impuestos violando lo establecido por ley), sino “elusión” (no pagar impuestos con maniobras que aprovechan vacíos de la ley), en cuyo caso no hay delito. Echegaray fue claro y firme: los impuestos se pagan o no se pagan, y los paraísos fiscales deportivos fueron creados para evadir. Esta afirmación rotunda obró a manera de revelación mística sobre los dirigentes de la AFA; presidentes de clubes de fútbol, y el presidente de Futbolistas Agremiados Sergio Marchi, quien ni siquiera insinuó la posibilidad de llamar a un paro en defensa de la libertad de trabajo de los jugadores afectados. Todos ellos expresaron su total apoyo a las medidas de la AFIP,  lo que demuestra que cuando quienes nos representan actúan conforme a la ley, se acaban los engañosos debates ideológicos que, consciente o inconscientemente, solo disimulan corrupciones estructurales. Pero el delito no descansa, por lo que hacemos una reserva. Extraña que ningún medio de comunicación diera la lista de los casi ciento cincuenta “empresarios del fútbol” involucrados y con su CUIT inhabilitado. Sorprende la rápida solución dada a los encuadramientos contractuales de los jugadores, que son engorrosos y con importantes pérdidas económicas para las partes. Es de esperar que Echegaray brinde una nueva conferencia de prensa para informar como evolucionó el tema.

El caso no debe concluir en el elogio, sino significar un paso inicial para que el Estado profundice esta línea de acción. La actividad futbolística profesional refleja mejor que ninguna otra la confluencia cada vez mayor de intereses políticos, empresariales y gremiales, por su repercusión popular. Por ello, en relación a la directa participación del Estado en el negocio del fútbol, las críticas no deben agotarse en el uso propagandístico de los millonarios fondos que entrega a la AFA a través de Fútbol para Todos, lo que es criticable, pero es un vicio aplicable a sucesivos gobiernos en todos los ámbitos del país. Lo importante es que el Estado asuma la responsabilidad de controlar el destino de esos fondos para evitar el continuo empobrecimiento de los clubes de fútbol producto de los negociados de “empresarios y dirigentes del fútbol”, que presentan resultados económicos falseados en sus balances anuales, y organizan los torneos y los cronogramas de mercados de pases para favorecer sus negocios, en lugar de mejorar los espectáculos. La AFIP deberá actuar más estrictamente en el control del pago de impuestos de cada uno de los clubes, controlando la veracidad de las deudas declaradas en los balances primero, y exigiendo su cancelación anual después, evitando que cuando los socios votan gestiones que intenten acabar con la impunidad de conducciones anteriores, los dirigentes votados se encuentren con enormes deudas inmanejables con organismos oficiales que no fueron reclamadas en tiempo y forma, como sucediera recientemente en Independiente.

La clara exposición de Echegaray no solo mencionó la maniobra del mercado de pases en el fútbol, sino destacó el enorme avance tecnológico de los sistemas de control, que posibilita obtener información contable-tributaria de cada ciudadano casi en tiempo real. De ello deberán tomar nota fiscales y jueces federales para sus investigaciones por ostentosos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos, que invariablemente terminan impunes.

sábado, 25 de agosto de 2012

CONFUNDIR POLÍTICA CON SOBERANÍA


La reciente expropiación de la empresa gráfica ex Ciccone generó que tanto políticos oficialistas como supuestos opositores presentaran la ley aprobada como “un acto de soberanía”. Como éste concepto fuera utilizado en los casos de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF, entre otros, queda la duda sobre si los legisladores carecen de adecuada formación intelectual, o bien intentan disimular decisiones concretas de impacto económico pasados y futuros con grandilocuencias verbales falsas. Ambas hipótesis son inaceptables, por lo que es momento de realizar una reflexión al respecto.

El concepto de “soberanía” contemporáneo surgió para fundamentar el surgimiento de nuevos estados nacionales en la Europa del siglo XVI, en donde predominaban las monarquías y el derecho divino y/o hereditario como legitimación de liderazgos, entendiéndose como tal al derecho de los pueblos de elegir a sus gobernantes, establecer sus leyes y mantener sus territorios. En un sistema republicano el soberano es la colectividad o pueblo, que traslada sus derechos a favor de la autoridad elegida a través del voto popular, con sistemas electivos que garanticen las decisiones de las mayorías. Los representantes del pueblo una vez instalados como “autoridad”, generan  “actos políticos”, los que también deben ser homologados por una mayoría, en este caso parlamentaria. Este concepto de Perogrullo cobra especial relevancia en nuestro país, cuando es la misma clase política que festeja como un acto de soberanía la implementación de políticas totalmente opuestas a las que los mismos políticos avalaron tiempo atrás. La rimbombante frase “acto de soberanía” debería tener su correlato opuesto en “pérdida de soberanía” como resultado de una traición, que en el ámbito del derecho y en el campo político es un delito  que se comete cuando se atenta gravemente contra la seguridad de la nación. En tal sentido, sería materia de debate establecer, por ejemplo, si la privatización del petróleo argentino puede considerarse una traición, así como su expropiación reciente se consideró un acto de soberanía. El hecho concreto es que en la actualidad el ex presidente Carlos Menem, que promovió la privatización, y los legisladores que la aprobaron, no sufrieron ningún tipo de sanciones. Por el contrario, la mayoría de ellos ocupan en la actualidad cargos relevantes en la administración pública.

Corrido el velo de la grandilocuencia de tono marketinero, y cumplidos los requisitos de delegación republicana del poder; organización jurídica y preservación del territorio, incursionemos en la enorme trascendencia que para un país tienen determinados actos políticos. La implementación de instrumentos legales y administrativos para promover políticas, indefectiblemente admite alternativas que comprenden múltiples estrategias de interacción entre sectores públicos y privados. El Estado posee lo que jamás poseerá el privado: la capacidad de dictar leyes y decidir políticas públicas de cumplimiento obligatorio. Si el privado avanza en éste campo, es por claudicación del funcionario público, generalmente asociada a la corrupción. El burócrata, por su parte, envidia la escenografía del empresario y añora sustituirlo y usufructuar sus bienes, sin poner en riesgo capital propio y careciendo por sí mismo de la creatividad del emprendedor. Minimizar riesgos y lograr ganancias fáciles también es un deseo de muchos empresarios, para lo cual conforman “fructíferas asociaciones” con funcionarios en detrimento de los fondos públicos. La ex empresa Ciccone Calcográfica es un excelente ejemplo de este tipo de asociaciones. Como el negociado fracasó parcialmente, varios legisladores tuvieron un ataque de “soberanía” al expropiarla, bastardeando el sentido de la palabra.

En estas circunstancias hasta se puede ser condescendiente con los legisladores oficialistas, considerando que existe un sistema electoral que mantiene férreamente las llamadas listas sábana para ser elegidos, y que acceder a ellas depende del gran elector, ya sea la presidente en el oficialismo, o de los pequeños grupúsculos que recurrentemente se autoeligen como candidatos a legisladores en las distintas versiones de las supuestas oposiciones, para solo entonces, depender todos ellos de los votos que obtengan en la elección general. Sin embargo la responsabilidad de las oposiciones es mayor a la del oficialismo, porque como tales tienen la fundamental obligación de legislar alternativas, controlar los actos públicos del Ejecutivo, e informar a la ciudadanía el resultado de tales controles. Sus desempeños los hará eventualmente acreedores a ser considerados por la ciudadanía como futura opción de gobierno. Lamentablemente  nuestra realidad política indica que no existe oposición, dado que sus referentes, conscientes de sus limitaciones, ni siquiera pretenden ser opción de gobierno, sino solo mantener sus privilegiados cargos legislativos el mayor tiempo posible. Por ello no plantean que aún no se cerró la expropiación de Aerolíneas Argentinas, desconociéndose el monto indemnizatorio que recaerá en los próximos presupuestos y gestiones de gobierno. Del mismo modo se ignoran montos indemnizatorios y cronograma de inversiones con su flujo de egresos-ingresos de YPF. Y en el caso más reciente, no se tiene la mínima idea del costo de la expropiación de la ex imprenta Ciccone, y menos aún se explica porque es un acto de soberanía expropiarla cuando existe la Casa de la Moneda para tal función.

Tengamos presentes una obviedad: el primer acto de soberanía económica y política es minimizar los actos de corrupción que asocia a funcionarios públicos con empresarios privados, ya sea nacionales o extranjeros, en detrimento del presupuesto público, con sus consecuencias en el desarrollo social, y muchas veces a costa de la vida de ciudadanos inocentes, como sucediera recientemente en la tragedia ferroviaria de la estación Once.

sábado, 18 de agosto de 2012

ÉTICA PÚBLICA PARA PERIODISTAS



Recientemente la Presidente de la Nación, en un discurso transmitido por cadena nacional, entendió necesario promover una ley de ética pública de aplicación para periodistas. Sorprende que tras este requerimiento público emanado de la máxima autoridad política, que provocara el sostenido aplauso de los presentes, al menos los legisladores oficialistas no se abocaran de inmediato a la elaboración del proyecto de ley pertinente, o que supuestos opositores rechazaran la idea de plano sin incursionar en un debate complejo y enriquecedor respecto a un aspecto esencial para todas las formas de actuación política y social: la ética.

Evitar el debate sugerido por la Presidente generará como consecuencia acostumbrarnos a los juegos dialécticos grandilocuentes entre oficialistas y opositores, que quedan en el olvido hasta que surja la próxima frase impactante, y así sucesivamente, sin que nada cambie. Cuando desde los máximos niveles políticos se busca la adhesión popular a través de mensajes supuestamente trascendentes, hay que tener la capacidad tanto para sustentarlos, como para rebatirlos por parte de quienes lo critican. Caso contrario no nos diferenciaríamos demasiado del espectador-ciudadano entretenido con los espectáculos circenses de la antigua Roma.

Partiendo de su definición, la ética es una de las principales ramas de la filosofía que estudia los fundamentos de la moral, a través de costumbres, virtudes y deberes, entre otros aspectos. Existen valoraciones distintas según se la aborde desde consideraciones económicas, militares, ambientales, médicas, etc. Una sentencia ética contendrá, por ejemplo, términos como “bueno” o “malo”. El filósofo Aristóteles, que fuera preceptor de Alejandro Magno, quien se basaba en “el realismo de los objetos” en oposición al “realismo de las ideas” de Platón, en su libro “La política” desarrolló con precisión lo que denominaba “virtudes” públicas y privadas, señalando que las virtudes del ciudadano, como tal, se refieren exclusivamente a su relación con el Estado, en el que conviven lo público y privado. Por ello el privado no es ajeno a la ética en cuanto ciudadano, pero no tiene la misma valoración que la ética del magistrado que lo gobierna. Tomemos como ejemplo a las concesiones del transporte público. El empresario a cargo de la explotación de servicios y bienes del Estado, como tal, forma parte de éste. Pero la responsabilidad de los funcionarios que le otorgan la concesión y deben controlarlo, es mucho mayor que la del privado, porque asumen la representación del interés común. Por lo expuesto, en principio no adheriremos al argumento de que los periodistas de medios privados están excluídos de condicionantes éticos “porque no son empleados públicos”, como expresara la senadora Norma Morandini en una nota periodística.

Un buen comienzo de todo debate es analizar los antecedentes existentes, por lo que el punto de partida será la Ley de Ética de la Función Pública 25.188 sancionada en septiembre de 1999, de aplicación para magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Para evaluar su cumplimiento citaremos como referencia cinco de sus obligaciones:
1.- Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten.
2.- Observar en los procedimientos de contrataciones públicas los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad.
3.- Presentar los funcionarios jerárquicos una declaración jurada patrimonial dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de los cargos, y actualizarla anualmente.
4.- Las declaraciones juradas deberán ser entregadas a la Comisión Nacional de Ética Pública, integrada por once miembros de los tres poderes del Estado.
5.- La Comisión Nacional de Ética deberá realizar una prevención sumaria a fin de investigar supuestos de enriquecimiento injustificado en la función pública.

Como se observará, a trece años de sancionada, la ley de Ética Pública presenta manifiestos y reiterados incumplimientos por parte de las sucesivas gestiones de gobierno, incluidos los sectores de la oposición. Mas aún, jamás fue conformada la Comisión Nacional de Ética como organismo de aplicación. Surge entonces un severo condicionamiento inicial para elaborar una ley de ética para periodistas: pueden redactarla y aprobarla quienes incumplen con sus propias regulaciones éticas? Parecería una falta de ética.

Siguiendo con el análisis de la ley 25.188, su redacción contiene vaguedades extremadamente perjudiciales en un campo tan sensible como el de la ética, tales como que los incumplimientos de las normas …”darán lugar a las sanciones que pudieran corresponder”. Se explicitan las sanciones? No. Un caso claro de incumplimiento de la ley son los enriquecimientos injustificados que en el corto plazo de un año presentan innumerables funcionarios públicos, quienes además trabajan en su tarea a tiempo completo. Se aplican sanciones al funcionario y se trata de recuperar lo que indudablemente obtuvo de recursos públicos a través de retornos entregados por empresarios relacionados con el Estado? No.

Ante hechos tan evidentes de incumplimientos éticos (en muchos casos con consecuencias penales) por parte de los funcionarios públicos y magistrados, llegamos a la pregunta de fondo: cuáles serían los elementos concretos para evaluar si la actuación de los periodistas es pasible de sanciones? A manera de ejercicio para comprender el riquísimo campo de debate que abre la inquietud de la Presidente, formulemos la siguiente hipótesis: ante la redacción de determinada norma ética para periodistas, le cabría una sanción a Jorge Lanata o a Víctor Hugo Morales?

Mientras los legisladores incursionan en estas complejas disquisiciones, sepamos que nuestra protección como ciudadanos para estar medianamente bien informados, inicialmente es reconocer que no existe la información aséptica. Por lo tanto si conviven “6,7,8”; Página 12 y Vítor Hugo Morales por un lado, y “Clarín”; “La Nación” y Jorge Lanata por el otro, no tendremos grandes problemas, porque otorgará al ciudadano la posibilidad de comparar y evaluar la calidad informativa que se le ofrece. Pero si un grupo pretende acallar al otro y lo logra, pasaremos de las opiniones múltiples en democracia, al pensamiento dirigido por quienes detentan el poder. Resaltemos además una obviedad que los fundamentalistas ideológicos siempre intentan ocultar a la ciudadanía: ambos grupos tienen intereses económicos, lo que es justificable para subsistir, pero no para engañar.

sábado, 11 de agosto de 2012

METROVÍAS: JUGUEMOS A LA POLÍTICA Y OCULTEMOS LA VERDAD


Los análisis políticos en busca de una verdad tienen que esforzarse en abstraerse de subjetividades o insulsas declamaciones ideológicas. De no ser así, las polémicas las monopolizan los políticos profesionales de sectores supuestamente enfrentados, en busca de la adhesión de sus respectivos líderes primero, y de la opinión pública después, intentando manipular tanto al oficialista como al opositor; al progresista como al neoliberal; al peronista como al radical.

Valga la introducción para destacar aspectos esenciales del conflicto de los subterráneos, que con total desprecio por los miles de usuarios que lo utilizan por necesidad y no por el placer de viajar, visto la falta de confort del transporte público, quienes se ven salvajemente torturados de manera coordinada y simultánea por el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, la empresa concesionaria, y los gremialistas.

En la reflexión del pasado 03 de diciembre relacionada con el anuncio del traspaso de los subterráneos al Gobierno de la Ciudad, señalábamos textualmente: “En el debate de los subterráneos, tanto por parte del kirchnerismo como del macrismo, desapareció como por arte de magia el actor principal en la transferencia del servicio: el concesionario”.  

Transcurridos ocho meses sigue sin aparecer el concesionario, parte esencial del conflicto, y que es hoy indirectamente representado por los gremialistas. La empresa Metrovías SA, cuya amplia mayoría del capital social pertenece al conocido grupo empresario Benito Roggio, fue creada a partir del 1º de enero de 1994 para explotar la concesión de todas las líneas de subterráneos, y la línea ferroviaria Urquiza. El contrato de concesión, que sufrió sucesivas renegociaciones parciales y presenta derechos adquiridos, obligaciones incumplidas por parte de la empresa, y zonas grises contractuales producto de las mencionadas renegociaciones parciales, vencerá el 31 de diciembre de 2017. Tras dieciocho años de concesión, los antecedentes contractuales tienen y tendrán un impacto económico muy superior al de cualquier valor de boleto que se adopte. Mientras se oculta esta realidad, la voz cantante la llevan los gremialistas, para colmo inmersos en un conflicto interno entre ellos, y que recién a principios de este año descubrieron las graves falencias operativas y mecánicas de los subterráneos. Este cuadro de situación es aplicable a todo el transporte público, por responder a una matriz de coimas entre empresarios y funcionarios que no salen de bolsillos privados, sino de retornos surgidos de la desinversión y sobrecostos,  posibles con la complicidad estatal, y muchas veces gremial. Obviamente, ningún juez federal comprobará los vergonzosos enriquecimientos ilícitos de los funcionarios intervinientes, aduciendo que “son temas complejos…vió?”.

Si bien el reclamo es de origen salarial, por lo que involucra exclusivamente a la concesionaria y a sus empleados, es oportuno dar un giro al debate estéril, y con visión de futuro analizar la madre del conflicto (con perdón de la figura materna): el Acta Acuerdo de transferencia de los servicios de transporte subterráneo y premetro, suscrito el 03 de enero de este año entre el Ministro de Planificación, arquitecto Julio De Vido, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, ingeniero Mauricio Macri. No es un dato menor que los firmantes sean un arquitecto y un ingeniero, porque queda cubierta la condición de formación necesaria para asumir las responsabilidades técnicas, además de las políticas.

Pensará el ciudadano común que excede a sus posibilidades comprender estos acuerdos dada la complejidad de la concesión; es un pensamiento absolutamente razonable, pero no aplicable a éste caso. El Convenio consta solo de dos hojas, que obviando formalismos de redacción, en lo concreto se resume en tres puntos: 1) La Ciudad ratifica en el acto de firma la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red de subterráneos. 2) la Ciudad asume a partir de la firma del convenio, el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio. 3) la Nación ofrece y la Ciudad acepta el pago de una suma de 360 millones de pesos, dentro de un plazo de 12 meses a partir de la firma del convenio.

Increíblemente no hay anexos que informen sobre los flujos de fondos de la empresa  históricos y presentes de la explotación (ingresos y egresos); obras comprometidas y efectivamente ejecutadas; nivel de amortización del equipamiento; proyección de inversiones hasta el final de la concesión; entre muchos otros indicadores, que deje constancia de las condiciones técnicas-económicas en las que se entrega la concesión. Si este es el nivel de manejo que las más altas autoridades nacionales y de la Ciudad tienen de los temas complejos, estamos en serios problemas. Desde luego que ningún legislador porteño, oficialista u opositor, informó en sus periplos televisivos las omisiones del acuerdo, y consecuentemente, el cuadro de situación real de la concesión. Pareciera más bien que, al menos públicamente, compitieran en “Hablando por un sueño”.

Es claro que mas allá de la irresponsable forma en que se firmó el Acta Acuerdo entre las partes, los tres puntos establecidos indican que el Gobierno de la Ciudad aceptó sin condicionamientos o reservas hacerse cargo de la concesión de los subterráneos. Dicho esto, y para no repetir desgastantes polémicas políticas, avancemos en positivo, haciendo la salvedad de que si el gobierno nacional quiere erosionar la imagen de Macri en su carácter de opositor ideológico, éste deberá extremar la calidad de sus colaboradores en los campos técnicos y jurídicos.

Como responsable del servicio de subterráneos se le presenta al Gobierno de la Ciudad una interesante oportunidad, partiendo de una condición necesaria pero no suficiente: actuar con honestidad, desactivando inicialmente los retornos empresarios a los funcionarios controladores obtenidos a costa de incumplimientos contractuales. Plasmado este requisito, deberá realizar un acotado estudio de las condiciones vigentes de la concesión, muchos de cuyos aspectos señaláramos precedentemente, para definir las obligaciones incumplidas por la empresa; eventuales sobrecostos facturados por proveedoras asociadas al grupo concesionario, y fundamentalmente, en que estado de inversión y amortización de equipos e instalaciones se llegará al fin de la concesión en el 2017. Solo una vez realizado éste análisis conjunto con la empresa, se podrá establecer la nueva política tarifaria. Si a la concesionaria no le conviene, tendrá el derecho de acordar una rescisión anticipada de común acuerdo, y eventualmente reclamar al gobierno nacional por  incumplimientos previos al traspaso al Gobierno de la Ciudad, quien de inmediato deberá abocarse a la elaboración del pliego de condiciones para llamar a una nueva licitación, teniendo a su favor un amplio conocimiento de lo sucedido en los 19 años de concesión transcurridos, para realizar las adecuaciones necesarias.

De este modo se demostrará que se puede hacer política de alto nivel en beneficio de la gente. Solo resta hacer una reserva. Es de esperar que no se repita un clásico de la corrupción aplicado en las concesiones de todo tipo, tales como transporte público, juegos de azar, explotaciones petrolíferas, entre otras, consistente en prorrogarlas a favor de los mismos concesionarios sin llamar a una nueva compulsa de ofertas, invocando “un positivo acuerdo entre las partes en pos del interés general”.



sábado, 4 de agosto de 2012

CUANDO EL DEBATE NO ACLARA SINO ENMASCARA

En la semana anterior reflexionamos acerca de la polémica desatada con motivo de la imposibilidad de la provincia de Buenos Aires de abonar en tiempo y forma el aguinaldo a sus empleados públicos, centrándonos en los actores políticos excluyentes del conflicto: la Presidente, con su habitual locuacidad, y el gobernador Scioli, con su no menos habitual apatía. Profundizaremos ahora las causas del conflicto desde lo estrictamente institucional y presupuestario, que excede lo anecdótico para adquirir el carácter de política de fondo con repercusión en todo el ámbito nacional.

El tema ofrece tres vertientes de análisis, que por orden de importancia denominaremos político-constitucional, técnico-presupuestario, y de gestión. El intercambio de declaraciones solo hizo hincapié en la gestión, que necesariamente debe ser evaluada una vez clarificados los aspectos institucionales y presupuestarios.

1.- Político-constitucional: la reforma constitucional de 1994 aprobada el 22 de agosto de ese año, al fin de su articulado establecía un conjunto de Disposiciones Transitorias para los casos en que las reformas necesitaban de tiempos de implementación. La Disposición Sexta expresaba textualmente que “Un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inc. 2 del art. 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación.”
Asumiendo la envergadura e importancia de la tarea para posibilitar un verdadero federalismo, se otorgaba a los legisladores en plazo de veintiocho meses para cumplimentar el requisito establecido. A más de quince años de su vencimiento no solo no se cumplió, sino que en el colmo del cinismo, hay quienes piensan en una nueva reforma constitucional. Sumemos a lo expuesto las permanentes delegaciones en el Poder Ejecutivo que los legisladores realizan de sus atribuciones, afectando la coparticipación de recursos entre Nación y Provincias, y posibilitando al Ejecutivo la conformación de la famosa “caja disciplinadora de gobernadores”. Esta situación de concentración de recursos económicos de características “unitarias” para quienes gustan remontarse al pasado, no es responsabilidad del Presidente de turno, sino exclusiva de los gobernadores y legisladores provinciales, que contando con amplia mayoría legislativa para lograr distribuciones más equitativas, traicionan el mandato que les otorgaran sus comprovincianos. Pareciera ser más fácil gimotear reclamando la gracia presidencial para, por ejemplo, incrementar el Fondo del Conurbano, que cumplir con el mandato constitucional del año 2004. Un ejemplo reciente de esta complicidad fue el rol cumplido por los gobernadores de provincias petroleras en la expropiación de las acciones de Repsol, sabiendo que perderán gran parte de sus facultades como titulares del dominio de los subsuelos provinciales que les otorgara la reforma constitucional, que serán asumidas por el Ejecutivo nacional.

2.- Técnico–presupuestario: los presupuestos consisten en el cálculo anticipado de ingresos y gastos que sean viables, y en el caso de los gubernamentales, por un período anual. Al nacional se lo denomina “ley de leyes” por traducir en números las políticas implementadas para el país. Su correcta formulación y aplicación debería evitar situaciones traumáticas como las vividas por los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto nacional fue aprobado legislativamente el 21 de diciembre de 2011, y el provincial el 24 de noviembre del mismo año. Es claro que en el corto período que medió entre sus aprobaciones y la insuficiencia de fondos de la provincia para abonar aguinaldos, no se produjeron situaciones económicas que modificaran las previsiones aprobadas, por lo que en principio el problema no debería ser de índole económico-financiera, sino político.

3.- Calidad de gestión: solo una vez considerados los aspectos detallados en los puntos precedentes, cabe analizar la calidad de gestión, entendiendo como tal a la tarea de administrar metódicamente las variables presupuestarias aprobadas, lo que implica gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar en función de cumplir con el objetivo que motivara su elaboración y aprobación.

Estas hipótesis de trabajo no fueron planteadas en el debate mediático tanto por los adherentes a la Presidenta como al gobernador Scioli. Ni hablar de las supuestas oposiciones, que tienen una relevante responsabilidad en su carácter de minoría en la aprobación del presupuesto nacional, tanto en lo que compete a las políticas de Estado, como a los montos, fines y plazos de las partidas que deberán ser trasladadas a cada provincia. Si una minoría observa distorsiones insalvables que falsean la realidad económica, está obligada a presentar su propio presupuesto, apoyarlo en el recinto, y explicitarlo de manera entendible a la comunidad. No basta con ir a programas televisivos para decir que se votó en contra, o a favor pero “con reservas”.

Entendidos estos rudimentarios conceptos que pareciera los políticos tratan de evitar, es cuando surgen las preguntas obvias: los presupuestos nacional y provincial respondieron a estimaciones reales o ficticias? En caso de haber sido reales: cumplió el Ejecutivo con el envío de los fondos previstos para la provincia? En caso de haber cumplido el Ejecutivo: qué destino dió a los fondos percibidos el gobernador Scioli?

Lo lamentable es que tras el telón de debates engañosos y escenográficos se produjo el habitual negocio. El gobernador Scioli firmó el 22 de julio un decreto que prorrogó las licencias de concesión para operar las salas de juegos de azar por 15 años, recibiendo como contrapartida la suma de 1.500 millones de pesos para pagar los aguinaldos. Se repite de este modo un viejo vicio neoliberal–progresista: lo que no logran políticas adecuadas lo soluciona la ruleta.


viernes, 27 de julio de 2012

LA RACIONALIDAD LA APORTÓ MARADONA


En el prolongado debate público entre la Presidente y el Gobernador respecto a las responsabilidades por el pago del aguinaldo a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, la cuota de elemental racionalidad para desactivar el conflicto en lo inmediato la aportó Diego Maradona: “Peléense entre ustedes, pero no afecten a los trabajadores que nada tienen que ver”.

Que eventualmente las declaraciones de Maradona repercutieran eficazmente para solucionar un conflicto entre los más altos niveles de responsabilidad de gobierno, indica a las claras el nivel de frivolidad que alcanzó el debate. Las opiniones de supuestos oficialistas y supuestos opositores que rodearon el cruce de acusaciones ni merecen ser consideradas, por basarse ya sea en la obsecuencia irrestricta o en la crítica oportunista sin soluciones. Sin embargo existen varios elementos trascendentes a ser evaluados, para que la reflexión política no se agote en lo anecdótico.

En primer término presentar a Maradona como circunstancial partícipe en la solución del conflicto político parecería una ironía, pero por el contrario, arroja una profunda enseñanza: ningún político es tan todopoderoso como para enfrentarse a un ídolo, que adquiere la condición de tal por haber generado emociones inolvidables e irrepetibles que trasvasan todas las clases sociales, generacionales y diferencias ideológicas. Cuando sus opiniones son irrelevantes o sus acciones reprobables, se guarda un piadoso silencio o se formula una tibia crítica. Cuando en pocas palabras dice lo que lo que la mayoría piensa, el político corre presuroso para corregir su necedad; no queda lugar para la soberbia. Desde el poder, los ídolos provocan temores durante su vigencia, y revanchismos en su ocaso. Un solo ejemplo: el aislamiento deportivo-laboral al que fué sometido el boxeador “Mono” Gatica luego de la Revolución de 1955, tan solo por su declamada e inocente adhesión a Perón.  Ello indica que es falaz justificar obsecuencias de los entornos presidenciales en el temor que genera el líder de turno: el verdadero temor es a perder las prebendas que el líder otorga. 

El conflicto fué presentado por determinados sectores como un disciplinamiento al que fué sometido Scioli por parte de la Presidente, porque osó manifestar expectativas presidenciales para la elección del 2015. Aún si así fuera, la anécdota sería irrelevante. Analicemos en primer término las personalidades de los actores excluyentes en el conflicto, que se transmiten a sus formas de conducción y comunicación. No nos explayaremos en la Presidente, porque ya sea a favor o en contra, monopoliza el 80 % de los análisis políticos. Es más importante intentar una aproximación a la personalidad de Daniel Scioli. Entenderla cobra relevancia no solo por su rol de gobernador, sino fundamentalmente como canalizador de una corriente aún muy subterránea de “oposición” para el próximo recambio presidencial, inicialmente dentro del nucleamiento político que ejerce el gobierno. La palabra “nucleamiento” no es casual: en nuestro país desde hace años no existen partidos políticos, incluído el justicialista, sino una “cadena” de poder que se regenera desde sus propias entrañas. Siempre hemos sostenido que esta situación es la más crítica para un país, y aún para la propia Presidente, quien debe estar negociando permanentemente con diversos grupúsculos corporativos guiados por intereses sectoriales, ajenos totalmente a los teóricos debates ideológicos que tanto entretienen a los intelectuales.

Hoy, esa corriente subterránea interna y tibiamente externa se encarna en Daniel Scioli, quien paradójicamente no es opositor, sino por el contrario, desde lo discursivo un firme y verticalista defensor de quien encarna el “modelo”.  Las encuestas lo presentan con una “imagen” muy elevada, inclusive superior a la de la propia presidente. Lamentablemente las encuestas se reducen a lo numérico, sin incursionar en el análisis sociológico, que justifique los porcentajes de imagen transmitidos a la opinión pública. Con su habitual precisión, Maquiavelo expresaba hace más de 500 años en relación a la imagen de los gobernantes: “Lo que parece virtud es causa de ruina y lo que parece vicio sólo acaba por traer el bienestar y la seguridad”, para luego señalar en relación al príncipe: “Todos pueden ver, pero pocos tocar…. muy pocos saben lo que realmente eres”. Por lo tanto seguiremos el consejo de Maquiavelo, y no consideraremos la imagen para desentrañar quien es Scioli, o cualquier otro político.

La pasividad ante los agravios y silencios de Scioli dieron lugar a que analistas políticos lo denominaran “estoico”. La escuela Estoica nació en Atenas hacia el año 300 a.C., y su ética se desarrolla en un universo regido por la razón. El ideal de los estoicos es vivir de acuerdo con la naturaleza; para ello uno debe superar la intranquilidad que generan las pasiones, que se dominan mediante la apatía. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales y la fortuna externa, dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Salvo por la apatía, no pareciera el estoicismo un campo adecuado para nuestros políticos.

A la sofisticada especulación del estoicismo, analicemos la pasividad y silencios de Scioli (cuando pretende definir algo también se lo puede considerar silencios), desde la simpleza. En su novela “Desde el jardín”, Jerzy Kosinski escribe sobre una historia desarrollada en Estados Unidos, en la que el personaje Mr. Chance, brillantemente interpretado por el fallecido Peter Sellers en la película del mismo nombre que el libro, es un jardinero con cierta limitación mental, cuyo único mundo es su jardín, su alcoba y la televisión. Presta servicio en la mansión de un anciano e influyente millonario, al que visita el propio presidente. En una conversación de alta política relacionada con una crisis económica en el país, en determinado momento su patrón millonario le pide a Chance su opinión. Este, que solo sabe de su jardín, y pensando en la poda de los árboles enfermos, expresa: “Mientras no se hayan seccionado las raíces todo está bien y seguirá estando bien”. Sus simples reflexiones botánicas son tomadas por el millonario y el presidente como una sabia metáfora, al punto que en un posterior reportaje televisivo el propio presidente repite la frase para explicar las perspectivas de evolución del país ante la crisis económica. La investigación sobre Scioli se va acotando: será un estoico o Mr. Chance?

En la próxima reflexión analizaremos el conflicto Nación – provincia de Buenos Aires desde lo estrictamente técnico, que excede lo jurisdiccional para repercutir en todas las provincias.


sábado, 21 de julio de 2012

CUANDO EL RETO PRESIDENCIAL DEJA ENSEÑANZAS


La denuncia pública que por cadena nacional de televisión formulara la Presidente de la Nación contra un conocido operador inmobiliario por no haber presentado la declaración de ganancias desde cinco años atrás, provocó un alúd de críticas centradas en la utilización de instrumentos del Estado para ejercer coacción sobre quienes piensan y opinan distinto. Más allá de la importancia del debate con los distintos matices que conlleva, una vez más se obvió lo trascendente de ésta anécdota, que por estar originada en la más alta autoridad del Gobierno, podría constituirse en un mojón fundacional para iniciar un proceso de erradicación del principal problema político-económico que asfixia a nuestro país desde hace décadas: la enorme corrupción que asocia a altos funcionarios del Estado con empresarios privados. 

Para profundizar el análisis que sustente lo expresado, recordemos lo manifestado hace pocos meses por el senador Aníbal Fernández en relación a las dificultades en ese entonces, y casi imposibilidad hoy, que debían atravesar en el trámite ante la AFIP, quienes quisieran adquirir dólares, dado que en su opinión todo ciudadano debería justificar la situación patrimonial, así quisiera adquirir cien dólares. No solo es un concepto impecable en la teoría, sino que es obligación del Estado velar por una equidad contributiva, evitando las desigualdades de la evasión, para recién entonces debatir sobre la racionalidad distributiva. 

Lo destacable es que, si bien para frases altisonantes los años no parecen pasar para nuestros políticos, el transcurso del tiempo dió lugar a desarrollos tecnológicos sostenidos, que en lo referido a procesamiento de datos posibilitan registrar, ordenar y actualizar en tiempos reducidos informaciones de distinta complejidad independientemente de su cantidad, y entrecruzarlos con otras bases de datos igualmente relevantes. Este cambio en las organizaciones administrativas tuvo un hito hace casi veinte años, cuando en 1993 se iniciaron las licitaciones para informatizar e interrelacionar todas las sucursales del Banco Nación y la Dirección General Impositiva, que concluyeron en los recordados contratos IBM-Banco Nación e IBM-DGI, los que estallaron en 1995 como resultado de las escandalosas coimas pagadas a los funcionarios públicos involucrados. Para quienes no tengan presente el final, diremos que pese a que hubo funcionarios confesos; casos de devolución de la coima percibida por Directores del Banco Nación; el suicidio del responsable de la empresa privada intermediaria que posibilitó el sobrecosto de los contratos y la posterior distribución de coimas; y la remoción del nivel dirigencial de IBM, la maquinaria político-judicial ya estaba aceitada: pese al cacareo contra el neoliberalismo y los grupos de poder foráneos, ni siquiera se llegó al juicio oral y público.

Por ello ante el reciente reto público presidencial a un evasor, más importante que criticarlo, es formularse varias preguntas: qué hizo la AFIP ante un contribuyente por lo visto jerarquizado que no presentaba su declaratoria anual desde 2007? Cuántos casos similares al del operador inmobiliario existen, que no se denuncian o sea actúa en consecuencia? La pregunta no es superficial. Las coimas tienen dos etapas claramente delimitadas: la previa y la posterior a su percepción. La previa se sustenta en la saturación de reglamentaciones, procedimientos, obligaciones, determinación de cláusulas licitatorias, adjudicación, habituales renegociaciones de contratos en ejecución y ampliación de plazos de concesión “en beneficio del Estado”, que conforman expedientes con miles de fojas de las que son esenciales no más de cien. Llamémosla la etapa de armado de los “papeles”, que incluye las firmas de los responsables. La segunda etapa es posterior a la percepción de las coimas, y surge solo cuando estalla un escándalo y se ingresa en la esfera judicial; consiste en inhabilitar; impugnar; hacer desaparecer y/o neutralizar los documentos claves inmersos en la maraña de expedientes,  que denominaremos etapa de “desarmado” de los papeles (documentos) que constituyen pruebas. Surge entonces la pregunta elemental: no denunciar a determinado evasor implica un costo para éste ante el organismo de control, situación que desconoce la Presidente?

La siguiente pregunta es aún más inquietante: ante tamaña y saludable precisión para determinar la existencia de omisiones y eventualmente evasiones de pequeños, medianos y grandes contribuyentes, cómo puede explicarse que aún se desconozcan los antecedentes societarios del grupo The Old Fund, que aportó los fondos que posibilitaron el levantamiento excepcional de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, que la AFIP otorgara condiciones de pago de la deuda excepcionales, para que la fallida con un nuevo nombre suscribiera un millonario contrato con el Estado argentino para imprimir moneda nacional? Cómo puede aceptarse que el Gobierno haya suscripto un contrato con una Unión Transitoria de Empresas encabezada por la compañía inglesa Global Infrastructure por $ 65 millones para supervisar el funcionamiento de la tarjeta SUBE, y su titular inglés afirmara no haber participado del contrato, y una empleada de esa nacionalidad aclarara no haber cobrado honorarios liquidados a su nombre? Qué función de control cumple, por ejemplo, la Inspección General de Justicia, a cargo del dr. Marcelo Mamberti, en la constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales?

Es muy fácil concentrar responsabilidades y análisis políticos en una figura excluyente, supuestamente todopoderosa, no propensa al diálogo, y que atemoriza con solo mirarlos a pobres gobernadores, empresarios, jueces y políticos, llamándolos a la obsecuencia, al silencio o al miedo. En su momento fué Menem, luego De la Rúa, mas tarde Néstor Kirchner y ahora Cristina Kirchner.  Pero no es momento de pensar que es un recurso ya demasiado repetido para ocultar la permanencia de una misma clase dirigencial en distintas esferas de representación pública y privada, que conforman asociaciones entre supuestos progresistas o neoliberales, sean viejos o nuevos ricos, para realizar negocios escandalosos a costa de los recursos del Estado? 

Poner la mirada en un alto evasor puede ser una señal. Es de esperar que se expanda a quienes en verdaderas “asociaciones ilícitas”, saquean todos aquéllos recursos, servicios públicos y ahorro nacional, que cuando son devueltos al límite de la extinción para que el Estado los reanime hasta el próximo negocio, provocan las populares explosiones de júbilo por “la recuperación del patrimonio nacional”.


         

sábado, 14 de julio de 2012

QUÉ SE ENTIENDE POR SALARIOS ELEVADOS?


Un gobierno tiene la mayor de las responsabilidades en relación al bienestar y desarrollo de sus gobernados: promover la creación de fuentes de trabajo, y facilitar una justa distribución de los ingresos y acceso a los servicios básicos. Para la gran mayoría de los habitantes, esa distribución opera a través de los salarios. Esta verdad de Perogrullo no está presente en el discurso político como una integralidad indisoluble, sino que por el contrario se maneja desde lo discursivo como una suma de pequeñas batallas entre empresarios y asalariados independientes entre sí, y aunque parezca paradójico, el esquema se repite en el campo estatal entre altos funcionarios y empleados. Batallas que son matizadas con generalidades demagógicas y marketineras tales como “distribución de la riqueza”, “mejora del salario”, y cuando se trata de impuestos, “pagan los que más ganan”. Cabe entonces preguntarse: cuáles son los elementos ciertos, numéricamente determinables y socialmente comparables, que permitan evaluar la política de distribución del ingreso a través de los salarios? 

Dado que desde hace años los peronistas tienen presente a Perón solo cuando se pelean entre ellos, es justo para su memoria que lo no peronistas recordemos uno de sus conceptos: “La elevación permanente y sostenida del ingreso y su distribución con justicia social es, y así debiera reconocerse unánimemente, la finalidad de todo proceso de desarrollo”, y agrega más adelante:….”debe intensificarse el uso de diversos mecanismos que incrementan el ingreso real, tarea en la cual el Estado tiene una responsabilidad impostergable”. (El proyecto nacional – Juan Perón). Obsérvese la claridad conceptual al destacar los tres aspectos clave: ingreso real (no dádivas ni diluído por la inflación) – distribución con justicia social (no clientelar) – responsabilidad del Estado (no corrupción). 

El Estado, como es su atribución indelegable, establece pisos salariales obligatorios que se suponen al menos de subsistencia, a partir de los cuales podemos comparar y evaluar la calidad de distribución de los ingresos. Son básicamente dos: el salario mínimo de un empleado activo que asciende a $ 2.390, y la jubilación mínima cuyo monto es de $ 1.687. A ellos debemos agregar el mínimo no imponible para un trabajador activo soltero, con un sueldo de bolsillo de hasta $ 5.782, a partir del cual tributa ganancias. 

Identificados los mínimos, diferenciemos entre salarios públicos y privados. Estos últimos se mueven entre dos extremos:  que los incrementos puedan ser trasladados por los empresarios al precio de sus productos en el corto plazo (tiempo), sin superar un valor que implique la caída en las ventas ante productos similares de la competencia (precio). Entre estos extremos se mueve el concepto de ganancia o utilidad neta empresaria (que obviamente incluye otros factores además del salarial), lo que da lugar al viejo debate sobre si los trabajadores deben participar de las ganancias. Debate esencialmente absurdo: si el producto final de la empresa en la que trabaja el empleado (pan, automóvil, pasaje de transporte) subió en un porcentaje menor al de su incremento salarial, está indirectamente participando de las ganancias. De no ser así, la inflación se comerá su incremento salarial, y más que preocuparse de participar de las ganancias, deberá comenzar un nuevo reclamo salarial.

Qué pasa con los sueldos del Estado? En principio el problema debería ser más simple: fijados los montos mínimos, solo resta establecer una política de relación ingreso mínimo-ingreso máximo (o sea el sueldo máximo es tantas veces el sueldo mínimo), que comprenda al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A lo sumo se podrá debatir si esa relación es razonable o no, pero al menos la política salarial de la administración pública sería clara y precisa. Agreguemos además que la relación entre los ingresos mas altos y más bajos es un indicador, entre otros, internacionalmente reconocido para visualizar el nivel de desarrollo de un país (a mayor diferencia menor desarrollo y viceversa). Aplicado el concepto a nuestro país, la realidad refleja que las diferencias entre los ingresos de “nuestros queridos ciudadanos” y los de “sus legítimos representantes estatales” son abismales. Con un agregado no menor: los altos ingresos considerados en la pirámide estatal no incluyen prebendas adicionales como pagos en negro, pasajes aéreos para usos personales, viajes al exterior ajenos a misiones oficiales, ubicación de todos los familiares en cargos públicos, y otras menudencias similares. Todo ello dentro de lo legal; para este análisis, corrupción abstenerse. Esto explica también porque los políticos son siempre los mismos, sistema electoral mediante, relegando el término “vocación de servicio” a épocas escolares de antaño.

Para posibilitar este desmadre salarial estatal se instaló un concepto inexistente en lo concerniente al manejo de los recursos públicos: la autarquía financiera. Autarquía o autonomía significa en su forma más restringida “autosuficiencia”. Trasladado a lo político es un concepto fuertemente vinculado al fascismo y al corporativismo. En democracia, dado que económicamente la supuesta autarquía salarial debe ser solventada por el Gobierno central con sus recursos generales obtenidos a través de los impuestos cobrados a los ciudadanos, insólitamente se intenta justificarla relacionando la supuesta capacidad y honestidad de los funcionarios con el privilegio de establecer sus propios ingresos. Pero surge un obstáculo: como desde el origen de las civilizaciones son pocos los que gozan de éste privilegio, se elude la responsabilidad de establecer un escalafón salarial estatal definido (conocido como “enganche” en la escala salarial), en donde los niveles salariales más altos estén razonablemente interrelacionados con los pisos salariales mínimos o de subsistencia fijados por el propio Estado. Obviar esta realidad, que plasma en políticas públicas la declamada “equidad social” y “distribución de la riqueza”, cuenta con el consenso de políticos neoliberales, progresistas, oficialistas y opositores. (se los menciona en paquete cerrado, porque definir quien es quien es más difícil).

Un claro ejemplo fue el incremento en más del 100% que aprobaron unánimemente y en silencio los legisladores nacionales en diciembre pasado. Señalábamos que el mínimo no imponible de bolsillo de un trabajador soltero, que se supone debe cumplir horario de trabajo, asumir responsabilidades y estar bajo el riesgo de ser despedido es de $ 5.870, mientras un legislador que delegó sus responsabilidades en el Ejecutivo, no tiene descuentos por ausentismos, no está sometido a evaluaciones de rendimiento, y se le paga el transporte aéreo cuando quiere trasladarse a su provincia, cobra como mínimo $ 35.000. Otro ejemplo es el inaceptable privilegio de los jueces de no tributar impuesto a las ganancias. Un dato a tener presente, aunque no hace al fondo de la cuestión tratada, es que el análisis no incluye a los trabajadores en negro y desocupados,  que se estima alcanzan no menos del 40 % de los asalariados en blanco.

Cabe entonces preguntarse: cuál es la política salarial del Estado para definir cuáles son los sueldos más o menos elevados?