EL NÚMERO DE LA BESTIA: 624

La Biblia habla de una Bestia del Apocalipsis popularmente identificada con el número 666. Pero como los argentinos somos invariablemente distintos, para el proceso eleccionario que concluirá el 22 de octubre próximo creamos nuestra propia Bestia llamada 624, que corresponde a la cantidad de partidos políticos habilitados para participar en la contienda electoral en todo el país.

En un contexto de licuación de los partidos nacionales tradicionales competitivos, esta incongruencia que coexiste con los híbridos mensajes de campaña, desnuda que esta supuesta diversidad está más asociada al “negocio” que a los debates ideológicos o programáticos. Nuestra Bestia 624 fue engendrada por leyes de partidos y electorales que buscan la permanencia de oligarquías políticas, minimizando el poder del voto ciudadano. Es más fácil usufructuar la pobreza en lo discursivo y denunciar fraudes, que elaborar leyes verdaderamente democráticas. Ante tamaña Bestia, resulta evidente que la Cámara Nacional Electoral no controla el cumplimiento de requisitos para constituirse como partido, ni la Justicia Electoral controla gastos de campaña en tiempo y forma. En este contexto, los manipuladores de recursos del Estado encontraron un negocio “pyme”: armar un envase comercial disfrazado de partido para, en beneficio de sus “dueños”, comercializarlo en una elección ante candidatos electoralmente más fuertes. Las leyes permiten, por ejemplo, que Pino Solanas con dos años más como senador, sin renunciar a su cargo juegue a ser nuevamente candidato a senador en otro distrito. Para ello recibió del Estado $ 1.554.390. Cuando el andamiaje “legal” para permanecer no es suficiente, sus beneficiarios estallan en indignación. El Adolfo Rodríguez Saá no llamó al resultado electoral de San Luis el libre juego de la democracia, sino “traición”. Refiriéndose quizás a los votos de los peones de su estancia (perdón, provincia).

Es necesario entonces que con la conformación de las nuevas legislaturas, junto con los imprescindibles cambios tecnológicos operativos como la boleta electrónica, se desactiven las trampas laboriosamente legalizadas, como las listas colectoras, listas espejo, ley de lemas, candidaturas testimoniales, listas sábana y demás esperpentos, producto de enriquecedores “acuerdos políticos” y oportunistas interpretaciones judiciales. En ambos casos sin “grietas”. 

En cuanto a la corrupción, tema aún extremadamente incómodo para plantear en  campaña (la ex presidente no la menciona y Massa debió asociarse con Stolbizer), también los hechos superaron a los discursos, ratificando que “la única verdad es la realidad”. En la sesión de Diputados del 26 de julio pasado, en una votación esclarecedoramente nominal (los ausentes son igualmente relevantes), no se alcanzaron los votos necesarios para suspender al procesado diputado Julio De Vido. Días más tarde, tras la tenaz defensa que el juez federal de La Rioja hiciera de la renovada candidatura a senador de Menem, la Cámara Electoral la impugnó por tener dos condenas penales firmes. Tras el fallo, el Partido Justicialista, que simulara criticar a Menem por neoliberal, se abroqueló en su defensa y presentó una apelación ante la Corte. Por último, el camarista Freiler, cuyo enriquecimiento desmesurado no pudo justificar, fue finalmente suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura para someterlo a juicio político, provocando fuertes polémicas por las posibles “argucias” empleadas. El enojo no residía en sus derechos de defensa (que los tendrá), sino en perder sus votos ante casos de corrupción, que pese a ser cantados, en la justicia no se anulan.

Tanto fervor político en favor de tres casos emblemáticos  de corrupción, indican que la fuerte trama de funcionarios, empresarios y testaferros asociados, dará dura lucha para mantener patrimonios y libertades. Lograr ajustes “virtuosos” que afecten a los sectores políticos, gremiales, judiciales y empresariales privilegiados, no será nada fácil. Mientras tanto, sus beneficiarios continúan invocando en sus discursos falsas “legalidades”,  disfrazando a las prebendas como derechos adquiridos, y autoproclamándose representantes hereditarios de “los que menos tienen”.  

Buenos Aires, 23 de agosto 2017

La próxima newsletter se publicará el miércoles 20 de septiembre 2017

EL ESTADO SOY YO

La presente campaña electoral, cuya primera etapa se cumplió el pasado domingo con las PASO, brinda una excelente oportunidad para iniciar el debate que defina un claro rol del Estado, y las estrategias de ajustes “virtuosos” necesarios, en lugar de los ajustes “viciosos” implementados históricamente. Los principales candidatos, en su gran mayoría legisladores en ejercicio, serán responsables en el corto plazo de acordar dichas reformas con su adecuado marco legal. Por ello, preocupa que los mensajes electorales se basen en opiniones sobre temas trascendentes como estructura estatal, gasto fiscal, política de endeudamiento, jubilaciones, política salarial, metas de inflación, impuestos, coparticipación federal, entre otros, en forma sesgada, incoherente, contradictoria, y demasiadas veces intencionadamente falaz.

Pero como la ciudadanía demuestra que cada vez menos se ata a conceptos “disciplinadores de masa”, tales como peronista, radical, derecha, izquierda, liberal, populista, es oportuno ir visualizando viejas prácticas y mensajes políticos, para presionar que los eslógans vacíos de contenido se sustituyan por una acción conjunta verdaderamente superadora. Nación es un concepto que define la interrelación entre territorio, habitantes y gobierno, mientras que Estado representa la estructura institucional y operativa de un gobierno. Por lo tanto, el debate deberá iniciarse por el rol del Estado, evitando la opción falaz del tamaño, que obtura toda posibilidad de análisis posterior: Estado grande o Estado chico. Tras lo cual, los beneficiarios de un estado ineficaz y gravoso para el pueblo argumentan que un Estado grande protege a los desposeídos, y un Estado chico favorece el abuso de “los que más tienen”. En esta dicotomía capciosa, se omite analizar lo más importante: el factor humano relacionado con el poder, y el contexto político.

Recordemos una frase categórica y precisa con la que el rey de Francia Luis XIV definió a su gobierno: “El Estado soy yo”. Representante máximo del absolutismo monárquico del siglo XVII, el rey transparentó lo que subyace en quienes entienden al poder público como atributo personal y de grupos cercanos. Son los objetivos de poder los que definen el tipo de Estado y sistemas de conducción, estructurando instituciones y promulgando leyes. Las monarquías absolutas se caracterizaban por la exclusividad, herencia, nepotismo y permanencia ilimitada. La Primera Guerra mundial acabó con tradicionales monarquías europeas. La Segunda Guerra con fascismos de derechas e izquierdas. Hoy, por ejemplo, se discute si Venezuela es o no una democracia. En nuestro país, estos esquemas concentrados reciben un nombre más vernáculo: caudillismos. Lo más claros son los de Formosa, San Luis, Santiago del Estero y Santa Cruz, en los que con votos mediante, grupos familiares ocupan cargos ejecutivos, legislativos, judiciales y de organismos de control. O sea, los caudillos “se autocontrolan”. Más allá de ropajes y costumbres de época, son escenas no muy alejadas de Luis XIV. En sistemas democráticos imperfectos, estas continuidades se logran con leyes acordes, en especial electorales.

Debe quedar en claro que lograr el invocado y nunca cumplido acuerdo político “virtuoso”, adolece de una primera dificultad: si se quiere lograr un Estado más eficaz, con leyes justas que regulan derechos y obligaciones de la sociedad, sea del sector público o privado, los primeros que deberán “ajustarse” son quienes tienen la potestad de “ajustar” a otros. Eso jamás se logró. Por ello las crisis económico sociales son recurrentes.  En la gran crisis 2001-2002, por ejemplo, con el “acuerdo político patriótico” de entonces, los costos los absorbieron las clases medias y las más vulnerables, en beneficio de grandes grupos económicos y aparatos estatales ineficaces. Ello explica en gran medida la enorme corrupción estatal-privada posterior, que se desató apenas se estabilizó la economía, con la pérdida de cuantiosos recursos públicos con la complicidad política, de organismos de control y poder judicial.

Aconsejaba Maquiavelo al príncipe: “Los males que nacen del Estado, cuando se los descubre a tiempo (lo que solo es dado al hombre sagaz), se los cura pronto. Pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto que todo el mundo los ve”.

Buenos Aires, 16 de agosto 2016

CINISMOS Y AUTISMOS

Para seguir profundizando sobre los alcances del concepto “ajuste”, es necesario conocer su mecánica. Todo acuerdo político se conforma con diagnóstico, propuesta, implementación y controles de cumplimiento. En un sistema democrático, los responsables de concretarlos son los legítimos representantes políticos, empresariales y sindicales involucrados. Los antecedentes de las últimas cuatro décadas tuvieron un denominador común: fueron ruinosos para la población alejada de los círculos de poder. Para vislumbrar en el actual contexto posibilidades de un acuerdo “virtuoso”, es válido recordar lo actuado en la crisis 2001-2002 por dos razones: 1) es el acuerdo/ajuste más cercano en el tiempo; 2) sus principales dirigentes políticos, empresariales y sindicales, mantienen plena vigencia en la actualidad. Por ello, transparentar decisiones políticas y falacias discursivas podría evitar repeticiones. No será fácil, pero es posible.

Las campañas electorales muestran una mediocridad y oportunismo comunicacional, del que no se salvan algunos prestigiosos analistas políticos. Los temas en debate no difieren de los planteados en 1989 (Alfonsín), o 1999 (Menem): déficit fiscal, presión impositiva, endeudamiento, coparticipación Nación-provincias, dólar bajo o alto, achicar o agrandar el Estado, costo laboral. Se incorpora como novedad, producto de la presión social, un tema que incomoda a los políticos: la corrupción. Al punto que la clásica invocación “todos somos honestos hasta que no se pruebe lo contrario”, ha sido suplida por “ todos somos ladrones”. Este ejercicio dialéctico disparatado, pareciera oscilar entre el cinismo (mentir con descaro o defender deshonestamente lo que merece repudio), y el autismo (practicar rutinas, comportamientos y mensajes invariablemente repetitivos). La permanencia de dirigentes hereditarios con lastres de nepotismos, caudillismos arcaicos y aún sólidas tramas de impunidad, paradójicamente brinda la oportunidad para que el ciudadano en sus evaluaciones aplique un conocido eslogan comercial: “Yo te conozco”. A futuro, es de esperar que muchos políticos “arrepentidos” legislen transformaciones “virtuosas” en lugar de “viciosas”. Para ello, todo diagnóstico debiera considerar: 

1.- Actitud negociadora.- Los indicadores económicos a tomar como base de discusión, serán solo una referencia matemática para lograr lo trascendente a futuro: políticas de Estado racionales y consistentes. Los sectores involucrados no deberán reunirse para ganar o mantener, sino para ceder.

2.- Distribución de costos.- Lo definió el economista Roberto Frenkel: “Los conflictos en Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan”. El déficit fiscal o gasto público lo generan tanto sectores públicos como privados. El Estado nacional como los provinciales. Cuando se habla de pujas distributivas, se deberá clarificar si se refiere a ingresos, salarios o prebendas. Estas últimas, por afectar injustificadamente recursos públicos, deberán ser las principales afectadas por orden de mérito, sean del sector público o privado.  

3.- Derechos adquiridos.- Concepto no válido para mantener prebendas. Su definición ahorra discusiones: “Ventaja o beneficio que recibe arbitrariamente una persona”.  Como las prebendas serán defendidas ante la justicia bajo el disfraz de derechos, recordemos solo dos hitos que sientan jurisprudencia al respecto: 1) la reforma constitucional de 1994 fijó plazo hasta fin de 1996 para elaborar un nuevo sistema de coparticipación federal. Transcurridos más de veinte años, no se cumplió. 2) En agosto del 2001 los legisladores sancionaron una ley de “intangibilidad de los depósitos” de los ahorristas. Cinco meses más tarde el Estado confiscó los ahorros, especialmente de pequeños y medianos ahorristas.

4.- Invocaciones para crear o salvar “fuentes de trabajo”.- Otro concepto que virtuoso en sí mismo, es habitualmente usado para legitimar negociados a costa de recursos públicos, entre funcionarios y empresarios sin capitales de riesgo propios. Solo en el rubro periodístico cabe recordar los casos de los empresarios Szpolsky, Garfunkel, Gvirtz, Cristóbal López y otros, que sin perjuicios personales y concluido el maná estatal, abandonaron y/o cerraron sus medios audiovisuales, dejando un tendal de despedidos.

En la próxima opinión hablaremos de un tema prehistórico: el rol del Estado.

Buenos Aires, 09 de agosto 2017

ARQUEOLOGÍA JUDICIAL

La necesidad de implementar “ajustes”, supone la existencia previa de “desajustes”. En el caso de los ajustes fiscales, surge una primera contradicción: los aplican los mismos sectores políticos y sus asociados, responsables de los desajustes. Por ello no debiera sorprender que históricamente hayan sido ajustes “viciosos”, que en busca de mantener prebendas, trasladaron los costos económicos a clases medias, y hundieron en la pobreza a las más vulnerables. Sucedió en el 2001-2002, y sus principales actores políticos, empresariales, gremiales y judiciales, mantienen vigencia hoy. Cómo lograr entonces que los ajustes necesarios sean “virtuosos”? En principio, desactivando los gastados y falsos mensajes que se trasladan a la sociedad. 

Surge un primer interrogante: cómo es posible que pese a nuestras recurrentes crisis económico-sociales y bajos niveles de desarrollo, las clases dirigentes sean las mismas? Respuesta: ello exige una sólida apoyatura legal, que va desde lo administrativo (coptación de organismos de control); legislativo (leyes penales ineficaces y electorales tramposas), y judicial, para asegurar impunidad. Sumados, estos factores son los que conforman las llamadas “tramas de corrupción”. Mientras las voces denunciadoras son escasas y acusadas de mesiánicas, las favorecedoras del encubrimiento bajo el clásico “somos todos ladrones” abundan. No sorprende que un diputado de la insólita izquierda argentina, expresara recientemente: “Porqué expulsar a De Vido del parlamento, si Macri también roba?” Ni siquiera Al Capone en 1929, hubiera imaginado mejor justificación para defenderse. 

Nuestro siguiente interrogante debiera ser: porqué no hay “arrepentidos” en nuestro país? La respuesta es simple; no existen las leyes procesales adecuadas, ni jueces y fiscales que persigan el delito. Los arrepentimientos no se producen por prácticas hipnóticas de los jueces, sino por exhibirles a los acusados pruebas contundentes de su culpabilidad, que los impulsen a colaborar con la justicia para disminuir sus penas. En este contexto, surge el gran interrogante: no deberían ser los camaristas, jueces y fiscales los arrepentidos? Ellos poseen las pruebas de los delitos, y el poder sancionatorio. Para mensurar la gravedad de las complicidades judiciales apelaremos a la arqueología, ciencia que estudia y reconstruye antiguas civilizaciones a través de diversos restos materiales de esas épocas. Un hito para las investigaciones fue el descubrimiento de los jeroglíficos, el sistema de escritura más antiguo. Fueron descifrados en 1822 por el francés Champollion, permitiendo que a través de restos de inscripciones, dibujos y papiros, se pudieran conocer hechos milenarios que hoy nos parecen naturales. Para evaluar el accionar de la justicia de nuestra época en modo sencillo, podríamos suponer que generaciones futuras encontrarían un papiro con defraudaciones de recursos del Estado. Los jeroglíficos se ordenan por caso, jueces o fiscales actuantes, y situaciones procesales. Se transcribe el primer papiro, bastante legible, llamado Comodoro Py. 

SIEMENS, pago coimas, Ariel Lijo, sin juicio oral. SKANSKA, pago coimas, Oyarbide y Casanello, sin juicio oral. CONTRABANDO ARMAS, Menem y otros, condenados, sin prisión. TRAGEDIA DE ONCE, Jaime y otros condenados, Sala III de Casación Penal, sin prisión. SUEÑOS COMPARTIDOS, defraudación 765 millones de pesos, Oyarbide y Martínez de Giorgi, sin juicio oral. CICCONE, cohecho, Ariel Lijo, sin juicio oral. DEUDAS FORMOSA, coimas, Ariel Lijo, sin juicio oral. FÚTBOL PARA TODOS, desaparición de 760 millones de pesos, Servini de Cubría, sin juicio oral. EMPRESAS DE LÁZARO BÁEZ, lavado de dinero, Sebastián Casanello, sin juicio oral. EMPRESAS FAMILIA KIRCHNER, lavado de dinero, Bonadío, Rafecas y Ercolini, sin juicio oral. OBRA SOCIAL IOMA, defraudación, fiscal Paolini (La Plata), sin juicio oral. PLAN QUNITA, sobreprecios, Claudio Bonadío, sin juicio oral. ENRIQUECIMIENTOS ILÍCITOS: 1) matrimonio Kirchner, Oyarbide, sobreseído: 2) José Manzur, Daniel Bejas (Tucumán), sobreseído; 3) José López, Daniel Rafecas, sin juicio oral; 4) Daniel Scioli, Pablo Reale (La Plata), sobreseído; 5) César Milani, Daniel Rafecas, sin juicio oral; 7) Omar Suárez, Canicoba Corral, sin juicio oral; Carlos Liuzzi, Luis Rodríguez, sobreseído; Eduardo Freiler, Martínez de Giorgi, sobreseído.

Las excavaciones continúan a gran ritmo, a la espera de descubrir nuevos papiros que muestren cientos de nuevos casos registrados en el período iniciado en 1990, conocido como “jubileo judicial argentino”, que mantiene plena vigencia. 

Buenos Aires, 02 de agosto 2017.

AJUSTES VICIOSOS

Decíamos en la última newsletter que el desprestigio del término “ajuste” aplicado en respuesta a crisis económico-sociales terminales, se justifica por los antecedentes. La primera contradicción, es que lo aplican los mismos sectores políticos, empresarios y gremiales que generaron las crisis, empleando en los anuncios indicadores económicos “macro” (globales), para no modificar los vicios estructurales concretos que les permite mantener prebendas. No es casual que en las últimas cuatro décadas se repitieran cíclicamente “ajustes viciosos”. Es oportuno ejemplificarlos recordando el más reciente, engañosamente llamado “crisis del 2001”, en lugar del 2001-2002. 

Marzo 2001.- Tras diez años de gobierno justicialista y con un déficit fiscal 7.350 millones de dólares, a 15 meses de asumida la presidencia De la Rúa designó a López Murphy como Ministro de Economía. Se anunció un severo ajuste fiscal por 2.000 millones de pesos/dólares, con recortes de fondos en las áreas de salud y educación, recortes en jubilaciones por 127 millones, achique y recorte en los programas sanitarios por 50 millones, un aumento del IVA del 15 al 21 % para espectáculos culturales, fútbol, teatro y cine, despido de 40.000 empleados públicos, flexibilización laboral, y recortes en las indemnizaciones por despido, entre las medidas más resonantes. López Murphy duró solo 15 días en su cargo.

Agosto 2001.- Los legisladores sancionaron la ley 25.466 de “Intangibilidad de los depósitos” de los ahorristas, que redundantemente expresaba que todo depósito captado por entidades financieras eran intangibles, por lo que el Estado nacional no podría alterar las condiciones pactadas. Fue un cínico engaño a los ahorristas.

Diciembre 2001.- El ministro Cavallo, reemplazante de López Murphy, estableció la restricción del dinero en efectivo depositado en bancos, con un tope de extracción de 250 pesos/dólares mensuales. A los pocos días cayó el gobierno de la Alianza, generándose una inédita rotación de dirigentes peronistas en la ocupación provisional de la presidencia. Se destacó un eufórico Rodríguez Saá, que declaró el no pago de la deuda externa, provocando la ovación de los legisladores presentes.

Enero 2002.- En medio de un caos político, el 03 de enero asumió la presidencia Eduardo Duhalde, quien de inmediato derogó la convertibilidad y pesificó los créditos en dólares. La devaluación inicial del 40%, en pocos días se duplicó. El corralito se transformó en corralón, confiscándose el ahorro privado con distintos plazos de devolución, según fueran pesos o dólares (éstos a 10 años). Por el contrario, a importantes empresas privadas y entidades financieras se les estatizó gran parte de sus deudas en dólares. La pobreza, que en diciembre era del 22%, alcanzó el 53%; la desocupación del 18,30% en diciembre, subió al 21,5% en el 2002. El severo ajuste fiscal de 2.000 dólares intentado por López Murphy, 10 meses más tarde constituía un retoque numérico menor. Pero nada cambió. La pobreza del 22% en diciembre del 2001, en diciembre del 2015 era del 29%.

Este cercano antecedente de “ajuste vicioso” llamado cínicamente por los políticos “patriótico”, permite destacar dos inconvenientes a sortear para manejar en la actualidad alternativas que permitan un inédito ajuste “virtuoso”. Ellos son: 

1.- Los principales actores políticos, empresarios y gremiales del 2001-2002, tienen plena vigencia. Con el agravante que el oportunismo destruyó identidades políticas y partidos consolidados. Hoy, ni el más avezado politólogo podría diferenciar entre los variados justicialismos, radicalismos, progresismos y afines. Basta mencionar que de las tres principales fuerzas que compitieron por la presidencia hace menos de 24 meses, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador no participan como tales en la legislativa de este año.

2.- El crecimiento desmesurado de las estructuras estatales, acompañó y/o protegió el crecimiento inédito de la corrupción estatal-privada. Históricamente circunscripta a cúpulas, en la última década se “democratizó”, extendiéndose a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fuerzas de seguridad, contratistas y/o proveedores del Estado, gremialistas empresarios, Universidades, Fundaciones, Cooperativas y entes relacionados con la Cultura. Con tres factores comunes: 1) saqueo de los recursos públicos; 2) involucrados autoproclamados “defensores de los pobres”; 3) una sólida trama político-judicial que asegura total impunidad.

Dicho esto, comencemos a desbrozar conceptos para un posible “ajuste virtuoso”.

Buenos Aires, 26 de julio 2017

HAGAMOS EL AJUSTE

Deben existir pocas frases más desprestigiadas que la del título de la presente opinión. Sin embargo, simboliza la práctica política más ejercitada en los últimos cincuenta años. Presuponer entonces que el término “ajuste” representa a determinada ideología política es una falsedad. Los hicieron militares, peronistas y radicales, muchas veces en forma despiadada, invocando “acuerdos políticos patrióticos ante emergencias terminales”. Acuerdos que eran suscriptos por los mismos sectores políticos, gremiales y empresarios causantes de las crisis. Cómo explicar entonces esta recurrencia histórica?

En principio, clarificando el significado de “ajuste”, que no es unívoco, como plantean mediocres recitadores de eslógans, o aviesos encubridores de intereses particulares y sectoriales.  El engaño consiste en promover el término “ajuste” como una lucha entre los que “más y menos tienen”, en lugar de pujas prebendarías entre sectores, sean públicos o privados. “Ajuste” es sinónimo de arreglar, convenir, adaptar, como también de estrechar; o amenazadoramente, “ajustar cuentas”. Por ello, cuando sectores políticos y empresarios hablan de ajuste como resultado de un déficit fiscal, debieran explicitar características y sectores involucrados. O sea, deben terminar con el cinismo.

Los antecedentes de los ajustes recientes, no son buenos para los más vulnerables y clases medias. Citemos solo tres: 1) confiscación de ahorros de pequeños y medianos ahorristas con Menem (plan Bonex en 1999), y con Duhalde (plan Boden en 2002); 2) devaluación superior al 100%, con estatización parcial de deudas en dólares de grandes grupos empresarios, en 2002; 3) subsidios a los servicios públicos únicamente para la ciudad de Buenos Aires y conurbano, que igualaban a los sectores más débiles con los de más alto poder adquisitivo, durante gran parte del kirchnerismo. El resultado de los ajustes fue inevitable: alta corrupción, con empresarios y funcionarios enriquecidos, y arcas públicas empobrecidas. Ante la superficialidad de los debates sobre el ajuste  destacaremos dos conceptos: 1) el discurso público que plantea compungidamente que “con la inflación pierden los que menos tienen”, omite señalar que además “ganan los que más tienen”. 2) El economista Roberto Frenkel, especialista en el estudio de la inflación en Argentina, en un reportaje en Clarín el 19 de junio de 2016 clarificó: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan”.

Con estos antecedentes, reclamar un “Pacto de la Moncloa” argentino en abstracto, sin especificar actores, objetivos y obligaciones, puede ser un desastre. Nuestra historia reciente está plagada de pactos que nos empobrecieron. Con el agravante que gran parte de los responsables, sean funcionarios, empresarios o gremialistas, mantienen plena vigencia.  No hay que remontarse mucho tiempo atrás para recordar el último acuerdo multipartidario opositor, que como pocos, exhibió el oportunismo y mediocridad política: la discusión legislativa sobre el impuesto a las ganancias el pasado mes de diciembre. Con ese motivo, la opinión que publicara el 21 de ese mes se tituló “La última cena política”, asimilando la recordada foto multipartidaria exhibida en los medios gráficos, al reconocido fresco de Leonardo Da Vinci en Milán. Expresaba un párrafo:

“El portavoz del acuerdo “en bien de los trabajadores” fue el diputado Kiciloff, quien anunció con enjundia que el mínimo no imponible de 15 mil pesos que él dejara un año antes como ministro de Economía, subiría a 45 mil pesos. El costo fiscal fue avalado entre otros por Marcos Lavagna, desoyendo el consejo de su padre Roberto, quien semanas antes había expresado su preocupación por el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento. Gioja, presidente del PJ y fervoroso defensor de la megaminería, nada dijo de la reinstalación de impuestos a la actividad minera. Los supuestos nuevos ingresos que pagarían los que “más tienen”, no incluían al sistema judicial exento de ganancias, sino solo a los  jueces que se incorporen a futuro, lo que es inconstitucional. El declamado impuesto al juego era 15 veces menor que el previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. El indefinido concepto de “inmuebles improductivos” recaudaba solo 60 millones de pesos. Paralelamente, el Senado tiene paralizada la ley de Extinción de Dominio aprobada en Diputados…”.  La ley que permite decomisar a funcionarios y empresarios bienes provenientes de la corrupción, aún continúa sin aprobarse.

A partir de este reciente debate, en la próxima opinión imaginaremos alternativas de ajuste casi imposibles, por basarse en principios de razonabilidad y justicia.

Buenos Aires, 19 de diciembre 2017

DE VIDO: VIRUS O VACUNA?

Para comprender el caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido, habría que analizarlo inicialmente desde un punto de vista médico antes que legal. Un virus es un microorganismo que se introduce como parásito en otras células para reproducirse, causando enfermedades en la población. Cuando su origen es desconocido es necesario identificarlo, para luego desarrollar la vacuna que brinde curación en lo inmediato, y protección e inmunidad a futuro. En nuestro país existe una enfermedad desde hace dos décadas con características de plaga,  que ha dejado un tendal de víctimas bajo los síntomas de  marginalidad, pobreza y delito. Es conocida como corrupción estatal-privada. Lo llamativo es que pese al tiempo transcurrido, los científicos investigadores (jueces y fiscales federales), no han descubierto la vacuna salvadora que acabaría con el negociado de venta de placebos caros e inocuos, permitiendo que los enormes beneficios para los involucrados se mantengan. Las asociaciones que regulan y controlan el ejercicio de la profesión científica (en este caso Consejo de la Magistratura y poder legislativo), no actúan sobre los responsables.  

Esta ineficacia y/o complicidad han generado virus de una resistencia formidable. El más conocido es el denominado Menem. Con condena penal (vacuna descubierta), cuenta con el apoyo de asociaciones médicas (legisladores), para mantenerlo como uno de sus miembros distinguidos. Inclusive hay quienes en congresos médicos (elecciones legislativas), afirman que Menem no afecta a determinados consumos (votos). En ese contexto se inserta la repercusión mediática que produjo  la reconocida infectóloga Elisa Carrió, cuando vociferó: el virus que se expande en otras células es De Vido !!! Cómo nadie lo descubrió??

El virus De Vido pertenece a una familia que se desarrolló en una región de clima riguroso y desértico, que le otorga gran resistencia ante tratamientos farmacológicos inadecuados. Por ello, cuando se trasladó desde su hábitat de origen al más vulnerable de las grandes urbes, hizo estragos. Su efecto epidemiológico es inversamente proporcional: a mayor enriquecimiento del microorganismo, mayor empobrecimiento de la población afectada. Tras la denuncia de Carrió, se constató que De Vido había sorteado innumerables análisis de laboratorio (jueces, fiscales y organismos de control), ante diversas epidemias: enriquecimiento ilícito (Aráoz de Lamadrid); Skanska (jamás investigado); tragedia de Once (jamás investigado); compra de trenes usados a España y Portugal (Ercolini); planes de viviendas a Sueños Compartidos (De Giorgi); obras públicas a Lázaro Báez (Casanello); y finalmente, multimillonarios mini contratos con la Universidad Tecnológica Nacional, destinados a irrelevantes trabajos en la mina de Río Turbio, que sumados alcanzan como mínimo 264 millones de pesos (Luis Rodríguez). 

La denuncia de la infectóloga Carrió desató el caos en la comunidad científica judicial, político-legislativa y empresaria. El becario Stornelli pidió el inmediato desafuero y detención de De Vido, por ser responsable del nombre del virus. El investigador senior Luis Rodríguez mantuvo la calma y lo denegó. Pero el caso ofrece aristas atípicas. De Vido brindó pistas para que en lugar de su nombre, el virus se rebautice “Ministro argentino”. Declaró que el máximo responsable de la cadena parasitaria (Ministerio), al pasar a otras células para multiplicarse, no deja huellas. Nunca firma. En paralelo,  Massa y Stolbizer, dos de los encargados de elaborar los protocolos médicos (legisladores), enarbolando en público sendas jeringas (lapiceras), anunciaron la creación de una vacuna, y renunciaron a sus fueros. Es lo que en la jerga científica se conoce como autoinoculación en la etapa investigativa.

Pero el mayor dislate lo produjo la prestigiosa Academia Nacional de Medicina (Corte Suprema de Justicia). Para obtener información acerca del éxito en la derrota de la plaga Lava Jato en Brasil, que incluye el pago de coimas a funcionarios en nuestro país, autorizó el viaje a Estados Unidos de conocidos investigadores, entre los que se destacan Casanello, Rafecas y De Giorgi, quienes jamás consiguieron aislar siquiera un simple virus de gripe (o sea, enriquecimientos ilícitos). Les entregará realmente las autoridades americanas información probatoria consistente? No correrían el riesgo que mal usada y manipulada, pueda provocar la inmediata excarcelación de Marcelo Odebrecht?

Buenos Aires, 12 de julio 2017

LA SALADA JUDICIAL

La impunidad de la corrupción estatal-privada instalada desde hace dos décadas, es explicable por la permanencia de una sólida red de complicidad entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, asociados a testaferros y empresarios. Con una enorme dosis de ingenuidad en algunos casos, o de malicia en otros, se instaló que el solo cambio de gobierno desbarataría el entramado. Se obviaron tres detalles: 1) el oficialismo no tiene mayoría legislativa en ninguna de las Cámaras; 2) los corruptos cuentan con fuerzas de choque golpistas; 3) es un mito que  jueces y fiscales federales actúen según los resultados electorales. Lo hacen según mantengan las coberturas de protección. Hasta el momento, siempre encontraron en el Consejo de la Magistratura el voto que los salve de un juicio político. Colabora la pata política, que hace imposible aprobar leyes consistentes contra la corrupción. No debiera sorprender que en Diputados y Senado, otrora “Honorables Cámaras”, ingresen cada vez más procesados o condenados. Si bien es verdad que ningún juez o fiscal cambió, tampoco cambiaron viejos políticos y sus discípulos, eternos gremialistas y prebendarios empresarios. Dada la responsabilidad prioritaria del poder judicial para cortar con esta continuidad delictiva, aportaremos algunos elementos consistentes para evaluar su accionar. Los dividiremos en causas elevadas a juicio oral, condenas, promesas y acciones distractivas.

1.- Causas elevadas a juicio oral. Ninguna de las causas de corrupción más trascendentes que involucran a altos funcionarios y empresarios  del gobierno anterior, conocidas desde hace más de cuatro años por la precisa y detalla información brindada por el periodismo de investigación, tienen fecha de juicio oral. Se destacan las que involucran a la familia Kirchner por retornos y lavado de dinero; Amado Boudou por Ciccone; Lázaro Báez como contratista testaferro de obras públicas; Cristóbal López por evasión multimillonaria de impuestos; José López por enriquecimiento ilícito e intermediario de sobornos, y Sueños Compartidos por desvío de fondos públicos.

2.- Condenas.- Con indisimulable ironía destacaremos dos: 1) En  el 2013 fueron condenados a 13 años de prisión los hermanos Juliá, por transportar desde Ezeiza al aeropuerto español El Pratt, 944 kilos de cocaína. Claro está, la condena fue en España. En Argentina iniciaron la investigación los jueces Alejandro Catania y Rafael Caputo en ese orden, sin ningún resultado a la fecha. 2) En el 2015 fue detenido y puesto en arresto domiciliario el argentino Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, por el escándalo de lavado de dinero y coimas en la FIFA. Pero sucedió en Nueva York. En Argentina, tras dos años de investigación y con el informe de sus veedores Alicia López, Alberto Piotti y Horacio Della Rocca por el caso Fútbol para Todos, la jueza Servini de Cubría aún no elevó la causa a juicio oral, ni determinó quienes se quedaron con la diferencia de 760 millones de pesos entre lo pagado por el Gobierno y lo ingresado en la AFA.

3.- Promesas.- En medio del virus de transparencia que afectó a círculos de poder tras el cambio de gobierno, en febrero de 2016 el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti prometió un relevamiento de causas del fuero federal, y darle estado público. No se cumplió. El Consejo de la Magistratura por su parte, a pedido del Colegio de Abogados de Capital, realizó una auditoría de las causas de corrupción tramitadas en la justicia federal en los últimos veinte años (más de 2.000 abiertas), comprometiendo su difusión pública para marzo de este año. No se cumplió.

4.- Acciones distractivas.- Tras cinco años de iniciada la causa por el pago de 7,6 millones de pesos por parte del gobierno de Formosa a la inexistente Old Fund, para refinanciar la deuda provincial con la Nación, recién ahora el fiscal Di Lello pidió al juez Lijo indagar al gobernador Gildo Insfrán. El fiscal Stornelli por su parte, tras doce años de iniciada la causa por el pago de coimas de la empresa Skanska a funcionarios, solicitó al juez Casanello reactivarla.

Estas inacciones y/o complicidades no debieran sorprender al legislador y político griego Solón, quien expresara hace más de 2.500 años: “Las leyes son como las telarañas; detienen a lo débil y ligero, y son desechas por lo fuerte y poderoso”.

Buenos Aires, 05 de julio 2017

RECUENTO DE BOTES LEGISLATIVOS

Previo al cierre de listas, en la última opinión utilizamos el hundimiento del Titanic en 1912, como imagen adecuada para entender el espectáculo de la conformación de alianzas y selección de candidatos que competirán en las elecciones legislativas el próximo 22 de octubre. La primera semejanza es el alto número de víctimas, que hace más de cien años se debió al insuficiente número de botes salvavidas (cargos), en relación a los pasajeros (candidatos). Tras el rápido hundimiento del trasatlántico entonces (cierre de listas ahora), es momento de efectuar el recuento de botes y sus ocupantes. Teniendo en cuenta que hasta el rescate definitivo de los náufragos por el Carpathia en 1912, y el resultado electoral de octubre ahora, habrá nuevas víctimas por congelamiento. 

  

Previamente es necesario destacar semejanzas y diferencias entre el contexto político y social de entonces, con la actualidad. En 1912 reinaban monarquías emparentadas entre sí, que ejercían un poder absoluto y hereditario dentro de cerrados círculos palaciegos. Estas clases privilegiadas, sumadas a multimillonarios de la pujante sociedad norteamericana, y alguna figura conocida del espectáculo, ocupaban los camarotes de primera clase. Esta estructura imperial fue barrida tras la sangrienta Primera Guerra mundial. En nuestra actualidad criolla, carente de partidos políticos, el monarca fue reemplazado por el caudillo o líder, y los círculos palaciegos por las llamadas “mesas chicas”, que suena más hogareño. Para, en un contexto democrático, asegurar un poder concentrado, poco participativo y muchas veces hereditario, la nobleza política actual diseñó un régimen electoral y de partidos acorde. Por ejemplo, un legislador en ejercicio con mandato por dos años más, puede presentarse ahora sin renunciar al cargo. Además puede elegir entre diversas jurisdicciones, en base a datos de nacimiento, laborales o inmobiliarios. Ministros e intendentes pueden prestarse para candidaturas testimoniales por cargos que no  asumirán. Se puede promulgar una ley de lemas, que permita sumar a los votos propios los del enemigo interno. Pueden sembrarse las listas con esposos/as, hijos/as, u otros integrantes de los clanes familiares. Estos acuerdos multipartidarios “sin grietas”, incluye que puedan ser candidatos y/o legisladores procesados y/o condenados por delitos comunes. O no tan comunes, porque el dinero se roba al Estado. Como se verá, matices modernos que intentan replicar perpetuaciones ejercidas en la época del Titanic por el rey de Inglaterra, el Káiser de Alemania o el zar de Rusia, entre otros.

Donde existe una diferencia sustancial entre el naufragio de 1912 y el legislativo actual, es en la identificación de los botes. En el Titanic todos tenían este nombre. Pero en el trasatlántico legislativo no solo tienen nombres distintos, sino suelen ser  repintados en plena travesía. Los botes que salieron del puerto Congreso bajo la denominación Renovador y GEN, pasaron a llamarse “1 País”. Los del Frente para la Victoria, “Unidad ciudadana”. Los de Cambiemos, que por su nombre se suponía que deberían cambiar, mantuvieron su denominación. Este detalle agravó la confusión y desesperación causada por la insuficiencia de botes (cargos), en relación a la cantidad de pasajeros (candidatos). Pero en la lucha por sobrevivir, no era momento de elegir acompañantes o enfrascarse en debates ideológicos.

Un caso curioso se produjo con los botes PJ (Partido Justicialista), en un trasatlántico en el que todos se dicen peronistas, incluidos los amontonados bajo cubierta, quienes sufrieron la mayor mortandad. No había botes PJ. Un sobreviviente creyó reconocer a uno de ellos semidestruido, utilizado a manera de balsa por los pasajeros Randazzo y Alberto Fernández, quienes habían fracasado en el intento de subirse a otros botes. Conmovedora fue la escena de los pasajeros Gustavo Vera con varios rosarios en la mano, y Guillermo Moreno con guantes de box, clamando por el perdón de sus pecados para ser rescatados. Un compacto y tradicional grupo de tripulantes de la izquierda revolucionaria y piquetera que viajaba bajo cubierta (Pitrola, Del Caño, Cristian Castillo, entre otros), fue previsor: inflaron su propio bote de goma.  

El mar permanece calmo pero con aguas heladas. El reciente cierre de listas permite que la temperatura corporal de los sobrevivientes aún permanezca alta. La duda es la misma que en 1912. Quiénes sobrevivirán a la espera del rescate del Carpathia, que arribará al lugar pasadas las 18 horas del próximo 22 de octubre?

Miércoles, 28 de junio 2017

TITANIC LEGISLATIVO

La etapa de armado de alianzas y conformación de listas que concluirá el próximo sábado 24, antes que provocarnos desazón e ironías, debiera ser un punto de partida para que la ciudadanía de todas las ideologías políticas, presionen para lograr una profunda reforma de un sistema electoral caduco y restrictivo de la voluntad popular. Al punto que los mal llamados representantes del pueblo, se transformaron en castas casi hereditarias en el usufructo de cargos privilegiados. Ningún sector político está exento de responsabilidad. Incluye tanto a los malversadores de recursos del Estado, para quienes permanecer significa mantener libertades y patrimonios mal habidos, como a los llamados “honestos”, que no roban pero dejan hacer. O como sucediera recientemente en el Consejo de la Magistratura con el salvataje del camarista Freiler, impiden hacer justicia.

A esta situación se arriba tras décadas de degradación institucional, que barrió con los partidos políticos históricos, sustituyéndolos por “espacios” híbridos similares a franquicias comerciales. El cuadro se agrava con la frecuencia de elecciones legislativas cada dos años, que condiciona la trascendente tarea de legislar en interés de la ciudadanía, a las negociaciones especulativas basadas en intereses personales de corto plazo. El espectáculo previo a las elecciones legislativas de octubre próximo se asimila al hundimiento del Titanic en 1912, en el Atlántico Norte. En dicha catástrofe murieron el 70% de los que iban a bordo. La principal causa del alto número de víctimas fue que el lujoso trasatlántico solo poseía botes salvavidas para la mitad de los transportados. Los lujosos camarotes superiores lo ocupaban pasajeros de primera clase (muchos de ellos millonarios reconocidos), y los estrechos ubicados bajo cubierta inmigrantes y trabajadores.

Producida la colisión con el iceberg, cundió el caos. Los escasos botes se destinaron a los de primera clase, bajo la orden de “primero las mujeres y los niños”. (en la actualidad, los líderes o mesas chicas). Pero en la desesperación por sobrevivir, fortunas, apellidos o inclinaciones políticas se convirtieron en irrelevantes. Sobrecargados en exceso, muchos botes cayeron al mar y quedaron inutilizados. Esta imagen ejemplifica lo que recurrentemente sucede con el armado de listas legislativas. Hay muchos más pasajeros en la cubierta que desean el bote/cargo para salvarse, que los botes/cargos disponibles. 

En la lucha por sobrevivir, pueden compartir aliviados el mismo bote millonarios (neoliberales?), con tripulantes (populistas?). Los peronistas de los sectores A, B, C o D, se distribuyen entre los botes que puedan. Lo mismo sucede con radicales históricos, del PRO o K.. Los progresistas, que no son muchos, les hacen “un guiño” (que significa pedir bote), al marinero que maneja un bote llamado renovador (o salva cargos). También alcanzan subirse algunos procesados penalmente, que prometen demandar a la compañía naviera por corrupción. Una vez concretado el rescate (puede ser el buque Carpathia, que acudió al rescate, o la Justicia Electoral, que certifica el nombre de las franquicias y las listas de los sobrevivientes), viene el proceso postraumático. Tanto los pasajeros de primera clase (legisladores en ejercicio que pretenden continuar), como los ocupantes de los camarotes bajo cubierta (que pretenden alcanzar una banca desde el duro llano), no expondrán en campaña sus antecedentes, proyectos presentados o a presentar, o explicarán la resistencia en aprobar las leyes contra la corrupción. Se referirán solo al Ejecutivo (en este caso al capitán Macri), soslayando que las elecciones presidenciales serán dentro de dos años. Tendrán entonces las elecciones legislativas beneficios tangibles para la ciudadanía? En este contexto pareciera difícil. El oficialismo tiene minoría en ambas Cámaras, situación que se mantendrá sea cual fuere el resultado de la elección. Con el agravante que en diciembre reasumirán sus bancas gran parte de quienes están hoy, o quienes ya estuvieron y lograron su retorno. En muchos casos, integrando alguna franquicia (espacio político), distinta a la que representaron en la elección anterior.

Lo más grave para los argentinos vendrá después. Pasados los festejos (posiblemente festejen casi todos), y tomadas unas merecidas vacaciones por los esfuerzos de campaña, a mediados del 2018 los legisladores comenzarán a actuar pensando en la elección presidencial del 2019. De igual modo, los empresarios demorarán las incumplidas inversiones hasta entonces (léase inversiones, no ganancias). Es obvio que en estas condiciones no se puede gobernar, y mucho menos crecer como país. Será necesaria una reforma constitucional que modifique aspectos electorales e institucionales de la oportunista, ineficaz y mayormente incumplida reforma del año 1994.

Buenos Aires, 21 de junio 2017

UNDERWOOD O BERNI?

“House of Cards” es una exitosa serie televisiva estadounidense, basada en las manipulaciones despiadadas en los más altos niveles políticos para alcanzar y/o mantener el poder, en los que pujan funcionarios del Ejecutivo, congresistas, gestores, empresarios poderosos, y eventualmente periodistas. La trama se centra en Frank Underwood, desde sus comienzos como congresista demócrata de Carolina del Sur, hasta alcanzar la presidencia de Estados Unidos.

Para promocionar su pretensión de candidato en nuestra campaña legislativa, recientemente el justicialista Sergio Berni presentó un spot publicitario en el que se compara con Underwood. Este juego marketinero no exento de ironía, brinda una excelente oportunidad para comparar nuestra realidad política con la descripta en la serie americana. La primera diferencia esencial es que mientras en la serie americana no intervienen integrantes del Poder Judicial, en nuestro “House of Cards” criollo, jueces y fiscales tienen activa participación para asegurar impunidad, sea por incapacidad o complicidad. En el spot, Berni se exhibe como un superhéroe que actúa por mar, tierra y aire. Pero como a los americanos les sobra este tipo de paladines de la justicia, lo más atractivo para comercializar el producto, hubiera sido mostrarlo ingresando en la medianoche del 18 de enero del 2015 como Secretario de Seguridad, al departamento del fiscal Nisman con las botas embarradas, ante la pasividad del juez De Campo. Los peritajes comenzaron una vez designada la fiscal Fein a cargo de la investigación, con el ingreso de una manada caótica de personas de blanco al lugar del hecho. A 28 meses de la muerte de Nisman, la justicia aún no definió si fue asesinado o se suicidó. Con este inicio, Underwood comenzaría a entusiasmarse con la historia.

Descubriría que los congresistas argentinos crearon una cofradía legislativa “en el marco de la ley”, por la cual personas procesadas por delitos contra el Estado pueden ejercer como legisladores, o presentarse como candidatos. Caso paradigmático, el ex presidente Menem es senador pese a estar condenado por contrabando de armas. La Corte Suprema, que debe expedirse como última instancia, tiene el caso “en estudio” desde hace tres años. En la actual campaña, la hasta hace 18 meses presidente Cristina Kirchner, procesada en diversas causas y con manifiestos enriquecimientos patrimoniales que incluyen hijos, familiares, socios, empresarios, secretarios y jardineros, no solo puede ser candidata, sino es además una referente indiscutida en la estrategia electoral justicialista. Eso sí; en carácter de opositores, es habitual que algún legislador ante sospechas reales o ficticias, pida con rostro adusto que funcionarios del Ejecutivo “den un paso al costado”. En cuanto a escándalos de alcoba, ingrediente imprescindible en las intrigas políticas, contamos con un actor insuperable: Daniel Scioli.

La amplia cobertura legal protectora de la impunidad que sin “grietas” arman los legisladores de distintos espacios políticos, hacen innecesario el rol de oscuros intermediarios o agentes secretos para las “tareas sucias”, como en el “House of Cards” americano. En el criollo todo se hace a cara descubierta. Los agentes secretos salen en primera plana de los diarios; los jefes de inteligencia son acusados de “bobos”; los jueces no penan los enriquecimientos ilícitos; empresarios de medios que evadieron 8.000 millones de pesos en impuestos, contratan a periodistas “todo terreno” para que ataquen por corrupto al gobierno que les cerró los negociados. El último ejemplo de la eficaz tarea de disfrazar a la opacidad, lo brindó una vez más el Poder Judicial. Ante el hartazgo de la sociedad por el accionar de jueces federales para proteger a la corrupción estatal-privada, estos no tuvieron mejor idea que crear una inoportuna Asociación, que semeja más a una hermandad sectaria autoprotectora, que destinada a promover la dignidad de la justicia.

De conocer este creativo guión basado en hechos reales, seguramente el actor Kevin Spacey, que además de interpretar a Underwood es coproductor de la serie, comenzaría a negociar en nuestro país los derechos de exclusividad para una nueva serie, con éxito asegurado. Con Berni para escenas de riesgo incluido.

Buenos Aires, 15 de junio 2017

ENMASCARAR AL PASADO

En la última opinión sugerimos transitar el desarrollo de la campaña legislativa de este año a la manera de un juego de mesa llamado “A quién voto?”. En esa oportunidad se detalló el diseño del tablero, y es el turno de comentar las reglas del juego y características de las fichas. Como sabemos, los clásicos juegos de mesa mantienen inmutables sus características a lo largo del tiempo. En el juego “A quién voto?”, por el contrario, las reglas son fluctuantes, y las fichas deben acomodarse a las coyunturas del momento, lo que complica la toma de decisiones del jugador para definir el voto. Para armar una estrategia de juego, es necesario explicar las causas de tales fluctuaciones. 

Podría aducirse que al estar el juego relacionado con el devenir político, mal puede tener reglas temporales inmutables. Ante este planteo, cabe preguntarse cómo es posible que pese a reglas de juego cambiantes, las renovaciones legislativas las encabecen mayoritariamente los mismos políticos. Existen dos explicaciones: de carácter estructural y temporal. El estructural responde a la desaparición de partidos tradicionales consolidados con identidad clara y unívoca, y peso electoral suficiente. Fueron sustituidos por Frentes polifacéticos y mutables no casualmente llamados “espacios”, creados para sostener candidaturas de quienes los encabezan. En esta circunstancia Identificarse como peronista, radical, progresista u otros, no es relevante. La clave estará en prever los posibles o supuestamente imposibles, acuerdos políticos para conformar las listas de candidatos. Recién ahí, el jugador-ciudadano podrá mover sus fichas. 

El factor temporal explicita más claramente lo señalado. Cada dos años se producen elecciones legislativas; las coincidentes con las presidenciales, y las llamadas de “medio término”. Si bien las estrategias de armado de listas difieren, los discursos de campaña son los mismos. En las elecciones presidenciales los candidatos, salvo los dos con posibilidades ciertas de triunfo, son legisladores a mitad de mandato, que continuarán siéndolo una vez derrotados. Vale decir, riesgo cero. Pero en las de “medio término”, puramente legislativas, los objetivos son más urgentes: acceder y/o mantenerse como legislador, y en contados casos, buscar proyección electoral para alcanzar a futuro la presidencia. Es el caso del FR (Massa) y el GEN (Stolbizer), competidores a la presidencia hace solo dieciocho meses, y que hoy licuaron identidades dando paso a la agrupación “Un país”, donde Stolbizer busca mantenerse como legisladora, y Massa incrementar caudal electoral para proyectarse al 2019.

Lo que no difiere, y eso indica un menosprecio por la actividad legislativa, es el marketing político del discurso. Es el mismo que en una elección presidencial. Se centra en el poder Ejecutivo, en lugar del Legislativo, por cuyas bancas compiten. De este modo, los candidatos eluden exponer sobre sus antecedentes, proyectos presentados, explicar el congelamiento en el Senado de la ley de Extinción de Dominio, la demora en Diputados para tratar el Régimen penal empresario; la negativa a formular una Ley del Arrepentido más estricta, similar a la de Brasil, o justificar el mantenimiento de fueros que permiten que procesados penalmente puedan ser candidatos o permanecer como legisladores. 

Las fichas por su parte, se diferenciarán por color según las agrupaciones en competencia, identificándose en cada caso con el nombre de sus principales candidatos. Nuevamente el factor temporal cobra relevancia, haciendo necesario realizar movimientos según tres etapas: 1) hasta el cierre de listas, en la que todo es posible, pues no se discuten ideologías sino lugares en las mismas. 2) hasta la elección, en donde predominará la grandilocuencia verbal, que obligará al jugador a detectar inconsistencias. 3) a partir de la oficialización del resultado electoral y por un período de seis meses, el juego brinda otra oportunidad para incrementar puntaje. Consiste en detectar que legisladores que ocupan su banca por determinado partido se apartan del mismo, sea para pasarse a otro, o conformar un bloque unipersonal que podría llamarse “Dignidad nacional”. 

Esta mutabilidad explica la razón por la que el juego carece de las clásicas fichas “comodines”. Llegado el caso todas podrían actuar como tales.

Buenos Aires, 31 de mayo 2017

POLÍTICA DE MESA

En un año electoral, la ciudadanía deberá renovar esfuerzos para minimizar el rol de receptores pasivos de mensajes de campaña, emitidos en busca de nuestro único capital: el voto. Una forma de no resignar capacidad de análisis, sería asimilarlos a un juego de mesa hogareño, que llamaremos “A quién voto?”. El desafío será diferenciar entre información y desinformación; entre datos ciertos y falsos. Como es habitual, el juego se compondrá de tablero, reglas y fichas. Cada una de éstas, tendrá el nombre de un candidato.

El rol de tablero, que determina el límite físico del juego y circuitos posibles a realizar con las fichas, lo cumplen los medios de comunicación, al ser intermediadores entre el mensaje político y los votantes anónimos. Por ello, el tablero se subdivide en sectores que identifican a diversos medios. Los audiovisuales son más dinámicos, con conductores que marcan tiempos y temas, mientras que los escritos poseen un mensaje preestablecido (el artículo), pero el lector maneja tiempos de lectura y reflexión, y si desea, cotejo de información. Entre los medios se genera una puja similar a la de los candidatos, en busca de lograr una imagen de veracidad y profesionalidad. Se deberá tener presente que la mayoría de ellos están en manos empresariales (o gremiales), con actividades comerciales diversificadas, por lo que eventualmente sus propietarios pueden usarlos como instrumento de presión política, o protección de negocios no tan legítimos. O bien puede ser el propio poder político quien los presione en busca de una adhesión complaciente. Vale tanto para Clarín, con su periódico y señales televisivas TN y Canal 13, o para C5N, perteneciente al empresario Cristóbal López,  con serios problemas legales e impositivos en relación a sus negociados con el Estado. Aceptado esto, el juego podrá iniciarse por cualquiera de los medios disponibles, pues el desafío del juego será el mismo: receptar mensajes, evaluar emisores y fuentes informativas, detectar contradicciones y eventuales intereses ocultos, y finalmente, arribar a una conclusión para definir el voto.

Es justo otorgar un reconocimiento al periodismo de investigación, que exhibió una alta profesionalidad para la obtención de elementos de prueba de la corrupción estatal-privada contundentes. No solo es valorable desde lo informativo, sino por haber transparentado la incapacidad y/o complicidad de muchos jueces, fiscales y legisladores, más esforzados en favorecer la impunidad que en combatirla.

Un comentario especial merecen las redes sociales, que son plataformas globales prediseñadas que pueden ser utilizadas pero no modificadas por los usuarios, y  permiten un nivel de interacción social formidable que abarca a todas las franjas etarias (de nietos a abuelos). Pero en el campo político arrastran un vicio (o virtud?) de origen: no existe el filtro de la veracidad, lo que es aprovechado con entusiasmo por muchos políticos. Es habitual publicar perfiles falsos o de fantasía, imprecisiones y mentiras. Un ejemplo reciente fue el perfil “Araceli Arezzo”, que en busca de viralización (multiplicación de reenvíos), publicó una cantidad de mensajes simultáneos, en los que sus trabajos, sueldos y montos de las facturas de gas y luz, eran distintos. Lo único uniforme fue el hastag: “Fracasó Macri”. Es verdad que las redes tienen una virtud que aterroriza a los políticos, acostumbrados a bajar mandatos, y no a recibirlos. Otorga a los ciudadanos la capacidad de instalar temas y generar convocatorias multitudinarias, que no logran agrupaciones políticas y gremiales a través de costosas logísticas.

Los avances tecnológicos sin embargo, si bien aceleran y potencian las estrategias comunicacionales, no modifican principios básicos de la propaganda política perfeccionados durante la Segunda Guerra Mundial, como el llamado principio de la unanimidad. Consiste en convencer a mucha gente que piensa y actúa como lo hace la mayoría, creando una falsa impresión de unanimidad. En él se basan periodistas, políticos y entrevistados, cuando en lugar de plantear “yo digo o yo pregunto”, en un rapto místico, expresan “la gente dice o pregunta”.

En la próxima opinión describiremos los restantes elementos del juego, realmente complejos: las reglas y las fichas, que identifican a los candidatos.

Buenos Aires, 24 de mayo 2017

DESINFORMAR EN LIBERTAD

Los términos absolutos, definidos asépticamente en los diccionarios, pueden variar su significado cuando se analizan emisores, contextos y objetivos. Gritar “ladrones” a funcionarios, puede ser una expresión indignada de sus víctimas, o partir de quienes se enriquecieron desde el Estado y una vez desplazados, pretenden coaccionar para negociar libertades y mantener patrimonios. En un año en el que se renovarán parcialmente diputados y senadores, las estrategias electorales intentarán suplir el aporte enriquecedor de las ideas con el abuso de términos absolutos. El contexto político colabora, por la presencia de dos factores: 1) la renovación legislativa en cuanto a nombres no será tal, debido a un sistema electoral restrictivo que pone en cabeza de los “jefes” de cada espacio el armado de listas sábana, sin evitar por ello pujas, enojos y traspasos entre quienes desean mantener sus bancas (casi todos), o acceder a las mismas desde el llano (demasiados); 2) el resultado electoral no modificará la condición de minoría legislativa del oficialismo.

Esta inevitable continuidad de viejos actores políticos, nos brinda una oportunidad. En lo inmediato, juzgar con suficientes antecedentes las virtudes y defectos de quienes encabezarán las listas. En el mediano plazo, incrementar la presión ciudadana para reformar un sistema electoral plagado de vicios destinados a evitar rotaciones en los niveles de representación pública, permitiendo las prolongadas permanencias. Esta realidad genera un desafío extra a los publicistas y consultores responsables del marketing político, en especial en lo referido a la construcción de imagen de los candidatos.  Tema que no es nuevo en la historia. Hace ya más de 500 años, aconsejaba Maquiavelo al príncipe: “Los hombres en general, juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

Cierto es que los avances tecnológicos de la comunicación, caracterizados por la masividad, velocidad y simultaneidad, exigen adecuar metodologías. Las redes sociales por ejemplo, simulan una sensación de mayor cercanía ciudadano-candidato, que no es tal. Para usarlos, los políticos utilizan un grupo de personas que usan frases breves y trilladas que opinan pero no informan. Y en muchos casos, propagar informaciones falsas. Un caso interesante para evaluar el impacto sobre la imagen y las estrategias que se emplearán para minimizar daños, es el de Daniel Scioli. Todo político y su equipo planifican qué, cuándo y cómo comunicar. Sin embargo, quizás sea sociológicamente más didáctico, porque es aplicable a los políticos en general, mensurar si entre quienes tienen una valoración negativa de Scioli,  predomina su gestión pública como gobernador provincial durante ocho años, o sus anteriores y reciente actitud privada de pareja.

La desaparición de partidos tradicionales consolidados que aporten respaldo estructural e ideológico sustentado en el tiempo, hace habitual que cada dos años las listas se integren con entrecruzamientos que oscilan entre aciertos y burdos oportunismos. En estas circunstancias el factor diferenciador, que no debe ser confundido con el concepto “grieta”, parecería ser inevitable: oficialismo u oposición. Ello no debiera resignarnos a ser receptores pasivos y emotivos ante el bombardeo mediático. Más aún, cuando se elegirán legisladores, responsables de establecer las normativas legales a las que se deben ajustar los poderes ejecutivo y judicial. Deberemos evitar entonces que los candidatos persistan en la cómoda postura de sustituir el cumplimiento de sus obligaciones específicas, por la de comentaristas críticos de los otros poderes. Cuyos vicios, por otra parte, se originan precisamente en la inacción y/o ineptitud legislativa (sanciones penales, régimen de excarcelaciones, incompatibilidades públicas, recientemente la polémica por la aplicación del 2 x 1 en las penas, etc.).

En la transmisión del discurso político, los medios de comunicación desempeñan un determinante rol como nexo entre candidato y ciudadano. En nuestro país no sufrimos el monopolio de opinión, característico de sistemas totalitarios. Pero esta libertad, virtuosa en lo global, brinda dos posibilidades en lo particular. Puede ser usada para informar o para desinformar. Como receptores pasivos carentes de “información privilegiada”, podremos diferenciar entre verdades y engaños? Veremos que no es difícil.

Miércoles, 17 de mayo 2017

ANDÁ VOS AL BANCO . . .

En la propaganda política predominan las frases breves direccionadas a lo emocional, conceptualmente correctas, psicológicamente persuasivas y aparentemente irrebatibles,  en busca de convencer. Trasladado al discurso político, necesariamente de mayor extensión y con mayor influencia de las condiciones personales del emisor, al intentarse dar a la estrategia de la brevedad pretensiones de argumentación, suele caerse en obviedades, desinformación, mediocridad, cuando no en cinismo y falsedad.

Este riesgo se potencia en un año electoral, con discursos pronunciados por quienes pretenden mantener y/o acceder a las apetecibles bancas legislativas. El contexto político favorece incongruencias, al estar caracterizado por tres aspectos: 1) ausencia de representaciones políticas tradicionales; 2) alineamientos políticos oportunistas; 3) mantenimiento de los mismos representantes políticos durante décadas. En consecuencia, el recurso de la brevedad diferenciadora mediante el uso de términos “absolutos” como justicialista, radical, progresista, derecha, izquierda, socialista pierden significado, e intentan encubrir objetivos más inmediatos y terrenales, que justificarán cualquier mezcolanza acuerdista para acceder a cargos legislativos. Breves ejemplos: la asociación entre Massa y Stolbizer, quienes hace menos de dos años compitieron por la Presidencia con “proyectos de país” supuestamente distintos; el acuerdo entre “el Adolfo y el Alberto” con Cristina Kirchner, recientes enemigos, para proteger su feudo provincial; o el legislador Gustavo Vera, que suspendió su franquicia de distribución de rosarios bendecidos para buscar renovar su cargo, ya no con Carrió, sino dentro de vertientes kirchneristas. No sorprende entonces que los repetidos candidatos, en lugar de exhibir públicamente sus antecedentes, méritos y proyectos propios, se aplicarán al vacío debate entre quienes apoyen o critiquen al Ejecutivo.

Vale decir que con estos perfiles, para poner en riesgo la gobernabilidad no es necesario esperar el resultado de las elecciones. Pero será necesario que una vez finalizadas las mismas, se analice una reforma constitucional que modifique las frecuencias electivas de legisladores, se ajusten los requisitos de integración de listas (excluir procesados), se especifiquen en detalle las obligaciones laborales, y se limiten las posibilidades de reelección. Respecto a la estrategia de la utilización de frases breves, es oportuno recordar algunas vernáculas, que por época, autor y poder de síntesis, reflejan adecuadamente nuestro devenir político en las últimas décadas. Vayamos por orden cronológico.

A comienzos del gobierno de Menem en 1990, el gremialista gastronómico Barrionuevo declaró que  “hay que tratar de no robar por lo menos por dos años”. Transcurridos veintisiete años desde entonces, en la actualidad ese estado de beatitud exigiría como mínimo un período presidencial completo. Veinte años más tarde, en un reportaje publicado en La Nación, el barrabrava boquense Rafael Di Zeo explicó que su  impunidad reside en “tener los teléfonos del poder”. Excelente síntesis para definir lo que se denomina trama delictiva, que interrelaciona a políticos, sindicalistas, empresarios, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. 

Pero quizás el ejemplo más valioso, por haber sido protagonizado por trabajadoras alejadas de los círculos de poder, se presentó recientemente durante el paro general de la CGT el seis de abril. Tres mujeres dueñas de una estación de servicio de Lomas de Zamora, fueron amenazadas por un grupo de patoteros del gremio para que dejaran de expender combustibles. Una de ellas les gritó: “mañana vas a ir vos al Banco para levantarme el descubierto, pelo…?” (el insulto final, hay que reconocer que se ajustó a los personajes). Quedó como pocas veces expuesta la distancia que existe entre los ciudadanos comunes que  necesitan de su trabajo diario para vivir y progresar, con los eternos sindicalistas y políticos sin obligaciones laborales de cumplimiento efectivo, ni urgencias salariales. Con o sin paros, siempre ganan.

Buenos Aires, 11 de mayo 2016

EMPRESARIOS, SINDICALISTAS Y POBRES

La permanencia de las mismas clases dirigentes desde hace más de dos décadas, inevitablemente arroja las mismas consecuencias. La principal, que explica la involución del país y consolidación de la pobreza, ha sido la desaforada corrupción estatal-privada, sin consecuencias penales ni políticas. El acceso al poder de una nueva fuerza ajena al cada vez menos monopólico justicialismo, debiera activar nuestro espíritu crítico antes que fervores emocionales, para no repetir frustraciones. Ello exige exponer las contradicciones u omisiones de viejos discursos falaces y encubridores.

El más incoherente, porque lo critican los mismos que lo generan, es el referido al déficit fiscal, que surge cuando un gobierno gasta más que lo que recauda. Superados ciertos niveles de déficit, se hace necesario financiarlo contrayendo deuda. Ante planteos de reducirlo, voceros beneficiarios lanzan el clásico diagnóstico oportunista y cínico: el costo lo pagarán los que menos tienen, con bajos salarios y despidos de personal. Temor inicialmente justificado, porque es lo que ha sucedido históricamente. Pero lo que no plantean políticos y economistas supuestamente en las antípodas, como Dujovne, Kicillof, Pitrola, Lavagna o Loustau entre otros, es que la reducción del déficit lo absorban los que  más tienen, sean funcionarios, sindicalistas o empresarios, responsables además de su existencia. Un breve comentario respecto a la estructura del Estado, que merecerá un análisis más profundo. Para hacerla eficiente, el primer paso se debería basar en el principio democrático de igualdad de oportunidades, dejando de subsidiar salarialmente a quienes no cumplen tareas específicas y horarios de trabajo, hacen de las falsas licencias médicas una práctica, y desde el poder político ejercen un nepotismo desaforado cubriendo cargos públicos con familiares.

Pero lo más importante es destacar el meollo del problema, que nadie menciona con nombres y apellidos. Consiste en derivar sin control multimillonarios fondos públicos a empresas privadas o cooperativas, bajo los encubridores objetivos de consolidar el desarrollo industrial y crear fuentes de trabajo. Los resultados fueron monumentales déficits fiscales, con créditos estatales irrecuperables. Recordemos el vaciamiento sufrido por el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo, creado en 1971 y liquidado en 1993, con pérdidas de 5.700 millones de dólares por créditos otorgados a empresarios asociados al poder político. A ello se suma la recurrente estatización parcial de deudas en dólares a privados, la última de las cuales se realizó en el año 2002. Estos ejemplos dan por tierra con clásicas definiciones en cuanto a roles de los actores económicos. Empresario es quien combina capital propio de riesgo y trabajo, para producir bienes y/o servicios que ofertados al mercado le produzca ganancias. El sindicalismo tiene por fin asociar a trabajadores del rubro para defender sus intereses ante empleadores y gobierno. Por último, el gobierno establece políticas de desarrollo, marcos impositivos y vela por el cumplimiento de las leyes. Nuestros habituales casos de corrupción muestran que no existe capital de riesgo; que los sindicalistas no protegen las fuentes de trabajo ni vigilan los aportes patronales, y que funcionarios públicos venales se asocian al vaciamiento de empresas.

Tres ejemplos recientes ilustran sobre el origen de enormes déficits fiscales. 1) Oil Combustibles de Cristóbal López, evadió tan solo en impuestos a los combustibles, de los que era agente de retención, 8.000 millones de pesos. 2) Sancor, cuyo presidente es Gustavo Ferrero, adeuda a la AFIP más de 2.000 millones de pesos, además de aportes patronales, con el silencio de Héctor Ponce, secretario del gremio Atilra. 3) OCA, presidida por Patricio Farcuh, adeuda a la AFIP 3.200 millones de pesos, más aportes patronales, sin que Pablo Moyano, del gremio Camioneros, reaccionara en tiempo y forma. Pese a estos antecedentes, empresarios y sindicalistas responsables no se inmutan. Bajo la amenaza de dejar un tendal de despidos y crisis sociales que ellos mismos generaron, pretenden que el gobierno acuda una vez más con recursos públicos al rescate de sus negociados, incrementando el déficit fiscal. El gobierno deberá encontrar necesariamente soluciones para los genuinos trabajadores, pero con una salvedad: que las ayudas no se canalicen a través de los mismos empresarios y sindicalistas que llevaron a las empresas al estado de quiebra. Ello no solo sería suicida, sino lo haría sospechoso de complicidad. Solo en los ejemplos mencionados, el Estado ha sido defraudado en más de 13.200 millones de pesos.

Para concluir, definamos brevemente a las víctimas de estos manejos. Son pobres los que carecen de los ingresos mínimos necesarios para vivir dignamente.

Buenos Aires, 03 de mayo 2017