CONFUNDIR POLÍTICA CON SOBERANÍA

La reciente expropiación de la empresa gráfica ex Ciccone generó que tanto políticos oficialistas como supuestos opositores presentaran la ley aprobada como “un acto de soberanía”. Como éste concepto fuera utilizado en los casos de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF, entre otros, queda la duda sobre si los legisladores carecen de adecuada formación intelectual, o bien intentan disimular decisiones concretas de impacto económico pasados y futuros con grandilocuencias verbales falsas. Ambas hipótesis son inaceptables, por lo que es momento de realizar una reflexión al respecto.

El concepto de “soberanía” contemporáneo surgió para fundamentar el surgimiento de nuevos estados nacionales en la Europa del siglo XVI, en donde predominaban las monarquías y el derecho divino y/o hereditario como legitimación de liderazgos, entendiéndose como tal al derecho de los pueblos de elegir a sus gobernantes, establecer sus leyes y mantener sus territorios. En un sistema republicano el soberano es la colectividad o pueblo, que traslada sus derechos a favor de la autoridad elegida a través del voto popular, con sistemas electivos que garanticen las decisiones de las mayorías. Los representantes del pueblo una vez instalados como “autoridad”, generan  “actos políticos”, los que también deben ser homologados por una mayoría, en este caso parlamentaria. Este concepto de Perogrullo cobra especial relevancia en nuestro país, cuando es la misma clase política que festeja como un acto de soberanía la implementación de políticas totalmente opuestas a las que los mismos políticos avalaron tiempo atrás. La rimbombante frase “acto de soberanía” debería tener su correlato opuesto en “pérdida de soberanía” como resultado de una traición, que en el ámbito del derecho y en el campo político es un delito  que se comete cuando se atenta gravemente contra la seguridad de la nación. En tal sentido, sería materia de debate establecer, por ejemplo, si la privatización del petróleo argentino puede considerarse una traición, así como su expropiación reciente se consideró un acto de soberanía. El hecho concreto es que en la actualidad el ex presidente Carlos Menem, que promovió la privatización, y los legisladores que la aprobaron, no sufrieron ningún tipo de sanciones. Por el contrario, la mayoría de ellos ocupan en la actualidad cargos relevantes en la administración pública.

Corrido el velo de la grandilocuencia de tono marketinero, y cumplidos los requisitos de delegación republicana del poder; organización jurídica y preservación del territorio, incursionemos en la enorme trascendencia que para un país tienen determinados actos políticos. La implementación de instrumentos legales y administrativos para promover políticas, indefectiblemente admite alternativas que comprenden múltiples estrategias de interacción entre sectores públicos y privados. El Estado posee lo que jamás poseerá el privado: la capacidad de dictar leyes y decidir políticas públicas de cumplimiento obligatorio. Si el privado avanza en éste campo, es por claudicación del funcionario público, generalmente asociada a la corrupción. El burócrata, por su parte, envidia la escenografía del empresario y añora sustituirlo y usufructuar sus bienes, sin poner en riesgo capital propio y careciendo por sí mismo de la creatividad del emprendedor. Minimizar riesgos y lograr ganancias fáciles también es un deseo de muchos empresarios, para lo cual conforman “fructíferas asociaciones” con funcionarios en detrimento de los fondos públicos. La ex empresa Ciccone Calcográfica es un excelente ejemplo de este tipo de asociaciones. Como el negociado fracasó parcialmente, varios legisladores tuvieron un ataque de “soberanía” al expropiarla, bastardeando el sentido de la palabra.

En estas circunstancias hasta se puede ser condescendiente con los legisladores oficialistas, considerando que existe un sistema electoral que mantiene férreamente las llamadas listas sábana para ser elegidos, y que acceder a ellas depende del gran elector, ya sea la presidente en el oficialismo, o de los pequeños grupúsculos que recurrentemente se autoeligen como candidatos a legisladores en las distintas versiones de las supuestas oposiciones, para solo entonces, depender todos ellos de los votos que obtengan en la elección general. Sin embargo la responsabilidad de las oposiciones es mayor a la del oficialismo, porque como tales tienen la fundamental obligación de legislar alternativas, controlar los actos públicos del Ejecutivo, e informar a la ciudadanía el resultado de tales controles. Sus desempeños los hará eventualmente acreedores a ser considerados por la ciudadanía como futura opción de gobierno. Lamentablemente  nuestra realidad política indica que no existe oposición, dado que sus referentes, conscientes de sus limitaciones, ni siquiera pretenden ser opción de gobierno, sino solo mantener sus privilegiados cargos legislativos el mayor tiempo posible. Por ello no plantean que aún no se cerró la expropiación de Aerolíneas Argentinas, desconociéndose el monto indemnizatorio que recaerá en los próximos presupuestos y gestiones de gobierno. Del mismo modo se ignoran montos indemnizatorios y cronograma de inversiones con su flujo de egresos-ingresos de YPF. Y en el caso más reciente, no se tiene la mínima idea del costo de la expropiación de la ex imprenta Ciccone, y menos aún se explica porque es un acto de soberanía expropiarla cuando existe la Casa de la Moneda para tal función.

Tengamos presentes una obviedad: el primer acto de soberanía económica y política es minimizar los actos de corrupción que asocia a funcionarios públicos con empresarios privados, ya sea nacionales o extranjeros, en detrimento del presupuesto público, con sus consecuencias en el desarrollo social, y muchas veces a costa de la vida de ciudadanos inocentes, como sucediera recientemente en la tragedia ferroviaria de la estación Once.

ÉTICA PÚBLICA PARA PERIODISTAS

Recientemente la Presidente de la Nación, en un discurso transmitido por cadena nacional, entendió necesario promover una ley de ética pública de aplicación para periodistas. Sorprende que tras este requerimiento público emanado de la máxima autoridad política, que provocara el sostenido aplauso de los presentes, al menos los legisladores oficialistas no se abocaran de inmediato a la elaboración del proyecto de ley pertinente, o que supuestos opositores rechazaran la idea de plano sin incursionar en un debate complejo y enriquecedor respecto a un aspecto esencial para todas las formas de actuación política y social: la ética.

Evitar el debate sugerido por la Presidente generará como consecuencia acostumbrarnos a los juegos dialécticos grandilocuentes entre oficialistas y opositores, que quedan en el olvido hasta que surja la próxima frase impactante, y así sucesivamente, sin que nada cambie. Cuando desde los máximos niveles políticos se busca la adhesión popular a través de mensajes supuestamente trascendentes, hay que tener la capacidad tanto para sustentarlos, como para rebatirlos por parte de quienes lo critican. Caso contrario no nos diferenciaríamos demasiado del espectador-ciudadano entretenido con los espectáculos circenses de la antigua Roma.

Partiendo de su definición, la ética es una de las principales ramas de la filosofía que estudia los fundamentos de la moral, a través de costumbres, virtudes y deberes, entre otros aspectos. Existen valoraciones distintas según se la aborde desde consideraciones económicas, militares, ambientales, médicas, etc. Una sentencia ética contendrá, por ejemplo, términos como “bueno” o “malo”. El filósofo Aristóteles, que fuera preceptor de Alejandro Magno, quien se basaba en “el realismo de los objetos” en oposición al “realismo de las ideas” de Platón, en su libro “La política” desarrolló con precisión lo que denominaba “virtudes” públicas y privadas, señalando que las virtudes del ciudadano, como tal, se refieren exclusivamente a su relación con el Estado, en el que conviven lo público y privado. Por ello el privado no es ajeno a la ética en cuanto ciudadano, pero no tiene la misma valoración que la ética del magistrado que lo gobierna. Tomemos como ejemplo a las concesiones del transporte público. El empresario a cargo de la explotación de servicios y bienes del Estado, como tal, forma parte de éste. Pero la responsabilidad de los funcionarios que le otorgan la concesión y deben controlarlo, es mucho mayor que la del privado, porque asumen la representación del interés común. Por lo expuesto, en principio no adheriremos al argumento de que los periodistas de medios privados están excluídos de condicionantes éticos “porque no son empleados públicos”, como expresara la senadora Norma Morandini en una nota periodística.

Un buen comienzo de todo debate es analizar los antecedentes existentes, por lo que el punto de partida será la Ley de Ética de la Función Pública 25.188 sancionada en septiembre de 1999, de aplicación para magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Para evaluar su cumplimiento citaremos como referencia cinco de sus obligaciones:
1.- Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten.
2.- Observar en los procedimientos de contrataciones públicas los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad.
3.- Presentar los funcionarios jerárquicos una declaración jurada patrimonial dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de los cargos, y actualizarla anualmente.
4.- Las declaraciones juradas deberán ser entregadas a la Comisión Nacional de Ética Pública, integrada por once miembros de los tres poderes del Estado.
5.- La Comisión Nacional de Ética deberá realizar una prevención sumaria a fin de investigar supuestos de enriquecimiento injustificado en la función pública.

Como se observará, a trece años de sancionada, la ley de Ética Pública presenta manifiestos y reiterados incumplimientos por parte de las sucesivas gestiones de gobierno, incluidos los sectores de la oposición. Mas aún, jamás fue conformada la Comisión Nacional de Ética como organismo de aplicación. Surge entonces un severo condicionamiento inicial para elaborar una ley de ética para periodistas: pueden redactarla y aprobarla quienes incumplen con sus propias regulaciones éticas? Parecería una falta de ética.

Siguiendo con el análisis de la ley 25.188, su redacción contiene vaguedades extremadamente perjudiciales en un campo tan sensible como el de la ética, tales como que los incumplimientos de las normas …”darán lugar a las sanciones que pudieran corresponder”. Se explicitan las sanciones? No. Un caso claro de incumplimiento de la ley son los enriquecimientos injustificados que en el corto plazo de un año presentan innumerables funcionarios públicos, quienes además trabajan en su tarea a tiempo completo. Se aplican sanciones al funcionario y se trata de recuperar lo que indudablemente obtuvo de recursos públicos a través de retornos entregados por empresarios relacionados con el Estado? No.

Ante hechos tan evidentes de incumplimientos éticos (en muchos casos con consecuencias penales) por parte de los funcionarios públicos y magistrados, llegamos a la pregunta de fondo: cuáles serían los elementos concretos para evaluar si la actuación de los periodistas es pasible de sanciones? A manera de ejercicio para comprender el riquísimo campo de debate que abre la inquietud de la Presidente, formulemos la siguiente hipótesis: ante la redacción de determinada norma ética para periodistas, le cabría una sanción a Jorge Lanata o a Víctor Hugo Morales?

Mientras los legisladores incursionan en estas complejas disquisiciones, sepamos que nuestra protección como ciudadanos para estar medianamente bien informados, inicialmente es reconocer que no existe la información aséptica. Por lo tanto si conviven “6,7,8”; Página 12 y Vítor Hugo Morales por un lado, y “Clarín”; “La Nación” y Jorge Lanata por el otro, no tendremos grandes problemas, porque otorgará al ciudadano la posibilidad de comparar y evaluar la calidad informativa que se le ofrece. Pero si un grupo pretende acallar al otro y lo logra, pasaremos de las opiniones múltiples en democracia, al pensamiento dirigido por quienes detentan el poder. Resaltemos además una obviedad que los fundamentalistas ideológicos siempre intentan ocultar a la ciudadanía: ambos grupos tienen intereses económicos, lo que es justificable para subsistir, pero no para engañar.

METROVÍAS: JUGUEMOS A LA POLÍTICA Y OCULTEMOS LA VERDAD

Los análisis políticos en busca de una verdad tienen que esforzarse en abstraerse de subjetividades o insulsas declamaciones ideológicas. De no ser así, las polémicas las monopolizan los políticos profesionales de sectores supuestamente enfrentados, en busca de la adhesión de sus respectivos líderes primero, y de la opinión pública después, intentando manipular tanto al oficialista como al opositor; al progresista como al neoliberal; al peronista como al radical.

Valga la introducción para destacar aspectos esenciales del conflicto de los subterráneos, que con total desprecio por los miles de usuarios que lo utilizan por necesidad y no por el placer de viajar, visto la falta de confort del transporte público, quienes se ven salvajemente torturados de manera coordinada y simultánea por el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, la empresa concesionaria, y los gremialistas.

En la reflexión del pasado 03 de diciembre relacionada con el anuncio del traspaso de los subterráneos al Gobierno de la Ciudad, señalábamos textualmente: “En el debate de los subterráneos, tanto por parte del kirchnerismo como del macrismo, desapareció como por arte de magia el actor principal en la transferencia del servicio: el concesionario”.  

Transcurridos ocho meses sigue sin aparecer el concesionario, parte esencial del conflicto, y que es hoy indirectamente representado por los gremialistas. La empresa Metrovías SA, cuya amplia mayoría del capital social pertenece al conocido grupo empresario Benito Roggio, fue creada a partir del 1º de enero de 1994 para explotar la concesión de todas las líneas de subterráneos, y la línea ferroviaria Urquiza. El contrato de concesión, que sufrió sucesivas renegociaciones parciales y presenta derechos adquiridos, obligaciones incumplidas por parte de la empresa, y zonas grises contractuales producto de las mencionadas renegociaciones parciales, vencerá el 31 de diciembre de 2017. Tras dieciocho años de concesión, los antecedentes contractuales tienen y tendrán un impacto económico muy superior al de cualquier valor de boleto que se adopte. Mientras se oculta esta realidad, la voz cantante la llevan los gremialistas, para colmo inmersos en un conflicto interno entre ellos, y que recién a principios de este año descubrieron las graves falencias operativas y mecánicas de los subterráneos. Este cuadro de situación es aplicable a todo el transporte público, por responder a una matriz de coimas entre empresarios y funcionarios que no salen de bolsillos privados, sino de retornos surgidos de la desinversión y sobrecostos,  posibles con la complicidad estatal, y muchas veces gremial. Obviamente, ningún juez federal comprobará los vergonzosos enriquecimientos ilícitos de los funcionarios intervinientes, aduciendo que “son temas complejos…vió?”.

Si bien el reclamo es de origen salarial, por lo que involucra exclusivamente a la concesionaria y a sus empleados, es oportuno dar un giro al debate estéril, y con visión de futuro analizar la madre del conflicto (con perdón de la figura materna): el Acta Acuerdo de transferencia de los servicios de transporte subterráneo y premetro, suscrito el 03 de enero de este año entre el Ministro de Planificación, arquitecto Julio De Vido, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad, ingeniero Mauricio Macri. No es un dato menor que los firmantes sean un arquitecto y un ingeniero, porque queda cubierta la condición de formación necesaria para asumir las responsabilidades técnicas, además de las políticas.

Pensará el ciudadano común que excede a sus posibilidades comprender estos acuerdos dada la complejidad de la concesión; es un pensamiento absolutamente razonable, pero no aplicable a éste caso. El Convenio consta solo de dos hojas, que obviando formalismos de redacción, en lo concreto se resume en tres puntos: 1) La Ciudad ratifica en el acto de firma la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red de subterráneos. 2) la Ciudad asume a partir de la firma del convenio, el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio. 3) la Nación ofrece y la Ciudad acepta el pago de una suma de 360 millones de pesos, dentro de un plazo de 12 meses a partir de la firma del convenio.

Increíblemente no hay anexos que informen sobre los flujos de fondos de la empresa  históricos y presentes de la explotación (ingresos y egresos); obras comprometidas y efectivamente ejecutadas; nivel de amortización del equipamiento; proyección de inversiones hasta el final de la concesión; entre muchos otros indicadores, que deje constancia de las condiciones técnicas-económicas en las que se entrega la concesión. Si este es el nivel de manejo que las más altas autoridades nacionales y de la Ciudad tienen de los temas complejos, estamos en serios problemas. Desde luego que ningún legislador porteño, oficialista u opositor, informó en sus periplos televisivos las omisiones del acuerdo, y consecuentemente, el cuadro de situación real de la concesión. Pareciera más bien que, al menos públicamente, compitieran en “Hablando por un sueño”.

Es claro que mas allá de la irresponsable forma en que se firmó el Acta Acuerdo entre las partes, los tres puntos establecidos indican que el Gobierno de la Ciudad aceptó sin condicionamientos o reservas hacerse cargo de la concesión de los subterráneos. Dicho esto, y para no repetir desgastantes polémicas políticas, avancemos en positivo, haciendo la salvedad de que si el gobierno nacional quiere erosionar la imagen de Macri en su carácter de opositor ideológico, éste deberá extremar la calidad de sus colaboradores en los campos técnicos y jurídicos.

Como responsable del servicio de subterráneos se le presenta al Gobierno de la Ciudad una interesante oportunidad, partiendo de una condición necesaria pero no suficiente: actuar con honestidad, desactivando inicialmente los retornos empresarios a los funcionarios controladores obtenidos a costa de incumplimientos contractuales. Plasmado este requisito, deberá realizar un acotado estudio de las condiciones vigentes de la concesión, muchos de cuyos aspectos señaláramos precedentemente, para definir las obligaciones incumplidas por la empresa; eventuales sobrecostos facturados por proveedoras asociadas al grupo concesionario, y fundamentalmente, en que estado de inversión y amortización de equipos e instalaciones se llegará al fin de la concesión en el 2017. Solo una vez realizado éste análisis conjunto con la empresa, se podrá establecer la nueva política tarifaria. Si a la concesionaria no le conviene, tendrá el derecho de acordar una rescisión anticipada de común acuerdo, y eventualmente reclamar al gobierno nacional por  incumplimientos previos al traspaso al Gobierno de la Ciudad, quien de inmediato deberá abocarse a la elaboración del pliego de condiciones para llamar a una nueva licitación, teniendo a su favor un amplio conocimiento de lo sucedido en los 19 años de concesión transcurridos, para realizar las adecuaciones necesarias.

De este modo se demostrará que se puede hacer política de alto nivel en beneficio de la gente. Solo resta hacer una reserva. Es de esperar que no se repita un clásico de la corrupción aplicado en las concesiones de todo tipo, tales como transporte público, juegos de azar, explotaciones petrolíferas, entre otras, consistente en prorrogarlas a favor de los mismos concesionarios sin llamar a una nueva compulsa de ofertas, invocando “un positivo acuerdo entre las partes en pos del interés general”.

CUANDO EL DEBATE NO ACLARA SINO ENMASCARA

En la semana anterior reflexionamos acerca de la polémica desatada con motivo de la imposibilidad de la provincia de Buenos Aires de abonar en tiempo y forma el aguinaldo a sus empleados públicos, centrándonos en los actores políticos excluyentes del conflicto: la Presidente, con su habitual locuacidad, y el gobernador Scioli, con su no menos habitual apatía. Profundizaremos ahora las causas del conflicto desde lo estrictamente institucional y presupuestario, que excede lo anecdótico para adquirir el carácter de política de fondo con repercusión en todo el ámbito nacional.

El tema ofrece tres vertientes de análisis, que por orden de importancia denominaremos político-constitucional, técnico-presupuestario, y de gestión. El intercambio de declaraciones solo hizo hincapié en la gestión, que necesariamente debe ser evaluada una vez clarificados los aspectos institucionales y presupuestarios.

1.- Político-constitucional: la reforma constitucional de 1994 aprobada el 22 de agosto de ese año, al fin de su articulado establecía un conjunto de Disposiciones Transitorias para los casos en que las reformas necesitaban de tiempos de implementación. La Disposición Sexta expresaba textualmente que “Un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inc. 2 del art. 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación.”

Asumiendo la envergadura e importancia de la tarea para posibilitar un verdadero federalismo, se otorgaba a los legisladores en plazo de veintiocho meses para cumplimentar el requisito establecido. A más de quince años de su vencimiento no solo no se cumplió, sino que en el colmo del cinismo, hay quienes piensan en una nueva reforma constitucional. Sumemos a lo expuesto las permanentes delegaciones en el Poder Ejecutivo que los legisladores realizan de sus atribuciones, afectando la coparticipación de recursos entre Nación y Provincias, y posibilitando al Ejecutivo la conformación de la famosa “caja disciplinadora de gobernadores”. Esta situación de concentración de recursos económicos de características “unitarias” para quienes gustan remontarse al pasado, no es responsabilidad del Presidente de turno, sino exclusiva de los gobernadores y legisladores provinciales, que contando con amplia mayoría legislativa para lograr distribuciones más equitativas, traicionan el mandato que les otorgaran sus comprovincianos. Pareciera ser más fácil gimotear reclamando la gracia presidencial para, por ejemplo, incrementar el Fondo del Conurbano, que cumplir con el mandato constitucional del año 2004. Un ejemplo reciente de esta complicidad fue el rol cumplido por los gobernadores de provincias petroleras en la expropiación de las acciones de Repsol, sabiendo que perderán gran parte de sus facultades como titulares del dominio de los subsuelos provinciales que les otorgara la reforma constitucional, que serán asumidas por el Ejecutivo nacional.

2.- Técnico–presupuestario: los presupuestos consisten en el cálculo anticipado de ingresos y gastos que sean viables, y en el caso de los gubernamentales, por un período anual. Al nacional se lo denomina “ley de leyes” por traducir en números las políticas implementadas para el país. Su correcta formulación y aplicación debería evitar situaciones traumáticas como las vividas por los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. El presupuesto nacional fue aprobado legislativamente el 21 de diciembre de 2011, y el provincial el 24 de noviembre del mismo año. Es claro que en el corto período que medió entre sus aprobaciones y la insuficiencia de fondos de la provincia para abonar aguinaldos, no se produjeron situaciones económicas que modificaran las previsiones aprobadas, por lo que en principio el problema no debería ser de índole económico-financiera, sino político.

3.- Calidad de gestión: solo una vez considerados los aspectos detallados en los puntos precedentes, cabe analizar la calidad de gestión, entendiendo como tal a la tarea de administrar metódicamente las variables presupuestarias aprobadas, lo que implica gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar en función de cumplir con el objetivo que motivara su elaboración y aprobación.

Estas hipótesis de trabajo no fueron planteadas en el debate mediático tanto por los adherentes a la Presidenta como al gobernador Scioli. Ni hablar de las supuestas oposiciones, que tienen una relevante responsabilidad en su carácter de minoría en la aprobación del presupuesto nacional, tanto en lo que compete a las políticas de Estado, como a los montos, fines y plazos de las partidas que deberán ser trasladadas a cada provincia. Si una minoría observa distorsiones insalvables que falsean la realidad económica, está obligada a presentar su propio presupuesto, apoyarlo en el recinto, y explicitarlo de manera entendible a la comunidad. No basta con ir a programas televisivos para decir que se votó en contra, o a favor pero “con reservas”.

Entendidos estos rudimentarios conceptos que pareciera los políticos tratan de evitar, es cuando surgen las preguntas obvias: los presupuestos nacional y provincial respondieron a estimaciones reales o ficticias? En caso de haber sido reales: cumplió el Ejecutivo con el envío de los fondos previstos para la provincia? En caso de haber cumplido el Ejecutivo: qué destino dió a los fondos percibidos el gobernador Scioli?

Lo lamentable es que tras el telón de debates engañosos y escenográficos se produjo el habitual negocio. El gobernador Scioli firmó el 22 de julio un decreto que prorrogó las licencias de concesión para operar las salas de juegos de azar por 15 años, recibiendo como contrapartida la suma de 1.500 millones de pesos para pagar los aguinaldos. Se repite de este modo un viejo vicio neoliberal–progresista: lo que no logran políticas adecuadas lo soluciona la ruleta.

LA RACIONALIDAD LA APORTÓ MARADONA

En el prolongado debate público entre la Presidente y el Gobernador respecto a las responsabilidades por el pago del aguinaldo a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, la cuota de elemental racionalidad para desactivar el conflicto en lo inmediato la aportó Diego Maradona: “Peléense entre ustedes, pero no afecten a los trabajadores que nada tienen que ver”.

Que eventualmente las declaraciones de Maradona repercutieran eficazmente para solucionar un conflicto entre los más altos niveles de responsabilidad de gobierno, indica a las claras el nivel de frivolidad que alcanzó el debate. Las opiniones de supuestos oficialistas y supuestos opositores que rodearon el cruce de acusaciones ni merecen ser consideradas, por basarse ya sea en la obsecuencia irrestricta o en la crítica oportunista sin soluciones. Sin embargo existen varios elementos trascendentes a ser evaluados, para que la reflexión política no se agote en lo anecdótico.

En primer término presentar a Maradona como circunstancial partícipe en la solución del conflicto político parecería una ironía, pero por el contrario, arroja una profunda enseñanza: ningún político es tan todopoderoso como para enfrentarse a un ídolo, que adquiere la condición de tal por haber generado emociones inolvidables e irrepetibles que trasvasan todas las clases sociales, generacionales y diferencias ideológicas. Cuando sus opiniones son irrelevantes o sus acciones reprobables, se guarda un piadoso silencio o se formula una tibia crítica. Cuando en pocas palabras dice lo que lo que la mayoría piensa, el político corre presuroso para corregir su necedad; no queda lugar para la soberbia. Desde el poder, los ídolos provocan temores durante su vigencia, y revanchismos en su ocaso. Un solo ejemplo: el aislamiento deportivo-laboral al que fué sometido el boxeador “Mono” Gatica luego de la Revolución de 1955, tan solo por su declamada e inocente adhesión a Perón.  Ello indica que es falaz justificar obsecuencias de los entornos presidenciales en el temor que genera el líder de turno: el verdadero temor es a perder las prebendas que el líder otorga. 

El conflicto fué presentado por determinados sectores como un disciplinamiento al que fué sometido Scioli por parte de la Presidente, porque osó manifestar expectativas presidenciales para la elección del 2015. Aún si así fuera, la anécdota sería irrelevante. Analicemos en primer término las personalidades de los actores excluyentes en el conflicto, que se transmiten a sus formas de conducción y comunicación. No nos explayaremos en la Presidente, porque ya sea a favor o en contra, monopoliza el 80 % de los análisis políticos. Es más importante intentar una aproximación a la personalidad de Daniel Scioli. Entenderla cobra relevancia no solo por su rol de gobernador, sino fundamentalmente como canalizador de una corriente aún muy subterránea de “oposición” para el próximo recambio presidencial, inicialmente dentro del nucleamiento político que ejerce el gobierno. La palabra “nucleamiento” no es casual: en nuestro país desde hace años no existen partidos políticos, incluído el justicialista, sino una “cadena” de poder que se regenera desde sus propias entrañas. Siempre hemos sostenido que esta situación es la más crítica para un país, y aún para la propia Presidente, quien debe estar negociando permanentemente con diversos grupúsculos corporativos guiados por intereses sectoriales, ajenos totalmente a los teóricos debates ideológicos que tanto entretienen a los intelectuales.

Hoy, esa corriente subterránea interna y tibiamente externa se encarna en Daniel Scioli, quien paradójicamente no es opositor, sino por el contrario, desde lo discursivo un firme y verticalista defensor de quien encarna el “modelo”.  Las encuestas lo presentan con una “imagen” muy elevada, inclusive superior a la de la propia presidente. Lamentablemente las encuestas se reducen a lo numérico, sin incursionar en el análisis sociológico, que justifique los porcentajes de imagen transmitidos a la opinión pública. Con su habitual precisión, Maquiavelo expresaba hace más de 500 años en relación a la imagen de los gobernantes: “Lo que parece virtud es causa de ruina y lo que parece vicio sólo acaba por traer el bienestar y la seguridad”, para luego señalar en relación al príncipe: “Todos pueden ver, pero pocos tocar…. muy pocos saben lo que realmente eres”. Por lo tanto seguiremos el consejo de Maquiavelo, y no consideraremos la imagen para desentrañar quien es Scioli, o cualquier otro político.

La pasividad ante los agravios y silencios de Scioli dieron lugar a que analistas políticos lo denominaran “estoico”. La escuela Estoica nació en Atenas hacia el año 300 a.C., y su ética se desarrolla en un universo regido por la razón. El ideal de los estoicos es vivir de acuerdo con la naturaleza; para ello uno debe superar la intranquilidad que generan las pasiones, que se dominan mediante la apatía. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales y la fortuna externa, dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Salvo por la apatía, no pareciera el estoicismo un campo adecuado para nuestros políticos.

A la sofisticada especulación del estoicismo, analicemos la pasividad y silencios de Scioli (cuando pretende definir algo también se lo puede considerar silencios), desde la simpleza. En su novela “Desde el jardín”, Jerzy Kosinski escribe sobre una historia desarrollada en Estados Unidos, en la que el personaje Mr. Chance, brillantemente interpretado por el fallecido Peter Sellers en la película del mismo nombre que el libro, es un jardinero con cierta limitación mental, cuyo único mundo es su jardín, su alcoba y la televisión. Presta servicio en la mansión de un anciano e influyente millonario, al que visita el propio presidente. En una conversación de alta política relacionada con una crisis económica en el país, en determinado momento su patrón millonario le pide a Chance su opinión. Este, que solo sabe de su jardín, y pensando en la poda de los árboles enfermos, expresa: “Mientras no se hayan seccionado las raíces todo está bien y seguirá estando bien”. Sus simples reflexiones botánicas son tomadas por el millonario y el presidente como una sabia metáfora, al punto que en un posterior reportaje televisivo el propio presidente repite la frase para explicar las perspectivas de evolución del país ante la crisis económica. La investigación sobre Scioli se va acotando: será un estoico o Mr. Chance?

En la próxima reflexión analizaremos el conflicto Nación – provincia de Buenos Aires desde lo estrictamente técnico, que excede lo jurisdiccional para repercutir en todas las provincias.

CUANDO EL RETO PRESIDENCIAL DEJA ENSEÑANZAS

La denuncia pública que por cadena nacional de televisión formulara la Presidente de la Nación contra un conocido operador inmobiliario por no haber presentado la declaración de ganancias desde cinco años atrás, provocó un alúd de críticas centradas en la utilización de instrumentos del Estado para ejercer coacción sobre quienes piensan y opinan distinto. Más allá de la importancia del debate con los distintos matices que conlleva, una vez más se obvió lo trascendente de ésta anécdota, que por estar originada en la más alta autoridad del Gobierno, podría constituirse en un mojón fundacional para iniciar un proceso de erradicación del principal problema político-económico que asfixia a nuestro país desde hace décadas: la enorme corrupción que asocia a altos funcionarios del Estado con empresarios privados. 

Para profundizar el análisis que sustente lo expresado, recordemos lo manifestado hace pocos meses por el senador Aníbal Fernández en relación a las dificultades en ese entonces, y casi imposibilidad hoy, que debían atravesar en el trámite ante la AFIP, quienes quisieran adquirir dólares, dado que en su opinión todo ciudadano debería justificar la situación patrimonial, así quisiera adquirir cien dólares. No solo es un concepto impecable en la teoría, sino que es obligación del Estado velar por una equidad contributiva, evitando las desigualdades de la evasión, para recién entonces debatir sobre la racionalidad distributiva. 

Lo destacable es que, si bien para frases altisonantes los años no parecen pasar para nuestros políticos, el transcurso del tiempo dió lugar a desarrollos tecnológicos sostenidos, que en lo referido a procesamiento de datos posibilitan registrar, ordenar y actualizar en tiempos reducidos informaciones de distinta complejidad independientemente de su cantidad, y entrecruzarlos con otras bases de datos igualmente relevantes. Este cambio en las organizaciones administrativas tuvo un hito hace casi veinte años, cuando en 1993 se iniciaron las licitaciones para informatizar e interrelacionar todas las sucursales del Banco Nación y la Dirección General Impositiva, que concluyeron en los recordados contratos IBM-Banco Nación e IBM-DGI, los que estallaron en 1995 como resultado de las escandalosas coimas pagadas a los funcionarios públicos involucrados. Para quienes no tengan presente el final, diremos que pese a que hubo funcionarios confesos; casos de devolución de la coima percibida por Directores del Banco Nación; el suicidio del responsable de la empresa privada intermediaria que posibilitó el sobrecosto de los contratos y la posterior distribución de coimas; y la remoción del nivel dirigencial de IBM, la maquinaria político-judicial ya estaba aceitada: pese al cacareo contra el neoliberalismo y los grupos de poder foráneos, ni siquiera se llegó al juicio oral y público.

Por ello ante el reciente reto público presidencial a un evasor, más importante que criticarlo, es formularse varias preguntas: qué hizo la AFIP ante un contribuyente por lo visto jerarquizado que no presentaba su declaratoria anual desde 2007? Cuántos casos similares al del operador inmobiliario existen, que no se denuncian o sea actúa en consecuencia? La pregunta no es superficial. Las coimas tienen dos etapas claramente delimitadas: la previa y la posterior a su percepción. La previa se sustenta en la saturación de reglamentaciones, procedimientos, obligaciones, determinación de cláusulas licitatorias, adjudicación, habituales renegociaciones de contratos en ejecución y ampliación de plazos de concesión “en beneficio del Estado”, que conforman expedientes con miles de fojas de las que son esenciales no más de cien. Llamémosla la etapa de armado de los “papeles”, que incluye las firmas de los responsables. La segunda etapa es posterior a la percepción de las coimas, y surge solo cuando estalla un escándalo y se ingresa en la esfera judicial; consiste en inhabilitar; impugnar; hacer desaparecer y/o neutralizar los documentos claves inmersos en la maraña de expedientes,  que denominaremos etapa de “desarmado” de los papeles (documentos) que constituyen pruebas. Surge entonces la pregunta elemental: no denunciar a determinado evasor implica un costo para éste ante el organismo de control, situación que desconoce la Presidente?

La siguiente pregunta es aún más inquietante: ante tamaña y saludable precisión para determinar la existencia de omisiones y eventualmente evasiones de pequeños, medianos y grandes contribuyentes, cómo puede explicarse que aún se desconozcan los antecedentes societarios del grupo The Old Fund, que aportó los fondos que posibilitaron el levantamiento excepcional de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, que la AFIP otorgara condiciones de pago de la deuda excepcionales, para que la fallida con un nuevo nombre suscribiera un millonario contrato con el Estado argentino para imprimir moneda nacional? Cómo puede aceptarse que el Gobierno haya suscripto un contrato con una Unión Transitoria de Empresas encabezada por la compañía inglesa Global Infrastructure por $ 65 millones para supervisar el funcionamiento de la tarjeta SUBE, y su titular inglés afirmara no haber participado del contrato, y una empleada de esa nacionalidad aclarara no haber cobrado honorarios liquidados a su nombre? Qué función de control cumple, por ejemplo, la Inspección General de Justicia, a cargo del dr. Marcelo Mamberti, en la constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales?

Es muy fácil concentrar responsabilidades y análisis políticos en una figura excluyente, supuestamente todopoderosa, no propensa al diálogo, y que atemoriza con solo mirarlos a pobres gobernadores, empresarios, jueces y políticos, llamándolos a la obsecuencia, al silencio o al miedo. En su momento fué Menem, luego De la Rúa, mas tarde Néstor Kirchner y ahora Cristina Kirchner.  Pero no es momento de pensar que es un recurso ya demasiado repetido para ocultar la permanencia de una misma clase dirigencial en distintas esferas de representación pública y privada, que conforman asociaciones entre supuestos progresistas o neoliberales, sean viejos o nuevos ricos, para realizar negocios escandalosos a costa de los recursos del Estado? 

Poner la mirada en un alto evasor puede ser una señal. Es de esperar que se expanda a quienes en verdaderas “asociaciones ilícitas”, saquean todos aquéllos recursos, servicios públicos y ahorro nacional, que cuando son devueltos al límite de la extinción para que el Estado los reanime hasta el próximo negocio, provocan las populares explosiones de júbilo por “la recuperación del patrimonio nacional”.

         

QUÉ SE ENTIENDE POR SALARIOS ELEVADOS?

Un gobierno tiene la mayor de las responsabilidades en relación al bienestar y desarrollo de sus gobernados: promover la creación de fuentes de trabajo, y facilitar una justa distribución de los ingresos y acceso a los servicios básicos. Para la gran mayoría de los habitantes, esa distribución opera a través de los salarios. Esta verdad de Perogrullo no está presente en el discurso político como una integralidad indisoluble, sino que por el contrario se maneja desde lo discursivo como una suma de pequeñas batallas entre empresarios y asalariados independientes entre sí, y aunque parezca paradójico, el esquema se repite en el campo estatal entre altos funcionarios y empleados. Batallas que son matizadas con generalidades demagógicas y marketineras tales como “distribución de la riqueza”, “mejora del salario”, y cuando se trata de impuestos, “pagan los que más ganan”. Cabe entonces preguntarse: cuáles son los elementos ciertos, numéricamente determinables y socialmente comparables, que permitan evaluar la política de distribución del ingreso a través de los salarios? 

Dado que desde hace años los peronistas tienen presente a Perón solo cuando se pelean entre ellos, es justo para su memoria que lo no peronistas recordemos uno de sus conceptos: “La elevación permanente y sostenida del ingreso y su distribución con justicia social es, y así debiera reconocerse unánimemente, la finalidad de todo proceso de desarrollo”, y agrega más adelante:….”debe intensificarse el uso de diversos mecanismos que incrementan el ingreso real, tarea en la cual el Estado tiene una responsabilidad impostergable”. (El proyecto nacional – Juan Perón). Obsérvese la claridad conceptual al destacar los tres aspectos clave: ingreso real (no dádivas ni diluído por la inflación) – distribución con justicia social (no clientelar) – responsabilidad del Estado (no corrupción). 

El Estado, como es su atribución indelegable, establece pisos salariales obligatorios que se suponen al menos de subsistencia, a partir de los cuales podemos comparar y evaluar la calidad de distribución de los ingresos. Son básicamente dos: el salario mínimo de un empleado activo que asciende a $ 2.390, y la jubilación mínima cuyo monto es de $ 1.687. A ellos debemos agregar el mínimo no imponible para un trabajador activo soltero, con un sueldo de bolsillo de hasta $ 5.782, a partir del cual tributa ganancias. 

Identificados los mínimos, diferenciemos entre salarios públicos y privados. Estos últimos se mueven entre dos extremos:  que los incrementos puedan ser trasladados por los empresarios al precio de sus productos en el corto plazo (tiempo), sin superar un valor que implique la caída en las ventas ante productos similares de la competencia (precio). Entre estos extremos se mueve el concepto de ganancia o utilidad neta empresaria (que obviamente incluye otros factores además del salarial), lo que da lugar al viejo debate sobre si los trabajadores deben participar de las ganancias. Debate esencialmente absurdo: si el producto final de la empresa en la que trabaja el empleado (pan, automóvil, pasaje de transporte) subió en un porcentaje menor al de su incremento salarial, está indirectamente participando de las ganancias. De no ser así, la inflación se comerá su incremento salarial, y más que preocuparse de participar de las ganancias, deberá comenzar un nuevo reclamo salarial.

Qué pasa con los sueldos del Estado? En principio el problema debería ser más simple: fijados los montos mínimos, solo resta establecer una política de relación ingreso mínimo-ingreso máximo (o sea el sueldo máximo es tantas veces el sueldo mínimo), que comprenda al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A lo sumo se podrá debatir si esa relación es razonable o no, pero al menos la política salarial de la administración pública sería clara y precisa. Agreguemos además que la relación entre los ingresos mas altos y más bajos es un indicador, entre otros, internacionalmente reconocido para visualizar el nivel de desarrollo de un país (a mayor diferencia menor desarrollo y viceversa). Aplicado el concepto a nuestro país, la realidad refleja que las diferencias entre los ingresos de “nuestros queridos ciudadanos” y los de “sus legítimos representantes estatales” son abismales. Con un agregado no menor: los altos ingresos considerados en la pirámide estatal no incluyen prebendas adicionales como pagos en negro, pasajes aéreos para usos personales, viajes al exterior ajenos a misiones oficiales, ubicación de todos los familiares en cargos públicos, y otras menudencias similares. Todo ello dentro de lo legal; para este análisis, corrupción abstenerse. Esto explica también porque los políticos son siempre los mismos, sistema electoral mediante, relegando el término “vocación de servicio” a épocas escolares de antaño.

Para posibilitar este desmadre salarial estatal se instaló un concepto inexistente en lo concerniente al manejo de los recursos públicos: la autarquía financiera. Autarquía o autonomía significa en su forma más restringida “autosuficiencia”. Trasladado a lo político es un concepto fuertemente vinculado al fascismo y al corporativismo. En democracia, dado que económicamente la supuesta autarquía salarial debe ser solventada por el Gobierno central con sus recursos generales obtenidos a través de los impuestos cobrados a los ciudadanos, insólitamente se intenta justificarla relacionando la supuesta capacidad y honestidad de los funcionarios con el privilegio de establecer sus propios ingresos. Pero surge un obstáculo: como desde el origen de las civilizaciones son pocos los que gozan de éste privilegio, se elude la responsabilidad de establecer un escalafón salarial estatal definido (conocido como “enganche” en la escala salarial), en donde los niveles salariales más altos estén razonablemente interrelacionados con los pisos salariales mínimos o de subsistencia fijados por el propio Estado. Obviar esta realidad, que plasma en políticas públicas la declamada “equidad social” y “distribución de la riqueza”, cuenta con el consenso de políticos neoliberales, progresistas, oficialistas y opositores. (se los menciona en paquete cerrado, porque definir quien es quien es más difícil).

Un claro ejemplo fue el incremento en más del 100% que aprobaron unánimemente y en silencio los legisladores nacionales en diciembre pasado. Señalábamos que el mínimo no imponible de bolsillo de un trabajador soltero, que se supone debe cumplir horario de trabajo, asumir responsabilidades y estar bajo el riesgo de ser despedido es de $ 5.870, mientras un legislador que delegó sus responsabilidades en el Ejecutivo, no tiene descuentos por ausentismos, no está sometido a evaluaciones de rendimiento, y se le paga el transporte aéreo cuando quiere trasladarse a su provincia, cobra como mínimo $ 35.000. Otro ejemplo es el inaceptable privilegio de los jueces de no tributar impuesto a las ganancias. Un dato a tener presente, aunque no hace al fondo de la cuestión tratada, es que el análisis no incluye a los trabajadores en negro y desocupados,  que se estima alcanzan no menos del 40 % de los asalariados en blanco.

Cabe entonces preguntarse: cuál es la política salarial del Estado para definir cuáles son los sueldos más o menos elevados?

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA JULIO 2012

Continuando con la rutina mensual de seguimiento de casos judiciales que involucran a funcionarios públicos con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, empobrecimiento social y pérdida de vidas humanas en casos extremos, publicamos las novedades judiciales recientes.

1.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli

En junio del año 2007 personal de vigilancia encontró en el baño del despacho de quien era entonces Ministro de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no pudo justificar. Inicialmente declaró que el dinero le fué prestado por un hermano, pero luego se retractó.  La jueza Servini de Cubría tramitó la causa y la elevó al Tribunal Oral Federal 2 para el juicio oral, sin que aún se estableciera fecha de inicio.

2.- El caso de la valija con u$s 800.000 no declarados por Antonini Wilson, detectados en el control de pasajeros de un vuelo contratado por Enarsa en agosto de 2007

En la agenda de junio pasado se informó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala B), con el dictamen de los dres. Roberto Hornos y Nicanor Repetto, sobreseyó por prescripción de la causa por lavado de activos en la que estaba imputado, al negociador del Estado nacional ante Venezuela Claudio Uberti, quien se vió favorecido por la reforma del Código Penal aprobada por el Congreso de la Nación en junio de 2011, que suprimiera el agravante que preveía la ley cuando el autor del lavado de dinero era un funcionario público, además de la ausencia de actuaciones judiciales. Sobre la base del sobreseimiento, los abogados de Antonini Wilson, a quien graciosamente las autoridades continúan llamando “prófugo”, reclamarán la devolución del dinero incautado. 

3.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000

De no haber nuevas postergaciones, se estableció como fecha de inicio del juicio oral el próximo 14 de agosto, ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Es un caso que políticos y gremialistas presentaron reiteradamente a la sociedad como un hecho emblemático de corrupción, y supuestamente motivara la renuncia del en ese entonces vicepresidente de la Nación y presidente del Senado Carlos Alvarez, lo que debilitó ostensiblemente al gobierno de la Alianza. Alvarez, actualmente funcionario de gobierno ante la ALADI, será un testigo privilegiado. También lo será Hugo Moyano, quien continúa al frente de la CGT, y denunciara la coima por todos los medios de comunicación. Finalmente cumplirá un rol decisivo el informe del Servicio de Inteligencia del Estado, que supuestamente aportó los fondos para el pago de las coimas a los senadores, y que esta bajo la dependencia del actual gobierno. Parece un caso tan sencillo, que cabe preguntarse: se demostrará finalmente el delito y habrá condenas? 

4.- Causa por la tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, tuvo como novedad la excarcelación por orden de la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Catani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, de los directivos de la empresa concesionaria TBA          Cirigliano y Ferrari, que fueran detenidos por el juez Bonadío el pasado 04 de junio bajo la acusación de haber ocultado y/o destruído documentación contable de la empresa que posibilitara verificar el destino dado a los subsidios estatales. El fallo de los camaristas se sustenta en que “la eventual verificación de los faltantes o aún los hallazgos de documentación dañada se aprecian como el resultado de la falta de un método asegurativo eficaz, tanto de quien debía proteger la prueba, como de quienes procuraron su resguardo”, en una clara crítica al juez Bonadío y funcionarios estatales.

5.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, proveedora del Estado 

Concretada las sustituciones del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, la causa que desde febrero de 2012 investiga la participación de funcionarios públicos en el atípico trámite de levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone, que cuenta entre los sospechados al vicepresidente Amado Boudou por participación societaria, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, la investigación entró en el terreno de la lentitud habitual. La gravedad del hecho se acentúa por haber contratado el Banco Central con la imprenta, sin conocer quienes son los dueños de la empresa controlante The Old Fund, la impresión de 410 millones de pesos argentinos. Además, la cara visible del grupo inversor, Vandenbroele, no entregó la información de la titularidad de dicho fondo que le solicitara el juez en lo comercial Javier Cosentino, que levantara la quiebre a solicitud de la AFIP. Pese a la negativa, el dr. Cosentino no adoptó decisiones como la de anular dicho levantamiento. Mientras los jueces piden y no le dan, surgió una importante novedad: de la Inspección General de Justicia que preside el dr. Marcelo Mamberti, desapareció el legajo de The Old Fund, el misterioso fondo que contrata con el Estado.

6.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

La causa iniciada en mayo de 2011 a cargo del juez Norberto Oyarbide, continúa tramitándose con la extrema lentitud que posibilitó la desaparición de pruebas fundamentales. Recién en mayo último citó a declarar al principal acusado, Sergio Schocklender, el que quedó detenido junto con su hermano y su contador. Posteriormente la Cámara decidió que podían ser excarcelados bajo fianza. A la fecha continúan sin ser citados los funcionarios públicos responsables del contralor de la utilización de los fondos por parte de la Fundación, arqto. Bontempo e ing. Fatala, cuyas declaraciones son esenciales para la causa. Para generar más confusión, la responsabilidad de éstos funcionarios es investigada en otro juzgado por el juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que solicitó un informe sobre la ruta del dinero a la Auditoría General de la Nación encabezada por Leandro Despouy, que como se recordará había comprometido un informe sobre la Fundación hace más de diez meses, pero el juez Oyarbide le negó el acceso al expediente. La intencional pérdida de tiempo es clara. A fin de junio el fiscal actuante Jorge Di Lello presentó un escrito a Oyarbide advirtiendo sobre la necesidad de “no dilatar más la etapa de instrucción”. De todos modos estos reclamos mueven al escepticismo, por ser habituales estos “retos” desde variadas instancias judiciales, pero sin que los jueces que perjudican las causas sean removidos.

La propuesta de un seguimiento mensual rutinario de causas que comprometen fondos públicos del Estado, más allá de mantener vigente la atención ciudadana sobre causas, jueces, plazos, prescripciones y sobreseimientos, tendrá el enorme valor de establecer una matriz de impunidad. Obsérvese que en el caso de enriquecimiento ilícito de Jaime, se anuló el valor probatorio de cientos de mails porque el juez Oyarbide no citó a la parte acusada para que presenciara el peritaje de las computadoras de su asesor Vázquez. En el caso de la responsabilidad empresaria en el accidente de Once, se excarceló a directivos de la empresa porque el juez Bonadío no protegió adecuadamente la documentación contable de la empresa. En el caso del levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone, desapareció de la Inspección General de Justicia el legajo del fondo controlante The Old Fund, cuyos dueños se desconocen.

El seguimiento regular de distintos casos, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del Estado.

MISTICISMO POLÍTICO Y LA ESPERA DE UN NUEVO MESÍAS

El título no significa que las reflexiones políticas hayan mutado al campo de la religiosidad, más allá que los gobiernos con “líderes excluyentes” tienen alguna semejanza en la relación “del salvador” con las masas, pero con una limitante insalvable: la mortalidad. Sin embargo conductas cada vez más repetidas entre nuestra clase política y dirigente, recuerdan la doctrina religiosa y filosófica relacionada con la comunicación directa entre el hombre y la divinidad a través de la intuición o el éxtasis: el misticismo.  

El misticismo podría explicar el recurrente fenómeno de políticos y dirigentes que aplauden con fervor determinados discursos y decisiones políticas presidenciales, y al poco tiempo muestran el mismo entusiasmo aprobatorio ante decisiones opuestas a las que adhirieron, en forma inmediata y simultánea con el anuncio, como si algún profeta hubiera bajado del monte con el nuevo mensaje divino. Aclaremos que éste éxtasis se refiere a políticos, empresarios y gremialistas que han mantenido vigencia política con los recursos del Estado, como mínimo en las dos últimas décadas. No comprende a los millones de ciudadanos que independientemente de sus ideologías y posturas oficialistas u opositoras, por carecer de privilegios basan en su trabajo las expectativas de  lograr una mejor calidad de vida, a los que los políticos suelen llamar “ciudadanos comunes”.

La rápida sucesión de los fenómenos místicos no reconoce antecedentes en la antigüedad. En cuestión de pocos meses YPF pasó de ser un ejemplo de inversión y descubridor de nuevos yacimientos, a una empresa vaciada; el empresario Esquenazzi, de ser un ejemplo de capital nacional y experto en “mercado regulados”, a ser deudor del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, y del banco Santander Río, que sin desearlo se hicieron de sus acciones ante la falta de pago de los créditos que le otorgaran; se pasó en un día del libre accceso a la compra de dólares, a promover la inmediata pesificación de la economía,  con expiaciones ante la lujuria cambiaria propuesta por el discípulo Victor Hugo Morales, tales como que los fieles transformaran perentoriamente sus dólares en pesos, bajo la amenaza de ser castigados por varias plagas (en este punto fracasó, porque los argentinos son expertos en soportar plagas); legisladores que unánimemente aumentaron sus dietas en más del 100 % en diciembre pasado, meses más tarde en estado de éxtasis aplauden la decisión del Ejecutivo  de no aumentar en un 30 o 40 % el mínimo imponible aplicado a los salarios; quienes destacaban a Moyano como ejemplar gremialista defensor del modelo hace unos meses, lo acusan en la actualidad de ser un patotero que coacciona a la sociedad con huelgas injustificadas.   

El contexto místico también recrea la eterna lucha entre el bien y el mal, pero con una curiosidad vernácula que está mereciendo un profundo estudio de los exégetas, especialistas en la interpretación de textos sagrados: los que luchan por el bien hoy se pasan al mal mañana, y viceversa, lo que está generando en la sociedad argentina una fuerte propensión al ateísmo. Esta transmutación da lugar que ante las permanentes acusaciones de acciones golpistas, destituyentes, conspirativas y desestabilizadoras que se cruzan nuestros “demócratas” políticos, no pueda determinarse quien es el bueno y quien es el malo, con excepción del comandante Magnetto, jefe de la organización maligna llamada “la Corpo”. Esta rareza nos lleva a plantear una hipótesis: si la lucha entre el bien y el mal que se quiere instalar en la sociedad en realidad no existe, y solo pretende ocultar sutilmente un acuerdo entre Dios y Satanás para gobernar a los argentinos, disfrazado de oficialista uno, y de opositor el otro?

Para profundizar esta hipótesis, hagamos el ejercicio de comparar opciones que el ámbito político presenta a la sociedad como contrapuestas, poniendo nombres y apellidos. El método propuesto permite la inclusión de otros nombres, con la sola condición de que no se  evalúen sus imágenes, sean buenas o malas, sino el convencimiento que tenga el que intente la experimentación, de que las opciones elegidas pueden representar una nueva política. Comencemos.

Prefiere a Moyano y Barrionuevo o a Lescano, Gerardo Martínez y Cavallieri para conducir a la CGT? (el taxista Viviani puede ser usado como comodín). Prefiere a la CTA de Pablo Michelli o a la de Hugo Yasky? Prefiere a Ignacio de Mendiguren como ministro de Duhalde o como actual presidente de la Unión Industrial Argentina? Prefiere a los jueces federales Oyarbide, Bonadío, Canicoba Corral y Servini de Cubría investigando delitos contra el Estado en la época menemista, o en la kirchnerista? Prefiere la reelección presidencial de Cristina Kirchner o la elección de Daniel Scioli? Prefiere las conductas de Carlos Alvarez, Nilda Garré, Débora Giorgi, Diana Conti, Roberto Feletti y Abel Fatala en el gobierno de la Alianza, o en el actual? Prefiere a Alberto Fernández como adherente o como opositor del “modelo K”? Prefiere a Julio Cobos como radical puro gobernando Mendoza o como radical K siendo vicepresidente de la Nación? En la interna radical de la provincia de Buenos Aires prefiere la lista de Ricardo Alfonsín y Gustavo Posse o la de Leopoldo Moreau y Federico Storani? Prefiere un proyecto político encabezado por Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Hugo Moyano, o por Daniel Scioli, Hugo Moyano, Mauricio Macri y Francisco De Narváez? Prefiere a Francisco De Narváez como duro crítico de Scioli en el 2010, o buscando una alianza con Scioli en el 2012? Prefiere a Osvaldo Cornide como presidente de la CAME adhiriendo a la política de Menem, o  en la actualidad con el mismo cargo adhiriendo a la política de Kirchner? Prefiere a radicales y socialistas apoyando al gobierno y votando en contra de sus leyes en el Congreso, o criticando al gobierno y votando a favor?  Prefiere que las viviendas sociales las ejecuten los gobiernos provinciales con corrupción, o Hebe de Bonafini y Milagro Sala con corrupción?

Las combinaciones entre políticos, empresarios, gremialistas y jueces con plena vigencia en los últimos veinte años pueden ser infinitas.  Observando ésta continuidad de actores que marcan el destino político de un país, y para cerrar la metáfora místico-religiosa, podemos presuponer que en el campo político la sociedad continúa esperando al Mesías.

CORTE SUPREMA, JUBILADOS Y SIMILITUDES

Cuando una misma clase política y dirigente mantiene durante más de dos décadas vigencia en altos cargos públicos o de representación privada, más allá de pretendidas diferenciaciones ideológicas y modelos de gestión, irremediablemente se concluye en una mimetización de principios y metodologías de acción política. Es entonces cuando desaparecen los partidos, se desvirtúa la representatividad, y se diluyen las opciones de gobierno.

Lo expuesto se ratifica con la actuación de la Corte Suprema de Justicia como máxima instancia jurídica en la defensa de derechos, y el Poder Ejecutivo, en relación a uno de los sectores sociales mayoritariamente más vulnerables: los jubilados. En la década del 90 para mantener el barniz institucional de independencia de la Corte, el presidente Menem amplió el número de sus integrantes, y designó a jueces adherentes que conformaron la llamada “mayoría automática” que avalaba las políticas del Ejecutivo. El actual gobierno, en una acción masivamente elogiada, incorporó en reemplazo de los que renunciaron a prestigiosos juristas. Sin embargo se continúa con la estrategia del “barniz institucional”; los fallos que no satisfacen al actual Gobierno no se cumplen. Inevitablemente se llega al mismo resultado que en los años 90: el desprestigio de ministros de la Corte y gobernantes. Se consolida además la hipótesis que una misma clase dirigencial no puede encabezar políticas estructuralmente distintas. Esta situación asume características terminales ante el desenfado del responsable de la Anses, Diego Bossio, al negar a la Corte información para dar solución a los miles de juicios previsionales que colapsan la capacidad operativa y física de los juzgados (se calculan entre 360y 430 mil expedientes), entablados ante los incumplimientos de la jurisprudencia sentada por la Corte en los reajustes de haberes jubilatorios, a lo que se agrega no dar respuesta acerca del uso de los fondos de la Anses. Ante la actitud de Bossio, surge la inquietante duda de porque ante la gravedad institucional y social del hecho, la Corte Suprema no plantea un conflicto de poderes.

La reflexión no puede eludir la absoluta prescindencia de supuestas oposiciones en funciones legislativas, a fin de estudiar, debatir, aprobar y controlar una legislación coherente y definitiva a lo largo del tiempo, que evite lo que ya es un clásico en el sistema jubilatorio estatal: su vaciamiento. El concepto de “solidaridad social” es aplicado para los descuentos salariales de los trabajadores activos, pero se licúa al momento del otorgamiento de las jubilaciones promedio, que no cubren niveles de subsistencia, lo que ya afecta a tres generaciones. Como contrapartida un alto porcentaje de lo recaudado se destina a fines que claramente deben estar incluídos en el presupuesto general, cediendo recursos a tasas de interés ruinosas en beneficio de grandes grupos empresarios (venta de plasmas y netbooks; construcción de viviendas; fideicomisos varios manejados por entidades financieras, etc.), cuando no utilizados para la implementación de acciones demagógicas como la entrega de beneficios previsionales a quienes no hicieron aportes. Se estima que solo en 2011 se entregaron 3.800.000 beneficios en éstas condiciones.

A los fines de identificar dentro de la bruma del oportunismo a los actores políticos partícipes que pretenden ser considerados “oposición”, utilizaremos dos términos arcaicos: radicalismo y socialismo. De este modo no nos torturaremos en designar como opositor a quienes se escudan bajo siglas de fantasía que jamás fueron votadas y no representan a nadie (GEN; UNIÓN POR TODOS; NUEVO ENCUENTRO; COALICIÓN CÍVICA, entre muchos otras), sin olvidar el exitoso unipersonal AHORA FELIPE (Felipe Solá), y el próximo partido que funde Lilita Carrió (“funde” del verbo fundar, no fundir).

La historia indica que en 1990 se creó el Instituto de Previsión Social, que fue reemplazado por el organismo descentralizado Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), mediante el Decreto 2741 del 26 de diciembre de 1991, con la función de manejar los recursos jubilatorios, pensiones, autónomos, subsidios y asignaciones familiares. Obsérvese que habitualmente la última semana de diciembre de cada año es mortal, en cuanto a decretos y fallos de la Corte conflictivos, sobreseimientos por enriquecimiento ilícito e incrementos de dietas legislativas. Como propuesta de reforma política, habría que ir pensando en pasar Navidad a la primera semana de Enero.

Ya en 1991 se planteó y no se aprobó que el ANSES tuviese una conducción colegiada con integrantes del gobierno, jubilados y organismos de control. Cuando en el año 2008 se derogó el sistema jubilatorio de capitalización implementado en el año 1994, con la creación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), el radicalismo y socialismo fundaron su apoyo al proyecto de ley apelando a un argumento recurrente, que expresa el estudio profundo que realizan de las leyes en tratamiento: “las jubilaciones a cargo exclusivo del Estado es una posición histórica de nuestro partido”. Pero para disimular que no existe oposición y propuestas, ambos partidos pusieron una condición que reactualizaba la de 1991, que en una democracia no debería ser tema de debate: que los recursos jubilatorios tuviesen una Comisión de Fiscalización de Control, integrada entre otros sectores por jubilados, según lo declarara a los medios, entre otros, el diputado Claudio Lozano. Nuevamente  no se cumplió con este compromiso, los radicales y socialistas no se preocuparon por que se cumpliera, y el organismo provisional “descentralizado” se maneja como si fuera un Ministerio con directa dependencia del Ejecutivo. La historia es la que marca de manera indubitable la complicidad que por acción u omisión tienen  las supuestas oposiciones radical y socialista en la aprobación de leyes que no protegen a los ciudadanos, como en este caso a los jubilados, y que explica, entre otros importantes factores a ser analizados próximamente, porque no existen partidos políticos consistentes en el país.

Por ello cuando la UCR en un crítico comunicado reciente referido al supuesto “conflicto” Corte Suprema – ANSES, denuncia “un escándalo institucional y una grave afrenta a la equidad social y al federalismo” (textual), no es una postura crítica u opositora; es un cinismo.

DE REPOSO A VÍCTOR HUGO MORALES

La renuncia de Daniel Reposo a la postulación como Procurador General, cargo que dejara vacante el dr.Righi como resultado de la denuncia de Boudou contra su estudio, fué presentada por supuestos opositores  y sectores de la prensa como “una derrota de la Presidente”, y avanzando más aún en el diagnóstico, se la proyectó como un síntoma ante un intento futuro de obtener la mayoría necesaria para reformar la constitución, a fin de que la habilite para un nuevo mandato. Pareciera ser una lectura extremadamente superficial y consecuentemente errada.

La palabra “derrota” no debiera ser utilizada para definir el resultado de un debate legislativo interpretado como un fervoroso intercambio de ideas entre distintas posturas que ayude a obtener por mayoría la mejor decisión para el interés general. Lamentablemente no es nuestra realidad  política y legislativa. Reposo fue un mal candidato desde su nominación inicial, más allá del posterior conocimiento de sus antecedentes profesionales. Su pública adhesión y amistad con Amado Boudou, quien precisamente originara el alejamiento de Righi, sumado a sus actitudes patoteriles como representante del Estado en directorios de empresas, y su pobre desempeño al frente de la Sigen, son antecedentes suficientes para inhabilitarlo como candidato. Sin embargo se persistió en la nominación, sumergiendo a políticos, instituciones y medios de comunicación en una larga polémica sustentada  en falseamientos en su currículum y pobreza en sus exposiciones, hasta que finalmente presentó su renuncia. Pero para quienes entusiastamente consideran un éxito opositor esta supuesta imposibilidad de alcanzar la mayoría de votos necesaria para designarlo, realizan un análisis puntual y no secuencial.  A días de conocidos sus antecedentes, ya sea a favor o en contra, qué dudas podían tener los legisladores en cuánto a su decisión? La conclusión es que al no existir oposiciones partidarias sólidas y coherentes, crecen los políticos “multipartidarios” que no representan a nadie, y basan su accionar en “negociar” ante el poder según sus intereses, uno por uno como en las entrevistas laborales. Ejemplo: a horas de la renuncia de Reposo, no se habían expedido, entre otros, Adolfo Rodríguez Saa y Samuel Cabancich.  En este contexto no cabe duda que si el Gobierno actuara firmemente sobre algunos “representantes del pueblo” para obtener la mayoría necesaria que habilite una reforma constitucional, la obtendría, por lo que el caso Reposo no fué una derrota de la Presidenta, quien posiblemente esté mucho más de acuerdo con la postulación de la dra. Gils Carbó. Pero siempre es saludable generar algún suceso que mantenga en la sociedad la creencia que la oposición existe. Comparemos sino el minucioso debate sobre el curriculum de Reposo, con la total ausencia de análisis en la aprobación legislativa de la expropiación de las acciones de Repsol para asumir el control de YPF. Tal es así, que a la fecha ni siquiera se conoce el cuadro de ingresos- egresos que la empresa tendrá en los seis meses que restan del año.

Por otra parte la eventual designación de Reposo, y de quien lo suceda en la postulación, no cambiará el estado de dependencia del poder judicial al poder político, en especial en los casos de corrupción de funcionarios públicos y empresarios privados. Sin embargo siempre hay que distinguir tonalidades en el mundo de la política, porque la corrupción se favorece con el negro como color excluyente. Como antecedente de la dra. Gils Carbó, figura haberse opuesto en tiempo y forma a la fusión de Multicanal y Cablevisión, que en ese entonces contaba con el aval del Gobierno. Más allá de sus argumentos, en un contexto en el que prima la obsecuencia y el verticalismo irrestricto (algunos lo llaman militancia), es un hecho a destacar.

En relación a la obsecuencia, no se puede dejar de mencionar la insólita propuesta del prestigioso periodista deportivo Víctor Hugo Morales, devenido en comentarista político, que en un reciente programa televisivo adecuadamente llamado “Bajada de línea”, hizo un público llamado a funcionarios y periodistas entre los que se incluía, para que en un acto ejemplar y patriótico transformaran sus dólares en pesos. Tan genial fué su propuesta, que impactó inclusive a la Presidente, quien de inmediato comprometió pesificar sus ahorros en dólares. Cuando uno expone una idea que entiende colabora con una situación pública determinada, como es la actual crisis de demanda de dólares, y más cuando se utiliza un medio de comunicación masivo, asume la responsabilidad de verificar e informar acerca del resultado. Por lo que sería importante que Víctor Hugo diera a conocer quienes respondieron a su llamado, y en cada caso monto transformado en pesos, institución bancaria en que se realizó la operación, y en los depósitos en plazo fijo, tasa de interés pagada. Este último es un detalle importante, porque en las investigaciones de enriquecimientos ilícitos de funcionarios, parte de los incrementos patrimoniales se justifican en tasas de interés  excepcionales pagadas por instituciones financieras de plaza por los fondos depositados por los investigados, que obviamente no se pagan a la “avara clase media”, a la que tampoco le otorgan créditos, y si lo hacen, es con costos financieros finales escandalosos. Un detalle no menor Víctor Hugo: si el crédito se lo dan en dólares, las tasas serán mucho más bajas que si se lo dan pesos. Porqué no incluyó a los banqueros en su llamado a la comunidad?

Tan demagógico e impracticable resultó el reclamo realizado ante una audiencia masiva que se supone mayoritariamente de clase media, que no puede sino ser considerado una pobre acción de marketing lindante con la burla. Una virtud, cuando se proclama, hay que demostrarla. Sino solo es un engaño.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA JUNIO 2012

Hablar de la responsabilidad de la justicia del Fuero Federal en el crecimiento sostenido de la corrupción política en las últimas dos décadas, reflejada en los enriquecimientos ilícitos de altos y medianos funcionarios, con consecuencias como la catástrofe ferroviaria en estación Once que en febrero pasado se cobró 51 víctimas fatales, es redundante y nada aporta para lograr un cambio. Creemos que es más útil crear una agenda de causas de publicación regular e indicación de los jueces actuantes, que mostrará la gravedad de la situación más claramente que las palabras. El espíritu de la agenda no excluye eventuales consideraciones personales, solo al efecto de verificar su validez a futuro. De ahí la importancia del seguimiento cronológico y permanente de algunas de las causas en donde se afectan vidas y patrimonio del Estado.

1.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000.

Causa originada en la autodenuncia del secretario parlamentario en esa época, Mario Pontaquarto, de haber repartido cinco millones de pesos provistos por la SIDE en coimas a senadores peronistas y radicales, para que aprobaran una ley de reforma laboral. El juez Daniel Rafecas elevó la causa a juicio al Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Se iba a iniciar el pasado 22 noviembre, pero la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez pidió su suspensión, por haberse incorporado a èsta causa la que se sigue contra Pontaquarto por una rendición de gastos no realizada. La maniobra de último momento muestra que no se tiene interés alguno en llegar al juicio oral, que supuestamente se realizará en agosto próximo, conscientes de que habrá sobreseimientos generalizados. El renunciante vicepresidente Carlos Alvarez, entonces presidente del Senado y uno de los responsables de la crisis del 2001, hoy funcionario del gobierno, será uno de los testigos y se estima que no aportará pruebas concretas.

2.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas.

Iniciada en mayo de 2011, la causa es tramitada con extrema lentitud por el juez federal Norberto Oyarbide, lo que dió lugar a la desaparición de muchas pruebas, según un crítico dictamen de su instancia judicial superior. Recién en mayo último citó a declarar al principal acusado, Sergio Schocklender, el que quedó detenido junto con su hermano y su contador. Sin embargo, no fueron citados los funcionarios públicos otorgantes de los fondos a la Fundación, y responsables de su contralor, arqto. Bontempo e ing. Fatala, lo que hace presumir que la causa concluirá con prescripciones y sin que el Estado pueda recuperar el dinero defraudado.

3.- Causa por la tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012.

La tramita el juzgado del dr. Claudio Bonadío. En su momento los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazaron la queja del fiscal Federico Delgado porque el juez Bonadío le negaba el acceso al expediente, y les pidió a ambos que evitaran “estériles debates”.  Recientemente se conoció la pericia oficial, sin que se haya aceptado la participación de peritos por los damnificados. La concesionaria TBA, perteneciente al grupo Cirigliano, presentó un informe del médico de la empresa Daniel Bello, señalando que con motivo de haber ingerido alcohol y por la monotonía sonora del tren, el conductor Córdoba “podría” haber tenido el llamado “sueño blanco” similar a “una canción de cuna”, durante los 39 segundos previos al impacto. Por ser médico, no aclaró si dicho síntoma pudo haber afectado también al parachoque de la terminal, que según la pericia no cumplía con las necesarias normas técnicas de seguridad. El 24 de mayo la Presidente le quitó a TBA la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre para trasladársela a Metrovías (grupo Roggio), y Ferrovías (grupo EMAPA encabezado por Gabriel Romero), también favorecidas por la política de subsidios masivos al transporte. En esta semana se produjo la detención de Claudio Cirigliano y tres ejecutivos de la empresa TBA, por haberse negado a presentar al juez el balance económico con el destino dado a los subsidios estatales.

4.- Quiebra y recuperación de la imprenta Ciccone Calcográfica, habitual proveedora del Estado. 

Como resultado de una denuncia de un particular, el juez federal Daniel Rafecas encomendó al fiscal federal Carlos Rívolo en febrero de 2012 que investigara la participación de funcionarios públicos en una larga cadena de irregularidades en el levantamiento de la quiebra de Ciccone, entre los que esta sospechado el vicepresidente Amado Boudou por participación societaria y tráfico de influencias. El juez Rafecas fué apartado de la causa por haber intercambiados mails con un abogado de su amistad y defensor de uno de los involucrados. Que los jueces federales intercambien información reservada con abogados de las partes acusadas no es una novedad; pero que la dejen registrada en mensajes de texto muestra o bien una impericia que sorprende, o un burdo recurso para ser apartado de la causa. Por sorteo se designó al juez Ariel Lijo, quien unificó la causa de la ex Ciccone con la de enriquecimiento ilícito de Amado Boudou, llevada adelante por el fiscal Di Lello, con el consecuente apartamiento del fiscal Rívolo, principal impulsor de la investigación. Cabe señalar que la causa de enriquecimiento ilícito de Boudou nada tiene que ver con la quiebra y rehabilitación de Ciccone Calcográfica, por lo que esta investigación quedó seriamente dañada, y perdió la velocidad investigativa original. El fiscal Di Lello es quien junto con Oyarbide actúan en la causa de defraudación de fondos públicos de la Fundación Sueños Compartidos.

5.- Enriquecimiento ilícito y dádivas recibidas por el ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime.

Se declaró prescripta la investigación sobre el empresario Claudio Cirigliano, acusado de haber pagado vuelos de placer a Ricardo Jaime, quien debía controlar sus concesiones. El juez Norberto Oyarbide decretó en febrero de 2012 que son nulos los miles de mails hallados en las computadoras de Manuel Vázquez, asesor de Jaime, que detallaban los negocios entre funcionarios públicos y privados, aduciendo que los peritos de la Policía Federal que realizaron el primer peritaje en 2010 no utilizaron los protocolos de conservación de pruebas. El fallo fué ratificado este mes por la Sala I de la Cámara Federal, suscrito por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes destacaron que en el peritaje el juez Oyarbide no dió intervención a las defensas de los acusados para que lo presenciaran y se evitaran impugnaciones. De más está decir que pese a ello Oyarbide sigue al frente de la causa, y no se imputó a ningún policía por las supuestas irregularidades, por lo que hasta el momento el Estado es el mejor defensor del acusado por el Estado. Actualmente el fiscal Carlos Rívolo intimó a Jaime a justificar bienes cercanos a 6.600.000 pesos adquiridos por él, familiares directos y allegados, durante su paso por la función pública.

6.- Causa por contrabando de 944 kilos de cocaína en un vuelo privado argentino.

El 02 de enero de 2011 la Guardia Civil española detuvo en el aeropuerto El Prat a los hermanos Juliá y a Matías Miret por transportar 944 kilos de cocaína pura en un jet privado que había partido de Ezeiza el 01 de enero, luego de haber estado estacionado casi dos meses en el aeródromo de Morón. La investigación de la conexión local y actuación de los organismos de control quedó a cargo del juez federal en lo penal económico Alejandro Catania, sustituído luego por el juez Rafael Caputo, cuya primera actuación fue intentar verificar los antecedentes de las dos empresas propietarias del avión. Se estima que en éste año los pilotos argentinos serán juzgados en España, sin que se conozcan avances en las investigaciones judiciales locales. En febrero de 2011 el juez Oyarbide intentó sin éxito trasladar a su juzgado la causa.

7.- El caso de la valija con u$s 700.000 no declarados de Antonini Wilson, detectados en la aduana, en un vuelo contratado por Enarsa en agosto de 2007.

Originalmente la causa estuvo a cargo del juez federal en lo penal económico Daniel Petrone. Se adujo que no se podía avanzar hasta tanto no se presentara el empresario Antonini Wilson para declarar. Paradójicamente una jueza argentina fué quien le permitió dejar el país con posterioridad a haberse detectado el ingreso ilegal del dinero. Posteriormente el juez Petrone cambió la carátula del expediente que pasó de contrabando agravado al excarcelable lavado de dinero, y apartó a la enjundiosa fiscal María Luz Rivas Diez de la causa. Esta decisión permitió que recientemente la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala B), integrada por los dres. Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Carlos Pizzatelli sobreseyera al negociador del Estado ante Venezuela Claudio Uberti, por prescripción de la causa, ante la ausencia de actuaciones. También posibilitó esta nueva impunidad una reforma penal aprobada por el Congreso de la Nación en junio de 2011, por la que se suprimió el agravante que preveía la ley cuando el autor del lavado de dinero era un funcionario público. Pese a todos éstos antecedentes, las autoridades gubernamentales continúan llamando a Antonini Wilson “prófugo”.

8.- Causa por uso indebido de fondos reservados del Senado por el vicepresidente Carlos Ruckauf. 

Iniciada en el 2002 y transcurridos 12 años sin acción acusatoria, Carlos Ruckauf fué sobreseído por el juez Norberto Oyarbide por prescripción, fallo confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Así como los medios gráficos segmentan la información en una multiplicidad de temas tales como culturales, deportivos, tecnológicos, entre otros, sería de enorme trascendencia que los periódicos publiquen una agenda del avance de los temas judiciales que afectan a funcionarios y al patrimonio del Estado. Su conocimiento rutinario mostrará a la sociedad que la gravedad del accionar del Fuero Federal supera lo que se supone al analizar casos puntuales o de actualidad. No actuar ante la manifiesta ineficacia judicial en los casos en que están involucrados funcionarios públicos y proveedores del Estado es otro de los aspectos en los que coinciden supuestos políticos liberales con supuestos progresistas; supuestos oficialistas con supuestos opositores. Por el contrario, unos y otros promueven y aprueban reformas que disminuyan las responsabilidades penales de los funcionarios públicos.

CUIDADO....VIENE EL LOBO

Artículo 1º: Todos los depósitos ya sean en pesos, o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captados por las entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con las previsiones de la Ley 21.526 y sus modificatorias, quedan comprendidas en el régimen de la presente ley. Dichos depósitos son considerados intangibles.
El Artículo 2º reforzaba el concepto de intangibiladad, señalando textualmente que “El Estado nacional en ningún caso, podrá alterar las condiciones pactadas entre el/los depositantes y la entidad financiera, esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional, u otro activo del Estado nacional, ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar las tasas pactadas, ni la monedad de origen, ni reestructurar los vencimientos, los que operarán en las fechas establecidas entre las partes”.

El texto corresponde a la Ley 25.466, denominada de intangibilidad de los depósitos (no se pueden tocar salvo por su titular), ratificando un principio claramente establecido en la Constitución Nacional, que fué sancionada por el Senado de la Nación por unanimidad el 31 de agosto de 2001. Tres meses más tarde, el 03 de diciembre, se estableció el denominado “corralito”, por el que los ahorristas y cuentas sueldos solo podían retirar de sus cuentas 250 dólares o pesos por semana. Se produjo la caída de De la Rúa en diciembre, se negoció la sucesión que culminó con la designación de Eduardo Duhalde como presidente, que paradójicamente había perdido la elección presidencial solo dos años antes. El 09 de enero de 2002 se promulgó le ley de reprogramación de los depósitos y plazos fijos conocido como “corralón”, que significó la confiscación de los ahorros concentrados en la clase media argentina. Cuatro años más tarde, el 28 de diciembre de 2006, día de los Inocentes, la Corte Suprema de Justicia avaló la pesificación asimétrica y reprogramación de los depósitos. De este modo se repitió en su esencia la confiscación de ahorros que solo 12 años antes había implementado Carlos Menem con el plan Bonex, también con total consenso político.

La gravedad de los hechos no se remite a recordar leyes y sus efectos. A horas de implementadas las confiscaciones de depósitos en el 2002, para aquéllos clientes empresarios o políticos privilegiados que en el colmo de la ingenuidad habían quedado con ahorros en sus cuentas (no muchos en realidad), varias instituciones financieras implementaron un sistema de “devolución y traslado” ilegal de dichos fondos vía Uruguay. Fueron los mismos banqueros que obligaban a los empleados en los bancos a resistirse a entregar el dinero a pequeños y medianos ahorristas cuando se presentaban con un amparo judicial para que se lo devolvieran.

Cuál es la preocupación que generan éstos antecedentes diez años más tarde? Que los actores políticos, empresariales y financieros de hoy, en nombres y apellidos, son los mismos de ese entonces. Por ello los debates pretendidamente épicos entre supuestos neoliberalismos y progresismos están sofisticadamente instalados en la sociedad para ocultar que la matriz política de fondo no se transformó, a tal punto que supuestas oposiciones quedan patéticamente diluídas por la carencia de alternativas de gobierno serias, que ni se esfuerzan en disimular al momento de votar las leyes del oficialismo. Recordemos que en Argentina el Ejecutivo también legisla, lo que no es una crítica, porque si no lo hiciera careceríamos de leyes.

Hoy resuenan frases sacadas del arcón de los recuerdos: “corralito del dólar”; “dólar negro, perdón, blue, paralelo”; “protegeremos el ahorro de los argentinos”; “tenemos que acostumbrarnos a pensar en pesos”, pronunciadas por quienes históricamente hicieron todo lo contrario. Viene a la memoria una fábula, que son composiciones literarias breves que concluyen con una enseñanza o moraleja, que escribiera el famoso fabulista griego Esopo unos 600 años antes de Cristo.

Un pastor cuidaba su rebaño cerca del pueblo, y se divertía asustando a sus vecinos gritando:¡viene el lobo para atacar el rebaño…!! Cuando los pobladores acudían presurosos, se reía porque los había engañado. Un día apareció el lobo realmente, y ante los gritos desesperados del pastor, la gente del pueblo creyó que repetía su humorada, y nadie corrió en su ayuda. Como consecuencia, el lobo se comió todas las ovejas. Moraleja: a un mentiroso no se le cree ni cuando dice la verdad.

En el caso argentino, vistos los antecedentes, la actuación del político-pastor tiene una sutil variante: mientras el lobo se come las ovejas, grita…. ¡¡ tranquilos, no hay lobos!!