ES POSIBLE LEGALIZAR LA CORRUPCIÓN?

Ante un cambio de gobierno, las clases dirigentes sufren el síndrome de la “transparencia”, con la secreta esperanza que sea superado en el menor tiempo posible. Transparencia es la cualidad óptica de un material que deja pasar la luz, permitiendo ver que hay detrás del mismo. En el campo político, significa posibilitar que el ciudadano vea la documentación “que hay detrás” de los actos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para ser útil, la información debiera ser completa, ordenada, relevante y fidedigna. Surge un primer desafío: como evaluar si se cumplen estos requisitos? Poseemos conocimientos para ello?

En una democracia los actos de gobierno se trasladan masivamente a todos los niveles sociales y educativos, a través de los medios de comunicación. Pero esta intermediación entre información y ciudadanos, exige una prevención inicial: la libertad de opinión no implica por si sola veracidad. Los medios responden a grupos empresarios privados u organismos públicos, que entremezclan intereses, negocios, ideologías, cualidades éticas y calidades periodísticas. En esta diversidad de origen, en política en general y en temas de corrupción en particular, la comunicación recurre a reglas de la propaganda política,  donde conviven la información con la desinformación. Surge entonces un nuevo desafío: en quién creer? La palabra “creer” nos sumerge en el campo emocional antes que en el racional, que es lo que pretende la propaganda.

Nuestra estrategia debería consistir en poner inicialmente bajo la luz de la duda todas las versiones sobre un mismo caso o denuncia, para luego formularnos interrogantes que no han sido planteados, o que no han sido aclarados. Tomaremos como ejemplo el caso de mayor actualidad, referido a la deuda impositiva del grupo Indalo con la AFIP, por 8.000 millones de pesos. La ciudadanía receptó cronológicamente la siguiente información:

10 de marzo.- Ricardo Echegaray, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), informa en conferencia de prensa una medida no prevista en las normas: que auditará en “tiempo real” al actual gobierno.

11 de marzo.- El Grupo Indalo anuncia un proceso de división de bienes entre sus dos socios: Cristóbal López (posee el 70%), y Fabián De Sousa (posee el 30%).

13 de marzo.- El periodista Hugo Alconada Mon, publica en La Nación una investigación que documenta una retención indebida del impuesto de transferencia de combustibles por 7.400 millones de pesos, más 600 millones por otros conceptos, que Indalo eludió pagar a la AFIP.  

14 de marzo.- El periodista Gustavo Sylvestre, en su programa político del canal C5N, perteneciente a Indalo, informa que hubo otros 1.800 beneficiarios por la aplicación del Régimen de Facilidades, que permitió que Echegaray refinanciara a discreción deudas impositivas, con tasas de interés y plazos muy favorables. Entre los supuestos favorecidos, mencionó al Grupo Clarín, y al empresario “amigo de Macri”, Nicolás Caputo. En pantalla se sobreimprimía la frase “doble moral”.

20 de marzo.- Tras anunciar el canal C5N que por la noche se emitiría un programa conducido por el periodista Navarro, referido al empresario Nicolás Caputo, “amigo de Macri”, el mismo fue suspendido a último momento. Navarro denunció aprietes para no sacarlo al aire, sin aclarar de quien o quienes.

22 de marzo.- Cristóbal López y Fabián De Sousa deciden frenar la separación de activos del Grupo Indalo, ante el escándalo.

Se presentan varios condimentos del ocultamiento y confusión: 1) se intenta disimular al elefante (Grupo Indalo), incorporando más elefantes (Grupo Clarín y empresario Caputo); 2) se emiten veladas amenazas  públicas (Echegaray anunciando auditar al actual gobierno en tiempo real; C5N/Navarro anunciando un programa especial sobre el empresario Caputo, para dejarlo sin efecto aduciendo “presiones”; 3) se cumple con lo habitual en las estrategias de ocultamiento y/o confusión: gran velocidad informativa (no confundir con velocidad judicial). Todo se desencadenó entre el 10 y 22 de marzo.

Datos no hechos públicos a la fecha, que deben ser informados:

1.- A C5N (Navarro y Sylvestre): identificar de la supuesta nómina de 1.800 (elefantes) favorecidos por refinanciaciones de la AFIP, a los ubicados en los cinco primeros puestos, indicando beneficiario, monto, condiciones y justificaciones esgrimidas por Echegaray para otorgar los beneficios.   

2.- A los legisladores: indicar que organismos deben controlar y auditar las decisiones de la AFIP, y que marco legal, si existiera, otorga al responsable de la AFIP una inaceptable discrecionalidad, que “legaliza” todo tipo de corrupción.

Mientras aguardamos respuestas, en la próxima reflexión trataremos de encontrar solución a uno de los grandes problemas de la política argentina actual: qué hacemos con Nicolás Caputo?

Buenos Aires, 30 de marzo 2016

CORRUPCIÓN: COMO DISFRAZARSE DE BUENO

Destacábamos en reflexiones anteriores que ante un cambio de gobierno, más aún si son de distinto signo político, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sufren un cuadro febril de transparencia. Nada grave, porque la mayoría de los afectados lo atravesaron anteriormente, y  crearon anticuerpos que les permite una rápida curación y olvido de promesas. Se repetirá este cuadro clínico-político, o el bacilo “transparencia” adquirió una impensada resistencia a los antibióticos del engaño?

Visto los férreos y persistentes antecedentes de impunidad, los ciudadanos deberán afinar su capacidad de análisis, para afrontar las clásicas estrategias comunicacionales de ocultamiento y confusión a los que serán sometidos. Pueden ejemplificarse en una conocida metáfora popular: cómo disimular la presencia de un elefante en un bazar?. Metiendo más elefantes. Esta ironía responde a una de las reglas básicas de la propaganda política, llamada contrapropaganda. Consiste en desprestigiar, o al menos poner bajo un manto de duda, la información que nos es perjudicial. Para ello, políticos, periodistas e integrantes de la justicia involucrados en la estrategia, utilizan conceptos u opiniones aparentemente claras e indiscutibles, pero que son contradictorias o falsas, para que juzguemos basados en lo emocional, y no en lo racional. Para eludir esta trampa, deberemos partir de la hipótesis que las versiones y/o denuncias, y los intentos de deslegitimarlas, responden a intereses particulares no explicitados. En tal sentido, nuestro primer paso debiera ser el de intentar establecer quiénes y porqué introdujeron otros elefantes en el bazar, a fin de proteger a determinado elefante. Llenar este casillero, nos permitirá luego formularnos interrogantes que en el barullo de las opiniones encontradas, nadie se plantea, o nadie responde.  

Estos principios comunicacionales destinados a confundir y lograr impunidad, debemos insertarlos en nuestro contexto nacional. El esquema tradicional de corrupción estatal-privada, consiste en que empresarios favorecidos paguen coimas a funcionarios facilitadores. El acto corrupto genera dos consecuencias adicionales: un sobrecosto inicial en la prestación contratada (ningún empresario paga coimas de su bolsillo), y habitualmente, una posterior disminución en la calidad de dicha prestación, para incrementar los beneficios espúreos. Este esquema es el causante de la actual crisis de corrupción en Brasil, por coimas de Petrobras.  

En nuestro país, la usual transacción de “coimas” o “retornos”, se perfeccionó con la conformación de relaciones societarias entre funcionarios y empresarios, para explotar negocios públicos multimillonarios a costa del Estado. Su mecánica exige la participación de testaferros, manejos de dinero fuera del circuito bancario, cuentas en paraísos fiscales, constitución de empresas con información falsa. Obviamente necesitan una extendida cobertura institucional, para que los saqueos tengan un carácter de “legalidad”. Como mínimo, deben contar con una enorme complicidad de la AFIP, la Unidad de Información Financiera e Inspección de Personas Jurídicas. No se menciona a la Oficina Anticorrupción, porque desde hace años se transformó en un club social. En los casos de denuncias públicas  fundamentadas, los saqueadores cuentan con la manifiesta indolencia, cuando no manifiesta complicidad, de la justicia federal.

Esta realidad explica los acelerados cambios societarios actuales y los que se avecinan, en los que vendedores y compradores serán parte del mismo juego, consistente en generar vaciamientos, eludir responsabilidades judiciales, y fundamentalmente, mantener a resguardo patrimonios personales. Los trabajadores afectados no fueron en estos casos beneficiarios del usufructo político de cargos públicos, sino aportaron de buena fe sus conocimientos y aptitudes, en emprendimientos supuestamente privados.

En la próxima reflexión, trasladaremos esta descripción de carácter general a ejemplos actuales y con nombres propios. Pero ante el espíritu “caza buitres” que nos embarga, es oportuno concluir con una pregunta: se sabe el destino del 24% de las acciones de YPF, adquiridas con utilidades y no con aportes propios, por los empresarios nacionales Enrique y Sebastián Esquenazi?. Esperemos que no las hayan vendido a Paul Singer o a “buitres” similares …..

Buenos Aires, 23 de marzo 2016

NO CONFUNDIR LEGISLAR CON OPINAR

Una vez más, un cambio de gobierno provoca en los sectores políticos sintomatologías febriles, bajo las cuales se balbucean promesas de transparencia y lucha contra la corrupción. La patología, que ya afectara en anteriores períodos a gran parte de la dirigencia, mostró ser de rápida curación y no dejar secuelas. Con este antecedente, analizaremos el actual brote bajo un manto de escepticismo, en lugar de someternos fácilmente a la invocación de “fe y esperanza”. 

En este contexto, para ordenarnos en el análisis, comenzaremos por el poder Legislativo, debido a su condición de albergar todas las expresiones del espectro político, y ejercer a través de comisiones parlamentarias, facultades de control sobre determinadas responsabilidades de los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, el seguimiento de políticas y administración de organismos de inteligencia, tarea que jamás se cumplió. Históricamente, el fragor de los debates que caracteriza al parlamento, desaparece al momento de transparentar su propia estructura, gasto presupuestario y funcionamiento legislativo. Aspectos esenciales como sus obligaciones y derechos, inmunidades parlamentarias, fijación de dietas, identificación de plantas de personal y asesores, viajes y viáticos, entre otros, no son pasibles de debate, y caen bajo el manto de un secretismo acordado por una unanimidad, que no diferencia entre izquierdas, derechas, neoliberalismos, neopopulismos; retazos justicialistas o retazos radicales. La responsabilidad de brindar a la ciudadanía información, queda una vez más a cargo del periodismo.  Recientemente, La Nación creó la plataforma digital “Votaciones”, para monitorear como votan nuestros legisladores, además de identificar sus proyectos, asistencia y posturas en las discusiones parlamentarias.

Como en el resto de las plantas estatales de personal, la del poder legislativo tuvo crecimientos desmesurados e injustificados, plagados de nepotismos y amiguismos, con la obvia complicidad gremial. No es un dato irrelevante. Transparenta que la  obligación legislativa de responder con profesionalidad al interés general ciudadano, se degrada con una práctica de transacciones donde prima la prebenda personal o sectorial. Las calidades intelectuales y tiempos dedicados a la función, no son condiciones exigibles. Cuando concurren a programas políticos en medios de comunicación, en lugar de ilustrar al ciudadano sobre su desempeño, los legisladores ejercitan el relajado ejercicio de la opinión sobre cualquier tema. Adjudicar al parlamento el mote de “escribanía”, brindaba cobertura a los oficialistas que aprobaban leyes sin conocerlas en profundidad, y a los opositores que las criticaban con similar desconocimiento. Por ello no debiera sorprender el abusivo uso político de consignas vacías de contenido para justificar posicionamientos, al estilo “Patria o buitres”. La consigna que jamás se invoca es “Patria o corrupción”.

La etapa “escribanía”, por decisión del voto popular, se terminó. Sin embargo, dicho voto por sí no podrá impedir que se mantengan prácticas de defensa de estructuras elitistas asociadas a la corrupción, en las que los empresarios favorecidos pueden disfrazarse de izquierdistas o populistas, mientras esforzados trabajadores en busca de un legítimo progreso, son acusados de egoístas.

Queda clara entonces la razón por la que la primera prueba de veracidad de la promesa de transparencia, deberá rendirla el poder legislativo. Para ello no necesitan nuevas leyes, ni acuerdos de mayorías. Basta con que cada legislador incorpore en su sitio de la página web, sus dietas, personal de planta y político, motivo de viajes al exterior, viáticos percibidos, proyectos de ley que tienen en elaboración, y sus votaciones, sea en comisiones o en el recinto.  Es tan simple, que el primer paso puede darlo un legislador contestatario de izquierda. Las páginas web generales, por su parte, indicarán la planta total de personal y sus funciones, gastos operativos, y ejecuciones presupuestarias.  

A partir del cumplimiento de este requisito de transparencia históricamente adeudado, los legisladores recuperarán credibilidad para su trascendental labor de pensar, proponer, debatir, justificar, aprobar e informar, legislando para un interés común razonable y posible. La prioridad  que se les adjudica para dar el puntapié inicial en políticas de transparencia, debiera enorgullecerlos. En los tiempos que se avecinan, y esperemos que para siempre, la actividad legislativa será fundamental para la consolidación institucional del país, y su desarrollo social y económico.

Buenos Aires, 16 de marzo 2016

OPERATIVO TRANSPARENCIA: SE PUEDE?

En nuestro país, los cambios de gobierno de distinto signo político, más que tránsitos democráticos con saludables alternancias, parecieran constituirse en verdaderos hitos fundacionales. A esta altura de los acontecimientos, no queda clara la razón de festejar el próximo 09 de julio el bicentenario de la independencia, si pareciera que aún estamos en plena lucha para obtenerla. Tan solo hace dos años, por ejemplo, conseguimos acabar con la amenazadora presencia de Cristóbal Colón, ubicado nada más ni nada menos que a espaldas de Casa de Gobierno. Aún nuestra historia reciente, se rearma como si fuera un rompecabezas para niños. En el congreso del Partido Justicialista, el diputado “Chino” Navarro señaló que el triunfo de Macri significó que por primera vez, la derecha alcanzaba el gobierno mediante el voto democrático. Sin rubor, identificó a los gobiernos de Juan Domingo Perón y Carlos Menem como de izquierda. Desenmascaró una vez más la “historia oficial”, como la denominan los que la manipulan. Los echados por Perón de Plaza de Mayo en 1974, en realidad eran recalcitrantes de derecha.

Estas ironías deben alertarnos respecto a que, más allá de buenas intenciones, el actual gobierno tendrá enormes dificultades para desarmar una matriz institucional que se mantiene indestructible desde hace más de 25 años. Los sustratos políticos, gremiales, empresariales y judiciales, no solo son los mismos, sino que se degradan a través del tiempo por acumulación de complicidades. Todo intento de cambio de matriz, será de inmediato bastardeado por privilegiados acostumbrados a vivir al calor del poder. Se utilizarán frases altisonantes, superficiales, cínicas o de ocultamiento. Nunca se explicitarán las verdaderas intenciones. Se apelará una vez más, a la estrategia planteada por el personaje aristócrata de la novela “El Gatopardo”, de Giuseppe di Lampedusa, con motivo del desembarco de Garibaldi en Sicilia, en 1860: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

Los intentos pasados para instrumentar leyes anticorrupción eficaces, transparencia administrativa y acceso a la información pública, fueron trabados, diluidos o incumplidos, por una representación política plagada de “aristócratas”, con permanencias hereditarias y nepotismos descontrolados. Por ello, nuestro primer desafío será eludir la táctica discursiva de la confusión, que mezcla lo importante con lo banal, y lo verdadero con lo falso. Los mensajes breves intentarán que lo emocional predomine sobre lo racional, al estilo de “Patria o buitres”. Es imprescindible instalar la desactivación de la corrupción planificada, y efectivizar su castigo. Llevar este objetivo al campo de lo concreto, implicará interrelacionar fuertemente los instrumentos legales con la estructura administrativa institucional de gobierno. Esta prioridad no relega temas fundamentales como educación, salud, seguridad, justicia, sino por el contrario, transparenta que el fracaso del Estado en sus responsabilidades indelegables, está directamente ligado a la corrupción, muchas veces oculta tras la excusa de “mala praxis”. De ahí la necesidad de encarar una profunda readecuación de todas las estructuras burocráticas estatales, que abarquen a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la tarea, sería recomendable la participación de instituciones como Poder Ciudadano, CIPPEC y ACIJargentina, entre otras, para elaborar propuestas coordinadas, y realizar un minucioso seguimiento de la actividad legislativa, que evite fracasos anteriores.

Hoy asistimos a un debate superficial y falaz, también reiterado, respecto a las plantas estatales nacionales, provinciales y municipales, basado exclusivamente en cantidades, no en calidades. Jamás se informa sobre cumplimientos de normas de ingreso a la administración pública, perfiles requeridos, personal necesario, cumplimiento del principio igual trabajo igual remuneración, y la eficacia de los servicios que se brindan a los ciudadanos, que sostienen con sus impuestos las plantas estatales. Este debate se elude, porque se asume que en todos los aspectos planteados, se vulneran los principios de igualdad de oportunidades y equidad. Esto también es corrupción.

En la próxima reflexión incursionaremos en el ámbito que mayor responsabilidad tendrá para democratizar, jerarquizar y modernizar el funcionamiento del Estado. Sus integrantes no necesitan hoy nuevas leyes para ser transparentes, y sin embargo no lo son. Nos referimos al Poder Legislativo.

Buenos Aires, 09 de marzo 2016

COMO INUTILIZAR AL ESTADO

La degradación permanente de las estructuras del Estado, pareciera no tener fin en las últimas décadas. Sus consecuencias son bajos niveles de educación y salud pública, seguridad ineficiente o asociada al delito, justicia complaciente con la corrupción, organismos de control cuyo objetivo es no controlar. Se oscila entre su modernización (Menem), privatizando empresas estatales vaciadas por la corrupción, y su supuesta revalorización (Kirchner), sobredimensionando sus estructuras para inutilizarlas. El cambio de gobierno desnuda patologías destructivas, que alcanzaron ribetes que recuerdan el hundimiento del Titanic. Miles de náufragos pujan por subirse con desesperación a los botes salvavidas del empleo y/o prebenda pública. Chapotean en el océano multimillonarios de primera clase; burócratas y familiares clase turista con pasajes regalados por políticos y gremialistas, y pasajeros/empleados de tercera clase, con militantes sin oficio conocido, y barras bravas reconocidos. Obviamente, también hay polizontes, conocidos hoy como “ñoquis”. Porqué no pudo avistarse el iceberg, que como se recordará, y vaya paradoja, estaba ubicado a la derecha del Titanic?

Se dieron tres circunstancias simultáneas: 1) Un gobierno con una continuidad ininterrumpida de doce años, convencido hasta la primera vuelta de octubre pasado, que permanecería en el poder al menos cuatro años más; 2) El histórico recurso de sembrar las administraciones públicas con el elitismo de la adhesión política, se maximizó para disimular altos índices de desocupación mediante el empleo público; 3) Como nunca antes desde 1983, la corrupción política no se limitó a percibir coimas de empresarios beneficiados, sino a promover asociaciones entre funcionarios públicos con empresarios privados, para saquear recursos públicos. Son quienes viajaron en camarotes estatales de primera clase.

Una vez más quedó expuesta una realidad. Las adhesiones políticas a líderes providenciales irrestrictas, fanáticas y/o cómplices, son extremadamente costosas. Cada político, líder social, gremialista, intelectual, periodista, legislador, juez, exigen como contrapartida ser generosamente premiados con prebendas del Estado. Entre otras, beneficiarse con altos cargos públicos extensivos a familiares; lucrar con onerosos contratos públicos disfrazados de privados; convertir a líderes sociales en empresarios de la construcción con fondos estatales; crear organismos disparatados para legalizar dádivas, etc.

Las oleadas inorgánicas e innecesarias de personal en la administración pública, tiene como inevitable consecuencia la destrucción de toda interrelación, racionalidad y organicidad en su funcionamiento, con dos consecuencias: a) restar capacidad y calidad de servicios (ejemplo: Hospital Posadas); b) favorecer la impunidad de la corrupción (ejemplos: la inacción de la Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera, entre otros organismos, pese al crecimiento de sus plantas de personal, con amigos y parientes).

En esta destructiva trama, son actores imprescindibles los dirigentes gremiales estatales. Vociferan sin pudor que todo intento de evitar y/o corregir que la sociedad subvencione estos excesos, es “achicar el Estado”. Como en política no existe la ingenuidad, la frase no es producto del desconocimiento, sino del cinismo. Participan de los ingresos selectivos de personal; nunca detectan corruptelas, salvo para presionar a funcionarios; desconocen que los empleados deben seguir forzosamente la cadena formal de aprobación de expedientes escandalosos, como el del Plan Qunita, bajo amenaza de ser apartados de sus cargos, cuando no echados; ignoran quien atentó contra el resonador del hospital Posadas; no saben quienes retiraron  cajas con documentación de organismos públicos en días feriados; no se enteran que se firman contratos de compra y/o servicios con personas físicas o jurídicas inexistentes. Obviamente, desconocen que tienen afiliados que trabajan eficazmente, y otros que cobran sin trabajar. Eso sí; saben que unos y otros aportan al gremio.

El gran desafío de los De Gennaro, Micheli, Di Próspero, Andrés Rodríguez, Godoy, entre otros defensores de “agrandar el Estado”, es decidir si defenderán el nivel salarial, formación laboral y calidad de los ámbitos de trabajo, de los miles de empleados públicos que dignifican sus tareas y desean ser reconocidos. O como hasta ahora, los sepultarán en el amontonamiento grisáceo de la injusticia, ineficacia, mediocridad y ocio, cuando no  de la amenaza patoteril.

Buenos Aires, 02 de marzo 2016 

SINDICALISTAS O VOCEROS DE EMPRESAS?

Un cambio de gobierno, en reemplazo de quien ejerció el poder durante doce años ininterrumpidos, es momento oportuno para reflexionar sobre vicios recurrentes en los diversos ámbitos sectoriales de poder, para que alejados de grandilocuencias dialécticas, encontremos un rumbo institucional que posibilite un desarrollo sostenible del país. Especial interés reviste el sector empresarial, por su propensión a las evasivas respecto al funcionamiento de las empresas, y a las opiniones políticas públicas. Estas últimas se difuminan tras misteriosos “círculos rojos”, o en trascendidos periodísticos enmascarados en el “off the record” (opino pero no me expongo). Por ejemplo el pasado viernes, resaltaba en su columna del diario Clarín Marcelo Bonelli: “Los empresarios reclaman señales más claras”. En el desarrollo de la nota, no se detallaban cuáles eran las señales pretendidas, y menos aún, que ofrecían los empresarios como contrapartida.

En este contexto habitualmente monacal del mundo empresario, el cambio de gobierno en condiciones económico-sociales difíciles, presenta un fenómeno particular: sindicalistas actuando como voceros de empresarios. Los sindicatos son organizaciones colectivas de trabajadores aunados a partir de actividades específicas, para defender sus intereses comunes ante empleadores y gobiernos. El sindicalista conoce acabadamente el desenvolvimiento de su empresa en particular, y del sector en general. Es sabido también que muchos de ellos amplían su rol específico para incursionar en actividades políticas, siendo habituales participantes en mesas públicas de debate.

Destacamos oportunamente la necesidad de desactivar la vieja  práctica de iniciar negociados y/o maximizar ganancias empresarias, bajo el reiterado señuelo de “crear puestos de trabajo y/o salvar puestos de trabajo”. Por ello llama la atención la frecuencia con la que dirigentes sindicales de sectores privados o mixtos, encabezan reclamos ante el Estado, que debieran ser formulados inicialmente por los empresarios responsables. No hay ingenuidad en este planteo. Debiera quedar públicamente aclarado, primero si la empresa es viable, y luego si la amenaza de despidos buscan evitar quebrantos, o mantener prebendas con ganancias injustificadas, a costa de los recursos públicos. Citemos ejemplos cercanos:

Empresa avícola Cresta Roja. La crisis latente desde años atrás, explotó con el resultado electoral. Solo por información periodística se supo que pertenecía a los hermanos Rasic, y funcionaba con distintos subsidios del Estado. En los cortes de ruta los gremialistas no reclamaban a Rasic, sino al Estado. La justicia también se desperezó con las elecciones, y decretó su quiebra (se embargaron bienes a Rasic?). Actualmente las plantas de Cresta Roja en Ezeiza y Tristán Suárez, están explotadas por un consorcio de capitales argentinos (Ovopror), hasta que se concrete su venta. De sus 5.000 operarios, en esta etapa trabajan 500.

Sol Líneas Aéreas. Nuevamente vía periodística se supo que pertenecía a un consorcio argentino (Horacio Angeli)-español (Air Nostrum), sostenido por un extraño convenio con Aerolíneas Argentinas, que otorgaba al “capital de riesgo” empresario, ganancias aseguradas.

Correo OCA. Pertenece al grupo RHUO, cuyo presidente es Patricio Farcuh. Encabezados por Pablo Moyano, sus empleados reclamaron ante el Banco Central, aduciendo que la no distribución en papel de los resúmenes bancarios, implicaba la pérdida de 4.000 puestos de trabajo. Surgen dudas: esta cantidad de empleados implica distribuir solo los resúmenes?. Hay empleados tercerizados?

Petroleras YPF-PAE-Tecpetrol. Ante la baja internacional del precio del barril de petróleo, las empresas YPF, PAE (grupo Bulgheroni y la china Cnooc), y Tecpetrol (grupo Techint), amenazaron con despidos de personal. Dichas empresas explotan el yacimiento Cerro Dragón, en Chubut, que es el más importante de Argentina. Al frente de los reclamos estuvo el sindicalista Jorge Ávila. El gobierno nacional y del Chubut, hicieron un importante esfuerzo fiscal para aportar nuevos subsidios, reconociéndo un mayor precio del barril. Los empresarios por su parte, no formularon declaraciones, y se desconocen sus aportes en el acuerdo. 

En la intención de desactivar recurrentes eslóganes falsos para posibilitar un verdadero cambio, nos referiremos en la próxima reflexión al rol de los sindicalistas estatales, para desentrañar posteriormente, la absurda y elitista estructura burocrática estatal.  

Buenos Aires, 24 de febrero de 2016

LOS EMPRESARIOS...DÓNDE ESTÁN?

“Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo” (Juan Carlos Pugliese, ministro de economía radical, refiriéndose a sectores industriales y financieros durante la crisis económica de 1989). “Libre juego de la oferta y la demanda” (modelo económico que establece la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo, suponiendo un mercado de competencia perfecta).  “Combatiremos a los grupos económicos concentrados” (frase populista, que deriva en grupos concentrados saludables, y funcionarios patriotas enriquecidos).

Las recurrentes crisis económico-sociales de nuestro país, exhiben la inutilidad y/o falsedad de invocaciones basadas en factores emocionales, conceptos asépticos de carácter universitario, o vocinglerías pretendidamente revolucionarias. Las verdades absolutas no existen. No se convence a empresarios con el corazón; no existen mercados perfectos, ni los países se desarrollan con administraciones elefantiásicas y funcionarios corruptos. Declamar que “la inflación la sufren los que menos tienen”, puede servir como laxante intelectual. Pero se elude decir que con la inflación también se obtienen enormes ganancias, al destruirse los valores de referencia. A la hora de los debates clarificadores, los empresarios no son afectos a la exposición pública, y menos aún, a las precisiones numéricas. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, con Juan Carlos Lascurain a la cabeza, negó públicamente durante los primeros cuatro años de intervención del Indec en el 2007, que se distorsionaran los índices de inflación.

Reflexionemos sobre lo más preocupante en lo inmediato: los precios de artículos de primera necesidad. En la “década ganada” existieron cuatro sectores cuasi-monopólicos con crecimientos económicos exponenciales, claramente verificables a través de sus balances y multiplicación de sucursales: el juego; las telefónicas; el sector financiero y las cadenas de supermercados. Nótese que este crecimiento se mantuvo incluso, con una inflación que en los últimos cuatro años no bajó del 25% anual. El pasado miércoles 10, en un acto con la presencia del presidente Macri, el supermercadista Alfredo Coto anunció inversiones por 3.500 millones de pesos,  y manifestó: “no somos formadores de precios”. Es así?

Los grupos Día (capitales españoles con 781 locales); Carrefour (capitales franceses con 583 locales); Walmart /Changomás (capitales norteamericanos con 174 locales); Coto (capitales nacionales con 120 locales); y Jumbo/ Disco / Vea (capitales chilenos del grupo Cencosud, con más de 43 locales), a los que deben sumarse los híbridos “supermercados chinos”, en Capital Federal y el conurbano bonaerense concentran su máximo poder de decisión para establecer el precio de los productos. Con el agravante que, mientras en la última década el debate se centraba en la oligarquía rural, se les permitía la apertura de locales urbanos de pequeña escala llamados “de cercanía”, que extinguieron los almacenes barriales independientes.  Otro aspecto fundamental que no es mencionado, es su asociación con el sector financiero, a través de las costosamente publicitadas, rutinarias y voluminosas ofertas, atadas al uso de diversas tarjetas de crédito y/o débito, cuyos costos son volcados a los precios. Con tarjeta se puede tener un descuento del 20%, 30% o más. Si se paga en efectivo, no hay descuento. Es claro el ejemplo?

Es entonces evidente que los supermercados son formadores de precios. Compran a los proveedores que desean, les imponen fuertes descuentos por cantidad, e invocan su capacidad de asegurarles flujos de compra regulares. La próxima publicación de listados de precios comparativos, que debiera excluir a las distorsivas “ofertas”, no favorecerá la competencia. Las diferencias en más/menos entre productos iguales serán irrelevantes, porque de no ser así, quedaría descolocado el proveedor de la marca. Si se hiciera una canasta de productos básicos con iguales marcas y envases, se verificará que el valor de las sumatorias entre supermercados no presentará grandes variaciones. Esto se llama “cartelización”.

A los funcionarios públicos la sociedad debe exigirles conocimiento en las áreas de su responsabilidad, capacidad de gestión y honestidad. La buena noticia es que el actual gobierno, cubrió altos cargos con quienes los burócratas todo terreno llaman despreciativamente “gerentes de empresas privadas”. Cumplido el requisito inicial de idoneidad, deberán certificar los de gestión y honestidad. En sus tratativas con las líderes supermercadistas, basadas en la racionalidad y no en inútiles imposiciones, los funcionarios podrían readaptar una conocida publicidad de Coto, y decirles a los empresarios: “Muchachos, nosotros también los conocemos”.

AGENDA DE CORRUPCIÓN

Concluida la feria judicial, retomamos el seguimiento regular de algunos de los innumerables casos de corrupción estatal que asocian a funcionarios públicos con empresarios privados. De este modo, se podrá visualizar la gravedad de una problemática que desangra desde hace décadas los presupuestos públicos. Sus principales patologías, como la cleptomanía dirigencial; organismos de control inoperantes, y justicia lenta y cómplice, no reconocen ideologías. Citemos algunos casos.

1.- Tragedia ferroviaria en estación Once, en febrero de 2012

En diciembre pasado, el Tribunal Oral n° 2, integrado por Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, dictó 21 condenas, que incluyen prisión para Ricardo Jaime y Juan Schiavi (funcionarios públicos), y Sergio Cirigliano y Marcelo Calderón (empresarios privados), entre otros. Se destacan dos aspectos: 1) Plantear que la Justicia es lenta como realidad irreversible, es falso. La constancia y participación de familiares de las innumerables víctimas durante el desarrollo de la causa, como sucediera con Cromañón, muestra que juicios complejos se pueden desarrollar en tiempos razonables. 2) Es la primera vez que reciben condenas empresarios asociados a la corrupción. En este caso, como concesionarios de servicios públicos.

2.- Lavado de dinero a través del grupo empresarial de Lázaro Báez

La sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzum, Hoaracio Cattani y Eduardo Farah, ya a fines de 2014 ordenó al juez Sebastián Casanello, del Juzgado Federal n° 7, que centralizara su investigación sobre Báez, y no en protagonistas menores como Elaskar y Fariña. Casanello lo citó el 13 de marzo de 2015, solo para indagarlo por la compra de un campo en Mendoza. Ante sus dilaciones, el juez federal Martínez de Giorgi acusó por prevaricato a Casanello y al fiscal Omar Orsi, integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, por perjudicar deliberadamente la investigación.

3.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos, para construir viviendas

Causa iniciada en mayo de 2011, con motivo del desvío de 765 millones de pesos entregados por el Gobierno a la Fundación de Hebe de Bonafini. Luego que el juez federal Oyarbide licuara los elementos de prueba, tardíamente los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo apartaron de la causa por mal desempeño. El expediente recayó a principios de 2014 en el juez Martínez de Giorgi, quien lo mantiene sin avances, a la espera de la prescripción.

4.- Quiebra de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Causa iniciada en febrero de 2012. El juez federal Ariel Lijo procesó al ex vicepresidente Boudou, sospechado de quedarse con el 70% de las acciones de la empresa, y otros implicados, que alcanzan a organismos de control estatal; banqueros; empresarios y testaferros. No hay fecha de inicio del juicio oral.

5.- Causa por posible lavado de dinero en la empresa Hotesur

Empresa perteneciente a la familia Kirchner, propietaria entre otros del hotel Alto Calafate, es sospechada de haberse utilizado para lavado de dinero, a través de empresas beneficiarias de recursos del Estado. Entre otras, las constructoras de obras públicas de Lázaro Báez, y Aerolíneas Argentinas. Se investiga también la intervención de organismos como AFIP y Personas Jurídicas. Tras un allanamiento y retiro de documentación en sedes comerciales situadas en la Patagonia, ordenados por el juez Claudio Bonadío en el 2015, este fue apartado de la causa por los integrantes de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. En su reemplazo asumió el juez Daniel Rafecas, con antecedentes de recusaciones y pedidos de juicio político por sus controvertidas actuaciones en las causas sobornos en el Senado; venta de la ex Ciccone Calcográfica, y desestimación sin mayor análisis, de la denuncia del fallecido fiscal Nisman.

Decía el estadista ateniense Solón, hace más de 2.500 años: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 10 de febrero 2016

CUANDO EL TRABAJO EMPOBRECE

El recambio de gobierno, tras doce años de gestión presidencial del matrimonio Kirchner encabezando el Frente Para la Victoria, es oportuno para evaluar aspectos políticos-institucionales que muestran vicios estructurales lesivos para el país, sólidamente arraigados desde hace décadas. Quizás el más relevante, sea el pertinaz y planificado usufructo y desprecio por el Estado. La invocación para esta degradación, debería indignar por su cinismo: “crear puestos de trabajo; salvar puestos de trabajo”.

La oleada de designaciones y contrataciones de empleados públicos durante los últimos meses de la gestión del gobierno anterior, que afectó a los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, con la indisimulable complacencia de los dirigentes gremiales, debería despertarnos inquietudes superadoras del debate circunstancial. Por ejemplo, formularnos preguntas que hoy no tienen claras respuestas: cuáles son las estructuras administrativas del Estado? Cuáles son sus ordenamientos jerárquicos, pirámides salariales y atribuciones específicas? Qué alcance real tienen conceptos como autarquía financiera y salarial; autonomía operativa; atribuciones administrativas; sociedades del Estado o mixtas?

Comentamos anteriormente dos políticas de empobrecimiento del Estado: 1) saturarlo de empleados públicos, paralizándolo; 2) “triangular” recursos públicos entre funcionarios y empresarios asociados, en negocios público-privados específicos. Comentaremos hoy la tercera y más nociva alternativa, vista desde sus impactos económicos. Es la que interrelaciona políticas económicas de carácter general, con beneficios prebendarios a grandes grupos empresarios. No identificaremos responsables, porque en cada caso se produjeron amplios debates, sean acusatorios o exculpatorios, al estilo “yo no fui”, o “no tuve alternativa”. De todos modos, existe amplia bibliografía al respecto, y a través de Internet puede obtenerse buena información. Se destacan tres ejemplos:

1.- Estatización deuda privada en dólares – 1982

En 1982 el Banco Central, tras una fuerte devaluación, vinculó a las empresas endeudadas en dólares en el exterior, con un seguro de cambio basado en una “tasa de variación de precios” local. Sintetizando: cuando el dólar subía, el Estado absorbía de las deudas empresarias, la diferencia entre el incremento del dólar y la variación de precios local. Resultaron favorecidas entre otras, IBM, Esso, Renault, Bridas, Aluar, Banco Río, Banco Francés.

2.- Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) – 1993

Creado en 1944 como Banco de Crédito Industrial, y transformado en BANADE en 1970, tenía el objeto de financiar proyectos productivos a través de créditos “blandos”, preferentemente a pymes. Pero comenzaron a financiarse proyectos de grandes empresas, con aval del Tesoro nacional. Por la altísima morosidad se declaró su proceso de liquidación en 1993. Pero no fue fundido por las pymes. El 60% de la cartera crediticia se concentraba en grandes empresas, tales como Massuh, Alpargatas, Celulosa, Pérez Companc.

3.- Pesificación asimétrica para deudores privados en dólares - 2002

La salida de la convertibilidad a comienzos de 2002, significó una fuerte devaluación. Las obligaciones en dólares se pesificaron a $1,40 por dólar, pese a que el oficial cotizaba a $2,20 por dólar. A los ahorristas particulares se les entregó un bono a 10 años (Boden 2012). Pero a grandes empresas y banqueros se les licuó y estatizó parte de sus deudas, con el procedimiento conocido como pesificación asimétrica. Consistía en compensarles la diferencia entre el dólar de pesificación ($ 1,40), y el oficial ($ 2,20), con la entrega de Bonos del Estado. Entre otras, licuaron parte de sus pasivos Repsol-YPF, Telecom, Telefónica, Aguas Argentinas, Edenor, Edesur, Metrogas.

Valga el recuerdo para asumir que la eficacia del Estado no se mide por escenográficos debates ideológicos, o por saqueadores de recursos públicos disfrazados de revolucionarios. De persistir en grandilocuencias sin resultados, el Estado para salvar “puestos de trabajo”, deberá seguir financiando a multimillonarios. Lidiar con los grandes grupos empresarios, exige una alta profesionalidad por parte de los funcionarios de cada área específica, y una  irrenunciable honestidad. Se logrará?

Buenos Aires, 03 de febrero 2016

LA CONFESIÓN DE VÍCTOR HUGO

En la última reflexión, señalábamos que la política de saturar con personal innecesario a diversos organismos públicos, tiene como consecuencia restarles eficacia en su accionar, para favorecer la corrupción. El denominado “clientelismo político” genera extendidas tramas familiares, de amistad y favores debidos, que anula toda pretensión de los funcionarios y empleados honestos y capacitados, de vulnerar las tramas de impunidad. Quienes lo intentaron, fueron desalojados de sus cargos sin miramientos, carentes de todo apoyo sindical.

Más graves aún, son las tramas destinadas a “triangular” recursos del Estado a través de sectores privados asociados, con enormes impactos económicos y sociales, que en la mayoría de los casos incursionan en responsabilidades penales. Para no entrar en debates estériles y encubridores, aclaremos que no es un fenómeno exclusivamente kirchnerista, sino practicado desde hace décadas.

Un ejemplo del intento de encubrir estas “triangulaciones” públicas-privadas con invocaciones patrióticas y revolucionarias, nos la brindó recientemente la confesión de un excelente comunicador social: Víctor Hugo Morales. Tras ser despedido en diciembre pasado de radio Continental, lo que parecía un hecho contractual privado, Víctor Hugo lo convirtió en una acusación contra el “gobierno fascista de Macri”, por persecución política. Pero cuando se lo consultó acerca de los dueños de radio Continental, Víctor Hugo perdió efervescencia, y expresó: “Yo no sé si es de Prisa o de un señor González de México o de un señor Lorefice”. Cabe preguntarse: no se le ocurrió consultar al infatigable Sabatella en su lucha contra los monopolios, quiénes eran los dueños? Por otra parte, con quien firmó el contrato? Esta “triangulación” se repitió hasta el hartazgo en otros medios de comunicación. Los panelistas de “678”, por ejemplo, no eran contratados por el canal oficial, sino por la productora PPR de Diego Gvirtz. De este modo, funcionarios, empresarios y periodistas “progresistas”, hacían brillantes negocios con productos de bajos niveles de audiencia y discutibles calidades profesionales, pero con adhesión política unidireccional irrestricta. 

Fue el gobierno de Macri responsable de estas bajas contractuales? Lamentablemente sí, al triunfar en la elección presidencial. Pero no fueron necesarios llamados telefónicos desde el poder político. Los empresarios acostumbrados a prebendas y evitar “el capital de riesgo”, jamás solventarán programas a pérdida, y actuarán acorde a los nuevos tiempos. Muchos de ellos, apelarán incluso al recurso de “vender” sus activos casi inexistentes a empresarios menos conocidos en el mercado, para diluir las responsabilidades público-privadas de origen. Bajo el aura virginal de nuevos dueños, los compradores reclamarán nuevos aportes del Gobierno, y de no lograrlo, concretarán la desaparición de las empresas. Esta metodología se extendió a otros campos no tan visibles como el de los medios de comunicación. Al momento, se conocen los casos de las empresas constructoras de Lázaro Báez; la avícola Rasic, y Sol Líneas Aéreas.

Lo indignante de estas operatorias, es pretender encubrir estos negociados entre funcionarios y empresarios, bajo la invocación de “crear y/o salvar fuentes de trabajo”. Para desactivarlas a futuro, lo que no será fácil, será oportuno que ante el “eslógan encapsulado”, la sociedad comience a plantearse los siguientes interrogantes:

1) Quiénes son los dueños de las empresas, y que garantías patrimoniales brindaron al Estado para responder por sus empleados y por los aportes estatales recibidos?

2) Qué control ejerció el Estado (Personas Jurídicas, AFIP, instituciones crediticias, etc.), respecto a constituciones societarias, situaciones patrimoniales y cumplimiento de balances por parte de las empresas?  

3) Porqué razón los dirigentes gremiales actúan tardíamente ante las crisis, y cuando lo hacen, exigen respuestas solo del Estado, y nunca exponen públicamente a los empresarios responsables?

En la columna de opinión del próximo miércoles expondremos algunos casos históricos de esta circulación corrupta de fondos públicos, que para muchos resultará sorprendente.

ESTADO POPULAR, BOBO O CÓMPLICE?

Es posible en un mundo con sobreabundancia informativa, mantener el oscurantismo de la impunidad? La respuesta es afirmativa. Existen técnicas específicas para ello. Si el o los sospechosos de delitos pierden la preciada cobertura del anonimato, se apela al recurso de la confusión, mediante acumulación  intencionada o inocente de falsedades o supuestos. Es lo que Jean Marie-Domenach, refiriéndose a la propaganda política fascista-comunista de la última guerra, cuyos principios continúan plenamente vigentes hoy, denominara “El mito. La mentira. El hecho”.

La distancia inevitable entre sucesos y conocimiento popular, no es un fenómeno moderno. En la relación con sus súbditos,  le recordaba Maquiavelo al príncipe: “Los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

En nuestra condición de ciudadanos comunes, el desafío pasa por intentar procesar la abundante información relacionada con hechos políticos. Una alternativa sería enfocar el análisis a partir de tres aspectos: 1) resaltar los puntos básicos del caso en debate; 2) encontrar similitudes con otros casos aparentemente distintos; 3) concentrarnos en detalles no clarificados, o de validez no constatada. El 2015 nos presentó tres ejemplos oportunos para este ejercicio: a) la muerte del fiscal Nisman; b) la fuga de tres condenados por narcotráfico del penal de General Alvear; c) las incorporaciones masivas de miles de empleados públicos en todo el país, a escasos meses o semanas del cambio de gobierno.  

Aunque parezca una redundancia, vale recordar que las irregularidades y/o complicidades se originan ineludiblemente con el nacimiento del hecho que las posibilita. Tanto en la muerte de Nisman como en la fuga del penal de General Alvear, se repitieron dos circunstancias: 1) los custodios (Nisman), y guardiacárceles (fuga del penal), con responsabilidades de máxima seguridad, actuaron con una ineficacia notable. Las respuestas sancionatorias se limitaron a “poner en comisión” o “separar del cargo” a los sospechosos, o muy tardíamente detenerlos. 2) En lo tecnológico, en ambos casos las cámaras de circuito cerrado de TV no funcionaban, y/o no grababan.

Tema no menor por lo reiterado, es el accionar de la justicia. La investigación del caso Nisman, de cuya muerte se cumplió un año, la encabezó la fiscal Fein. Pese a contar con la intervención de los más reconocidos peritos, increíblemente a la fecha siquiera pudo dictaminar si fue suicidio o asesinato. Observada su ineptitud, cabe preguntarse: que formación adicional a la jurídica brindada por las universidades, tienen los abogados para conducir investigaciones criminales? Los principales actores, además, pertenecen al Estado: funcionarios políticos; Poder judicial; fuerzas de seguridad e inteligencia.

Esto ejemplifica más claramente el desprecio por el Estado y los ciudadanos, que significó la demencial incorporación masiva de personal en distintas esferas de los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, a escasas semanas del reemplazo de autoridades. Tal locura se realizó sin distinción de banderías políticas; recibieron este insoportable legado y sus posteriores conflictos, aún gobernadores e intendentes que reemplazaron a quienes integraban su misma agrupación política. Todo ello, con la total y recurrente complicidad de los dirigentes gremiales, más preocupados en incrementar los aportes en sus gremios e incorporar a sus propios privilegiados, que en defender carreras administrativas, condiciones laborales y retribuciones salariales, de quienes realmente dignifican la tarea de empleado y/o funcionario público.

Usar al Estado para subvencionar amigos y familiares sin perfiles adecuados, sin espacios físicos de trabajo, sin horarios ni obligaciones, tiene un objetivo subyacente mucho más peligroso que el declamado “clientelismo político”. Es el de paralizar por saturación a los organismos públicos, para restarles eficacia en su accionar y favorecer la corrupción. De este modo se intenta disimular los enormes negociados del Estado con sectores privados asociados, nacidos bajo la más cínica de las justificaciones: crear puestos de trabajo. Analizaremos próximamente lamentables ejemplos vigentes.

Buenos Aires, 20 de enero 2016

PERONISMO...CUÁL DE ELLOS?

Concluyó el agotador calendario electoral nacional, con el triunfo de la Coalición Cambiemos, tras doce años de gobierno del Frente Para la Victoria. Es oportuno entonces reflexionar sobre el conformado político-partidario resultante, e intentar vislumbrar si será posible una consolidación definitiva de un sistema de partidos coherente en el tiempo, con extensión nacional. 

Según evolucionen los acontecimientos en el corto y mediano plazo, será posible alcanzar un verdadero sistema republicano, representativo y federal, o bien  continuaremos divagando entre grandilocuentes retóricas, y entusiastas prácticas demagógicas y autoritarias. Para disimular las anomias partidarias y programáticas, políticos y analistas continúan apelando a supuestas identidades justicialistas y radicales de vastos sectores de la sociedad, al solo fin de usufructuarlas para acumular votos. A partir de 1999 (PJ-UCD y UCR-FREPASO), justicialismo y radicalismo se mimetizaron en variadas e insólitas alianzas, guiadas más por objetivos coyunturales y de poder, antes que en políticas virtuosas consensuadas. No es casual que casi todos los actores intervinientes en dichas asociaciones estén hoy vigentes y gocen de buena salud. Por haber conducido el país en 24 de los 32 años de recuperada la democracia, plantearemos inicialmente las incógnitas que generan quienes se dicen peronistas, y pretenden ejercer su representación.

1.- En primer término, debemos destacar que la ciudadanía ha brindado sobradas muestras de independencia al momento de votar, buscando siempre la mejor opción electoral para su crecimiento o subsistencia. Por lo tanto el análisis se centra en las clases dirigentes, que pese adjudicarse incomprobables caudales electorales, son paradójicamente responsables de las más insólitas asociaciones electorales, y para obtener cargos se comercializan como “patas” peronista, radical o progresista. Ya en 1983, en donde las pertenencias eran claramente definidas y el PJ-UCR alcanzaron entre ambos el 91,90% del total de sufragios, Alfonsín superó a Luder por el 11,59%. Seguir especulando sobre  cantidades de votos “atados”, carece de sentido.

2.- Caracterizaciones como alfonsinista, delarruista, caffierista, menemista, kirchenirista o massista, deberían servir para una interna, pero no para exaltar personalismos que diluyan sus estructuras de apoyo y  antecedentes históricos. Cuando se habla de menemismo o kirchnerismo como sustitutos de peronismo, Perón queda minimizado a ser invocado solo como recurso electoralista o especulativo. No en vano en los últimos doce años, las figuras de Evita, e insólitamente la del gris y fiel Héctor Cámpora, predominaron por sobre la memoria de Perón.

3.- En la última elección, tres agrupaciones se asumieron de raíz peronista: el FPV (Scioli); UNA (Massa), y Compromiso Federal (Rodríguez Saá). Existiendo internas abiertas y obligatorias para elegir candidaturas, cabe preguntarse: existen entonces tres peronismos? Pareciera imposible. Entonces, lo son realmente, y continuarán existiendo como tales a futuro? Como relacionarán sus eventuales continuidades con la conducción del Partido Justicialista? Este es el gran dilema a resolver. Por su importancia en la reconstitución de representaciones políticas nacionales serias y coherentes, la expectativa excede al justicialismo.

4.- El radicalismo por su parte, sufrió similar fenómeno de dispersión. Muchos de sus dirigentes, con cargo bajo el brazo, se ofrecen como “pata radical”, para dar un barniz pluralista a regímenes personalistas. Por ello es destacable que Ernesto Sanz, tras una ejemplar convención democrática de casi cuatrocientos afiliados, insertara a la envejecida UCR en la coalición Cambiemos, junto con el Pro y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. En su diversidad, sus principales dirigentes exhiben más similitudes que supuestas diferencias ideológicas. Por bien del país, esperemos optimicen con responsabilidad, una coalición inicialmente virtuosa.

5.- El caso de Cambiemos podría señalar un camino al dilema justicialista. En pleno siglo XXI plantear un retorno al bipartidismo justicialista-radical sería anacrónico, y contrario a la necesidad de modernización institucional. Es más importante que las coaliciones consoliden identidades, políticas programáticas básicas, e interrelación partidaria territorial. Salvo la izquierda testimonial, no se justifica que existan en el país más de tres opciones con pretensiones y posibilidades de ser alternativas de gobierno.

La elección del 2015 no debería desembocar en el vicio reiterado de regresos mesiánicos y cultura del fracaso. Solo cabe actuar con inteligencia y grandeza para generar un cambio definitivo de matriz político-partidaria.

Próxima opinión política: miércoles 20 de enero 2016

TODO PASA ... PARA AVANZAR O RETROCEDER?

Dos instituciones aparentemente disímiles en importancia, Gobierno nacional y Asociación del Fútbol Argentino, transitan procesos de cambio en sus conducciones. Las diferencias parecieran diluirse cuando se analizan actores intervinientes; entrecruzamientos de intereses políticos, económicos y empresariales, y vicios de corrupción. El Gobierno proclama que el fútbol es gratuito “para todos”, sean multimillonarios o carenciados sin agua potable y cloacas, y destina cuantiosos recursos económicos sin control. La AFA por su parte, con clubes aún llamados “entidades sin fines de lucro” y  económicamente quebrados, apela al sentimiento que despierta el deporte más popular, para intermediar en escandalosos negociados.

En ambos casos cesaron liderazgos tras extensos períodos de conducción. El kirchnerismo justicialista, al no existir posibilidad de reelección, traspasa el poder tras doce años. La AFA, debido al fallecimiento de Julio Grondona, que la manejó férreamente durante 35 años. Ceder poder siempre ha sido traumático. Más aún en Argentina, donde la alternancia no es considerada una virtud, sino un fracaso. En este tipo de liderazgos, lo legal e institucional no son marcos referenciales, sino trabas a soslayar. El autoritarismo y sus variantes, abundan en la historia. Señalaba Maquiavelo que “en los Estados hereditarios, en los que el príncipe hereda derechos dinásticos, las dificultades para conservar el poder son menores que las que se dan en los principados que llamamos nuevos. Porque al príncipe que recibe el poder por herencia le basta no descuidar el orden establecido por sus antepasados, y contemporizar con los acontecimientos que se sucedan”.

Un símbolo criollo de este pensamiento, lo representa el famoso anillo de Don Julio, con la inscripción “Todo pasa”. Para un autoritario, el tránsito temporal que supone el mensaje es aplicable a circunstancias y entornos, pero nunca a su persona. Se ha dicho que nuestra Nación es aún joven, por lo que su corta historia está plagada de divisiones, contradicciones e interpretaciones maniqueas, resumidas en bueno o malo. Pero esta etapa se nos agotó. Países vecinos como Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, entre otros, la superaron hace tiempo. 

Ante el nuevo ciclo institucional que se abre, es oportuno destacar ciertos aspectos que se irán desmenuzando a futuro.

1.- A partir de 1983 se cerró el ciclo de los golpes militares. Queda por confirmar que también se clausuró la etapa de los golpes mal llamados “institucionales”. En la crisis 2001-2002, la ciudadanía no reclamó “que vengan los que saben gobernar”, sino, enfáticamente, “que se vayan todos”.

2.- Para evitar los oscurantismos que dejan atrás los líderes, y posteriores discusiones banales, el nuevo Gobierno deberá informar a corto plazo indicadores reales a diciembre 2015, como punto de partida de la gestión. Entre ellos, reservas disponibles del Banco Central; deudas externas con entidades financieras y privados, e internas con organismos públicos; inflación; desempleo; pobreza (aclarando que se entiende como tal).  

3.- El peronismo deberá clarificar inicialmente el alcance del término, para luego establecer su verdadera y única representación partidaria. De este modo colaborará en la reconstrucción de partidos coherentes en el tiempo. Sería recomendable que durante esta catarsis utilice el término justicialismo, para evitar el manoseo oportunista del nombre de Perón. Lo sugiere quien nunca fue peronista.

4.- Se deberá evitar la trampa de utilizar los resultados electorales como prenda de negociación y/o presión de grupos políticos. Es un simplismo falso decir que el 51,3 % de los votos de Macri y 48,7 %  de Scioli, muestran un país dividido. La verdadera segmentación se transparentó en la primera vuelta electoral, entre seis agrupaciones políticas. En esta estrategia de simplificación se insertan análisis irónicos y capciosos que señalan que en las manifestaciones de Cambiemos se ven a “blanquitos”, y en las del FPV a “negritos”. Muchos “blanquitos” (sector financiero; supermercadismo; comunicaciones; juego; funcionarios públicos), tuvieron fenomenales ganancias durante la promocionada década ganada. Por el contrario, resultados electorales como los de Jujuy y conurbano bonaerense, mostraron que el ciudadano anónimo necesita hechos, en lugar de revolucionarios enriquecidos y segmentaciones oportunistas.

Según Maquiavelo, Macri deberá afrontar las dificultades de un principado que no hereda derechos dinásticos.

UN PAÍS NO ES UNA EMPRESA

En su obra El Príncipe, escrita en 1513 y dedicada al florentino Lorenzo de Médicis, aconsejaba Maquiavelo respecto a la elección de los ministros: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí; el segundo entiende los que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

En una democracia, esta sensata descripción de capacidades para elegir colaboradores en principados, debiera ser de aplicación para los ciudadanos que asumen la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Por ello debemos reflexionar sobre lo manifestado por la presidente Kirchner en un reciente acto en La Matanza, a días de abandonar el Ejecutivo: “un país no es una empresa”. Su aparente obviedad hace suponer que el mensaje encierra enigmas que intentaremos descifrar, para alcanzar al menos el nivel de “entender lo que otros disciernen”, planteado por Maquiavelo.

País es una delimitación geográfica del concepto político Estado- Nación, que define una forma de organización institucional, para regular la vida comunitaria de sus habitantes. Empresa, por su parte, es una organización dedicada a actividades que persiguen fines económicos, dedicadas a satisfacer demandas existentes o a crearse, y tener utilidades para subsistir. Con sus diferencias de origen, País y Empresa deben interrelacionarse.

En el marco de un País, el Estado debiera atender y regular el interés general. La Empresa por su parte, debiera concurrir a dicho interés general desde su actividad particular. El fracaso del Estado a nivel País, como el de las Empresas en escalas sectoriales, conducen al atraso, pobreza y desocupación. Como los resultados en uno y otro caso dependen inicialmente de los niveles de conducción, la afirmación presidencial pareciera estar dirigida al perfil de los funcionarios públicos. Al efecto existen legislaciones que los definen, emitidas bajo responsabilidad única del Estado. Actuar con eficacia y resultados virtuosos, implica poseer funcionarios (Estado) y gerentes (Estado y Empresas), con conocimientos específicos en su área de responsabilidad, capacidad intelectual y de gestión, y honestidad.

Como es verdad que los afectados por el fracaso del Estado son ciudadanos, y no ganancias empresarias o un limitado número de trabajadores en caso de las Empresas, las exigencias de selección de funcionarios públicos debieran ser más exigentes aún que la de las Empresas. Acá surge la primera contradicción entre la grandilocuencia y la realidad. No pueden reclamar por los perfiles de los funcionarios estatales, quienes desconocen carreras administrativas y méritos específicos, y utilizan al Estado como cotos laborales y de negocios para grupos familiares y de amigos, vicio conocido como nepotismo. Todo ello, bajo la vergonzosa complicidad de los dirigentes gremiales estatales, en el desprecio de las carreras administrativas de quienes aducen defender.

La deshonestidad interna en una Empresa, una vez detectada será castigada. Pero si se utiliza para obtener beneficios o prebendas que maximicen sus beneficios a través de dádivas o sobornos a funcionarios públicos, se la protege y premia. Por ello, la deshonestidad política es mucho más grave para un País que la empresaria, porque consiste en trasladar fondos públicos a empresas privadas enriquecidas injustificadamente, a costo del capital social.

Por lo tanto, el debate funcionario público-privado es falaz y capcioso. Que sería más beneficioso para el País?. Incorporar al gobierno argentinos con capacidad y antecedentes en exigentes ámbitos gerenciales, dispuestos a afrontar el desafío de incursionar en el Estado, o apelar a burócratas baratamente politizados sin capacidad de gestión, conformados por esposos, hijos, cuñadas, nueras, choferes, jardineros y amigos, para manejar organismos y empresas estatales vitales para el desarrollo y crecimiento? Funcionarios además, que al momento de justificar sus crecimientos patrimoniales ilícitos, dicen que tuvieron ganancias….con sus empresas.

Una País exige un serio control de incompatibilidades, mala praxis o actos de corrupción en el manejo del Estado. Esta tarea también es exclusivamente estatal. Está a cargo de organismos de control, poder legislativo y poder judicial. Cabe preguntarse: se decidirán a cumplir con sus obligaciones?

LEYES APROBADAS POR KILO

La aprobación a paquete cerrado de 96 leyes en la última sesión de diputados, debería motivar reflexiones más profundas que la mera catalogación de la sesión como escandalosa. En principio, quedó transparentada la necesidad de una profunda readecuación del marco político-institucional de nuestro país, que alcanza por igual a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Mal se puede exigir eficacia y honestidad a las nuevas autoridades gubernamentales, si las estructuras estatales que deben sustentarlas exhiben corrupción, complicidad y oportunismo.

Personajes marginales como Fariña nos ilustraron que en la corrupción estatal-privada, los montos involucrados alcanzan tal magnitud, que el dinero debe ser “pesado” antes que contado. Pudimos comprobar que con las leyes sucede lo mismo. Quizás con un mejor barniz: el apoyo de la “izquierda”.

Si bien el concepto de corrupción tiene matices que no modifican el daño irreversible que provoca en una sociedad, se coincide en definir que “el acto de corrupción es un término general que cubre el mal uso de la autoridad para la utilidad personal, que no necesita ser monetaria”. Utilizar la autoridad para que legisladores con dietas superiores a los $ 70.000 mensuales e innumerables prebendas adicionales, aprueben un paquete de leyes no debatidas; no conocidas; no entendidas, y menos aún informadas a la sociedad, es un acto de corrupción. El doctor Luis Moreno Ocampo recordaba la fórmula de Robert Kiergaard, experto en control de la corrupción: C=M+D-T (corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia).

Estamos muy acostumbrados a asimilar la corrupción del Estado únicamente con los delitos económicos, emergentes de la complicidad funcionarios públicos-empresarios privados. Pero la impunidad exige un soporte que la sostenga, con implicados en donde las prebendas predominan por sobre el dinero “físico”. Este soporte lo conforman organismos de control estatales inocuos o directamente cómplices; marcos legislativos que por acción u omisión sean laxos con el delito, o bien faciliten negociados; finalmente, un poder judicial que antes que sancionar, demore, diluya, absuelva.

El “quórum” de la triste sesión legislativa fue posible por el masivo aporte de la “izquierda”. La falta de identidades partidarias coherentes hace que nos preguntemos qué es izquierda. Inicialmente observamos que no se nuclea en una agrupación, sino en mini expresiones con rótulos grandilocuentes, pero irrelevantes en representatividad (Unión Popular; Libres del Sur, etc.). Tienen un solo objetivo: permitir que sus representantes casi hereditarios encabecen listas que, en elecciones, se cuelguen de otras agrupaciones competitivas, para seguir usufructuando el cargo de legisladores.

Tomemos dos ejemplos: Claudio Lozano y Victoria Donda. Participan de cuanto programa periodístico o de actualidad existe. Ambos, a grito pelado y con cara de enojados, justificaron su presencia en la sesión en la defensa de los trabajadores de Hotel Bauen. Pero algunas vez explicaron en sus múltiples apariciones públicas los antecedentes, fundamentos y consecuencias del proyecto de expropiación? Lo manifestaron en sus páginas web? Batallaron en el  2015 en pos de su tratamiento y aprobación?

Los actos de corrupción política siempre están envueltos en objetivos virtuosos: defensa de intereses populares; cuidar fuentes de trabajo; reconocer derechos, etc. Este recurso tiene en nuestro país un ejemplo recurrente que no diferencia entre épocas o ideologías: la estatización de deudas privadas. Pasó en el 82 y en el 2002; con las reestatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF; con deudores privados de entidades financieras estatales. Entre las leyes aprobadas por kilo, hay un “paquetito” sin abrir: la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, para operar Río Turbio. Ningún diputado conoce el estudio de factibilidad. Pero la ciudadanía se hará cargo de los negociados y quebrantos del grupo privado Taselli, concesionario de dicha explotación hasta su cierre.

La sesión legislativa concluyó con un pedido de la diputada Di Tullio, que sorprendió por haber sido su práctica descartada desde hace 10 años: cantar la marcha peronista. Es oportuno recordar lo expresado recientemente por José Pampuro, que por  generación y conducta, puede exhibir legitimidad como peronista: “La verdad es que si se despierta el General, nos mata a todos”.