CAMPAÑA ELECTORAL CON CONTRADICCIONES

El ejercicio ininterrumpido de la democracia tiene como enorme virtud que el simple transcurso del tiempo actúa como natural esmeril de recursos propagandísticos que por repetidos e incumplidos no convencen a nadie. Las imágenes de candidatos besando a cuanto niño menor de seis años se le cruza; tomando mate con jubilados o manifestando un irrefrenable deseo de “estar al lado de la gente y escuchar sus necesidades”, antes que al engaño, se acerca a lo patético. No es casual entonces la enorme dificultad de los creativos en crear spots publicitarios de aceptable calidad. Afrontan el peor desafío en su profesión: intentar vender productos (el candidato), con cualidades que no poseen.

Sustentemos lo expresado. El proselitismo se desarrolla en un contexto preocupante para un crecimiento democrático: 1) Ausencia de partidos con presencia y consenso programático nacional (justicialismo y radicalismo); 2) Pobre sistema electoral, usualmente manipulado para responder a coyunturas especulativas (ley de lemas; candidaturas testimoniales; listas sábana);  3) Como natural consecuencia de los dos aspectos anteriores, desvirtuación de las saludables renovaciones de las representaciones políticas:  la casi totalidad de las listas con expectativas de incorporar legisladores por un período de cuatro años están encabezadas por quienes ya lo son (algunos casi vitalicios), o por quienes ya ocupan posiciones en distintos niveles ejecutivos.

Esta realidad hace más comprensible la dificultad creciente de consultoras y creativos para elaborar plataformas de marketing político convincentes. Resulta una obviedad, por ejemplo, plantearse porque quienes hoy prometen cambios no los plasmaron en los últimos años, ya sean como legisladores, intendentes o funcionarios. O peor aún, porqué quienes acusan al Gobierno de autoritario y manejar “la caja como elemento de presión a los gobernadores”,  como legisladores le otorgaron facultades extraordinarias, o aprobaron presupuestos nacionales subvaluados y reformas tributarias que por decreto o por ley permiten al Estado nacional manejar enormes montos excedentes “no previstos”, que desnivelan cada vez más la distribución de recursos  coparticipables entre Nación y Provincias. 

Es falso justificarse por una supuesta condición de minoría en relación a los legisladores oficialistas. Pongamos un solo ejemplo: no hay agrupación en campaña, incluídos los oficialismos disidentes que encabezan Massa y De Narváez,  que no prometan corregir el impuesto a las ganancias regresivamente aplicado a los salarios, por lo que una ley en ese sentido hubiese tenido una amplia mayoría en una eventual votación. Cabe preguntarse entonces porque no se hizo antes, y consecuentemente, permitirse dudar que se realice después de las elecciones. Por ello no debe sorprender que el spot oficial haya tenido el mejor impacto público; sin mayores alardes creativos, respondió en imagen y sonido a la genética del Gobierno, basada en la épica de considerarse el mejor gobierno de la historia, soslayando el exabrupto de señalar que si vivieran, Perón y Evita serían kirchneristas.

La destrucción de partidos con extensión territorial y permanencia en el tiempo producto de la crisis político-económica del 2001, hizo que el rol de intermediación que deben cumplir entre política y sociedad, fuera suplido con líderes cada vez más autoritarios, adhesiones extrapartidarias, empresarias, periodísticas y organizaciones sociales rentadas con fondos públicos, preeminencia de lo pragmático sobre lo ideológico, y gobiernos provinciales alejados de proyectos estratégicos integradores.  En estas circunstancias, en donde lo único aglutinante es el ejercicio del poder, no sorprende que sectores identificados con orígenes peronistas cada vez más diluídos, acompañados por retazos de otras expresiones minoritarias personalistas sostenidas con contraprestaciones del erario público, sean las que pretendan encabezar los gobiernos con exclusividad, bajo la sigla “somos los únicos capaces de gobernar”. Pese a lo cual, ignorando incluso la ley de “modernización del sistema electoral” que el propio Gobierno promovió, una vez más eluden dirimir sus disensos en las primarias abiertas obligatorias (Paso) dentro del Partido Justicialista, trasladando la puja al escenario nacional, como si fueran distintos. A tal punto llegan sus semejanzas, que lo único que parece diferenciarlos es el compromiso de no aceptar la reforma constitucional para posibilitar una nueva reelección presidencial, lo que al menos por vías democráticas, pareciera una obviedad.

Pero de esta solitaria competencia por el poder no son responsables quienes la usufructúan, sino quienes la posibilitan: una oposición dispersa, mediocre, y cuya única ambición de sus principales líderes es usufructuar cargos legislativos sin solución de continuidad.

Quizás como resultado del sopapo electoral que las mini oposiciones sufrieran en la elección del 2011, un grupo de agrupaciones decidió responder a la lógica de las primarias, conformando en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires una interesante interna entre políticos reconocidos, bajo la sigla UNEN. Podrá ser el inicio de cosas más importantes a futuro?  Será oportuno reflexionar sobre sus debilidades y fortalezas, en sus tres etapas: previo a la primaria del 11 de agosto; desempeño de las listas definitivas en la elección nacional en octubre, y finalmente y más importante, qué relevancia podrá tener esta experiencia para consolidar lo que todo sistema democrático necesita como el oxígeno: una oposición coherente que pueda ser alternativa cierta de gobierno.

JAIME + MILANI + CHEVRON = INCONSISTENCIAS

Tres sucesos casi simultáneos y  de gran trascendencia política, presentan un rasgo común  de inconsistencia que exhibe con crudeza vicios preocupantes para el desarrollo futuro del país. Ellos son la orden de captura de Ricardo Jaime; la designación de César Milani como jefe del Ejército, y la firma del acuerdo entre YPF y la multinacional Chevron.

Todos los casos contaron con amplia cobertura periodística y variedad de opiniones, pero no es el objetivo de la reflexión sumar una más a favor o en contra, sino destacar las contradicciones exhibidas, que ratifican una vez más que los supuestos debates ideológicos solo son instrumentos para enmascarar los verdaderos objetivos a la ciudadanía, sin importar si el receptor  es oficialista u opositor. Maquiavelo en su libro “El príncipe” ya planteaba un dilema para la comunicación del gobernante con sus súbditos, al señalar que “no hay otra manera de evitar la adulación que el hacer comprender a los hombres que no ofenden al decir la verdad; y resulta que, cuando todos pueden decir la verdad, faltan el respeto”. En las democracias modernas, cuando las opiniones son rentadas por el Estado, ya sean de políticos, periodistas, empresarios y aún supuestos defensores de derechos humanos, se hacen  irreconciliables la adulación con la verdad.

Caso 1.- El juez Claudio Bonadío ordenó la detención del multiprocesado ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime, ante un supuesto peligro de fuga y entorpecimiento de las actuaciones judiciales, tras lo cual Jaime se constituyó en prófugo. Una semana más tarde la sala I de la Cámara Federal integrada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, concedió la eximición de prisión a Jaime con argumentos durísimos contra Bonadío, señalando que “se prefirió la aplicación de una inapropiada, cuando no arcaica, interpretación del Derecho”. Tanto el juez como los integrantes de la Cámara han sido considerados afines al Gobierno en los casos sensibles para éste. Nos formulamos la primer pregunta: pueden existir fallos tan disímiles en una misma causa?  O bien la confluencia político-judicial federal en los casos de corrupción en el Estado alcanzó límites intolerables?

Caso 2.- La designación como jefe del Ejército del militar de inteligencia César Milani provocó la acusación de diversos sectores en cuanto a su comportamiento en la última dictadura militar en relación a los derechos humanos. De inmediato la señora Estela de Carlotto manifestó que “no existían pruebas que lo incrimen”, cuando meses atrás, también de inmediato y con similar liviandad, una vez designado Papa el Cardenal Bergoglio lo acusó de ser cómplice de la dictadura. Surge la segunda pregunta: puede una ciega adhesión política utilizar sesgadamente incluso a los derechos humanos?

Caso 3.- En abril de 2012 se producía la renacionalización de YPF, eyectando a la petrolera española Repsol. En el anuncio por cadena nacional la Presidente expresó que Repsol-YPF había sido vaciada. Sin embargo, pese a que el grupo argentino Esquenazzi conducía la empresa con casi el 25 % de las acciones, no se formuló ninguna denuncia penal por el vaciamiento, y a la fecha no se acordó el monto de resarcimiento a Repsol.  El anuncio provocó las consiguientes manifestaciones de júbilo en defensa del “patrimonio nacional”, y contó con el apoyo de socialistas y radicales bajo el paraguas que la estatización parcial respondía a sus principios históricos, obviando cumplir, peronistas incluídos, con la obligación como legisladores de intervenir para que la instrumentación administrativa, legal, técnica y comercial respondiera a tan loables principios, y la decisión política se enriqueciera con un consenso basado en el conocimiento y la eficacia.

En este contexto improvisado el destino estaba trazado; a poco más de un año de la reestatización parcial, mediante decreto y con cláusulas contractuales secretas, el Gobierno incorporó como principal inversor en la explotación de Vaca Muerta en Neuquén, a la multinacional norteamericana Chevron. En la elaboración del convenio no participó la provincia supuesta dueña del recurso, girándoselo al gobernador Sapag para su adhesión (no confundir con opinión), una vez firmado. Recordemos además que tanto YPF como Chevron afrontan importantes juicios internacionales con reclamos multimillonarios. Tercera pregunta: puede admitirse que un país tenga respecto del manejo de un recurso estratégico políticas de Estado tan fluctuantes, y más grave aún, en términos de pocos meses?

Estos ejemplos, en los que ni siquiera se juzga la culpabilidad o inocencia de los personajes involucrados, y menos aún la calidad de la estrategia de explotación petrolera adoptada antes o ahora, es la manifiesta degradación a la que, con el fervoroso aplauso de personajes generosamente rentados con fondos públicos, son sometidos los conceptos de derechos humanos; corrupción contra el Estado e independencia de la Justicia Federal, y soberanía nacional. 

SERÁ SCIOLI COMO CHANCE GARDINER?

El  cierre de listas para participar en la elección de legisladores nacionales como precandidatos  en las primarias de agosto, y luego en la elección nacional del 27 de octubre, permite reflexionar sobre algunos aspectos que pueden dejar enseñanzas a futuro. Uno de ellos es  el extraño caso llamado Daniel Scioli.

En primer lugar sorprende el uso que sectores políticos supuestamente enfrentados hace cada uno de ellos de la personalidad y accionar de Scioli, y la alta intención de voto que le otorgan encuestadores y analistas. Sus antecedentes políticos comienzan a partir de la quiebra de la tradicional y familiar empresa de artículos del hogar llamada “Casa Scioli”, en ese entonces a cargo de Daniel y sus hermanos. De inmediato acude en su ayuda laboral el ex presidente Carlos Menem, quien lo incorpora a su equipo de gobierno como Secretario de Turismo de la Nación. A partir de entonces no abandonó la función pública, ocupando cargos en los gobiernos de Duhalde y Kirchner; con este último como vicepresidente y gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Son recordados los retos públicos a los que lo sometió como presidente de la Cámara Alta la en ese entonces senadora Cristina Kirchner.  También sus deseos públicos de presentar candidatura como Jefe de Gobierno de la Ciudad, para luego aceptar la de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, a requerimiento de Néstor Kirchner .   Cuando meses atrás expresó su intención de ser presidente, y cuando lo descalificaron los kirchneristas más fundamentalistas se llamó a silencio. Finalmente, en el reciente proceso de conformación de listas para legisladores nacionales, gestionó la incorporación de personas de su confianza en las alternativas peronistas no kirchneristas hasta último momento. No lo consiguió siquiera dentro del oficialismo. Pese a ello, concluída la integración de listas, todas ellas a dedo como en la mayoría de las agrupaciones, se transformó en el fervoroso promotor de la lista oficialista que encabeza Insaurralde, sobreactuando con frases rimbombantes como  “se está con el modelo o contra el modelo”, o “no hay que abandonar el caballo en medio del río”. Cabe preguntarse porque tal firmeza no la explicitó desde un principio, desactivando en tiempo y forma  las informaciones acerca del accionar de sus operadores en las reuniones con Massa y De Narváez, con el consiguiente malestar de la Presidente y sus colaboradores.

Debemos reconocerle la respetuosidad de sus expresiones y una identificación con la condición de conciliador, que en un contexto político de permanentes cruce de agravios más escenográficos que ciertos, no deja de ser una virtud destacable. Pero plantear los temas en forma educada y respetuosa del disenso, impide ser claro y firme  en las definiciones? La capacidad de soportar agravios justifica que se le adjudique invariablemente “alta imagen” entre el electorado, más en un país que ensalza liderazgos de conducción fuertes cuando no personalistas?

Para aproximarnos a un diagnóstico factible, puede sernos de utilidad la película “Desde el jardín” estrenada en 1979, basada en la novela de trama sencilla que escribió en 1971 Jerzy Kosinsky, en donde ironiza contra la superficialidad del mundo moderno, que alcanza a los mensajes políticos del más alto nivel. La trama se sustenta en Chance Gardiner, interpretado por Peter Sellers, quien es un personaje muy limitado intelectualmente que vive en Estados Unidos, y se conecta con el mundo a través del televisor en su cuarto, y su actividad de jardinero. Por un hecho fortuito, un multimillonario muy enfermo y  de gran influencia en la alta política lo emplea para cuidar su jardín. En una reunión que mantiene en su mansión con el presidente de Estados Unidos analizando los efectos de una crisis económica, el millonario pregunta a Gardiner, circunstancialmente presente, que opina al respecto. Inmutable, responde en forma lenta y monocorde, que tras la caída de las hojas en otoño y pasado el invierno, llega el florecimiento de la primavera. Se produce un silencio, el presidente y el millonario cruzan miradas, y dan a la frase de Gardiner una sofisticada interpretación relacionada con una próxima mejora de la economía. La conversación privada trasciende por ser citada su frase en un discurso nacional del presidente, y Gardiner llega a ser entrevistado en televisión como un inteligente y enigmático analista.

Ello recuerda las no comprometidas frases de Scioli ante cualquier interrogante, o las sesudas interpretaciones que sus colaboradores inmediatos hacen de sus silencios.  Es justo señalar que la hibridez en los mensajes es aplicable  a la mayoría de los mensajes de campaña, y de la propaganda política en general. Pero el caso Scioli cobra especial relevancia cuando se relaciona su hibridez con la supuesta alta imagen en la sociedad. Sería importante que  las encuestadoras más serias y analíticas intenten dilucidar e informarnos que entiende la población por “imagen” de un político con expectativas de encabezar proyectos de gobierno, y como la interrelaciona con la capacidad de gobernar. Hoy hasta podría sospecharse que la anomia de Scioli sea una estrategia que permita, con cierta dosis de cinismo, que tras su “imagen”  puedan escudarse de igual modo intereses tanto oficialistas como opositores, permitiéndole competir por la presidencia de la Nación casi sin esfuerzo.

Señalamos que “Desde el jardín” es también muy aplicable en las campañas electorales. Cuando el candidato Sergio Massa, por ejemplo, expresa que mantendrá lo bueno del kircherismo y cambiará lo malo, sin mayores detalles y compromisos, hace recordar a Chance Gardiner.

ESCASAS EXPECTATIVAS DE CAMBIOS

El cierre y oficialización de las listas “partidarias” que participarán en la internas de agosto (PASO), para definir quienes competirán  en la elección del 27 de octubre para la renovación parcial de diputados y senadores nacionales, dejó en claro que las expectativas de mejoramiento de nuestro sistema político una vez más han quedado postergadas. Sin embargo dicha circunstancia, pasado el desánimo y escepticismo inicial, debe ser capitalizada para transparentar los vicios que sustentan lo afirmado, porque la reiteración de camuflajes de la realidad llevará inevitablemente al hartazgo popular, más allá de identificaciones “partidarias” o ideológicas.

En primer lugar resalta el hecho que las internas, llamadas ahora primarias, son evitadas por la casi totalidad de los actores políticos. La honrosa excepción la presentó la interna entre la UCR, Coaliciòn Cìvica y Proyecto Sur en Capital Federal, agrupadas en UNEN. Súmese a ello la persistencia de dos reclamos de reforma electoral reiteradamente negados a la  sociedad: la lista única, que impida el caos de boletas y robos de la mismas, y el sistema de ordenamiento final de los candidatos según el voto ciudadano, quien se ve limitado a votar a paquete cerrado las incombustibles “listas sábanas”. Ello distorsiona a tal nivel el poder democrático de elegir, que la ciudadanía se acostumbró a no reaccionar ante los crecientes casos de nepotismo, en donde las listas están plagadas de esposas, ex esposas, hijos, hermanos y otros familiares de los distintos candidatos. Qué posibilidad tiene el ciudadano de reaccionar con su voto ante el nepotismo? Ninguna: se vota a paquete cerrado.

También se reitera la aparición de nuevos partidos y/o alianzas con tal velocidad de presentación en sociedad, que hace dudar que muchos de ellos cumplan con los requisitos establecidos por ley para ser considerados partidos, ante lo cual la justicia electoral, sobrepasada por tanta creatividad fundacional, omite su tarea de control. Verificar esta posibilidad sería un interesante caso de investigación periodística.

La creciente atomización partidaria, que para no degradar el concepto esencial de partido debería llamarse de “espacios polìticos”, hace falaz la supuesta existencia de proyectos que excedan lo personal, por no estar sustentados por estructuras coherentes, representativas en el tiempo, y extendidas en lo territorial. El caso del Partido Renovador de Massa es un ejemplo. Conformado a último momento bajo el repetido recurso del híbrido llamado “transversalidad”, incorporó a su lista al hasta hace poco presidente de la Coalición Cívica Adrián Pérez, quien al no conseguir ubicación expectante en su partido, con el pase en su poder se insertó en la lista de Massa. Lo mismo sucedió con el reciente presidente de la Unión Industrial Argentina, Ignacio de Mendiguren. Citamos el caso Massa por su reciente aparición en el escenario político con expectativas nacionales, pero lo expresado es aplicable para todas las agrupaciones existentes. Ante estas realidades, es evidente que hoy no pueden existir proyectos que excedan lo personal.

Por ello ya no sorprende que un candidato acceda a un cargo por determinada agrupación, y una vez elegido se incorpore a otra, o pretenda en el marco de la soberbia actuar como “bloque independiente”, burlando el voto ciudadano. Estas distorsiones al sistema democrático exigen soluciones que no intentarán implementar quienes se ven beneficiados por estos subterfugios. En una reforma política futura realmente eficaz, habrá que reactualizar el viejo debate sobre si la banca es del legislador o del partido, estableciendo los límites ante una u otra posibilidad. También será necesario reformular el calendario electoral, eliminando las elecciones cada dos años para llevarlas a cuatro años, no solo para evitar el perjuicio que implica a la tarea legislativa las prolongadas campañas electorales, sino que los candidatos a presidente sean legisladores que no renuncian a su condición y nada arriesgan, dos años más tarde renueven como legisladores, pasados dos años se presenten como candidatos a presidente, y asì hasta el infinito. Desactivar esta trampa, implica diseñar una metodologìa adecuada de renovación del Congreso.

Es evidente entonces que centrar la campaña electoral en no avalar una eventual  reforma constitucional que habilite continuas reelecciones presidenciales, no solo permite eludir compromisos legislativos para las urgencias inmediatas, sino que la volatilidad de las convicciones e identificaciones partidarias hace irrelevantes las promesas. De hecho, ya sucedió con la reforma constitucional de 1994.

Un comentario aparte merecen las externas políticas del peronismo, que suplen a las internas. Justificaciones como que el Partido Justicialista no existe o que está intervenido, rayan en el absurdo. Qué confianza pueden transmitir candidatos que se dicen peronistas y no son capaces de hacer funcionar normalmente a su propio partido? Lo cierto es que la ausencia de alternativas partidarias coherentes y consolidadas, posibilita que en un distrito clave desde lo numérico como el de la provincia de Buenos Aires, el peronismo se pueda permitir el lujo de trasladar su interna a la elección general, captando una expectativa social hábilmente sobredimensionada entre candidatos del mismo partido. La picardía fué descripta con su habitual lucidez e ironía por Perón, al expresar que cuando se pensaba que los peronistas se estaban peleando, en realidad se estaban reproduciendo.

Por ello el 27 de octubre próximo no competirán proyectos ni soluciones para la ciudadanía, sino espacios de poder con proyección al 2015 en el caso del partido gobernante, y el deseo de mantener y/o alcanzar cargos legislativos en las atomizadas y débiles oposiciones. La esperanza se funda en que una vez atravesada la elección nacional, tendremos dos años para que en el 2015 existan al menos dos alternativas de gobierno con estructuras polìticas consistentes que permitan al ciudadano elegir realmente opciones de gobierno.

TRAS LA CONFUSIÓN, UN INTENTO DE ANÁLISIS

El cierre de listas el sábado 22 de junio,  que por sus infinitas combinaciones políticas denominamos “juego del scrabble”, definió a los precandidatos a senadores y diputados nacionales de las diversas agrupaciones que competirán en las primarias (anteriormente llamadas internas) del 11 de agosto, para determinar finalmente quienes se presentarán en la elección nacional del 27 de octubre próximo. Esta instancia  invita a formular reflexiones de corto plazo (hasta la elección de octubre), para en otra reflexión posterior esbozar hipótesis respecto al mediano plazo (recambio presidencial en el año 2015).

En primer término se destaca una alta dosis de pesimismo, vista la reiteración de vicios políticos producto de la primacía casi excluyente de intereses personales y aún familiares, con vergonzantes nepotismos, por sobre la instalación de agrupaciones coherentes, equipos de trabajo idóneos, y una razonable renovación de actores políticos. El verdadero aquelarre dialéctico que caracterizó la etapa de negociaciones entre sectores, y al que sin duda se someterá a la ciudadanía durante la campaña electoral, nos exige cada vez más formarnos en la técnica de los discursos para detectar su consistencia y validez, y aprender a formular sin timidez pero con responsabilidad discursos propios, que trasladados a consensos con intereses verdaderamente comunes, marquen rumbos en el país. El fenómeno de las movilizaciones sociales genuinas y respetuosas de los últimos meses, serán a futuro un instrumento cada vez más importante,  hasta que se reconstituyan los partidos políticos como intermediadores institucionales permanentes entre la ciudadanía y sus representantes. Esta posibilidad es la que nos permite, pasado el escepticismo inicial, conjeturar el mediano plazo con entusiasmo y esperanza.

 

El cierre de listas reiteró la pobreza de representación política que generó la crisis del 2001: no existen partidos políticos estables con extensión nacional, y la conformación de la listas semejan más al cierre de libro de pases en el mercado del fútbol que a la capacidad personal congregada bajo el paragûas de coincidencias programáticas. En ésta etapa todo se resumió lisa y llanamente a cruzar ofertas entre distintas agrupaciones, aceptando muchos políticos la que le ofrecía mejor posición en las listas. Una vez cerradas, se efectuaba la presentación en sociedad de sus integrantes: “yo soy la pata radical”; “yo vengo de la Coalición Cívica porque encontré un proyecto que me contiene”; “yo soy empresario y lobbista, pero con sensibilidad social”; “yo soy la esposa del candidato”. Parece una ironía, pero lamentablemente no lo es.

 

Pretenden renovar sus cargos los mismos políticos de siempre, que prometen hacer en los próximos cuatro años lo que no hicieron en los últimos cuatro. El maquillaje se completa con árbitros de fútbol; artistas; deportistas, o quien habitualmente aparezca en televisión, sin que a los invitados se les indique previamente que ideas o proyectos deberán promover. Finalmente lo más dramático: en las próximas internas abiertas nadie quiere ir a internas. Cada uno armó su agrupación, que por cábala no llaman alianza, como si el cambio de nombre borrara la realidad. El peronismo de la provincia de Buenos Aires llegó al paroxismo: se presentan el Frente Para la Victoria (oficialismo); Frente Renovador (Massa), y Unión por la Libertad y el Trabajo (De Narváez), pero una vez más, no el Partido Justicialista. Cabe preguntarse, humilla a los candidatos integrarlo?

La única experiencia alentadora lo propone la nueva sigla UNEN en Capital Federal, que lleva a la práctica la interna congregando para senadores y diputados a figuras como Terragno; Prat Gay; Solanas; Carrió; Gil Lavedra y Loustau, entre otros, permitiendo que sea el ciudadano quien defina la ubicación en las listas. No es la solución óptima para conformar un partido coherente, en donde alguno de sus integrantes como Pino Solanas, manifiestamente no se siente cómodo. Pero que hayan domesticado sus egos para someterse a la consideración ciudadana ya es un éxito.

 

Preocupa lo contradictorio de los mensajes. Se habla de consensuar y dialogar, y se presentan un sinnúmero de agrupaciones, muchas de ellas con dudosa legitimidad de acuerdo a los requisitos legales establecidos por la ley de partidos políticos. Se habla de representar proyectos de cambio, y no existe una sola agrupación que los publiciten, si realmente existen, por Internet u otro medio de acceso público. Ello incluye al Gobierno; en la última elección a escasos días de conocerse el triunfo de la Presidente, se implementó el cepo al dólar. Que decisiones se adoptarán luego del 27 de octubre próximo, que no  se desea que el ciudadano conozca hoy?

 

Decía Maquiavelo hace más de 500 años: “Los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, pero pocos saben lo que eres”. En nuestra política comenzamos a saber quién es quién, sin necesidad de tocar.

 

SCRABBLE POLÍTICO

El scrabble es un conocido juego de mesa en donde cada jugador intenta sumar màs puntos mediante el armado de palabras en vertical y horizontal sobre un tablero, utilizando cien fichas con una letra cada una.

 

La ley electoral 26.571 del año 2009, que no incluyò la boleta única por la resistencia denodada de la vieja corporaciòn polìtica, estableciò primarias abiertas, simultàneas y obligatorias (PASO), como mètodo de selecciòn de candidaturas para cargos pùblicos electivos nacionales y habilitaciòn de partidos y alianzas para competir por tales cargos. Se aplicò por primera vez en el 2011, en donde todos los partidos evitaron la competencia interna, por lo que los resultados de la primaria se replicaron dos meses màs tarde en la elecciòn general de octubre, que ganó la presidente Cristina Kirchner con cerca del 54 % de los votos.

 

Las actuales negociaciones para acordar listas y precandidatos que competiràn el pròximo 11 de agosto en las primarias, para determinar quienes estarán habilitados a participar en la elecciòn general de octubre, muestra una asombrosa similitud con el juego de mesa scrabble. El pasado miércoles 12 cerró el plazo para inscribir las alianzas, lo que nos permite un análisis preliminar de las fichas del juego. El tablero està diseñado en base a los determinantes distritos de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Las fichas no tienen nùmeros sino nombres de listas y sus representantes y/o candidatos. Entre las fichas de Capital se encuentran  Acciòn Ciudadana (Lavagna); Fe en Acciòn (Venegas); Confianza Pùblica (Ocaña); Camino Popular (Lozano); Es Posible (Rodrìguez Saa); Izquierda por una Opciòn Socialista (Altamira); Partido Solidario (Carlos Heller); PRO (Gabriela Michetti); UNEN (Terragno; Solanas; Prat Gay para senadores) y Frente Para la Victoria (con Daniel Filmus en Capital Federal, quien votara todas las leyes contrarias al interès de la ciudad).La agrupación UNEN es la ùnica que presentarà varios candidatos que se someteràn al voto ciudadano para establecer los candidatos definitivos a diputados y senadores en octubre, entre los que se destacan los ya mencionados Terragno, Solanas (Proyecto Sur) y Prat Gay, y Gil Lavedra; Elisa Carrió (Coalición Cívica), Victoria Donda y Humberto Tumini (Libres del Sur), a diputados nacionales.

 

Entre las fichas provinciales se puede mencionar al Frente Renovador (representado por Alberto Fernández y ofrecido como apoyatura de Sergio Massa); Uniòn por la Libertad y el Trabajo (De Narvàez; Moyano y de la Sota); Frente Espacio Uniòn PRO (macrismo y Gustavo Posse); Frente Progresista Cìvico y Social (Stolbizer; Alfonsìn); Frente Popular Democràtico y Social (Vìctor De Gennaro); y Frente Para la Victoria (los candidatos aùn no los designò la Presidente).

 

Las señaladas son solo las màs relevantes entre un asombroso nùmero de agrupaciones inscriptas, integradas a su vez por otra agrupaciones desconocidas y dudosa existencia legal. Si se busca atentamente entre las variadas fichas, se ubicaràn a las otrora reconocidos Partido Justicialista y Uniòn Cìvica Radical, que en la actualidad ningùn polìtico desea utilizar en exclusividad.

 

Para comenzar con el juego de  scrabble habrà que esperar hasta el 22 de junio, fecha en la que vence el plazo para presentar la integración con nombres y apellidos definitiva de las listas, lo que no es un tema menor, porque entre otros aspectos deberà definirse que fichas perderàn el carácter de comodines que ostentan hoy. Entre los màs conocidos se encuentran Felipe Solà, Alberto Fernández, Patricia Bullrich y De Narvàez, que aùn no definiò si jugarà con De la Sota, Moyano, Scioli, Massa, Macri, o con todos ellos juntos. La ficha Massa complica todo el tablero, porque ni siquiera se sabe si participarà del juego. En las fichas del Frente para la Victoria todo es màs claro: estaràn prolijamente ordenadas, y seràn todas comodines. Si bien el inicio del juego se podrá realizar con la oficialización de precandidatos el 22 de junio próximo, la presentaciòn y cierre de alianzas permite formular algunas reflexiones preliminares.

 

En primer lugar, gran nùmero de las agrupaciones de actividad inexistente se crean al solo efecto de que sus representantes presionen a las que tienen mayores posibilidades electorales, para ser incluìdos en las listas de legisladores en lugares expectantes.  Puede observarse que la creatividad en elegir nombres para los “espacios” o  alianzas es elogiable, pero el nombre de los usufructuarios son siempre los mismos.

 

Tal liviandad creativa lleva a una duda preocupante: certifica realmente la Justicia Electoral que cada una de las agrupaciones cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Electoral 26.571 promulgada en el año 2009?

 

Citemos solo tres: para ser considerados partidos políticos, deben ser organizaciones estables regladas por carta orgánica (Artículo 1°); las listas de precandidatos deberàn ser avaladas por un mìnimo de adherentes, que en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires es de 4 por mil del total de inscriptos en el padrón general (Artìculo 3º); en el caso de diputados nacionales, cada agrupación política para integrar la lista definitiva aplicará el sistema de distribución de cargos que establezca cada carta orgánica poartidaria o el reglamento de las alianzas partidarias. (Artìculo 44ª).

 

Confirmada la oferta electoral este fin de semana, incursionaremos pròximamente en un aspecto esencial para la ciudadanìa: què proyectos diferencian a los candidatos, y que compromiso asumen para implementarlos? Hasta ahora, las discusiones se resumen en las expectativas personales de alcanzar los codiciados y bien rentados cargos legislativos.

 

 

ELECCIONES LEGISLATIVAS DE OCTUBRE: NEGACIÓN DE LA ESPERANZA

Desde el retorno de la democracia en 1983, no existió una votación nacional en la que el ciudadano deba afrontar tal ausencia de compromisos políticos partidarios y marcos referenciales informativos e institucionales para decidir su voto con responsabilidad y esperanza de un futuro mejor, como la que se realizará en octubre próximo. Llegar a este extremo no es culpa exclusiva del oficialismo, sino también se contó con el necesario aporte de las supuestas oposiciones.

Previo a intentar fundamentar este diagnóstico es oportuno explicitar un convencimiento, dado que no puede pretenderse reflexionar sobre la realidad política a partir de una asepsia ideológica o una capacidad de análisis inmaculada, como base para desentrañar los variados mensajes que distintos actores políticos pretenden imponernos. Todo intento de perpetuación en el poder, cualquiera fuese el sistema político vigente, lleva ineludiblemente a desvirtuaciones de la voluntad popular, personalismos paternalistas en el ejercicio del gobierno, patéticos cultos a la personalidad del líder, e inevitablemente, a niveles de corrupción en el manejo de los fondos públicos mayores que lo habitual.

Dicho esto, parecería ser que más que una elección legislativa, en octubre próximo se realizará un referéndum respecto a la posibilidad de una reforma constitucional que habilite una nueva reelección de la actual Presidente. Nada nuevo respecto a lo que reiteradamente viene sucediendo en nuestro país, tanto a nivel nacional como provincial. Recordemos sin ir más lejos, la última reforma contra reloj en la provincia de San Juan para posibilitar la reelección del actual gobernador Gioja, que entre paréntesis le ocasionó una pelea con su hermano, que entendía que era su turno para disponer del juguete provincial. Surge entonces la primera duda: la no reelección solo a nivel nacional es principista o simplemente oportunista?

No es una duda cínica ni menor. Si es oportunista ningún supuesto opositor nos asegura que cambie su compromiso ante la ciudadanía, y vote una reforma constitucional en el marco de “un gran acuerdo para mejorar las instituciones democráticas”. De hecho sucedió con la reforma constitucional de 1994, que para cumplimentar el objetivo de fondo que era la reelección del en ese entonces presidente Carlos Menen, y más allá de buenas intenciones de muchos constituyentes, la mayoría de los grandes objetivos proclamados quedaron posteriormente desvirtuados por los propios actores de la reforma, incumpliendo con la aprobación de un nuevo régimen de coparticipación federal; acotando severamente la autonomía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires; transformando al Jefe de Gabinete como nexo entre Gobierno y legisladores en una mera figura decorativa; burocratizando al Consejo de la Magistratura para continuar manipulando la designación de jueces federales, especialmente del fuero penal, y muchos ejemplos más.

Para peor, a diferencia de 1994, existe hoy el agravante de la ausencia de partidos políticos, por lo que no hay ejercicio político concreto de la ciudadanía entendida como inquietud cívica ejercida conjuntamente con sus tareas laborales habituales, sin tener necesidad de vivir de la política o ser adherentes rentados al poder de turno.  No es casual entonces que los candidatos sean sin excepción los mismos de los últimos años, queriendo permanecer los legisladores actuales a los que se les vence el mandato, y retornar los circunstancialmente ausentes en el último período legislativo.

La diferencia esencial entre oficialismo y supuestos opositores es que el gobierno tiene una figura presidencial excluyente y aglutinadora, contando para ello con los recursos públicos para contener a los adherentes acostumbrados a subsistir bajo el calor de los poderes de turno. En octubre los ciudadanos no tendrán propuestas. El oficialismo señalará que se plesbicitará “el modelo”, pese a que sus sostenes iniciales como el superávit fiscal y comercial ya no existen; las decisiones e implementaciones económicas son cada vez más cambiantes y limitadas en el tiempo, y los niveles de corrupción exceden largamente a las campañas periodísticas supuestamente desestabilizadoras.

Por su parte, los circunstanciales opositores se autoproclamarán defensores fervorosos de la Constitución; adalides en la defensa de la República, y quejosos del nivel de confrontación del Gobierno, sin explicar porque ellos, amantes del diálogo fructífero, no son capaces de conformar acuerdos basados en políticas trascendentes para la sociedad y avalarlas legislativamente, sin poner como condición ineludible para el diálogo ser candidatos. Menos aún pueden explicitar como pueden asegurar a la ciudadanía el cumplimiento de sus trascendentes compromisos, sin siquiera tener cada uno de ellos partido definido; equipos de trabajo conocidos; una sede a la que se pueda concurrir a informarse y  participar, o un simple mail de contacto.

Los ciudadanos tendremos que comenzar a reflexionar, más allá de adhesiones políticas o ideologías, sobre formas de participación política ciudadana más activas, ordenadas y permanentes, tendientes a mejorar sensiblemente el sistema institucional de representación, y no ser furgones de cola en el tren de las falsas opciones o fulgurantes promesas. 

CUANDO CLARÍN Y PÁGINA 12 COINCIDEN (parte II)

En la última reflexión señalábamos la importancia que tiene el periodismo para exponer la corrupción de funcionarios públicos y sectores privados asociados, aspecto relevante para entender los recurrentes debates entre poderes políticos y medios de comunicación por las limitaciones expresas o sutiles a la que se desea someter a la declamada libertad de expresión. Ello no implica desconocer que los medios de comunicación, que tienen la capacidad de generar “climas sociales”, en su diversidad empresarial e ideológica responden también a intereses particulares diversos. Las herramientas utilizadas abarcan un amplio espectro, que va desde la verdad al engaño, o lo más usual, el empleo de verdades a medias. Esta dicotomía los regimenes dictatoriales la resuelven fácilmente: los medios opositores se prohiben; expropian o ahogan financieramente. En los regimenes democráticos es el ciudadano receptor de mensajes el que tiene que aprender a detectar lo convincente de lo falaz; lo principista de lo obsecuente; la realidad del falseamiento. 

Analizado el cúmulo de información desde esta perspectiva, nos encontraremos quizás con sorpresa, que medios contrapuestos como Clarín y Página 12 coincidieron en que existe una enorme corrupción; solo difirieron en los ejemplos elegidos para sustentar su opinión. Por ello nos formulamos una pregunta: existen instancias institucionales, además de las periodísticas y judiciales, a las que la sociedad paga y sostiene para que actúen como control del Ejecutivo en defensa del interés común y no lo hacen? Existen, y son el Poder Legislativo y los organismos estatales de control. Que además, a diferencia del periodismo, que se debe manejar a través de difíciles trabajos de investigación; variadas fuentes documentales y testeos de veracidad, cuentan con todas las atribuciones legales y medios materiales para evitar irregularidades administrativas o defraudaciones al erario público. 

El Poder Legislativo, que congrega de por sí la diversidad política de todo el territorio nacional, tiene dos funciones: una de naturaleza legislativa (redactar leyes); y otra de carácter parlamentaria (ejercer control sobre los actos del Poder Ejecutivo). En este último caso, el Artículo 85 de la Constitución Nacional señala que deberá realizar el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, trabajando en coordinación con la Auditoría General de la Nación, que debe ser encabezada por un representante del partido opositor mayoritario. La realidad indica que el Poder Legislativo no legisla (la enorme mayoría de leyes las redacta el Poder Ejecutivo), ni ejerce la tarea de control fundamentalmente patrimonial, que da lugar a la corrupción, pese a que es su obligación. Por controlarse al Poder Ejecutivo, obviamente la responsabilidad mayor recae en las minorías opositoras, por lo que el problema no es de número, sino de actitud. Si existen dudas, recordar las actuaciones de legisladores como Alfredo Palacios o Lisandro de la Torre, entre muchos otros dignos ejemplos. 

Esto explica porque los casos de corrupción se explicitan casi exclusivamente a través de niveles periodísticos, a quienes acuden además quienes proveen documentación, dado que no confían en los legisladores. Estos recién actúan una vez instalada la denuncia, y en el colmo del absurdo, realizan réplicas mediáticas ante la justicia basadas en las mismas denuncias periodísticas. Para que exista gran corrupción en un gobierno e impunidad, tiene que haber gran complacencia de la oposición. 

A su vez existen organismos administrativos de control dentro del Estado con distintos niveles de supuesta autonomía, que evidentemente no cumplen con su tarea, pese a que ineludiblemente, según el aspecto que se trate, cuentan o deberían contar con toda la documentación necesaria, ya no informal, sino oficial, la que debieran aportar a la justicia. Vista la ineficacia de estos organismos en el control de desvíos de fondos públicos, cuando no ocultamiento de pruebas de ilícitos y protección de los responsables, es oportuno recordarlos.

1.- Auditoría General de la Nación (AGN). Encabezada por el radical Leandro Despouy, es un organismo autárquico que asiste al Congreso técnicamente en el control contable, legal y de gestión de las cuentas del sector público, actuando como fiscalizador y auditor. 

2.-Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Organismo autárquico conducida por Ricardo Echegaray, dependiente del Ministerio de Economía, encargado de la recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos nacionales.

3.- Unidad de Información Financiera (UIP). A cargo de José Sbatella, se desempeña con autarquía en el área del Ministerio de Justicia, y tiene como principal misión combatir el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

4.- Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Con Daniel Reposo como máximo responsable, depende de la Presidencia de la Nación, y tiene como función la de dictar y aplicar normas de control interno de los recursos públicos, debiendo actuar en coordinación con la Auditoría General que encabeza Despouy.

5.- Inspección General de Justicia (IGJ). A cargo de Luis Tailhade, depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y  debe autorizar y fiscalizar a las sociedades comerciales nacionales y extranjeras; asociaciones civiles y fundaciones, que se constituyan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

6.- Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). A cargo de Guillermo Noailles, depende de la Procuración General de la Nación, y es la encargada de investigar hechos de corrupción e irregularidades administrativas cometidos por funcionarios y agentes de la administración pública nacional.

Dos aspectos a destacar:

1) Ninguno de los organismos es independiente y actúa con autarquía, sino por el contrario, tienen una directa y determinante dependencia del Poder Ejecutivo, y en el caso de la Auditoría General, del Legislativo.

2) De actuar conforme a sus obligaciones cada uno de los organismos, las condiciones de culpabilidad o inocencia de funcionarios y empresarios acusados de corrupción se establecerían en muy corto plazo, mas allá de polémicas periodísticas, pues poseen las documentaciones legales y oficiales que determinan la validez de las pruebas, que enviadas a la justicia, avalarán culpabilidades o inocencias.

Esto no sucede, lo que permite que la corrupción se enmascare en polémicas públicas y mediáticas, que concluyen en impunidad. Eso sí, nadie duda de que los enriquecimientos de funcionarios públicos es indisimulable.

CUANDO CLARÍN Y PÁGINA 12 COINCIDEN (parte I)

La demanda de libertad de expresión, que asombrosamente a 30 años de instalado el sistema democrático de gobierno provoca hoy acalorados debates y acusaciones entre sectores políticos y empresariales, es condición necesaria para posibilitar lo esencial que permita que la sociedad esté adecuadamente informada y cada ciudadano posea su propia opinión: que exista diversidad de medios que canalicen y publiciten las informaciones y opiniones.  Tamaña responsabilidad comunicacional se enriquece con las diferencias ideológicas, pero también incluye inevitablemente intereses sectoriales, económicos y aún personales.

Por ello instalar el debate en términos de grupos monopólicos, golpes destituyentes o sectores antidemocráticos, no solo es degradante sino falaz. Las libertades no pueden ser conculcadas, limitadas o reguladas en aras de proteger a la sociedad de empresarios y/o periodistas corruptos, que sin duda existen y siempre existirán. El verdadero origen de éstas tensiones entre sectores públicos y privados no solo se dan en nuestro país sino en otras sociedades, por una razón básica: mientras el Estado cuenta prácticamente con todos los instrumentos para actuar e incidir en distintos sectores de la sociedad y publicitarlo acorde su interés político (el Estado nos representa a todos), usualmente son los medios de comunicación quienes transmiten a los pueblos aspectos del manejo de gobiernos u empresas, que por diversas razones éstos desean ocultar. En este complicado juego de intereses, cuando algunos de dichos sectores pretende convertirse en salvaguarda de las libertades y salud mental de los ciudadanos, acallando las voces supuestamente conspiradoras, más allá del ropaje que se utilice, inevitablemente se caerá en una dictadura.

La diversidad de expresiones permite cotejarlas, balanceando la utilización habitual de una ley básica de la propaganda política, que entre otras, fuera admirablemente analizada por el intelectual francés Jean-Marie Domenach en 1950, que dirigiera en París un Centro de Formación de Periodistas: la regla de la Exageración y Desfiguración, usada corrientemente por la prensa partidista o sectorial, ya sea pública o privada, consistente en la exageración de las noticias, haciendo resaltar todas las informaciones que sean favorables o desfavorables según el objetivo buscado. Otra de las reglas de la propaganda llamada de Unanimidad y Contagio, basada en la presión que la opinión del grupo ejerce sobre la individual, plantea el problema de cómo trasladar la información a las masas. Para resolverlo se aplicó el principio que el nivel intelectual del mensaje masivo deberá ser tanto más bajo cuanto más grande sea la cantidad de personas a convencer. No sorprende entonces la utilización permanente en las propagandas de mensajes breves y contundentes que nada informan: “Este es el mejor gobierno de la historia”; “Existen grupos económicos destituyentes”; “Nos combaten sectores antidemocráticos”; “Argentina, país de buena gente”. Un buen ejemplo de esta brevedad que no enriquece, es la reciente y conocida propaganda con fuerte contenido subliminal: “Ella o vos”, que en realidad significa “Ella o yo”. Más importante para la sociedad, de aplicación para todos los candidatos en la próxima elección, sería plantear “porqué yo?”, y sustentarlo.

Ante este panorama de la comunicación de masas, que si bien es cada vez más sofisticado por los avances tecnológicos, mantiene principios de propaganda política que no se apartan de los desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial, cabe preguntarse qué hacer para formarnos opinión ante supuestas verdades o falsedades, o posibles acciones de propaganda o contrapropaganda. Una respuesta es comparar informaciones opuestas o contradictorias, completarlas en lo posible con datos adicionales, razonar, y finalmente optar. A este libre albedrío temen no solo las dictaduras, sino también los gobiernos con baja calidad democrática. Pero surge la duda: este planteo teórico es fácil expresarlo pero difícil aplicarlo?

Valga como ejercicio una reciente coincidencia, posiblemente no deseada, entre dos medios situados en las antípodas editoriales y políticas: Clarín y Página 12.  Es conocido el impacto que produjo en la opinión pública las denuncias del periodista Jorge Lanata respecto a los enormes enriquecimientos patrimoniales que en menos de una década tuvieron distintos empresarios y funcionarios relacionados directamente con el gobierno, uno de cuyos exponentes fue el empresario patagónico Lázaro Báez. Como es habitual, se generaron desde otros sectores públicos y privados estrategias para minimizar la seriedad de las denuncias.

El periódico Página 12 reactualizó el caso del ex empleado del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, que administraba activos de clientes de Argentina y Chile, y se encuentra prófugo de la justicia de Estados Unidos por robo de dinero de algunos de ellos. Instalado en nuestro país, denunció hace 5 años en carácter de “arrepentido” a varias empresas argentinas, entre ellas Clarín, por evasión a través de dicho Banco. Arbizu fue recientemente invitado a programas televisivos, y la dra. Gils Carbó señaló que esta causa se encuentra paralizada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 12 a cargo del Juez Federal Sergio Torres, en cuyo expediente también está como fiscal al dr. Marijuan, al que se quiere apartar del caso Lázaro Báez.

Analizadas las informaciones que brindan ambos medios periodísticos, se concluye que existe total coincidencia entre ellos en lo que realmente le importa a la sociedad: que el traslado de fondos públicos a funcionarios y sectores privados a través de la corrupción, y el manejo de la justicia del fuero federal penal, llegó a límites insostenibles. Cabe recordar que uno de los directivos de Página 12, dr. Horacio Verbitsky, fue autor de uno de los mejores trabajos de investigación respecto al fenómeno de la corrupción del Estado, que plasmara en su libro publicado en 1991 titulado “Robo para la corona”, en base a una frase atribuída al Ministro del Interior de Carlos Menem, José Luis Manzano, hoy empresario de multimedios.

Destacada la importancia de los medios de comunicación en exponer a la consideración pública acciones y/o negociados que funcionarios públicos y empresarios privados desean ocultar, aún cuando dichas denuncias coexistan con intereses particulares (de hecho la presente reflexión lo explicita), cabe ahora preguntarse: existen instancias no periodísticas sino institucionales, a las que la sociedad paga para que actúen como control en defensa del interés común y no lo hacen? Pensémoslo.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA MAYO 2013

Se resume en la presente agenda mensual el seguimiento rutinario de casos judiciales de corrupción sustanciados por la justicia federal penal, que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado. Conocer el avance de las distintas causas, muchas de ellas originadas años atrás, nos ilustrará sobre los verdaderos objetivos de la mal llamada democratización de la justicia.

1.- Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

La investigación está a cargo de Sebastián Casanello, responsable del Juzgado Federal Nº 7, y el fiscal Guillermo Marijuán. Inicialmente cabe formular tres comentarios: 1) el crecimiento económico exponencial del empresario Báez por sus contactos con la política es largamente conocido, y motivó denuncias y acusaciones de sectores políticos y periodísticos en los últimos años. Pero se lo debe evaluar solo como un emergente de una enorme trama de complicidades para lucrar con fondos públicos. 2) El primer síntoma en el accionar judicial fue el de haber evitado acusar al empresario, y demorar el allanamiento de la financiera sindicada como intermediaria de las operaciones, ubicada en Madero Center. 3) El fiscal Marijuán esta actuando con tal celeridad, que hace suponer que a la brevedad será apartado de la causa, como sucediera con el fiscal Rívolo en el caso Ciccone.

2.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

El juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral y público el pasado 16 de enero, sin procesamientos al ministro responsable del área, ni gremialistas mencionados por el propio Bonadío como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio. Se está a la espera de fijación del inicio del juicio oral, que llevará a cabo el Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por Oscar Amirante; Adrián Grunberg y Pablo Laufer.

3.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

El juicio oral se tramita en el Tribunal Oral Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Como era de preverse, las declaraciones del ex presidente y actual funcionario de gobierno Carlos Alvarez, alias “Chacho”, que presidiera el Senado al momento del pago de las supuestas coimas, nada aportaron al esclarecimiento del hecho. Solo resta esperar las declaraciones de los ex titulares de la SIDE Carlos Sergnese y Carlos Becerra, como las de el actual titular Icazuriaga y otros agentes de la Secretaría de Inteligencia, a quienes la presidente Cristina Kirchner relevó mediante decreto de la obligación de guardar secreto para que puedan declarar como testigos en el juicio. Es de suponer que no aportarán elementos probatorios concretos, por lo que el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados. Demás está decir que ello no implica que las coimas no hayan existido.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

Transcurridos más de dos años del inicio de la instrucción, y mas allá de las recurrentes detenciones y liberaciones de Sergio Schoklender y su grupo, en los que concentró la investigación casi en exclusividad, el juez Norberto Oyarbide aún no elevó la causa a juicio oral y público, por lo que se aleja la posibilidad de que el Estado recupere el dinero público apropiado por integrantes de la Fundación. Tampoco el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, a más de diez meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados por el Estado nacional a la Fundación para construir viviendas, gran parte de ellos licuados por la corrupción. 

5.- Detención del Jefe de Policía de Santa Fe acusado de mantener contactos con el narcotráfico

Luego del alienado cruce de acusaciones entre el gobernador Bonfatti, el candidato presidencial Binner y el diputado nacional Agustín Rossi, en relación al negocio de las drogas en la provincia, el máximo responsable nacional en la lucha contra el narcotráfico Rafael Bielsa, a cargo en ese entonces del organismo Sedronar, fue designado por el empresario Eurnekián director de Aeropuertos Argentina 2000. Ello confirma que la multiplicidad de conocimientos por parte de los políticos nacionales es inagotable.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, concluyendo las causas en escandalosos sobreseimientos generalizados, o bien, de no ser posibles, las actuaciones se prolongan hasta que operen las prescripciones.

DEMOCRATIZACIÓN, MANIFESTACIÓN Y CORRUPCIÓN

En los últimos días se produjeron hechos políticos de trascendencia, y como ya es habitual, se enmascararon causas y contradicciones mediante grandilocuencias y  mensajes épicos desde los niveles políticos, matizadas con las inevitables frivolidades en determinados espectáculos mediáticos.

En esta vorágine comunicacional, bienvenida en un sistema democrático con pluralidad de opiniones, ya que es responsabilidad individual interpretar mensajes y establecer  intenciones y objetivos, es oportuno destacar determinados aspectos que nos permitan reflexionar alejados de la categoría emocional de “les creo o no les creo”, o si se es kirchnerista o antikirchnerista, oficialista u opositor, neoliberal o progresista, todos ellos ropajes ideológicos que el desenvolvimiento político de las últimas décadas demostró vacíos de contenido, dado que se puede pasar con asombrosa facilidad de un sector al opuesto, a condición  de que el converso pueda seguir usufructuando cargos políticos.

El gobierno de manera intempestiva resolvió encarar lo que denominó “democratización de la justicia”, a través de medidas que no es el caso analizar en esta nota. Debe observarse inicialmente que se utilice el término “democratizar” tras treinta años de ejercicio ininterrumpido de gobiernos democráticos, y que lo utilice un gobierno que ejerce desde hace diez años el poder. Tan poco respeto siente por sì misma la clase política? También mueve a sospecha que la reacción transformadora la haya provocado la justicia Civil y Comercia Federal, supuesta protectora de “grupos monopólicos”, y no la justicia Penal Federal, encargada de proteger el patrimonio público de la acción delictual de funcionarios públicos asociados con grupos privados que actúan, ahora sí “monopólicamente”, en  los negocios espúreos con el Estado. Se critica al juez de las Carreras, que entiende en la ley de medios, como un defensor del “poder económico”, pero los mismos acusadores no aplican el mismo fervor ante los resultados de las investigaciones por delitos económicos y enriquecimientos patrimoniales escandalosos que involucran a funcionarios y empresarios, por parte de jueces federales como Oyarbide, Canicoba Corral, Bonadío y Servini de Cubría, a quienes los actuales funcionarios cuando no ejercían el Gobierno denominaron jueces emblemáticos del menemismo. Sin duda alguna que el actual funcionamiento de la justicia exige una profunda reforma, pero no para transformar a jueces honestos y capaces en complacientes , sino a la inversa.

El pasado jueves 18 se repitieron las multitudinarias manifestaciones convocadas básicamente a través de redes sociales, bajo consignas tales como la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción. Se contó con la tímida presencia entre la multitud de algunos políticos supuestamente opositores, guiados por la búsqueda de  votos que les permita seguir siendo legisladores, acentuando el convencimiento que todavía no ha surgido el político que encarne con fuerza y convicción reclamos mayoritarios y se ponga a la cabeza de los mismos. El intento de interpretar deseos y exigencias de los autoconvocados, reiteró la visión fascista de ciertos sectores autodenominados progresistas, al pretender desacreditar los reclamos en función de las supuestas clases sociales que los formulan. Acorde a este encuadre sectarista, los manifestantes que se expresaron en distintos puntos del país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, responden a sectores medios y altos. Cabe preguntarles entonces a estos modernos Goebbles: a qué sectores involucró la corrupción que provocó los muertos y heridos en la tragedia ferroviaria de Once? O la reiterada ineficacia estatal que se transparentó en los inmensos daños en vidas y bienes por las recientes inundaciones en las ciudades de Buenos Aires y La Plata? A qué sector social pertenecen los funcionarios enriquecidos en la función pública y aparecen hoy en posesión de empresas, campos y propiedades varias, y que sin embargo no asistieron a la marcha? Posiblemente diría el ex presidente Clinton ante tal catalogación: “Se reclama la honestidad y eficacia en el manejo del patrimonio público, estúpido”

El tercer suceso lo constituyó la investigación periodística de Jorge Lanata referida al  posible lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, cuyo patrimonio tuvo un crecimiento exponencial en la provincia de Santa Cruz como resultado de sus fuertes y reconocidos lazos políticos a nivel provincial y nacional. Si bien sus antecedentes como el de tantos otros empresarios no son nuevos, lo distintivo lo aportaron las confesiones de personajes subsidiarios como Elaskar y Fariña, que detallaron partícipes y metodologías de circulación de dinero de la corrupción. Como suele suceder con estas denuncias a partir de su instalación pública, se desató un aquelarre mediático que orillaba entre lo fellinesco en ciertos niveles, y la estrategia de la confusión para diluír responsabilidades en otros más sofisticados.

Sin embargo la expresión más preocupante no la pronunció Lanata, Fariña, Elaskar o Lázaro Báez, sino los responsables de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, cuando señalaron que investigarían la denuncia. Es impensable que la AFIP, que en el término de 48 horas responde a un ciudadano que solicita 1.000 dólares para viajar al exterior que no reúne las condiciones necesarias, o desde el más alto nivel político se denuncia a un operador inmobiliario por no presentar su declaración anual de bienes, no posea toda la información patrimonial y contributiva actualizada de los involucrados mencionados, como también de los que actúan como testaferros, intermediarios financieros, y responsables de las coberturas económico-legales de estas organizaciones. La pregunta entonces debe ser: porqué se oculta desde el Estado, a través de la AFIP, la Unidad de Información Financiera y la Sindicatura General de la Nación, que debe controlar a las sociedades comerciales, los escandalosos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos y empresarios privados asociados, ya sea con o sin lavado de dinero?

  

SUBTERRÁNEOS: EJEMPLO DE NECEDAD POLÍTICA

En la reflexión del pasado mes de noviembre, señalábamos respecto al traspaso de los subtes: “En un sistema democrático las funciones de mediación entre lo complejo de un acto administrativo, y la capacidad de comprensión del usuario como destinatario final de dicho acto, la deben cumplir los funcionarios y legisladores involucrados. Lamentablemente ello no es habitual, transformándose lo que debieran ser debates esclarecedores, en competencias verbales en base a vaguedades tales como neoliberalismos, progresismos, macrismos o kirchnerismos”.

A partir del 03 de enero de 2012, cuando se suscribió un Acta Acuerdo por la que el Estado Nacional, luego de haberla ejercido durante 18 años, transfirió al Gobierno de la Ciudad y éste aceptó, la operación del Servicio de Transporte Subterráneo, se desató un alúd de vacías declamaciones, con una total ausencia de datos concretos. Para ello fue fundamental que pese a la enorme complejidad del acto jurídico, las condiciones de traspaso se fijaron en solo dos páginas con cinco artículos, sin ninguna otra información técnica, jurídica o patrimonial anexa.

El resultado de tamaña irresponsabilidad se reflejó en las tardías discusiones sobre si la transferencia era acompañada de los fondos nacionales correspondientes , y si existían inventarios de bienes y estructura de costos del servicio, atento a que el subterráneo, como el transporte en general, había sido fuertemente subsidiado por el gobierno nacional, política esta que resultó un excelente sistema para que los más pobres subsidiaran a los más ricos, y muchos funcionarios públicos y empresarios privados se enriquecieran escandalosamente.

A este contexto se sumaron los sectores que se dicen representantes del interés común y para ello cobran salarios privilegiados, que en lugar de actuar en forma coordinada para lograr un mejor servicio a un costo razonable, desataron un cruce de opiniones y acusaciones especulativas en lo político y mediocres en lo técnico-económico, rayanas en el absurdo. Ello provocó que una vez mas, los usuarios, que como tales representan la verdadera diversidad ideológica y social, sean los permanentes perjudicados.

Tras el Acta-Acuerdo, el primer acto conmocionante lo generó la dirigencia gremial, llamando a un salvaje paro de actividades que paralizó el servicio por más de una semana, sometiendo a los ciudadanos de Buenos Aires a un caos del transporte. Dirigencia gremial que, vale recordar, no actuó ni con parecida firmeza ante las desinversiones, falta de mantenimiento y ausencia de control por parte de las autoridades estatales responsables a lo largo de la concesión, que se producían día a día ante sus propias narices.

Lo insólito de estas superficiales polémicas a 14 meses de firmada la mencionada Acta Acuerdo de transferencia, es que ni los ejecutivos nacional y porteño; legisladores supuestamente oficialistas u opositores; sectores gremiales y la empresa concesionaria Metrovías, informaron a la sociedad a la fecha cual es el costeo actualizado del servicio, en función de los habituales indicadores económicos y técnicos (bienes de capital; amortizaciones; masa salarial; gastos generales; costos financieros y beneficio empresario, entre otros). De no tener éstos datos, cómo es posible afirmar si el valor de un pasaje es o no razonable?

Para quienes piensan que cuando se ingresa en el camino de la necedad es muy difícil parar, recientemente se produjo otro hecho revelador. El legislador porteño Alejandro Bodart, del bloque MST-Proyecto Sur, presentó un recurso de amparo para que no se aplicara el incremento del boleto de $ 2,50 a $ 3,50. El recurso ingresó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nª 3, a cargo del juez Pablo Mántaras, que con un entusiasmo  digno de aplicarse a juzgar el cumplimiento de las leyes, acorde a su formación profesional, está analizando cuál es el valor adecuado del servicio, y dentro de que condiciones dicho valor deberá ser aplicado. En síntesis, el juez de la Justicia porteña Mantarás es quien definirá lo que a la fecha no supieron hacer la empresa Metrovías ni los funcionarios y legisladores involucrados, entre los que se encuentra el legislador Bodart, a quien se le paga para que analice y estudie los actos administrativos del Ejecutivo que afectan a los usuarios y contribuyentes, y no que haga demagógicos recursos de amparo para que sea otro el que investigue. Ni pensar lo que podría suceder si los representantes gremiales de los trabajadores de los subtes, hoy silenciosos y muy comprensivos con el bolsillo de los usuarios, dentro de pocos meses afectaran nuevamente la prestación del servicio con demandas salariales. Propondrán en ese caso incrementar el costo del pasaje, o que la diferencia salarial salga de los impuestos que pagan los ciudadanos?

La verdadera política consiste en gobernar en un marco de razonabilidad y justicia, porque toda acción que beneficie a determinados sectores, implica resignar pretensiones de otros sectores. Por eso los gobiernos populistas y los políticos mediocres son nefastos para cualquier sociedad democráticamente organizada. Hacen creer que los subsidios y beneficios sectoriales indisciminados e injustos es una gracia que parte de la generosa mano del “líder” de turno,  cuando en realidad cualquiera sea el sistema político, los recursos se obtienen ineludiblemente de los aportes de los ciudadanos. No entenderlo de éste modo, hará que recurrentemente en el tiempo aparezcan “los indignados”. Pero ya será demasiado tarde.

 

EXISTEN REALMENTE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS?

Las recurrentes discusiones y asimetrías salariales entre los distintos organismos del Estado nacional, provinciales y aún municipales, exponen con crudeza que las políticas públicas siquiera tienen un horizonte previsible de un par de meses, y mucho menos aún de un año.

Mas allá de declamaciones estentóreas y grandilocuentes, la factibilidad de las políticas de estado quedan plasmadas en el único instrumento que puede convertir los deseos en realidad: los presupuestos públicos elaborados por los distintos Poderes Ejecutivos, que son los verdaderos instrumentos de desarrollo de una sociedad, al establecer prioridades y perseguir objetivos para el corto plazo de un año, y posibilitar el normal desarrollo de los de largo plazo. La tarea exige mantener negociaciones previas entre los diversos sectores públicos y privados involucrados, valorizar costos administrativos, proyectar indicadores económicos, definir salarios públicos e inversiones, para luego plasmar ingresos y egresos, debiendo incluir éstos últimos una reserva ante situaciones imprevistas, tales como emergencias y catástrofes. De este modo se manifiestan las verdaderas políticas de gobierno y resultados de gestión, que pueden posteriormente denominarse Proyecto Nacional, Modelo, o el nombre de fantasía que se prefiera.

Una vez confeccionados son elevados a consideración de los correspondientes Poderes Legislativos para ser analizados, eventualmente modificados, y transformados en Ley, que en el caso del Presupuesto Nacional, que también involucra a provincias y municipios, no en vano es conocida como “la Ley de leyes”. No concluye aquí la tarea legislativa; los denominados representantes del pueblo deben ejercer un control permanente de su correcto cumplimiento, muy especialmente los sectores de oposición, que para ello la sociedad les otorgó el mandato en el carácter de tal.

El primer pensamiento del lector podrá ser que lo expresado no aporta nada nuevo a lo ampliamente conocido. Cabe entonces preguntarse cómo es posible que todos los años se repitan los descalabros y desigualdades salariales de los distintos organismos del Estado, y muy especialmente sean endémicos los conflictos del sector docente, que están llevando a la educación pública a niveles extremos de degradación, con cada vez menos días de clase efectivos en cada ciclo anual, lo que se traduce en un desbalance mortífero entre sus alumnos y los que concurren a establecimientos privados.

El Presupuesto Nacional del año 2013 comenzó a diseñarse en el pasado mes de julio, siendo aprobado en Diputados con 147 votos positivos y 87 negativos, y por el Senado por 42 votos a favor y 23 en contra. El 05 de noviembre de 2012 fue promulgado por el Gobierno nacional. El Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, por su parte, fue sancionado el 01 de noviembre de 2012. Los que en ambos casos votaron negativamente, deben aceptar obviamente la decisión de las mayorías y convertir sus objetivos en propios, pero sin renunciar a su ineludible obligación de controlar que se ejecute según lo establecido, y evaluar sus resultados concretos.

Si ejemplificamos lo antedicho con el conflicto salarial docente de la provincia de Buenos Aires, es natural suponer que dirigentes políticos oficialistas y opositores; gremialistas docentes y funcionarios del Ejecutivo provincial encabezados por Daniel Scioli, sabían perfectamente cuáles serían los salarios aprobados para todo el ejercicio del año 2013. Entonces, qué se está discutiendo en marzo de éste año, dejando a miles de alumnos sin la mentada “educación pública”?

A partir de esta pregunta cercana a la estupidez, se abren distintas hipótesis que no son tratadas por la mayoría de los analistas políticos, y menos aún, por los políticos de distintas vertientes partidarias sean oficialistas u opositores, acostumbrados a opinar mediáticamente de innumerables temas sin jamás proveer información concreta. No se conoce, por ejemplo, si la crisis provincial docente se origina porque Nación no envía mensualmente las partidas que corresponden a Buenos Aires, o bien la provincia elaboró un presupuesto irreal que ahora necesita de “un auxilio” no previsto por parte de la Nación. Por otra parte, cabe preguntarse si los dirigentes gremiales docentes se tomaron el trabajo de estudiar en noviembre de 2012 el presupuesto para éste año, porque no se entiende que recién ahora descubran que los incrementos aprobados por ley son muy inferiores a lo pretendido. Los interrogantes se suman: en caso de otorgarse a los docentes un incremento salarial mayor al previsto por ley, de qué partida saldría la diferencia? Si fuera la asignada a Educación, se afectará por ejemplo el rubro  mantenimiento de escuelas? Si así fuera, saldrían oportunistas dirigentes políticos y gremiales a criticar al adversario  político que ejerce el gobierno (por ejemplo Cristina Kirchner en Nación y Mauricio Macri en la ciudad capital), por no ejecutar las obras afectadas por la redistribución de partidas que ellos mismos promovieron?

La política salarial del Estado llegó a tales niveles de caos, desigualdad, injusticia y privilegios, que las diferencia entre los salarios jerarquizados de cargos políticos, legislativos y judiciales con la enorme masa de trabajadores de los sectores de la educación, salud y seguridad alcanza niveles escandalosos. Lo expresado incluye a las supuestas reparticiones estatales que se escudan en una falsa “autarquía financiera”, que no es tal cuando sus ingresos provienen de aportes de los contribuyentes en forma directa y obligatoria, o a través del Tesoro Nacional para cubrir sus enormes deficits operativos. En esta política de privilegios colaboran los conocidos dirigentes gremiales del sector público, siempre más atentos a sus intereses políticos personales que al de sus representados.

Esto se llama política salarial pública nacional y popular?

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA MARZO 2013

Se resume en la presente agenda mensual de seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción sustanciados por la justicia federal penal, que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, las novedades recientes.

1.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

El juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral y público el pasado 16 de enero, sin procesamientos al ministro responsable del área, ni gremialistas mencionados por el propio Bonadío como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio. A último momento y luego de haberlo procesado, el 14 de febrero dictó falta de mérito a Mario Cirigliano, uno de los dos hermanos responsables de la empresa concesionaria Cometrans. El juez Bonadío señaló que la empresa desvió a otras empresas vinculadas que no hacían a la prestación del servicio más de 45 millones de dólares. El proceso lo llevará a cabo por sorteo el Tribunal Oral Federal Nº 1, integrado por Oscar Amirante; Adrián Grunberg y Pablo Laufer. Se ignora la fecha de inicio del juicio, que por razones obvias debe ser en el corto plazo, para evitar la dilución de la causa.

2.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

El juicio oral que se tramita ante el Tribunal Oral Federal nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere, se reanudó el pasado 12 de febrero tras las lamentables declaraciones que nada aportaron a la causa del ex vicepresidente Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas coimas y provocara un cimbronazo político tras su renuncia. Se puede presuponer que si de las declaraciones de los ex titulares de la SIDE Carlos Sergnese y Carlos Becerra, como las de el actual titular Icazuriaga  y otros agentes de la Secretaría de Inteligencia, a quienes la presidente Cristina Kirchner relevó mediante decreto de la obligación de guardar secreto para que puedan declarar como testigos en el juicio para informar sobre la contabilidad interna u otra documentación, no surgen elementos probatorios concretos, el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados.

3.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

Transcurridos más de veinte meses del inicio de la instrucción, y mas allá de las recurrentes detenciones y liberaciones de Sergio Schoklender y su grupo, en los que concentró la investigación en exclusividad, el juez Norberto Oyarbide demorará la elevación de la causa a juicio oral y público el mayor tiempo posible, por lo que se aleja la posibilidad de que el Estado recupere el dinero público apropiado por integrantes de la Fundación. Por su parte el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, no informó porque a más de ocho meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados por el Estado nacional a la Fundación para construir viviendas, gran parte de ellos licuados por la corrupción. 

4.- Detención del Jefe de Policía de Santa Fe acusado de contactos con el narcotráfico

Luego del alienado cruce de acusaciones entre el gobernador Bonfatti, el candidato presidencial Binner, el diputado nacional Agustín Rossi, y el increíble silencio del máximo responsable nacional en la lucha contra el narcotráfico, Rafael Bielsa, producidas a partir de la detención y posterior liberación por orden del juez federal de Rosario Carlos Vera Barros del ese entonces Jefe de Policía de Santa Fe Hugo Tognoli, los contendientes se llamaron a silencio. Se habrán asustado los narcotraficantes y funcionarios estatales cómplices por el fuerte debate?

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, concluyendo las causas en escandalosos sobreseimientos generalizados. De no ser posibles, las actuaciones se prolongan hasta que operen las prescripciones.