REFLEJOS ENTRE BRASIL Y ARGENTINA

Hace más de 500 años, aconsejaba Maquiavelo al príncipe: “Lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio sólo acaba de traer el bienestar y la seguridad”. Será aplicable  este concepto para reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre los procesos que atraviesan Brasil y Argentina?

A modo referencial, resaltamos algunas similitudes temporales y numéricas. Lula asumió la presidencia de Brasil el 1° de enero de 2003; Néstor Kirchner el 25 de mayo del mismo año. Sucedió a Lula  en el 2011 Dilma Rousseff, y a Kirchner en el 2007 su esposa Cristina. En las recientes elecciones presidenciales del 2015, Dilma alcanzó en la primera vuelta el 41,59%, y en la segunda el 51,62%, superando a Aécio Neves por 3,24%. En Argentina los porcentajes fueron similares, pero no el resultado político. En la primera vuelta el candidato oficial Scioli obtuvo el 37,08%, pero en la segunda perdió ante Macri por 2,68%. La primera conclusión debiera ser que la diferencia del 3,24% a favor de Rousseff, y del 2,68% para Macri, otorga a ambos gobernantes plena condición de legítimos representantes de una decisión democrática mayoritaria, que no puede ser burlada por especulaciones capciosas por parte de las minorías.   Otro aspecto a considerar, es que tanto Rousseff como Macri asumieron la presidencia tras doce años de gobierno de un mismo partido, considerados populistas, y a los que se les reconoce haber generado una mejora social. Cómo se explican entonces, con sus matices, las crisis económicas de ambos países?

Quienes gobiernan deben saber que son inevitables los períodos cíclicos de “vacas gordas y vacas flacas”, por lo que es necesario aplicar políticas de crecimiento y “distribución del ingreso” de mediano y largo plazo, que prevean y minimicen futuras crisis. Pero se pueden implementar y consolidar éstas políticas con una desaforada corrupción estatal-privada? La corrupción es necesariamente de corto plazo, usufructuada por los beneficiarios directos, por lo que es imposible que quienes sustraen recursos del Estado en beneficio propio, en paralelo promuevan políticas consistentes de largo plazo. Solo se intenta disimular el saqueo con desprolijas políticas de subsidios sectoriales y clientelares, buscando una subyacente complicidad a través del “roban pero me dan”. El resultado es que a costa del Estado, surgen castas de funcionarios, familiares y empresarios multimillonarios. Lo que “parece” virtud cuando sobran recursos, mal empleados concluyen en ruina. Maquiavelo no estaba equivocado.

Este es el problema que afrontan Dilma Rousseff en su continuidad, y recibe Mauricio Macri con el nuevo gobierno de Cambiemos: el fin de la “aparente virtud”. El espejo de Brasil, nos muestra la fuerte imbricación entre poderosas empresas estatales (Petrobras), y privadas (constructora Odebrecht), al igual que en nuestro país. Pero en Brasil, es destacable que la rápida y eficaz actuación del juez Sergio Moro y varios fiscales, no haya sido sometida a estrategias de desprestigio y presión por parte del gobierno.  

Para concluir cabe preguntarse: sería justo y oportuno destituir a Dilma Rousseff? Los argentinos tenemos antecedentes no muy lejanos para intentar una respuesta. La crisis del 2001-2002, se produjo con un gobierno de coalición, reflejada en la fórmula presidencial: el presidente De la Rúa (UCR), y el vice Carlos Alvarez (Frepaso). Alvarez renunció insólitamente en el 2000, a 10 meses de asumido. 14 meses más tarde, en diciembre del 2001, cayó De la Rúa. En enero del 2002 los legisladores eligieron a Duhalde como presidente, como resultado de acuerdos que incluyeron a radicales y frepasistas, muchos de los cuales más tarde se sumaron al justicialismo kirchnerista (incluido Carlos Alvarez). Bajo este nuevo paraguas “aliancista”, se realizó un default de deuda; fuerte devaluación e incautación de depósitos privados, con una descontrolada desocupación. Acciones que jamás se le hubiera permitido al legítimo gobierno de la Alianza. 

Visto que en Brasil muchos opositores, vicepresidente incluido, son tan responsables y corruptos como muchos oficialistas, es dable suponer que la destitución de Dilma Rousseff solo buscaría legitimar un fenomenal ajuste, similar al que sufrieron los argentinos en el 2002. Para paliarlo, el mal menor para los brasileños consistiría en lograr acuerdos políticos amplios para enfrentar la crisis,  e instrumentarlos bajo la presidencia de Dilma Rousseff, hasta el fin de su mandato. Dichos acuerdos deberán mantener el envidiable grado de independencia exhibido por la justicia brasileña para combatir la corrupción.

Buenos Aires, 27 de abril 2016

ARGENTINE PAPERS

Los robos de información sensible o hackeos informáticos, cada vez más frecuentes a nivel mundial, desnudan políticas de instituciones u ocultamientos de fortunas de personajes reconocidos.  En este contexto, el caso Panamá Papers refiere a la creación de empresas “off shore” (fuera del país de origen), en los llamados paraísos fiscales. De no ser lícito y declarado, el dinero a ocultar tiene tres orígenes: evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción. Dada la mecánica del armado jurídico-financiero de estas empresas, sorprende la repercusión de los Paraná Papers en nuestro país, donde es el propio Estado y su entramado político, quien brinda inmensas facilidades para la cobertura de operaciones corruptas estatales-privadas, superando holgadamente a los especialistas en el exterior. Hagamos un “brief” (resumen) aclaratorio. El término en inglés es para entrar en clima.  

1.- Facilidades crediticias.

Los créditos externos en nuestro país no despiertan excesivo entusiasmo, porque derivan en una obligación desagradable, llamada deuda externa. Al momento de tener que pagarla, los políticos descubren que será a costa “del hambre de todos los argentinos”. En cambio la deuda interna, aunque sea a costa de jubilados, entre otros, no es criticada y tiene beneficios adicionales. No se tramita en el exterior, y llegado el momento de justificar negociados, se puede apelar a la noble intención de “crear puestos de trabajo”. Fue líder en esta política de créditos públicos irrecuperables, otorgados a grupos empresarios y amigos del poder, el Banco Nacional de Desarrollo, liquidado en 1993, y Bancos oficiales (Nación y provinciales, en especial de Buenos Aires).

2.- Seguridad política para empresas y amigos

En casos de crisis económicas graves, en lugar de someterlos a la pretensión de cobro por parte “del capitalismo internacional”, a los grandes inversores amigos se les estatiza parcialmente sus deudas privadas. Sucedió con Domingo Cavallo (1982), y con la pesificación asimétrica de Duhalde (2002). Las urgencias de caja del gobierno, se resuelven con la incautación masiva de depósitos de pequeños y medianos ahorristas. Recuérdese el plan Bonex (Menem), y el plan Boden (Duhalde-Kirchner). Los discursos políticos altisonantes, o supuestos debates ideológicos disfrazados de neoliberalismo o populismo, no debieran impresionar. Las garantías para estatizar deudas, al igual que las dirigencias, se mantienen.

3.- Sostenimiento de sociedades estatales-privadas con recursos públicos.

El Estado, con la necesaria complicidad gremial, sostiene con sus recursos a empresas contratistas o concesionarias de amigos, asociando funcionarios por vía directa o de testaferros. Los retornos no se pagan solo con dinero en sobre cerrado. Se utilizan participaciones accionarias (compra de acciones de YPF por el grupo Esquenasi, sin poner dinero); operaciones cruzadas (alquiler de habitaciones vacías de hoteles por constructoras de obra pública, como la de Lázaro Báez); compra de medios con pauta de publicidad oficial (grupos Szpolski-Garfunkel o Cristóbal López); o arrebato liso y llano de empresas (caso Ciccone). Del circuito de la “plata dulce” estatal, participaron incluso organizaciones sociales y de derechos humanos, transformadas en grandes empresas constructoras. Sin aportes del Estado, las organizaciones se disuelven y las empresas privadas se declaran en convocatoria,  dejando un tendal de trabajadores en la calle.

4.- Coberturas institucionales y judiciales

Para este esquema de corrupción no se necesitan empresas “off shore”, porque se cuenta con la protección de  organismos públicos cuyo nombre de fachada es “de control”. Manipulan legajos de sociedades; informes de operaciones financieras sospechosas; auditorías de concesiones. La AFIP, por su parte, refinancia deudas impositivas de grupos empresarios, no por imposibilidad de pago, sino para que crezcan a costa de los impuestos. Finalmente, los naturales enriquecimientos desmesurados e ilícitos de funcionarios y empresarios asociados, café de por medio, se “legalizan” con los jueces de turno. Como jurisprudencia, se recuerdan los sobreseimientos del matrimonio Kirchner en el 2009, por el juez Oyarbide; el de Daniel Scioli en el 2015, por el juez Rearte, y el del camarista Eduardo Freiler en el 2016, por el juez Luis Rodríguez. El proceso es prolijo: los fiscales no apelan.

Cabe preguntarse entonces: con estas facilidades, tiene sentido que funcionarios públicos y empresarios asociados, viajen a Panamá, Islas Vírgenes, Seychelles, Nevada o Suiza, para ocultar dinero de la corrupción estatal?

Buenos Aires, 20 de abril 2016

EL TRABAJO COMO TAPADERA

El término corrupción, genéricamente significa degradación, putrefacción. Llevado al ámbito de la corrupción política nacional, hemos tomado como base de análisis los últimos veinte años, por dos razones: 1) en dicho período actuaron gobiernos con políticas supuestamente divergentes, que no superaron las crisis económico-sociales cíclicas; 2) sus principales actores, sean políticos, empresarios, gremialistas o judiciales, mantienen vigencia en la actualidad. En este contexto, que incluye la desaparición del justicialismo y el radicalismo como expresiones de representación política unívocas, los supuestos debates ideológicos, sean utópicos o encubridores, nos recuerdan la ironía de Groucho Marx: “Estos son mis principios; si no les gusta, tengo otros”. O bien una ironía de Jorge Asís: “Con el apoyo de la izquierda, se roba más fácil”.

Las experiencias vividas deberían servirnos para que, en plena “epidemia de transparencia”, no caigamos en las repetidas trampas escenográficas, consistentes en ofrecer algunos becerros en el altar de los sacrificios, para que la trama de corrupción e impunidad continúe. “Cristina presa” pareciera ser un recurso de distracción, que con éxito se aplicara con Menem. En la corrupción estatal, las cúpulas ofrecen el espejo que la refleja. Pero las pruebas están en las bases, y para confesar, los partícipes secundarios no necesitan una ley del arrepentido. En nuestra reflexión del pasado 10 de noviembre, previo a la segunda vuelta electoral, señalábamos respecto al clientelismo del Estado: “Suelen quedar fuera del debate dos tipos de clientelismos nefastos, que incrementan notoriamente el nivel de pobreza: 1) el nepotismo para cubrir cargos públicos y crear organismos; 2) la asociación prebendaría de funcionarios con grupos empresarios, que deriva en corrupción”.  

El valorable principio de “crear o defender fuentes de trabajo”, sean estatales o privadas, fue bastardeado para usar a los trabajadores como “pantallas o tapaderas” de la corrupción estatal-privada. En los organismos del Estado, especialmente en los de control, se licuó su operatividad saturando las cadenas de responsabilidad, y sometiendo a los empleados honestos y trabajadores a la presión de “comisarios encubridores”. En el caso de empresas privadas solventadas con recursos públicos, el engaño fue más grave: los trabajadores se incorporaban según sus habilidades específicas, no por sus militancias, y fueron estafados. En este esquema nefasto, el gremialismo tuvo una enorme responsabilidad, de la que no puede desentenderse. Cada gremio conoce acabadamente la situación de los organismos y empresas que representan.  Participaron  junto con la clase política, en el sembrado de ingresos sin concursos públicos basados en méritos, quitando a la ciudadanía el derecho de igualdad de oportunidades. Participaron de la práctica de rancios nepotismos (ingresos masivos de familiares) y amiguismos. Fueron partícipes necesarios de una cadena estatal de complicidades, protecciones, impunidades, pero también de miedo e indefensión, para que las tramitaciones burocráticas espúreas cumplieran con un principio del liberalismo económico del siglo XIX: “Dejar hacer; dejar pasar”.

Según datos oficiales incluidos en los presupuestos anuales, el empleo público nacional (ejecutivo, legislativo y judicial), contaba en el año 2003 con 241.000 agentes, alcanzando en el 2015 el número de 389.835 agentes. De este total, el 42% es contratado, sin que los gremios se quejaran, pese a que hoy lo llaman trabajo precarizado. Pero como los números por sí no definen calidades, cabe preguntarse: el incremento de empleados sirvió para el mejoramiento de los servicios de salud, educación, seguridad, justicia, formulación de leyes, actuación de los organismos de control?  Se jerarquizaron las funciones de médicos, enfermeras, educadores, policías entrenados y cuidados?. Por ejemplo, nadie aclara si dentro de los 644 cesanteados en el Hospital Posadas, de Morón, hay médicos, enfermeras diplomadas, o personal de mantenimiento (albañiles, electricistas, pintores).

Ante esta matriz que explica las asombrosas facilidades que brinda nuestro país  para promover y/o encubrir delitos económicos desde el Estado, sorprende la repercusión del caso conocido como “Panama Papers”. Para aquéllos empresarios y funcionarios desinformados, en la próxima reflexión hablaremos de los beneficios de los  “Argentine Papers”.

Buenos Aires, 13 de abril 2016

ANTICORRUPCIÓN: SER O PARECER?

En plena epidemia poselectoral  de “transparencia y lucha contra la corrupción”, el contexto comunicacional oscila entre la información y la desinformación. Son voceros del debate conocidos políticos, mientras los sectores empresariales, gremiales y judiciales, partícipes necesarios en las tramas de corrupción e impunidad, intentan permanecer en un segundo plano. Cambiar el rumbo implica asumir ciertas hipótesis: 1) la corrupción no es imputable a “todos los argentinos”, sino responsabilidad de los funcionarios que los representan. 2) en la puja entre dirigentes y jueces deshonestos y honestos, estos últimos en cuanto a resultados, fracasaron. 3) destruir la cohesión y persistencia de la trama de impunidad, no podrá ser de exclusiva responsabilidad del gobierno. Necesitará de un importante apoyo opositor  traducido en leyes y acciones, y no solo de opiniones. Los corruptos, no son distintos según sean oficialistas u opositores.

Maquiavelo, en su obra El Príncipe, expresaba respecto a la relación de los gobernantes con el pueblo: “Todos pueden ver, pero pocos tocar…Muy pocos saben lo que realmente eres”. El ciudadano común solo puede “ver”, por lo que la imagen es fundamental. Ello explica el impacto que provocó en la opinión pública, el video mostrando el conteo de millones de dólares divididos en fajos, por personas relacionadas con el contratista de obras públicas Lázaro Báez. Pero no es suficiente. En esta dualidad imagen (información) – trasfondo de intereses, las técnicas comunicacionales no difieren según se quiera informar, enseñar, o bien distorsionar, ocultar, engañar. Nuestro desafío como ciudadanos para formar opinión, será el de analizar, comparar, descubrir contradicciones, y evitar que una vez más el barullo de la confusión permita que la trama de impunidad continúe. Como ejemplo, analizaremos las opiniones de dos políticos situados en las antípodas partidarias: Aníbal Fernández y Elisa Carrió. Ambos cumplen con el requisito de capacidad intelectual y vasta experiencia política.

Aníbal Fernández, al ver en el programa televisivo de Fantino el video mostrando al hijo de Báez y otros contando fajos de dólares, expresó: “Contar dinero no es delito”. Su comentario motivó críticas, pero Fernández, que no habla en vano y es abogado, marcó una línea de acción para impugnar la validez del video. Nada disparatada, considerando que este recurso para diluir pruebas, fue reiteradamente utilizado por la justicia federal. En la causa Skanska, los camaristas Freiler y Farah declararon nula una grabación en la que un ejecutivo de la empresa extranjera confesó pago de coimas. En la compra de vagones usados a España y Portugal, Oyarbide anuló como prueba los correos electrónicos en los que el intermediario de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, negociaba el pago de comisiones con sobrecostos. Recientemente, el juez federal Luis Rodríguez anuló la causa de los allanamientos a cuevas financieras, ordenadas y luego suspendidas por Oyarbide, aduciendo que las escuchas telefónicas que detectaron las irregularidades, no cumplieron con los procedimientos judiciales. La causa Lázaro Báez (lavado de dinero), se inició en el 2013 como resultado de una documentada investigación periodística. Mucho más importante que el video,  es conocer si el juez  federal actuante Sebastián Casanello, realizó las diligencias necesarias para obtener y certificar la validez de los datos publicados. Se destacan entre otros, la constitución y razón social de múltiples sociedades, movimientos bancarios en el exterior, flujo del dinero entre cuentas, y el destino de 22 millones de dólares bloqueados en Suiza.  

Elisa Carrió por su parte, en aras de la transparencia, le solicitó a Macri que su amigo de la infancia, Nicolás Caputo, vendiera su empresa constructora de origen familiar, con 75 años de existencia. Si la dra. Carrió supone que obtener contratos públicos implica preferencias y pago de coimas, ello pareciera ser evidente, con Caputo incluido. Pero en la corrupción estatal, si bien el privado es partícipe necesario, el Estado es quien tiene la capacidad de promoverla, al generar la necesidad, implementarla, facilitarla, contratarla, pagarla y protegerla. Es el Estado quien debe transformar profundamente sus estructuras, respecto a las responsabilidades del ejecutivo, legislativo, organismos de control y sistema judicial. Ningún privado fue culpable que de la nada y sin antecedentes en el rubro, un cajero del Banco Nación en Santa Cruz; cooperativas de Milagro Sala en Jujuy y la Fundación de Hebe de Bonafini en el ámbito nacional, se transformaran en poderosas constructoras con manejos corruptos de fondos públicos multimillonarios, que jamás serán recuperados. 

Este es el gran desafío que deberán encarar el oficialismo y la oposición en el 2016.

Buenos Aires, 06 de abril 2016

ES POSIBLE LEGALIZAR LA CORRUPCIÓN?

Ante un cambio de gobierno, las clases dirigentes sufren el síndrome de la “transparencia”, con la secreta esperanza que sea superado en el menor tiempo posible. Transparencia es la cualidad óptica de un material que deja pasar la luz, permitiendo ver que hay detrás del mismo. En el campo político, significa posibilitar que el ciudadano vea la documentación “que hay detrás” de los actos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para ser útil, la información debiera ser completa, ordenada, relevante y fidedigna. Surge un primer desafío: como evaluar si se cumplen estos requisitos? Poseemos conocimientos para ello?

En una democracia los actos de gobierno se trasladan masivamente a todos los niveles sociales y educativos, a través de los medios de comunicación. Pero esta intermediación entre información y ciudadanos, exige una prevención inicial: la libertad de opinión no implica por si sola veracidad. Los medios responden a grupos empresarios privados u organismos públicos, que entremezclan intereses, negocios, ideologías, cualidades éticas y calidades periodísticas. En esta diversidad de origen, en política en general y en temas de corrupción en particular, la comunicación recurre a reglas de la propaganda política,  donde conviven la información con la desinformación. Surge entonces un nuevo desafío: en quién creer? La palabra “creer” nos sumerge en el campo emocional antes que en el racional, que es lo que pretende la propaganda.

Nuestra estrategia debería consistir en poner inicialmente bajo la luz de la duda todas las versiones sobre un mismo caso o denuncia, para luego formularnos interrogantes que no han sido planteados, o que no han sido aclarados. Tomaremos como ejemplo el caso de mayor actualidad, referido a la deuda impositiva del grupo Indalo con la AFIP, por 8.000 millones de pesos. La ciudadanía receptó cronológicamente la siguiente información:

10 de marzo.- Ricardo Echegaray, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), informa en conferencia de prensa una medida no prevista en las normas: que auditará en “tiempo real” al actual gobierno.

11 de marzo.- El Grupo Indalo anuncia un proceso de división de bienes entre sus dos socios: Cristóbal López (posee el 70%), y Fabián De Sousa (posee el 30%).

13 de marzo.- El periodista Hugo Alconada Mon, publica en La Nación una investigación que documenta una retención indebida del impuesto de transferencia de combustibles por 7.400 millones de pesos, más 600 millones por otros conceptos, que Indalo eludió pagar a la AFIP.  

14 de marzo.- El periodista Gustavo Sylvestre, en su programa político del canal C5N, perteneciente a Indalo, informa que hubo otros 1.800 beneficiarios por la aplicación del Régimen de Facilidades, que permitió que Echegaray refinanciara a discreción deudas impositivas, con tasas de interés y plazos muy favorables. Entre los supuestos favorecidos, mencionó al Grupo Clarín, y al empresario “amigo de Macri”, Nicolás Caputo. En pantalla se sobreimprimía la frase “doble moral”.

20 de marzo.- Tras anunciar el canal C5N que por la noche se emitiría un programa conducido por el periodista Navarro, referido al empresario Nicolás Caputo, “amigo de Macri”, el mismo fue suspendido a último momento. Navarro denunció aprietes para no sacarlo al aire, sin aclarar de quien o quienes.

22 de marzo.- Cristóbal López y Fabián De Sousa deciden frenar la separación de activos del Grupo Indalo, ante el escándalo.

Se presentan varios condimentos del ocultamiento y confusión: 1) se intenta disimular al elefante (Grupo Indalo), incorporando más elefantes (Grupo Clarín y empresario Caputo); 2) se emiten veladas amenazas  públicas (Echegaray anunciando auditar al actual gobierno en tiempo real; C5N/Navarro anunciando un programa especial sobre el empresario Caputo, para dejarlo sin efecto aduciendo “presiones”; 3) se cumple con lo habitual en las estrategias de ocultamiento y/o confusión: gran velocidad informativa (no confundir con velocidad judicial). Todo se desencadenó entre el 10 y 22 de marzo.

Datos no hechos públicos a la fecha, que deben ser informados:

1.- A C5N (Navarro y Sylvestre): identificar de la supuesta nómina de 1.800 (elefantes) favorecidos por refinanciaciones de la AFIP, a los ubicados en los cinco primeros puestos, indicando beneficiario, monto, condiciones y justificaciones esgrimidas por Echegaray para otorgar los beneficios.   

2.- A los legisladores: indicar que organismos deben controlar y auditar las decisiones de la AFIP, y que marco legal, si existiera, otorga al responsable de la AFIP una inaceptable discrecionalidad, que “legaliza” todo tipo de corrupción.

Mientras aguardamos respuestas, en la próxima reflexión trataremos de encontrar solución a uno de los grandes problemas de la política argentina actual: qué hacemos con Nicolás Caputo?

Buenos Aires, 30 de marzo 2016

CORRUPCIÓN: COMO DISFRAZARSE DE BUENO

Destacábamos en reflexiones anteriores que ante un cambio de gobierno, más aún si son de distinto signo político, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sufren un cuadro febril de transparencia. Nada grave, porque la mayoría de los afectados lo atravesaron anteriormente, y  crearon anticuerpos que les permite una rápida curación y olvido de promesas. Se repetirá este cuadro clínico-político, o el bacilo “transparencia” adquirió una impensada resistencia a los antibióticos del engaño?

Visto los férreos y persistentes antecedentes de impunidad, los ciudadanos deberán afinar su capacidad de análisis, para afrontar las clásicas estrategias comunicacionales de ocultamiento y confusión a los que serán sometidos. Pueden ejemplificarse en una conocida metáfora popular: cómo disimular la presencia de un elefante en un bazar?. Metiendo más elefantes. Esta ironía responde a una de las reglas básicas de la propaganda política, llamada contrapropaganda. Consiste en desprestigiar, o al menos poner bajo un manto de duda, la información que nos es perjudicial. Para ello, políticos, periodistas e integrantes de la justicia involucrados en la estrategia, utilizan conceptos u opiniones aparentemente claras e indiscutibles, pero que son contradictorias o falsas, para que juzguemos basados en lo emocional, y no en lo racional. Para eludir esta trampa, deberemos partir de la hipótesis que las versiones y/o denuncias, y los intentos de deslegitimarlas, responden a intereses particulares no explicitados. En tal sentido, nuestro primer paso debiera ser el de intentar establecer quiénes y porqué introdujeron otros elefantes en el bazar, a fin de proteger a determinado elefante. Llenar este casillero, nos permitirá luego formularnos interrogantes que en el barullo de las opiniones encontradas, nadie se plantea, o nadie responde.  

Estos principios comunicacionales destinados a confundir y lograr impunidad, debemos insertarlos en nuestro contexto nacional. El esquema tradicional de corrupción estatal-privada, consiste en que empresarios favorecidos paguen coimas a funcionarios facilitadores. El acto corrupto genera dos consecuencias adicionales: un sobrecosto inicial en la prestación contratada (ningún empresario paga coimas de su bolsillo), y habitualmente, una posterior disminución en la calidad de dicha prestación, para incrementar los beneficios espúreos. Este esquema es el causante de la actual crisis de corrupción en Brasil, por coimas de Petrobras.  

En nuestro país, la usual transacción de “coimas” o “retornos”, se perfeccionó con la conformación de relaciones societarias entre funcionarios y empresarios, para explotar negocios públicos multimillonarios a costa del Estado. Su mecánica exige la participación de testaferros, manejos de dinero fuera del circuito bancario, cuentas en paraísos fiscales, constitución de empresas con información falsa. Obviamente necesitan una extendida cobertura institucional, para que los saqueos tengan un carácter de “legalidad”. Como mínimo, deben contar con una enorme complicidad de la AFIP, la Unidad de Información Financiera e Inspección de Personas Jurídicas. No se menciona a la Oficina Anticorrupción, porque desde hace años se transformó en un club social. En los casos de denuncias públicas  fundamentadas, los saqueadores cuentan con la manifiesta indolencia, cuando no manifiesta complicidad, de la justicia federal.

Esta realidad explica los acelerados cambios societarios actuales y los que se avecinan, en los que vendedores y compradores serán parte del mismo juego, consistente en generar vaciamientos, eludir responsabilidades judiciales, y fundamentalmente, mantener a resguardo patrimonios personales. Los trabajadores afectados no fueron en estos casos beneficiarios del usufructo político de cargos públicos, sino aportaron de buena fe sus conocimientos y aptitudes, en emprendimientos supuestamente privados.

En la próxima reflexión, trasladaremos esta descripción de carácter general a ejemplos actuales y con nombres propios. Pero ante el espíritu “caza buitres” que nos embarga, es oportuno concluir con una pregunta: se sabe el destino del 24% de las acciones de YPF, adquiridas con utilidades y no con aportes propios, por los empresarios nacionales Enrique y Sebastián Esquenazi?. Esperemos que no las hayan vendido a Paul Singer o a “buitres” similares …..

Buenos Aires, 23 de marzo 2016

NO CONFUNDIR LEGISLAR CON OPINAR

Una vez más, un cambio de gobierno provoca en los sectores políticos sintomatologías febriles, bajo las cuales se balbucean promesas de transparencia y lucha contra la corrupción. La patología, que ya afectara en anteriores períodos a gran parte de la dirigencia, mostró ser de rápida curación y no dejar secuelas. Con este antecedente, analizaremos el actual brote bajo un manto de escepticismo, en lugar de someternos fácilmente a la invocación de “fe y esperanza”. 

En este contexto, para ordenarnos en el análisis, comenzaremos por el poder Legislativo, debido a su condición de albergar todas las expresiones del espectro político, y ejercer a través de comisiones parlamentarias, facultades de control sobre determinadas responsabilidades de los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, el seguimiento de políticas y administración de organismos de inteligencia, tarea que jamás se cumplió. Históricamente, el fragor de los debates que caracteriza al parlamento, desaparece al momento de transparentar su propia estructura, gasto presupuestario y funcionamiento legislativo. Aspectos esenciales como sus obligaciones y derechos, inmunidades parlamentarias, fijación de dietas, identificación de plantas de personal y asesores, viajes y viáticos, entre otros, no son pasibles de debate, y caen bajo el manto de un secretismo acordado por una unanimidad, que no diferencia entre izquierdas, derechas, neoliberalismos, neopopulismos; retazos justicialistas o retazos radicales. La responsabilidad de brindar a la ciudadanía información, queda una vez más a cargo del periodismo.  Recientemente, La Nación creó la plataforma digital “Votaciones”, para monitorear como votan nuestros legisladores, además de identificar sus proyectos, asistencia y posturas en las discusiones parlamentarias.

Como en el resto de las plantas estatales de personal, la del poder legislativo tuvo crecimientos desmesurados e injustificados, plagados de nepotismos y amiguismos, con la obvia complicidad gremial. No es un dato irrelevante. Transparenta que la  obligación legislativa de responder con profesionalidad al interés general ciudadano, se degrada con una práctica de transacciones donde prima la prebenda personal o sectorial. Las calidades intelectuales y tiempos dedicados a la función, no son condiciones exigibles. Cuando concurren a programas políticos en medios de comunicación, en lugar de ilustrar al ciudadano sobre su desempeño, los legisladores ejercitan el relajado ejercicio de la opinión sobre cualquier tema. Adjudicar al parlamento el mote de “escribanía”, brindaba cobertura a los oficialistas que aprobaban leyes sin conocerlas en profundidad, y a los opositores que las criticaban con similar desconocimiento. Por ello no debiera sorprender el abusivo uso político de consignas vacías de contenido para justificar posicionamientos, al estilo “Patria o buitres”. La consigna que jamás se invoca es “Patria o corrupción”.

La etapa “escribanía”, por decisión del voto popular, se terminó. Sin embargo, dicho voto por sí no podrá impedir que se mantengan prácticas de defensa de estructuras elitistas asociadas a la corrupción, en las que los empresarios favorecidos pueden disfrazarse de izquierdistas o populistas, mientras esforzados trabajadores en busca de un legítimo progreso, son acusados de egoístas.

Queda clara entonces la razón por la que la primera prueba de veracidad de la promesa de transparencia, deberá rendirla el poder legislativo. Para ello no necesitan nuevas leyes, ni acuerdos de mayorías. Basta con que cada legislador incorpore en su sitio de la página web, sus dietas, personal de planta y político, motivo de viajes al exterior, viáticos percibidos, proyectos de ley que tienen en elaboración, y sus votaciones, sea en comisiones o en el recinto.  Es tan simple, que el primer paso puede darlo un legislador contestatario de izquierda. Las páginas web generales, por su parte, indicarán la planta total de personal y sus funciones, gastos operativos, y ejecuciones presupuestarias.  

A partir del cumplimiento de este requisito de transparencia históricamente adeudado, los legisladores recuperarán credibilidad para su trascendental labor de pensar, proponer, debatir, justificar, aprobar e informar, legislando para un interés común razonable y posible. La prioridad  que se les adjudica para dar el puntapié inicial en políticas de transparencia, debiera enorgullecerlos. En los tiempos que se avecinan, y esperemos que para siempre, la actividad legislativa será fundamental para la consolidación institucional del país, y su desarrollo social y económico.

Buenos Aires, 16 de marzo 2016

OPERATIVO TRANSPARENCIA: SE PUEDE?

En nuestro país, los cambios de gobierno de distinto signo político, más que tránsitos democráticos con saludables alternancias, parecieran constituirse en verdaderos hitos fundacionales. A esta altura de los acontecimientos, no queda clara la razón de festejar el próximo 09 de julio el bicentenario de la independencia, si pareciera que aún estamos en plena lucha para obtenerla. Tan solo hace dos años, por ejemplo, conseguimos acabar con la amenazadora presencia de Cristóbal Colón, ubicado nada más ni nada menos que a espaldas de Casa de Gobierno. Aún nuestra historia reciente, se rearma como si fuera un rompecabezas para niños. En el congreso del Partido Justicialista, el diputado “Chino” Navarro señaló que el triunfo de Macri significó que por primera vez, la derecha alcanzaba el gobierno mediante el voto democrático. Sin rubor, identificó a los gobiernos de Juan Domingo Perón y Carlos Menem como de izquierda. Desenmascaró una vez más la “historia oficial”, como la denominan los que la manipulan. Los echados por Perón de Plaza de Mayo en 1974, en realidad eran recalcitrantes de derecha.

Estas ironías deben alertarnos respecto a que, más allá de buenas intenciones, el actual gobierno tendrá enormes dificultades para desarmar una matriz institucional que se mantiene indestructible desde hace más de 25 años. Los sustratos políticos, gremiales, empresariales y judiciales, no solo son los mismos, sino que se degradan a través del tiempo por acumulación de complicidades. Todo intento de cambio de matriz, será de inmediato bastardeado por privilegiados acostumbrados a vivir al calor del poder. Se utilizarán frases altisonantes, superficiales, cínicas o de ocultamiento. Nunca se explicitarán las verdaderas intenciones. Se apelará una vez más, a la estrategia planteada por el personaje aristócrata de la novela “El Gatopardo”, de Giuseppe di Lampedusa, con motivo del desembarco de Garibaldi en Sicilia, en 1860: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

Los intentos pasados para instrumentar leyes anticorrupción eficaces, transparencia administrativa y acceso a la información pública, fueron trabados, diluidos o incumplidos, por una representación política plagada de “aristócratas”, con permanencias hereditarias y nepotismos descontrolados. Por ello, nuestro primer desafío será eludir la táctica discursiva de la confusión, que mezcla lo importante con lo banal, y lo verdadero con lo falso. Los mensajes breves intentarán que lo emocional predomine sobre lo racional, al estilo de “Patria o buitres”. Es imprescindible instalar la desactivación de la corrupción planificada, y efectivizar su castigo. Llevar este objetivo al campo de lo concreto, implicará interrelacionar fuertemente los instrumentos legales con la estructura administrativa institucional de gobierno. Esta prioridad no relega temas fundamentales como educación, salud, seguridad, justicia, sino por el contrario, transparenta que el fracaso del Estado en sus responsabilidades indelegables, está directamente ligado a la corrupción, muchas veces oculta tras la excusa de “mala praxis”. De ahí la necesidad de encarar una profunda readecuación de todas las estructuras burocráticas estatales, que abarquen a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la tarea, sería recomendable la participación de instituciones como Poder Ciudadano, CIPPEC y ACIJargentina, entre otras, para elaborar propuestas coordinadas, y realizar un minucioso seguimiento de la actividad legislativa, que evite fracasos anteriores.

Hoy asistimos a un debate superficial y falaz, también reiterado, respecto a las plantas estatales nacionales, provinciales y municipales, basado exclusivamente en cantidades, no en calidades. Jamás se informa sobre cumplimientos de normas de ingreso a la administración pública, perfiles requeridos, personal necesario, cumplimiento del principio igual trabajo igual remuneración, y la eficacia de los servicios que se brindan a los ciudadanos, que sostienen con sus impuestos las plantas estatales. Este debate se elude, porque se asume que en todos los aspectos planteados, se vulneran los principios de igualdad de oportunidades y equidad. Esto también es corrupción.

En la próxima reflexión incursionaremos en el ámbito que mayor responsabilidad tendrá para democratizar, jerarquizar y modernizar el funcionamiento del Estado. Sus integrantes no necesitan hoy nuevas leyes para ser transparentes, y sin embargo no lo son. Nos referimos al Poder Legislativo.

Buenos Aires, 09 de marzo 2016

COMO INUTILIZAR AL ESTADO

La degradación permanente de las estructuras del Estado, pareciera no tener fin en las últimas décadas. Sus consecuencias son bajos niveles de educación y salud pública, seguridad ineficiente o asociada al delito, justicia complaciente con la corrupción, organismos de control cuyo objetivo es no controlar. Se oscila entre su modernización (Menem), privatizando empresas estatales vaciadas por la corrupción, y su supuesta revalorización (Kirchner), sobredimensionando sus estructuras para inutilizarlas. El cambio de gobierno desnuda patologías destructivas, que alcanzaron ribetes que recuerdan el hundimiento del Titanic. Miles de náufragos pujan por subirse con desesperación a los botes salvavidas del empleo y/o prebenda pública. Chapotean en el océano multimillonarios de primera clase; burócratas y familiares clase turista con pasajes regalados por políticos y gremialistas, y pasajeros/empleados de tercera clase, con militantes sin oficio conocido, y barras bravas reconocidos. Obviamente, también hay polizontes, conocidos hoy como “ñoquis”. Porqué no pudo avistarse el iceberg, que como se recordará, y vaya paradoja, estaba ubicado a la derecha del Titanic?

Se dieron tres circunstancias simultáneas: 1) Un gobierno con una continuidad ininterrumpida de doce años, convencido hasta la primera vuelta de octubre pasado, que permanecería en el poder al menos cuatro años más; 2) El histórico recurso de sembrar las administraciones públicas con el elitismo de la adhesión política, se maximizó para disimular altos índices de desocupación mediante el empleo público; 3) Como nunca antes desde 1983, la corrupción política no se limitó a percibir coimas de empresarios beneficiados, sino a promover asociaciones entre funcionarios públicos con empresarios privados, para saquear recursos públicos. Son quienes viajaron en camarotes estatales de primera clase.

Una vez más quedó expuesta una realidad. Las adhesiones políticas a líderes providenciales irrestrictas, fanáticas y/o cómplices, son extremadamente costosas. Cada político, líder social, gremialista, intelectual, periodista, legislador, juez, exigen como contrapartida ser generosamente premiados con prebendas del Estado. Entre otras, beneficiarse con altos cargos públicos extensivos a familiares; lucrar con onerosos contratos públicos disfrazados de privados; convertir a líderes sociales en empresarios de la construcción con fondos estatales; crear organismos disparatados para legalizar dádivas, etc.

Las oleadas inorgánicas e innecesarias de personal en la administración pública, tiene como inevitable consecuencia la destrucción de toda interrelación, racionalidad y organicidad en su funcionamiento, con dos consecuencias: a) restar capacidad y calidad de servicios (ejemplo: Hospital Posadas); b) favorecer la impunidad de la corrupción (ejemplos: la inacción de la Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera, entre otros organismos, pese al crecimiento de sus plantas de personal, con amigos y parientes).

En esta destructiva trama, son actores imprescindibles los dirigentes gremiales estatales. Vociferan sin pudor que todo intento de evitar y/o corregir que la sociedad subvencione estos excesos, es “achicar el Estado”. Como en política no existe la ingenuidad, la frase no es producto del desconocimiento, sino del cinismo. Participan de los ingresos selectivos de personal; nunca detectan corruptelas, salvo para presionar a funcionarios; desconocen que los empleados deben seguir forzosamente la cadena formal de aprobación de expedientes escandalosos, como el del Plan Qunita, bajo amenaza de ser apartados de sus cargos, cuando no echados; ignoran quien atentó contra el resonador del hospital Posadas; no saben quienes retiraron  cajas con documentación de organismos públicos en días feriados; no se enteran que se firman contratos de compra y/o servicios con personas físicas o jurídicas inexistentes. Obviamente, desconocen que tienen afiliados que trabajan eficazmente, y otros que cobran sin trabajar. Eso sí; saben que unos y otros aportan al gremio.

El gran desafío de los De Gennaro, Micheli, Di Próspero, Andrés Rodríguez, Godoy, entre otros defensores de “agrandar el Estado”, es decidir si defenderán el nivel salarial, formación laboral y calidad de los ámbitos de trabajo, de los miles de empleados públicos que dignifican sus tareas y desean ser reconocidos. O como hasta ahora, los sepultarán en el amontonamiento grisáceo de la injusticia, ineficacia, mediocridad y ocio, cuando no  de la amenaza patoteril.

Buenos Aires, 02 de marzo 2016 

SINDICALISTAS O VOCEROS DE EMPRESAS?

Un cambio de gobierno, en reemplazo de quien ejerció el poder durante doce años ininterrumpidos, es momento oportuno para reflexionar sobre vicios recurrentes en los diversos ámbitos sectoriales de poder, para que alejados de grandilocuencias dialécticas, encontremos un rumbo institucional que posibilite un desarrollo sostenible del país. Especial interés reviste el sector empresarial, por su propensión a las evasivas respecto al funcionamiento de las empresas, y a las opiniones políticas públicas. Estas últimas se difuminan tras misteriosos “círculos rojos”, o en trascendidos periodísticos enmascarados en el “off the record” (opino pero no me expongo). Por ejemplo el pasado viernes, resaltaba en su columna del diario Clarín Marcelo Bonelli: “Los empresarios reclaman señales más claras”. En el desarrollo de la nota, no se detallaban cuáles eran las señales pretendidas, y menos aún, que ofrecían los empresarios como contrapartida.

En este contexto habitualmente monacal del mundo empresario, el cambio de gobierno en condiciones económico-sociales difíciles, presenta un fenómeno particular: sindicalistas actuando como voceros de empresarios. Los sindicatos son organizaciones colectivas de trabajadores aunados a partir de actividades específicas, para defender sus intereses comunes ante empleadores y gobiernos. El sindicalista conoce acabadamente el desenvolvimiento de su empresa en particular, y del sector en general. Es sabido también que muchos de ellos amplían su rol específico para incursionar en actividades políticas, siendo habituales participantes en mesas públicas de debate.

Destacamos oportunamente la necesidad de desactivar la vieja  práctica de iniciar negociados y/o maximizar ganancias empresarias, bajo el reiterado señuelo de “crear puestos de trabajo y/o salvar puestos de trabajo”. Por ello llama la atención la frecuencia con la que dirigentes sindicales de sectores privados o mixtos, encabezan reclamos ante el Estado, que debieran ser formulados inicialmente por los empresarios responsables. No hay ingenuidad en este planteo. Debiera quedar públicamente aclarado, primero si la empresa es viable, y luego si la amenaza de despidos buscan evitar quebrantos, o mantener prebendas con ganancias injustificadas, a costa de los recursos públicos. Citemos ejemplos cercanos:

Empresa avícola Cresta Roja. La crisis latente desde años atrás, explotó con el resultado electoral. Solo por información periodística se supo que pertenecía a los hermanos Rasic, y funcionaba con distintos subsidios del Estado. En los cortes de ruta los gremialistas no reclamaban a Rasic, sino al Estado. La justicia también se desperezó con las elecciones, y decretó su quiebra (se embargaron bienes a Rasic?). Actualmente las plantas de Cresta Roja en Ezeiza y Tristán Suárez, están explotadas por un consorcio de capitales argentinos (Ovopror), hasta que se concrete su venta. De sus 5.000 operarios, en esta etapa trabajan 500.

Sol Líneas Aéreas. Nuevamente vía periodística se supo que pertenecía a un consorcio argentino (Horacio Angeli)-español (Air Nostrum), sostenido por un extraño convenio con Aerolíneas Argentinas, que otorgaba al “capital de riesgo” empresario, ganancias aseguradas.

Correo OCA. Pertenece al grupo RHUO, cuyo presidente es Patricio Farcuh. Encabezados por Pablo Moyano, sus empleados reclamaron ante el Banco Central, aduciendo que la no distribución en papel de los resúmenes bancarios, implicaba la pérdida de 4.000 puestos de trabajo. Surgen dudas: esta cantidad de empleados implica distribuir solo los resúmenes?. Hay empleados tercerizados?

Petroleras YPF-PAE-Tecpetrol. Ante la baja internacional del precio del barril de petróleo, las empresas YPF, PAE (grupo Bulgheroni y la china Cnooc), y Tecpetrol (grupo Techint), amenazaron con despidos de personal. Dichas empresas explotan el yacimiento Cerro Dragón, en Chubut, que es el más importante de Argentina. Al frente de los reclamos estuvo el sindicalista Jorge Ávila. El gobierno nacional y del Chubut, hicieron un importante esfuerzo fiscal para aportar nuevos subsidios, reconociéndo un mayor precio del barril. Los empresarios por su parte, no formularon declaraciones, y se desconocen sus aportes en el acuerdo. 

En la intención de desactivar recurrentes eslóganes falsos para posibilitar un verdadero cambio, nos referiremos en la próxima reflexión al rol de los sindicalistas estatales, para desentrañar posteriormente, la absurda y elitista estructura burocrática estatal.  

Buenos Aires, 24 de febrero de 2016

LOS EMPRESARIOS...DÓNDE ESTÁN?

“Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo” (Juan Carlos Pugliese, ministro de economía radical, refiriéndose a sectores industriales y financieros durante la crisis económica de 1989). “Libre juego de la oferta y la demanda” (modelo económico que establece la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo, suponiendo un mercado de competencia perfecta).  “Combatiremos a los grupos económicos concentrados” (frase populista, que deriva en grupos concentrados saludables, y funcionarios patriotas enriquecidos).

Las recurrentes crisis económico-sociales de nuestro país, exhiben la inutilidad y/o falsedad de invocaciones basadas en factores emocionales, conceptos asépticos de carácter universitario, o vocinglerías pretendidamente revolucionarias. Las verdades absolutas no existen. No se convence a empresarios con el corazón; no existen mercados perfectos, ni los países se desarrollan con administraciones elefantiásicas y funcionarios corruptos. Declamar que “la inflación la sufren los que menos tienen”, puede servir como laxante intelectual. Pero se elude decir que con la inflación también se obtienen enormes ganancias, al destruirse los valores de referencia. A la hora de los debates clarificadores, los empresarios no son afectos a la exposición pública, y menos aún, a las precisiones numéricas. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, con Juan Carlos Lascurain a la cabeza, negó públicamente durante los primeros cuatro años de intervención del Indec en el 2007, que se distorsionaran los índices de inflación.

Reflexionemos sobre lo más preocupante en lo inmediato: los precios de artículos de primera necesidad. En la “década ganada” existieron cuatro sectores cuasi-monopólicos con crecimientos económicos exponenciales, claramente verificables a través de sus balances y multiplicación de sucursales: el juego; las telefónicas; el sector financiero y las cadenas de supermercados. Nótese que este crecimiento se mantuvo incluso, con una inflación que en los últimos cuatro años no bajó del 25% anual. El pasado miércoles 10, en un acto con la presencia del presidente Macri, el supermercadista Alfredo Coto anunció inversiones por 3.500 millones de pesos,  y manifestó: “no somos formadores de precios”. Es así?

Los grupos Día (capitales españoles con 781 locales); Carrefour (capitales franceses con 583 locales); Walmart /Changomás (capitales norteamericanos con 174 locales); Coto (capitales nacionales con 120 locales); y Jumbo/ Disco / Vea (capitales chilenos del grupo Cencosud, con más de 43 locales), a los que deben sumarse los híbridos “supermercados chinos”, en Capital Federal y el conurbano bonaerense concentran su máximo poder de decisión para establecer el precio de los productos. Con el agravante que, mientras en la última década el debate se centraba en la oligarquía rural, se les permitía la apertura de locales urbanos de pequeña escala llamados “de cercanía”, que extinguieron los almacenes barriales independientes.  Otro aspecto fundamental que no es mencionado, es su asociación con el sector financiero, a través de las costosamente publicitadas, rutinarias y voluminosas ofertas, atadas al uso de diversas tarjetas de crédito y/o débito, cuyos costos son volcados a los precios. Con tarjeta se puede tener un descuento del 20%, 30% o más. Si se paga en efectivo, no hay descuento. Es claro el ejemplo?

Es entonces evidente que los supermercados son formadores de precios. Compran a los proveedores que desean, les imponen fuertes descuentos por cantidad, e invocan su capacidad de asegurarles flujos de compra regulares. La próxima publicación de listados de precios comparativos, que debiera excluir a las distorsivas “ofertas”, no favorecerá la competencia. Las diferencias en más/menos entre productos iguales serán irrelevantes, porque de no ser así, quedaría descolocado el proveedor de la marca. Si se hiciera una canasta de productos básicos con iguales marcas y envases, se verificará que el valor de las sumatorias entre supermercados no presentará grandes variaciones. Esto se llama “cartelización”.

A los funcionarios públicos la sociedad debe exigirles conocimiento en las áreas de su responsabilidad, capacidad de gestión y honestidad. La buena noticia es que el actual gobierno, cubrió altos cargos con quienes los burócratas todo terreno llaman despreciativamente “gerentes de empresas privadas”. Cumplido el requisito inicial de idoneidad, deberán certificar los de gestión y honestidad. En sus tratativas con las líderes supermercadistas, basadas en la racionalidad y no en inútiles imposiciones, los funcionarios podrían readaptar una conocida publicidad de Coto, y decirles a los empresarios: “Muchachos, nosotros también los conocemos”.

AGENDA DE CORRUPCIÓN

Concluida la feria judicial, retomamos el seguimiento regular de algunos de los innumerables casos de corrupción estatal que asocian a funcionarios públicos con empresarios privados. De este modo, se podrá visualizar la gravedad de una problemática que desangra desde hace décadas los presupuestos públicos. Sus principales patologías, como la cleptomanía dirigencial; organismos de control inoperantes, y justicia lenta y cómplice, no reconocen ideologías. Citemos algunos casos.

1.- Tragedia ferroviaria en estación Once, en febrero de 2012

En diciembre pasado, el Tribunal Oral n° 2, integrado por Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, dictó 21 condenas, que incluyen prisión para Ricardo Jaime y Juan Schiavi (funcionarios públicos), y Sergio Cirigliano y Marcelo Calderón (empresarios privados), entre otros. Se destacan dos aspectos: 1) Plantear que la Justicia es lenta como realidad irreversible, es falso. La constancia y participación de familiares de las innumerables víctimas durante el desarrollo de la causa, como sucediera con Cromañón, muestra que juicios complejos se pueden desarrollar en tiempos razonables. 2) Es la primera vez que reciben condenas empresarios asociados a la corrupción. En este caso, como concesionarios de servicios públicos.

2.- Lavado de dinero a través del grupo empresarial de Lázaro Báez

La sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzum, Hoaracio Cattani y Eduardo Farah, ya a fines de 2014 ordenó al juez Sebastián Casanello, del Juzgado Federal n° 7, que centralizara su investigación sobre Báez, y no en protagonistas menores como Elaskar y Fariña. Casanello lo citó el 13 de marzo de 2015, solo para indagarlo por la compra de un campo en Mendoza. Ante sus dilaciones, el juez federal Martínez de Giorgi acusó por prevaricato a Casanello y al fiscal Omar Orsi, integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, por perjudicar deliberadamente la investigación.

3.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos, para construir viviendas

Causa iniciada en mayo de 2011, con motivo del desvío de 765 millones de pesos entregados por el Gobierno a la Fundación de Hebe de Bonafini. Luego que el juez federal Oyarbide licuara los elementos de prueba, tardíamente los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo apartaron de la causa por mal desempeño. El expediente recayó a principios de 2014 en el juez Martínez de Giorgi, quien lo mantiene sin avances, a la espera de la prescripción.

4.- Quiebra de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Causa iniciada en febrero de 2012. El juez federal Ariel Lijo procesó al ex vicepresidente Boudou, sospechado de quedarse con el 70% de las acciones de la empresa, y otros implicados, que alcanzan a organismos de control estatal; banqueros; empresarios y testaferros. No hay fecha de inicio del juicio oral.

5.- Causa por posible lavado de dinero en la empresa Hotesur

Empresa perteneciente a la familia Kirchner, propietaria entre otros del hotel Alto Calafate, es sospechada de haberse utilizado para lavado de dinero, a través de empresas beneficiarias de recursos del Estado. Entre otras, las constructoras de obras públicas de Lázaro Báez, y Aerolíneas Argentinas. Se investiga también la intervención de organismos como AFIP y Personas Jurídicas. Tras un allanamiento y retiro de documentación en sedes comerciales situadas en la Patagonia, ordenados por el juez Claudio Bonadío en el 2015, este fue apartado de la causa por los integrantes de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. En su reemplazo asumió el juez Daniel Rafecas, con antecedentes de recusaciones y pedidos de juicio político por sus controvertidas actuaciones en las causas sobornos en el Senado; venta de la ex Ciccone Calcográfica, y desestimación sin mayor análisis, de la denuncia del fallecido fiscal Nisman.

Decía el estadista ateniense Solón, hace más de 2.500 años: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 10 de febrero 2016

CUANDO EL TRABAJO EMPOBRECE

El recambio de gobierno, tras doce años de gestión presidencial del matrimonio Kirchner encabezando el Frente Para la Victoria, es oportuno para evaluar aspectos políticos-institucionales que muestran vicios estructurales lesivos para el país, sólidamente arraigados desde hace décadas. Quizás el más relevante, sea el pertinaz y planificado usufructo y desprecio por el Estado. La invocación para esta degradación, debería indignar por su cinismo: “crear puestos de trabajo; salvar puestos de trabajo”.

La oleada de designaciones y contrataciones de empleados públicos durante los últimos meses de la gestión del gobierno anterior, que afectó a los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, con la indisimulable complacencia de los dirigentes gremiales, debería despertarnos inquietudes superadoras del debate circunstancial. Por ejemplo, formularnos preguntas que hoy no tienen claras respuestas: cuáles son las estructuras administrativas del Estado? Cuáles son sus ordenamientos jerárquicos, pirámides salariales y atribuciones específicas? Qué alcance real tienen conceptos como autarquía financiera y salarial; autonomía operativa; atribuciones administrativas; sociedades del Estado o mixtas?

Comentamos anteriormente dos políticas de empobrecimiento del Estado: 1) saturarlo de empleados públicos, paralizándolo; 2) “triangular” recursos públicos entre funcionarios y empresarios asociados, en negocios público-privados específicos. Comentaremos hoy la tercera y más nociva alternativa, vista desde sus impactos económicos. Es la que interrelaciona políticas económicas de carácter general, con beneficios prebendarios a grandes grupos empresarios. No identificaremos responsables, porque en cada caso se produjeron amplios debates, sean acusatorios o exculpatorios, al estilo “yo no fui”, o “no tuve alternativa”. De todos modos, existe amplia bibliografía al respecto, y a través de Internet puede obtenerse buena información. Se destacan tres ejemplos:

1.- Estatización deuda privada en dólares – 1982

En 1982 el Banco Central, tras una fuerte devaluación, vinculó a las empresas endeudadas en dólares en el exterior, con un seguro de cambio basado en una “tasa de variación de precios” local. Sintetizando: cuando el dólar subía, el Estado absorbía de las deudas empresarias, la diferencia entre el incremento del dólar y la variación de precios local. Resultaron favorecidas entre otras, IBM, Esso, Renault, Bridas, Aluar, Banco Río, Banco Francés.

2.- Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) – 1993

Creado en 1944 como Banco de Crédito Industrial, y transformado en BANADE en 1970, tenía el objeto de financiar proyectos productivos a través de créditos “blandos”, preferentemente a pymes. Pero comenzaron a financiarse proyectos de grandes empresas, con aval del Tesoro nacional. Por la altísima morosidad se declaró su proceso de liquidación en 1993. Pero no fue fundido por las pymes. El 60% de la cartera crediticia se concentraba en grandes empresas, tales como Massuh, Alpargatas, Celulosa, Pérez Companc.

3.- Pesificación asimétrica para deudores privados en dólares - 2002

La salida de la convertibilidad a comienzos de 2002, significó una fuerte devaluación. Las obligaciones en dólares se pesificaron a $1,40 por dólar, pese a que el oficial cotizaba a $2,20 por dólar. A los ahorristas particulares se les entregó un bono a 10 años (Boden 2012). Pero a grandes empresas y banqueros se les licuó y estatizó parte de sus deudas, con el procedimiento conocido como pesificación asimétrica. Consistía en compensarles la diferencia entre el dólar de pesificación ($ 1,40), y el oficial ($ 2,20), con la entrega de Bonos del Estado. Entre otras, licuaron parte de sus pasivos Repsol-YPF, Telecom, Telefónica, Aguas Argentinas, Edenor, Edesur, Metrogas.

Valga el recuerdo para asumir que la eficacia del Estado no se mide por escenográficos debates ideológicos, o por saqueadores de recursos públicos disfrazados de revolucionarios. De persistir en grandilocuencias sin resultados, el Estado para salvar “puestos de trabajo”, deberá seguir financiando a multimillonarios. Lidiar con los grandes grupos empresarios, exige una alta profesionalidad por parte de los funcionarios de cada área específica, y una  irrenunciable honestidad. Se logrará?

Buenos Aires, 03 de febrero 2016

LA CONFESIÓN DE VÍCTOR HUGO

En la última reflexión, señalábamos que la política de saturar con personal innecesario a diversos organismos públicos, tiene como consecuencia restarles eficacia en su accionar, para favorecer la corrupción. El denominado “clientelismo político” genera extendidas tramas familiares, de amistad y favores debidos, que anula toda pretensión de los funcionarios y empleados honestos y capacitados, de vulnerar las tramas de impunidad. Quienes lo intentaron, fueron desalojados de sus cargos sin miramientos, carentes de todo apoyo sindical.

Más graves aún, son las tramas destinadas a “triangular” recursos del Estado a través de sectores privados asociados, con enormes impactos económicos y sociales, que en la mayoría de los casos incursionan en responsabilidades penales. Para no entrar en debates estériles y encubridores, aclaremos que no es un fenómeno exclusivamente kirchnerista, sino practicado desde hace décadas.

Un ejemplo del intento de encubrir estas “triangulaciones” públicas-privadas con invocaciones patrióticas y revolucionarias, nos la brindó recientemente la confesión de un excelente comunicador social: Víctor Hugo Morales. Tras ser despedido en diciembre pasado de radio Continental, lo que parecía un hecho contractual privado, Víctor Hugo lo convirtió en una acusación contra el “gobierno fascista de Macri”, por persecución política. Pero cuando se lo consultó acerca de los dueños de radio Continental, Víctor Hugo perdió efervescencia, y expresó: “Yo no sé si es de Prisa o de un señor González de México o de un señor Lorefice”. Cabe preguntarse: no se le ocurrió consultar al infatigable Sabatella en su lucha contra los monopolios, quiénes eran los dueños? Por otra parte, con quien firmó el contrato? Esta “triangulación” se repitió hasta el hartazgo en otros medios de comunicación. Los panelistas de “678”, por ejemplo, no eran contratados por el canal oficial, sino por la productora PPR de Diego Gvirtz. De este modo, funcionarios, empresarios y periodistas “progresistas”, hacían brillantes negocios con productos de bajos niveles de audiencia y discutibles calidades profesionales, pero con adhesión política unidireccional irrestricta. 

Fue el gobierno de Macri responsable de estas bajas contractuales? Lamentablemente sí, al triunfar en la elección presidencial. Pero no fueron necesarios llamados telefónicos desde el poder político. Los empresarios acostumbrados a prebendas y evitar “el capital de riesgo”, jamás solventarán programas a pérdida, y actuarán acorde a los nuevos tiempos. Muchos de ellos, apelarán incluso al recurso de “vender” sus activos casi inexistentes a empresarios menos conocidos en el mercado, para diluir las responsabilidades público-privadas de origen. Bajo el aura virginal de nuevos dueños, los compradores reclamarán nuevos aportes del Gobierno, y de no lograrlo, concretarán la desaparición de las empresas. Esta metodología se extendió a otros campos no tan visibles como el de los medios de comunicación. Al momento, se conocen los casos de las empresas constructoras de Lázaro Báez; la avícola Rasic, y Sol Líneas Aéreas.

Lo indignante de estas operatorias, es pretender encubrir estos negociados entre funcionarios y empresarios, bajo la invocación de “crear y/o salvar fuentes de trabajo”. Para desactivarlas a futuro, lo que no será fácil, será oportuno que ante el “eslógan encapsulado”, la sociedad comience a plantearse los siguientes interrogantes:

1) Quiénes son los dueños de las empresas, y que garantías patrimoniales brindaron al Estado para responder por sus empleados y por los aportes estatales recibidos?

2) Qué control ejerció el Estado (Personas Jurídicas, AFIP, instituciones crediticias, etc.), respecto a constituciones societarias, situaciones patrimoniales y cumplimiento de balances por parte de las empresas?  

3) Porqué razón los dirigentes gremiales actúan tardíamente ante las crisis, y cuando lo hacen, exigen respuestas solo del Estado, y nunca exponen públicamente a los empresarios responsables?

En la columna de opinión del próximo miércoles expondremos algunos casos históricos de esta circulación corrupta de fondos públicos, que para muchos resultará sorprendente.

ESTADO POPULAR, BOBO O CÓMPLICE?

Es posible en un mundo con sobreabundancia informativa, mantener el oscurantismo de la impunidad? La respuesta es afirmativa. Existen técnicas específicas para ello. Si el o los sospechosos de delitos pierden la preciada cobertura del anonimato, se apela al recurso de la confusión, mediante acumulación  intencionada o inocente de falsedades o supuestos. Es lo que Jean Marie-Domenach, refiriéndose a la propaganda política fascista-comunista de la última guerra, cuyos principios continúan plenamente vigentes hoy, denominara “El mito. La mentira. El hecho”.

La distancia inevitable entre sucesos y conocimiento popular, no es un fenómeno moderno. En la relación con sus súbditos,  le recordaba Maquiavelo al príncipe: “Los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

En nuestra condición de ciudadanos comunes, el desafío pasa por intentar procesar la abundante información relacionada con hechos políticos. Una alternativa sería enfocar el análisis a partir de tres aspectos: 1) resaltar los puntos básicos del caso en debate; 2) encontrar similitudes con otros casos aparentemente distintos; 3) concentrarnos en detalles no clarificados, o de validez no constatada. El 2015 nos presentó tres ejemplos oportunos para este ejercicio: a) la muerte del fiscal Nisman; b) la fuga de tres condenados por narcotráfico del penal de General Alvear; c) las incorporaciones masivas de miles de empleados públicos en todo el país, a escasos meses o semanas del cambio de gobierno.  

Aunque parezca una redundancia, vale recordar que las irregularidades y/o complicidades se originan ineludiblemente con el nacimiento del hecho que las posibilita. Tanto en la muerte de Nisman como en la fuga del penal de General Alvear, se repitieron dos circunstancias: 1) los custodios (Nisman), y guardiacárceles (fuga del penal), con responsabilidades de máxima seguridad, actuaron con una ineficacia notable. Las respuestas sancionatorias se limitaron a “poner en comisión” o “separar del cargo” a los sospechosos, o muy tardíamente detenerlos. 2) En lo tecnológico, en ambos casos las cámaras de circuito cerrado de TV no funcionaban, y/o no grababan.

Tema no menor por lo reiterado, es el accionar de la justicia. La investigación del caso Nisman, de cuya muerte se cumplió un año, la encabezó la fiscal Fein. Pese a contar con la intervención de los más reconocidos peritos, increíblemente a la fecha siquiera pudo dictaminar si fue suicidio o asesinato. Observada su ineptitud, cabe preguntarse: que formación adicional a la jurídica brindada por las universidades, tienen los abogados para conducir investigaciones criminales? Los principales actores, además, pertenecen al Estado: funcionarios políticos; Poder judicial; fuerzas de seguridad e inteligencia.

Esto ejemplifica más claramente el desprecio por el Estado y los ciudadanos, que significó la demencial incorporación masiva de personal en distintas esferas de los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, a escasas semanas del reemplazo de autoridades. Tal locura se realizó sin distinción de banderías políticas; recibieron este insoportable legado y sus posteriores conflictos, aún gobernadores e intendentes que reemplazaron a quienes integraban su misma agrupación política. Todo ello, con la total y recurrente complicidad de los dirigentes gremiales, más preocupados en incrementar los aportes en sus gremios e incorporar a sus propios privilegiados, que en defender carreras administrativas, condiciones laborales y retribuciones salariales, de quienes realmente dignifican la tarea de empleado y/o funcionario público.

Usar al Estado para subvencionar amigos y familiares sin perfiles adecuados, sin espacios físicos de trabajo, sin horarios ni obligaciones, tiene un objetivo subyacente mucho más peligroso que el declamado “clientelismo político”. Es el de paralizar por saturación a los organismos públicos, para restarles eficacia en su accionar y favorecer la corrupción. De este modo se intenta disimular los enormes negociados del Estado con sectores privados asociados, nacidos bajo la más cínica de las justificaciones: crear puestos de trabajo. Analizaremos próximamente lamentables ejemplos vigentes.

Buenos Aires, 20 de enero 2016