EL COMPAÑERO YRIGOYEN

Estando en el exilio, refiriéndose a una de las recurrentes crisis políticas argentinas, expresaba Perón con su habitual ironía: “Llegado el momento, todos los argentinos son peronistas”. Perón, presidente en una época de profundos cambios pos guerra, inmerso en irreconciliables divisiones políticas, y desalojado del poder por un golpe militar, hacía referencia al oportunismo de las clases dirigentes cercanas al poder, cuyas adhesiones públicas ocultaban especulaciones privadas. Lo sufrió  en sus últimos años, cuando nuevamente presidente, fue combatido por algunos de los que, aprovechando su lejanía en el exilio, lo proclamaban líder.

Pasado el tiempo y tras una feroz dictadura, por primera vez en su historia el peronismo fue ampliamente derrotado por el radicalismo en las urnas. La falta de ejercicio democrático, disimuló contradicciones entre propuestas bien intencionadas y modernizadoras, y arraigados caudillajes con desapego por la institucionalidad. El bipartidismo peronista- radical, criticado por mantener estructuras anquilosadas y cada vez menos participativas, alumbró nuevas expresiones que se suponía enriquecerían la diversidad ideológico-partidaria. Sin embargo, una vez más la oportunidad fue sustituida por el oportunismo. Los nuevos dirigentes fueron rápidamente coptados por los dos partidos históricos. No sorprendía ver a María Julia Alsogaray y Adelina Dalessio, de la UCDE, entonar la marcha peronista como funcionarias de Menem. O a supuestos peronistas votar la privatización de YPF, para pocos años más tarde, esos mismos peronistas votar su reestatización. En ambos casos, con irreparables pérdidas económicas. Entre tantos dislates, llegó la crisis 2001-2002, y con ella el hartazgo social, reflejado en el clamor “que se vayan todos”. Como consecuencia, el peronismo y el radicalismo desparecieron como expresiones ideológicas diferenciadas y alternativas electorales excluyentes. Para sobrevivir, la dirigencia mutó la “bipolaridad” partidaria en “transversalidad”, en la que con cargos y prebendas mediante, cualquier acuerdo electoral era aceptable. Así surgieron la franquicia “radicales K”, y las diatribas de Néstor Kirchner contra “el pejotismo”.

En las pasadas elecciones presidenciales participaron con expectativa de triunfo, tres agrupaciones con escasa historia, integradas cada una de ellas por peronistas, radicales, socialistas e independientes. Como ya sucediera en 1983 con Alfonsín, muchos pueden decir hoy “soy peronista y voté a Macri”, o “soy radical y voté a Scioli”. Esta realidad nos deja en un estado de confusión o indefensión ideológica? De ningún modo; el tiempo configura realidades, y a ellas debemos adaptarnos para enriquecerlas. Sin embargo, las estructuras se transforman, pero la esencia humana permanece. Por ello, recordando el irónico comentario de Perón, deberemos esforzarnos en diferenciar entre oportunidad y oportunismo. La primera, indica detectar en tiempo y espacio un contexto favorable para lograr una mejora. El oportunismo responde a actitudes acomodaticias, arribistas, que subordinan principios a provechos personales.

Es habitual que en momentos de desprestigio, las dirigencias apelen al uso indecoroso de estereotipos o figuras simbólicas, como Perón, Evita, Alfonsín, y aún al olvidado Illia. Cual modernos espiritistas, los oportunistas intentarán adjudicarles posturas y opiniones, ajustadas a sus propias especulaciones e intereses mundanos. Tal estrategia se manifestó en el acto organizado por el ex radical Moreau, para recordar el centenario del triunfo electoral del emblemático líder radical Hipólito Yrigoyen, mediante el voto secreto y obligatorio del padrón masculino. Fue oradora principal la ex presidente Cristina Kirchner, a la que se le ofreció una boina blanca en un clima de hilaridad, para concluir entonando la marcha peronista. La paradoja es que mientras Yrigoyen murió en la más absoluta pobreza, la ex presidente debe aún rendir cuentas del enorme enriquecimiento patrimonial propio y el de sus principales funcionarios, originados por sus actuaciones a tiempo completo en la función pública.

Estos malabares espiritistas pueden ser detectados por su sintomatología. Los actos se convocarán en memoria de líderes pasados, pero la escenografía no se detendrá en datos biográficos y virtudes ajenas. Concentrados en la actualidad, los oradores intentarán identificarse con los homenajeados, y prometerán luchar por el bien de todos los argentinos. Si esta detección temprana del engaño no resultara efectiva, inevitablemente habrá que recurrir al exorcismo.

Buenos Aires, 12 de octubre 2016

EXISTE UNA BANELCO 2016? (II)

Rememorar el caso de los sobornos en el Senado denunciados durante el gobierno de la Alianza, pretende que quince años más tarde, los ciudadanos no seamos una vez más engañados por la oportunista escenografía coral de la lucha contra la corrupción, para que nada cambie. La enorme crisis de los años 2001-2002, origen del clamor popular “que se vayan todos”, fue causada por muchos políticos, jueces y empresarios que tienen vigencia hoy. No será entonces nada fácil modificar las estructuras, procedimientos legales y normas administrativas que facilitan la corrupción. De hecho, las leyes necesarias y prometidas no se promulgaron; los jueces investigan lo que ellos ocultaron, y políticos encubridores disfrazados de puristas, denuncian supuestas corrupciones de adversarios, solo para negociar el ocultamiento de las propias. El ya emblemático José López clarificó la patología, al adjudicar a “la política” los millones de dólares que intentó ocultar en un convento. Parafraseando la conocida frase de Clinton, habría que responderle: “entonces es dinero del Estado, estúpido”.

A diferencia de corrupciones anteriores, por primera vez la sociedad pudo “ver” parcialmente (no leerla o escucharla), la magnitud del dinero de la corrupción. Millones de dólares en una oficina de Puerto Madero, en un convento, en una caja de seguridad de la hija de la ex presidente, entabicados en un departamento de un financista relacionado con funcionarios, o simples directores administrativos públicos enriquecidos. Paradojas del discurso político “progre”: siempre dólares, nunca pesos argentinos. 32% de pobreza y 6% de indigencia no debiera sorprender. El saqueo impúdico de los recursos estatales lo explica claramente.

En este contexto, preocupan las manifiestas indolencias legislativas y judiciales, a tres meses de concluir el año 2016. Es habitual ver a muchos legisladores en medios de comunicación transformados en panelistas opinólogos, cuando no feroces críticos, en temas sensibles como corrupción, políticas de seguridad, complicidades judiciales, incompatibilidades de funcionarios, entre otros. Pero jamás explicitan proyectos de ley y su estado de avance legislativo, que ellos y/o sus bloques debieran elaborar para evitar los vicios que denuncian. Ejemplos.

1).- Aún no han sido aprobadas las leyes del Arrepentido y Extinción de Dominio (incautación de bienes obtenidos en forma ilícita), de las que existe amplia jurisprudencia en países que las aplicaron exitosamente. 2).- No se promulgaron leyes procesales penales que eviten injustificadas excarcelaciones; agilicen los procesos evitando las conocidas tácticas dilatorias, e incrementen sensiblemente las penas de funcionarios por delitos de fraude contra la administración pública. 3) No se propuso adjudicar responsabilidad penal a las personas jurídicas en caso de corrupción contra el Estado, que hoy no la tienen. 4).-No se desactivó explícitamente la antojadiza interpretación de que los fueros protegen a los legisladores por la comisión de delitos comunes.

Respecto al Poder Judicial, hablar de su colaboración con la impunidad sería redundante. Para que los jueces abandonen sus recoletos ámbitos de actuación, más acordes a negociadores privados que impartidores de justicia, destacamos tres aspectos: 

1).- En febrero de este año, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti anunció habilitar una base de datos para que los ciudadanos conozcan tipo de causas y funcionarios involucrados, dentro de los límites legales del debido proceso. No se cumplió. 2).- .Respondiendo a una iniciativa del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y otras entidades, el Consejo de la Magistratura accedió a realizar una auditoría sobre la justicia penal federal. No se cumplió. 3) Pese a las prolongadas tramitaciones judiciales, en el presente año no se elevó ningún caso de corrupción contra el Estado a juicio oral y público.

La ciudadanía decidió que en el gobierno de Macri no exista “escribanía” legislativa, por lo que transformar en leyes expresiones mediáticas contra la corrupción, es responsabilidad de todo el espectro político. El tema no debe ser patrimonio exclusivo de Carrió, Stolbizer y Ocaña. Es hora que tomen la palabra y actúen, entre otros, Pinedo, Pichetto, Rodríguez Saá, Solanas, Monzó, Di Tullio, Negri, Massa, Recalde, Caamaño, Cobos, Alfonsín, Gioja. 

Buenos Aires, 5 de octubre 2016

EXISTE UNA BANELCO 2016? (I)

La aprobación en el Senado de la Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de la Alianza, dio lugar al conocido escándalo de sobornos a senadores. En 1999 apareció una denuncia anónima en la sala de periodistas del Congreso. Días más tarde, el sindicalista Hugo Moyano declaró que el entonces Ministro de Trabajo Flamarique, le manifestó que para convencer a los senadores renuentes tenía una Banelco, originando una envidiable publicidad para la tarjeta de crédito.

Se generó la obvia repercusión pública, múltiples investigaciones y comentarios periodísticos, y las habituales declaraciones políticas clamando castigo. La causa judicial se inició en el 2000, a cargo del juez Liporaci, quien debió renunciar acusado de enriquecimiento ilícito. En ese mismo año también renunció el vicepresidente Carlos Alvarez, invocando abstractas causales de corrupción política en el cuerpo legislativo, de cuya administración era responsable. Su decisión inició la debacle del gobierno, que concluyera traumáticamente en diciembre del 2001. En el 2003, recién asumida la presidencia, en un reportaje televisivo realizado en su despacho, el fallecido Néstor Kirchner señaló el escritorio y dijo: “Acá se pagaron los sobornos”; Días más tarde, se presentó en la justicia el “arrepentido” ex secretario legislativo Pontaquarto, declarando haber distribuido en efectivo los sobornos. Carlos Alvarez fue designado por el gobierno kirchnerista en funciones en el exterior del país, que aún desempeña. Antonio Caffiero, senador entonces, escribía un libro referido al caso.

Tamaña reacción de políticos, gremialistas, y el propio Kirchner detallando el lugar en que se realizó el pago, hacía suponer que el caso se cerraría a la brevedad, con sanciones ejemplares que afectaran la reiterada y creciente corrupción política. Tras años de dilaciones judiciales se inició el juicio oral, con más de 300 testimonios prestados por acusados, acusadores, supuestos intermediarios, y el ex vicepresidente Alvarez. La mandataria Cristina Kirchner por su parte, relevó de guardar secreto a los funcionarios de la SIDE citados a declarar, atento que se suponía que el dinero de las coimas se obtuvieron de los fondos reservados de dicho organismo. En sede judicial y alejados de exhibiciones mediáticas sin costo, ninguno de los declarantes aportó datos o pruebas fehacientes. Excluiremos al “arrepentido” e inconsistente Pontaquarto, por ser un engranaje menor e irrelevante en el sistema de impunidad política.

En diciembre de 2013, los integrantes del Tribunal Oral Federal 3, Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez, emitieron un fallo con sólidos fundamentos vertidos en 3.000 páginas, resolviendo la absolución de todos los imputados. Esta decisión fue avalada posteriormente por la Cámara Federal Penal. El fallo expresa que los sucesos fueron entregados a la sociedad “de manera irresponsable y sin fundamentos por conocidos actores de la época, alentados, de igual modo, por el dr. Carlos Liporaci, primer juez de la causa….”. Tras el fallo, el fiscal Eduardo Taiano solicitó investigar a los testigos Alberto Fernández, Aníbal Ibarra y Daniel Bravo (especialista en encontrar anónimos contra opositores), por sus declaraciones sospechadas de falsas y contradictorias, respecto a una reunión mantenida con Pontaquarto previo a su denuncia. El fiscal destacó también la parcialidad manifiesta de algunos jueces intervinientes en la instrucción, en especial Daniel Rafecas.

La analogía entre la actualidad y los supuestos sobornos a senadores hace más de 15 años, surge del abroquelamiento que entonces tuvieron distintos representantes políticos para aportar pruebas incriminatorias, lo que arroja una disyuntiva: los sobornos no existieron, y la metáfora de la Banelco se utilizó solo para un ruin juego político de desestabilización, o bien cumplidos dichos fines, las coimas se ocultaron para continuar con la trama de impunidad. Tres aspectos abonan el escepticismo, y su repercusión en la actualidad: 1) Muchos de los actores políticos de entonces mantienen plena vigencia hoy. 2) Desde el escándalo de los sobornos a la fecha, la corrupción se desmadró a niveles increíbles, sin sanciones. 3) Se mantuvieron inamovibles los fondos reservados de los servicios de inteligencia, más proclives a favorecer actos corruptos domésticos, que a proteger a los ciudadanos.

Para alertar un posible intento del sistema político-judicial-empresarial imperante desde hace dos décadas, de distraer el reclamo de la sociedad contra la corrupción con una “Banelco” retórica de justicia y transparencia, en la próxima reflexión analizaremos lo actuado legislativa y judicialmente en lo que va del 2016.

Buenos Aires, miércoles 28 de septiembre 2016

SUBSIDIOS CORRUPTOS

Las falacias, sinónimo de engaño,  son argumentaciones psicológicamente persuasivas pero incorrectas. Es habitual su uso en el discurso político, y para enmascarar la corrupción invocando fines virtuosos, como Patria; defensa de los humildes; derechos humanos. Pocos prestan atención al “como” se implementan tan altos objetivos. Entenderlo, explicará porqué la política de subsidios del último gobierno justicialista-kirchnerista, se instrumentó para enriquecer a funcionarios y empresarios asociados a través de los conocidos “retornos”, superando a los sobrecostos de obras públicas.

La problemática de los subsidios y regímenes promocionales estatales no es nueva, ni tampoco lo son sus resultados, manifestados en históricos vaciamientos de organismos e instituciones financieras públicas. Baste recordar al ex Banco Nacional de Desarrollo, liquidado en 1995, y las pérdidas económicas de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires en el 2002, causadas por deudores enriquecidos aceptados como morosos irrecuperables. Los perjuicios se agudizaron durante el gobierno anterior, por tres razones interrelacionadas: 1) una continuidad política de subsidios de doce años; 2) se subsidiaron por igual a ricos y pobres para facilitar el flujo masivo del dinero; 3) el dinero público se intermedió a través de prestadoras y concesionaria integradas a la trama de complicidad , en lugar de trasladarlos directamente a los sujetos pasibles de subsidio. O sea, la tormenta perfecta de la corrupción. Ante tan obvia metodología, resulta inexplicable el silencio de supuestos opositores, defensores de consumidores, y de quienes hoy apelan al clásico travestismo político: “yo nunca fuí kirchnerista”.

Como resultado del cambio de gobierno en diciembre del 2015, que interrumpió el néctar del dinero público envasado en subsidios y sobreprecios, los multimillonarios empresarios intentan readecuar tarifas, o bien abandonan en tropel sus negocios de riesgo patrimonial cero, dejando un tendal de desocupados.

En los grandilocuentes e insípidos debates por las tarifas, nadie aclara qué parte de las obligaciones contractuales fueron subsidiadas. Incluían el mantenimiento y ampliación de servicios? En caso afirmativo, porqué no se controló su cumplimiento? Si no los incluían, porqué los grupos empresarios nacionales y extranjeros de prestadoras como Metrogás, Camuzzi, Edenor, Edesur, entre otras, continuaron al frente del negocio? Quizás porque los subsidios eran a costa de inversiones, y les aseguraban sus ganancias, y el monto a devolver a los funcionarios como “retornos”? Doce años de continuidad política crean fuertes vínculos entre gobiernos y empresarios prebendarios. Un ejemplo. Ante la acusación de enriquecimiento ilícito contra Daniel Scioli, que incluía dos estancias en Tandil, se presentó ante el fiscal Garganta el empresario italiano Stefano Garilli, declarándose su propietario. Señaló que las alquilaba a Scioli cuando este lo requería, dada la buena relación entre ellos. Quién es Garilli? Hermano de Fabrizio, presidente del holding que en Argentina controla a Camuzzi Gas.

En casos de negociados “persona a persona”, ante el cambio de gobierno los multimillonarios no perdieron el tiempo. Spolzki y Garfunkel abandonaron sus medios de comunicación; los hermanos Rasic huyeron de la avícola Cresta Roja; Horacio Angeli despareció de Sol Líneas Aéreas. En su momento, los hermanos Cirigliano se habían declarado insolventes para no afrontar los costos de la tragedia ferroviaria de Once; el banquero Esquenazi vendió a “buitres extranjeros” sus acciones de YPF, pagadas no con capital propio, sino a costa de inversiones. Un caso representativo del uso de la pasión popular como vehículo de corrupción, es Fútbol para Todos. La dirigencia de clubes y de la AFA, cobija a funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, gremialistas, empresarios, multinacionales, intermediarios, barras bravas. El diálogo “multipartidario” fluído entre ellos, concluyó con la desaparición de millones de pesos del Estado, democráticamente distribuidos en bolsillos de derechas e izquierdas. Deportivamente, con clubes disfrazados de entidades sin fines de lucro fundidos, campeonatos disparatados, descensos de Ríver e Independiente sumidos en el saqueo. Hoy, este colectivo dirigencial culpable, reclama impávido: “si el Estado no nos da más plata, no jugamos”.

Buenos Aires, 25 de agosto 2016

Próxima opinión política, por viaje: miércoles, 21 de septiembre

DINERO DE LA POLÍTICA

La trama de impunidad vigente desde hace dos décadas, más allá del fuerte reclamo ciudadano, no será fácil desmontarla. Si hubiera triunfado la continuidad democrática representada por Scioli, obviamente jueces y fiscales continuarían inactivos, no existirían videos comprometedores, ni José López hubiera requerido el auxilio espiritual de la hermana Alba. Para profundizar esta hipótesis, el primer paso será eludir pistas falsas a través de la “grieta”, cuyo fin es evitar que la ciudadanía razone por si misma, y compre mensajes y hechos políticos, enlatados bajo las etiquetas “período Kirchner” o “período Macri”.

La grieta no es una creación argentina; responde a la teoría “amigo/enemigo” del filósofo del nazismo Carl Schmidt, fundada en que la acción política necesita producir mitos que comprometan a los individuos. Por ejemplo, Patria o buitres; liberación o dependencia; neoliberalismo o populismo. En principio, ambos gobiernos tienen diferencias temporales. El matrimonio Kirchner ejerció el gobierno ininterrumpidamente entre el 2003 y 2015. Macri en los últimos ocho meses. Kirchner debe rendir cuentas de lo actuado en el pasado. Macri lo realizado en el presente, con vista al futuro. En ambos casos, en su debida proporción, en un sistema constitucional las responsabilidades alcanzan a todos los ámbitos de representación. En especial, al que reúne todo el espectro político-partidario: el poder legislativo. Surge aquí la primera sospecha. La morosidad para avanzar en la aprobación de leyes anticorrupción concretas es preocupante, pero no tan sorprendente.

Paralelamente, jueces y fiscales van retomando sus ritmos relajados, confiando que el paso del tiempo irá aplacando el reclamo social de acabar con la corrupción estatal-privada. En esta etapa de transición, el interés mediático es mantenido a través de declaraciones o trascendidos de detenidos, sospechosos o familiares, que oscilan entre lo irrelevante, místico o críptico. La ex presidente Kirchner y la emblemática Hebe de Bonafini se suman de buen grado al espectáculo, solicitando resistir el embate de jueces que tardíamente pretenden investigar el destino de multimillonarios recursos sustraídos al Estado. Bonafini, demócrata sin par, se permitió una vez más insultar a un juez. Es el prestigio que la Justicia se supo ganar.

Sectores empresariales involucrados en la cadena de complicidad, realizan su aporte a través del ámbito legislativo, actuando como lobistas para evitar la sanción de leyes anticorrupción que los amenace, o ejerciendo presión y/o inducción a través de medios de medios de comunicación. En el Canal C5N, respondiendo al objetivo de su dueño acosado por investigaciones de evasión fiscal, los periodistas Navarro y Silvestre apelan a la presión, tratando de involucrar a Macri en actos corruptos, sean valederos o ficticios. Nadie duda que un “acuerdo patriótico” entre Macri y Cristóbal López, modificaría la línea editorial del canal. Y como ya pasara entre Víctor Hugo Morales y Néstor Kirchner, no sorprendería que Navarro se confesara macrista.

Analicemos ahora dos medios críticos del kirchnerismo: Clarín y La Nación. El primero, ante la manifiesta indolencia del senado para aprobar la ley del arrepentido, optó por la inducción. Dejó trascender comentarios altamente descalificatorios respecto de la solidez jurídica de lo aprobado por diputados.”Off de record”, menciona a Gil Lavedra y Arlasnián. La Nación por el contrario, destaca claramente la escasa voluntad política para aprobar leyes anticorrupción transformadoras. La estrategia dilatoria en el Senado queda expuesta con solo formularnos dos preguntas: 1) Los asesores jurídicos de los bloques políticos de diputados y senadores son distintos, o bien no intercambian información entre sí?  2) Conocen los legisladores, por ejemplo, las leyes del arrepentido aplicadas con éxito en Brasil y Estados Unidos?  

La última declaración título de página la aportó José López: “El dinero de los bolsos proviene de la política”. Vaya novedad. El dinero público se relaciona con la política; y quienes asumen la responsabilidad de administrarlo lo hacen a través de la política. La justicia federal no está ante un juicio entre Microsoft y Google por pelea de patentes, sino ante la obligación de diferenciar entre funcionarios y empresarios probos o corruptos.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016

EL ARREPENTIDO ES ....

A nivel mundial, los medios de comunicación han sido pilares fundamentales para la detección de casos de corrupción estatal-privada, y su difusión pública. En especial los radiales y televisivos, que llegan a franjas socio-culturales que, o bien carecen de formación adecuada, o de posibilidades de obtener información más amplia y compleja. Esta posibilidad brindada por la libertad de prensa, permite que la sociedad en su conjunto conozca comportamientos políticos e institucionales, sea en la defensa o depredación de los recursos del Estado. Pero también obliga a que los corruptos deban resignar el habitual “secretismo” del negociado, y deban proteger sus impunidades en el ámbito público. Apelan entonces a la estrategia de oponer desinformación a la información; falsedades a las verdades; periodismo mercenario al de investigación.

La consecuente diversidad de mensajes, nos plantea un desafío para formar nuestra propia opinión: razonar como sujetos críticos, en lugar de receptores pasivos. Una forma entretenida pero no menos útil de lograrlo, es analizar el desarrollo de los hechos a modo de una novela policial. Este rol detectivesco nos hará sospechar de las expectativas que despiertan posibles arrepentimientos de detenidos o de sus familiares. La primera contradicción, es que el arrepentimiento exige la admisión previa de culpabilidad, lo que hasta el momento no sucedió. Peor aún, lo que suponíamos una línea investigativa más simple, por pertenecer los funcionarios públicos involucrados a un escalafón de responsabilidades preestablecido, quedó desvirtuado. En sus primeras declaraciones, el funcionario de mayor jerarquía delegó responsabilidades en su segundo, éste en quien le sigue, y así sucesivamente. Esta estrategia trastoca inclusive el clásico formato novelístico policial, donde el asesino es quien menos sospechas despierta. En una época solía ser el mayordomo. Pero a este acelerado ritmo de delegación de culpas, los mayordomos del escalafón administrativo ya deberían poner barbas en remojo. 

Para mantener cierto entretenimiento mediático, las invocaciones de inocencia son matizadas con aspectos más domésticos, como crisis matrimoniales de los detenidos, José López bailando desnudo en su celda, o el narcotraficante Pérez Corradi y su abogado, contando versiones escuchadas en el café del barrio. Los detenidos a su vez, a través de reportajes formulan declaraciones crípticas con veladas amenazas a sus socios aún en libertad, o apelan a misticismos para que “se investigue hacia arriba”. La hermana Alba por su parte, es consultada para que profetice si jueces y fiscales diluirán nuevamente las causas con el paso del tiempo. Pero lo más importante ingresó en un cono de silencio: saber si la justicia está acumulando los elementos probatorios de carácter financiero, societario, de titularidad, administrativos y complicidades  existentes, solo ante los cuales sería posible que parte de los saqueadores estatales y privados negocien su arrepentimiento, que no será precisamente de carácter religioso.

La figura del arrepentido, casi desconocida hasta el presente año, ejemplifica lo difícil que será destruir la trama de complicidad. Esta ley es de aplicación en los países más desarrollados desde hace años. En Italia, para su combate contra la mafia; en Estados Unidos, se utilidad se demostró en el escándalo de la FIFA, que tiene a un empresario argentino detenido; en Brasil, en el caso de corrupción de Petrobrás, con políticos, legisladores y empresarios condenados.

En nuestro país, solo la exhibición obscena de millones de dólares robados al Estado, motivó que con escaso entusiasmo se planteara legislar leyes anticorrupción esenciales, entre ellas la del arrepentido. Se estaba en este incipiente debate, cuando al fiscal Raúl Pleé se le ocurrió publicar el 30 de marzo pasado en el diario La Nación, un artículo titulado “La ley del arrepentido está vigente”, e incluía el lavado de activos. Leonardo Fariña leyó el artículo, y días más tarde se arrepintió, con los resultados conocidos. Sin embargo, el poder legislativo continúa en mora respecto a legislar leyes contra la corrupción, lo que nos recuerda la sentencia de Solón: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016

ÉTICA DEL ENGAÑO

En toda novela policial, la búsqueda de culpables de delitos, confronta al investigador con mentiras y pistas falsas. Dado que nuestra sólida trama de corrupción estatal-privada se inserta en el campo político, a los habituales recursos de encubrimiento, se le suma la grandilocuencia discursiva. No sorprende entonces que en medio del lodazal, se utilice un concepto impactante, exento de toda sospecha: la ética. Los interesados en generar un estado de confusión al momento de establecer responsabilidades, muchas veces intentan mimetizar ética y delito. La ética sin embargo, es una rama de la filosofía referida al estudio de las acciones humanas y de la moral, que se basa en la obediencia de normas, costumbres y preceptos. Se diferencia de la ley, porque ninguna persona puede ser obligada por el Estado u otras personas a cumplir normas éticas en sí mismas, ni sufrir castigo o penalización por desobediencia de éstas. Para ser de cumplimiento obligatorio, deben estar incluidas en leyes o normas administrativas.

Mantener la condición ética, implica sustentarse en estándares de igualdad. No puede invocarse para justificar privilegios u ocultar delitos mediante canjes de intereses, como se hacía con espías durante la guerra fría, o entre bandas de delincuentes. Resulta oportunista plantear un supuesto conflicto de intereses del ministro de Energía Aranguren, salvo impedimento explícito por ley, por su reciente cargo directivo en la empresa Shell, de la que además recibió acciones, y simultáneamente, mantener el acuerdo político que permite utilizar fueros parlamentarios, para proteger a los legisladores por la comisión de delitos comunes, permitiendo además que como procesados, o aún condenados como es el caso del senador Menem, legislen. 

De ahí que las grandilocuencias semánticas, tales como Ética, Transparencia, Democratización, pueden encubrir objetivos contrarios. La ley de Ética Pública, promulgada en octubre de 1999, estableció el régimen de declaraciones juradas patrimoniales actualizadas anualmente, para un amplio rango de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero nunca fue aplicada. Peor aún, se reformó en el año 2013, con menores exigencias en el detalle patrimonial a declarar. Muchos de los que votaron la reforma, cínicamente se preocupan hoy por las cuentas “off shore”. De haberse verificado el cumplimiento de las presentaciones anuales, para luego procesar datos y medir evoluciones, se hubiese evitado gran parte del saqueo de recursos. En este instrumento esencial para detectar corrupciones, como son las declaraciones anuales patrimoniales, no se cumplió con la ética ni con la ley. Estas omisiones fueron planificadas? Porqué no formularon reclamos supuestos opositores? 

Establecida la diferencia entre ética y ley, queda claro que nuestra tarea investigativa será en el marco de un “policial duro”, sembrado de delitos concretos contra la administración pública: asociaciones y enriquecimientos ilícitos; estafas; defraudaciones; peculados; prevaricatos; cohechos. Corrupción no es un concepto fácil de entender, y menos aún sus consecuencias directas sobre personas, bienes y desarrollo de un país. Pero hoy la sociedad pudo “materializar” la abstracción corrupción, viendo el conteo de millones de dólares en una oficina de un contratista de obra pública; millones de dólares escondidos en un convento por un ex Secretario de Obras Públicas; millones de dólares guardados en una caja de seguridad de la hija de una ex presidente. 

Encarar el análisis de los acontecimientos, implica establecer parámetros referenciales, tales como:

1.- Los grandes casos de corrupción que ocupan el centro de atención tras el cambio de gobierno, eran conocidos con detallada información del periodismo de investigación, desde hace al menos dos años.

2.- Los mismos jueces y fiscales que se mantuvieron cuanto menos inactivos desde ese entonces, son quienes hoy deben llevar adelante dichas causas.

3.- Las múltiples denuncias de enriquecimiento ilícito de altos y medianos funcionarios, que explican situaciones que hoy causan asombro, concluyeron en rápidos sobreseimientos, o en expedientes inactivos.

En la próxima reflexión analizaremos una figura ajena a lo religioso: el arrepentido. 

Buenos Aires, 03 de agosto de 2016

CORRUPCIÓN ES MAFIA?

Continuando con nuestro ejercicio de analizar  a manera de una novela policial los sucesos de corrupción estatal-privada, visibilizados como nunca antes por la opinión pública, clarifiquemos una duda: los conceptos de “corrupción” y “mafia” son similares?. La mafia nació en Sicilia, en busca de una organización eficaz que respaldara diversas actividades criminales. Sus integrantes se autodenominaban “mafiosos” (hombres de honor), y mantenían fuertes códigos de silencio. Sus comienzos fueron conocidos por sangrientas peleas entre bandas, por el dominio de negocios ilegales. Con el tiempo se expandieron a nivel mundial, sofisticando su accionar y actividades, y sumando políticos, jueces, policías y empresarios a sus estructuras delictivas. Lo que relaciona al término “Mafia” con el de “corrupción estatal-privada”, es el principio de organización, donde nada es dejado al azar. Debemos distinguir entre “actos corruptos” y “estado de corrupción”. Los primeros resultan de un conflicto de intereses localizado, resuelto delictivamente. Pero cuando se vuelven planificados, sistemáticos, ejecutados y/o avalados desde el Estado, se ingresa en un “estado de corrupción”.

En una democracia, el armado de estructuras de complicidad estatal es más complejo que en el campo del delito desembozado, que apela a la violencia explícita como método de persuasión. Cuando hablamos de dineros públicos, que son los más desprotegidos y fácilmente obtenibles, la planificación y ejecución, para concretar el saqueo primero, y lograr impunidad luego, debe estar en cabeza de altos funcionarios del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Empresarios y/o testaferros actúan como asociados. Una vez armada la trama de complicidad, optimizado su funcionamiento, y definidos los códigos de silencio ante situaciones críticas, no solo es imprescindible sostener la trama en el tiempo, sino darle visos de legalidad. En este esquema, la aprobación o ausencia de determinadas leyes es esencial. Por su parte, los empleados o funcionarios públicos honestos que se rebelen, carecerán de toda apoyatura gremial en su defensa.

El caso del ex Secretario de Obras Públicas José López, ocultando 9 millones de dólares en un convento, fue un “acto” individual, o mostró un “estado” de corrupción? Debemos considerar dos aspectos: actores intervinientes, y reiteración de hechos corruptos. Un contrato de obra pública implica varias instancias administrativas ineludibles: proyecto, presupuesto, análisis de ofertas, control de legalidad del trámite, adjudicación; garantías de contrato, control de obra, pago de certificados, recepción de obra. Los sobreprecios nacen de origen, sea en el presupuesto oficial o en la oferta aceptada, pues la coima es de pago contado efectivo, antes del inicio de obra. Firmado el contrato, pueden surgir nuevos negociados: disminución de la calidad de obra pero no del precio; renegociación y aceptación de onerosos adicionales de obra, y en un exceso de impunidad, pago de certificados por obra no ejecutada. Es imposible que este circuito lo realice un “llanero solitario”, sea Ministro o Secretario; es necesaria una estructura corrupta. Si a ello sumamos la reiteración de casos de corrupción, y los manifiestos enriquecimientos ilícitos de funcionarios y empresarios relacionados, resulta evidente que nos encontramos ante un “estado de corrupción”.

En este esquema, cuando surgen denuncias de delitos, la Justicia interviene para protegerlos, asegurando impunidad. El juez Rafecas mantuvo inactiva desde el 2008 una denuncia contra José López por enriquecimiento ilícito. Los legisladores por su parte, que no pueden ampararse hoy en que son una “escribanía”, demoran ostensiblemente leyes que modifiquen la matriz de corrupción, como la ley de fueros que los protegen por la comisión de delitos comunes; ley del arrepentido; ley de incautación de bienes sospechados de corrupción contra el Estado, y el incremento de penas por delitos contra la administración pública. Todo ello, mientras recorren medios de comunicación como “libre pensadores”. Siempre es útil que el legislador ejerza su derecho a opinar, en tanto y en cuanto lo acompañe con su obligación de legislar.

Marina Walker, vicedirectora del consorcio internacional de periodistas de investigación que sacó a la luz el caso “Panamá Papers”, en una entrevista que le realizara Alconada Moon, señaló una obviedad que vale la pena resaltar: “toda corrupción es primeramente local”.

Buenos Aires, 27 de julio de 2016

DELITOS VIRTUOSOS

En la reflexión anterior, propusimos como método para que el mayor espectro social posible entienda la mecánica de corrupción en el Estado, receptar el desarrollo de los acontecimientos como parte de una atrapante novela policial, en la que no seremos lectores pasivos, sino intentaremos desempeñar un rol analítico. Lo que no deberá ser un entretenimiento será el resultado final: sanción a los corruptos, recuperación de la mayor cantidad del dinero sustraído al Estado, y destrucción de la trama de impunidad vigente desde hace veinte años. Los saqueos políticos nacen invocando fines virtuosos: subsidios a los que menos tienen, pese a que incluyen empresarios; protección de fuentes de trabajo, para justificar negociados públicos-privados; luchas contra grandes grupos económicos, jamás concretadas; cunas gratis de alto costo y baja calidad, para madres necesitadas; conversión de organizaciones sociales en grandes empresas constructoras. “Delitos virtuosos”  entonces, no es un título contradictorio.

Previo al inicio de nuestras conjeturas, debemos destacar dos aspectos: 1) Plantear “Ud. cree que Fulano es culpable?”, no solo es irrelevante, sino podemos caer en la principal trampa de la propaganda política: hacernos pensar y actuar en base a emociones o creencias, y no a razonamientos. 2) Inicialmente se debe aplicar el principio de la duda, dudando de todos. Para detectar engaños u omisiones, serán útiles las opiniones de oficialistas u opositores; del canal TN (Clarín), o C5N (Cristóbal López). En la estrategia mediática del ocultamiento y confusión, no es necesario acusar sin pruebas; es suficiente con sembrar dudas.

Un relato se inicia con descripción del lugar de los hechos, personajes intervinientes y delitos cometidos. El lugar es Argentina. Los personajes pertenecen al ámbito político-institucional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Empresarios y gremialistas actúan según los casos, como cómplices necesarios. La primera dificultad surge al momento de establecer los delitos. De hecho, hasta el momento no hay crímenes o robos contra el Estado; solo sospechas. Los involucrados, como es natural, se declaran inocentes, o sin rubor, perseguidos políticos. Esta teatralización de inocencia fue exitosa en las últimas décadas, debido a la garantía de impunidad brindada por un sector clave en la trama del saqueo: el poder judicial, y en especial, el fuero federal.

Qué cambió para causar la conmoción popular actual? Los ciudadanos pudieron “ver”, sin mayor intermediación comunicacional explicativa,  como empleados de Milagro Sala sacaban un bolso con 29 millones de pesos del Banco Nación de Jujuy; a integrantes del grupo Báez, contando millones de dólares en Puerto Madero; al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López,  arrojando de madrugada bolsos con 9 millones de dólares, en un convento que aún no se sabe si lo es, y con monjas que se ignora si lo son; y a una hija heredera del matrimonio presidencial, con 4.600.000 dólares en una caja de seguridad bancaria. La población, azotada por serias desigualdades sociales desde hace décadas, explotó de indignación. Tardíamente, jueces, fiscales y políticos, que no desconocían el trasfondo de corrupción, se preocuparon.

La imagen de un hecho es un poderoso instrumento para comunicar sus implicancias a un amplio espectro social y cultural, con similares resultados de comprensión. Los 8.000 millones de pesos de impuestos a los combustibles, que el empresario Cristóbal López en su carácter de agente de retención no depositara en la AFIP, y que el ex titular del Organismo Ricardo Echegaray le refinanciara en condiciones irrisorias, implicaron un perjuicio fiscal de 533 millones de dólares. Sin embargo, tuvieron mucho menor impacto en la opinión pública que los 9 millones de dólares que José López quiso ocultar en un convento.

La reacción social masiva e inédita contra la corrupción estatal-privada, en principio no implica un punto de inflexión, como superficialmente auguran algunos políticos y comunicadores. La trama de impunidad es muy fuerte y está vigente. Para sostenerla se utilizarán recursos comunicacionales periodísticos, políticos y judiciales, que sometan a la opinión pública a una estrategia de dilación, confusión y ocultamiento, mezclando verdad con falsedad. El objetivo es la saturación y el olvido. En el próximo capítulo de la novela incursionaremos en ejemplos de la trama de impunidad, y ubicaremos “crímenes”, que además fueron seriales, pese a la inexistencia de condenas. El código penal los denomina enriquecimientos ilícitos.  

Buenos Aires, 20 de julio de 2016.

PROTECCIÓN = PERSECUCIÓN

Ambos términos parecieran ser claramente opuestos. Sin embargo, relacionados con las obligaciones del poder judicial de actuar con celeridad y eficacia  ante actos corruptos en perjuicio de los recursos del Estado, son entendidos como sinónimos. Porqué? Cuando jueces y fiscales actúan con evidente morosidad en casos de corrupción, son acusados de brindar “protección”. Si por el contrario proceden acorde a las leyes, aún cuando sea tardío y oportunista, los otrora protegidos se quejan de persecución. Por ello, tanto protección como persecución, expresan discrecionalidad y complicidad. Tal desprestigio del poder judicial, y en especial el fuero federal, no es infundado.

En este contexto, se produjo el cimbronazo político del triunfo presidencial de la coalición Cambiemos, desalojando del Ejecutivo a una expresión justicialista que gobernó ininterrumpidamente durante doce años. En simultáneo, estallaron escandalosos hechos de corrupción que no se “contaron” o se “leyeron”; sino fueron “vistos” en tiempo real personajes manipulando fondos multimillonarios, que por añadidura, y contrariando falsas proclamas políticas, eran en dólares. Cabe preguntarnos: se podrá fracturar, aunque sea parcialmente, la fuerte trama político-empresaria-judicial y gremial, conformada por los mismos actores desde hace veinte años?

En los sistemas democráticos las sustituciones institucionales son parciales. Las del Ejecutivo no se replican en los poderes Legislativo y Judicial, y menos aún, en las representaciones empresariales y gremiales. Pero es claro que tamaño saqueo de los recursos públicos, no pudo realizarse sin una activa participación, por acción u omisión, de importantes actores de cada uno de estos sectores. Lo que se conoce como “trama o estructura” en el campo del delito, cuando supera ciertos niveles económicos y temporales, adquiere tanto o más poder que los propios Gobiernos. Por ello, es en el campo de la corrupción donde deberán plasmarse verdaderos “acuerdos políticos” que prioricen honestidades y capacidades, no falsas ideologías y especulaciones. Hay tres aspectos que históricamente tienden a ser conservadores: el poder; el dinero y el delito.

La lucha por mantener impunidades y fortunas mal habidas será durísima, por lo que la sociedad deberá involucrarse firmemente, demandando resultados concretos. El riesgo de que nuevamente “todo siga igual” está latente. Involucrarse, de alguna manera significar “entender”, y la corrupción con sus diversos matices, tiene complejidades. Entender, implica lecturas y procesamientos de datos no siempre sencillos. El desafío consistirá en lograr transmitir al mayor espectro social-cultural posible, conceptos y enseñanzas consistentes. Una alternativa formativa y a su vez entretenida, sería analizar el desarrollo de los acontecimientos, para desentrañar hechos, personajes y culpables, como si fuera una novela policial. El escritor griego Petros Márkaris, autor de la serie del policía Kostas Jaritos en el marco de la crisis de la deuda externa griega, señalaba que “el enorme éxito de la novela negra en las últimas décadas, se debe a que refleja la novela social y política de nuestro tiempo”. A los argentinos, “asesinos y crímenes” políticos-económicos nos sobran.

Nuestra “novela” se basará en la información obtenida a través de medios de comunicación masivos: televisión (oír y ver), radio (oír) y prensa escrita (ver). La libertad de prensa nos confronta con distintas fuentes de información, capacidades profesionales, honestidades, e intereses subterráneos. Se apelará a dos periodismos. El de investigación, más complejo y que requiere una especial profesionalidad y disponibilidad de recursos, ha cumplido un rol fundamental a nivel mundial para descubrir escándalos de corrupción económico-políticos, superando ampliamente al rol legislativo. En el periodismo de opinión, sin negar su condición de espectáculo, prevalece el comentario y/o denuncia sin validez legal, de no ser ratificada judicialmente. Por su variedad de voces (especialistas varios, abogados defensores), y habitualidad en la pantalla, es el que más incide en la opinión pública. Sobre esta franja comunicacional actúan los expertos en propaganda y manejo de opinión, y según sus objetivos, mezclan  información con desinformación, verdad con ocultamiento o desfiguración.

El comienzo de nuestra novela respondió a patrones clásicos. Varios personajes involucrados desde hace décadas en la trama de impunidad, declararon impávidos: “yo no sabía”, “no lo conozco”, o bien, “solo firmaba el expediente que me traía mi secretaria”. En la próxima reflexión, el segundo capítulo.

Buenos Aires, 13 de julio de 2015

  

"COMBATAMOS" A MACRI

El título, como cualquier consigna política, tiende a esquematizar y simplificar el concepto, evitando desgastes argumentativos. El término “combatamos” señala que el problema lo tenemos instalado, y estamos actuando para enfrentarlo. Comprobar que la supuesta “izquierda” roba tanto como la supuesta “derecha”, nos evita perder tiempo en disquisiciones ideológicas, e ir al objetivo de fondo: combatir y derrotar a Macri. Para ello se proponen dos estrategias alternativas: una de corto y otra de mediano plazo.

La primera la encabezan quienes, apoyados en estructuras operativas pequeñas pero organizadas, apelan públicamente a expresiones rimbombantes nada inocentes, para generar inestabilidad. Son cara visible en esta etapa por ahora verbal, Fernando Espinosa, Guillermo Moreno, Jorge Ferraresi, y los expertos en “aprietes” Fernando Esteche y Luis D Elía, quien sumara a sus huestes a un ícono de la lucha contra la pobreza: Amado Boudou. Esta estrategia golpista corre el riesgo de ser asimilada con la empleada contra De la Rúa en diciembre del 2001, cuya consecuencia fue el recordado “acuerdo político patriótico” del 2002, que se caracterizó por una enorme devaluación y desempleo; incautación de los ahorros de pequeños y medianos ahorristas, y la estatización parcial de la deuda en dólares de grandes grupos económicos. La trampa no funcionó; la sociedad reclamó hastiada, “que se vayan todos”. Pero la trama de impunidad político-empresarial sobrevivió, y se quedaron casi todos.

La estrategia de mediano plazo es más sofisticada, incruenta, y no menos dañina. Consiste en desactivar la actual estructura del Estado, que permite un manejo discrecional a través de dinero y prebendas para saquear sus presupuestos con total impunidad, obteniendo por acción u omisión, la complicidad de organismos centralizadas, autárquicos, sociedades estatales, organismos de control, poderes legislativo y judicial. Destruir esta sólida trama político-empresaria-judicial-gremial, impediría que Macri y funcionarios de Cambiemos puedan usufructuarla.  Atento que la próxima elección presidencial se realizará en 40 meses, es imprescindible una acción legislativa inmediata, coordinada y simultánea. Por su mayor complejidad, la reformulación de la estructura integral del Estado merecerá un próximo análisis específico. Se destacan algunos temas de tratamiento inmediato:

Corrupción.- 1) Anular expresamente fueros parlamentarios para los delitos comunes, sean particulares o contra la administración pública. 2) Incrementar las sanciones penales por delitos de corrupción. 3) Aprobar cuanto antes la ley del arrepentido por estos delitos, y establecer el procedimiento de incautación inmediata de bienes obtenidos en forma ilícita y/o delictiva.  

Consejo de la Magistratura.- 1) Someter los antecedentes de sus 13 integrantes al escrutinio y/o audiencias públicas, previo a su designación. 2) Obligar que su página web sea clara y actualizada respecto a concursos de magistrados, puntajes obtenidos, enjuiciamientos. 3) Conocimiento público de los avances de causas penales por delitos de corrupción, que fuera prometido por el juez Lorenzetti en febrero de este año.

Organismos de control.- 1) Someter los antecedentes de sus autoridades a audiencias públicas, previo a su designación. 2) Exigir que sus páginas web sean claras en cuanto a cronograma de actuaciones (investigaciones, auditorías; tiempos de análisis; dictámenes).

Incompatibilidades: 1) Serán cotejadas e informadas públicamente previo a la designación de los funcionarios políticos, o en un plazo no mayor a 30 días hábiles si es posterior. El dictamen se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, y no en subjetivas opiniones de carácter ético.

En el afán de dificultarle  al gobierno de Macri manejos políticos a través de actos de corrupción, podría suceder que el país llegue a la próxima elección presidencial en buena situación social y económica, y paradójicamente, Macri y Cambiemos triunfen nuevamente. Pero toda estrategia conlleva sus propios riesgos.

Buenos Aires, 06 de julio de 2016

NO SABÍA; NO LO CONOZCO

Estas palabras fueron pronunciadas infinidad de veces en relatos o películas del género policial. Hoy las balbucean altos niveles políticos, judiciales, gremiales y empresariales, que tuvieron importante participación en la trama de saqueos de recursos del Estado en las dos últimas décadas. Circunstancialmente oficialistas u opositores, transitaron con igual entusiasmo y disfraz ideológico, por el menemismo, la Alianza, el duhaldismo y el kirchnerismo. La complicidad del poder judicial permitió que cualquier corrupto, impávido, manifestara “creer en la justicia”, o “ser inocente hasta que no se pruebe lo contrario”. En este lodazal, complicidad, pragmatismo y oportunismo, se consideraron sinónimos. Por ello, para evitar que los partícipes activos y pasivos del saqueo se aferren a la trama de impunidad, deberemos evitar la trampa de adjudicar la corrupción exclusivamente al kirchnerismo, como oportunamente se hiciera con el menemismo.

Qué cambió en estos últimos meses? La irrupción de lo más temido por el delito y la propaganda política: las imágenes, exhibidas crudas a la sociedad, de fácil comprensión para cualquier nivel social y educativo. Allegados a Milagro Sala retirando bolsos de dinero del Banco Nación de Jujuy; integrantes del grupo Báez contando millones de dólares en Puerto Madero; el ex secretario de Obras Públicas arrojando de madrugada más de 9 millones de dólares a un Convento de Orantes y Penitentes, de propiedad y conducción aún desconocida.

En la desesperación, las operaciones de “confusión y ocultamiento” perdieron sutileza, y apelaron a la negación o a la estupidez. La más emblemática, es el anuncio de la extinción de un principio fundacional del justicialismo: el ejercicio del poder centralizado y vertical, ejercido por el líder. Más allá de algún reto autoritario por televisión, designar a su sucesor presidencial, y poner a sus candidatos a legisladores en las provincias, la presidente Kirchner condujo un conjunto de gobernadores y organismos autónomos. El absurdo se esparció: los ministros o “superioridad”, solo se limitaron a firmar expedientes armados por la “inferioridad”. Hebe de Bonafini constató que José López fue infiltrado hace 30 años en el círculo de Néstor Kirchner (no sería extraño que a De Vido lo infiltrara Franco Macri). El descubrimiento de tres recintos bajo tierra en el interior del Convento al que José López, en estado de éxtasis, pretendió donarle millones de dólares, abrió un interesante debate: si se usarán como bóvedas, criptas o bodegas, obviando que las tres alternativas son excelentes para ocultar dinero. El detenido narcotraficante Pérez Corradi, no quiso ser menos: se niega ser extraditado a la Argentina, porque “no cree en la Justicia”. Para desbaratar este ardid de la defensa de Corradi, el juez Rafecas, después de ocho años de denunciado, comenzó a investigar el posible enriquecimiento ilícito de José López.

Está claro que las recientes imágenes de corrupción, dificultan enormemente la manipulación de la opinión pública a través de técnicas mediáticas de desacreditación y encubrimiento, pese a los esfuerzos de Navarro y Silvestre en C5N. Además, los procedimientos delictivos presentados hoy en los medios de comunicación, como sobreprecios, testaferros, facturas falsas, empresas intermediarias ficticias y sin capital, financistas encubiertos, empresas “off shore”, son de práctica habitual desde hace décadas, no solo en nuestro país. Inclusive en los casos IBM-Banco Nación (1994); Siemens (1998), y Skanska (2005), existieron directivos confesos de pagar coimas a funcionarios. Pero la escandalosa complicidad judicial, permitió que las denuncias fueran banalizadas como simples espectáculos mediáticos, con rasgos de telenovelas, mientras el país se empobrecía.

La prueba más contundente de esa impunidad han sido los sobreseimientos a funcionarios por enriquecimientos escandalosos, sin peritajes serios ni apelación de los fiscales. Ejemplos: matrimonio Kirchner (Norberto Oytarbide-2008); matrimonio De Vido (ex juez Aráoz Lamadrid-2009); José Manzur (Daniel Bejas-2014); Carlos Liuzzi (Luis Rodríguez-2015); Daniel Scioli (juez de garantías Pablo Reale-2015); camarista Eduardo Freiler (Martínez de Giorgi-2016), y muchos más.

La sociedad está aprendiendo que corrupción no es un concepto abstracto, y el funcionario que coimea y/o roba, “empobrece y/o mata”. Pero estamos lejos de un punto de inflexión. Todos los actores permanecen aún en el escenario.

Buenos Aires, 29 de junio de 2016

SOBREPRECIOS Y CINISMOS

Es imposible hablar del saqueo de los recursos del Estado a través de los sobreprecios en términos abstractos y pretendidamente docentes, sin previamente interrelacionarlo con la práctica del cinismo. Los hoy falsamente sorprendidos funcionarios, jueces, fiscales, políticos y empresarios, saben perfectamente que significa sobreprecio, y como detectarlo. Por ello la sociedad deberá sortear las trampas disfrazadas de delirantes justificaciones del latrocinio, o confusos mensajes explícitos o subliminales vertidos en medios de comunicación, para salvar impunidades primero, y de ser posible, mantener la extendida trama de corrupción estatal-privada, que lleva dos décadas. Cinismo, como definición general, es “mentir con descaro y defender en forma impúdica acciones condenables”. Sobreprecio, es el “aumento del precio normal de una cosa o servicio”.

La valoración del término “precio normal”, difiere según corresponda al sector privado o público. Cuando el privado ofrece un bien, servicio o construcción, con un precio que consideramos “caro”, tenemos la opción de no comprarlo, y buscar alternativas. Pero cuando lo “caro” lo paga el Estado, decimos que hubo “sobreprecios”. Porqué? Un Gobierno, que debe representar el interés común de una sociedad y administrar su patrimonio, no tiene la opción de apartarse del precio “normal”. Para contratar bienes y servicios, comparará precios de mercado, adjudicando en igualdad de condiciones la mejor oferta. En las concesiones y obras civiles de cualquier tipo y envergadura, los organismos pertinentes elaboran los presupuestos y condiciones de cotización, a las que deberán ajustarse las empresas en sus ofertas. Por lo tanto, todo excedente injustificado por sobre el precio normal, se llama “sobreprecio”. El ciudadano no tiene la opción de no pagarlo con sus impuestos. Surge por decisión de altos funcionarios políticos (no inferiores a Secretarios), en acuerdo con privados, para que le sea retornado en carácter de coima. El privado, nada inocente y discrecionalmente favorecido en el negocio, es feliz cómplice. Por lo expuesto, los sobreprecios son decisiones políticas, y las coimas salen de las arcas del Estado.

Citemos dos claros operativos “confusión” dirigidos a la opinión pública, que increíblemente no han sido desbaratados. Desde sectores políticos que intentan minimizar responsabilidades por los daños del saqueo, se plantea investigar a las empresas que pagaron coimas. La tarea, en manos de buenos jueces y fiscales, debería ser rápida y sencilla, porque el listado lo poseen los funcionarios públicos con poder de decisión que las contrataron y fueron coimeados. Pero existe además un caso testigo que debería ofrecer rápidas respuestas: el grupo constructor de Lázaro Báez. Originado en el año  2003, su incremento patrimonial sorprendente se sustenta casi exclusivamente en la ejecución de obra pública.

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de la Construcción, licenciado Juan Chediak, admitió recientemente que había selectividad en el pago de los certificados de obra, habiéndolo manifestado en su momento a la ex presidente Kirchner. Sin inocencia, se saltea el paso del “sobreprecio”. El pago de “retornos” o coimas a los funcionarios, no admite financiaciones. Son pago contado inmediato, a la firma del contrato. Usualmente, (hay otras formas más sutiles), a través de los conocidos anticipos financieros, que se otorgan antes del inicio de las obras. Cumplido este compromiso ineludible, el calvario del vaciado de las arcas públicas puede continuar, a través de procedimientos no menos dañinos: 1) Renegociación de precios durante la marcha de las obras; 2) Demora selectiva del pago de certificados de obra (que menciona Chediak); 3) Disminución durante su ejecución de la calidad especificada de obra; 4) Certificación de ítems de obra no ejecutados.

Los profesionales públicos que intervienen en la elaboración de pliegos, documentación técnica y presupuestos, tienen alta profesionalidad, y muchos de ellos son absorbidos por empresas privadas. Un presupuesto se compone de terreno, proyecto, materiales, mano de obra, equipos, gastos generales, gastos financieros, beneficio e impuestos. Para calcular sus valores existe amplia información privada y pública como referencia. Pero carentes de protección gremial, los profesionales son sometidos a una fuerte presión interna (salvo que sean cómplices), para “legalizar” los sucesivos pasos del trámite burocrático, de modo que el expediente llegue “prolijo” a la firma de la “Superioridad”. Lo que casi nunca sucede.

Solo resta pedirles a jueces, fiscales y peritos…a trabajar!!!

Buenos Aires, 22 de junio de 2016

EL SAQUEO EN ESCRITORIOS

La primera definición que da la Real Academia Española del verbo corrupción es “quitar o tomar alguna cosa con violencia o fuerza”. Sin embargo, a los crímenes, secuestros, robos, que se visibilizan como hechos y víctimas concretas, no los llamamos corrupción, sino actos delictivos que crean un “clima de inseguridad”. Solo cuando el delito asocia a funcionarios del Estado con empresarios privados para lograr enriquecimientos económicos ilícitos, se identifica como tal. Por el servicio institucional de armar el negocio, adjudicar y brindar impunidad, los funcionarios exigen una retribución pecuniaria llamada cohecho, o sea, coima. El delito visible y mediático del “motochorro”, adquiere entonces el matiz más recoleto y sofisticado del “escritoriochorro”. El ladrón y el asesino asustan a la sociedad. El corrupto, aún no.

La exhibición del video con integrantes del grupo Báez contando millones de dólares en el popular Puerto Madero; el video mostrando a integrantes del grupo de Milagro Sala retirando bolsos de dinero de la sucursal del Banco Nación de Jujuy, o la reciente detención del ex Secretario de Obras Públicas José López, tratando de ocultar en la madrugada cantidades asombrosas de dinero en la “tierra santa” de un convento, permitió que la gente “observara y entendiera”. El abstracto y genérico concepto de corrupción, bajó al campo de lo terrenal. Esto obligó a que los saqueadores que acordaban complicidad e impunidad en relajados ámbitos de negociación, debieran recurrir a estrategias mediáticas para sostener sus libertades y patrimonios mal habidos. A esta altura de los acontecimientos, el clásico “soy inocente” pareciera insuficiente, y se intenta reemplazarlo por el desesperado “todos somos ladrones”. O plantear razonamientos sociológicos que hubiesen asombrado a Maquiavelo: “Para hacer política hay que robar”. Jueces y fiscales por su parte, tras algunos ejercicios de elongación, retomaron lentamente sus adormecidas investigaciones.

Cristóbal López, propietario de C5N, intenta coaccionar a través de confusos gráficos viales/genealógicos, para que sus periodistas políticos Navarro y Sylvestre, con rostros indignados, denuncien las tramas financieras de “Macri y sus amigos”. La defensa de Báez aporta un listado de las empresas constructoras más favorecidas por la obra pública para que sean investigadas por sobreprecios, destacando que en determinadas licitaciones concurrió asociado con Calcaterra, quien (leer en letras mayúsculas), ES PRIMO DE MACRI. Pero su causa se origina en establecer la relación existente entre el desmesurado patrimonio obtenido en la actividad de constructor iniciada en el 2003, y su conexión con el más alto poder político, compartiendo titularidades reales o ficticias de bienes, evasión, cohechos y lavado de dinero. Si Báez solo pretende convencernos que las obras públicas se contrataron con enormes sobreprecios, visto el enriquecimiento desaforado de funcionarios de alto y mediano nivel, se lo creemos.

El alerta a las estrategias de “confusión y encubrimiento”, es aplicable para quienes plantean, no se sabe si intencionadamente, por fanatismo o rating mediático, la pregunta: “Cristina irá presa?” En estas etapas investigativas, en las que se deberán sumar nuevos sospechosos, muchos de los cuales indudablemente serán funcionarios públicos de menor nivel que la ex Presidente, la pregunta es irrelevante e innecesaria.

En la corrupción estatal-privada armada para saquear el tesoro público, la mecánica no difiere mayormente según se trate de obra pública, compras en general, concesiones o subsidios a empresas. En todos los casos, la investigación debería seguir el flujo del dinero público desde el Estado al privado, y no a la inversa. Quienes determinan el monto del sobreprecio, arma la cadena de facilitación, adjudica, asegura la ausencia de control y exige el retorno, son los funcionarios. El empresario actúa como feliz cómplice, testaferro o socio encubierto. Citemos un ejemplo. En declaraciones periodísticas se indicó que Báez cobró por obras no realizadas. Cabe preguntarse: jueces y fiscales citarán a declarar al inspector de dichas obras, que se supone las certificó como ejecutadas para que pudieran ser pagadas?  Comenzando los testimonios por la base de los ilícitos, la determinación de la cadena de responsabilidades será vertiginosa, sin necesidad de ley del arrepentido. El Estado posee excelente personal que ha sido sometido a aprietes explícitos o subliminales con la imprescindible complicidad gremial, para “dejar hacer, dejar pasar”, que paradójicamente es un principio del liberalismo.

Buenos Aires, 15 de junio de 2016

SOBREPRECIOS "QUNITA"

Iniciar el tema de “sobreprecios en la obra pública” recordando el fraude a la administración estatal por la adquisición de 140.000 kits de cunas y equipamiento destinados a recién nacidos de madres vulnerables, tiene por fin mostrar que una compra corrupta simple y de mediano presupuesto (1.100 millones de pesos), presenta la misma matriz de facilitación y complicidad que las contrataciones de obras públicas de gran envergadura. Solo cambian beneficiarios de los retornos (coimas), y complejidad técnica del objeto contratado. Las denuncias de corrupción que hasta diciembre pasado solo contribuían a crear un higiénico clima de libertad de expresión, pues existía la certeza de la inoperancia y/o complicidad de la justicia, adquirieron otra resonancia tras el recambio político en la conducción del país. Con una salvedad. La corrupción no admite debates estériles y engañosos basados en “la grieta”, pues carece de ideología y marcos legales; se alimenta por beneficios personales. Por ello, la trama de impunidad multisectorial y pluripartidaria vigente desde hace más de dos décadas,  aún permanece intacta. En lo inmediato, solo debió abandonar el cómodo escenario de los acuerdos subterráneos, para forzadamente aplicar estrategias de encubrimiento y confusión en  los medios de comunicación,  mezclando veracidad, suposición, engaño, amenazas y coacciones típicas de pujas entre bandas delictivas.

El Programa Qunita presenta dos aspectos válidos para analizar casos de mayor complejidad: 1) los kits entregados no solo superaban los precios de mercado, sino que eran de pésima calidad. Es habitual que cuando existen sobrecostos iniciales a ser retornados a funcionarios como coima, se agregue posteriormente una menor calidad de prestación. 2) Los niveles políticos que promueven y autorizan compras con sobrecostos, ante una acusación aducen haberse basado en expedientes con secuencias administrativas inobjetables. Por ello, más allá de iniciar las causas en cabeza de las máximas autoridades del área, las investigaciones sobre corrupción estatal deben comenzar desde los trámites iniciales, analizando las intervenciones de funcionarios menores en jerarquía, pero imprescindibles para dar viso de legalidad al trámite.

Resumamos entonces algunos lineamientos generales para detectar y comprobar corrupción estatal-privada en las contrataciones de obra pública, aplicables también a concesiones de servicios y adquisición de bienes e insumos:

1.- En la corrupción estatal-privada, el circuito del dinero es unidireccional: dinero del Estado pasa al sector privado, que posteriormente retorna a los funcionarios facilitadores la parte convenida. Jamás una coima sale del patrimonio de un empresario privado. Por ello la necesidad de los sobreprecios.

2.- Los expedientes administrativos exigen una multiplicidad de instancias  internas y externas en su elaboración, tramitación y control (informes técnicos, contables, legales, antecedentes de sociedades). Participa personal de carrera con excelente formación y experiencia, que son sometidos a un dilema: aceptar la “decisión política” corrupta preestablecida, o ser apartado de su cargo. Ante esta última opción, los dirigentes gremiales no protestarán en Plazo de Mayo. Este aspecto explica, entre otros, la razón de proteger las tramas delictivas sembrando las estructuras estatales con familiares, amigos, militantes, y supuestos extrapartidarios complacientes.

3.- Cuando se habla de trama de corrupción estatal, se deben establecer tres niveles: 1) el nivel político activo, que determina el objeto y presupuesto, define adjudicatario, acuerda la mecánica del retorno (coima), y percibe el dinero. 2) el nivel político pasivo (ejecutivo, legislativo, judicial), que presta apoyatura institucional y complicidad, pero en lugar de recibir dinero, negocia cargos públicos, incorporación de familiares y prebendas. 3) el personal profesional / técnico / administrativo necesariamente partícipe en la tramitación, que intenta sobrevivir sin protección dentro de la trama. Es el nivel más importante para aportar datos iniciales a las causas. Sus testimonios pueden ser esclarecedores, sin necesidad de ley del arrepentido.

Comentados estos parámetros preliminares, será más fácil comprender para el neófito (jueces y fiscales no están incluidos),  un tema recurrente presentado con un halo de misterio y complejidad: los sobreprecios en la obra pública. Apelaremos a un ejemplo de conocimiento popular: las constructoras de Lázaro Báez.

Buenos Aires, 08 de junio de 2016

PATORUZÚ INVESTIGA

Una historieta es un relato conformado por una serie de dibujos correlacionados. El componente gráfico es el encargado de transmitir aventuras que van de la ilusión al realismo; del humor al espanto. El indio tehuelche Patoruzú y sus aventuras, nacieron en 1928 de la mano de Dante Quinterno, quien tiempo más tarde incorporó a Isidoro Cañones, porteñito piola y vividor. Ambos personajes emblemáticos volvieron a la memoria ante el trabajo denodado que están encarando una multitud de infectólogos (jueces, fiscales, políticos, empresarios), para encontrar cuanto antes los anticuerpos que destruyan el circunstancial virus llamado “lucha contra la corrupción”. De este modo se podrá retornar a la normalidad, saqueando recursos del Estado con impunidad. El nombre de Patoruzú, por otra parte, evita que el flagelo estrictamente nacional, intente ocultarse tras expresiones foráneas, como “mani pulite”; Panamá Papers; “cuentas offshore”, o similares. Para que “buitres” internacionales ataquen a un país, previamente deben actuar aves rapaces locales para generar la carroña que los alimenten.

Como corresponde a una historieta, el recuerdo de Patoruzú nace en lo visual: el fiscal Marijuán recorriendo la extensa Patagonia, en una tarea casi de puerta a puerta, buscando con enjundia “el dinero mal habido”. Pero su asombro por la cantidad de campos, propiedades edilicias, autos de alta gama, y otros bienes detectados, provoca interrogantes. La causa por lavado se inició hace más de treinta meses, producto como ya es habitual, de una investigación periodística de abril de 2013, que brindaba circuitos de blanqueo, con nombre de sociedades y número de cuentas bancarias involucradas. Marijuán hace suponer que nunca antes se solicitó información a los Registros de Propiedad e instituciones financieras, o bien que les fueron negadas. Este punto debería ser aclarado, como así también el nombre de los titulares de dichos bienes. También genera dudas que no se hayan detectado cuentas con dinero para proceder a su embargo. A ello se suma el viaje que muy tardíamente harán el juez Casanello y el fiscal Marijuán a Suiza. Hace más de dos años se detectaron en dicho país dos cuentas bancarias de Báez y su entorno, con 22 millones de dólares. En ese entonces, supuestamente se envió un exhorto a la justicia suiza requiriendo su congelamiento. Pero como la corrupción se sostiene en una aceitada trama estatal, es de suponer que el juez Casanello consultó con el Director de Asistencia Jurídica de la Cancillería, Horacio Basabe, si el exhorto fue realmente cursado, fecha de envío, si cumplía con los requisitos judiciales exigidos por el país extranjero para darle curso, o bien contenía los habituales “errores” para que la solicitud fuera denegada (picardía Isidoro Cañones). Por si es necesario aclararlo, los 22 millones de dólares fueron retirados hace tiempo por Báez. Finalmente cabe preguntarse: que rol cumplió el fiscal antilavado Carlos Gonella, en esta investigación de lavado?

Mientras Báez y su entorno monopolizan el “operativo transparencia Patoruzú”, no debemos olvidarnos de otras causas trascendentes. Ciccone: el juez Lijo, más allá de Boudou y sus amigos, no produjo nuevos avances en la causa, para profundizar sobre la entidad “fachada” controlante The Old Fund, sin antecedentes ni capital propio. Hotesur y Los Sauces: causa también relacionada con Baéz, en cuanto al lavado de dinero, y/o pago de coimas. Desde el 28 de abril pasado se encuentra a cargo del juez Julián Ercolini, al ser apartado el juez Rafecas, un potencial sosías de Oyarbide, que la mantuvo paralizada durante varios meses. Fútbol para Todos: a cargo de Servini de Cubría, la causa investiga la desaparición de 179 millones de pesos del programa Fútbol para Todos, en el corto tránsito que va de la Jefatura de Gabinete a la Asociación del Fútbol Argentino.  Es interesante porque replica el esquema, filosofía y actores de la política dentro de los clubes, aplicados a la corrupción estatal-privada. Resultado: pobres y multimillonarios viendo fútbol gratis; clubes en su gran mayoría vaciados y con deudas impagables; campeonatos absurdos, y funcionarios, dirigentes, empresarios e intermediarios enriquecidos. Todo ello, usufructuando las aún denominadas cínicamente “entidades sin fines de lucro”.

Lázaro Báez en un reclamo tiene razón. Si la corrupción se origina en el saqueo de los recursos del Estado, porqué no se investiga a los funcionarios públicos responsables del circuito de facilitación y entrega del dinero? Para colaborar con la confundida justicia, será tema de la próxima reflexión el alcance del concepto “sobrecostos en la obra pública”, o de las contrataciones del Estado en general. Es mucho más fácil e inmediato detectarlos, que buscar cuentas “offshore”.

Buenos Aires, 01 de junio 2016