JUEGO DIABÓLICO: ARMAR UN ESTADO

Todo juego de mesa se compone de reglas, tablero y fichas. Reflexionar sobre el rol  y estructura de nuestro Estado como si fuera un juego, pretende sentirse capaz de participar sin restricciones intelectuales. Aristóteles decía que tratar las diferentes clases de gobierno, exige que inicialmente se determine con claridad el concepto del Estado, que suele ser equívoco. Actos que emanan del Estado, para algunos pueden ser democráticos, y para otros corresponder a un tirano o a una minoría oligárquica.

En el juego “Armar un Estado”, las leyes y sus objetivos serán parte de las reglas; las instituciones conformarán el tablero; y las fichas, con una regla en cada una de ellas, se distribuirán entre los jugadores políticos, quienes podrán tener asesores en las sombras (empresarios, testaferros, familiares). Parte de las reglas  corresponden a tres leyes de carácter superior, general y cumplimiento obligatorio:

Constitución Argentina (año 1994). Se aplicarán: 1.- Retribución justa; salario mínimo vital y móvil, e igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis); 2.- La igualdad es la base del impuesto y cargas públicas (art. 16); 3.-  Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento (art. 36); 4.- Se promoverá la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna (art. 76); 5.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos; financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo (art. 92).  

Ley de Ética Pública (año 1999). Se utilizarán los siguientes artículos: 1.- No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones (art. 2); 2.- Presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos, que incluye a los tres poderes y entes descentralizados (art. 4); 3.- La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. (art. 6).

Ley de Empleo Público Nacional (año 1999). Se aplicará solo el artículo 4, que expresa que se deberá asegurar el principio de igualdad de acceso a la función pública.

Las fichas basadas en estas leyes se llamarán “virtuosas”, y permitirán avanzar casilleros para lograr la meta. Cada ficha contendrá uno de los siguientes cinco objetivos: 1) igualdad de acceso a la función pública; 2) retribución justa e igual remuneración por igual tarea; 3) grave delito por enriquecimiento público; 4) declaraciones patrimoniales; 5) control externo económico-operativo de los organismos estatales.

Si el juego contara solo con fichas/reglas “virtuosas”, y los jugadores/funcionarios de los tres poderes no tuvieran otras opciones, existiría un Estado eficaz y honesto, por lo que el juego carecería de desafíos. Por ello, para los jugadores cuyo interés sea impedirlo, existirán fichas denominadas “viciosas”, también con cinco objetivos: 1) cleptocracia (corrupción desde el poder); 2) nepotismo (cargos públicos discrecionalmente otorgados a familiares y amigos); 3) enriquecimientos ilícitos (en perjuicio del erario público); 4) prebendas políticas (negociar con dinero y cargos adhesión e impunidad); 5) sistemas electorales que limiten la voluntad popular y faciliten fraudes (listas sábana; ley de lemas, manipulación de boletas).

Para completar los componentes del juego, en la próxima reflexión hablaremos del tablero y sus casilleros, o sea, las instituciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016

ESTADO, DIETAS Y PITROLA

La repercusión que generó el habitual acuerdo político para incrementar dietas y rubros complementarios no remunerativos de legisladores, brinda un buen punto de partida para reflexionar sobre el Estado que tenemos, y el que necesitaríamos. Aristóteles, cuya filosofía se basaba en el mundo sensible de los objetos, hace 2.500 años definía al Estado como una asociación política para “administrar a las familias que lo integran”. Maquiavelo, hace poco más de 500 años sentó las bases de los Estados modernos, y describió como nadie la naturaleza humana en la búsqueda del poder. La historia solo modifica lenguajes, costumbres y ropajes, no condiciones humanas intrínsecas.

En nuestro país, con malicia o desconocimiento, se intenta acotar el debate sobre el rol del Estado a la opción casi infantil de ”grande” (populismo), o “chico” (neoliberalismo). El siguiente desafío cercano a la estupidez, intenta plantearnos un dilema: que al gobierno lleguen funcionarios ya ricos (los gerentes), o que se hagan ricos mientras gobiernan (roban pero hacen). Es momento de realizar un diagnóstico basado en realidades que identifiquen los enormes vicios estructurales de nuestro Estado, que ha fracasado en cumplir con sus obligaciones irrenunciables, y ha sido partícipe necesario de la corrupción y su impunidad. En la pasada década del 30, el arquitecto Mies van der Rohe pronunció una recordada frase: “Menos es más”. Sintetizaba el tránsito entre un estilo clásico monumental y cargado de elementos decorativos, a otro basado en la racionalidad constructiva y funcionalidad para los usuarios. Cabe preguntarnos: cuánto de superfluo y cuánto de racional tiene nuestro Estado?

El particular impacto que causaron los incrementos legislativos, informados a la sociedad por el periodismo, se debió a dos circunstancias: la asunción de un gobierno de signo distinto al anterior, y la pérdida del cercano y cómodo paraguas de las mayorías automáticas  kirchneristas. Esto último obliga a que hoy cada bloque político tenga participación real, y deba ser claro en sus posturas. Por el contrario, las justificaciones del incremento de adicionales oscilaron entre el oportunismo y la tragicomedia. Entre tanta bruma, la excepción fue el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola, quien formuló una propuesta concreta: que la dieta del legislador equivalga a cuatro salarios mínimos. Más allá de discutir la base de referencia y montos resultantes, Pitrola hace centro en una realidad que ayuda a entender la abstracción Estado: en las instituciones que lo conforman, todo debiera ser interdependiente, evitando discrecionalidades o supuestas autarquías financieras basadas en los recursos públicos. Menos aún se pueden justificar inequidades bajo pretendidas moralinas, tales como que  funcionarios, legisladores o jueces deben ganar muy bien, para que evitar que se vean tentados a robar. Expectativa que en Argentina al menos, fracasó rotundamente.

Pitrola evitó caer en banales justificaciones, y propuso un parámetro definido y  razonable: máximo salario de legisladores (recursos públicos), equivale a tantos salarios mínimos (los fija el poder público). Su postura también responde a indicadores internacionales, uno de los cuales establece la relación entre los ingresos máximos y mínimos, con los niveles de desarrollo. A más diferencia, más pobreza. Como en este caso nos referimos únicamente a salarios públicos, se supone que las políticas deben fundarse en principios de equidad salarial (a igual trabajo igual remuneración), e igualdad de oportunidades de acceso a la administración pública.

Tema de tal complejidad no se dilucidará con breves comentarios. Por ello el análisis podría encarase a la manera de un juego llamado “armar un Estado eficaz”. Como todo juego, habrá reglas (leyes y conceptos); tablero (instituciones), y fichas (perfiles de los participantes / funcionarios / empleados). Para iniciar este juego en la próxima opinión, Pitrola nos brinda un buen punto de partida.

Buenos Aires, 09 de noviembre de 2016

                                                                                            

ESTADO GRANDE O CHICO?

Sea por desconocimiento o para desinformar, se plantea la estructura del Estado no desde el punto de la eficacia para cumplir con su rol, sino como una simple cuestión de tamaño. Para teñir al debate con un pretendido barniz ideológico, Estado grande se lo identifica con “populismo”, y chico con “neoliberalismo”. Como en política no existe la ingenuidad, estas posturas ideológicas aparentemente contrapuestas, eluden debatir lo que le interesa a la sociedad: lograr un Estado eficaz y honesto. Esta realidad no solo explica el enorme retroceso económico-social en las últimas décadas, sino la permanencia de la misma clase dirigente durante este período. Permite comprender también, la actual lucha legislativa para impedir reformas electorales de fondo, e implementación de leyes contra la corrupción, como la del arrepentido o extinción de dominio. La corrupción político-privada que saqueó las arcas estatales, ha sido posible por la confluencia de dos tipos de responsabilidad: la penal, en los casos de participación activa en los delitos, y la moral, por quienes por complicidad pasiva, facilitan impunidades a través de prebendas, como cargos públicos o participación en listas legislativas.

El que “se vayan todos” en el 2001-2002, no solo fue una expresión de cólera colectiva sin consecuencias. Provocó la disolución, ya esbozada en 1999, del radicalismo y justicialismo como expresiones partidarias unívocas y excluyentes. Ya no existe peronismo o radicalismo a secas. La ausencia de estas caparazones desnudó el oportunismo de muchos viejos dirigentes que se niegan a renunciar al dulce néctar de los recursos públicos. Sus escasas virtudes personales, intentan disimularlas pregonando que siguen el legado de Yrigoyen, Perón o Alfonsín, según convenga, sabiendo que ninguno de ellos podrá defenderse de tamaño usufructo. En este contexto, la última elección deparó una enorme sorpresa. Una vez más la población se hartó, y el justicialismo perdió las elecciones. Inclusive en la provincia de Buenos Aires, que gobernó ininterrumpidamente durante 25 años, que es el tiempo que corresponde a una generación.

Esa votación, que no permitió el predominio de mayorías absolutas, brinda una nueva oportunidad a las clases políticas y dirigentes en general, para que demuestren capacidad para  evitar que Argentina siga deslizándose por el tobogán de la corrupción, mediocridad y pobreza. Cabe preguntarse: con qué instrumentos lograr este objetivo tan atractivo desde lo discursivo, pero reiteradamente escamoteado a los argentinos? La respuesta es unívoca en cualquier país: a través del Estado.

Estado es un concepto político adjudicado a Maquiavelo, en su búsqueda de adecuar las instituciones ante las profundas transformaciones político-religiosas de siglo XV. Define una forma de organización política, social y económica, lograda a través de instituciones destinadas a legislar, ejecutar e impartir justicia. Como todo análisis se debe sustentar en elementos concretos, evaluando necesidades, configuraciones y eficacia en los resultados, caracterizar virtudes o defectos según sea “grande” o “chico”, es falaz y engañoso. Lo correcto es debatir entre “eficaz” o “ineficaz”, según objetivos pretendidos. Acá comienza el verdadero debate, pero por el absurdo; en principio, nadie se declararía partidario de un Estado “ineficaz”.  Cabe preguntarse entonces, puede medirse su eficacia según sea grande o chico? En ese caso, podría suceder que un sector del Estado sea “grande” e ineficaz, y otro “chico” y eficaz,  como consecuencia precisamente de su tamaño? Estas simples preguntas nunca se formulan, y por ello, nunca se responden.

Una hipótesis de trabajo para comenzar el análisis, podría apoyarse en una reconocida frase pronunciada en la década del 30, no por un politólogo, sino por  Mies van der Rohe, pilar del movimiento de la arquitectura moderna: “Menos es más”. Será aplicable a las estructuras administrativas?

Buenos Aires, 01 de noviembre de 2016

ERROR DE STOLBIZER

En el tema corrupción, son los legisladores varones quienes deberán pelear por la igualdad de género. Mujeres como Carrió, Stolbizer y Ocaña, han mantenido casi en soledad y muchas veces agraviadas, una conducta consecuente en la denuncia contra la corrupción sistémica que saqueó recursos del Estado durante las últimas dos décadas. Este período no es caprichoso. En él participaron la mayoría de los actores políticos, empresariales, gremiales y judiciales, que mantienen vigencia en la actualidad. Ocaña se destaca por haber conocido la corrupción desde las entrañas de la administración, como integrante del gobierno del matrimonio Kirchner. Fue directora del Pami en el período 2004-2007, y Ministra de Salud entre los años 2007-2009, denunciando la mafia de los medicamentos. Poseen otro perfil común, que se potencia en épocas preelectorales de armado de listas: ejercieron la política activamente en las últimas décadas. Esta condición las diferencia de excelentes periodistas de investigación como Hugo Alconada Mon y Daniel Santoro, entre otros, cuyos precisos trabajos y publicaciones, transparentaron la indolencia cuando no complicidad de fiscales y jueces.

En este contexto, cabe analizar recientes afirmaciones de la diputada Stolbizer. Fue aceptada como “amicus curiae” (amiga del tribunal), para actuar sin ser parte del pleito, en dos causas sensibles para la ex presidente Cristina Kirchner, y su entorno familiar y empresario. La abierta contra Lázaro Báez como contratista del Estado, a cargo del juez Casanello y el fiscal Marijuán, y Hotesur, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Pollicita, relacionada con emprendimientos inmobiliarios propiedad de la ex presidente. En ambos causas,  se sospecha asociación ilícita y lavado de dinero público. Ante dilaciones en el avance de las investigaciones, Stolbizer denunció una supuesta intervención del gobierno para evitar que “Cristina vaya presa” hasta las próximas elecciones, con el fin de dividir a la oposición justicialista. Una vez más, se cayó en la tentación de mezclar justicia con política, en consonancia con la estrategia de los saqueadores del Estado, que pretenden confundir persecución de la delincuencia, con el híbrido concepto de persecución política.

Sin embargo, en el 2015 el voto ciudadano determinó que el nuevo gobierno no tuviera mayoría en ninguna de las dos Cámaras, abatiendo la excusa de mayoría automática que se adjudicaba al gobierno justicialista-kirchnerista, que recordemos, se lograba con el aporte de circunstanciales y prebendarios “aliados”. Ello obliga a una saludable y explícita responsabilidad política de consenso para abatir la corrupción. Tarea nada fácil, pues corruptos visibles o encubiertos, emplearán todas las tácticas de dilación, simulación y coacción posibles. La distancia entre el discurso y la realidad, puede observarla Stolbizer en sus propios colegas legisladores, reacios para aprobar las leyes del arrepentido y extinción de dominio, e impedir que los fueros se utilicen para proteger delitos comunes.  

Es más fácil pregonar indignación clamando por “Cristina presa”, sin fecha de juicio oral y público y por pocos meses, que aprobar cuanto antes la extinción de dominio vía civil, salvaguardando normas constitucionales, para que el Estado recupere en plazo razonable los 9 millones de dólares de José López, los 4 millones seiscientos mil dólares de Florencia Kirchner, y parte de los inmuebles y maquinarias de Lázaro Báez, entre otros ejemplos. Respecto a la actuación de fiscales y jueces, el Código Penal prevé que ante una laxitud injustificada en sus actuaciones, con o sin intervención de operadores políticos, se los denuncie en recurso de queja ante la Cámara Federal, por “retardo de justicia” o “actividad judicial fraudulenta”.  

El ex presidente Menen estuvo corto tiempo preso, y actualmente está condenado. Pese a todo es senador, sin que ningún legislador haya requerido su desafuero. Es de esperar que Carrió, Stolbizer y Ocaña, no apelen al recurrente oportunismo político de campaña, consistente en que  “mejor es decir que hacer”, y nos defrauden.

Buenos Aires, 26 de octubre 2016

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Dentro de las demoradas aprobaciones de las leyes globalmente conocidas como “anticorrupción”, se destaca la de Extinción de Dominio. Afecta directamente al motivo que impulsa a funcionarios malversar recursos del Estado: enriquecerse rápida e ilícitamente. Demasiadas veces, con la complicidad de empresarios, poder judicial y fuerzas de seguridad. Por la impunidad, hemos sido acostumbrados a que no existen delincuentes políticos, sino perseguidos políticos. Las consecuencias son la pobreza, y mala calidad en la prestación de servicios públicos indelegables, como educación, salud, seguridad y asistencia social.

La extinción de dominio tiene amplia jurisprudencia y probado éxito en varios países, incluidos latinoamericanos. Crea un marco legal para que el Estado pueda resarcirse en tiempo razonable de los perjuicios económicos, recuperando bienes de  origen ilícito, sin necesidad de una condena previa del o los individuos acusados. Según se redacte la ley, posibilitará además aplicar los fondos decomisados a obras esenciales, como hospitales y escuelas. Es importante legislar destinos específicos de repercusión social, y no a programas administrativos de títulos ampulosos, que terminan diluidos en la burocracia.

Aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, la ley ingresó al Senado en el mes de junio. Desde entonces, las demoras e intentos dilatorios en su tratamiento, deberían preocupar a la sociedad. El actual gobierno no tiene mayoría legislativa para imponer proyectos, lo que es positivo, porque obliga generar consensos amplios para instrumentar leyes transformadoras. Es de esperar que el declamado espíritu de consenso, no se utilice una vez más para continuar protegiendo y favoreciendo la impunidad. Para evitarlo, debemos exigir transparencia en la información del proceso legislativo, y rechazar excusas banales, como que el kirchnerismo se niega a tratar la ley. Sea en el trabajo en Comisiones y/o votación en el recinto, se debe conocer que legisladores se oponen o demoran su tratamiento, sean kirchneristas, del Pro, o cualquier otro sector político. El periodismo por su parte, podría requerir a los entusiastas legisladores habituales participantes en programas de opinión y redes sociales, con afirmaciones en general irrelevantes o subjetivas, que informen sobre sus tareas legislativas en general, y contra la corrupción en particular.

Posiblemente, por apuro proveniente de la indignación pública ante impúdicos casos de corrupción exhibidos este año, la ley aprobada en Diputados adolezca de fallas. En tal sentido, los senadores poseen medios y estructuras necesarias para perfeccionarla, recurriendo al asesoramiento de reconocidos especialistas en los campos del derecho penal, civil y constitucional, en conexión con la extinción de dominio. La ley deberá ser lo más taxativa posible, sin puntos débiles o contradictorios, para permitan capciosas interpretaciones para que las defensas de los acusados y jueces predispuestos “negocien” impunidades, planteando inconstitucionalidades. Una licuación de los efectos ejecutivos de la ley, es intentada por quienes proponen que el decomiso se realice vía penal, y no civil.

Ejemplifiquemos la importancia social de la extinción de dominio, a través de un juego de opciones. Qué es conveniente para la sociedad: darse por satisfecha con el ex Secretario de Obras Públicas José López preso, en forma preventiva y sin condena, o que los 9 millones de dólares que el funcionario adjudicara “a la política”, se decomisen cuanto antes para construir un hospital? Si la opción elegida es la segunda, sepamos que existen fuertes presiones políticas contra su aprobación inicialmente, o para diluir su eficacia, como última alternativa.

Los entretenidos espectáculos mediáticos de tramitaciones judiciales con altos funcionarios políticos implicados, nos pueden hacer pensar que existe justicia; pero los delitos solo se exhiben, no se sancionan. Excepcionalmente, se llega a un  juicio oral y público con eventuales condenas, y posteriores extensas apelaciones. Pero recuperar el dinero público mal habido, jamás.

Buenos Aires, 19 de octubre 2016

EL COMPAÑERO YRIGOYEN

Estando en el exilio, refiriéndose a una de las recurrentes crisis políticas argentinas, expresaba Perón con su habitual ironía: “Llegado el momento, todos los argentinos son peronistas”. Perón, presidente en una época de profundos cambios pos guerra, inmerso en irreconciliables divisiones políticas, y desalojado del poder por un golpe militar, hacía referencia al oportunismo de las clases dirigentes cercanas al poder, cuyas adhesiones públicas ocultaban especulaciones privadas. Lo sufrió  en sus últimos años, cuando nuevamente presidente, fue combatido por algunos de los que, aprovechando su lejanía en el exilio, lo proclamaban líder.

Pasado el tiempo y tras una feroz dictadura, por primera vez en su historia el peronismo fue ampliamente derrotado por el radicalismo en las urnas. La falta de ejercicio democrático, disimuló contradicciones entre propuestas bien intencionadas y modernizadoras, y arraigados caudillajes con desapego por la institucionalidad. El bipartidismo peronista- radical, criticado por mantener estructuras anquilosadas y cada vez menos participativas, alumbró nuevas expresiones que se suponía enriquecerían la diversidad ideológico-partidaria. Sin embargo, una vez más la oportunidad fue sustituida por el oportunismo. Los nuevos dirigentes fueron rápidamente coptados por los dos partidos históricos. No sorprendía ver a María Julia Alsogaray y Adelina Dalessio, de la UCDE, entonar la marcha peronista como funcionarias de Menem. O a supuestos peronistas votar la privatización de YPF, para pocos años más tarde, esos mismos peronistas votar su reestatización. En ambos casos, con irreparables pérdidas económicas. Entre tantos dislates, llegó la crisis 2001-2002, y con ella el hartazgo social, reflejado en el clamor “que se vayan todos”. Como consecuencia, el peronismo y el radicalismo desparecieron como expresiones ideológicas diferenciadas y alternativas electorales excluyentes. Para sobrevivir, la dirigencia mutó la “bipolaridad” partidaria en “transversalidad”, en la que con cargos y prebendas mediante, cualquier acuerdo electoral era aceptable. Así surgieron la franquicia “radicales K”, y las diatribas de Néstor Kirchner contra “el pejotismo”.

En las pasadas elecciones presidenciales participaron con expectativa de triunfo, tres agrupaciones con escasa historia, integradas cada una de ellas por peronistas, radicales, socialistas e independientes. Como ya sucediera en 1983 con Alfonsín, muchos pueden decir hoy “soy peronista y voté a Macri”, o “soy radical y voté a Scioli”. Esta realidad nos deja en un estado de confusión o indefensión ideológica? De ningún modo; el tiempo configura realidades, y a ellas debemos adaptarnos para enriquecerlas. Sin embargo, las estructuras se transforman, pero la esencia humana permanece. Por ello, recordando el irónico comentario de Perón, deberemos esforzarnos en diferenciar entre oportunidad y oportunismo. La primera, indica detectar en tiempo y espacio un contexto favorable para lograr una mejora. El oportunismo responde a actitudes acomodaticias, arribistas, que subordinan principios a provechos personales.

Es habitual que en momentos de desprestigio, las dirigencias apelen al uso indecoroso de estereotipos o figuras simbólicas, como Perón, Evita, Alfonsín, y aún al olvidado Illia. Cual modernos espiritistas, los oportunistas intentarán adjudicarles posturas y opiniones, ajustadas a sus propias especulaciones e intereses mundanos. Tal estrategia se manifestó en el acto organizado por el ex radical Moreau, para recordar el centenario del triunfo electoral del emblemático líder radical Hipólito Yrigoyen, mediante el voto secreto y obligatorio del padrón masculino. Fue oradora principal la ex presidente Cristina Kirchner, a la que se le ofreció una boina blanca en un clima de hilaridad, para concluir entonando la marcha peronista. La paradoja es que mientras Yrigoyen murió en la más absoluta pobreza, la ex presidente debe aún rendir cuentas del enorme enriquecimiento patrimonial propio y el de sus principales funcionarios, originados por sus actuaciones a tiempo completo en la función pública.

Estos malabares espiritistas pueden ser detectados por su sintomatología. Los actos se convocarán en memoria de líderes pasados, pero la escenografía no se detendrá en datos biográficos y virtudes ajenas. Concentrados en la actualidad, los oradores intentarán identificarse con los homenajeados, y prometerán luchar por el bien de todos los argentinos. Si esta detección temprana del engaño no resultara efectiva, inevitablemente habrá que recurrir al exorcismo.

Buenos Aires, 12 de octubre 2016

EXISTE UNA BANELCO 2016? (II)

Rememorar el caso de los sobornos en el Senado denunciados durante el gobierno de la Alianza, pretende que quince años más tarde, los ciudadanos no seamos una vez más engañados por la oportunista escenografía coral de la lucha contra la corrupción, para que nada cambie. La enorme crisis de los años 2001-2002, origen del clamor popular “que se vayan todos”, fue causada por muchos políticos, jueces y empresarios que tienen vigencia hoy. No será entonces nada fácil modificar las estructuras, procedimientos legales y normas administrativas que facilitan la corrupción. De hecho, las leyes necesarias y prometidas no se promulgaron; los jueces investigan lo que ellos ocultaron, y políticos encubridores disfrazados de puristas, denuncian supuestas corrupciones de adversarios, solo para negociar el ocultamiento de las propias. El ya emblemático José López clarificó la patología, al adjudicar a “la política” los millones de dólares que intentó ocultar en un convento. Parafraseando la conocida frase de Clinton, habría que responderle: “entonces es dinero del Estado, estúpido”.

A diferencia de corrupciones anteriores, por primera vez la sociedad pudo “ver” parcialmente (no leerla o escucharla), la magnitud del dinero de la corrupción. Millones de dólares en una oficina de Puerto Madero, en un convento, en una caja de seguridad de la hija de la ex presidente, entabicados en un departamento de un financista relacionado con funcionarios, o simples directores administrativos públicos enriquecidos. Paradojas del discurso político “progre”: siempre dólares, nunca pesos argentinos. 32% de pobreza y 6% de indigencia no debiera sorprender. El saqueo impúdico de los recursos estatales lo explica claramente.

En este contexto, preocupan las manifiestas indolencias legislativas y judiciales, a tres meses de concluir el año 2016. Es habitual ver a muchos legisladores en medios de comunicación transformados en panelistas opinólogos, cuando no feroces críticos, en temas sensibles como corrupción, políticas de seguridad, complicidades judiciales, incompatibilidades de funcionarios, entre otros. Pero jamás explicitan proyectos de ley y su estado de avance legislativo, que ellos y/o sus bloques debieran elaborar para evitar los vicios que denuncian. Ejemplos.

1).- Aún no han sido aprobadas las leyes del Arrepentido y Extinción de Dominio (incautación de bienes obtenidos en forma ilícita), de las que existe amplia jurisprudencia en países que las aplicaron exitosamente. 2).- No se promulgaron leyes procesales penales que eviten injustificadas excarcelaciones; agilicen los procesos evitando las conocidas tácticas dilatorias, e incrementen sensiblemente las penas de funcionarios por delitos de fraude contra la administración pública. 3) No se propuso adjudicar responsabilidad penal a las personas jurídicas en caso de corrupción contra el Estado, que hoy no la tienen. 4).-No se desactivó explícitamente la antojadiza interpretación de que los fueros protegen a los legisladores por la comisión de delitos comunes.

Respecto al Poder Judicial, hablar de su colaboración con la impunidad sería redundante. Para que los jueces abandonen sus recoletos ámbitos de actuación, más acordes a negociadores privados que impartidores de justicia, destacamos tres aspectos: 

1).- En febrero de este año, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti anunció habilitar una base de datos para que los ciudadanos conozcan tipo de causas y funcionarios involucrados, dentro de los límites legales del debido proceso. No se cumplió. 2).- .Respondiendo a una iniciativa del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y otras entidades, el Consejo de la Magistratura accedió a realizar una auditoría sobre la justicia penal federal. No se cumplió. 3) Pese a las prolongadas tramitaciones judiciales, en el presente año no se elevó ningún caso de corrupción contra el Estado a juicio oral y público.

La ciudadanía decidió que en el gobierno de Macri no exista “escribanía” legislativa, por lo que transformar en leyes expresiones mediáticas contra la corrupción, es responsabilidad de todo el espectro político. El tema no debe ser patrimonio exclusivo de Carrió, Stolbizer y Ocaña. Es hora que tomen la palabra y actúen, entre otros, Pinedo, Pichetto, Rodríguez Saá, Solanas, Monzó, Di Tullio, Negri, Massa, Recalde, Caamaño, Cobos, Alfonsín, Gioja. 

Buenos Aires, 5 de octubre 2016

EXISTE UNA BANELCO 2016? (I)

La aprobación en el Senado de la Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de la Alianza, dio lugar al conocido escándalo de sobornos a senadores. En 1999 apareció una denuncia anónima en la sala de periodistas del Congreso. Días más tarde, el sindicalista Hugo Moyano declaró que el entonces Ministro de Trabajo Flamarique, le manifestó que para convencer a los senadores renuentes tenía una Banelco, originando una envidiable publicidad para la tarjeta de crédito.

Se generó la obvia repercusión pública, múltiples investigaciones y comentarios periodísticos, y las habituales declaraciones políticas clamando castigo. La causa judicial se inició en el 2000, a cargo del juez Liporaci, quien debió renunciar acusado de enriquecimiento ilícito. En ese mismo año también renunció el vicepresidente Carlos Alvarez, invocando abstractas causales de corrupción política en el cuerpo legislativo, de cuya administración era responsable. Su decisión inició la debacle del gobierno, que concluyera traumáticamente en diciembre del 2001. En el 2003, recién asumida la presidencia, en un reportaje televisivo realizado en su despacho, el fallecido Néstor Kirchner señaló el escritorio y dijo: “Acá se pagaron los sobornos”; Días más tarde, se presentó en la justicia el “arrepentido” ex secretario legislativo Pontaquarto, declarando haber distribuido en efectivo los sobornos. Carlos Alvarez fue designado por el gobierno kirchnerista en funciones en el exterior del país, que aún desempeña. Antonio Caffiero, senador entonces, escribía un libro referido al caso.

Tamaña reacción de políticos, gremialistas, y el propio Kirchner detallando el lugar en que se realizó el pago, hacía suponer que el caso se cerraría a la brevedad, con sanciones ejemplares que afectaran la reiterada y creciente corrupción política. Tras años de dilaciones judiciales se inició el juicio oral, con más de 300 testimonios prestados por acusados, acusadores, supuestos intermediarios, y el ex vicepresidente Alvarez. La mandataria Cristina Kirchner por su parte, relevó de guardar secreto a los funcionarios de la SIDE citados a declarar, atento que se suponía que el dinero de las coimas se obtuvieron de los fondos reservados de dicho organismo. En sede judicial y alejados de exhibiciones mediáticas sin costo, ninguno de los declarantes aportó datos o pruebas fehacientes. Excluiremos al “arrepentido” e inconsistente Pontaquarto, por ser un engranaje menor e irrelevante en el sistema de impunidad política.

En diciembre de 2013, los integrantes del Tribunal Oral Federal 3, Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez, emitieron un fallo con sólidos fundamentos vertidos en 3.000 páginas, resolviendo la absolución de todos los imputados. Esta decisión fue avalada posteriormente por la Cámara Federal Penal. El fallo expresa que los sucesos fueron entregados a la sociedad “de manera irresponsable y sin fundamentos por conocidos actores de la época, alentados, de igual modo, por el dr. Carlos Liporaci, primer juez de la causa….”. Tras el fallo, el fiscal Eduardo Taiano solicitó investigar a los testigos Alberto Fernández, Aníbal Ibarra y Daniel Bravo (especialista en encontrar anónimos contra opositores), por sus declaraciones sospechadas de falsas y contradictorias, respecto a una reunión mantenida con Pontaquarto previo a su denuncia. El fiscal destacó también la parcialidad manifiesta de algunos jueces intervinientes en la instrucción, en especial Daniel Rafecas.

La analogía entre la actualidad y los supuestos sobornos a senadores hace más de 15 años, surge del abroquelamiento que entonces tuvieron distintos representantes políticos para aportar pruebas incriminatorias, lo que arroja una disyuntiva: los sobornos no existieron, y la metáfora de la Banelco se utilizó solo para un ruin juego político de desestabilización, o bien cumplidos dichos fines, las coimas se ocultaron para continuar con la trama de impunidad. Tres aspectos abonan el escepticismo, y su repercusión en la actualidad: 1) Muchos de los actores políticos de entonces mantienen plena vigencia hoy. 2) Desde el escándalo de los sobornos a la fecha, la corrupción se desmadró a niveles increíbles, sin sanciones. 3) Se mantuvieron inamovibles los fondos reservados de los servicios de inteligencia, más proclives a favorecer actos corruptos domésticos, que a proteger a los ciudadanos.

Para alertar un posible intento del sistema político-judicial-empresarial imperante desde hace dos décadas, de distraer el reclamo de la sociedad contra la corrupción con una “Banelco” retórica de justicia y transparencia, en la próxima reflexión analizaremos lo actuado legislativa y judicialmente en lo que va del 2016.

Buenos Aires, miércoles 28 de septiembre 2016

SUBSIDIOS CORRUPTOS

Las falacias, sinónimo de engaño,  son argumentaciones psicológicamente persuasivas pero incorrectas. Es habitual su uso en el discurso político, y para enmascarar la corrupción invocando fines virtuosos, como Patria; defensa de los humildes; derechos humanos. Pocos prestan atención al “como” se implementan tan altos objetivos. Entenderlo, explicará porqué la política de subsidios del último gobierno justicialista-kirchnerista, se instrumentó para enriquecer a funcionarios y empresarios asociados a través de los conocidos “retornos”, superando a los sobrecostos de obras públicas.

La problemática de los subsidios y regímenes promocionales estatales no es nueva, ni tampoco lo son sus resultados, manifestados en históricos vaciamientos de organismos e instituciones financieras públicas. Baste recordar al ex Banco Nacional de Desarrollo, liquidado en 1995, y las pérdidas económicas de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires en el 2002, causadas por deudores enriquecidos aceptados como morosos irrecuperables. Los perjuicios se agudizaron durante el gobierno anterior, por tres razones interrelacionadas: 1) una continuidad política de subsidios de doce años; 2) se subsidiaron por igual a ricos y pobres para facilitar el flujo masivo del dinero; 3) el dinero público se intermedió a través de prestadoras y concesionaria integradas a la trama de complicidad , en lugar de trasladarlos directamente a los sujetos pasibles de subsidio. O sea, la tormenta perfecta de la corrupción. Ante tan obvia metodología, resulta inexplicable el silencio de supuestos opositores, defensores de consumidores, y de quienes hoy apelan al clásico travestismo político: “yo nunca fuí kirchnerista”.

Como resultado del cambio de gobierno en diciembre del 2015, que interrumpió el néctar del dinero público envasado en subsidios y sobreprecios, los multimillonarios empresarios intentan readecuar tarifas, o bien abandonan en tropel sus negocios de riesgo patrimonial cero, dejando un tendal de desocupados.

En los grandilocuentes e insípidos debates por las tarifas, nadie aclara qué parte de las obligaciones contractuales fueron subsidiadas. Incluían el mantenimiento y ampliación de servicios? En caso afirmativo, porqué no se controló su cumplimiento? Si no los incluían, porqué los grupos empresarios nacionales y extranjeros de prestadoras como Metrogás, Camuzzi, Edenor, Edesur, entre otras, continuaron al frente del negocio? Quizás porque los subsidios eran a costa de inversiones, y les aseguraban sus ganancias, y el monto a devolver a los funcionarios como “retornos”? Doce años de continuidad política crean fuertes vínculos entre gobiernos y empresarios prebendarios. Un ejemplo. Ante la acusación de enriquecimiento ilícito contra Daniel Scioli, que incluía dos estancias en Tandil, se presentó ante el fiscal Garganta el empresario italiano Stefano Garilli, declarándose su propietario. Señaló que las alquilaba a Scioli cuando este lo requería, dada la buena relación entre ellos. Quién es Garilli? Hermano de Fabrizio, presidente del holding que en Argentina controla a Camuzzi Gas.

En casos de negociados “persona a persona”, ante el cambio de gobierno los multimillonarios no perdieron el tiempo. Spolzki y Garfunkel abandonaron sus medios de comunicación; los hermanos Rasic huyeron de la avícola Cresta Roja; Horacio Angeli despareció de Sol Líneas Aéreas. En su momento, los hermanos Cirigliano se habían declarado insolventes para no afrontar los costos de la tragedia ferroviaria de Once; el banquero Esquenazi vendió a “buitres extranjeros” sus acciones de YPF, pagadas no con capital propio, sino a costa de inversiones. Un caso representativo del uso de la pasión popular como vehículo de corrupción, es Fútbol para Todos. La dirigencia de clubes y de la AFA, cobija a funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, gremialistas, empresarios, multinacionales, intermediarios, barras bravas. El diálogo “multipartidario” fluído entre ellos, concluyó con la desaparición de millones de pesos del Estado, democráticamente distribuidos en bolsillos de derechas e izquierdas. Deportivamente, con clubes disfrazados de entidades sin fines de lucro fundidos, campeonatos disparatados, descensos de Ríver e Independiente sumidos en el saqueo. Hoy, este colectivo dirigencial culpable, reclama impávido: “si el Estado no nos da más plata, no jugamos”.

Buenos Aires, 25 de agosto 2016

Próxima opinión política, por viaje: miércoles, 21 de septiembre

DINERO DE LA POLÍTICA

La trama de impunidad vigente desde hace dos décadas, más allá del fuerte reclamo ciudadano, no será fácil desmontarla. Si hubiera triunfado la continuidad democrática representada por Scioli, obviamente jueces y fiscales continuarían inactivos, no existirían videos comprometedores, ni José López hubiera requerido el auxilio espiritual de la hermana Alba. Para profundizar esta hipótesis, el primer paso será eludir pistas falsas a través de la “grieta”, cuyo fin es evitar que la ciudadanía razone por si misma, y compre mensajes y hechos políticos, enlatados bajo las etiquetas “período Kirchner” o “período Macri”.

La grieta no es una creación argentina; responde a la teoría “amigo/enemigo” del filósofo del nazismo Carl Schmidt, fundada en que la acción política necesita producir mitos que comprometan a los individuos. Por ejemplo, Patria o buitres; liberación o dependencia; neoliberalismo o populismo. En principio, ambos gobiernos tienen diferencias temporales. El matrimonio Kirchner ejerció el gobierno ininterrumpidamente entre el 2003 y 2015. Macri en los últimos ocho meses. Kirchner debe rendir cuentas de lo actuado en el pasado. Macri lo realizado en el presente, con vista al futuro. En ambos casos, en su debida proporción, en un sistema constitucional las responsabilidades alcanzan a todos los ámbitos de representación. En especial, al que reúne todo el espectro político-partidario: el poder legislativo. Surge aquí la primera sospecha. La morosidad para avanzar en la aprobación de leyes anticorrupción concretas es preocupante, pero no tan sorprendente.

Paralelamente, jueces y fiscales van retomando sus ritmos relajados, confiando que el paso del tiempo irá aplacando el reclamo social de acabar con la corrupción estatal-privada. En esta etapa de transición, el interés mediático es mantenido a través de declaraciones o trascendidos de detenidos, sospechosos o familiares, que oscilan entre lo irrelevante, místico o críptico. La ex presidente Kirchner y la emblemática Hebe de Bonafini se suman de buen grado al espectáculo, solicitando resistir el embate de jueces que tardíamente pretenden investigar el destino de multimillonarios recursos sustraídos al Estado. Bonafini, demócrata sin par, se permitió una vez más insultar a un juez. Es el prestigio que la Justicia se supo ganar.

Sectores empresariales involucrados en la cadena de complicidad, realizan su aporte a través del ámbito legislativo, actuando como lobistas para evitar la sanción de leyes anticorrupción que los amenace, o ejerciendo presión y/o inducción a través de medios de medios de comunicación. En el Canal C5N, respondiendo al objetivo de su dueño acosado por investigaciones de evasión fiscal, los periodistas Navarro y Silvestre apelan a la presión, tratando de involucrar a Macri en actos corruptos, sean valederos o ficticios. Nadie duda que un “acuerdo patriótico” entre Macri y Cristóbal López, modificaría la línea editorial del canal. Y como ya pasara entre Víctor Hugo Morales y Néstor Kirchner, no sorprendería que Navarro se confesara macrista.

Analicemos ahora dos medios críticos del kirchnerismo: Clarín y La Nación. El primero, ante la manifiesta indolencia del senado para aprobar la ley del arrepentido, optó por la inducción. Dejó trascender comentarios altamente descalificatorios respecto de la solidez jurídica de lo aprobado por diputados.”Off de record”, menciona a Gil Lavedra y Arlasnián. La Nación por el contrario, destaca claramente la escasa voluntad política para aprobar leyes anticorrupción transformadoras. La estrategia dilatoria en el Senado queda expuesta con solo formularnos dos preguntas: 1) Los asesores jurídicos de los bloques políticos de diputados y senadores son distintos, o bien no intercambian información entre sí?  2) Conocen los legisladores, por ejemplo, las leyes del arrepentido aplicadas con éxito en Brasil y Estados Unidos?  

La última declaración título de página la aportó José López: “El dinero de los bolsos proviene de la política”. Vaya novedad. El dinero público se relaciona con la política; y quienes asumen la responsabilidad de administrarlo lo hacen a través de la política. La justicia federal no está ante un juicio entre Microsoft y Google por pelea de patentes, sino ante la obligación de diferenciar entre funcionarios y empresarios probos o corruptos.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016

EL ARREPENTIDO ES ....

A nivel mundial, los medios de comunicación han sido pilares fundamentales para la detección de casos de corrupción estatal-privada, y su difusión pública. En especial los radiales y televisivos, que llegan a franjas socio-culturales que, o bien carecen de formación adecuada, o de posibilidades de obtener información más amplia y compleja. Esta posibilidad brindada por la libertad de prensa, permite que la sociedad en su conjunto conozca comportamientos políticos e institucionales, sea en la defensa o depredación de los recursos del Estado. Pero también obliga a que los corruptos deban resignar el habitual “secretismo” del negociado, y deban proteger sus impunidades en el ámbito público. Apelan entonces a la estrategia de oponer desinformación a la información; falsedades a las verdades; periodismo mercenario al de investigación.

La consecuente diversidad de mensajes, nos plantea un desafío para formar nuestra propia opinión: razonar como sujetos críticos, en lugar de receptores pasivos. Una forma entretenida pero no menos útil de lograrlo, es analizar el desarrollo de los hechos a modo de una novela policial. Este rol detectivesco nos hará sospechar de las expectativas que despiertan posibles arrepentimientos de detenidos o de sus familiares. La primera contradicción, es que el arrepentimiento exige la admisión previa de culpabilidad, lo que hasta el momento no sucedió. Peor aún, lo que suponíamos una línea investigativa más simple, por pertenecer los funcionarios públicos involucrados a un escalafón de responsabilidades preestablecido, quedó desvirtuado. En sus primeras declaraciones, el funcionario de mayor jerarquía delegó responsabilidades en su segundo, éste en quien le sigue, y así sucesivamente. Esta estrategia trastoca inclusive el clásico formato novelístico policial, donde el asesino es quien menos sospechas despierta. En una época solía ser el mayordomo. Pero a este acelerado ritmo de delegación de culpas, los mayordomos del escalafón administrativo ya deberían poner barbas en remojo. 

Para mantener cierto entretenimiento mediático, las invocaciones de inocencia son matizadas con aspectos más domésticos, como crisis matrimoniales de los detenidos, José López bailando desnudo en su celda, o el narcotraficante Pérez Corradi y su abogado, contando versiones escuchadas en el café del barrio. Los detenidos a su vez, a través de reportajes formulan declaraciones crípticas con veladas amenazas a sus socios aún en libertad, o apelan a misticismos para que “se investigue hacia arriba”. La hermana Alba por su parte, es consultada para que profetice si jueces y fiscales diluirán nuevamente las causas con el paso del tiempo. Pero lo más importante ingresó en un cono de silencio: saber si la justicia está acumulando los elementos probatorios de carácter financiero, societario, de titularidad, administrativos y complicidades  existentes, solo ante los cuales sería posible que parte de los saqueadores estatales y privados negocien su arrepentimiento, que no será precisamente de carácter religioso.

La figura del arrepentido, casi desconocida hasta el presente año, ejemplifica lo difícil que será destruir la trama de complicidad. Esta ley es de aplicación en los países más desarrollados desde hace años. En Italia, para su combate contra la mafia; en Estados Unidos, se utilidad se demostró en el escándalo de la FIFA, que tiene a un empresario argentino detenido; en Brasil, en el caso de corrupción de Petrobrás, con políticos, legisladores y empresarios condenados.

En nuestro país, solo la exhibición obscena de millones de dólares robados al Estado, motivó que con escaso entusiasmo se planteara legislar leyes anticorrupción esenciales, entre ellas la del arrepentido. Se estaba en este incipiente debate, cuando al fiscal Raúl Pleé se le ocurrió publicar el 30 de marzo pasado en el diario La Nación, un artículo titulado “La ley del arrepentido está vigente”, e incluía el lavado de activos. Leonardo Fariña leyó el artículo, y días más tarde se arrepintió, con los resultados conocidos. Sin embargo, el poder legislativo continúa en mora respecto a legislar leyes contra la corrupción, lo que nos recuerda la sentencia de Solón: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016

ÉTICA DEL ENGAÑO

En toda novela policial, la búsqueda de culpables de delitos, confronta al investigador con mentiras y pistas falsas. Dado que nuestra sólida trama de corrupción estatal-privada se inserta en el campo político, a los habituales recursos de encubrimiento, se le suma la grandilocuencia discursiva. No sorprende entonces que en medio del lodazal, se utilice un concepto impactante, exento de toda sospecha: la ética. Los interesados en generar un estado de confusión al momento de establecer responsabilidades, muchas veces intentan mimetizar ética y delito. La ética sin embargo, es una rama de la filosofía referida al estudio de las acciones humanas y de la moral, que se basa en la obediencia de normas, costumbres y preceptos. Se diferencia de la ley, porque ninguna persona puede ser obligada por el Estado u otras personas a cumplir normas éticas en sí mismas, ni sufrir castigo o penalización por desobediencia de éstas. Para ser de cumplimiento obligatorio, deben estar incluidas en leyes o normas administrativas.

Mantener la condición ética, implica sustentarse en estándares de igualdad. No puede invocarse para justificar privilegios u ocultar delitos mediante canjes de intereses, como se hacía con espías durante la guerra fría, o entre bandas de delincuentes. Resulta oportunista plantear un supuesto conflicto de intereses del ministro de Energía Aranguren, salvo impedimento explícito por ley, por su reciente cargo directivo en la empresa Shell, de la que además recibió acciones, y simultáneamente, mantener el acuerdo político que permite utilizar fueros parlamentarios, para proteger a los legisladores por la comisión de delitos comunes, permitiendo además que como procesados, o aún condenados como es el caso del senador Menem, legislen. 

De ahí que las grandilocuencias semánticas, tales como Ética, Transparencia, Democratización, pueden encubrir objetivos contrarios. La ley de Ética Pública, promulgada en octubre de 1999, estableció el régimen de declaraciones juradas patrimoniales actualizadas anualmente, para un amplio rango de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero nunca fue aplicada. Peor aún, se reformó en el año 2013, con menores exigencias en el detalle patrimonial a declarar. Muchos de los que votaron la reforma, cínicamente se preocupan hoy por las cuentas “off shore”. De haberse verificado el cumplimiento de las presentaciones anuales, para luego procesar datos y medir evoluciones, se hubiese evitado gran parte del saqueo de recursos. En este instrumento esencial para detectar corrupciones, como son las declaraciones anuales patrimoniales, no se cumplió con la ética ni con la ley. Estas omisiones fueron planificadas? Porqué no formularon reclamos supuestos opositores? 

Establecida la diferencia entre ética y ley, queda claro que nuestra tarea investigativa será en el marco de un “policial duro”, sembrado de delitos concretos contra la administración pública: asociaciones y enriquecimientos ilícitos; estafas; defraudaciones; peculados; prevaricatos; cohechos. Corrupción no es un concepto fácil de entender, y menos aún sus consecuencias directas sobre personas, bienes y desarrollo de un país. Pero hoy la sociedad pudo “materializar” la abstracción corrupción, viendo el conteo de millones de dólares en una oficina de un contratista de obra pública; millones de dólares escondidos en un convento por un ex Secretario de Obras Públicas; millones de dólares guardados en una caja de seguridad de la hija de una ex presidente. 

Encarar el análisis de los acontecimientos, implica establecer parámetros referenciales, tales como:

1.- Los grandes casos de corrupción que ocupan el centro de atención tras el cambio de gobierno, eran conocidos con detallada información del periodismo de investigación, desde hace al menos dos años.

2.- Los mismos jueces y fiscales que se mantuvieron cuanto menos inactivos desde ese entonces, son quienes hoy deben llevar adelante dichas causas.

3.- Las múltiples denuncias de enriquecimiento ilícito de altos y medianos funcionarios, que explican situaciones que hoy causan asombro, concluyeron en rápidos sobreseimientos, o en expedientes inactivos.

En la próxima reflexión analizaremos una figura ajena a lo religioso: el arrepentido. 

Buenos Aires, 03 de agosto de 2016

CORRUPCIÓN ES MAFIA?

Continuando con nuestro ejercicio de analizar  a manera de una novela policial los sucesos de corrupción estatal-privada, visibilizados como nunca antes por la opinión pública, clarifiquemos una duda: los conceptos de “corrupción” y “mafia” son similares?. La mafia nació en Sicilia, en busca de una organización eficaz que respaldara diversas actividades criminales. Sus integrantes se autodenominaban “mafiosos” (hombres de honor), y mantenían fuertes códigos de silencio. Sus comienzos fueron conocidos por sangrientas peleas entre bandas, por el dominio de negocios ilegales. Con el tiempo se expandieron a nivel mundial, sofisticando su accionar y actividades, y sumando políticos, jueces, policías y empresarios a sus estructuras delictivas. Lo que relaciona al término “Mafia” con el de “corrupción estatal-privada”, es el principio de organización, donde nada es dejado al azar. Debemos distinguir entre “actos corruptos” y “estado de corrupción”. Los primeros resultan de un conflicto de intereses localizado, resuelto delictivamente. Pero cuando se vuelven planificados, sistemáticos, ejecutados y/o avalados desde el Estado, se ingresa en un “estado de corrupción”.

En una democracia, el armado de estructuras de complicidad estatal es más complejo que en el campo del delito desembozado, que apela a la violencia explícita como método de persuasión. Cuando hablamos de dineros públicos, que son los más desprotegidos y fácilmente obtenibles, la planificación y ejecución, para concretar el saqueo primero, y lograr impunidad luego, debe estar en cabeza de altos funcionarios del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Empresarios y/o testaferros actúan como asociados. Una vez armada la trama de complicidad, optimizado su funcionamiento, y definidos los códigos de silencio ante situaciones críticas, no solo es imprescindible sostener la trama en el tiempo, sino darle visos de legalidad. En este esquema, la aprobación o ausencia de determinadas leyes es esencial. Por su parte, los empleados o funcionarios públicos honestos que se rebelen, carecerán de toda apoyatura gremial en su defensa.

El caso del ex Secretario de Obras Públicas José López, ocultando 9 millones de dólares en un convento, fue un “acto” individual, o mostró un “estado” de corrupción? Debemos considerar dos aspectos: actores intervinientes, y reiteración de hechos corruptos. Un contrato de obra pública implica varias instancias administrativas ineludibles: proyecto, presupuesto, análisis de ofertas, control de legalidad del trámite, adjudicación; garantías de contrato, control de obra, pago de certificados, recepción de obra. Los sobreprecios nacen de origen, sea en el presupuesto oficial o en la oferta aceptada, pues la coima es de pago contado efectivo, antes del inicio de obra. Firmado el contrato, pueden surgir nuevos negociados: disminución de la calidad de obra pero no del precio; renegociación y aceptación de onerosos adicionales de obra, y en un exceso de impunidad, pago de certificados por obra no ejecutada. Es imposible que este circuito lo realice un “llanero solitario”, sea Ministro o Secretario; es necesaria una estructura corrupta. Si a ello sumamos la reiteración de casos de corrupción, y los manifiestos enriquecimientos ilícitos de funcionarios y empresarios relacionados, resulta evidente que nos encontramos ante un “estado de corrupción”.

En este esquema, cuando surgen denuncias de delitos, la Justicia interviene para protegerlos, asegurando impunidad. El juez Rafecas mantuvo inactiva desde el 2008 una denuncia contra José López por enriquecimiento ilícito. Los legisladores por su parte, que no pueden ampararse hoy en que son una “escribanía”, demoran ostensiblemente leyes que modifiquen la matriz de corrupción, como la ley de fueros que los protegen por la comisión de delitos comunes; ley del arrepentido; ley de incautación de bienes sospechados de corrupción contra el Estado, y el incremento de penas por delitos contra la administración pública. Todo ello, mientras recorren medios de comunicación como “libre pensadores”. Siempre es útil que el legislador ejerza su derecho a opinar, en tanto y en cuanto lo acompañe con su obligación de legislar.

Marina Walker, vicedirectora del consorcio internacional de periodistas de investigación que sacó a la luz el caso “Panamá Papers”, en una entrevista que le realizara Alconada Moon, señaló una obviedad que vale la pena resaltar: “toda corrupción es primeramente local”.

Buenos Aires, 27 de julio de 2016

DELITOS VIRTUOSOS

En la reflexión anterior, propusimos como método para que el mayor espectro social posible entienda la mecánica de corrupción en el Estado, receptar el desarrollo de los acontecimientos como parte de una atrapante novela policial, en la que no seremos lectores pasivos, sino intentaremos desempeñar un rol analítico. Lo que no deberá ser un entretenimiento será el resultado final: sanción a los corruptos, recuperación de la mayor cantidad del dinero sustraído al Estado, y destrucción de la trama de impunidad vigente desde hace veinte años. Los saqueos políticos nacen invocando fines virtuosos: subsidios a los que menos tienen, pese a que incluyen empresarios; protección de fuentes de trabajo, para justificar negociados públicos-privados; luchas contra grandes grupos económicos, jamás concretadas; cunas gratis de alto costo y baja calidad, para madres necesitadas; conversión de organizaciones sociales en grandes empresas constructoras. “Delitos virtuosos”  entonces, no es un título contradictorio.

Previo al inicio de nuestras conjeturas, debemos destacar dos aspectos: 1) Plantear “Ud. cree que Fulano es culpable?”, no solo es irrelevante, sino podemos caer en la principal trampa de la propaganda política: hacernos pensar y actuar en base a emociones o creencias, y no a razonamientos. 2) Inicialmente se debe aplicar el principio de la duda, dudando de todos. Para detectar engaños u omisiones, serán útiles las opiniones de oficialistas u opositores; del canal TN (Clarín), o C5N (Cristóbal López). En la estrategia mediática del ocultamiento y confusión, no es necesario acusar sin pruebas; es suficiente con sembrar dudas.

Un relato se inicia con descripción del lugar de los hechos, personajes intervinientes y delitos cometidos. El lugar es Argentina. Los personajes pertenecen al ámbito político-institucional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Empresarios y gremialistas actúan según los casos, como cómplices necesarios. La primera dificultad surge al momento de establecer los delitos. De hecho, hasta el momento no hay crímenes o robos contra el Estado; solo sospechas. Los involucrados, como es natural, se declaran inocentes, o sin rubor, perseguidos políticos. Esta teatralización de inocencia fue exitosa en las últimas décadas, debido a la garantía de impunidad brindada por un sector clave en la trama del saqueo: el poder judicial, y en especial, el fuero federal.

Qué cambió para causar la conmoción popular actual? Los ciudadanos pudieron “ver”, sin mayor intermediación comunicacional explicativa,  como empleados de Milagro Sala sacaban un bolso con 29 millones de pesos del Banco Nación de Jujuy; a integrantes del grupo Báez, contando millones de dólares en Puerto Madero; al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López,  arrojando de madrugada bolsos con 9 millones de dólares, en un convento que aún no se sabe si lo es, y con monjas que se ignora si lo son; y a una hija heredera del matrimonio presidencial, con 4.600.000 dólares en una caja de seguridad bancaria. La población, azotada por serias desigualdades sociales desde hace décadas, explotó de indignación. Tardíamente, jueces, fiscales y políticos, que no desconocían el trasfondo de corrupción, se preocuparon.

La imagen de un hecho es un poderoso instrumento para comunicar sus implicancias a un amplio espectro social y cultural, con similares resultados de comprensión. Los 8.000 millones de pesos de impuestos a los combustibles, que el empresario Cristóbal López en su carácter de agente de retención no depositara en la AFIP, y que el ex titular del Organismo Ricardo Echegaray le refinanciara en condiciones irrisorias, implicaron un perjuicio fiscal de 533 millones de dólares. Sin embargo, tuvieron mucho menor impacto en la opinión pública que los 9 millones de dólares que José López quiso ocultar en un convento.

La reacción social masiva e inédita contra la corrupción estatal-privada, en principio no implica un punto de inflexión, como superficialmente auguran algunos políticos y comunicadores. La trama de impunidad es muy fuerte y está vigente. Para sostenerla se utilizarán recursos comunicacionales periodísticos, políticos y judiciales, que sometan a la opinión pública a una estrategia de dilación, confusión y ocultamiento, mezclando verdad con falsedad. El objetivo es la saturación y el olvido. En el próximo capítulo de la novela incursionaremos en ejemplos de la trama de impunidad, y ubicaremos “crímenes”, que además fueron seriales, pese a la inexistencia de condenas. El código penal los denomina enriquecimientos ilícitos.  

Buenos Aires, 20 de julio de 2016.

PROTECCIÓN = PERSECUCIÓN

Ambos términos parecieran ser claramente opuestos. Sin embargo, relacionados con las obligaciones del poder judicial de actuar con celeridad y eficacia  ante actos corruptos en perjuicio de los recursos del Estado, son entendidos como sinónimos. Porqué? Cuando jueces y fiscales actúan con evidente morosidad en casos de corrupción, son acusados de brindar “protección”. Si por el contrario proceden acorde a las leyes, aún cuando sea tardío y oportunista, los otrora protegidos se quejan de persecución. Por ello, tanto protección como persecución, expresan discrecionalidad y complicidad. Tal desprestigio del poder judicial, y en especial el fuero federal, no es infundado.

En este contexto, se produjo el cimbronazo político del triunfo presidencial de la coalición Cambiemos, desalojando del Ejecutivo a una expresión justicialista que gobernó ininterrumpidamente durante doce años. En simultáneo, estallaron escandalosos hechos de corrupción que no se “contaron” o se “leyeron”; sino fueron “vistos” en tiempo real personajes manipulando fondos multimillonarios, que por añadidura, y contrariando falsas proclamas políticas, eran en dólares. Cabe preguntarnos: se podrá fracturar, aunque sea parcialmente, la fuerte trama político-empresaria-judicial y gremial, conformada por los mismos actores desde hace veinte años?

En los sistemas democráticos las sustituciones institucionales son parciales. Las del Ejecutivo no se replican en los poderes Legislativo y Judicial, y menos aún, en las representaciones empresariales y gremiales. Pero es claro que tamaño saqueo de los recursos públicos, no pudo realizarse sin una activa participación, por acción u omisión, de importantes actores de cada uno de estos sectores. Lo que se conoce como “trama o estructura” en el campo del delito, cuando supera ciertos niveles económicos y temporales, adquiere tanto o más poder que los propios Gobiernos. Por ello, es en el campo de la corrupción donde deberán plasmarse verdaderos “acuerdos políticos” que prioricen honestidades y capacidades, no falsas ideologías y especulaciones. Hay tres aspectos que históricamente tienden a ser conservadores: el poder; el dinero y el delito.

La lucha por mantener impunidades y fortunas mal habidas será durísima, por lo que la sociedad deberá involucrarse firmemente, demandando resultados concretos. El riesgo de que nuevamente “todo siga igual” está latente. Involucrarse, de alguna manera significar “entender”, y la corrupción con sus diversos matices, tiene complejidades. Entender, implica lecturas y procesamientos de datos no siempre sencillos. El desafío consistirá en lograr transmitir al mayor espectro social-cultural posible, conceptos y enseñanzas consistentes. Una alternativa formativa y a su vez entretenida, sería analizar el desarrollo de los acontecimientos, para desentrañar hechos, personajes y culpables, como si fuera una novela policial. El escritor griego Petros Márkaris, autor de la serie del policía Kostas Jaritos en el marco de la crisis de la deuda externa griega, señalaba que “el enorme éxito de la novela negra en las últimas décadas, se debe a que refleja la novela social y política de nuestro tiempo”. A los argentinos, “asesinos y crímenes” políticos-económicos nos sobran.

Nuestra “novela” se basará en la información obtenida a través de medios de comunicación masivos: televisión (oír y ver), radio (oír) y prensa escrita (ver). La libertad de prensa nos confronta con distintas fuentes de información, capacidades profesionales, honestidades, e intereses subterráneos. Se apelará a dos periodismos. El de investigación, más complejo y que requiere una especial profesionalidad y disponibilidad de recursos, ha cumplido un rol fundamental a nivel mundial para descubrir escándalos de corrupción económico-políticos, superando ampliamente al rol legislativo. En el periodismo de opinión, sin negar su condición de espectáculo, prevalece el comentario y/o denuncia sin validez legal, de no ser ratificada judicialmente. Por su variedad de voces (especialistas varios, abogados defensores), y habitualidad en la pantalla, es el que más incide en la opinión pública. Sobre esta franja comunicacional actúan los expertos en propaganda y manejo de opinión, y según sus objetivos, mezclan  información con desinformación, verdad con ocultamiento o desfiguración.

El comienzo de nuestra novela respondió a patrones clásicos. Varios personajes involucrados desde hace décadas en la trama de impunidad, declararon impávidos: “yo no sabía”, “no lo conozco”, o bien, “solo firmaba el expediente que me traía mi secretaria”. En la próxima reflexión, el segundo capítulo.

Buenos Aires, 13 de julio de 2015

  

"COMBATAMOS" A MACRI

El título, como cualquier consigna política, tiende a esquematizar y simplificar el concepto, evitando desgastes argumentativos. El término “combatamos” señala que el problema lo tenemos instalado, y estamos actuando para enfrentarlo. Comprobar que la supuesta “izquierda” roba tanto como la supuesta “derecha”, nos evita perder tiempo en disquisiciones ideológicas, e ir al objetivo de fondo: combatir y derrotar a Macri. Para ello se proponen dos estrategias alternativas: una de corto y otra de mediano plazo.

La primera la encabezan quienes, apoyados en estructuras operativas pequeñas pero organizadas, apelan públicamente a expresiones rimbombantes nada inocentes, para generar inestabilidad. Son cara visible en esta etapa por ahora verbal, Fernando Espinosa, Guillermo Moreno, Jorge Ferraresi, y los expertos en “aprietes” Fernando Esteche y Luis D Elía, quien sumara a sus huestes a un ícono de la lucha contra la pobreza: Amado Boudou. Esta estrategia golpista corre el riesgo de ser asimilada con la empleada contra De la Rúa en diciembre del 2001, cuya consecuencia fue el recordado “acuerdo político patriótico” del 2002, que se caracterizó por una enorme devaluación y desempleo; incautación de los ahorros de pequeños y medianos ahorristas, y la estatización parcial de la deuda en dólares de grandes grupos económicos. La trampa no funcionó; la sociedad reclamó hastiada, “que se vayan todos”. Pero la trama de impunidad político-empresarial sobrevivió, y se quedaron casi todos.

La estrategia de mediano plazo es más sofisticada, incruenta, y no menos dañina. Consiste en desactivar la actual estructura del Estado, que permite un manejo discrecional a través de dinero y prebendas para saquear sus presupuestos con total impunidad, obteniendo por acción u omisión, la complicidad de organismos centralizadas, autárquicos, sociedades estatales, organismos de control, poderes legislativo y judicial. Destruir esta sólida trama político-empresaria-judicial-gremial, impediría que Macri y funcionarios de Cambiemos puedan usufructuarla.  Atento que la próxima elección presidencial se realizará en 40 meses, es imprescindible una acción legislativa inmediata, coordinada y simultánea. Por su mayor complejidad, la reformulación de la estructura integral del Estado merecerá un próximo análisis específico. Se destacan algunos temas de tratamiento inmediato:

Corrupción.- 1) Anular expresamente fueros parlamentarios para los delitos comunes, sean particulares o contra la administración pública. 2) Incrementar las sanciones penales por delitos de corrupción. 3) Aprobar cuanto antes la ley del arrepentido por estos delitos, y establecer el procedimiento de incautación inmediata de bienes obtenidos en forma ilícita y/o delictiva.  

Consejo de la Magistratura.- 1) Someter los antecedentes de sus 13 integrantes al escrutinio y/o audiencias públicas, previo a su designación. 2) Obligar que su página web sea clara y actualizada respecto a concursos de magistrados, puntajes obtenidos, enjuiciamientos. 3) Conocimiento público de los avances de causas penales por delitos de corrupción, que fuera prometido por el juez Lorenzetti en febrero de este año.

Organismos de control.- 1) Someter los antecedentes de sus autoridades a audiencias públicas, previo a su designación. 2) Exigir que sus páginas web sean claras en cuanto a cronograma de actuaciones (investigaciones, auditorías; tiempos de análisis; dictámenes).

Incompatibilidades: 1) Serán cotejadas e informadas públicamente previo a la designación de los funcionarios políticos, o en un plazo no mayor a 30 días hábiles si es posterior. El dictamen se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, y no en subjetivas opiniones de carácter ético.

En el afán de dificultarle  al gobierno de Macri manejos políticos a través de actos de corrupción, podría suceder que el país llegue a la próxima elección presidencial en buena situación social y económica, y paradójicamente, Macri y Cambiemos triunfen nuevamente. Pero toda estrategia conlleva sus propios riesgos.

Buenos Aires, 06 de julio de 2016