LANZAMIENTO DE UNEN: COMENZÓ EL ETIQUETADO

Como era una obviedad, la presentación ante la ciudadanía del Frente Amplio UNEN produjo reformulaciones en los análisis con vista a la elección nacional de octubre del próximo año, que van desde los lógicos interrogantes que genera el nuevo espacio político, hasta las expresiones degradantes y facistoides vertidas por el Jefe de Gabinete Capitanich en relación a dicha coalición de partidos.

El gran desafío que deberán afrontar todas las agrupaciones que pretendan gobernar a partir de diciembre de 2015, incluído obviamente el oficialismo, será presentar al electorado un programa transformador concreto, consensuado y posible, muchas de cuyas propuestas deberán ser presentadas, debatidas y aprobadas o rechazadas durante los períodos legislativos 2014/2015. Todos los candidatos y principales figuras que los acompañan ejercen cargos legislativos, por lo que no habrá mejor campaña que evaluar proyectos presentados y como serán votados, antes que  agobiar a la población con estériles promesas y costosas campañas marketineras.

Los cinco potenciales precandidatos presidenciales de UNEN se hicieron presentes en diversos medios de comunicación, y sin excepción se los consultó sobre posibles semejanzas con la Alianza que gobernara en el período 1999-2001. Inicialmente la pregunta es razonable y legítima, pero como puede ser utilizada a futuro por creativos asesores de campaña como estrategia de desprestigio, cabe clarificar el interrogante.

Una de las siete reglas básicas de la propaganda política descriptas por Jean Marie Domenach en 1950, llamada “Regla de la orquestación”, consistente en la repetición incesante de una pequeña cantidad de ideas simples, para que sean recordadas por la masa. El Ministro de Propaganda nazi Goebbels afirmaba irónicamente: “La Iglesia católica se mantiene porque repite lo mismo desde hace dos mil años”. Para desactivar el primer intento de confundir al votante con mensajes capciosos, destacaremos tres aspectos, sustentados desde lo práctico.

1.- Los términos Alianza, Frente, Unión, Acuerdo y Coalición, como categorización de acuerdos interpartidarios son sinónimos. Un Frente es una Alianza y viceversa.

2.-Importantes integrantes del actual gobierno justicialista tuvieron funciones relevantes en el gobierno de la Alianza: Carlos Alvarez; Nilda Garré; Rafael Bielsa; Aníbal Ibarra; Ricardo Feletti; Débora Giorgi; Daniel Filmus y Abel Fatala, entre muchos otros. Hagamos un alto en Carlos “Chacho” Alvarez, uno de los principales responsables de la crisis política del 2001 con su enigmática renuncia. Desde hace cuatro años fue recompensado por el actual gobierno con un cargo en el exterior. En contraposición, quien fuera tan importante como él en la conducción del Frente Grande en ese entonces, Graciela Fernández Meijide, no ocupó cargos políticos desde la caída de la Alianza. Si bien compartió responsabilidades, tuvo lo que muchos no pueden exhibir: dignidad.

3.- El Frente (no Alianza) Para la Victoria, congregó a diversas figuras que, además de los ex aliancistas mencionados, integraron o apoyaron al Gobierno: Aldo Rico; Hugo Moyano; Gerardo Martínez; Hebe de Bonafini; Hugo Curto; Mario Ishi; Amado Boudou; ; Estela de Carlotto; Luis D´Elía; César Milani; Gildo Insfrán, Gerardo Zamora, Carlos Menem, entre otros. Esta verdadera “pluralidad ideológica” aunada es tal, o resultado de prebendas, cargos públicos y aportes monetarios del Estado?

Develar este último interrogante deberá ser tarea de los Frentes, Alianzas, Coaliciones o Uniones que se presenten en las elecciones del 2015, ya sean oficialistas u opositoras, porque es evidente que existieron numerosos acuerdos “patrióticos” ruinosos para la ciudadanía, que ocultaron negocios y oportunismo bajo el manto de la ideología.  

COALICIÓN UNEN: QUE PRIME LA RACIONALIDAD SOBRE LA EGOLATRÍA

El lanzamiento en el día de ayer de la Coalición UNEN a nivel nacional, sustentada en la convergencia de agrupaciones con el  loable objetivo de constituirse en seria alternativa de gobierno a partir de diciembre de 2015, trasciende lo partidario para transformarse en un punto de partida adecuado para someter al escrutinio de la ciudadanía conductas, propuestas y estrategias de cambio concretas, en la pretensión de gobernar.

Por varias razones, la próxima elección será tanto peculiar como trascendental. Señalemos tres factores distintivos no excluyentes: 1) Se desarrollará para sustituir una gestión, en este caso justicialista, que por primera vez ejerció tres períodos consecutivos de gobierno, debiendo absorber los antipáticos costos de lo actuado en los dos períodos anteriores. 2) El contexto exhibe una dirigencia política, gremial, empresarial y judicial que mantiene tal condición desde hace dos décadas, intercambiando a lo sumo roles. 3) Se llegó a un punto límite de disolución de partidos políticos y vaciamiento institucional, que obliga ineludiblemente a su reconstitución. Cada uno de estos puntos motivará futuras reflexiones.

La ciudadanía debería iniciar ya su propia campaña electoral, afrontando un desafío para lo cual es de esperar esté preparada, tras 30 años ininterrumpidos de democracia: transformarse individualmente en un analista crítico de los mensajes  múltiples y contradictorios, cuando no falsos, que conformarán una verdadera “artillería psicológica” como estrategias de propaganda o marketing político. Para esta tarea cobrarán altos honorarios asesores (algunos extranjeros); encuestadoras y periodistas.  Los precandidatos deberán ser evaluados inicialmente no por lo que prometan sino por como actuaron, no solo en lo referido a la honestidad y ética, sino por personalidad, actitud y coherencia. Y fundamentalmente, por la credibilidad y extensión territorial de las estructuras que los sustenten. Como se verá, al menos en esta etapa, no estamos para globos amarillos, naranjas o celestes y blancos.

En una estrategia de manual, los precandidatos pretenderán establecer ante la ciudadanía la agenda de debates, y no a la inversa. O sea, que no sean los ciudadanos los que se suban al ring, sino que observen a los candidatos desde la platea, alentando o reprobando. Para ello la propaganda política apela en el manejo de masas a la emoción, casi nunca a la razón. Y mucho menos a la información precisa.  Por eso no deberemos dejar influenciarnos por encuestas frívolas y cronológicamente inadecuadas, basadas en  supuestas adhesiones que despierten determinadas “imágenes”, pretendiendo generar “sensaciones”. Tendrán que primar las realidades, planteando la ciudadanía reclamos concretos y exigiendo respuestas concretas en ámbitos legislativos,  y no meros ejercicios discursivos.

En Argentina hace rato que en el manejo del poder se diluyeron derechas e izquierdas, peronistas o radicales, neoliberales o progresistas, dejando estos debates para distracciones intelectuales, muchas de ellas generosamente recompensados desde el Estado. Pocas veces se hace referencia que está firmemente instalado un fuerte núcleo dirigencial pluripartidario, muchas veces hereditario, en donde los roles pueden ser fácilmente intercambiados por los mismos actores a lo largo del tiempo, y cuentan con fuertes financiamientos de campañas electorales con un único objetivo: cambiar para que nada cambie. No es momento entonces de fáciles adhesiones sino de firmes exigencias.

Bajo esta perspectiva, analizaremos en la próxima reflexión el lanzamiento de UNEN, que abre una esperanzadora opción de gobierno a futuro. Pero el camino será arduo, y se deberán dejar egos en el camino. Por eso, sin dejar de lado la esperanza, no es momento de halagos. La campaña electoral ciudadana ha comenzado.

PAROS QUE NO REIVINDICAN SINO OCULTAN

En las sucesivas reflexiones sobre diversos temas que impactan en la sociedad, recurrentemente mencionamos un factor clave para intentar analizar los contextos políticos: que en su gran mayoría, extendidas capas de la dirigencia política; gremial; de representación empresarial, y judicial del fuero penal, la conforman las mismas personas desde al menos dos décadas. Lo más grave es que el fenómeno no es producto del voto popular, sino de complejos entramados entre dichos sectores para establecer sistemas electivos extremadamente limitativos. El resultado no puede ser otro que la destrucción de los partidos políticos, la inexistencia de carrera administrativa para el acceso de la ciudadanía a cargos públicos de relevancia, y finalmente, la instalación de la cleptocracia en la cima del Estado. Comenzar a analizar esta realidad en nuestro tránsito hacia el 2015 será fundamental, para evitar la nueva trampa de dicho entramado de poder, consistente en cambiar para que nada cambie. Es lo que sospechosamente sectores supuestamente opositores llaman “cambiar el tono”, pero nada dicen de cambiar la política.

Ya  Aristóteles y otros filósofos griegos polemizaban sobre el desafío que la democracia planteaba ante la necesidad de un Estado con poder, sin caer en la autocracia. Se encontró una solución conceptual no superada a la fecha: que la perpetuidad del Estado como tal, debía complementarse con un ejercicio del poder acotado en el tiempo, para ser cedido posteriormente a otros ciudadanos, y así sucesivamente. Vale decir, alternancia entre iguales.

Qué tiene que ver esta introducción con el paro nacional del pasado 10 de abril? Mucho, porque bajo esta perspectiva, el análisis de objetivos, opiniones y reacciones producidas con motivo del paro, exhiben obviedades vacías de contenido, cinismos, y como es habitual, ocultamientos.

Expresar que el paro fue político es una obviedad, porque todos los paros lo son, dado que exhiben el fracaso de las instancias institucionales públicas y privadas en las relaciones laborales. Resaltar que el paro es un derecho constitucional es un cinismo, cuando son ignorados los derechos constitucionales a la salud, educación, trabajo y libre tránsito, entre otros, que solo sirven para adornar reclamos salariales, que una vez satisfechos, son abandonados hasta el siguiente reclamo salarial. Dentro de lo patético, cabe mencionar que funcionarios oficialistas que pertenecieron al menemismo, distribuyeran afiches contra gremialistas que avalaron el paro, acusándolos de haber pertenecido al menemismo. O que gremialistas del servicio de subterráneos conocidos como “metrodelegados”, que sometieron a los porteños a un paro salvaje de casi dos semanas el pasado año, sin ningún rubor no se plegaron al paro general por considerarlo “injustificado”.

Sin embargo, lo más grave en los debates ante la opinión pública para lograr su adhesión, es el ocultamiento. Nadie planteó que la actual puja distributiva entre sectores asalariados legalizados para mantener su poder adquisitivo; sectores empresariales no dispuestos a resignar ganancias, y un Estado que dilapidó recursos sin consolidar estructuras productivas genuinas, tuvo su origen en aproximadamente cuatro años atrás, con responsabilidades compartidas entre gobierno, empresarios y gremialistas. En ese entonces las partes intervinientes en las paritarias nada decían del falseamiento de los índices de Precios al Consumidor del INDEC menores al 10 %, mientras alegremente se acordaban y homologaban incrementos salariales entre el 25 y 30 %, congruentes con la real inflación.  Excluídos de toda representación y absorbiendo los perjuicios del creciente proceso inflacionario, quedaron los jubilados; los más de 4 millones de trabajadores en negro; autónomos, y desde luego los desocupados, quienes vieron disminuídos sus ya magros ingresos o niveles de subsistencia, con escasa o nula participación en el “crecimiento del consumo”. Sin embargo ninguno de los que hoy polemizan y nos recuerdan derechos constitucionales se preocuparon. El Estado por su parte, cuida la escenografía de “inclusión social” con subsidios y  clientelismo con débiles y poderosos, con los consecuentes negociados públicos-privados.

Por lo expuesto el reciente paro general merece leerse como el inicio de una estrategia electoral entre quienes han ejercido responsabilidades políticas e institucionales de privilegio en las dos últimas décadas, basadas inevitablemente en  “yo no tuve nada que ver”, intentando su continuidad, eventualmente en otros roles, para que la trama de poder-negocios no se destruya. Existirá entonces la opción de un partido y quienes lo representen con propuestas de cambio  diferenciadoras, contundentes y  creíbles? Hoy no. A futuro es todo un desafío.

 

CUANDO LA INSEGURIDAD ES DECISIÓN POLÍTICA

Así como en la última reflexión nos referimos a la problemática de la educación pública, nos toca incursionar en otra obligación indelegable del Estado, en este caso exclusiva: la seguridad. Si bien el tema está fuertemente instalado y oficialmente minimizado desde hace años, estalló en todos los medios de comunicación como resultado de la exhibición de uno de los más fuertes ejemplos de degradación humana: el linchamiento.

Tras cartón, como suele suceder cuando los hechos los superan, sectores políticos oficialistas y circunstancialmente opositores sometieron a la sociedad a diversas opiniones y/o acciones de compromiso, en las que resulta difícil discriminar entre oportunismo, imbecilidad o ignorancia.

Como la inseguridad ofrece un amplio abanico de causales para esbozar un análisis,  destacaremos las que consideramos esenciales, no para que sean compartidas, sino para darnos cuenta de que si no se adoptan políticas integrales eficaces y lo más ampliamente compartidas por la sociedad, para su aplicación a lo largo del tiempo sin especulaciones políticas banales, indefectiblemente la crisis se agravará. Entre otras razones, porque los sectores políticos obligados a legislar y ejecutar, son hoy parte del problema. Solo un ejemplo: en la toma en febrero pasado de tierras del parque Indoamericano, que se cobró un muerto, altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial, intercambiaban acusaciones y hasta improperios acerca de la delimitación de responsabilidades y toma de decisiones, a un nivel indignante. Obviamente el problema de usurpación de estas tierras no se solucionó.

Un razonable punto de partida para fundamentar la descomposición continua de las políticas públicas de seguridad, es el 2001. Ante la crisis económico-social de ese entonces, con la consecuencia de saqueos y muertes, desocupación, sustracción de ahorros de pequeños y medianos ahorristas, y salvataje de grandes grupos empresarios vía pesificación asimétrica para sus deudas en dólares, la sociedad reaccionó con un clamor que asustó a la clase política en su conjunto: “Que se vayan todos”, dando por tierra con el viejo truco de que se iban los malos para que asumieran los salvadores.

En ese marco de crisis, se produjo el asesinato de Kosteki y Santillán, con múltiples consecuencias políticas, entre ellas, la de instalar una frase clave para comenzar con la debacle:  “No criminalizar la protesta”. Frase que debe compartir la inmensa mayoría de la sociedad, al punto que nadie dudó del frío asesinato del que fueron víctimas los mencionados manifestantes. Pero el poder político la manipuló para renunciar a la prevención y sanción del delito. Por lo tanto, las usurpaciones, la toma y destrucción de comisarías, los cortes diarios de calles y autopistas por motivos sectoriales, los grupos de choque para amedrentar a ciudadanos que participaban de pacíficas manifestaciones,  el libre accionar de barras bravas en los clubes de fútbol, con indisimulada protección de dirigentes políticos, intendentes, policías, fiscales y jueces, intencionadamente se incluyeron bajo el paraguas de “protesta social” para justificar la inacción de las fuerzas de seguridad. El propio Estado transparentó esta decisión, negociando con profesionales del apriete, cuyos ejemplos más relevantes son Milagro Sala en Jujuy y Luis DˆElía en el conurbano, al intercambiar adhesión política y “paz social” con generosos fondos y cargos públicos. El nefasto círculo cerró con otra frase de índole judicial: “garantismo”. El concepto, intachable en su esencia, se utilizó para justificar una total laxitud, cuando no complicidad, en la sanción de los delitos. En una sociedad pretendidamente democrática, se hicieron primar conceptos demagógicos por sobre la LEY, y su correcta aplicación.

El círculo de la política de inseguridad cerró con el intento más dañino y falaz que desde niveles dirigenciales o de opinólogos pretenden instalar en la sociedad para justificar el incremento del delito, o bien su exculpación: relacionarlo con la pobreza, sometiendo al pobre a un doble castigo. El de ser pobre, y por su condición, ser sospechado de ladrón o criminal. Concepto absolutamente falso, pues el delito existe en todas las clases sociales; lo que cambia, por razones instrumentales y de oportunidad antes que éticas, es la tipificación del delito. Las sociedades se organizan desde los más fuertes hacia los más débiles. Por ello las mayores responsabilidades son siempre dirigenciales, no del agente de policía, el obrero o la enfermera.

De aceptarse esta hipótesis, no es casual que el incremento del delito tenga su correlato en los niveles insostenibles de impunidad y enriquecimientos ilícitos que altos e intermedios funcionarios públicos y sectores privados asociados, obtuvieron mediante el saqueo de cuantiosos recursos de los Estados nacional y provinciales, en perjuicio de sus obligaciones con los más débiles. Impunidad que exige la complicidad conjunta de oficialistas, opositores, judiciales, gremiales, y de los mal llamados Organismos Públicos de Control.

No aceptemos la trampa de la discriminación o falsos discursos progresistas. De igual modo que se debe luchar contra la delincuencia de cabotaje, como la de los “motochorros”, es hora de hacerlo contra los “escritoriochorros”. Los primeros actúan con riesgo de vida ajena y propia. Los segundos destruyen los entramados sociales, afectando solo vidas ajenas.

LA DESTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA

La momentánea resolución del ya rutinario conflicto salarial docente en varias provincias, con especial impacto y repercusión en la provincia de Buenos Aires, hace oportuno que, con los indefensos alumnos ya en las aulas, reflexionemos sobre las impericias políticas y gremiales, inconsistencias argumentales, y desprecio por la obligación de educar inherente al Estado, que exhibió claramente el conflicto docente.

Los inaceptables 13 días sin clases en la principal provincia del país, cuyas víctimas fueron quienes la política marketinera denominan “maravillosa niñez y juventud”, excede largamente al ámbito docente, para incursionar en las enormes falencias de la   organización del Estado para brindar los servicios básicos a los que está obligado: educación, salud y seguridad. Esta patología de fondo  debería ser objeto de propuestas transformadoras de corto y mediano plazo por parte de quienes pretendan conducir los destinos del país a partir del 2015, y que la “década ganada” no resolvió. La distorsión conceptual y operativa del Estado alcanza tal magnitud, que responsabiliza a la clase política en su conjunto, por lo que no debe ser ocultada al amparo de tramposas discusiones entre supuestos oficialistas u opositores coyunturales, pues sus roles pueden intercambiarse según los beneficios personales o sectoriales que se obtengan.

Variadas declaraciones públicas de funcionarios, políticos y gremialistas eternizados en sus roles, mezclan oportunismos, engaños e ignorancia, y eluden las preguntas de fondo y sus consiguientes respuestas. La primera de ellas es explicitar que para cualquier negociación, se deben establecer las bases referenciales de una política salarial acorde a la estructura pública, e identificar sus metodologías de actualización. Cuando se señala que un sueldo es alto o bajo, cuáles son los parámetros? Los salarios de la administración pública en general, interrelacionando médicos, policías, judiciales, poder legislativo o empleados de la banca oficial?  Cuáles son los pisos de referencia para conformar una pirámide: salario mínimo; canasta familiar básica?  Cuáles son las pautas horarias, de responsabilidad y formación profesional para responder al viejo concepto de equidad que reza “a igual trabajo y responsabilidad igual salario”?  Cuando se habla de paritarias testigo con porcentajes de referencia, quienes deben acoplarse a quién? Los públicos a los privados o viceversa, y son los empresarios privados quienes esperan que el gobierno establezca salarios públicos con el menor aumento posible con gremialistas amigos, para luego trasladar esta pauta a sus negocios privados?

Cualquiera que intente dar respuesta a estos interrogantes y analice la creciente distorsión de las estructuras del Estado, agravada por la permanente creación de organismos tanto nacionales como provinciales que utilizan subterfugios legales inadmisibles para atribuirse la categoría de económicamente autárquicos pese a que se sustentan en la percepción de ingresos públicos, dando lugar a la destrucción de pirámides salariales equitativas, no se debería sorprender por la reiteración de conflictos salariales y degradación de los servicios públicos.

En el Estado las paritarias tienen una convocatoria natural, que es previo a la aprobación de los presupuestos nacionales y provinciales, que consisten en el cálculo de ingresos (recursos) y  egresos (gastos), proyectados a un año . El presupuesto de la provincia de Buenos Aires aprobado para todo el año 2014 hace escasos tres meses, ascendió a poco más de 180 mil millones de pesos, destinándose a Cultura y Educación por todo concepto la suma de 53 mil millones de pesos. Más aún, como el presupuesto incluía endeudamiento internacional, fue aprobado por una mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados. El gobernador Scioli destacó esta aprobación como una muestra de “madurez política” de legisladores oficialistas, opositores y dirigentes gremiales. Claro está, no  informó que el presupuesto no incluía pautas salariales.

El resultado era inevitable. Una vez finalizada la temporada estival y las prematuras exhibiciones públicas de prematuros candidatos, a una semana del inicio del ciclo lectivo la madurez política y gremial estalló. Sin bien el daño está hecho, los días de enseñanza irremediablemente perdidos por millones niños pueden tener el paliativo que los padres  expliquen a sus hijos que significa “madurez política y gremial” en la Argentina de hoy.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA MARZO 2014

 El objetivo de una agenda que posibilite una visualización rutinaria del desarrollo de las principales causas judiciales de corrupción en el Estado, con la participación de funcionarios públicos, gremialistas y empresarios privados asociados para la sustracción de recursos públicos para  enriquecerse ilícitamente, aún a costa de vidas inocentes, pretende mostrar con claridad, si a esta altura fuese necesario, no solo la impunidad que protege a estos delitos, sino la imperiosa necesidad de reformular profundamente el funcionamiento de la Justicia Federal en particular, como así también los mal llamados “organismos de control” del Estado.

Es criticable que en esta tarea no colaboren legisladores que se dicen de oposición, y cuentan con amplias facultades e instrumentos para informar con mayor precisión acerca de las distintas causas y cronología de las actuaciones judiciales y administrativas, en su mayor parte dilatorias, cuando no lisa y llanamente destructivas de pruebas de los delitos. Al menos esta acción será más trascendente para la sociedad, que la de convertirse mensualmente en portavoces de índices de costo de vida de consultoras privadas, para señalar niveles de inflación reales que cualquier ama de casa que administra la economía del hogar conoce perfectamente. Es engañoso señalar que la corrupción generalizada es problema de “oficialismos”, pues necesita de una extendida complicidad, por acción u omisión, de jueces y fiscales, supuestos opositores, empresarios y gremialistas, usualmente autoproclamados combatientes contra  la corrupción.

Esta realidad la exhibió recientemente de una manera explícita e indubitable, el símbolo judicial que acompañó el devenir político de los últimos veinte años, con actores ora neoliberales, ora progresistas, y más recientemente, identificados con “la izquierda revolucionaria”: el inefable fiscal federal Norberto Oyarbide. La importancia del hecho no reside en descubrir una mecánica de corrupción, y mucho menos discriminar entre inocentes y culpables, sino que la mecánica fuera transparentada por Oyarbide (oficialización de la misma), y que los partícipes fueran todos responsables (que es lo que exige una trama de corrupción). El tercer punto de esta secuencia  está a futuro predeterminado: disolución de la causa a lo largo del tiempo, comenzando por una extrema lentitud investigativa.  Qué confesó Oyarbide, si a un juez le cabe “confesar”?

Primer acto: el juez ordenó allanamientos a supuestas cuevas de dinero con eventuales prácticas de soporte de negocios ilícitos y lavado = en el allanamiento los policías verificaron irregularidades e intentaron coimear = el financista afectado tenía contactos políticos y se comunicó con varios de ellos = actuó el segundo de la Secretaría Legal y Técnica, señor Liuzzi, llamando al juez = el juez suspendió de inmediato el procedimiento = el señor Liuzzi había sido sobreseído por Oyarbide en una causa de enriquecimiento ilícito = el crecimiento del funcionario se produjo como es de suponer desde su incorporación a la función pública = como resultado del escándalo el periodismo de investigación detectó antecedentes del financista con otras empresas en Mendoza, con gestiones financieras no claras  entre funcionarios y contratistas del Estado = algunas de estas empresas se están cerrando a gran velocidad.

Segundo acto: supuestos opositores pidiendo la inmediata renuncia del juez = el caso ingresa al Consejo de la Magistratura, que como todo organismo de control, está en manos de opositores pero tiene mayoría de votos oficialistas (de ser necesario puede sumarse un voto supuestamente opositor) = comienza un trámite lo más lento posible = se autoriza que Oyarbide haga su descargo por escrito en un plazo de veinte días, para evitar errores de ortografía = Oyarbide seguirá en su cargo hasta que él lo decida = la financiera con contactos políticos seguirá trabajando, quizás bajo otra razón social = los candidatos en campaña dirán que de alcanzar el poder combatirán la corrupción.

Pregunta ingenua: no deberían actuar los precandidatos y sus agrupaciones desde hoy, a través de sus votos como legisladores en donde tengan representación, y presentando proyectos de ley  creativos e integrales que afecten seriamente la trama de impunidad, y que de no obtener mayoría para su aprobación, pasen a formar parte de sus plataformas electorales?  Tema interesante para otra reflexión.

EL JUSTICIALISMO TAMPOCO SABE GOBERNAR

Con un pícaro sentido propagandístico, se buscó instalar en la sociedad la frase “el radicalismo no sabe gobernar”, para arribar sin rubor al objetivo final del mensaje: “el único que puede gobernar es el justicialismo”. Los verbos utilizados no son casuales: para el radicalismo se utiliza “saber” (aptitud intelectual), pero para el justicialismo se aplicada “poder” (aptitud de fuerza).

El concepto de partido único y excluyente (por ejemplo el PRI en Méjico), ha sido trágico en la historia de las sociedades, pues da lugar a gobiernos que se instalan como revolucionarios, y concluyen en el manejo hegemónico del poder, con tramposos sistemas electorales que permiten sucesiones hereditarias, culto enfermizo de la personalidad, corrupción, e irremediablemente, en el empobrecimiento económico del país. Además, más allá de discursos progresistas, mientras el líder mantenga el poder siempre contará con el apoyo de “grupos económicos concentrados” favorecidos.

La circunstancia inédita en la historia del justicialismo de tener que gobernar durante tres períodos consecutivos, y afrontar las consecuencias de los dos períodos anteriores, facilita la hipótesis que “el justicialismo tampoco sabe gobernar”, lo que paradójicamente es una buena noticia, porque nos aleja del riesgo de un partido excluyente. Pero simultáneamente nos enfrenta a una triste realidad: no existe hoy un partido que exhiba las cualidades y consistencia territorial que le permita constituirse en opción de gobierno, confundiendo los analistas políticos el acotado concepto de “ conglomerado opositor”, con la necesidad democrática de “partido de oposición”.

Una primera consecuencia de este desequilibrio es que hasta el momento ni oficialistas ni supuestos opositores han sabido esbozar planificaciones de gobierno con resultados previsibles en el mediano plazo de un período de gobierno de cuatro años. Plantearse estos interrogantes es importante tanto para izquierdas, centros o derechas, radicales, peronistas o apolíticos, quienes mayoritariamente sustentan sus trabajos cotidianos, sus alegrías y tristezas, sus progresos o fracasos, en el esfuerzo de todos los días, sin usufructuar, legal o ilegalmente, recursos del Estado.

Si bien aceptamos como punto de partida válido la falsedad el preconcepto que funciona necesariamente como una unidad, que reza “el radicalismo no sabe gobernar = el único que puede gobernar es el justicialismo”, tal validez exige planificar de inmediato el tránsito a la elección del 2015.  Los últimos 40 años, con el interregno de casi ocho años de dictadura militar, muestran indicadores sociales, educativos y económicos que exhiben una permanente declinación del país, ya no comparados con potencias mundiales, sino con nuestros países limítrofes. Desde 1973 y en democracia, el justicialismo gobernó durante 23 años (aún le faltan dos años); la Alianza radical – justicialista dos años, y el radicalismo casi 6 años.

En lo que a partidos respecta, en la elección de 1983, entre el radicalismo y el justicialismo alcanzaron el 91,91 % de los votos. En la de 1989, ambos partidos obtuvieron el 79,94 %, y en 1995 el 60,89 % del total. Un punto de inflexión se produjo en 1989, cuando la  Alianza conformada por la UCR y el partido filo justicialista Frente Grande obtuvo el 48,37 %,  derrotando al justicialismo encabezado por Duhalde, que lograra el 38,27 %.  

En el marco de la gran crisis que estallara en el 2001 durante el gobierno encabezado por De la Rúa, la sociedad evaluó correctamente el fenómeno político, instalando el recordado eslogan “que se vayan todos” sin discriminar entre partidos. Una consecuencia no deseada para el sistema democrático, y favorecida por oportunismos personales, fue la disolución de los partidos políticos como intermediadores entre la política y la ciudadanía, que afectó muy especialmente a la UCR, que hasta el momento no se esforzó en recuperarse. El denostado bipartidismo fue suplido por la anomia y atomización partidaria, en donde supuestos opositores conforman pequeñas agrupaciones encabezadas por quienes aspiran solo a cargos legislativos, y permite a dirigentes oficialistas presentarse como alternativa a gobiernos que integraron y avalaron.

El desafío no solo es el de reconstituir partidos con capacidad cierta de gobernar, sino implementar estructuras organizativas acordes a la natural evolución social en general, y eviten las recurrentes crisis de nuestro país en particular. 

ENTRE LA NECEDAD Y LA COMPLACENCIA

La imprescindible adecuación del Código Penal a la evolución de la sociedad, para mejorar procedimientos y sanciones de los delitos establecidos, e incorporar aquéllos surgidos de naturales cambios sociales y tecnológicos que generan nuevos métodos y estructuras delictuales, exhibió como pocas veces, la necedad y autocomplacencia en la que se desenvuelve la clase política.

Una vez más una propuesta de ley se inició en el Poder Ejecutivo, lo que no va en su desmedro, sino en el de quienes tienen la tarea específica de legislar, ya sean oficialistas u opositores, y no lo hacen. Son tan perjudiciales para la democracia los legisladores levanta manos de adhesión automática al oficialismo, como los supuestos opositores que se transforman en comentaristas del devenir político, en lugar de presentar leyes transformadoras con consenso ciudadano.

En mayo de 2012 la Presidente creó por Decreto una comisión para elaborar el proyecto de reforma del Código Penal nacional, integrada por los jueces Eugenio Zaffaroni y León Arslanian, justicialistas; los diputados Gil Lavedra (UCR); Federico Pinedo (PRO) y la dra. María Barbagelata (FAP). Se otorgaron 180 días corridos para la entrega del proyecto de ley, pese a lo cual el trabajo fue presentado pasados los 360 días, tiempo más que razonable si los integrantes de la Comisión lo hubieran empleado para intercambiar opiniones con cada una de las bases partidarias y gubernamentales que representan, además de intercambiar opiniones con Facultades de Derecho, representantes judiciales y Colegios de Abogados.

Un tema de tal trascendencia no tuvo prácticamente traslado a la sociedad durante la etapa de elaboración, que debería ser la más enriquecedora. Eventuales opiniones no despertaban atención y menos aún polémica en los sectores políticos y judiciales involucrados. Por su claridad y razonabilidad, pese a que su análisis parte de una situación personal de dolor, entre las escasas publicaciones valorables se destaca la de quien no es una profesional del derecho: la doctora en filosofía Diana Cohen Agrest.  

El avance del proyecto de reforma transcurría en un ámbito que hacía recordar al movimiento intelectual del siglo XVIII en Europa, conocido como Ilustración, porque sus representantes buscaban disipar las tinieblas de la humanidad mediante el uso de la razón humana. Tal elitismo atrae a muchos de nuestro políticos, que sin llegar a ser Montesquieu o Rousseau, piensan que los temas complejos se resuelven entre pocos, y posteriormente se trasladan a la sociedad como paquetes cerrados acompañados con la fanfarria marketinera de los actos populares, cumpliendo con el principio fundamental de la propaganda política: apelar a la emoción, nunca a la razón.

En medio del paraíso del consenso político, sorpresivamente apareció una de las esperanzas justicialistas para el 2015, Sergio Massa, afirmando que el nuevo Código Penal era  extremadamente benigno con innumerables figuras delictuales. Produjo una hecatombe. De escaso o nulo debate público, el tema estalló en los espacios de comunicación gráficos, televisivos y radiales.  Algunos de los “ilustrados” responsables del proyecto se dignaron a bajar al llano, y tardíamente escribieron artículos intentando justificar con generalidades su redacción. Otros personajes no tan ilustrados sacaron sus manuales linguísticos para la ocasión, denunciando oportunismo político; crear alarma social; pretensión de punitivismo neoliberal; garantismo progresista, etc. Finalmente la debacle: jefes políticos de la UCR; PRO y FAP, se sumaron a las críticas  respecto a lo actuado por la Comisión reformadora “diversa y plural”, y en un coro desafinado que integraron varios justicialistas, expresaron que “no es momento para reformar el Código Penal”, sin aclarar cuál debería ser el momento.

La enseñanza que deja tamaño dislate, primordialmente para el tránsito a la elección de un nuevo presidente en el 2015, es que en la supuesta diversidad política y diálogo fecundo, estuvieron ausentes las estructuras fundamentales para el funcionamiento de una república representativa de contenido democrático: los partidos políticos, que son los intermediarios inexcusables entre electores y elegidos, para orientar y planificar la vida institucional de una Nación en un marco de participación popular ordenada y creativa, y no a través de consultas populares demagógicas, ineficaces, y muchas veces ilegales.

Otra lección no menor, es que los consensos políticos no son tan difíciles de lograr en acuerdos de cúpulas, convirtiéndose muchas veces en simples transacciones. Desde el poder, en algunos casos solo es necesario acunar el ego de supuestos opositores respetables, haciéndoles creer que son mucho más importantes que lo que realmente son.

CUANDO PRIVATIZAR O ESTATIZAR ES LO MISMO

Inicialmente ambos conceptos parecen opuestos, irreconciliables, a lo que aportan opiniones políticas que van del estereotipo mediocre y vocinglero, al pretendido intelectualismo del debate insustancial enmascarado en supuestas ideologías. Ortega y Gasset afirmaba que “ser de izquierdas o ser de derechas, es una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil”. La realidad, como siempre, es más cruda y directa. La clave podría estar en readaptar la recordada frase de Clinton en relación a la economía, para decir  “es el dinero, estúpido”, como puente de unión entre ambos conceptos en función de gobierno, al menos en nuestro país.

Se avecina la aprobación legislativa de la indemnización a la empresa española Repsol por la reestatización forzada mediante la confiscación del 51 % de sus acciones en YPF. El caso es interesante por dos razones: Argentina fue de los escasos tres países en el mundo que privatizó en su totalidad el recurso estratégico petrolero; pero más increíble aún, un mismo partido, el justicialismo, y un mismo apellido, Kirchner, fueron fundamentales para posibilitar tanto la privatización como la reestatización, con solo 20 años entre una y otra.

En 1992, el en ese entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner, en su carácter de presidente del organismo que nucleaba a las provincias petroleras, tras arduas gestiones posibilitó contar con los votos faltantes para aprobar la privatización. Para ello sumó el fervoroso apoyo del resto de los gobernadores justicialistas, radicales y provincialistas cuyas jurisdicciones poseían petróleo. La razón de tal confluencia “ideológica” era simple: cada una de ellas recibiría alrededor de 400 millones de dólares  promedio (según su producción), como resultado de la venta.

En 2012, la presidente Kirchner, senadora al momento de la privatización, anunció la reestatización denunciando que la empresa petrolera había sido vaciada, pese a que el Estado siempre tuvo presencia en el directorio, y a partir de 2007 ingresó el banquero argentino Esquenazzi, mediante la adquisición del 14,9 % de las acciones con el explícito apoyo presidencial, para hacerse cargo de la conducción. Un dato insólito, es que parte de estas acciones fueron financiadas por la propia Repsol. Pero concluída la etapa marketinera nacional y popular, llegamos a la inevitable realidad: pese al vaciamiento, Repsol será indemnizada. Al efecto del análisis no importa el monto, condiciones de pago y tasa de interés reconocida. Lo más preocupante es que nadie, ya sea oficialista u opositor, sabrá decir a la sociedad que bienes ingresan al patrimonio nacional para justificar pagar inicialmente 5.000 millones de dólares, y no menos importante, sabrá informar el futuro de YPF, con cronograma de inversiones y producción, y mecanismos de control y auditoría de la empresa “de todos los argentinos”.

La gran enseñanza, por si hiciera falta un nuevo ejemplo, es que los debates no deben centrarse en lo estatal y privado, sino en la responsabilidad indelegable de cualquier Estado, que siempre será estatal: la de legislar, controlar, auditar y actuar institucionalmente en las empresas estatales, privadas y mixtas, posibilitando un normal funcionamiento del mercado y una adecuada salvaguarda social. La existencia de monopolios, imperialismos, grupos económicos concentrados, intereses sectoriales, es una realidad tan indiscutible, como que la defensa que tiene la sociedad ante esos polos de poder la debe asumir un único actor de igual fortaleza: el Estado nacional. Pero si quienes lo conforman son fácilmente coptados por grupos empresarios asociados, transformando a los organismos de control en estructuras burocráticas intencionadamente sobredimensionadas e ineptas; avalando un funcionamiento judicial protector de la corrupción, y exhibiendo los adalides de las grandes causas nacionales enriquecimientos escandalosos, los debates entre estatal-privado o izquierda-derecha carecen de sentido, porque el resultado será matemáticamente el mismo: negociado y pobreza ciudadana.

El desafío del futuro gobierno será sortear la tramposa opción planteada entre los mediocres responsables de un estatismo prebendario, y los fundamentalistas del libre mercado. Pese a que la tarea no parece posible sea encarada por los mismos políticos, empresarios, gremialistas y jueces de las últimas décadas, queda claro que no se puede esperar hasta principios de 2016, en el mejor de los casos, para lograr eventualmente las necesarias y profundas transformaciones del funcionamiento del Estado. Por ello los diversos precandidatos y sus agrupaciones, incluído obviamente el oficialismo, deberán demostrar su valía a través de la acción parlamentaria concreta, para que el debate de los proyectos que presenten y los votos obtenidos en cada caso, expliciten sus verdaderas intenciones y programas de gobierno. 

COIMAS EN EL SENADO: FALLO PARA LEER Y RECORDAR (conclusión)

En la última reflexión recordábamos a los actores más importantes que dieron lugar al caso conocido durante más de una década como “coimas en el Senado”, para mensurar más adecuadamente el reciente fallo judicial con la absolución de todos los acusados. Un aspecto que no debiera sorprender, es que todos los funcionarios mencionados en el fallo se encuentran hoy vigentes, hayan sido aliancista ayer y kirchnerista hoy, o kirchnerista  ayer y renovador hoy.

Transcribiremos aspectos sustanciales de las precisiones preliminares emitidas en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez (que reemplazó a Gerardo Larrambebere), y cuya entrega de fundamentos se hará el próximo 31 de marzo. Cierto es que, en aras de una síntesis, ciertas frases textuales encomilladas pueden sospecharse de estar fuera de contexto, como así también el sinnúmero de declaraciones mediáticas que realizarán diversos personajes políticos, gremiales y judiciales involucrados. Lo ideal es que el ciudadano no necesite de intermediarios, sino lea fundamentación de los jueces disponible en Internet, y juzgue por sí mismo.

El inicio del fallo señala que los sucesos fueron entregados a la sociedad “de manera irresponsable y sin fundamentos, por conocidos actores de la época, alentados, de igual modo, por el dr. Carlos Liporaci, primer juez de la causa….”. Más adelante expresa que “ la prueba producida en el debate y las demás circunstancias del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los hechos imputados no existieron”. Al respecto se describe detalladamente cada uno de ellos, y se expresa que “la única fuente de esta disparatada versión… son los inconsistentes y autocontradictorios dichos de Mario Luis Pontaquarto…”, ratificando seguidamente que “el presunto arrepentido se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida que se producía la prueba….”. Cabe destacar, más allá de la estrategia jurídica, que los propios abogados de Pontaquarto aseguraron descreer de la versión de su cliente.

Los jueces dejaron en claro que a lo largo de todo el juicio, con más de 300 testimonios, no existieron testigos que confirmaran ninguno de los dichos de Pontaquarto (su supuesto ingreso al despacho presidencial cuando De la Rúa autorizó los sobornos; su concurrencia a la SIDE para retirar el dinero de los sobornos; sus trayectos y lugares para efectivizar la entrega del dinero, etc.). Pero sí destacaron graves irregularidades que se deberán juzgar en una instancia futura: el falso testimonio de la testigo Sandra Patricia Montero; “ la parcialidad de algunos de los jueces que intervinieron en la instrucción, en particular del dr. Daniel Rafecas…” y el Procurador Fiscal Federico Delgado; la intervención de la Oficina Anticorrupción encabezada por Julio Vitobello; la reunión que Pontaquarto mantuvo, previo a su denuncia concretada el 12 de diciembre de 2003,  con quien era Jefe de Gabinete, dr. Alberto Fernández; la reunión, siempre previo a la denuncia, que con la intervención y presencia del hijo del fallecido dirigente socialista Alfredo Bravo, llamado Daniel, tuvo con el ese entonces Jefe del Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra, quien después nombró a Bravo director de Deportes. Con respecto al ex jefe de gobierno, los jueces afirman que “quedó patentizada en el debate la mendacidad del dr. Aníbal Ibarra”, y que tanto Ibarra como Bravo incurrieron en “imprecisiones y vaguedades” al intentar aclarar el motivo de la reunión con Pontaquarto.

El mencionado Daniel Bravo es un personaje a recordar en el terreno de sospechosas “operaciones políticas”. Es quien en 2005 encontró “el anónimo” que acusaba al entonces candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires del ARI, Enrique Olivera, de poseer dos cuentas en el exterior no declaradas. Severísimo, Alberto Fernández, por lo visto también experto en estos menesteres, pidió aclaraciones a Elisa Carrió. La denuncia se comprobó falsa, pero perjudicó a Olivera en la campaña electoral. El relevante político Daniel Bravo también está implicado en el negocio de la reventa ilegal de entradas de River Plate, que entre otras consecuencias implicara la suspensión del fiscal Campagnoli.

Bajo la acusación de haber armado la causa con la complicidad necesaria del juez Daniel Rafecas, Alberto Fernández, Aníbal Ibarra y Daniel Bravo se supone serán denunciados penalmente. Pero lamentablemente el juego político de estos personajes, como no podía ser de otro modo, será pagado por todos los ciudadanos. El Tribunal Oral dispuso que la Oficina Anticorrupción, también responsable de la operación, deberá hacerse cargo de las costas del juicio, que en concepto de honorarios de los abogados se estima que superan los 10 millones de pesos. Paga el Estado con los impuestos de los ciudadanos.

Por ello es momento que los autoproclamados candidatos presidenciales que son legisladores, inicien su campaña ya, no desde lo inútilmente declamatorio, sino con la presentación de leyes realmente transformadoras. Por ejemplo, cuando funcionarios, fiscales y jueces motoricen denuncias sin pruebas y/o testimonios suficientes, se hagan cargo de las costas del juicio, en caso de que este se lleve a cabo. O cuanto menos, se inhabilite a los responsables del perjuicio fiscal para ocupar cargos públicos.

Será Justicia

COIMAS EN EL SENADO: FALLO PARA LEER Y RECORDAR (primera parte)

En el listado parcial de causas penales en trámite por corrupción de funcionarios públicos y empresarios privados, asociados para usufructuar y saquear fondos públicos, presentado en la última reflexión, señalábamos que el fallo emitido en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez (que reemplazó a Gerardo Larrambebere), absolviendo a todos los acusados de  presuntos sobornos a senadores del PJ, merecía un análisis particularizado, pues el caso ejemplifica el deterioro terminal que sufre el concepto de justicia cuando se transforma en un recurso mediático usado por actores políticos, para a través de la infamia y degradación institucional alcanzar el nirvana de la delincuencia: la impunidad.  

El enorme daño que provoca la corrupción en el Estado, no entendida aún por la ciudadanía pese a puntuales reclamos para combatirla, se fundamenta en que la afectación del presupuesto público se implementa a través de empresarios asociados, que en carácter de proveedores, constructores de obra pública, prestadores de servicios externos o concesionarios de servicios públicos, generan enormes excedentes por sobre las ganancias originalmente previstas mediante sobrecostos o incumplimientos contractuales avalados por el Estado, y retornan parte de los mismos a los funcionarios involucrados. Esta mecánica ancestral, cuando se desboca lleva indefectiblemente a la pobreza del país, y en muchos casos al sacrificio de vidas inocentes, como el incendio de Cromañon o la tragedia en la estación de ferrocarril Once.

El caso de las coimas en el Senado, sin embargo, presenta un aspecto distintivo: no hubo sectores privados involucrados, sino funcionarios públicos con fondos públicos (supuestamente del Servicio de Inteligencia), para objetivos políticos y enriquecimientos personales. Cabría suponer entonces que la investigación se simplificaría: la contabilidad de la SIDE, reservada pero existente, más el aporte testimonial y documental de funcionarios del más alto rango, permitirían verificar el ilícito en corto tiempo, por lo que el encubrimiento, ya cumplido el objetivo político del desprestigio, se haría por el remanido método de la prescripción de causa.

Sin embargo, no fue así. Para mejor comprensión de un caso cuya tramitación llevó 13 años, es oportuno rescatar del pasado circunstancias que cobran relevancia con el fallo, cuya lectura de  fundamentos está prevista para el 31 de marzo próximo.

1.- Todo se inició a través de un anónimo que circuló por el propio Senado en agosto del año 2000, provocando que el vicepresidente Carlos Alvarez, responsable del manejo administrativo de la Cámara, renunciara dos meses después, señalando en su anuncio público que “la política debe dejar de estar asociada con el delito”. Esta decisión lo transformó en uno de los máximos responsables de la crisis del 2001, al quebrar la sucesión presidencial de la Alianza. Hoy, y desde hace más de tres años, convencido quizás que la política ya no está asociada con el delito, Alvarez se encuentra becado por el actual Gobierno con diversos cargos en el exterior, obviamente con tareas desconocidas.

2.- Es el primer caso conocido que dirigentes gremiales, con Hugo Moyano a la cabeza, se horrorizaron al escuchar la palabra “coima”, supuestamente canalizada a través de la promocionada tarjeta Banelco, pero concretada por el servicio puerta a puerta Pontaquarto.

3.- El ex presidente Néstor Kirchner, recién asumido y señalando el escritorio de su despacho en una entrevista televisiva, exclamó. “Acá se pagaron las coimas”.

4.- Las denuncias motivaron una apertura de causa por parte del juez federal Carlos Liporace, quien casi de inmediato manifestó públicamente que “hubo sobornos”. Solo le faltó decir que esperaba a los funcionarios y senadores implicados en su despacho, para tomar un café y ver como se arreglaba el problema. Poco tiempo después, por innumerables denuncias por el manejo de causas de corrupción, y haberse comprobado que era propietario de una mansión en Vicente López valuada en un millón de dólares con 1.200 metros cuadrados de superficie cubierta que no pudo justificar con sus ingresos, Liporace tuvo protección política. Se le permitió renunciar y cobrar su jubilación, en lugar de someterlo a juicio. Desactivada la posibilidad de una “amigable” gestión del juez, la causa languideció.

5.- Sin embargo en diciembre del año 2003, el radical Mario Pontaquarto, que fuera secretario administrativo del Senado, denunció ante la justicia haber sido el encargado de trasladar  5 millones de dólares con el fin de sobornar a senadores justicialistas para que aprobaran la ley de Reforma Laboral. Un detalle a prestar atención: en todas sus declaraciones a lo largo de los años, Pontaquarto se mostró más interesado en destacar que De la Rúa, ante él y en su despacho presidencial, impartió la orden de pago de los sobornos, que en clarificar la secuencia de retiro y distribución del dinero.

Recordados éstos antecedentes, que generaron un cúmulo infinito de opiniones y afirmaciones rotundas, artículos periodísticos, y distendidas declaraciones mediáticas, entramos en la etapa odiada por la política: “Caballeros, a declarar en sede judicial”. En la próxima reflexión destacaremos párrafos del fallo, con la inclusión de nuevos actores embarcados en “el saneamiento moral de la Nación”.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA FEBRERO 2014

A partir de este mes se retoma la presente agenda de seguimientos regulares de casos judiciales de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados en el marco de prestación de servicios para el Estado, con afectación de recursos públicos y consecuentes enriquecimientos ilícitos, incluso a costa de vidas inocentes.  La visualización global y simultánea de los principales casos, mostrará con claridad la imperiosa necesidad de reformular profundamente el funcionamiento de la Justicia Federal. Se detalla el avance actual de algunas de las causas.

1.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

Tras un extenso juicio oral, el Tribunal Oral Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez (que reemplazó a Gerardo Larrambebere), absolvió en diciembre pasado a todos los acusados de los presuntos sobornos a senadores. La causa se inició por un anónimo que circulara en el propio Senado en agosto del año 2000. Este fallo merece leerse detenidamente (está disponible en Internet), y será motivo de una próxima reflexión específica, pues exhibe con crudeza como la Justicia puede ser usada desde los más altos niveles políticos para crear “sensaciones” en la sociedad, y que a la hora de la verdad los mismos acusadores no presenten pruebas o declaración testimonial que aporte a la causa. Esto significa que los sobornos no existieron? Imposible afirmarlo, en un contexto de fuerte imbricación entre la política y la justicia federal penal.

2.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

El juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral y público con procesamiento a funcionarios y empresarios, pero no de gremialistas mencionados por el propio Bonadío como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio. El juicio oral y público lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu; Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, a partir del 18 de marzo próximo.

3.- Entrega de dádivas al ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de sus integrantes Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, declararon nulo el llamado a juicio oral y público efectuado por el juez Julián Ercolini en la causa de dádivas entregadas por empresarios de transporte a Jaime,  funcionario que debía controlarlos. Con esta resolución quedaría prescripto este delito, sumando un capítulo más a la red de impunidades. Ricardo Weschler, fiscal en la Cámara de Casación, interpuso un recurso ante la Corte Suprema para que revoque la anulación de la citación a juicio.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por  los dres. Jorge Ballestero y Eduardo Farah, anuló el procesamiento de los hermanos Schoklender y otros 42 imputados, por el desvío de fondos públicos otorgados para construir viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que encabeza Hebe de Bonafini, y apartó al juez actuante Norberto Oyarbide, acusándolo de una investigación defectuosa, imprecisa, confusa, y violatoria del derecho de defensa y garantías de los acusados, lo que era una obviedad desde el inicio de la misma, dados los antecedentes del juez en los casos de corrupción de funcionarios. La decisión permite demorar, por no decir diluir, el juicio oral y público, impidiendo que el Estado recupere parte de los 765 millones entregados  a la Fundación .  Tampoco el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, a más de quince meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, presentó la auditoría sobre la ruta del dinero, pese a que públicamente prometió hacerlo en tres meses, apenas estallado el escándalo. La decisión no sorprende: nadie podía pensar que el principal responsable fuese Shocklender, ni que este no poseyera la documentación necesaria que le asegure indemnidad.

5.- Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

La investigación está a cargo del responsable del Juzgado Federal Nª 7, Sebastián Casanello, quien intentò excusarse de actuar en la causa, y posteriormente evitò acusar al principal implicado, el empresario Làzaro Bàez. Con sus dilaciones iniciales el juez posibilitó el retiro de documentación   de las oficinas de la financiera intermediaria en el manejo de operaciones sospechosas,  como lo registraran las càmaras de seguridad del edificio Madero Center, previo a su allanamiento, lo que augura una nueva impunidad de los involucrados. No se conocen avances en las investigaciones.

6.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Luego de haber sido reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, a  dos años de iniciada la causa los jueces Ballestero y Farah rechazaron el pedido del fiscal Di Lello para cerrar la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por su participación en el negociado entre el Estado y privados en la adquisición de la ex empresa Ciccone Calcográfica, reclamando en términos muy duros al Juez Ariel Lijo agilizar y profundizar la investigación para esclarecerla rápidamente. Un detalle insólito: la Inspección General de Personas Jurídicas no sabe o no quiso informar a quien pertenece la sociedad The Old Fund, que se hiciera cargo de la ex Ciccone y cuya cara visible es Vanderbroele. Tras la reprimenda al juez, recién están comenzando las indagatorias a los sospechosos, entre los que se encuentran el vicepresidente Boudou y el responsable de la AFIP Echegaray.

7.- Contrabando de armas del ejèrcito argentino a Croacia y Ecuador

En el 2013 la Sala I de la Càmara de Casaciòn, integrada por los camaristas Raùl Madueño, Luis Cabral y Juan Carlos Gemignani, condenò a siete años de prisiòn al ex presidente Menem por contrabando agravado, como asì tambièn al ex ministro Oscar Camilliòn y otros involucrados, revirtiendo el insòlito fallo de los jueces Luis Alberto Imas y Horacio Artabe, del Tribunal Oral en lo Penal Econòmico Nª 3, que absolvió a la totalidad de los dieciocho acusados. Cabe señalar que pese a la condena, ningún político ya sea oficialista u opositor, pidió el desafuero de Menem como senador. Dentro de nuestro sistema, un condenado puede legislar.

El seguimiento continuará en los próximos meses con las novedades o demoras que surjan.

EL ENGAÑO HABRÁ ALCANZADO SU LÍMITE?

El conocimiento de la historia, antes que para transportar a sus actores a la actualidad e involucrarlos en estériles  y muchas veces engañosos debates, debe servir para no repetir errores, y crecer como país. Señalábamos en la última reflexión que la Argentina atravesó severas crisis económicas en cada una de las últimas seis décadas. Lo preocupante, más allá de la cronología de los hechos, es la asombrosa similitud entre los discursos, acciones adoptadas, y sectores sociales y productivos afectados, que sin duda se repetirán. Cabe preguntarnos entonces: el engaño alcanzará alguna vez su límite? Rememoremos las similitudes.

Podríamos comenzar la retrospectiva con la célebre frase dirigida a la ciudadanía por el ministro de economía Alvaro Alsogaray en junio de 1959: “Hay que pasar el invierno”. El abrigo utilizado fue  devaluar la moneda para compensar el déficit de la balanza comercial, cayendo el salario real el 24%. Más tarde, en el gobierno justicialista iniciado en 1973, el primer ministro de economía José Bel Gelbard, recordado por su eslogan “inflación cero”, generó una fenomenal crisis similar a la actual. Como consecuencia, bajo el mando de Isabel Perón, en junio de 1975 Celestino Rodrigo devaluó el dólar comercial en 150 %; subió un promedio del 100 % las tarifas de servicios públicos, e incrementó en 180 % el precio de los combustibles. Para paliar el impacto los salarios subieron el 80 % . Ya en la dictadura militar, en 1981 el ministro Lorenzo Sigault expresó: “El que apuesta al dólar pierde”. Al día siguiente el peso se devaluó el 30%, y le siguieron sucesivas devaluaciones y crisis de deuda externa.

Tomemos un breve respiro para reingresar en la democracia.

En la hiperinflación de 1989, el ministro radical Juan Carlos Pugliese se refirió a los empresarios: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. En 1992 el justicialista Menem, bajo el lema “Síganme que no los voy a defraudar”, comenzó una privatización de empresas estatales, con alta corrupción y sin control posterior a las empresas adquirentes. En su asunción como presidente en enero de 2002, luego del colapso de la alianza entre radicales y justicialistas (De la Rúa + Chacho Alvarez), Eduardo Dhualde anunció: “Quien depositó dólares recibirá dólares”. Un mes después su gobierno pesificó los ya congelados depósitos en divisas. En el 2003 asumió un nuevo gobierno justicialista, ya no neoliberal, sino con los mismos funcionarios transformados en nacionales y populares, en alianza con “radicales K”. Tras casi diez años de gobierno, en mayo del año pasado la Presidente por cadena nacional expresó: “No devaluaremos a costa del hambre de los argentinos”. Diez meses más tarde el peso tuvo una devaluación superior al 50%.

Esta síntesis, que si no fuera dramática  parecería irónica, puede ser cotejada a través de Internet o de la amplia bibliografía existente. De las similitudes a lo largo de las seis décadas, destacaremos dos: 

1) más allá de diferencias de contextos, los perdedores en todos los casos fueron siempre los mismos: los sectores medios, principales generadores de empleo, riqueza, y por ello, de justicia distributiva. 

2) en ninguna de las crisis mencionadas los dirigentes que pedían “el sacrificio de todos”, actuaron sobre la principal causa de su recurrencia: la corrupción, entendida como el desmesurado enriquecimiento de funcionarios, familiares y testaferros, como contraprestación por favorecer a sectores privados asociados, saqueando al erario público mediante sobrecostos en obras y concesiones públicas, mala calidad de ejecución y prestación, y financiamientos públicos espúreos a privados que generan negocios sin riesgos, recibiendo por ello los responsables políticos el consabido “retorno”. Todo ello bajo el paraguas  necesario de la ineficacia de la justicia federal para proteger a la ciudadanía de la expoliación.

Esta realidad intenta ser enmascarada mediante un léxico globalizador, demagógico,  y por repetido engañoso, con términos como monopolios; renta indebida; oligarquías; golpes de mercado; precarización salarial. Si bien todos ellos son válidos y existentes en las sociedades, su mayor o menor influencia queda acotada, precisamente, por la calidad de los gobiernos. Cabe preguntarse entonces porqué tras treinta años de democracia, y con la mayoría de la dirigencia política, empresaria y gremial conformada por las mismas personas, nuestros gobiernos y representantes sectoriales no son capaces de protegernos de tamañas plagas supuestamente identificadas. No será precisamente por ser las mismas personas, y por lo tanto no  pueden ni quieren desarmar la columna vertebral de intereses personales, corporativos y de corrupción?

Nicolás Maquiavelo afirmaba: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí mismo; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

Hasta cuando políticos oficialistas y supuestos opositores seguirán tratando a la ciudadanía como pertenecientes al grupo de cerebros inútiles? Evitarlo en el mediano plazo dependerá de nosotros.

PREVENTIVAMENTE, PONERSE LOS SALVAVIDAS

Mayo de 2013. Hace tan solo diez meses. En un debate televisivo entre el diputado del FPV Roberto Feletti, y el entonces presidente del Banco Ciudad Federico Stuzzeneger, del PRO, este último afirmó que para que el sector productivo recupere competitividad, el dólar tenía un atraso del 30 al 35 %. Feletti  lo acusó de devaluador neoliberal, lo que reafirmó posteriormente el senador Aníbal Fernández. Para despejar dudas, la Presidente declaró que no realizaría una devaluación “a costa del hambre de los argentinos”. La cotización oficial del dólar en el último día de mayo fue de $ 5,28. Al día de ayer alcanzó los $ 8,00, o sea una devaluación del peso superior al 50 %. Los partícipes de la polémica, que tenían funciones ejecutivas de gobierno relevantes y supuestas ideologías antagónicas, mostraron que sus diagnósticos fracasaban estruendosamente a pocos meses de formulados.

Qué reflexiones puede provocar esta dura realidad, sin caer en la trampa de sumarse a las falsas polémicas sectarias, o a críticas simplistas y distractivas al poder hegemónico de una sola persona, como si el resto de los actores políticos, empresariales, gremiales y judiciales fueran inocentes víctimas con excelentes sueldos públicos, y en demasiados casos, con desmesurados negocios privados también con fondos públicos?

Inicialmente se proyecta una realidad sustentada en los antecedentes de las crisis económicas recurrentes y destructivas de los últimos 50 años, identificadas por décadas (60; 70; 80; 90; 2000 y 2010), que mantienen asombrosamente una misma matriz. O no tan asombrosamente, pues explica parcialmente  porque la clase dirigente no se renueva durante largos períodos, al amparo de sistemas electorales que limitan al máximo las opciones de los ciudadanos para elegir representantes, y el mantenimiento de longevos entramados de impunidad entre sectores dirigenciales, gremiales y judiciales, al punto que nos parezca natural que cargos de gobernador e intendente en muchos casos sean casi hereditarios, o puestos legislativos,  administrativos y judiciales, estén plagados de familiares directos de altos funcionarios.

Para entender la situación en la que estamos inmersos, y peor aún, avizorar su desenlace, no es casual la metáfora del título de la reflexión, respecto a “ponerse los salvavidas”. La frase “la Argentina está en crisis”, que escucharon y vivieron todas las generaciones de argentinos, es extremadamente abstracta, y por lo tanto no clarifica causas y efectos. Los naufragios de las décadas pasadas, y sucederá ahora, no tuvieron las mismas consecuencias según sean los pasajeros del crucero PAÍS.

Rememorando a los viejos trasatlánticos, los que viajan en primera clase tienen sus botes salvavidas adecuadamente preparados, los que les permitirá salvarse sin inconvenientes,  y una vez llegados a tierra, manifestar que serán necesarios sacrificios “de toda la sociedad”, y mantendrán sus privilegios para “salvar las fuentes de trabajo”. Los funcionarios por su parte, harán un ajuste simbólico de ingresos, y sortearán sin mayores daños personales y familiares la crisis.

Los de tercera clase ni siquiera tienen previstos salvavidas, por lo que solo podrán nadar, y si salvan su vida, engrosarán las cada vez más extendidas villas mal llamadas de emergencia, y seguirán al puntero político de turno para obtener dádivas de subsistencia. Si su sostén no es ya un puntero sino un alto funcionario, podrá alcanzar un nivel empresarial interesante actuando como testaferro.

Finalmente, llegamos a la clase turista, destinataria de los salvavidas: la criticada y muchas veces acusada de egoísta clase media, integrada por empresarios y productores medianos y pequeños, profesionales, comerciantes, empleados, obreros, trabajadores independientes, estudiantes. Todos ellos acostumbrados a subsistir y progresar con su propio esfuerzo a tiempo completo, a diferencia de quienes son simultáneamente funcionarios, empresarios y dirigentes deportivos, y suelen pregonar la virtud de sus actividades polifacéticas por supuestos beneficios a la sociedad.

Queda claro entonces porque la clase turista (clase media), deberá utilizar los salvavidas que inteligentemente la empresa naviera CLASE DIRIGENTE les proveyó. Es la que afrontará con la depreciación y/o confiscación de sus ahorros;  la licuación de su capital; la degradación de sus salarios y su calidad de vida, la nueva salvación del país.

REGALOS NAVIDEÑOS POLÍTICOS

Diciembre, otrora mes de balances personales, encuentros familiares, espíritus navideños festivos y planificación del período de descanso, era el mes indicado para emitir los fallos judiciales más controvertidos que permitían la impunidad de la corrupción estatal-privada; aprobar un sinnúmero de leyes sin mayores análisis, acumuladas como resultado de la ociosidad legislativa a lo largo del año, y dar el mayor ejemplo de acuerdo político sin falsos debates ideológicos: acordar el incremento de las dietas de diputados y senadores.

Sin embargo, desde hace años y de forma crecientemente violenta, diciembre mutó en receptáculo de tensiones políticas acumuladas a lo largo del año, exhibiendo lo peor de la dirigencia política y de una sociedad frustrada. El sutil accionar al estilo “que el pueblo no se entere de que se trata”, fue barrido por reacciones populares masivas coléricas, en las que confluyen necesidades sociales, aprietes, delitos, reclamos legítimos por medios ilegítimos, frustraciones en quienes dependen de su trabajo y esfuerzo diario, con el consecuente hartazgo social. Todo ello en el marco de polémicas entre los responsables directos y quienes pretenden representar opiniones opositoras de enorme frivolidad, cuando no capciosas o lisa y llanamente falsas, tales como “el Estado no tiene nada que ver; es culpa de las empresas privadas”. Gremialistas demagógicos no se quedan atrás para crear malestar: “si los empresarios no nos pagan un bono especial aparte del aguinaldo, vamos al paro” (no confundirse; esta propuesta gremial democrática no tiene como destino a los jubilados, que ganan bastante).  Observar como autoridades de distintas aéreas gubernamentales, ya sean nacionales, de la ciudad o provinciales, intercambian diagnósticos y soluciones oportunistas y de emergencia por los medios de comunicación, indigna.

Muchos dirigentes y ciudadanos poseen la información y el conocimiento necesario para detectar la mentira o la frivolidad, según el caso. Pero no sufren los efectos: solo los comentan. Por el contrario, la inmensa mayoría de la población, aquéllos que supuestamente conforman lo que las encuestadoras llaman formadores de la “imagen del político y/o candidato en la sociedad”, que ven amenazada su seguridad; su capacidad de progresar honestamente; su calidad de vida, la sufren en carne propia. Esta realidad es la que da lugar al insostenible divorcio entre la clase dirigente y la sociedad. Las víctimas de Cromagnon producto de coimas entre funcionarios y privados; las coimas que dieron lugar a los muertos de estación Once; las inundaciones que arrasaron viviendas en la ciudad y provincia de Buenos Aires a comienzo de año; los comerciantes minoristas y medianos que vieron saqueadas su fuentes de trabajo, no fueron discriminados por sus inclinaciones políticas. Las víctimas de la corrupción o la ineficacia de gestión a nivel de trabajadores sin privilegios, afecta por igual a peronistas, radicales, socialistas, neoliberales,  progresistas o independientes.

Para cerrar el año era oportuno esbozar una reflexión alejada del simplista “creo o no creo en su existencia”, relativa al sobreseimiento generalizado de los acusados en la causa conocida como “coimas en el Senado”. Pero tratar este o cualquier otro tema político cuando miles de ciudadanos no tienen agua y luz durante días o semanas, y muchos otros han perdido en los conflictos sociales a familiares, o sus fuentes de trabajo fueron saqueadas, es irrespetuoso. Solo cabe esperar que las situaciones traumáticas se superen cuanto antes, y enero nos permita disminuir tensiones. De ser así, nuestros políticos podrán retomar en los centros de veraneo su “contacto con la gente”, mediante espectáculos musicales; partiditos de fútbol con figuras conocidas, y el alegre cotillón amarillo, naranja, verde o azul y blanco, según la ocasión.