JUGUEMOS A "QUIERO SER PRESIDENTE"

Todos alguna vez hemos participado en juegos de mesa. Vienen en cajas, con fichas diferenciadas por colores que identifican a cada participante, un tablero que define circuitos entre Salida y Llegada, y reglas del juego. Aplicados sus elementos al llamado “juego político”, la caja se llamará “Quiero ser presidente”; las fichas identificarán a precandidatos y sus partidos; los circuitos para arribar al objetivo marcarán la estrategia electoral, y el sistema electoral hará las veces de reglas del juego.

Abramos la caja. El primer problema surge con la distribución de fichas: hay candidatos pero no partidos. Por lo tanto los jugadores deberán acordar el agrupamiento de fichas en no más de tres colores, que podrían llamarse: 1) Siempre gobernamos (Massa; Scioli; De la Sota; Randazzo; Urribarri); 2) Queremos gobernar (Cobos; Binner; Sanz; Carrió y Solanas); 3) Soy lo nuevo (Macri).

La complejidad del juego obliga a dos prerrequisitos ineludibles. Que los participantes hagan aceptación expresa de sus deseos presidenciales. Quien manifieste “todavía no es momento para candidaturas”, o bien  “haré lo que mis compañeros de ruta me pidan”, de inmediato deberá dejar su puesto a otro jugador. También deberán definirse como oficialista u opositor, porque ello determinará premios y castigos a lo largo del juego. Por ejemplo, si un oficialista cae en el casillero Lanata, retrocederá cinco posiciones. Lo mismo sucederá si un opositor cae en el casillero Víctor Hugo Morales. No hay que preocuparse; esta identificación tendrá validez solo por un juego, por lo que los roles podrán intercambiarse en el siguiente, lo que es habitual.

El grupo “Soy lo nuevo” de Macri aparece con una sola ficha. Por esa razón, todo candidato-ficha de los grupos 1) y 2) que se enoje por no ser apoyado y/o elegido internamente, podrá pasarse a “Soy lo nuevo”. En todo juego es imprescindible el denominado “comodín”, que puede ser utilizado por cualquiera de los jugadores participantes. Se denominará De Narváez, que para esta función demostró no tener competencia. Puede estar a favor o en contra de Scioli; Macri; Massa; Alfonsín, o cualquier otra opción, con pocos meses de diferencia. Además, designarlo “comodín” neutraliza la posibilidad que en medio del juego un participante grite “La ficha o vos”. A futuro, se analiza incorporar como nuevo “comodín” a Leopoldo Moreau.

La estrategia electoral para recorrer los casilleros será libre, con una limitación. No tendrá validez utilizar la frase “combatiré la corrupción” para adelantarse 10 casilleros, porque la experiencia demostró que es falsa. Hecha la excepción, podrán usarse  encuestas; hacer mímica, y prometer acciones de gobierno aunque posteriormente no se cumplan.

Un serio inconveniente del juego, no resuelto hasta el momento, y que generara fuertes discusiones entre jugadores, ha sido establecer reglas del juego (sistema electoral) claras. Por ello se recomienda que previo al inicio del juego, los participantes acuerden si se autorizarán candidaturas testimoniales y/o ley de lemas. Las listas sábanas son inamovibles; no son materia de negociación. También es recomendable aclarar previamente si en caso de robo de fichas se retrocederán casilleros o no. Muchos infractores no aceptaron sanciones, bajo el argumento de que el tema debería resolverlo la justicia. La recurrencia de esta argumentación provocó que se esté analizando incorporar en los próximos modelos del juego “Quiero ser Presidente”, la ficha Oyarbide.

Este juego tiene un gran éxito comercial, debido a la enorme similitud con la realidad.

FÚTBOL = POLÍTICA = FÚTBOL = POLÍTICA ...

Si existe una actividad masivamente popular, que mantiene la pasión a lo largo de nuestras vidas con independencia de clases sociales, es el fútbol. Tal condición lo convierte en un campo de acción de alto interés para la política. Es inevitable entonces la existencia de fuertes entramados entre política y negocios, relegando la condición de popular a la emoción, o como dice la tribuna “al sentimiento”, y los negocios a la política.

Esta es una realidad que no admite diferencias ideológicas o geopolíticas. Pujan con igual entusiasmo por ser sedes de un mundial Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Rusia, Emiratos Árabes o China. Para lograrlo, se someten sin quejas a las estrictas condiciones que establece la FIFA, ya sea de infraestructura, estadios, seguridad, comerciales y  marketing. Además aceptan otorgarle indemnidad judicial a los directivos de las Federaciones, para poder “pertenecer” a tan prestigiosa institución. Designada la sede, de inmediato comienza el marketing con base en lo popular: proyección internacional del país; creación de miles de puestos de trabajo; ingresos millonarios por turismo; obras importantes que quedarán para uso de todos los habitantes. La realidad es otra: se invierte en estadios de extrema sofisticación técnica con costos desmesurados, se aplican valores de entradas escandalosos al alcance solo de clases medias altas y barrabravas, y se dejan pesadas deudas públicas al país anfitrión. La infraestructura  popular se reduce a pantallas gigantes de televisión ubicadas al aire libre.

Datos sobre Brasil. La inversión oficial reconocida solo en estadios superó los 3.300 millones de dólares. Del total de doce sedes, seis corresponden a estadios nuevos, y las restantes a remodelaciones, superiores al 60 % respecto a lo existente. Los estadios de Natal, Manaos, Cuiaba y Curitiba, los tres primeros nuevos, albergaron tan solo cuatro partidos cada uno, correspondientes a la etapa clasificatoria por grupos. Las obras inconclusas, fueron obviamente las más necesarias: aeropuertos y rutas. Planteados estos datos, incursionemos en la publicidad y/o propaganda exhibida en nuestro país, porque se replicará en la campaña electoral. Los candidatos, a falta de compromisos serios y posibles, cada vez más son manejados como productos, buscando sugestionar antes que informar.

Casi todas las publicidades recurrieron a un clima desmesurado de euforia, con imágenes rápidas y presencias grupales, entremezclando mensajes del Papa Francisco, el himno nacional con variantes interpretativas, la bandera nacional, la famosa “mano de Dios”, las palabras Patria y Argentinos. Las estrategias se apoyaron sin excepción en IMAGEN + SÍMBOLOS + EMOCIÓN + PUEBLO. La propaganda política seguirá el mismo camino: provocar emoción y excitación descansando en el sentimiento y en el símbolo, estimulando una aceptación irreflexiva que paralice el análisis crítico.

Un detalle que no puede pasar desapercibido para diferenciar entre el envase y el contenido, como ejercicio para intentar interpretar el alud de propagandas políticas que se avecinan. La mayoría de las publicidades del mundial que exaltaban el fervor patriótico argentino y sus símbolos, pertenecían a empresas multinacionales (bancos; servicios de comunicación; ropa deportiva). Hábilmente, los protagonistas eran personas y familias comunes; nada de exhibir a empresarios, “ricos y famosos” o lujos. Vale destacar una publicidad de una compañía de telefonía celular, cuya frase final engloba el entusiasmo de todas las clases sociales, si bien los deseos y beneficios sean distintos según sus intereses: Que lindo es el fútbol, carajo !!!

EXISTIRÁN OPCIONES EN OCTUBRE 2015?

En la última reflexión destacábamos que las estructuras partidarias con extensión en todo el país, e identidad y coherencia a lo largo del tiempo, no existen. Desaparecieron los intermediarios inexcusables que permitan el acceso de los ciudadanos al gobierno, con plataformas electorales y programas de gestión consensuados tras  amplios debates internos con diversidad social-cultural. En su lugar surgieron frentes, alianzas, coaliciones o designaciones similares sin doctrina, con conducciones fuertemente concentradas, de carácter habitualmente caudillesco, familiar y demagógico, que inevitablemente concluye en mesianismo, fracaso y pobreza. Las minorías, con los mismos vicios y bajo el dudoso ropaje de opositores, se contentan con la ocupación de cargos políticos privilegiados durante el mayor tiempo posible.   

Minimizar la representatividad que exige una democracia, se logró a través de leyes retrógradas y una licuación institucional provocada, para imposibilitar a la ciudadanía renovar las clases dirigentes políticas desde hace por lo menos veinte años. Se promueven y mantienen sistemas electorales que limitan la capacidad de elección, como listas sábana, candidaturas testimoniales o ley de lemas. Se reforman constituciones para habilitar reelecciones indefinidas. Se ocupan cargos públicos de responsabilidad no política sin concursos, con familiares y amigos de oficialistas y opositores. Se difunden exitosos crecimientos económicos, bajo restricciones constitucionales y cesión de atribuciones de las provincias a la Nación, por supuestas emergencias económicas. En este contexto, la corrupción fuera de control es una consecuencia inevitable, planificada y consentida.

Por ello deberíamos estar alertas ante el intento de repetir una campaña electoral teñida de grandilocuente hibridez, para que nada cambie. Las primeras declaraciones políticas van en esa dirección, cuando precandidatos expresan como objetivo futuro relevante “ el cambio en el estilo de gobernar”, o “promover el diálogo entre todos los sectores”. Lo imprescindible es cambiar la matriz legislativa y ejecutiva, para respetar la independencia de los poderes constitucionales, facilitar la participación ciudadana de los más capaces, y transparentar las acciones de gobierno, ya sea en Nación o provincias.  Impedirlo durante tanto tiempo indica que no hubo una falta, sino por el contrario, un “exceso de diálogo” entre políticos, empresarios, gremialistas y jueces, que siempre permanecen. Claro está, usualmente contrario al interés general de los ciudadanos.

En este contexto, mal podemos hablar de opciones de gobierno a partir de diciembre de 2015. Para colmo, las encuestas de opinión y análisis políticos tanto oficialistas u opositores no ayudan. Intencionadamente o no, se sustentan en intrigas de palacio y negociación de voluntades, antes que en exigir la explicitación y debate de propuestas verdaderamente transformadoras. No es casual que la supuesta diversidad política se presente mas como un “casting” para el espectáculo “Yo quiero ser presidente”, que sobre las estructuras, proyectos y leyes presentadas, que la justifiquen. Lo que sabemos hasta ahora es que, con el debido trabajo de maquillaje previo, compiten en el inicial “casting” presidencial, entre otros, Scioli, Massa, Cobos, Macri; Binner, Carrió, Randazzo, Sanz, Urribarri, De la Sota, Solanas, y porque no, el Adolfo Rodríguez Saa. A un año de las elecciones primarias abiertas, ya es hora de ordenar los porotos, y próximamente lo intentaremos.

Previamente, en la próxima reflexión comentaremos algunos aspectos del finalizado Mundial de Fútbol, relacionados con la política. En Argentina, conocer el manejo del fútbol es saber de política y sus actores, y viceversa.

VACACIONES, FÚTBOL Y BUITRES

Julio se asocia a un mes vacacional escolar y judicial, permitiendo a quienes puedan, realizar viajes de placer. Pero este año se destacan dos eventos de especial repercusión: el mundial de fútbol y la negociación con los “buitres” tenedores de bonos de deuda argentina. Al respecto existe un consenso sin especulaciones para arribar a resultados exitosos. En el fútbol desde lo emocional, con la alegría de habernos clasificado para disputar la final; y en el más imbricado mundo de la finanzas y la especulación, por el impacto en nuestro desarrollo económico-social inmediato.  

En pleno desarrollo ambos eventos, no es momento de teorizar sobre ellos. Próximamente merecerán reflexiones que servirán para ir desentrañando el accionar político, que obviando  plazos legales de campaña o preocupaciones concretas del ciudadano, se desatará a partir de agosto próximo, con miras a la elección nacional de octubre de 2015. Del fútbol destacaremos las estrategias publicitarias, que se aplicarán a la política casi como un calco. De los “buitres” recordaremos más ejemplos de aves rapaces criollas, cuyos ataques son ineludibles para que grupos financieros extra nacionales obtengan ganancias exorbitantes a costa de los despojos de los más débiles.

Emplearemos julio para comenzar a plantearnos interrogantes no resueltos, respecto a las alternativas políticas que se presentarán al ciudadano en la próxima elección presidencial. No utilizaremos la remanida frase “alternativa de cambio”, por dos razones: en lo que compete a la actual gestión, se supone pretenderá continuar con las políticas vigentes, manifestando su deseo de “profundizar el rumbo”; en este caso la agrupación gobernante se limitaría, esperemos, a explicitar al electorado las acciones que darán lugar a dicha profundización. Distinto es el caso de quienes pretendan ser opción de gobierno, vale decir, hoy supuestos opositores. Sus propuestas de cambio deberán ser explícitas, superadoras, contundentes y factibles.

Con más razón cuando la dicotomía oficialismo-oposición, que sería una obviedad en países con partidos políticos consolidados, no lo es para nuestra realidad. Como ciudadanos alejados del calor de los recursos públicos, es importante formularnos estos planteos desde ya, porque caso contrario, con independencia de quien triunfe, nuestras crisis económico-sociales serán cada vez más recurrentes, y por lo tanto, más traumáticas.

Para comenzar, existe una realidad que en la elección de octubre de 2015 no podremos torcer; en el próximo período de gobierno tendremos a la misma clase dirigente política, empresarial, gremial y judicial, ya sea con iguales roles o intercambiados,  que interactúan desde hace más de 20 años. Ello no nos debe sumir en el escepticismo, sino por el contrario, hacernos entender que, antes que asfixiarnos por las costosas campañas publicitarias y promesas que formularán los distintos candidatos/agrupaciones, será determinante evaluar los proyectos transformadores que presenten y debatan en el ámbito legislativo. De no contar con los votos necesarios para ser aprobados, se incorporarán a las plataformas partidarias, con el compromiso de su inmediata implementación, una vez legitimados por el voto directo mayoritario de la ciudadanía. Dicho esto, partiremos por lo imprescindible en democracias: las representaciones políticas. Primera necesidad; primer problema.

Los partidos justicialista, radical y socialista, como opciones de gobierno por sí mismos y con funcionamiento coherente y permanente en el tiempo, ya no existen. Fueron reemplazados por frentes, alianzas, coaliciones, o creatividades similares a modo de envases comerciales, que ofrecen dos posibilidades: 1) responder a fuertes unicatos de conducción (gobierno), basados en la utilización de ingentes recursos públicos para lograr la adhesión irrestricta al modelo de turno por parte de los beneficiarios; 2) los que no ejercen el gobierno (oposición fluctuante), se embarcan en luchas más modestas para seguir ejerciendo como legisladores u ocupando cargos en distintos organismos públicos. Circunstancialmente, para guardar las formas, se realizan recordatorios de Alem, Yrigoyen, Palacios, Lisandro de la Torre, Perón, Evita, Frondizi, Illía y Alfonsín.

Entonces, que opciones tendremos en el 2015? Lo analizaremos en la próxima reflexión.

BOUDOU: LUCHA ENTRE LA POLÍTICA Y LA JUSTICIA

El procesamiento de un vicepresidente de la Nación por corrupción es un caso inédito en nuestra historia. Pero pretender que ello signifique por sí solo un punto de inflexión, sería una ingenuidad. Lo importante es que las pruebas y testimonios que llevaron a la decisión del juez Lijo, compartida por el fiscal Di Lello, desnuda una vez más las asociaciones entre funcionarios públicos y empresarios privados para saquear recursos del Estado. Lograr cambios estructurales de fondo para que no sea tan fácil, es una tarea que compete al Poder Legislativo, a través de leyes que destruyan el andamiaje de corrupción.

Es oportuno reflexionar sobre algunos aspectos esenciales para interpretar la evolución de los acontecimientos y formar nuestra opinión, evitando en lo posible subjetividades ideológicas o partidarias. El procesamiento de varios de los involucrados en el caso Ciccone inicia un laborioso camino en donde el objetivo de justicia deberá sortear las sólidas vallas del encubrimiento. No será la primera vez. Casos resonantes como IBM-Banco Nación; Siemens y Skanska, entre otros, que tuvieron confesos de otorgar coimas a funcionarios, hoy están impunes.

En los casos de corrupción se destacan tres sectores interrelacionados: el político; el periodístico-comunicacional, y el judicial. En los dos primeros se desarrollará la clásica lucha de propaganda-contrapropaganda, e información-desinformación. En el judicial se plantearán los subterfugios dialécticos y procesales que posibiliten la impunidad. En cada uno de ellos habrá honestos, corruptos, cómplices, desinteresados, complacientes.

Es importante tener presente que, una vez más, el negociado se conoció como resultado de investigaciones periodísticas; inicialmente a través de Jorge Asís, y luego por Jorge Lanata. Es mundialmente reconocido el valor que el periodismo de investigación tiene en las democracias. Pero cabe preguntarse: no es tarea también de los legisladores de la oposición, cumplir eficazmente su tarea de control de los actos de gobierno y detectar la afectación delictiva de recursos públicos, para luego denunciarlos? Para ello tienen fueros.

El primer intento de degradar la causa, será el de “farandulizarla”. La importante vía comunicacional puede oscilar entre una habitual estrategia de captar audiencia en casos de repercusión pública, al más solapado y estudiado intento de ocultamiento y desprestigio de quienes amenazan la impunidad, transformando en este caso, la investigación periodística documentada en periodismo de voceros de mensajes enlatados. Algo similar sucederá en el campo político. Proponer el juicio político de Boudou para establecer supuestas responsabilidades que ya están siendo juzgadas, es buscar exclusivamente lo escenográfico.

Más útil para la sociedad es legislar que todo funcionario procesado, automáticamente quede apartado de su cargo, e inhabilitado para ejercer otros cargos públicos. No aceptemos la respuesta capciosa de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, de lo que no cabe duda. Pero estamos hablando de funcionarios que manejan fondos públicos, dictan leyes y controlan su aplicación. Son inocentes, pero no aptos para ejercer cargos políticos en su condición de procesados. Así de simple. De todos modos siquiera la culpabilidad se aplica a los políticos. Qué no se dijo de Menem? Hoy es senador, e insólitamente, aún condenado puede seguir legislando.

En esta línea de acciones concretas y no solo discursivas, más allá de ideologías o adhesiones partidarias, no incursionemos en expresiones entre obvias y oportunistas referidas a los  “costos políticos de la Presidente”. Los costos de la corrupción deberán absorberlos conjuntamente las dirigencias políticas, empresariales y gremiales, que desde hace más de veinte años coptaron todas las estructuras de control administrativo y judicial para asegurar su inutilidad, diluyendo las diferencias entre oficialismos y oposiciones.

UNA VEZ MÁS, LOS BUITRES NOS ATACAN

Los argentinos estamos siendo atacados nuevamente por los buitres. Tan claro es el mensaje, que no hacen falta mayores explicaciones ni agregar mucho más a la voz de alarma. La angustia cubre tanto al ciudadano común como a sofisticados ámbitos financieros. Solo nos resta la épica de la resistencia. Una pintada en un paredón de Buenos Aires resumía con precisión la gravedad de la situación: “Patria o buitres”. Nada más ni nada menos.

Cabe preguntarnos qué son y cómo actúan los buitres, para minimizar daños hoy, y protegernos en el futuro. Los buitres son aves rapaces que suelen alimentarse casi exclusivamente de animales muertos, transformados por descomposición en carroña. Se encuentran distribuidos en todos los continentes, excepto la Antártida y Oceanía. Por estas características, y a modo de metáfora, damos el nombre de buitres a grupos financieros, que se aprovechan de desgracias o bienes ajenos para obtener ganancias económicas desmesuradas. En nuestro caso, con el agravante que cuentan con el apoyo “cómplice” de las más altas esferas judiciales de Estados Unidos. Dado que nuestro país también posee buitres con objetivos similares, es oportuno profundizar sobre las aves rapaces criollas.

En mayo de 1962, siendo Alvaro Alsogaray Ministro de Economía, se realizó un severo ajuste fiscal, que incluyó la emisión de los “Bonos del Empréstito 9 de Julio” amortizables a 25 años, con los que se pagaron gran parte o la totalidad de los sueldos de estatales y jubilados. La emisión fue tan grande en cantidad y plazo, que fueron considerados bonos-basura, con bajísimo valor de reventa. Ello provocó que no fueran aceptados en transacciones comerciales, o bien recibidos con una fuerte quita de su monto nominal. Desesperados, muchos tenedores debieron venderlos a usureros o financistas (hoy no existe diferencia entre ambos), a valor de remate, para hacerse con dinero en efectivo. Poco tiempo después, el gobierno redujo el plazo de pago a 10 años, con lo que los bonos se recuperaron, y los “buitrecillos” vernáculos los canjearon a sus valores de emisión más intereses, obteniendo ganancias  desproporcionadas a costa de los más débiles.

En enero de 1990, en el marco de una coyuntura hiperinflacionaria, el gobierno de Menem implementó el Plan Bonex, por el que los plazos fijos en moneda nacional de pequeños y medianos ahorristas fueron confiscados, para ser devueltos en bonos públicos amortizables a 10 años. Los “buitrecillos” compraron éstos bonos a los desesperados, haciendo un negocio brillante pocos años después.

El 25 de septiembre de 2001, ante la aceleración de retiro de depósitos provocada por la intranquilidad de los ahorristas debido a una nueva crisis fiscal y de deuda, se promulgó la Ley 25.466, que declaraba en su artículo 2° que “el Estado nacional en ningún caso podrá alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y las entidades financieras, esto significa canjearlos por títulos de la deuda pública nacional…” . Tan solo dos meses más tarde, el ministro Cavallo anunció limitaciones en el retiro del dinero de los titulares de cuenta (corralito); tras la caída de De la Rúa, asume Adolfo Rodríguez Saá y anuncia el “default” de la deuda externa en medio de una ovación de legisladores y aplaudidores; el 03 de enero de 2002 asume como presidente interino Eduardo Duhalde, quien anuncia el 09 de enero la confiscación y pesificación de depósitos en dólares (corralón). El mensaje político, peligrosamente repetido hoy, apelaba “al esfuerzo patriótico de todos los argentinos”, que se plasmó en el salvataje de grandes empresas y grupos financieros a través de la llamada “pesificación asimétrica”. Este “esfuerzo patriótico” fue aprobado por los mismos legisladores que votaran tres meses antes la “intangibilidad de los depósitos”.

Estos sucintos ejemplos, consecuencia de enormes corrupciones estatales-empresarias, presentan una matriz preocupante por su reiteración. Dijimos que los buitres se alimentan de carroña. Pasando al campo político-financiero, es importante entender la mecánica de quienes recurrentemente dejan en condición de carroña a los ciudadanos de nuestro país. De lo contrario, los buitres de Wall Street, una vez satisfechos, pondrán nuevamente en acción a nuestros buitres criollos, en sus especies neoliberales o nacionales y populares. El dato no menor es que siguen haciendo política casi todos los buitres del  2001/2002, quienes además tuvieron notables incrementos patrimoniales personales durante la década ganada.

CORRUPCIÓN: DE LO VISIBLE A LO SUBTERRÁNEO

La visualización de los témpanos de hielo en el mar es de solo una octava parte de su volumen total. De ahí su mortal peligro para la navegación. La imagen es adecuada para entender el andamiaje que posibilita que en un país democrático, la corrupción sea sistemática, consentida, protegida y/o ejercida por los mismos políticos, empresarios, gremialistas y jueces, durante los últimos veinte años o más. Ello requiere de un complejo entramado de impunidad, con participación por acción u omisión, de múltiples estructuras institucionales y sectoriales a niveles de decisión, que hace necesario superen largamente los tiempos de alternancia política que supone el propio sistema democrático. Tal es así, que a nadie puede sorprender que ya sea en la década de Menen, presentada como neoliberal, o del matrimonio Kirchner, exhibida como progresista, el saqueo de los fondos públicos y su impunidad se mantuviera inmutable en actores y estrategias. La diferencia, sutil quizás, la aporta el escritor y analista político Jorge  Asís, con su habitual ironía: “Con el apoyo de la izquierda se roba más fácil”.

En el actual contexto preelectoral, se observa que la prioritaria preocupación de gobernadores, legisladores, funcionarios, empresarios y jueces, es la de continuar manteniendo sus espacios de poder durante el próximo gobierno, sea cual fuere. Los escenográficos debates ideológicos mediáticos solo actúan como instrumento de propaganda política disfrazada de intelectualidad, moralidad o futurología, haciéndonos creer que para que la nueva revolución tenga lugar tendremos que esperar nada más ni nada menos que 19 meses. Se elude utilizar el período faltante hasta el próximo recambio de gobierno, para promover, discutir e intentar aprobar leyes verdaderamente transformadoras, que permitan asumir en condiciones medianamente manejables lo económico, político y social. No existe mejor campaña que proponer leyes, y que la ciudadanía evalúe cómo las viabilizan o bloquean los representantes de las distintas agrupaciones políticas con expectativas de triunfo.

Sin embargo, lo razonable se manifiesta hoy como imposible. El obstáculo es precisamente la corrupción, que no solo es delictiva, sino también suele protegerse con la túnica de “la legalidad”. Por ello es necesario profundizar ya no sobre su parte visible, sino en la base del témpano que nadie menciona. Existen tres condiciones básicas que exigen consensos intersectoriales para mantener su continuidad, más allá de circunstanciales oficialismos u oposiciones: 1) implementación de sistemas electorales restrictivos y/o tramposos (limitar el derecho de elegir); 2) posibilidad de otorgar prebendas desde el Estado (compra de voluntades o adhesiones con cargos públicos y contratos); 3) negociados con empresarios asociados (saqueos delictivos de de recursos públicos). Vivir en una democracia, aunque sea débil, nos evita afrontar la cuarta condición: la amenaza y el terror.

Profundizar estas condiciones nos evitará caer en el engaño de presentar a la corrupción solo como hechos consumados a resolverse en el campo judicial, e intentar minimizar los costos de la opinión pública mediante estrategias mediáticas de propaganda y contra propaganda. Nuestra historia reciente abunda en ejemplos para trabajar sobre una hipótesis de trabajo sustentada en los siguientes aspectos:

1.- Restructuración del sistema judicial y Consejo de la Magistratura, previa investigación del estado de las causas más impactantes y demoradas.

2.- Modificación del sistema electoral.

3.- Reestructuración de los Organismos de control.

4.- Representaciones parlamentarias. Requisitos y responsabilidades.

5.- Estructuras administrativas e ingresos a la administración pública.

6.- Transparencia de los actos públicos. Acciones inmediatas.

La seriedad del análisis debe eludir dos trampas que por reiteradas, sorprenden que aún tengan éxito: adjudicar responsabilidades políticas según sean oficialismos u oposiciones; mayorías o minorías. Es de esperar que los equipos de trabajo de agrupaciones políticas, analistas especializados  y organizaciones no gubernamentales los desarrollen y profundicen, pues cuentan con las infraestructuras para ello. Por nuestra parte, incursionaremos en futuras reflexiones en cada uno de los aspectos indicados.

SEMEJANZAS ENTRE SCHOCKLENDER Y BOUDOU

Antes que sumergirnos en el fárrago de opiniones referidas a los escándalos económicos de la Fundación Sueños Compartidos que encabeza Hebe de Bonafini, y el intento de compra y posterior estatización de Ciccone Calcográfica, es importante analizar las similitudes de ambos casos, a fin de comprender la matriz de la corrupción originada en la asociación del Estado con sectores privados y/o figuras públicas emblemáticas. 

El caso Sueños Compartidos centra la culpabilidad de la estafa en un asesor  ajeno a la política, Sergio Schocklender, para encubrir las directas responsabilidades de quien conduce la Fundación, y funcionarios públicos de  alto nivel que debían controlar el manejo y destino del dinero. En el caso Ciccone sobresale la figura de Boudou, hoy vicepresidente, por haber tenido una participación supuestamente clave en el negociado para lograr la propiedad forzada de Ciccone, para luego lograr refinanciación de pasivos y obtener contratos con el Estado, que transformaran a la empresa quebrada en un negocio brillante.

Las similitudes comienzan en las expresiones públicas de los imputados. Tanto Boudou como Schocklender adoptaron un estilo amenazante, patoteril y degradante hacia la Justicia, sin exhibir pruebas de sus afirmaciones, porque el objetivo encubierto es el habitual en las cadenas de corrupción: “Si caigo yo, importantes funcionarios y empresarios caerán conmigo”. El objetivo no es aportar a la verdad, sino lograr la impunidad cómplice.

Schocklender incluso pasó del mensaje mediático al escrito. En su libro “Sueños postergados” (año 2011), en donde mezcla a Néstor Kirchner, el abogado Barcesat, Fidel Castro, Raúl Castell, las FARC, entre otros ingredientes de la ensalada, expresa textual: “La caja del gobierno podría dividirse en tres áreas básicas. La primera sustentada por la necesidad real de fondos para sostener a funcionarios cuyos verdaderos sueldos no se blanquean. La segunda es corrupción lisa y llana, caja para que se enriquezcan los De Vido, los Jaime, los Lòpez, los Bontempo y toda esa clase de personajes. La tercera es la destinada al mantenimiento de las enormes estructuras de las organizaciones sociales que Néstor Kirchner ordenó financiar para poder construir una base social propia”.

Llegado su momento, Boudou tampoco se quedó atrás. En una recordada exposición televisiva, denunció pactos, convivencia y lobbys de todo tipo, con la participación del   agente secreto Magnetto incluída, provocando el apartamiento del juez y fiscal originales de la causa, Rafecas y Rívolo, y la renuncia del Procurador Righi.

Las similitudes incursionan también en el ámbito judicial. Para tranquilidad de los innumerables involucrados en el caso de la Fundación, en mayo de 2011 la causa recayó en el juzgado de Oyarbide, quien fluctuó entre la inacción y licuación y/o desaparición de pruebas.  Concluído el encubrimiento, recién entonces la Cámara Federal integrada por Farah, Ballestero y Freiler, muy enojada y con duros términos hacia el accionar de Oyarbide, anuló todo lo actuado y lo apartó de la causa. Los despojos del expediente duermen hoy en el juzgado federal de Martínez de Giorgi.

No tuvo esa suerte el expediente Ciccone hasta el momento. Designados el juez Lijo y el fiscal Di Lello en lugar de Rafecas y Rívolo, los camaristas Ballestero, Farah y Freiler intentaron repetir la estrategia seguida con Oyarbide, y hace escasos meses reprendieron severamente a Lijo y a Di Lello, conminándolos a acelerar y cerrar la etapa de instrucción. Para sorpresa de muchos, Lijo actuó en consecuencia y comenzó con las indagatorias. Su citación a declarar obligó a Boudou retomar sus ataques patéticos y acusaciones variadas, que van desde el juez, a empresarios que no identifica, y obviamente, a la prensa monopólica y destituyente. Nuevamente, sin aportar pruebas.

Un párrafo final para el chupete acaramelado de todo debate político/ideológico supuestamente esclarecedor: el rol de los medios de comunicación. Su subsistencia depende de ingresos económicos, sean privados o públicos. Las líneas editoriales e intencionalidades políticas existen tanto en unos como en otros. El desafío que afronta cada periodista es el de no caer en el fanatismo; la obsecuencia o el ridículo, sea oficialista u opositor. Solo un ejemplo: previo a la pelea de Maravilla Martínez en el Madison Square Garden el pasado sábado, el periodista Víctor Hugo Morales  durante la transmisión por la Televisión Pública, asimiló rebuscadamente la sacrificada carrera boxística de Martínez fuera del país desde hace diez años, con el eslógan “Década ganada” del actual gobierno. Más allá de adhesiones políticas, es necesario tirar la profesionalidad periodística por importantes contratos con el Estado?   

Obviamente que el caso no es Boudou. Es Boudou y muchos más. Esto se llama entramado.

PODRÁN COMBATIR LA CORRUPCIÓN QUIENES FRACASARON?

En períodos preelectorales, agrupaciones políticas y precandidatos se sumergen en un compromiso tan repetido como incumplido: luchar contra el flagelo de la corrupción. No explicitan propuestas, o peor aún, formulan anuncios inconducentes como crear una CONADEP de la corrupción. Por ello es necesario que, más allá de ideologías y preferencias partidarias, la ciudadanía exija a los candidatos, en especial a los que ocuparon cargos políticos relevantes desde hace dos décadas, que nos convenzan porqué harán a partir de diciembre de 2015 lo que no hicieron hasta hoy. La honestidad personal inclusive, es necesaria pero  no suficiente. Para una correcta evaluación de la problemática, es oportuno reflexionar  una vez más acerca de los aspectos que  caracterizan a la corrupción, y las causas que la convirtieron en sistemática.

Una constante que exhibe el vacío institucional, ya sean de organismos de control o poderes legislativo y judicial, es que casi con exclusividad, los hechos de corrupción se conocen públicamente a través de investigaciones periodísticas. Solo a partir entonces surgen las reacciones y polémicas mediáticas entre políticos oficialistas y opositores, que al momento de las necesarias acciones,  reparaciones y/o sanciones, se escudan bajo la funesta frase digna de un libro de Mario Gianluigi Puzo, autor de El Padrino: “el caso está en manos de la Justicia”. O sea, pasemos a otro tema. Cabe preguntarse: las sanciones administrativas dejaron de existir?

Decir corrupción en nuestro país, dada su habitualidad y crecimiento, supone que todos sabemos de que se trata, asimilándola a funcionarios públicos injustificadamente enriquecidos, asociados a empresarios y gremialistas cómplices en la trama de negocios, con fiscales y jueces venales. Pero si se analiza el origen etimológico del término, veremos que el concepto es mucho más amplio.

Corrupción proviene de la palabra latina “corruptio”, conformada con el prefijo “con” (junto); el verbo “rumpere” (hacer pedazos), y el sufijo “tio” (acción y efecto). O sea, significa sobornar, pervertir, dañar, traficar influencias. Aplicado a la acción de Gobierno, se manifiesta en el abuso de poder para producir negociados destinados a lograr beneficios ilegítimos privados, a costa del erario público (relación funcionarios públicos – empresas privadas asociadas - testaferros). Pero también corresponde a generar actos administrativos con el fin de obtener beneficios personales y/o de parientes y amigos, sean oficialistas u opositores, bajo el enigmático paraguas de las “negociaciones políticas”. Las contrapartidas son, entre otras, la de callar u ocultar irregularidades en organismos de control que integran, facilitar su voto en el recinto para aprobar leyes nocivas al interés general, cambiar de partido político burlando a sus electores, entre otras.  

Está claro que la corrupción exige un entramado de complicidades entre un sinnúmero de personajes pertenecientes a sectores diversos, con el objetivo común del beneficio económico personal. Visualicemos su complejidad y multiplicidad de actores, tomando el caso de la ex Calcográfica Ciccone, que hoy ocupa el centro de la información.

CICCONE + BOUDOU + ECHEGARAY + MONETA + VANDENBROELE +LONDON SUPPLY + THE OLD FUND +  FORMOSA + INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA + UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA + RESNICK BRENNER + CAPDEVILA + NUÑEZ CARMONA +  LIJO + DI LELLO.. .. y muchos otros.

El ejemplo intenta señalar que la corrupción en el Estado ineludiblemente encadena a altos funcionarios públicos, empresarios asociados al poder, empresas conocidas o de constitución jurídica dudosa, organismos de control, testaferros, asesores administrativo de planta, fiscales, jueces, camaristas y operadores políticos en ámbitos judiciales especialistas en lograr impunidad. Si en el circuito alguien es un obstáculo para concretar el ilícito, es barrido de sus funciones.  

La asombrosa repetición de casos impunes hace que nuestro país exceda largamente  el nivel de “actos corruptos”, característicos de países desarrollados y circunscriptos a niveles dirigenciales, para posicionarnos como “estado de corrupción”, presente en países de escasos niveles institucionales, en donde la corrupción es permanente y extendida a todos los sectores. Ya no sorprende que se enriquezcan escandalosamente altos niveles políticos y empresarios, sino que también lo hagan sus secretarios, choferes y jardineros.

Lograr que la compleja trama se mantenga a lo largo del tiempo necesita, entre otros instrumentos, de sistemas electorales restrictivos que la faciliten, como listas cerradas de legisladores conformadas a dedo con gente de confianza;  reelecciones generalmente indefinidas; sucesiones políticas entre familiares; restricción del acceso a la información pública, al límite del secreto; colonización de los mal llamados organismos de control con familiares y amigos de políticos tanto oficialistas como de opositores. Por eso cuesta creer que se presentarán propuestas electorales transformadoras para evitar la corrupción, más allá de anuncios cosméticos. Pero quien sea capaz de formularla con sustento y credibilidad, incrementará notablemente sus posibilidades electorales.

LA CONADEP NO DEBE USARSE COMO RECURSO PUBLICITARIO

Cuando se ingresa en la difícil etapa de tratar de entender algunos rimbombantes mensajes que con enorme superficialidad diversos políticos, sean oficialistas u opositores, lanzan a la ciudadanía, queda la duda si se propagan producto del desconocimiento, la intención de engañar, o bajo los dictados de costosos publicistas en la búsqueda de impactar. Esta realidad se exacerba durante las campañas electorales, que en nuestro país, más allá de los plazos fijados por la ley, ya comenzaron. Es el caso del nuevo afrodisíaco que se intenta vender a la sociedad, sin acompañarlo de propuestas concretas e integrales: crear una CONADEP de la corrupción.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, a tan solo cinco días de haber asumido la presidencia. Tuvo el carácter de asesora, para investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar del período 1976-1983, e indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos. Sus funciones eran claras y taxativas, destacándose la de recibir denuncias y pruebas sobre los hechos encomendados, para luego trasladarlas a la Justicia. Un aspecto no menor, es que fue integrada por personalidades reconocidas en diversos campos de acción, e intachables desde lo ético. Establecido sucintamente el fin de la CONADEP y sus diferencias con la vigente necesidad disminuir al menos la desaforada corrupción existente, esbocemos propuestas concretas.

1.- La CONADEP debió actuar en un marco de ausencia de información institucional registrada respecto a detenciones y/o desapariciones, debiendo reconstituirla a partir de testimonios y elementos de prueba imposibles de obtener durante la dictadura. Hoy, tras 30 años de democracia, pese al secreto que aplican cada vez más frecuentemente los poderes del Estado a sus actos de gobierno como recurso de impunidad, existen innumerables expedientes judiciales en trámite, con intervención de camaristas, jueces, fiscales y peritos.

2.- Ello implica que lo que debe instrumentarse es una instancia analítica procesal de dichos expedientes, a través de profesionales del derecho externos al Poder Judicial (Universidades, Asociaciones), que tomando ejemplo de la CONADEP, sean  de reconocida formación jurídica y ética. Complementariamente, se designará un equipo específico de apoyo administrativo y de peritos.

3.- La condición de juristas externos supone la no participación de legisladores o funcionarios del Ejecutivo, porque sería retrotraernos a las negociaciones mal denominadas “ políticas” que de hecho se producen hoy, en donde la impunidad es un valor de cambio. Además, la presencia de políticos en la Comisión designados por el nuevo gobierno, se interpretaría como una venganza hacia el actual, facilitando las obvias estrategias de desprestigio bajo el rótulo de “persecución política”.  Esto se evitó con la irreprochable designación y actuación de los integrantes de la CONADEP.

4.- De seguirse esta línea de acción, se hace evidente la necesidad de poner a los integrantes del Fuero Penal Federal Penal en comisión, con la obligación de sus integrantes de aportar la documentación y opiniones que la Comisión Investigadora les requiera, en términos perentorios.

5.- Como resultado de las pruebas y conclusiones que emita la Comisión, los camaristas, jueces, fiscales y peritos sospechados de demoras intencionadas, mala praxis y/o corrupción, con posibles enriquecimientos ilícitos consecuentes, serán juzgados en principio por el Consejo de la Magistratura, el que, en una segunda etapa y conjuntamente con los mal llamados “Organismos de control”, deberán ser reformulados. Se hará expresa reserva que durante el proceso investigativo de la Comisión y su dictamen final, no se admitirán solicitudes de jubilación por parte de jueces y fiscales.

Esta propuesta pude ser obviamente mejorada. Pero queda claro que en lugar de distraer al ciudadano con meros ejercicios dialécticos, las agrupaciones políticas que deseen gobernar deberán formular acciones concretas contra la corrupción, que comprendan su instrumentación y prolijo sustento jurídico, basadas en principios de excepcionalidad,  que tantas veces fuera aplicado al ciudadano común para afectar sus derechos y patrimonio. Una vez asumido el nuevo gobierno, la puesta en marcha del compromiso electoral deberá ser inmediata, como hizo Alfonsín con la CONADEP.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA MAYO 2014

Ante planteos nada claros de políticos ya en campaña, referidos a crear una inicialmente mal denominada Conadep que releve antecedentes de los casos de corrupción relacionados con el fuerte entramado político-judicial-empresario que afectaron enormes recursos del Estado, incluso a costa de vidas inocentes, es oportuno definir propuestas concretas y su adecuado sustento legal, para dar lugar a su rápida instrumentación. En tal sentido esta agenda mensual pretende aportar  a dicha tarea, resaltando el desarrollo de algunas de las innumerables causas en trámite, y la actuación de camaristas, jueces, fiscales y peritos judiciales intervinientes. Recordemos algunas de las causas.

1.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

Tras la decisión tomada en diciembre pasado  por el Tribunal Oral Federal Nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez, que absolvió con fundamentos sólidos asentados en casi 3.000 páginas a todos los acusados de los presuntos sobornos a senadores, por indicación del mismo Tribunal, el fiscal Eduardo Taiano  investiga la actuación como testigos del ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández; el ex intendente Aníbal Ibarra y el hijo del fallecido dirigente  socialista Alfredo Bravo llamado Daniel, especialista en descubrir anónimos para iniciar causas. La razón son las declaraciones contradictorias y sospechadas de falsas de todos ellos. El caso es relevante, porque muestra como la Justicia Federal (el fallo hace mención a serias irregularidades del juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado), además de sospechada de encubrimiento, ha pasado a ser parte de juegos políticos de desprestigio.

2.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

Luego de que la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por  los dres. Jorge Ballestero y Eduardo Farah, tardíamente apartara al juez Oyarbide de la causa de defraudación de fondos públicas de la Fundación que encabeza Hebe de Bonafini, y anulara los procesamientos dictados, la causa se derivó al juez Martínez de Giorgi, quien la mantiene sin avances.  El tiempo transcurrido posibilitó la disolución de empresas involucradas, cierres de cuentas y reformulación de facturas, por lo que la impunidad de la defraudación prácticamente es un hecho. Resultaba una obviedad que no se podía hacer responsable solo a Sergio Schoklender, sin involucrar a Bonafini, y los funcionarios nacionales, provinciales y del Gobierno de la Ciudad intervinientes en la operatoria de las viviendas.

3.- Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

El responsable del Juzgado Federal Nª 7 Sebastián Casanello, a cargo de la causa, procesó a los intermediarios financieros Federico Elaskar y Leonardo Fariña, eludiendo llamar a declarar para su eventual acusación, al principal sospechado como propietario del dinero, el empresario Làzaro Bàez.

4.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

A dos años de iniciada la causa, y pese a los reclamos muy duros de los camaristas Ballestero y Farah al juez Ariel Lijo y el fiscal Di Lello para agilizar, profundizar y cerrar la investigación sobre el negociado entre el Estado y privados para adquirir la ex empresa Ciccone Calcográfica, que involucra entre otros al vicepresidente Boudou,  el juez continúa sin decisiones relevantes.

 5.- Incendio de los archivos de la empresa extranjera Iron Mountain en Barracas.

El  5 de febrero pasado un incendio en los archivos de la reconocida empresa internacional, provocó la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 18, a cargo del juez Pablo Ormaechea, con la investigación de la fiscal Marcela Sánchez (Fiscalía n° 37). Transcurridos más de tres meses del hecho, llama la atención que no haya cerrado la etapa de peritajes, o bien que no se los haya dado a conocer.  El caso no debe caer en el olvido, ante la sospecha que en el depósito se guardaban documentos del Estado que podrían tener relación con negociados y enriquecimientos ilícitos, por lo que el inexplicable incendio desde lo técnico, podría ser intencional.

Proponer a futuro una denominada “Conadep”  a manera de promesa electoral, no exime a los políticos de cumplir aquí y ahora con las funciones de control y representatividad ciudadana de acuerdo a sus responsabilidades en cuanto a la corrupción, con independencia que se presenten como oficialistas u opositores. 

UNEN: TRANSFORMAR LA ACUMULACIÓN EN CONCORDANCIA

Señalábamos en la última reflexión que el surgimiento del Frente Popular UNEN en el escenario político argentino, con expectativas de consolidarse y ser alternativa seria y posible de gobierno, que fue monopolizado por el justicialismo desde hace casi 25 años, con la experiencia “mixta” de la Alianza durante dos años, es auspicioso para la salud del sistema democrático. Pero el escaso tiempo a las primarias de octubre de 2014 para definir los candidatos a presidente, en el análisis de UNEN se hace necesario priorizar exigencias por sobre los halagos, para no sufrir nuevas frustraciones.

En primer término, es imprescindible definir una formulación estratégica nacional que a partir de un adecuado diagnóstico, derive en objetivos políticos y programáticos claros, para luego plasmarlos en equipos y organización eficaces e interaccionados a nivel nacional. Las figuras representativas de UNEN, con sus mas y sus menos a lo largo de las últimas décadas, en lo personal revisten una aceptable actuación política, aunque no siempre coherente. Es entonces urgente constituir una mesa de Acción Política representativa y de arduo trabajo futuro, para consolidar en brevísimo plazo el marco referencial estratégico del Frente, evitando que la diversidad de opiniones no trasmuten en posiciones personales y caprichosas que generen confusión. El absurdo debate reciente de “Macri sí o Macri no” es un excelente ejemplo del riesgo.

Dos ejemplos a mirarse para convertir a UNEN en un partido estable, son el Frente Amplio de Uruguay, y la Nueva Mayoría de Chile. En el caso de Uruguay, el Frente nació en 1971, y recorrió un largo camino hasta su consolidación. En Chile, el antecedente es la Convergencia, que nació en 1979 como resultado de la división del Partido Socialista en dos fracciones, hasta llegar a la Nueva Mayoría que llevó nuevamente a Bachelet a la conducción del gobierno. A favor de ambos países, sus calidades democráticas e institucionales son muy superiores a las nuestras, que abundan en reformulación de sistemas constitucionales y electorales inéditos en el mundo, al solo efecto de mantener el poder a lo largo del tiempo, minimizando el voto popular. Justo es decir que no fue el justicialismo el único responsable, sino que contó con el inestimable apoyo de muchos supuestos opositores con intereses personales ajenos a su condición de representantes del ciudadanos, para también perpetuarse en ámbitos de poder.

Un paradigma a seguir por UNEN es la reciente campaña electoral en Chile: Bachelet ganó con una propuesta de 50 medidas concretas y transformadores a llevar a cabo en sus primeros 100 días de gobierno. Repitamos: medidas concretas, no declamatorias y genéricas, al estilo “combatiremos la corrupción”. Alfonsín ya lo había implementado en 1983 con sus recordados 100 puntos de acción de gobierno, que se iban tildando a manera de agenda según se cumplimentaban.

Una realidad insoslayable es que dentro del Frente las únicas estructuras que abarcan todo el territorio nacional y aún subsisten pese a todo, son las de la Unión Cívica Radical, y en menor medida, del Partido Socialista. Deberán actuar en consecuencia en su propio beneficio y en el de todos los integrantes del Frente, para que UNEN no quede sometido o afectado ante el eventual riesgo de pretensiones personalistas y hasta ególatras de algunos de sus integrantes. Hecha la salvedad, bienvenidas sean las nuevas agrupaciones y figuras surgidas en los años recientes, tanto en lo referido a los aportes enriquecedores que puedan realizar en lo programático, como en el trabajo de campo. 

El desafío está planteado. Sabrá el Frente UNEN afrontarlo con inteligencia?

CUANDO LA DIVERSIDAD SE PUEDE CONVERTIR EN ANOMIA

La reciente conformación del Frente UNEN despertó la expectativa de reconstituir una alternativa electoral a la que viene monopolizando el justicialismo desde hace más de dos décadas, exhibiendo una asombrosa capacidad de  aplicar políticas supuestamente neoliberales o progresistas con los mismos dirigentes.

Un efecto colateral positivo ante la atomización de representatividad que generó la licuación del propio justicialismo y el radicalismo en su condición de partidos, es que el surgimiento de UNEN inicialmente clarifica las opciones electorales para el 2015, resumiéndolas en tres: la continuidad justicialista representada entre otros por Massa; Scioli y De la Sota; el PRO, con base en la ciudad de Buenos Aires, y el recientemente conformado UNEN.

Para que la expectativa no sea nuevamente defraudada, debemos ser particularmente exigentes con UNEN. Los primeros mensajes de sus máximos representantes no son buenos. Instalar ante la opinión pública como tema sustancial un supuesto acuerdo electoral con Macri, para de inmediato debatir en el propio seno del Frente su conveniencia, raya en un absurdo preocupante y alejado de las verdaderas necesidades y urgencias de la sociedad. Es oportuno entonces destacar cuatro aspectos a tener en cuenta, planteados desde quien considera que un país que no tenga al menos dos alternativas de gobierno sólidas y diferenciadas, no es plenamente democrático.

1.- La total versatilidad ideológica exhibida por el justicialismo para establecer políticas de gobierno en las últimas décadas, cobijando en su seno desde derechas a izquierdas con naturalidad, ha sido posible por su fuerte identificación con el poder. En política esto no es una crítica, sino una virtud. Ello implica que las variantes justicialistas tienen y tendrán importante apoyo tanto de grupos económicos empresariales y gremiales favorecidos por políticas que los enriquecieron, como de sectores adherentes medios o necesitados que fueron clientelizados. La concentración de poder polìtico ineludiblemente conlleva concentración de poder econòmico. Por ende las propuestas de sus candidatos plantearán cambios cosméticos para que nada cambie.  No es casual, por ejemplo, que medios de comunicación fuertemente críticos con la presidente Kirchner, sean increíblemente condescendientes con la administración del gobernador Scioli.  

2.- La fortaleza inicial que otorga al justicialismo el usufructo del poder debiera ser paradójicamente su debilidad, porque brinda a UNEN la oportunidad de plantear desde la acción legislativa inmediata y luego como gobierno, profundas cambios de la estructura del Estado y sus implicancias sociales, que cuenten con consenso mayoritario. Primera duda: están dispuestos a ello?

3.- UNEN debiera tener presente que a diferencia de una elección legislativa, en donde las campañas de candidatos para obtener el limitado número de votos necesarios que les permita acceder a una banca pueden realizarse cómodamente desde diversos programas de televisión de señal abierta, en una elección nacional presidencial es imprescindible una sólida estructura y estrategia extendida a todas las localidades del país, en un permanente ida y vuelta entre un centro de conducción política y miles de ciudadanos que deberán trabajar desde el llano sin dádivas, sino guiados por el convencimiento y el fervor cívico.

4.- Por ello hablar de diversidad en la integración de UNEN es inicialmente una virtud, porque la esencia de la política es el debate entre distintas visiones, para confluir en proyectos y acciones positivas para la mayoría de la sociedad. Pero esto requiere   organicidad y previos consensos dentro de UNEN. De no ser así, se caerá inevitablemente en la anomia, como se denomina en sociología a la falta de normas o incapacidad de conformar las estructuras necesarias para alcanzar una meta.

El desafío a corto plazo de UNEN es resolver el marco de acción nacional que viabilice propuestas, sustente su pretensión de gobernar, y posibilite su ejercicio en caso de ser elegidos. Habrá tiempo para ello? Lo analizaremos en la próxima reflexión.

LANZAMIENTO DE UNEN: COMENZÓ EL ETIQUETADO

Como era una obviedad, la presentación ante la ciudadanía del Frente Amplio UNEN produjo reformulaciones en los análisis con vista a la elección nacional de octubre del próximo año, que van desde los lógicos interrogantes que genera el nuevo espacio político, hasta las expresiones degradantes y facistoides vertidas por el Jefe de Gabinete Capitanich en relación a dicha coalición de partidos.

El gran desafío que deberán afrontar todas las agrupaciones que pretendan gobernar a partir de diciembre de 2015, incluído obviamente el oficialismo, será presentar al electorado un programa transformador concreto, consensuado y posible, muchas de cuyas propuestas deberán ser presentadas, debatidas y aprobadas o rechazadas durante los períodos legislativos 2014/2015. Todos los candidatos y principales figuras que los acompañan ejercen cargos legislativos, por lo que no habrá mejor campaña que evaluar proyectos presentados y como serán votados, antes que  agobiar a la población con estériles promesas y costosas campañas marketineras.

Los cinco potenciales precandidatos presidenciales de UNEN se hicieron presentes en diversos medios de comunicación, y sin excepción se los consultó sobre posibles semejanzas con la Alianza que gobernara en el período 1999-2001. Inicialmente la pregunta es razonable y legítima, pero como puede ser utilizada a futuro por creativos asesores de campaña como estrategia de desprestigio, cabe clarificar el interrogante.

Una de las siete reglas básicas de la propaganda política descriptas por Jean Marie Domenach en 1950, llamada “Regla de la orquestación”, consistente en la repetición incesante de una pequeña cantidad de ideas simples, para que sean recordadas por la masa. El Ministro de Propaganda nazi Goebbels afirmaba irónicamente: “La Iglesia católica se mantiene porque repite lo mismo desde hace dos mil años”. Para desactivar el primer intento de confundir al votante con mensajes capciosos, destacaremos tres aspectos, sustentados desde lo práctico.

1.- Los términos Alianza, Frente, Unión, Acuerdo y Coalición, como categorización de acuerdos interpartidarios son sinónimos. Un Frente es una Alianza y viceversa.

2.-Importantes integrantes del actual gobierno justicialista tuvieron funciones relevantes en el gobierno de la Alianza: Carlos Alvarez; Nilda Garré; Rafael Bielsa; Aníbal Ibarra; Ricardo Feletti; Débora Giorgi; Daniel Filmus y Abel Fatala, entre muchos otros. Hagamos un alto en Carlos “Chacho” Alvarez, uno de los principales responsables de la crisis política del 2001 con su enigmática renuncia. Desde hace cuatro años fue recompensado por el actual gobierno con un cargo en el exterior. En contraposición, quien fuera tan importante como él en la conducción del Frente Grande en ese entonces, Graciela Fernández Meijide, no ocupó cargos políticos desde la caída de la Alianza. Si bien compartió responsabilidades, tuvo lo que muchos no pueden exhibir: dignidad.

3.- El Frente (no Alianza) Para la Victoria, congregó a diversas figuras que, además de los ex aliancistas mencionados, integraron o apoyaron al Gobierno: Aldo Rico; Hugo Moyano; Gerardo Martínez; Hebe de Bonafini; Hugo Curto; Mario Ishi; Amado Boudou; ; Estela de Carlotto; Luis D´Elía; César Milani; Gildo Insfrán, Gerardo Zamora, Carlos Menem, entre otros. Esta verdadera “pluralidad ideológica” aunada es tal, o resultado de prebendas, cargos públicos y aportes monetarios del Estado?

Develar este último interrogante deberá ser tarea de los Frentes, Alianzas, Coaliciones o Uniones que se presenten en las elecciones del 2015, ya sean oficialistas u opositoras, porque es evidente que existieron numerosos acuerdos “patrióticos” ruinosos para la ciudadanía, que ocultaron negocios y oportunismo bajo el manto de la ideología.  

COALICIÓN UNEN: QUE PRIME LA RACIONALIDAD SOBRE LA EGOLATRÍA

El lanzamiento en el día de ayer de la Coalición UNEN a nivel nacional, sustentada en la convergencia de agrupaciones con el  loable objetivo de constituirse en seria alternativa de gobierno a partir de diciembre de 2015, trasciende lo partidario para transformarse en un punto de partida adecuado para someter al escrutinio de la ciudadanía conductas, propuestas y estrategias de cambio concretas, en la pretensión de gobernar.

Por varias razones, la próxima elección será tanto peculiar como trascendental. Señalemos tres factores distintivos no excluyentes: 1) Se desarrollará para sustituir una gestión, en este caso justicialista, que por primera vez ejerció tres períodos consecutivos de gobierno, debiendo absorber los antipáticos costos de lo actuado en los dos períodos anteriores. 2) El contexto exhibe una dirigencia política, gremial, empresarial y judicial que mantiene tal condición desde hace dos décadas, intercambiando a lo sumo roles. 3) Se llegó a un punto límite de disolución de partidos políticos y vaciamiento institucional, que obliga ineludiblemente a su reconstitución. Cada uno de estos puntos motivará futuras reflexiones.

La ciudadanía debería iniciar ya su propia campaña electoral, afrontando un desafío para lo cual es de esperar esté preparada, tras 30 años ininterrumpidos de democracia: transformarse individualmente en un analista crítico de los mensajes  múltiples y contradictorios, cuando no falsos, que conformarán una verdadera “artillería psicológica” como estrategias de propaganda o marketing político. Para esta tarea cobrarán altos honorarios asesores (algunos extranjeros); encuestadoras y periodistas.  Los precandidatos deberán ser evaluados inicialmente no por lo que prometan sino por como actuaron, no solo en lo referido a la honestidad y ética, sino por personalidad, actitud y coherencia. Y fundamentalmente, por la credibilidad y extensión territorial de las estructuras que los sustenten. Como se verá, al menos en esta etapa, no estamos para globos amarillos, naranjas o celestes y blancos.

En una estrategia de manual, los precandidatos pretenderán establecer ante la ciudadanía la agenda de debates, y no a la inversa. O sea, que no sean los ciudadanos los que se suban al ring, sino que observen a los candidatos desde la platea, alentando o reprobando. Para ello la propaganda política apela en el manejo de masas a la emoción, casi nunca a la razón. Y mucho menos a la información precisa.  Por eso no deberemos dejar influenciarnos por encuestas frívolas y cronológicamente inadecuadas, basadas en  supuestas adhesiones que despierten determinadas “imágenes”, pretendiendo generar “sensaciones”. Tendrán que primar las realidades, planteando la ciudadanía reclamos concretos y exigiendo respuestas concretas en ámbitos legislativos,  y no meros ejercicios discursivos.

En Argentina hace rato que en el manejo del poder se diluyeron derechas e izquierdas, peronistas o radicales, neoliberales o progresistas, dejando estos debates para distracciones intelectuales, muchas de ellas generosamente recompensados desde el Estado. Pocas veces se hace referencia que está firmemente instalado un fuerte núcleo dirigencial pluripartidario, muchas veces hereditario, en donde los roles pueden ser fácilmente intercambiados por los mismos actores a lo largo del tiempo, y cuentan con fuertes financiamientos de campañas electorales con un único objetivo: cambiar para que nada cambie. No es momento entonces de fáciles adhesiones sino de firmes exigencias.

Bajo esta perspectiva, analizaremos en la próxima reflexión el lanzamiento de UNEN, que abre una esperanzadora opción de gobierno a futuro. Pero el camino será arduo, y se deberán dejar egos en el camino. Por eso, sin dejar de lado la esperanza, no es momento de halagos. La campaña electoral ciudadana ha comenzado.

PAROS QUE NO REIVINDICAN SINO OCULTAN

En las sucesivas reflexiones sobre diversos temas que impactan en la sociedad, recurrentemente mencionamos un factor clave para intentar analizar los contextos políticos: que en su gran mayoría, extendidas capas de la dirigencia política; gremial; de representación empresarial, y judicial del fuero penal, la conforman las mismas personas desde al menos dos décadas. Lo más grave es que el fenómeno no es producto del voto popular, sino de complejos entramados entre dichos sectores para establecer sistemas electivos extremadamente limitativos. El resultado no puede ser otro que la destrucción de los partidos políticos, la inexistencia de carrera administrativa para el acceso de la ciudadanía a cargos públicos de relevancia, y finalmente, la instalación de la cleptocracia en la cima del Estado. Comenzar a analizar esta realidad en nuestro tránsito hacia el 2015 será fundamental, para evitar la nueva trampa de dicho entramado de poder, consistente en cambiar para que nada cambie. Es lo que sospechosamente sectores supuestamente opositores llaman “cambiar el tono”, pero nada dicen de cambiar la política.

Ya  Aristóteles y otros filósofos griegos polemizaban sobre el desafío que la democracia planteaba ante la necesidad de un Estado con poder, sin caer en la autocracia. Se encontró una solución conceptual no superada a la fecha: que la perpetuidad del Estado como tal, debía complementarse con un ejercicio del poder acotado en el tiempo, para ser cedido posteriormente a otros ciudadanos, y así sucesivamente. Vale decir, alternancia entre iguales.

Qué tiene que ver esta introducción con el paro nacional del pasado 10 de abril? Mucho, porque bajo esta perspectiva, el análisis de objetivos, opiniones y reacciones producidas con motivo del paro, exhiben obviedades vacías de contenido, cinismos, y como es habitual, ocultamientos.

Expresar que el paro fue político es una obviedad, porque todos los paros lo son, dado que exhiben el fracaso de las instancias institucionales públicas y privadas en las relaciones laborales. Resaltar que el paro es un derecho constitucional es un cinismo, cuando son ignorados los derechos constitucionales a la salud, educación, trabajo y libre tránsito, entre otros, que solo sirven para adornar reclamos salariales, que una vez satisfechos, son abandonados hasta el siguiente reclamo salarial. Dentro de lo patético, cabe mencionar que funcionarios oficialistas que pertenecieron al menemismo, distribuyeran afiches contra gremialistas que avalaron el paro, acusándolos de haber pertenecido al menemismo. O que gremialistas del servicio de subterráneos conocidos como “metrodelegados”, que sometieron a los porteños a un paro salvaje de casi dos semanas el pasado año, sin ningún rubor no se plegaron al paro general por considerarlo “injustificado”.

Sin embargo, lo más grave en los debates ante la opinión pública para lograr su adhesión, es el ocultamiento. Nadie planteó que la actual puja distributiva entre sectores asalariados legalizados para mantener su poder adquisitivo; sectores empresariales no dispuestos a resignar ganancias, y un Estado que dilapidó recursos sin consolidar estructuras productivas genuinas, tuvo su origen en aproximadamente cuatro años atrás, con responsabilidades compartidas entre gobierno, empresarios y gremialistas. En ese entonces las partes intervinientes en las paritarias nada decían del falseamiento de los índices de Precios al Consumidor del INDEC menores al 10 %, mientras alegremente se acordaban y homologaban incrementos salariales entre el 25 y 30 %, congruentes con la real inflación.  Excluídos de toda representación y absorbiendo los perjuicios del creciente proceso inflacionario, quedaron los jubilados; los más de 4 millones de trabajadores en negro; autónomos, y desde luego los desocupados, quienes vieron disminuídos sus ya magros ingresos o niveles de subsistencia, con escasa o nula participación en el “crecimiento del consumo”. Sin embargo ninguno de los que hoy polemizan y nos recuerdan derechos constitucionales se preocuparon. El Estado por su parte, cuida la escenografía de “inclusión social” con subsidios y  clientelismo con débiles y poderosos, con los consecuentes negociados públicos-privados.

Por lo expuesto el reciente paro general merece leerse como el inicio de una estrategia electoral entre quienes han ejercido responsabilidades políticas e institucionales de privilegio en las dos últimas décadas, basadas inevitablemente en  “yo no tuve nada que ver”, intentando su continuidad, eventualmente en otros roles, para que la trama de poder-negocios no se destruya. Existirá entonces la opción de un partido y quienes lo representen con propuestas de cambio  diferenciadoras, contundentes y  creíbles? Hoy no. A futuro es todo un desafío.

 

CUANDO LA INSEGURIDAD ES DECISIÓN POLÍTICA

Así como en la última reflexión nos referimos a la problemática de la educación pública, nos toca incursionar en otra obligación indelegable del Estado, en este caso exclusiva: la seguridad. Si bien el tema está fuertemente instalado y oficialmente minimizado desde hace años, estalló en todos los medios de comunicación como resultado de la exhibición de uno de los más fuertes ejemplos de degradación humana: el linchamiento.

Tras cartón, como suele suceder cuando los hechos los superan, sectores políticos oficialistas y circunstancialmente opositores sometieron a la sociedad a diversas opiniones y/o acciones de compromiso, en las que resulta difícil discriminar entre oportunismo, imbecilidad o ignorancia.

Como la inseguridad ofrece un amplio abanico de causales para esbozar un análisis,  destacaremos las que consideramos esenciales, no para que sean compartidas, sino para darnos cuenta de que si no se adoptan políticas integrales eficaces y lo más ampliamente compartidas por la sociedad, para su aplicación a lo largo del tiempo sin especulaciones políticas banales, indefectiblemente la crisis se agravará. Entre otras razones, porque los sectores políticos obligados a legislar y ejecutar, son hoy parte del problema. Solo un ejemplo: en la toma en febrero pasado de tierras del parque Indoamericano, que se cobró un muerto, altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial, intercambiaban acusaciones y hasta improperios acerca de la delimitación de responsabilidades y toma de decisiones, a un nivel indignante. Obviamente el problema de usurpación de estas tierras no se solucionó.

Un razonable punto de partida para fundamentar la descomposición continua de las políticas públicas de seguridad, es el 2001. Ante la crisis económico-social de ese entonces, con la consecuencia de saqueos y muertes, desocupación, sustracción de ahorros de pequeños y medianos ahorristas, y salvataje de grandes grupos empresarios vía pesificación asimétrica para sus deudas en dólares, la sociedad reaccionó con un clamor que asustó a la clase política en su conjunto: “Que se vayan todos”, dando por tierra con el viejo truco de que se iban los malos para que asumieran los salvadores.

En ese marco de crisis, se produjo el asesinato de Kosteki y Santillán, con múltiples consecuencias políticas, entre ellas, la de instalar una frase clave para comenzar con la debacle:  “No criminalizar la protesta”. Frase que debe compartir la inmensa mayoría de la sociedad, al punto que nadie dudó del frío asesinato del que fueron víctimas los mencionados manifestantes. Pero el poder político la manipuló para renunciar a la prevención y sanción del delito. Por lo tanto, las usurpaciones, la toma y destrucción de comisarías, los cortes diarios de calles y autopistas por motivos sectoriales, los grupos de choque para amedrentar a ciudadanos que participaban de pacíficas manifestaciones,  el libre accionar de barras bravas en los clubes de fútbol, con indisimulada protección de dirigentes políticos, intendentes, policías, fiscales y jueces, intencionadamente se incluyeron bajo el paraguas de “protesta social” para justificar la inacción de las fuerzas de seguridad. El propio Estado transparentó esta decisión, negociando con profesionales del apriete, cuyos ejemplos más relevantes son Milagro Sala en Jujuy y Luis DˆElía en el conurbano, al intercambiar adhesión política y “paz social” con generosos fondos y cargos públicos. El nefasto círculo cerró con otra frase de índole judicial: “garantismo”. El concepto, intachable en su esencia, se utilizó para justificar una total laxitud, cuando no complicidad, en la sanción de los delitos. En una sociedad pretendidamente democrática, se hicieron primar conceptos demagógicos por sobre la LEY, y su correcta aplicación.

El círculo de la política de inseguridad cerró con el intento más dañino y falaz que desde niveles dirigenciales o de opinólogos pretenden instalar en la sociedad para justificar el incremento del delito, o bien su exculpación: relacionarlo con la pobreza, sometiendo al pobre a un doble castigo. El de ser pobre, y por su condición, ser sospechado de ladrón o criminal. Concepto absolutamente falso, pues el delito existe en todas las clases sociales; lo que cambia, por razones instrumentales y de oportunidad antes que éticas, es la tipificación del delito. Las sociedades se organizan desde los más fuertes hacia los más débiles. Por ello las mayores responsabilidades son siempre dirigenciales, no del agente de policía, el obrero o la enfermera.

De aceptarse esta hipótesis, no es casual que el incremento del delito tenga su correlato en los niveles insostenibles de impunidad y enriquecimientos ilícitos que altos e intermedios funcionarios públicos y sectores privados asociados, obtuvieron mediante el saqueo de cuantiosos recursos de los Estados nacional y provinciales, en perjuicio de sus obligaciones con los más débiles. Impunidad que exige la complicidad conjunta de oficialistas, opositores, judiciales, gremiales, y de los mal llamados Organismos Públicos de Control.

No aceptemos la trampa de la discriminación o falsos discursos progresistas. De igual modo que se debe luchar contra la delincuencia de cabotaje, como la de los “motochorros”, es hora de hacerlo contra los “escritoriochorros”. Los primeros actúan con riesgo de vida ajena y propia. Los segundos destruyen los entramados sociales, afectando solo vidas ajenas.