SORPRESA O SUBESTIMACIÓN?

“Los votos no son de los políticos; son de la gente”. Si bien supone una obviedad, la frase es pronunciada por muchos políticos habituados al usufructo del poder, manipulando todos los instrumentos democráticos que posibiliten a los ciudadanos ejercer en plenitud sus derechos de información, participación, y elección de sus gobernantes.  

No sorprende entonces que, tras los recientes resultados electorales, una vez más esos mismos políticos intenten negociar “sus votos” poniendo precio a los rótulos “soy peronista”; “soy radical” o “soy progresista”. Pese a que, paradójicamente, sean responsables de haber retirado, a partir de 1999, al PJ y la UCR como ofertas electorales populares con presencia nacional. El  “progresismo” por su parte, solo atina a presentarse en cada turno electoral  bajo aglutinamientos y denominaciones diversas. El riesgo de tal anomia, es la perpetuación del Partido Único, integrado por “patas” peronistas, radicales, izquierdas, derechas, feudalismos, entidades de derechos humanos politizadas y servicios de inteligencia fascistoides. Todos generosamente sostenidos con fondos públicos.

En este contexto, politólogos, periodistas y encuestadores no atinan elaborar diagnósticos y análisis, que no se referencien en el ajado recurso de suponer cuantos peronistas, radicales o progresistas, integran o simpatizan con cada una de las expresiones políticas. Tamaña abstracción simplista y desactualizada, explica el estupor provocado por los recientes resultados electorales. Este encorsetamiento conceptual, llevó a que Aníbal Fernández sospeche que algunos intendentes, a los que supone con sus votos “atados”, lo traicionaron. Los votantes en general, y de las provincias de Buenos Aires y Jujuy en particular, no provocaron una revolución; simplemente pidieron un poco de oxígeno. Quienes gobiernan desde hace décadas, no pueden reiterar monocordemente que combatirán el narcotráfico, la inseguridad o la corrupción.  La mencionada desaparición del PJ y la UCR como expresiones unívocas de alternativas de gobierno, no tiene retorno. Pero ello no implica que el país se quede sin partidos políticos. Por ello las Coaliciones que intenten reemplazarlos,  deberán cumplir con mínimos requisitos de identidad, conducción participativa y representación territorial.

Los seis partidos que participaron en la elección presidencial presentan matices. El gobernante FPV, exhibe una dicotomía interna delirante: de ser elegido, tendremos un Scioli muy kirchnerista o poco kirchnerista? El Frente Renovador, por su parte, por muchos de sus integrantes y estrategias, hace suponer que sus disidencias con el FPV tendrían que haberse dirimido en las internas de las PASO. Rodríguez Saá se convirtió en un partícipe vitalicio en toda elección, que utiliza para promocionar las bondades de San Luis. La verdadera izquierda presenta un crecimiento saludable, que le permite obtener canales de expresión institucionales. No queda claro el rol del progresismo al momento de decidir alternativas concretas de gobierno. Más allá de la calidad de algunos de sus integrantes, sus inocuas prescindencias hacen suponer que sus líderes priorizan posicionamientos personales y renovación de bancas legislativas. Finalmente, Cambiemos deberá amalgamar cuidadosamente su actual composición, para adaptarla a las responsabilidades de gobernar la ciudad, la provincia de Buenos Aires, y posiblemente la Nación. La sociedad decidió que no haya fuertes respaldos electorales que incrementen recurrentes actitudes de soberbia, y provocó el balotaje. Pero también supo castigar arcaicos caudillismos, renovando  generacional y políticamente importantes municipios, y demandando métodos de gobernar más modernos, eficaces y éticos. O sea: mejor calidad de vida.

Macri y Massa, ante la posibilidad concreta de compartir espacios de poder, afrontan una muy delicada instancia negociadora, mucho más legítima ahora que previo a las PASO, como se reclamaba. Pero cualquier acuerdo deberá contener salvaguardas que aseguren no repetir la nefasta experiencia del Frente Grande en la Alianza, cuya cúpula tras la crisis, y con Carlos Alvarez a la cabeza, se reubicó en el actual gobierno con altos cargos. Por haber sido quien más sufriera el transfuguismo político, Massa entenderá esta necesidad. Finalmente, esperemos que no surjan denuncias oportunistas. Sin embargo, Macri correrá el riesgo de una operación en su contra nefasta: que Francisco de Narváez anuncie que lo votará en el balotaje.  

NUEVAMENTE LOS "PUNTITOS" A LAS URNAS

Rememoremos la escena de “El Tercer hombre”, clásico policial de 1949 desarrollado en la Viena de posguerra. Orson Welles, en el papel de Harry Lime, invita a un amigo de la infancia desocupado que vive en Estados Unidos, llamado Martins, a trabajar con él. Cuando llega a Viena, Martins se entera que pocas horas antes Lime murió atropellado por un auto. Avanzada la trama, es informado que Lime traficaba penicilina adulterada, causando centenares de víctimas, incluidos niños, y que había simulado su muerte. Martins consigue contactar a Lime, quien lo cita en el parque de diversiones Prater, el más antiguo de Europa. Suben a un carro de la Montaña Rusa, y Martins reprocha a su amigo las víctimas de su negocio. Lime, observando a 65 metros de altura a quienes transitaban por el parque, le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?

Esta escena es adecuada para ejemplificar la relación de las clases políticas (pocos y reconocibles), con los “puntitos” (millones de ciudadanos anónimos, que trabajan alejados del usufructo del Estado). En una democracia, los “puntitos” deben tener opciones que los representen, a través de organizaciones políticas consistentes, de extensión territorial y con capacidad de gobernar, posibilitando alternancias que eviten el peor riesgo que puede afrontar un país: el Partido Único, que corrompe y degrada personas e instituciones, con el único fin de permanecer.

Adaptemos la escena de “El Tercer Hombre” a nuestra realidad vernácula, y supongamos que se desarrolla en un barrio porteño. Orson Welles/Lime, terminado su encuentro con Martins, decide tomarse un café. En una mesa cercana, escucha un debate político entre cuatro “puntitos” amigos: un peronista, un radical, un izquierdista y un independiente. Para ordenar el debate y ejemplificar trayectorias e ideologías, acuerdan elaborar un listado con veinte nombres representativos en cada uno de los sectores político, gremial y empresario. Como condición necesaria, dichos nombres deben tener una vigencia mínima de 20 años relacionados con el poder, o sea, desde 1995. Cuando analizan los diversos alineamientos y oportunismos políticos de cada uno de ellos con distintos gobiernos y/o partidos, posiblemente los cuatro “puntitos” del café se hayan sentido decepcionados e indefensos. Welles/Lime por su parte, abandonaría el café pensando que, al fin y al cabo, las dirigencias argentinas compartirían su cínica opinión en cuanto a la irrelevancia del destino de los “puntitos” móviles de la sociedad que dicen representar.

Esta continuidad política ininterrumpida, que incluye parte del gobierno de Alianza, cuyos integrantes del Frente Grande ocupan en el kirchnerismo cargos relevantes, con Carlos “Chacho” Alvarez a la cabeza,  nos acerca al riesgo del Partido Único. La responsabilidad no puede recaer en el kirchnerismo exclusivamente, como se pretendiera hacerlo en su momento con el menemismo. Necesita de la participación de amplios sectores políticos supuestamente opositores, y de empresarios asociados en negocios lucrativos con el Estado. Esta disolución partidaria y anomia ideológica se refleja en la campaña electoral en dos síntomas: 1) superficialidad en los mensajes de los candidatos, con ausencia de indicadores económico-sociales y propuestas concretas; 2) fuerte resistencia de los sectores políticos beneficiarios, a todo intento de generar una opción de gobierno medianamente coherente  con posibilidades de alternar en el poder.

Esta realidad se pretende disimularla apelando al voto emocional, intentando manipular sentimientos peronistas, radicales o progresistas, considerándolos “puntitos” abstractos que pueden ser pesados en una balanza para ganar una elección. Ya instalados, políticos inescrupulosos se autoproclaman representantes de esos mismos “puntitos”, usándolos  como prenda de negociación con el oficialismo para obtener beneficios personales. Este proceso cada vez se transparenta más, inclusive en los habitualmente reservados grupos económicos. El canal C5N, del empresario Cristóbal López, con múltiples negocios con el Gobierno, se dedicó a denostar a Macri y Cambiemos. El grupo Clarín por su parte, enfrentado al gobierno y crítico implacable de Cristina Kirchner, actúa con una indisimulable complacencia con Scioli.

Con independencia del resultado de la elección del domingo, en la próxima reflexión analizaremos el rol desempeñado en el esquema Partido Único, por las seis agrupaciones que competiten en la categoría presidencial. A los “puntitos” nos queda el halago que nos dedican los candidatos: “estamos pensando en vos”. 

OLVIDO ELECTORAL: CORRUPCIÓN POLÍTICA

La corrupción política consiste en el mal uso del poder público, para obtener beneficios ilegítimos, personales y privados, habitualmente en forma secreta. Muchas de nuestras reflexiones hicieron hincapié en un aspecto esencial para convertirla en estructural: la permanencia de la misma dirigencia política, gremial y empresaria, desde al menos dos décadas. Esta continuidad facilita acuerdos para favorecer la impunidad, impulsando: 1) Sistemas electorales que limiten y/o distorsionen al máximo la representatividad del voto, y de no ser suficiente, ejercer el fraude electoral desembozado, como en Tucumán; 2) Reformas constitucionales que posibiliten reelecciones indefinidas en niveles nacionales y provinciales, y extenderlas a las municipales; 3) Tramas de impunidad estables (organismos de control; manejo de jueces y legisladores; asociaciones con empresarios involucrados); 4) Fuertes restricciones al acceso público de información sobre actos de gobierno y uso de fondos públicos.

Los casos de corrupción con repercusión mediática, se refieren a negociados con empresarios de obra pública; concesionarios de servicios; proveedores del Estado, y medios de comunicación privados sostenidos por el Gobierno. Generan ineludiblemente sobrecostos importantes, parte de los cuales son retornados a los funcionarios. Ello explica sus enriquecimientos ilícitos imposibles de justificar. Cuando la corrupción identifica objeto y actores, se define como “actos corruptos” (ejemplos: IBM-Banco Nación; contrabando de armas a Croacia y Ecuador; Sueños Compartidos; Ciccone; Hotesur). Pero cuando los casos se multiplican y se mantienen impunes en el tiempo, el país ingresa en el llamado “estado de corrupción”. La acción directa clásica de coima entre funcionarios y empresarios, incorpora también la indirecta, en donde el intercambio dinero-contraprestación no es condición necesaria. Es usualmente invisible a la opinión pública, pero no menos nociva. Comprenden el uso de información económica privilegiada (devaluaciones); prevaricato (funcionarios, jueces y fiscales con actuaciones intencionadamente arbitrarias y cómplices); clientelismo (captar opositores con prebendas); nepotismo (favorecer con cargos públicos a familiares y amigos, sin cumplir requisitos de necesidad, concurso y mérito, para asegurar lealtad); despotismo (tendencia al poder absoluto), etc. Siempre son afectados injustificadamente los fondos públicos, negociándose en base a la impunidad.

No es casual que dentro de la anodina frivolidad de la presente campaña, basada en grandilocuencias inconsistentes como “combatiré la corrupción”, o disparatadas como crear “una Conadep de la corrupción”, se hayan omitido propuestas concretas. Sin embargo, la hojarasca verbal permite algunas observaciones.

1.- Quienes gobiernan desde hace al menos doce años, prometen ser adalides de la lucha contra el narcotráfico. Pero las tibias propuestas esbozadas (ley de derribo de aviones sospechosos; intervención del Ejército), omiten lo imprescindible: el narcotráfico necesita de una importante cobertura política en altos niveles, extendida en el territorio. De no ser descabezada esa complicidad, carece de sentido enviar a combatir a soldados, policías o gendarmes, ofrendando vanamente sus vidas.

2.- Ningún oficialista u opositor informó si algunos de los innumerables servicios de inteligencia estatales, recibió la instrucción presidencial de detectar la trama política del narcotráfico, y en caso afirmativo, sus resultados.

3.- Las dudas continúan. Se puede luchar contra la corrupción, cuando un senador condenado puede legislar (Menem); un vicepresidente procesado continúa ejerciendo su cargo y conduce el Senado (Boudou), y un funcionario también procesado puede ser candidato a legislador (De Vido). No sería imprescindible una ley “de derribo” de estos disparates?

4.- Los múltiples casos de transfuguismo político, que cínicamente invocan peronismo, radicalismo o progresismo, provocando asombro, hilaridad o indignación, muestran impúdicamente ante la ciudadanía las negociaciones que, ya en función de gobierno y sin necesidad de llorar frente a una cámara, se realizan con legisladores, jueces, fiscales y responsables de organismos de control, para mantener la trama de impunidad.

Cuando se habla de corrupción política, para combatirla no sirve aumentar la dotación de policías, reformular servicios de inteligencia, o involucrar militares en tareas civiles. El mal está en la conducción, no en la tropa.

PERONISMO Y RADICALISMO USADOS COMO FETICHES

Hay un aspecto reiterativo en los discursos y análisis realizados en ámbitos políticos y mediáticos de nuestro país, común a oficialistas y opositores, que provoca asombro: seguir sosteniendo la existencia del justicialismo y el radicalismo como ideológicamente identificables, y por lo tanto, fieles representantes de sectores mayoritarios de la ciudadanía. 

Una posible explicación, es la pretensión de utilizar esta ficción como fetiches emocionales, especialmente en épocas preelectorales, para disimular ante la sociedad la sustitución de partidos coherentes por “espacios” híbridos y personalistas, que facilitan la continuidad de una numerosa dirigencia política, gremial y empresaria, enquistada desde hace más de veinte años en los distintos estamentos de poder. Esta realidad indisimulable, explicaría la pobreza creciente de las campañas electorales, que no logran superar lo banal, el análisis político liviano cercano al chisme, y demasiadas veces, la maliciosa falsedad de los mensajes. Con miras a cambiar el futuro, es hora que asumamos como inevitable, que desde hace al menos 15 años, el justicialismo y el radicalismo como expresiones históricas partidarias permanentes e ideológicamente coherentes, han dejado de existir. Manifestar identidad peronista o radical, solo es válido y creíble para ciudadanos que día a día con esfuerzo y honestidad trabajan para labrarse un futuro, alejados de prebendas solventadas con los presupuestos públicos.

Reconocer esta realidad, diluirá mitos tan repetidos como falsos. Por ejemplo, que el justicialismo es el único que sabe y/o puede gobernar. Los gobiernos de Isabel Perón, con hiperinflación; de Menem, con una deuda externa impagable y  escasas reservas en el Banco Central, y de Kirchner, dejando como herencia una deuda externa e interna creciente, escasas reservas y una inflación endémica del 25 %, lo desmienten claramente. Pero no es justo adjudicarle nuestra decadencia de las últimas décadas únicamente a quienes se autoproclaman justicialistas. Colaboraron entusiastamente (siempre con cargo público bajo el brazo), supuestos y circunstanciales opositores, que replican muchos de los vicios que critican al Gobierno. Entre ellos, la incapacidad de conectarse de manera permanente y confiable con la sociedad. Cuando decimos justicialismo y no peronismo, pretendemos no sumarnos al manoseo oportunista que del nombre Juan Perón, hacen los cazadores del poder permanente en la búsqueda de votos.

El PJ y la UCR, por sí mismos y sumados, alcanzaron en 1983 el 91,91 % de los votos; en 1989 el 79,94 %, y en 1995 el 66,69 %. Vale decir, su preeminencia electoral disminuyó el 25 % en tan solo 12 años. Pero en lugar de actualizarse y ampliar sus contactos con la sociedad, en 1999 dieron el puntapié inicial a la debacle partidaria. Concurrieron a elecciones las alianzas PJ-UCD y UCR-FREPASO, con los resultados conocidos. El posterior reclamo generalizado “que se vayan todos” en el 2001-2002, se respondió con el cierre definitivo de unidades básicas y comités, y la licuación del PJ y la UCR como partidos de extensión nacional.  Desde entonces, las políticas y cargos privilegiados, se deciden en domicilios particulares, lujosos barrios cerrados, o quinchos con  asado mediante.

Hoy es difícil entrever un futuro, aunque se apele a la “fe y esperanza”. Casos recientes de transfuguismo como el de Mónica López o Eduardo Buzzi ya no asombran, salvo por sus justificaciones: dicen que son peronistas. No lo son acaso, entre otros, Massa, De la Sota, Felipe Solá o Rodríguez Saá? Kirchner, Scioli, Zaninni o Boudou lo son? O bien, quiénes son más radicales: los que aceptaron la democrática decisión de la Convención de Gualeguaychú, los que se fueron al kirchnerismo, como Leopoldo Moreau, o los que están con Massa? No está exento de esta crítica el pretendido progresismo que encabeza Margarita Stolbizer, también dedicada a la triste pesca de radicales desencantados con la alianza UCR-PRO. En política, la honestidad es una condición plausible, pero no suficiente. El armado oportunista de nuevas agrupaciones en cada elección, con el solo objetivo de “posicionarse individualmente a futuro”, y que los primeros candidatos a legisladores renueven su cargo, no es precisamente progresismo.

Más allá del resultado de las próximas elecciones, la sociedad deberá presionar para lograr una reforma política en serio, que incluya una ley electoral que elimine el mercadeo entre infinitas boletas colgadas de un mismo candidato, instrumente el voto electrónico en todo el país, y reconstruya estructuras partidarias confiables. Quizás podamos evitar que la eterna dirigencia, repita hasta el hartazgo el vicio que hace más de 500 años describía Maquiavelo al príncipe: “No se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, el traicionar a los amigos y el carecer de fe, de piedad y de religión, con cuyos medios se puede alcanzar poder, pero no gloria”.

SE PUEDEN QUEMAR URNAS CON LEYES?

Aristóteles definía a las leyes como “el común consenso de los ciudadanos”. Para ello, quienes las redactan y aprueban deben responder a la generalidad abstracta del “bien común”, y no legislar para intereses particulares. Existen dos formas de burlar el espíritu de las leyes: que tengan vicios de origen (intereses particulares), o no cumplirlas (con interpretaciones u omisiones cómplices de la justicia).

El reciente fraude electoral en Tucumán, que se suma a otros no menos escandalosos en las últimas décadas, son consecuencia inevitable del entramado de sistemas electorales, ausencia de control y capciosos fallos judiciales. La quema o robo de urnas es una manifestación primaria y bárbara, que encubre estrategias feudales elaboradas en cenáculos del poder, posteriormente “legalizadas” con leyes agraviantes para una democracia. En la tarea colaboran circunstanciales oficialistas y opositores, dado que dichos roles son fácilmente intercambiables. El objetivo es limitar al máximo el derecho del ciudadano a elegir libremente, escamoteándole formación cívica e instrumentos claros. No debe sorprender entonces la existencia de anacrónicas gobernaciones e intendencias feudales, con su consecuente nepotismo. En este contexto y en el colmo del cinismo, se intenta depositar la culpa de la perdurabilidad de estas oligarquías políticas en los pobres, porque “no saben votar”.

Valga un ejemplo que explicite las estrategias elaboradas para vulnerar el principio democrático, que establece que la voluntad popular se expresa en cantidad de votos. La Ley de Lemas consiste en que un partido (lema A), puede concurrir a una elección general con varios candidatos del mismo partido (sublemas a1 + a2 + a3). A los efectos del resultado electoral, internamente gana el sublema más votado (por ejemplo a2), y para la general suma los votos de los sublemas derrotados, a1 y a3. Si esta suma supera a los de los otros partidos-lemas (ejemplo: B y C), a2 gana la elección, aunque individualmente haya obtenido menos votos que los candidatos de B y C. Esta ley fue utilizada en varias provincias, y ante las críticas unánimes, fueron derogadas. Ejemplifiquemos el engaño.  

En la elección de 1991 en Jujuy, se consagró gobernador el justicialista Domínguez con el 17,50% de votos propios, por pertenecer al lema más votado. De este modo, postergó al candidato radical, que había obtenido el 25 % de los votos. En Santiago del Estero el caso fue más patético. Pese a obtener el 28,60 % de votos propios contra el 41,90 % del candidato radical, triunfó el justicialista Iturre, por haber sumado los votos del sublema de su enemigo político Juárez, que además lo acusó de fraude.

El caso más claro de la trampa legalizada se dio en la provincia de Chubut, también en 1991. En la aprobación de la ley, se hizo valer que el artículo 139 de la Constitución provincial, indicaba que el Poder Ejecutivo sería desempeñado por el ciudadano elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios (lo que en democracia es una obviedad). En septiembre el lema justicialista, con dos sublemas, obtuvo 76.889 votos, contra 40.929 votos del lema radical, que fue con un único candidato: Carlos Maestro. Pero como éste superó individualmente al ing. Osvaldo Sala, ganador del lema del PJ, el 13 de octubre, a escasos 35 días de la primera elección, se realizó el ballotage. Dado la diferencia de 28 mil votos a favor del lema justicialista, podría suponerse que el ballotage era un mero formulismo. Sin embargo triunfó Maestro, que incrementó su caudal de votos del 32 al 53 %, mientras que Sala bajó del 53 al 45 %. Es indudable entonces que la obtención de una mayor cantidad de votos positivos otorgados a determinado candidato, configura el único parámetro de legitimidad.

Producto de las divergencias de poder entre el actual gobernador Peralta y quien pretende sucederlo, Alicia Kirchner, recientemente se reimplantó la ley en Santa Cruz, pese a la vigencia de las PASO, que obliga a que cada partido realice internas abiertas y simultáneas para elegir a su candidato. La trampa contó con el invalorable aporte de la Justicia, que es un actor imprescindible dentro de la trama. El Tribunal Superior provincial, ante los amparos presentados por inconstitucionalidad, avaló su reimplantación. Votaron a favor los jueces Paula Ludueña, Clara Zalazar y Alicia Mercau. Cabe preguntarse; seguiremos culpabilizando por los efectos de estas leyes a los pobres, porque “no saben votar?”.

CÓDIGO ENIGMA: LA ECONOMÍA

A un mes de las elecciones, la campaña presidencial alcanzó niveles enriquecedores para la ciudadanía. Acusaciones para establecer que gobierno gasta más en publicidad oficial; fraude electoral en Tucumán; pobreza clientelar en provincias del norte; Aníbal Fernández acusado de ser protector del narcotráfico; los medios oficialistas exhibiendo corrupción en los opositores, y los medios opositores exhibiendo corrupción en el oficialismo; el fiscal Gonella, quien nunca citó a Lázaro Báez por lavado de dinero, lo hizo de inmediato con el renunciado candidato del PRO Fernando Niembro; Scioli presentó su declaración jurada de bienes, que ratifica que altos funcionarios que trabajan a tiempo completo en el Gobierno, logran crecimientos patrimoniales imposibles de alcanzar por ciudadanos comunes, que trabajan también a tiempo completo. Solo exhiben coherencia en el tiempo camaristas, jueces y fiscales federales, en su política “contra la corrupción, tolerancia infinita”.

Tanta mediocridad e impunidad en busca de rédito político, es posible porque en muchos sectores sociales continúa vigente el justificativo “roban pero hacen”. Sin comprender que lo robado son fondos públicos, con un inevitable límite de “caja”, que se transparenta en las recurrentes crisis económicas de las últimas seis décadas. Las víctimas también son recurrentes: ciudadanos comunes alejados de las mieles del poder. En este contexto, pretender que Scioli, Macri y Massa presenten una plataforma económica concreta, resaltando las medidas a adoptar en los primeros 100 días de gobierno, sería una ingenuidad. Esta imposibilidad intenta disimularse con diagnósticos, metas y objetivos inconexos, que eluden lo importante: qué, cuándo y cómo. La recordada frase preelectoral de Menem, “prometo una revolución productiva”, no fue una mentira, sino simplemente una abstracción irrelevante.

Estos antecedentes no deben inhibirnos para exigir a los candidatos información concreta sobre indicadores económicos-sociales vigentes, que necesariamente delimitarán sus políticas a partir del 10 de diciembre próximo. Más aún, cuando en una circunstancia histórica inédita, han sido ocultados y/o distorsionados por el propio Gobierno. Para nuestro futuro inmediato, en economía lo importante no es establecer lo que el Gobierno “hizo”, sino lo que “deja”. Es oportuno tomar como base de comparación los indicadores de diciembre de 2001, por dos razones: 1) produjeron la caída de un gobierno constitucional; 2) derivaron en el llamado “acuerdo político patriótico” para salvar al país, en enero 2002, cuyos pilares fueron: fuerte devaluación; incautación de los ahorros de la clase media; no pago de la deuda externa, y estatización parcial de deudas en dólares de grandes grupos económicos. La ciudadanía quiso reaccionar, pero era tarde; el acuerdo político patriótico estaba sellado. Recordemos además, que la mayoría de los políticos, empresarios y gremialistas de entonces, están hoy vigentes.

Los indicadores de diciembre 2001 son todos de carácter oficial. Los estimados para la actualidad intentan establecer un punto de equilibrio entre fuentes oficiales y privadas.

1.- Reservas Banco Central (millones dólares)

2001: 19.425 - 2015: 24.350 (se descuentan swap en yuanes, y pagos a realizar en este año).

2.- Deuda externa (millones dólares)

2001: 166.272 - 2015: 225.000

3.- Tipo de cambio

2001: $1 x u$s1 (convertibilidad) – 2015: $ 9,40 (oficial) - $ 15,90 (paralelo)

4.- Inflación (Indec)

2001: -1,50 % (convertibilidad) - 2015: 11 % (Indec) – 25 % (promedio privadas)

5.- Desocupación (%)

2001: 18,30 % - 2015: 6,9 % (Indec) – 10,6 % (privadas)

6.- Pobreza (%)

2001: 11,8 millones de personas - 2015: 4,7 % (Indec – dato 2013) – 28,7 % (UCA – dato 2014, que equivale a 12 millones de personas)

Tanto Scioli, en su carácter de candidato oficialista, como Macri y Massa a través de sus consultores, deberían tener las cifras reales en cada caso. Plantear por ejemplo, “en un año bajaré la inflación a un dígito”, sin indicar su valor actual de referencia, no clarifica instrumentos para lograrlo. El recurso de, una vez asumido, quejarse que el panorama era peor que el esperado, en nuestro país a partir de la crisis 2001-2002, perdió credibilidad. Los candidatos tienen la palabra.

VOLVIÓ EL FRAUDE PATRIÓTICO?

“La cuestión del fraude pertenece a la filosofía política: hasta que punto un gobierno tiene derecho a presionar para conservar el poder? El primer deber del hombre es defender el pellejo, dice Martín Fierro. De la misma manera, se podría decir que el primer deber de un dirigente político cuando está en el gobierno es mantenerse en el gobierno, pero ¿qué límites tienen los recursos que se pueden llegar a usar? Los conservadores y sus aliados antipersonalistas no se plantearon este problema y, allí donde fue necesario, hicieron fraude; la Capital Federal fue el único lugar donde esto no sucedió”  (“Breve historia de los argentinos”, de Félix Luna, refiriéndose a los fraudes electorales en la década del 30).

El escándalo electoral en Tucumán, como en menor medida sucediera en otras provincias, involucra a los ámbitos político, judicial electoral e institucional, responsables por acción u omisión, de la degradación paulatina y persistente del voto ciudadano. El proceso comenzó con la elección presidencial de 1989, en la que justicialismo y radicalismo por primera vez sacrificaron su histórica identidad unívoca, dando nacimiento a las alianzas (UCR-FREPASO y PJ-UCDE). Posteriormente, la crisis del 2001-02 agravó el problema. Ante el reclamo social “que se vayan todos” sin diferenciar ideologías, la clase política se aterrorizó. Pero como describe Martín Fierro, priorizó su pellejo para poder quedarse todos, y con el fin de seguir succionando de la inagotable teta del Estado, comenzaron a instrumentar legislaciones electorales diseñadas para manipular y/o distorsionar al extremo la voluntad popular. Candidaturas testimoniales; listas espejo, acoples o colectoras; ley de lemas; dobles candidaturas; papeletas que superan el metro de longitud, entre otras, nos retrotrajeron a los fraudes de la década del 30.  

Para ello se cuenta con la complacencia, complicidad, desinterés o incapacidad, del Ministerio del Interior; Cámara Nacional Electoral; Juntas electorales; jueces federales con competencia electoral; y otros organismos estatales intervinientes. No se cumple con el control de requisitos para habilitar partidos; no se verifican los recursos multimillonarios de campañas electorales; no se sancionan incumplimientos de las autoridades oficiales de mesa. Inclusive, como en Santa Cruz, jueces avalan incumplimientos a lo normado por las constituciones locales.

Los gobiernos conservadores podrán usar el ropaje de derechas o izquierdas, pero el resultado no cambia: son conservadores. Dan lugar inevitablemente a oligarquías (poder en manos de pocas personas); cleptocracia (cuando la corrupción se instala en la cima del Estado), y nepotismo (cargos públicos para familiares y amigos). Los desmesurados enriquecimientos ilícitos de altos y medianos funcionarios, amparados por jueces federales y los mal llamados organismos de control, son la exteriorización del “querer conservar” como sea.

“Radical” o “peronista” se utiliza hoy solo como un engañoso anzuelo, para pescar a melancólicos del pasado en el río revuelto preelectoral. En el Olimpo del poder y la permanencia, Alperovich y Zamora, de origen radical, son hoy peronistas-kirchneristas; Moreau, para acercarse al poder, mancilló la memoria de Raúl Alfonsín afirmando que “si viviera sería kirchnerista”; el hermano de Scioli, alias “Pepe”, fue candidato a senador con los radicales; Stolbizer, reserva moral del progresismo, se presenta con un partido distinto en cada elección. Martín Lousteau, recientemente se confesó social demócrata. En la inolvidable historieta de Fontanarrosa sobre el gaucho Inodoro Pereyra, diría su perro parlante Mendieta: qué lo parió !!!

No caigamos en el error de discutir el sistema electoral en plena campaña. Con vista a la elección presidencial del 25 de octubre, solo queda una posibilidad: arremangarse; trabajar fuerte, e involucrar claramente a las autoridades electorales responsables, con la ayuda informativa inestimable del periodismo. Las propuestas de gobierno de los candidatos, en caso de haberlas, deberían presentar un nuevo y democrático sistema electoral aplicable en todo el ámbito nacional, a partir de la elección legislativa del 2017. El voto electrónico y boleta única es necesaria, pero para nada suficiente. El problema es mucho más grave.

Próxima reflexión: miércoles 23 de septiembre.

Lo que los candidatos conocen y nunca dirán sobre la economía

POLÍTICA Y FÚTBOL: SIMILITUDES INCREÍBLES

La imbricación existente entre la alta política y el negocio del fútbol es habitual a nivel mundial. Pero en materia de corrupción, no tenemos competencia. A partir de la implementación del Fútbol para Todos en agosto del año 2009, las fronteras público-privado se diluyeron, y la AFA se transformó en un Ministerio público más. Políticos, gremialistas y empresarios asociados en el saqueo de recursos presupuestarios, habituales en las obras públicas, concesión de servicios estatales y como proveedores de Estado, ampliaron sus horizontes laborales.

El programa nació cuando en el año 2009 la AFA solicitó a la empresa TSC,  contratada en exclusiva para la transmisión por cable de los partidos de primera división, un importante incremento en el canon anual estipulado, a lo que TSC se negó. Apareció entonces en escena el secretario general de Futbolistas Agremiados, Sergio Marchi. Llamó a un paro general de afiliados, invocando las deudas contractuales de los clubes con sus jugadores. De inmediato el Gobierno nacional ofertó 600 millones de pesos/año para la televisación abierta del fútbol, con actualización anual. El presidente de la AFA, hasta entonces uno de los “secuestradores de goles”, aceptó, rescindió unilateralmente con TSC, y firmó el convenio con el Gobierno. Desde entonces, pese a que las enormes deudas salariales de los clubes con los jugadores continúan, Marchi jamás llamó a un nuevo paro.

El monto previsto para el 2015 es de 1.450 millones de pesos; a valor oficial, 157 millones de dólares. El prometido saneamiento económico de los clubes no se concretó, y por el contrario, el fútbol entró en una debacle inédita en su historia. Evidentemente, saneamiento y negociados políticos-empresariales son incompatibles. Criticar solo el dispendio del Fútbol para Todos en publicidad oficial para manejar la opinión pública, encubre consecuencias más graves. Las dirigencias de los clubes se sembraron con políticos, gremialistas y empresarios ávidos de ganancias fáciles. La complicidad de los mal llamados organismos de control fue la habitual: AFIP (aportes),  Inspección General de Justicia (supervisión de las entidades), y Jefatura de Gabinete (control del dinero entregado a la AFA). La intervención directa del Estado en el fútbol provocó lo inevitable: pésima organización de los torneos, calendarios y horarios de partidos absurdos; ausencia de hinchadas visitantes, o partidos sin público; participación directa de barras bravas en los negociados; y como política pura, diez ascensos simultáneos de clubes de la categoría B a primera división. De pronto, la hecatombe.

En julio de 2014 muere Julio Grondona, 35 años presidente de la AFA, y 26 años vice de la FIFA. La habitual “unanimidad dirigencial” con Don Julio, se desconcertó. Si algo faltaba, en mayo de este año se produce en Suiza el arresto masivo de altos dirigentes de la FIFA y la Concacaf, bajo la acusación de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero. Cuando se conoció que la denuncia no nació en Argentina, donde jueces como Oyarbide o Rafecas, entre otros, permitían que los acusados “creyeran en la justicia” o adujeran ser víctimas de “operaciones políticas”, sino en EE. UU. bajo la supervisión de la Secretaria de Justicia Loretta Lynch, cundió el pánico entre los altos dirigentes detenidos y prófugos. Varios se declararon culpables y colaboran con la investigación. Algunos ya reintegraron millones de dólares de las coimas percibidas. Blatter, tras 17 años conduciendo la FIFA, intentó un recurso criollo, y quiso ponerse al frente de la lucha contra la corrupción. No lo dejaron.

Los argentinos involucrados y presos, hasta el momento son tres. Uno de ellos, Alejandro Burzaco, de la empresa Torneos y Competencias, tiene contratos con el Estado argentino por 123 millones de pesos. Ante lo inevitable, la implacable justicia local se movilizó. La jueza Servini de Cubría desempolvó el expediente de la Auditoría de la Nación que denuncia la desaparición de 179 millones de pesos en el tránsito Jefatura de Gabinete–AFA. El fiscal Gonella, al frente del organismo que investiga lavado de dinero, tardíamente denunció a Burzaco por operaciones sospechosas.

Este caso, como tantos otros, demuestra que discutir en base a eslogans es irrelevante. Para los involucrados en el negocio del fútbol con fondos públicos, sin dudas existió la “década ganada”. Los candidatos Scioli, Macri y Massa, aún no explicitaron que harán para evitar que en el futuro la corrupción siga generando enorme riqueza para muy pocos. Para el tendal de pobres resultante, hay subsidios y programas sociales.

EL CIUDADANO PIDE EVOLUCIÓN...Y LOS POLÍTICOS?

Las elecciones primarias abiertas (PASO) del 09 de agosto, permiten reflexiones que exceden lo numérico, con vista a la votación presidencial del 25 de octubre. Inicialmente, no se puede obviar la necesidad de modificar de raíz el obsoleto y corrupto sistema electoral, cada vez más alejado de la ciudadanía. Destacaremos cuatro aspectos.

1.- Inexistencia de partidos políticos

Ninguna de las tres alianzas más votadas (Frente Para la Victoria, Cambiemos y Una Nueva Argentina), superan los 12 años de existencia, Con una peculiaridad: el PJ residual perdió en la interna de UNA, y la UCR residual perdió en la interna de Cambiemos. Cuando esta realidad la personificamos en travestismos políticos, la crisis es manifiesta. En las sucesivas elecciones nacionales y provinciales, se producen los acuerdos más inverosímiles, o no tanto, si consideramos que la prenda de unión es cargo político asegurado. Si éstos no son suficientes, surgen alternativas escandalosas,  como las de legisladores al Parlasur.    

 

2.- Usar legítimas adhesiones políticas como marketing de captación.

Sin duda existen ciudadanos peronistas y radicales genuinos, y en muchos casos fervorosos, ajenos a beneficios políticos. Trabajan duramente; carecen de custodia y son robados o asesinados; tienen hijos sin expectativas de educación y trabajo digno, o posibilidad de ingresar al Estado sin padrinazgos. Electoralmente se los manipula como “puntitos” peronistas o radicales, a ser pescados con el anzuelo de la historia. No se les ofrece un futuro que les provea salud y educación pública en serio; seguridad real para sus familias; que no se angustien ante lluvias copiosas, y que definitivamente acabe con los ya numerosos funcionarios y jueces corruptos.

3.- La falta de opciones políticas concentra poder, y surge el Partido Único.

El poder político es un objetivo en sí mismo; y mantenerlo es un vicio inevitable. El único límite posible a continuidades conservadoras es la institucionalidad, que fué paulatinamente destruída desde hace 25 años.  No hay independencia de poderes; no hay organismos de control; abundan jueces cómplices con la corrupción; se promulgan leyes electorales agraviantes para minimizar el derecho del ciudadano a elegir. El domingo 09 de agosto todos sufrimos un sistema de votación arcaico y corrupto, cuyo “cuarto oscuro” semejaba a una estantería de supermercado, en la que había que ubicar con suerte las ofertas electorales. En la destrucción fueron cómplices supuestas oposiciones críticas hoy, y con prebendas, oficialistas mañana. Tamañas deformaciones confluyen en declamadas diversidades ideológicas  aunadas en un mismo objetivo: mantener el poder. Se unen entonces sin fisuras Kirchner, Scioli, Menem, “Chacho” Alvarez, Carlotto, Bonafini, Boudou, Milani, los ex radicales Zamora y Moreau, Insfrán, Sabatella, Lascurain, Cristóbal López, Spolski, Andrés Rodríguez (estatales), Gerardo Martínez (UOCRA), Curto, Oyarbide, Canicoba Corral,  y entre otros, Verbitsky, actualmente dedicado a la caza de pedófilos opositores. A esta enorme riqueza ideológica depredadora de recursos públicos, se conoce como Partido Único.

4.-  Estrategia electoral de alianzas

Los lamentos por la supuesta fallida alianza entre Macri y Massa, cuyas bases se desconocen, omiten antecedentes cercanos. Año 1999: alianza De la Rúa (radical), y Alvarez (peronista). Este último renunció, siendo uno de los responsables de la crisis del 2001-2002. Desde hace cinco años está becado por éste gobierno en el exterior (UNASUR). Año 2007: alianza Cristina Kirchner (filoperonista), y Cobos (separatista radical K). Cobos fue tildado de traidor por su voto “no positivo” en el Senado. Menem, que también votó en contra entonces, hoy es aliado del gobierno. Año 2015: candidatos radicales a gobernador en Jujuy, Tucumán, Formosa y La Rioja, concretaron la alianza Cambiemos-UNA. Las diferencias de votos obtenidos por Macri y Massa individualmente, con  los de cargos legislativos locales, en los que priman intereses personales, fueron enormes. Qué beneficios lograron Macri y Massa en particular? El propio Massa debió sufrir el oportunismo y travestismo político (Otahcehé, Giustozzi, Zúccaro).

En las primarias el FPV obtuvo 38,4 %; Cambiemos 30,0 % y UNA 20,6 %. Pareciera más razonable que Cambiemos y UNA realicen una intensa campaña para incrementar su caudal de votos a presidente, y acordar determinadas franjas para gobernaciones e intendencias, para forzar una segunda vuelta. Entonces sí, negociar un acuerdo de gobernabilidad e integración, sobre la base de propuestas concretas y transformadoras.

Mensaje del sagaz Maquiavelo para Macri y Massa: “Los príncipes irresolutos, para evitar los peligros presentes, siguen la mayoría de las veces el camino de la neutralidad, y la mayoría de las veces fracasan”. Dejen al ecuatoriano Durán Barba y al peruano Bendixen en el hotel, y recíbanse de estrategas.

TAREA DE LOS "PUNTITOS" HASTA EL 25 DE OCTUBRE

En la reflexión de la semana anterior citamos una antológica escena de la película “El tercer hombre”, en la que Orson Welles desde lo alto de una montaña rusa en Viena, describía a quienes transitaban por el parque de diversiones como “puntitos” irrelevantes. Pareciera una imagen adecuada para describir a quienes los candidatos, en instancias electorales y con su mejor sonrisa, llaman pueblo, ciudadanos, amigos, argentinos. Es el momento mágico en el que millones de “puntitos” anónimos y alejados de esferas de poder, se materializan en lo más anhelado por los políticos: votos.

Esta momentánea revalorización hay que usufructuarla para no someterse pasivamente a propagandas de campaña aturdidoras y costosas, sustentadas en un intangible riesgoso: promesas. Que por añadidura, nacen de las mismas dirigencias imbricadas desde hace 25 años con los recursos del Estado;.no solo políticas, sino empresarias, gremiales y judiciales. Esta continuidad se apoya en trayectorias políticas sinuosas basadas en personalismos; en  feudalismos provinciales o municipales que mantienen vigente el término cacique; en una cleptocracia (institucionalización de la corrupción), que alcanza a demasiados altos y medianos funcionarios públicos, apañada por la justicia federal. Ante este panorama, sorprende que la rimbombante terminología utilizada para caracterizar ideologías o degradar adversarios, haya omitido el uso del término “conservador”, usual a fines del siglo XIX y principios del XX. Muchos eternos dirigentes responden claramente a esta caracterización, aunque proclamen su fe popular, de izquierda o revolucionaria. Sus objetivos son “conservar” privilegios, poder, riqueza. Como consecuencia, no son casuales las recurrentes crisis económicas, que provocaron una maduración del electorado en general. Generalmente a los golpes, sean físicos (víctimas de delitos), al “bolsillo” (bajos salarios y  jubilaciones, desempleo), o de oportunidades de progreso (enseñanza pública, igualdad de oportunidades).

Hasta el 25 de octubre, la única defensa que tendrán los “puntitos” más allá de preferencias políticas, será la de exigir en forma clara y concreta un plan de acción de gobierno en aspectos trascendentes, resaltando las acciones a implementarse en los primeros 100 días de gobierno (se suponen sesiones extraordinarias legislativas en enero de 2016). Ello evitará o minimizará que la “fe y esperanza” de los candidatos, repita el patriótico acuerdo político de enero de 2002, a días de la renuncia de De la Rúa. Produjo una vez más una enorme incautación de ahorros de los “puntitos”, un fenomenal desempleo, y los ya recurrentes salvatajes y estatización parcial de deudas de grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros.

Recordar la experiencia del año 2002, es oportuna para desactivar un concepto falaz instalado en casi todos los análisis políticos, sean oficialistas u opositores: el del “clientelismo” relacionado exclusivamente con los pobres. El engaño consiste en que los oficialismos, en lugar de brindar subsidios como instrumento para el desarrollo de los más vulnerables, y acompañarlos en el objetivo, los utilizan para crear dependencias. Los opositores por su parte, intentan justificar fracasos electorales o su falta de consistencia política, en el “clientelismo” oficialista. Los “puntitos” más pobres se transforman entonces en recursos electorales. Vocifera el eterno político “conservador” enriquecido en la función pública: “Mi contrincante te sacará los subsidios…” Sin embargo, esta ecuación es falsa. El mayor nivel de subsidios y clientelismo, con su impacto presupuestario, se produce en altos niveles políticos, usualmente con empresarios asociados. Tomemos Formosa; el subsidiado es el necesitado que recibe bolsones de comida y ropa para subsistir, o la empresa inexistente The Old Fund, contratada en el 2009 por el gobierno de Insfrán por 7,6 millones de pesos, para negociar una deuda provincial con la Nación?  Es mayor el subsidio de quien recibe la Asignación Universal por Hijo, o el que posibilita que políticos oficialistas u opositores siembren la administración pública de esposos/as, hijos/as, hermanos/as, amigos/as, con altos salarios, solucionándoles supuestos problemas de desocupación familiar?  

En la próxima reflexión analizaremos brevemente el escenario que arrojó la primaria del último domingo, para de ahí en más incursionar en temas concretos de gobierno. Pero con la imagen cercana de la votación primaria, formulemos el primer reclamo: el actual sistema de votación con la tradicional “papeleta” es verdaderamente agraviante para una democracia. Exijamos que para el 2017, se deberá implementar el voto electrónico y lista única en todo el país.

EL DOMINGO VOTARÁN MILLONES DE "PUNTITOS"

La película “El tercer hombre” es un clásico policial del año 1949, que se desarrollaba en la Viena de posguerra. Con guión de Graham Green, es interpretada entre otros por Orson Welles, en el rol de Harry Lime.  Este le ofrece a Martins, un amigo de la infancia desocupado que vive en Estados Unidos, que trabaje con él en Viena. A su arribo, Martins se entera que Lime murió atropellado por un auto, y asiste presuroso a su entierro. Posteriormente la policía le informa que Lime traficaba penicilina en el mercado negro, adulterándola para maximizar ganancias. Ello  causó centenares de muertes, en especial niños. Avanzada la trama, al descubrir que Lime había simulado su muerte, Martins consigue contactarlo para reunirse con él en el Prater, que es el parque de atracciones más antiguo del mundo. Llega Lime, y para conversar a solas suben a un carro de la famosa Noria Grande (montaña rusa). Martins le reprocha las víctimas inocentes de su negocio, y Lime, observando a 65 metros de altura a quienes transitan por el parque, le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?

Esta escena es adecuada para describir la relación de la política con las muchedumbres; o sea de los pocos (identificables), con los muchos (anónimos, aún cuando se recuerde un rostro o nombre de pila). A lo largo de la historia, las formas de comunicación del poder con sus súbditos se adaptaron a los medios disponibles. Los grandes monumentos de la antigüedad era uno de ellos: mostraban a propios y extraños el poder de quienes los construían.  Los avances tecnológicos en el siglo pasado posibilitaron la comunicación con millones de personas, en forma simultánea y a distancia. Surgió entonces la actual propaganda política, que interacciona tecnología, psicología y estrategia. En la Segunda Guerra mundial se establecieron sus principios básicos,  que se mantienen inmutables en la actualidad. No reconocen diferencias ideológicas o de poder: los aplicaron por igual el nazismo, el comunismo y los aliados. En la actualidad se destacan dos conceptos: marketing, que es la acción para aumentar la demanda de un producto (en este caso el candidato), e imagen, cuya liviandad ya la definía Maquiavelo en El Príncipe hace más de 500 años: “todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

La actual campaña se enmarca en dos condiciones distintivas y reiteradas que nos diferencia de nuestros países vecinos, y de las democracias evolucionadas en general: 1) la permanencia de los mismos dirigentes en distintos ámbitos, desde hace 25 años. 2) la más grave, relacionada con la anterior, es la desaparición de partidos tradicionales, diferenciados y con extensión territorial. No es casual entonces el permanente vaivén de políticos entre distintas agrupaciones, acorde a intereses exclusivamente personales. Muchos de ellos, son pertinaces fundadores de mini emprendimientos partidarios, a fin de encabezarlos y negociar con partidos de mayor caudal electoral, fachadas de diversidad ideológica. Los rótulos abundan: peronista, radical, socialista, progresista, renovador, popular, izquierdista, federalista, y la reciente confesión de Martín Lousteau: social demócrata. Todos ellos, asegurada su permanencia en cargos públicos excelentemente rentados, nos expresarán al unísono la necesidad de “lograr la unión de todos los argentinos”. Las tenues promesas de quienes, responsables de nuestras sucesivas crisis nos prometen “un futuro mejor”, podría asombrarnos. O recordarnos a Mussolini, cuando para el manejo de masas planteaba: “El hombre moderno está asombrosamente dispuesto a creer”.

Los partícipes en las etapas previas a una elección no son los “puntitos” que describía Harry Lime. Por ello deberemos evitar que los mensajes optimistas e imágenes edulcoradas de campaña anulen nuestra capacidad de razonamiento y análisis crítico. Tras los prometedores y conocidos rostros identificables de siempre, se encolumnan entre otros, viejos políticos, empresarios, gremialistas, jueces, intelectuales, periodistas, todos ellos reconocibles, que desean seguir alimentándose del néctar prebendario del Estado.

Los millones de “puntitos” que votarán el domingo, los conforman desocupados, obreros, empleados, agricultores, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, profesionales, cargos gerenciales, emprendedores inmobiliarios……

SILENCIO DE CAMPAÑA: CORRUPCIÓN ESTATAL

"Hacéte amigo del juez; no le des de que quejarse; y cuando quiera enojarse vos te debés encoger, pues siempre es gûeno tener palenque ande ir a rascarse”.  (Martín Fierro-1872).  “La ley es tela de araña; en mi inorancia lo esplico; no la tema el hombre rico; nunca la tema el que mande; pues la ruempe el bicho grande y solo enrieda a los chicos” (La vuelta de Martín Fierro-1879).

Considerada la obra literaria de José Hernández un emblema de la argentinidad, a más de 140 años de publicada cabe preguntarse: evolucionó nuestro sistema judicial? La grave crisis que atraviesa el Poder Judicial, ya sea en su propio seno como en su interrelación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, claramente indica que no. Falazmente se intenta acotar el problema a una supuesta lucha entre justicia encubridora relacionada con el poder político, o justicia independiente eficaz. Pero desde comienzos de los años 90, cuándo hubo justicia independiente? La existencia de jueces y fiscales honestos y capaces es anecdótica, cuando los ciudadanos no solo están indefensos ante crímenes, violaciones, robos, estafas, sino también irremediablemente empobrecidos producto del saqueo de los presupuestos públicos por parte de los más altos funcionarios y empresarios asociados. El concepto Justicia no se materializa en la existencia de juzgados, jueces y fiscales. Su validez queda sometida al resultado final de su aplicación u omisión.

La creación del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional del año 1994, hizo suponer que nunca más los jueces se designarían a través del Senado mediante intercambio de papelitos entre bancadas políticas, y que la servilleta de Corach sería un recuerdo humorístico. El costo de  crear un nuevo organismo burocrático se justificaba en la democratización de la selección y designación de jueces en función de un orden de mérito a través de rigurosos concursos de oposición, con participación de representaciones profesionales públicas y privadas. Nada más errado. Los Organismos no hacen a las personas, sino éstas a los Organismos. El actual gobierno, como efecto no deseado en la búsqueda de su propia impunidad, logró transparentar ante la sociedad como jamás antes, el absoluto estado de descomposición del Poder Judicial, del poder legislativo, y en muchos casos, de las representaciones de las matrículas de abogados en el Consejo. Todo ello con la inestimable complicidad en el ocultamiento y/o desaparición de documentación sensible para probar delitos, por parte de los mal llamados Organismos de Control del Estado.

En plena campaña electoral, no debemos caer una vez más, en la trampa de plantear el tema en base a grandilocuencias abstractas: buenos y réprobos; oficialistas y opositores. No existen causas, fallos y sanciones, que nos permitan identificar claramente a unos u otros. La falta de justicia e impunidad no es un problema exclusivo del kirchnerismo, sino de la clase política y judicial en su conjunto. Establecer la década del 90 como punto de partida arbitrario para esta reflexión, obedece a que muchos actores políticos, empresariales y judiciales de ese entonces involucrados con la corrupción, tienen hoy plena vigencia. Y muchas de las causas continúan abiertas, en busca de la prescripción.

Un largo listado de jueces son asociados por la opinión pública con la impunidad, por el manejo de causas relacionadas con la corrupción estatal-privada. El ícono sin duda es el juez federal Norberto Oyarbide, que atravesó sin tropiezos los gobiernos menemista, la Alianza, duahaldista y kirchnerista. La omisión del flagelo de la corrupción y crisis judicial en la agenda electoral, hace suponer que su eficacia y velocidad absolutoria se extenderá al próximo gobierno, sea cual fuere. 

Es recomendable que todo ciudadano, independientemente de ideologías o adhesiones partidarias, lea y guarde para releer regularmente, los editoriales del diario La Nación de los pasados días 26 y 27 de julio, titulados “Corrupción como política de Estado” (I y II). Es de una precisión envidiable, pese a que solo menciona un número limitado de causas emblemáticas. Queda claro que de Martín Fierro a la fecha, nada cambió.

PONERSE SALVAVIDAS: SE DESATÓ LA CAMPAÑA

La metáfora del salvavidas pareciera adecuada, porque no es una sorpresa que una vez más, las estrategias de comunicación semejen a un mar embravecido de acusaciones cuando no agravios, polémicas engañosas, y promesas sin sustento. El salvavidas estaría modelado con nuestra experiencia; espíritu crítico/analítico, y básicamente algo que no reconoce fronteras culturales: espíritu de supervivencia. Desde el retorno de la democracia hemos vivido múltiples crisis, cuya responsabilidad recayó en muchos de los políticos, empresarios y gremialistas, con vigencia desde hace más de 25 años, y que pretenden mantenerla. Este es el desafío que afrontan las multimillonarias campañas electorales: conocemos a casi todos los que nos ofrecen un futuro mejor.

Ante esta continuidad que destruyó los partidos políticos nacionales, no sorprende la reiteración de mensajes grandilocuentes ajenos a la realidad, como por ejemplo, políticas de seguridad ciudadana. Recordemos algunos eslógans de campañas electorales anteriores: “Para cambiar la historia” (Menem-1989); “Con la fuerza de los hechos” (Duhalde-1999); “Un presidente para el nuevo siglo” (Rodríguez Saá-1999); “Sabemos lo que hace falta; sabemos cómo hacerlo” (Cristina, Cobos y vos-2007); “Dicen que soy aburrido” (De la Rúa-1999). Esta última publicidad es una de las más destacables, porque convenció a todos sin necesidad de mentir.

Las frases célebres no se quedan atrás. “El que apuesta al dólar pierde” (Sigaut-1981); “Prometo un salariazo” (Menem-1989); “En 1000 días vamos a poder tomar agua del Riachuelo” (Ma. Julia Alsogaray-1993); “El 2001 será un gran año para todos” (De la Rúa-2000); “El que depositó dólares, recibirá dólares” (Duhalde-2002); “La pobreza en Argentina está por debajo del 5%” (Cristina Kirchner-2015); “Combatiré implacablemente la corrupción” (frase sin propiedad intelectual que puede ser utilizada por todos los candidatos; aún por los enriquecidos en altos cargos públicos del Estado, con dedicación obviamente “full time”).

Estos recordatorios hacen suponer que la ciudadanía posee una experiencia más que suficiente para no someterse dócilmente al bombardeo de mensajes audiovisuales tan rimbombantes como vacíos de contenido, con el objetivo que  resignadamente pulsemos la tecla “Me gusta”. Experiencia que no discrimina en niveles socio-culturales, porque contra lo que se pregona, existe mucho más clientelismo en determinados ámbitos empresariales y políticos, que en los sectores sociales más vulnerables . 

El período de campaña hasta las primarias abiertas (PASO) el próximo 09 de agosto, que definirán los candidatos a presidente, hace oportuno ciertas reflexiones preliminares. Inicialmente, debemos asumir que votaremos en el marco de una Ley Electoral que permite todo tipo de artimañas para burlar la voluntad popular: las históricas listas “sábana”, listas espejo, dobles candidaturas, listas colectoras, y la escandalosa ley de lemas, recientemente reimplantada en Santa Cruz, ante el temor del oficialismo de perder la gobernación. También posibilita que candidatos electos vulneren el veredicto del voto, y abandonen la agrupación que representaron para fugarse a una opositora, o conformen “bloques legislativos unipersonales”, en lugar de renunciar para dar paso al suplente. A nivel gobernadores, son recordados Gerardo Zamora en Santiago del Estero (triunfó representando a la UCR), y  Fabiana Ríos en Tierra del Fuego (representó a la Coalición Cívica).

Por ello en esta etapa previa a las PASO, los políticos volcaron esfuerzos prioritariamente en negociaciones oportunistas basadas en intereses personales, en la búsqueda de intendencias, e integrar listas para cargos legislativos. Ello explica la paradoja que mientras en sus discursos clamen por diálogo y consensos, sean pertinaces creadores de un asombroso número de mini agrupaciones, siglas y alianzas, que semejan a “kioscos atendidos por sus propios dueños”. Con la mesiánica pretensión además, de representar el progresismo, la honestidad o intereses superiores, en exclusividad.   

Consecuentemente, nuestras reflexiones tras la PASO se concentrarán en quienes, para bien o para mal, tengan aptitudes y posibilidades de gobernar. 

LICUACIÓN DE LA VERDAD COMO PROPAGANDA

Dentro de las reglas básicas de la propaganda política (simplificación; exageración  y desfiguración; orquestación; transfusión; unanimidad y contagio y contrapropaganda); no aparece la de informar. Sin embargo, muchas de estas reglas se aplicarán para que los candidatos en  campaña electoral, transmitan sus plataformas y supuestas virtudes personales.  

Cabría pensar también que los instrumentos de la imagen debieran subordinarse a resaltar propuestas, sustentadas en conceptos claros e información de apoyo veraz. Lamentablemente no sucede, y el concepto de imagen se aplica también para transmitir números y propuestas, exaltándolos como verdaderos. El especialista en estudios de opinión pública  Ricardo Rouvier, en su libro “La deuda de la política” publicado hace ya 11 años, señalaba: “El uso abusivo de las palabras, sin medir sus significados, termina desjerarquizando la palabra como compromiso humano”.

Un excelente ejemplo de creatividad comunicacional se aplicó en la campaña radical de 1983. Estuvo a cargo de uno de los maestros de la publicidad argentina, David Ratto (quien trabajó ad honorem por su amistad con Alfonsín) y su socio Gabriel Dreyfus. Su acierto visual fue el diseño del logotipo, que destacaba la sigla RA sobre el fondo de la bandera nacional, identificando tanto a la República Argentina como a Raúl Alfonsín. Simple, sin adjetivos, sin rostros. Pero la imagen, para no vaciarse de significado, necesita actuar en respaldo de una plataforma electoral, o sea, de un compromiso político real. Surgieron entonces las recordadas “100 medidas para que su vida cambie”, que ocupaban una página completa en diarios y folletos, con el logotipo en el ángulo inferior derecho. Los compromisos, en su mayoría, no eran declarativos sino concretos: juicio a los responsables de actos de terrorismo; plan alimentario nacional para los necesitados (cajas PAN), etc.

El ejemplo es válido solo para ilustrar sobre las diferencias entre imagen y propuestas, que deben actuar complementariamente. El contexto histórico en 1983 era otro. Existían dos partidos tradicionales, el justicialismo y el radicalismo, con antecedentes y plataformas diferenciadas, que permitían comparaciones. Las unidades básicas y los comités trabajaban entusiastamente en todos los puntos del país. También lo hacían los candidatos con sacrificio, y no como se desvirtuó posteriormente,  a costa de los salarios públicos que perciben simultáneamente como funcionarios o legisladores, al no exigírseles licencia en sus funciones. Además, 32 años después, la dinámica comunicacional tuvo un enorme desarrollo tecnológico con multiplicación de medios, en especial la televisión, que hacen imposible que muchos ciudadanos lean una plataforma de 100 puntos en un medio gráfico, o una solicitada a toda página sobre cualquier otro tema.

Por lo tanto, cada vez con mayor asiduidad las campañas se basan en imágenes que nos impulsan a votar por factores emocionales, antes que por  compromisos concretos. Publicitariamente se intenta disimular la inexistencia de planes de gobierno, haciendo pasar diagnósticos (que se basan en lo que existe), por propuestas, que son acciones interrelacionadas aplicables en el corto y mediano plazo. Ante esta realidad, reclamar debates públicos entre candidatos, pareciera una grandilocuencia engañosa. Sobre qué se va a debatir, si no existen plataformas electorales oficializadas? Los ciudadanos, para juzgar, necesitan conocer previamente las propuestas a futuro a debatir, en especial las aplicables en los primeros 90 o 100 días de gobierno. El ejemplo de la utilización de la opinión de un pueblo como simple recurso político, se dio recientemente en Grecia. Se lo convocó para que votara el ajuste por SÍ o por NO. El 60%, como era obvio, votó NO. Resultado, se actuará conforme al SÍ, y habrá ajuste.

Exigir definiciones será la tarea de todos los ciudadanos en los meses que restan hasta octubre. Aún hay tiempo. El ajuste económico será inevitable, pero no necesariamente malo en sí mismo. Lo que se deberá clarificar a la ciudadanía es quienes lo absorberán. Caso contrario correremos el riesgo que quienes hoy se acusan en enfervorizados debates, en enero de 2016 repitan el gran “acuerdo político patriótico” de enero de 2002, que dejó un tendal de afectados en las clases medias y las más desposeídas. Los patriotas políticos salieron indemnes.

LA PROPAGANDA SIRVE PARA INFORMAR?

Describíamos en nuestra última reflexión alguna de las reglas básicas de la propaganda política, cuyos matices dependen de los sustratos sociales en donde se aplican. Nuestro marco nacional es un sistema democrático con una bajísima calidad institucional, desaparición de partidos políticos reconocibles con extensión territorial, y como consecuencia, oficialismos casi hereditarios por sobre oposiciones dispersas con escasa coherencia en sus acciones y principios. Esta realidad explica nuestras recurrentes e inevitables crisis políticas y económicas.

La política necesariamente exige comunicación, con evaluación de la percepción de los mensajes en los sectores a los que van dirigidos (obreros; estudiantes; empresarios, etc.). Si la percepción no es buena, inicialmente se modifica el mensaje pero no el objetivo. Este solo se posterga y/o desecha ante reacciones adversas mayoritarias y contundentes. Cabe preguntarse: cómo se manejan en una campaña electoral mensajes que, de manera sintética y clara, deben direccionarse simultáneamente a todos los estratos sociales? En países donde existen partidos tradicionales identificables y políticas diferenciadoras es posible, porque los temas en debate son acotados y conocidos por la sociedad (ejemplo, sistema de salud en Estados Unidos; educación paga o gratuita en Chile). En nuestro país, en donde no sabemos a qué agrupación pertenece cada legislador que integra una lista sábana, y menos aún a que otra agrupación se fugará en diciembre próximo una vez elegido “por el voto popular”, es imposible.

No es casual entonces que la propaganda en nuestras campañas electorales, antes que informar, tengan como objetivo acusar, emocionar, desinformar y/o enmascarar. Por ello, sin eludir la imprescindible regla de la simplificación, es habitual el uso de las reglas de exageración y desfiguración (reestructurar la información para que sea favorable al interesado), y la de contraproganda (atacar la tesis y/o creencia del adversario). Tomemos dos casos.

1.- Contrapropaganda. Un ejemplo adecuado por su  repercusión popular y política, es la muerte del fiscal Nisman en enero de este año, hecho irrefutable en sí mismo, como así su origen político. De inmediato colisionaron distintos intereses: deseo de esclarecimiento; deseo de ocultamiento; especulaciones políticas; expresiones de dolor falsas y verdaderas. Pasado el primer momento de confusión al estilo “yo no fuí”, comenzó un proceso de dilución de responsabilidades, apoyado en nada inocentes polémicas  comunicacionales, en dónde se mezclaban el debate periodístico banal, el planificado para enmascarar, y el profesional. Múltiples informaciones y declaraciones entremezclaban racionalidad con disparates y agravios. El operativo confusión, consistente en que verdad y falsedad no se distingan, fue exitoso. A más de seis meses de la aparición de Nisman sin vida, no hay información oficial de cómo murió. Estas batallas comunicacionales que mezclan la actividad periodística profesional con la claramente direccionada a determinados objetivos de impunidad, es de habitual aplicación en temas más complejos, como los de corrupción económica.  

2.- Regla de orquestación. La actual campaña electoral hasta el momento se sustenta en la instalación de dos conceptos que parecerían sintetizar nuestras alternativas: CAMBIO o CONTINUIDAD. De por sí no significan nada, pero como fueron promovidos en los niveles políticos, la propaganda busca su transfusión a los ciudadanos. Ejemplo: en los análisis de las elecciones del último fin de semana en cinco distritos (ciudad de Buenos Aires; Córdoba; Corrientes; La Rioja y La Pampa), la regla de orquestación se aplicó a pleno.  Los diarios de tinte opositor destacaron que el oficialismo solo triunfó en La Rioja, y sobre el total de estos distritos, sumó 30% de votos. Por su parte Ämbito Financiero, más cercano al gobierno, resaltó que en los cinco distritos triunfaron los oficialismos, por lo que según los votos sumados, un 60% votó continuidad (oficialismo), y un 40% cambio (oposición).

Al ciudadano éstas interpretaciones le esclarecen su futuro con vista al próximo gobierno?  Por el momento parecería que hacer propaganda no es informar. Qué pasa cuándo se deben manejar ya no interpretaciones, sino conceptos y datos numéricos concretos? Lo analizaremos en la próxima reflexión.

COMIENZA EL MARKETING DE LA SIMPLICIDAD

La publicidad de un auto de alta gama, habitualmente incluye a una mujer bellísima. Es un claro mensaje subliminal: más lujo permite más bellas mujeres. Sería suicida para la marca, por ejemplo, que el conductor utilice el modelo de lujo para pasear a su suegra. Eso queda reservado para los modelos de uso familiar. Para el campo femenino, un perfume costoso permitirá a una mujer subyugar a elegantes galanes. Estos ejemplos responden a una regla básica llamada de simplificación. El mensaje, sea solo visual o acompañado de breves textos, debe ser claro y contundente, convirtiendo al producto en un objeto de deseo.

Cuando la publicidad no se remite a lo comercial sino a lo político, se llama propaganda. La regla de simplificación no solo mantiene plena vigencia, sino adquiere mayor complejidad por dos razones: 1) el mensaje político debe ser igualmente eficaz para una amplísima franja social, a diferencia del auto de alta gama. 2) un mal producto comercial en breve tiempo fracasará en el mercado, pero un mal producto político se mantendrá como mínimo cuatro años en el poder. Salvo, en éste último caso, que parte de otros malos productos den un “golpe blando” (definición kirchnerista), como sucediera en diciembre de 2001.

La propaganda política como la conocemos, que para ser eficaz requiere de un sustrato social adecuado, nace y se desarrolla a principios del siglo XX, favorecida por el enorme avance de las comunicaciones. Fueron pioneros en la creación de sus reglas básicas, plenamente vigentes en la actualidad, los regímenes totalitarios fascistas y comunistas. Son recordadas las escenografías propagandísticas con concentraciones multitudinarias en ámbitos abiertos, que convergen en el líder como único orador, cuyos discursos estentóreos con frases breves y altisonantes, buscan sumergir a la multitud en lo emocional por sobre lo racional. Esta técnica se basa en la regla llamada de unanimidad y contagio, que se basa en la evidencia sociológica de la presión del grupo sobre la opinión individual. Una persona puede tener sinceramente en un mismo asunto dos opiniones fluctuantes. Pero la mayoría de las personas desean, básicamente, armonizar con sus semejantes. Por ello es habitual escuchar “todos dicen”, y no “yo digo”. El efecto contagio también lo buscan las sospechadas encuestas de opinión, que independientemente de su verosimilitud, pretenden volcar nuestras preferencias hacia un supuesto ganador.

Cuando este proceso propagandístico se produce en ámbitos cerrados y televisados, la escenografía y llegada al público receptor se modifica. La ausencia cercana de multitudes es suplida por incondicionales ubicados en las primeras filas frente al atril, quienes sonríen, aplauden y muestran fervorosa adhesión y conformidad con el líder orador. Actos prolijamente organizados, no dejan lugar a emociones imprevistas. Se basan en público adicto, subordinación de funcionarios, y entusiasmos de empresarios prebendarios. Paradójicamente, esa limitada escenografía y su mensaje  es transmitida a través de la pantalla chica a millones de ciudadanos con distintos niveles sociales, culturales y económicos, a quienes  se debe convencer o “contagiar”. Como consecuencia el mensaje debe ser más sofisticado y sutil, sin brindar en lo inmediato, constatar la verdad de lo expresado. Lo expuesto es aplicable a la prensa escrita, cuyo ejemplo primario y más resonante es la temida “tapa de los diarios”. 

En las vías de comunicación televisivas y escritas, que utilizaremos para nuestros futuros análisis, si bien no se abandona la regla de la simplificación, se incorporan las reglas de exageración (resaltar las informaciones favorables al interés del emisor), y desfiguración y orquestación (repetición incesante de temas con aspectos que interesan al emisor, presentándolos  de modos diferentes para no cansar). Jamás las informaciones políticas, sean en discursos o medios de difusión, se dan en “bruto”, sino con un procesamiento previo.

Lo interesante de las vías de comunicación televisivas y escritas reside en que las opiniones quedan registradas, pueden ser meditadas, y detectadas sus inconsistencias, aún cuando se oculten o distorsionen los datos que las sustenten. En la próxima reflexión ingresaremos en nuestra realidad nacional, y comenzaremos a desmenuzar técnicas y mensajes preelectorales.