SOBREPRECIOS "QUNITA"

Iniciar el tema de “sobreprecios en la obra pública” recordando el fraude a la administración estatal por la adquisición de 140.000 kits de cunas y equipamiento destinados a recién nacidos de madres vulnerables, tiene por fin mostrar que una compra corrupta simple y de mediano presupuesto (1.100 millones de pesos), presenta la misma matriz de facilitación y complicidad que las contrataciones de obras públicas de gran envergadura. Solo cambian beneficiarios de los retornos (coimas), y complejidad técnica del objeto contratado. Las denuncias de corrupción que hasta diciembre pasado solo contribuían a crear un higiénico clima de libertad de expresión, pues existía la certeza de la inoperancia y/o complicidad de la justicia, adquirieron otra resonancia tras el recambio político en la conducción del país. Con una salvedad. La corrupción no admite debates estériles y engañosos basados en “la grieta”, pues carece de ideología y marcos legales; se alimenta por beneficios personales. Por ello, la trama de impunidad multisectorial y pluripartidaria vigente desde hace más de dos décadas,  aún permanece intacta. En lo inmediato, solo debió abandonar el cómodo escenario de los acuerdos subterráneos, para forzadamente aplicar estrategias de encubrimiento y confusión en  los medios de comunicación,  mezclando veracidad, suposición, engaño, amenazas y coacciones típicas de pujas entre bandas delictivas.

El Programa Qunita presenta dos aspectos válidos para analizar casos de mayor complejidad: 1) los kits entregados no solo superaban los precios de mercado, sino que eran de pésima calidad. Es habitual que cuando existen sobrecostos iniciales a ser retornados a funcionarios como coima, se agregue posteriormente una menor calidad de prestación. 2) Los niveles políticos que promueven y autorizan compras con sobrecostos, ante una acusación aducen haberse basado en expedientes con secuencias administrativas inobjetables. Por ello, más allá de iniciar las causas en cabeza de las máximas autoridades del área, las investigaciones sobre corrupción estatal deben comenzar desde los trámites iniciales, analizando las intervenciones de funcionarios menores en jerarquía, pero imprescindibles para dar viso de legalidad al trámite.

Resumamos entonces algunos lineamientos generales para detectar y comprobar corrupción estatal-privada en las contrataciones de obra pública, aplicables también a concesiones de servicios y adquisición de bienes e insumos:

1.- En la corrupción estatal-privada, el circuito del dinero es unidireccional: dinero del Estado pasa al sector privado, que posteriormente retorna a los funcionarios facilitadores la parte convenida. Jamás una coima sale del patrimonio de un empresario privado. Por ello la necesidad de los sobreprecios.

2.- Los expedientes administrativos exigen una multiplicidad de instancias  internas y externas en su elaboración, tramitación y control (informes técnicos, contables, legales, antecedentes de sociedades). Participa personal de carrera con excelente formación y experiencia, que son sometidos a un dilema: aceptar la “decisión política” corrupta preestablecida, o ser apartado de su cargo. Ante esta última opción, los dirigentes gremiales no protestarán en Plazo de Mayo. Este aspecto explica, entre otros, la razón de proteger las tramas delictivas sembrando las estructuras estatales con familiares, amigos, militantes, y supuestos extrapartidarios complacientes.

3.- Cuando se habla de trama de corrupción estatal, se deben establecer tres niveles: 1) el nivel político activo, que determina el objeto y presupuesto, define adjudicatario, acuerda la mecánica del retorno (coima), y percibe el dinero. 2) el nivel político pasivo (ejecutivo, legislativo, judicial), que presta apoyatura institucional y complicidad, pero en lugar de recibir dinero, negocia cargos públicos, incorporación de familiares y prebendas. 3) el personal profesional / técnico / administrativo necesariamente partícipe en la tramitación, que intenta sobrevivir sin protección dentro de la trama. Es el nivel más importante para aportar datos iniciales a las causas. Sus testimonios pueden ser esclarecedores, sin necesidad de ley del arrepentido.

Comentados estos parámetros preliminares, será más fácil comprender para el neófito (jueces y fiscales no están incluidos),  un tema recurrente presentado con un halo de misterio y complejidad: los sobreprecios en la obra pública. Apelaremos a un ejemplo de conocimiento popular: las constructoras de Lázaro Báez.

Buenos Aires, 08 de junio de 2016

PATORUZÚ INVESTIGA

Una historieta es un relato conformado por una serie de dibujos correlacionados. El componente gráfico es el encargado de transmitir aventuras que van de la ilusión al realismo; del humor al espanto. El indio tehuelche Patoruzú y sus aventuras, nacieron en 1928 de la mano de Dante Quinterno, quien tiempo más tarde incorporó a Isidoro Cañones, porteñito piola y vividor. Ambos personajes emblemáticos volvieron a la memoria ante el trabajo denodado que están encarando una multitud de infectólogos (jueces, fiscales, políticos, empresarios), para encontrar cuanto antes los anticuerpos que destruyan el circunstancial virus llamado “lucha contra la corrupción”. De este modo se podrá retornar a la normalidad, saqueando recursos del Estado con impunidad. El nombre de Patoruzú, por otra parte, evita que el flagelo estrictamente nacional, intente ocultarse tras expresiones foráneas, como “mani pulite”; Panamá Papers; “cuentas offshore”, o similares. Para que “buitres” internacionales ataquen a un país, previamente deben actuar aves rapaces locales para generar la carroña que los alimenten.

Como corresponde a una historieta, el recuerdo de Patoruzú nace en lo visual: el fiscal Marijuán recorriendo la extensa Patagonia, en una tarea casi de puerta a puerta, buscando con enjundia “el dinero mal habido”. Pero su asombro por la cantidad de campos, propiedades edilicias, autos de alta gama, y otros bienes detectados, provoca interrogantes. La causa por lavado se inició hace más de treinta meses, producto como ya es habitual, de una investigación periodística de abril de 2013, que brindaba circuitos de blanqueo, con nombre de sociedades y número de cuentas bancarias involucradas. Marijuán hace suponer que nunca antes se solicitó información a los Registros de Propiedad e instituciones financieras, o bien que les fueron negadas. Este punto debería ser aclarado, como así también el nombre de los titulares de dichos bienes. También genera dudas que no se hayan detectado cuentas con dinero para proceder a su embargo. A ello se suma el viaje que muy tardíamente harán el juez Casanello y el fiscal Marijuán a Suiza. Hace más de dos años se detectaron en dicho país dos cuentas bancarias de Báez y su entorno, con 22 millones de dólares. En ese entonces, supuestamente se envió un exhorto a la justicia suiza requiriendo su congelamiento. Pero como la corrupción se sostiene en una aceitada trama estatal, es de suponer que el juez Casanello consultó con el Director de Asistencia Jurídica de la Cancillería, Horacio Basabe, si el exhorto fue realmente cursado, fecha de envío, si cumplía con los requisitos judiciales exigidos por el país extranjero para darle curso, o bien contenía los habituales “errores” para que la solicitud fuera denegada (picardía Isidoro Cañones). Por si es necesario aclararlo, los 22 millones de dólares fueron retirados hace tiempo por Báez. Finalmente cabe preguntarse: que rol cumplió el fiscal antilavado Carlos Gonella, en esta investigación de lavado?

Mientras Báez y su entorno monopolizan el “operativo transparencia Patoruzú”, no debemos olvidarnos de otras causas trascendentes. Ciccone: el juez Lijo, más allá de Boudou y sus amigos, no produjo nuevos avances en la causa, para profundizar sobre la entidad “fachada” controlante The Old Fund, sin antecedentes ni capital propio. Hotesur y Los Sauces: causa también relacionada con Baéz, en cuanto al lavado de dinero, y/o pago de coimas. Desde el 28 de abril pasado se encuentra a cargo del juez Julián Ercolini, al ser apartado el juez Rafecas, un potencial sosías de Oyarbide, que la mantuvo paralizada durante varios meses. Fútbol para Todos: a cargo de Servini de Cubría, la causa investiga la desaparición de 179 millones de pesos del programa Fútbol para Todos, en el corto tránsito que va de la Jefatura de Gabinete a la Asociación del Fútbol Argentino.  Es interesante porque replica el esquema, filosofía y actores de la política dentro de los clubes, aplicados a la corrupción estatal-privada. Resultado: pobres y multimillonarios viendo fútbol gratis; clubes en su gran mayoría vaciados y con deudas impagables; campeonatos absurdos, y funcionarios, dirigentes, empresarios e intermediarios enriquecidos. Todo ello, usufructuando las aún denominadas cínicamente “entidades sin fines de lucro”.

Lázaro Báez en un reclamo tiene razón. Si la corrupción se origina en el saqueo de los recursos del Estado, porqué no se investiga a los funcionarios públicos responsables del circuito de facilitación y entrega del dinero? Para colaborar con la confundida justicia, será tema de la próxima reflexión el alcance del concepto “sobrecostos en la obra pública”, o de las contrataciones del Estado en general. Es mucho más fácil e inmediato detectarlos, que buscar cuentas “offshore”.

Buenos Aires, 01 de junio 2016

PARECER HONESTO SIN SERLO

Último momento. A partir del testimonio de un testigo reservado, el Senado de Estados Unidos logró el levantamiento del secreto bancario en dicho país, logrando amplia documentación de hechos ilícitos vinculados con lavado de dinero. Entre los investigados por la subcomisión encabezada por el demócrata Carl Levin, figuran empresas, empresarios, políticos, estudios jurídicos y contables de nuestro país, que utilizaron mayoritariamente instituciones financieras con base en Uruguay y Panamá para la fuga del dinero. Ante ello, se conformó una Comisión Investigadora integrada por nueve legisladores, que logró que los documentos y detalles de las cuentas correspondientes, les fueran enviados por el Senado norteamericano en 18 cajas. Esta noticia no se refiere al caso “Panamá Papers”. Es del año 2001.

La Comisión inició su tarea en mayo, y las conclusiones se dieron a conocer en agosto del mismo año. Tras duros enfrentamientos entre sus integrantes, se presentaron cuatro informes distintos, apelando a una conocida estrategia política, consistente en no consensuar el resultado de una investigación para licuar su efectividad. Entre los legisladores sabuesos, se encontraban Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña. Tras la caída de De la Rúa meses más tarde, a muchas de las grandes empresas involucradas se les estatizó parcialmente sus deudas en dólares, a través de la pesificación asimétrica.

La máquina del tiempo nos lleva al año 2014. El técnico informático de la sucursal de Ginebra del HSBC, Hervé Falciani, reveló información de más de 100.000 cuentas supuestamente no declaradas, de las cuales 4.040 eran de argentinos. Nuevamente se apeló al manual de los fuegos de artífico, y el 17 de diciembre se creó una Comisión Bicameral integrada por 5 senadores y 5 diputados, encabezada por el diputado del FPV Roberto Feletti. Políticos y funcionarios emitieron afirmaciones grandilocuentes; cifras impactantes, y clases teóricas de mecánicas de lavado. Como es usual, desde el oficialismo se hicieron trascender nombres de adversarios políticos incluidos en el listado. La febril actividad investigativa incluyó excursiones turísticas. Legisladores y funcionarios viajaron a París para entrevistarse con Falciani, y posteriormente a Suiza. Resultado final? No se produjo un informe con conclusiones. El oficialismo perdió las elecciones, y Feletti trasladó su lucha por la transparencia al municipio de La Matanza. La obra teatral “fuga de capitales” fue levantada de cartel.  

La remembranza histórica pretende que los ciudadanos no sean una vez más engañados por actores de una ficticia honestidad. La estrategia engañosa de ubicar el foco delictual e investigativo en el exterior, para evitar la identificación y castigo de los responsables vernáculos del saqueo de los recursos del Estado, se repite. Ricardo Echegaray, por ejemplo, titular de la AFIP en ese entonces, mientras anunciaba la fuga de más de 3.500 millones de dólares a través del HSBC, paralelamente refinanciaba con grandes facilidades deudas impositivas de fuertes empresarios, para que pudieran incrementar sus patrimonios. Inclusive el impuesto a los combustibles recaudados como agente de retención, y no reintegrados a la AFIP. El circuito se cierra con el intento de “negociar” con el poder político por las buenas o por las malas, a través de planificadas campañas mediáticas.   

Desde hace décadas existen las firmas “offshore” y cuentas no declaradas en el exterior. Su origen puede ser legal (debidamente declaradas en el país), o ilegal. En este último caso, pueden tener como fin la evasión (no pagar impuestos); corrupción (coimas entre funcionarios y privados), o lavado de dinero (fondos de organizaciones delictivas que necesitan ingresar al circuito legal). Pero para que la ilegalidad y fuga del dinero tengan lugar, ineludiblemente se debe contar con la complicidad, y excepcionalmente ineficacia, de autoridades políticas y organismos de control. No es necesario viajar a París para entrevistar a Falciani. Los responsables de la corrupción están en nuestro país: jueces, fiscales, Banco Central, AFIP, UIF, Inspección General de Justicia, Comisión Nacional de Valores y Oficina Anticorrupción. En el caso Panamá Papers, que concluirá sin resultados concretos, existe una salvedad. Debe investigarse rápidamente la participación del presidente Macri en el caso, evitándole intencionadas operaciones de desgaste. Para presionar y negociar impunidad, los corruptos no necesitan de la verdad. Con la sospecha les basta.

Buenos Aires, 26 de mayo de 2016

JUEGO DE ARTIFICIOS POLÍTICOS

Decía Maquiavelo hace más de 500 años: “Un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo, porque son muchos los que lo forman;a los nobles, como se trata de pocos, le será fácil”. Este principio no es una remembranza histórica extemporánea. Teórico político notable, Maquiavelo supo codificar prácticas que abrió el camino a las doctrinas políticas modernas. Además, fue un exquisito analista de la conducta humana en las luchas por el poder. Para Maquiavelo, “nobles” no refiere solo a derechos de cuna, sino comprende a plebeyos con pertenencia o cercanía al círculo áulico de las Cortes: militares destacados; comerciantes poderosos, e incluso bufones. Las recurrentes desmesuras de los privilegiados, en situaciones extremas provocaban levantamientos populares de los hambreados, generalmente sangrientos.

Las luchas por el poder en las sociedades democráticas modernas, adoptaron formas más civilizadas, pero no menos egoístas y personalistas. “Príncipes o princesas” de hoy, en las democracias imperfectas caen en autoritarismos explícitos, o intentan ocultarlos bajo el barniz de la legalidad. Para ello invocan situaciones de excepcionalidad que les permitan burlar leyes; promueven reelecciones indefinidas; arman listas sábanas de legisladores solo con sus consejeros inmediatos; implementan derechos sucesorios políticos familiares; crean inmunidades parlamentarias que los protejan de los delitos comunes. Sus “Cortes” incluyen también personajes tangenciales: piqueteros,  patoteros, pregoneros, e incluso bufones. Con el paso del tiempo y crecimiento demográfico, surgieron otros grupos de poder: judiciales, legislativos, gremiales y empresariales. Pero en los Estados modernos con baja institucionalidad democrática, el principio de Maquiavelo en cuanto a la mayor facilidad de tratar “con unos pocos”, no se modifica. En nuestro país, por ejemplo, la permanencia simultánea de distintas dirigencias a lo largo de décadas resulta asombrosa. El reclamo popular del 2001-2002, para “que se vayan todos” los dirigentes responsables, resultó un estruendoso fracaso. La “nobleza” se mantuvo inmutable.

Reconocer esta realidad es imprescindible para interpretar la actual situación de nuestro país, y nuestras similitudes con Brasil. Ambas crisis estallaron poco después que los pueblos se expresaran en elecciones generales libres; se invocaron razones tales como sobornos o falseamientos de estadísticas, no certificadas debidamente; vicepresidentes de uno y otro país tuvieron actuaciones oportunistas; cínicamente, supuestos oficialistas y opositores se unieron en un grandilocuente  “acuerdo patriótico de salvación nacional”. Tanto en el 2002 en Argentina, como probablemente en Brasil ahora, los “nobles” y su trama de corrupción intentarán permanecer. Nada nuevo para Maquiavelo; ya en su época se daban golpes “institucionales”, muchos de ellos invocando razones religiosas, para encubrir poder y corrupción.

Tanto Argentina como Brasil, tuvieron doce años ininterrumpidos de gobiernos híbridamente llamados “populistas”, con mejoras sociales iniciales evidentes, sin olvidar que las bases de referencia en ambos casos eran muy bajas. Atractivos conceptos ideológicos, ocultaban una corrupción pública-privada desaforada. El “derrame de riqueza”, mientras grupos empresarios crecían desmesuradamente no siempre con recursos propios, consistía en subsidiar a los pobres para mantener el “statu quo” del poder. No se puede ser tan ingenuo para pensar que en ambos países, los gobiernos se sostuvieron 12 años con el apoyo exclusivo de la izquierda, subvencionada además con recursos públicos. A diferencia de Brasil, en Argentina hubo un cambio de partido gobernante. El “kirchnerismo” solo identifica un período temporal, pero no diluye responsabilidades delictivas de muchos otros actores públicos y privados multipartidarios. Nuestra trama de impunidad no solo está intacta, sino que se debatirá ferozmente para mantener prebendas, fortunas mal habidas, y la habitual impunidad judicial. Es el titánico desafío que afrontan Macri y los políticos honestos.

Respecto a nuestro “mani pulite”, por el momento más escenográfico que eficaz, analizaremos en la próxima reflexión “estrategias de confusión” aplicadas por beneficiarios de la impunidad. Comenzaremos por diferenciar entre lavado de dinero, cuentas bancarias en el exterior, sociedades offshore, y responsabilidades de los organismos de control argentinos.

Buenos Aires, 18 de mayo 2016  

MANI PULITE O SPORCHE?

Las imágenes tienen el poder de exhibir hechos que nos hacen suponer que no existen intermediaciones con la realidad. En las guerras, por ejemplo, no  describen causas; muestran destrucción y muerte. En la tragedia ferroviaria de Once, tibiamente nos hicieron sospechar que la corrupción también mata. Pese a todo, continúa arraigada la creencia que la práctica del “roba pero hace”, es una ecuación cuyo resultado final es neutro.

El conocido video mostrando al círculo de Lázaro Báez contando millones de dólares en una financiera de Puerto Madero (solo una imagen), produjo sorpresa e indignación en la sociedad. Pero los principales sorprendidos parecieran haber sido el juez Casanello y el fiscal Marijuán, a cargo de la causa iniciada en el  2013. Recién ahora comenzaron con vertiginosas actuaciones judiciales, que aún continúan. Un factor no menor a considerar, es que en diciembre pasado asumió un gobierno de un signo político distinto al que condujera el país entre los años 2003-2015, que abarca el período investigado.  

Tras la repercusión mediática, diversos políticos, analistas y periodistas, dan por sentado un proceso “mani pulite” (manos limpias), rememorando lo actuado por la justicia italiana en 1992, que desactivara una extensa red de corrupción político-empresaria, con 1.233 condenas, prófugos y la caída del primer ministro socialista Bettino Craxi. Pero en nuestro caso, por el momento no se observan elementos tangibles que justifiquen tanto entusiasmo purificador. Inclusive, el despertar judicial podría ser sospechado de ser tácticas de distracción para capear el temporal. Porque a diferencia del caso italiano (o el brasileño en la actualidad), en nuestro país ha sido precisamente la justicia actora esencial en la protección del desaforado desarrollo de la corrupción estatal-privada. Ello se constata en el manejo laxo de los tiempos procesales; la manipulación de expedientes; escandalosos sobreseimientos de enriquecimientos ilícitos, y prescripciones para no llegar a la instancia oral. En síntesis, ausencia casi total de condenas.

Esta práctica ni se preocupó de apelar al disimulo. Cuando fiscales realizaron allanamientos sin aviso previo (Rívolo en el caso Ciccone), o investigaron movimientos de fondos sospechosos (Campagnoli en el caso Báez), fueron apartados sin miramientos de las causas. Campagnoli estuvo a un voto de ser destituido. En esta trama, recordar al juez Oyarbide resulta redundante. Estos antecedentes, entre muchos otros, nos muestran un contexto más próximo al de “mani sporche” (manos sucias), que al del “mani pulite” de 1992, con la actuación entre otros, del juez Di Pietro.

Quedan esperanzas entonces? Debieran producirse dos circunstancias: 1) que jueces y fiscales, sin necesidad de una ley especial, se declaren “arrepentidos” por lo actuado en las pasadas décadas, y actúen con eficacia para debilitar la fuerte trama de corrupción; 2) que la ciudadanía no abandone la presión social en el seguimiento de los casos, exigiendo, antes que detenciones circunstanciales, embargos preventivos inmediatos para recuperos de bienes bajo sospecha de corrupción (extinción de dominio), y finalmente, juicios orales en tiempos razonables. Los recuperos debieran ser aplicados a la ejecución de obras físicas de interés social (hospitales, escuelas, infraestructura), bajo la leyenda “construída con recupero de fondos de la corrupción”.  De este modo, los más necesitados se darán cuenta que el “roba pero hacen” es un engaño. Los políticos y empresarios ya lo saben.

Mientras se desarrollan las actuaciones judiciales, pondremos frases o acciones relacionadas bajo análisis. Recientemente el legislador porteño Gustavo Vera, conocido por su prédica contra el trabajo esclavo y la prostitución, en un panel de debate señaló que “el juez Casanello es honesto”. Por lo innecesario, el comentario despierta dudas. Más aún cuando Vera amplió su campo de acción a denuncias de todo tipo, que su verborragia hace poco claras en cuanto a fundamentos. Casanello y su ayudante Omar Orsi, se encuentran procesados por prevaricato (tomar una decisión injusta y arbitraria usando el cargo), por la demora en investigar a Lázaro Báez. Una cosa es la responsabilidad pública de opinólogos todo terreno, y otra muy distinta la de un legislador. De persistir Vera en el pecado de la soberbia para decidir quienes son honestos y quienes no, sin aportar pruebas fehacientes, su amigo el Papa Francisco debiera darle una penitencia.

Buenos Aires, 11 de mayo 2016

VERBORRAGIA, INCAPACIDAD O COMPLICIDAD?

La doble personalidad consiste en poseer una parte pública y cotidiana bien organizada, y otra oscura, enmascarándola para volverla invisible. Las novelas policiales habitualmente juegan con esta duplicidad, que pretende engañar a familiares, investigadores, policías y jueces. El espectáculo de la corrupción estatal-privada exhibida ante nuestros ojos en los últimos meses, si bien tiene ribetes novelescos, es dolorosamente real. Su existencia ha sido posible por la conformación de  un fuerte entramado del que participan políticos, legisladores, jueces, fiscales, periodistas, gremialistas y empresarios. Todos ellos lucharán con fiereza para proteger impunidades, libertades personales y patrimonios mal habidos. Para ello apelarán a sutiles o groseras tácticas de confusión, mezclando información con desinformación, realidad con escenografía. Ante esta duplicidad, en nuestra novela podremos descubrir a los asesinos, y lograr su condena?

Así como el libro o el cine son el vehículo de transmisión de la novela policial, en materia política, y de corrupción en particular, ese rol lo cumplen los medios de comunicación televisivos, escritos y radiales, a los que deben acudir los ciudadanos comunes, que carecen de información privilegiada. Pero el desarrollo de la trama, en lugar de estar predeterminado como en la novela, fluctúa en una permanente lucha para encubrir la verdad y manipular a la opinión púbica. No es fácil diferenciar entre buenos y malos, entre esclarecedores y manipuladores. Esto explica la razón por la que los gobiernos, cuanto más autoritarios son, mayor control intentan ejercer sobre la pluralidad de opiniones. Es lógico entonces comenzar el análisis de nuestro contexto y actores principales de la corrupción estatal-privada, con el rol de los medios de comunicación.

La libertad de prensa y/o expresión no es patrimonio del “periodismo bueno o malo”, sino resultado de la diversidad de medios y líneas de pensamiento. Que supuestos periodistas obsesivamente nos alerten sobre la existencia de “grupos mediáticos concentrados”, antes que mala fe hace suponer imbecilidad. Es claro que un título en primera plana de un diario, por ejemplo, se redacta para obtener determinado impacto. Es verdad también que existen grupos con tradición exclusivamente periodística, y otros que a la actividad le suman otros conglomerados empresariales, por lo que eventualmente podrían utilizar a sus medios como factor de presión, para obtener beneficios del poder de turno. Pero del mismo modo, mal pueden esclarecernos periodistas que doctoralmente denuncian la existencia de “grupos de poder mediático”, y a su vez son sostenidos con aportes privados o públicos que también responden a intereses políticos/económicos específicos, transformándose en pertinaces defensores de un pensamiento lineal, obcecado y uniforme.

La alternativa democrática a este dilema es la coexistencia de diferentes miradas e intereses en el campo de la información, que nos permitan formar nuestra propia opinión con bases sólidas. Para que “en lugar de reemplazar ideas por imágenes, pongamos las imágenes al servicio de las ideas”. (Marketing Político - Gustavo Pandiani). Diarios como Clarín y Nación quizás insistan con algo que en las actuales investigaciones pareciera irrelevante: Cristina puede terminar presa?. Pero  a su vez, Radio del Plata, de la empresa Electroingeniería, hace un condescendiente reportaje a Máximo Kirchner; o Canal C5N del grupo Cristóbal López, con grandes deudas impositivas, tiene a su panel de periodistas políticos  enfocados en preguntar: qué pasa con los Paraná Papers de Macri?

Maquiavelo señalaba que hay tres clases de cerebros: “el primero discierne por sí; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen”. No caer en este último grupo, que Maquiavelo llamaba inútil, debiera ser nuestro desafío, ante las batallas mediáticas que para encubrir/esclarecer seremos sometidos.

En última instancia, los medios de comunicación están supliendo obligaciones que naturalmente corresponden a funcionarios, legisladores, jueces y fiscales. La corrupción desaforada que nos azota, es una consecuencia de la práctica del secretismo (uso del secreto para lograr impunidad), que ha levantado vallas intencionadamente infranqueables para impedir que el ciudadano pueda informarse por sí mismo respecto al manejo de la cosa pública.  

Buenos Aires, 04 de mayo 2016

REFLEJOS ENTRE BRASIL Y ARGENTINA

Hace más de 500 años, aconsejaba Maquiavelo al príncipe: “Lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio sólo acaba de traer el bienestar y la seguridad”. Será aplicable  este concepto para reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre los procesos que atraviesan Brasil y Argentina?

A modo referencial, resaltamos algunas similitudes temporales y numéricas. Lula asumió la presidencia de Brasil el 1° de enero de 2003; Néstor Kirchner el 25 de mayo del mismo año. Sucedió a Lula  en el 2011 Dilma Rousseff, y a Kirchner en el 2007 su esposa Cristina. En las recientes elecciones presidenciales del 2015, Dilma alcanzó en la primera vuelta el 41,59%, y en la segunda el 51,62%, superando a Aécio Neves por 3,24%. En Argentina los porcentajes fueron similares, pero no el resultado político. En la primera vuelta el candidato oficial Scioli obtuvo el 37,08%, pero en la segunda perdió ante Macri por 2,68%. La primera conclusión debiera ser que la diferencia del 3,24% a favor de Rousseff, y del 2,68% para Macri, otorga a ambos gobernantes plena condición de legítimos representantes de una decisión democrática mayoritaria, que no puede ser burlada por especulaciones capciosas por parte de las minorías.   Otro aspecto a considerar, es que tanto Rousseff como Macri asumieron la presidencia tras doce años de gobierno de un mismo partido, considerados populistas, y a los que se les reconoce haber generado una mejora social. Cómo se explican entonces, con sus matices, las crisis económicas de ambos países?

Quienes gobiernan deben saber que son inevitables los períodos cíclicos de “vacas gordas y vacas flacas”, por lo que es necesario aplicar políticas de crecimiento y “distribución del ingreso” de mediano y largo plazo, que prevean y minimicen futuras crisis. Pero se pueden implementar y consolidar éstas políticas con una desaforada corrupción estatal-privada? La corrupción es necesariamente de corto plazo, usufructuada por los beneficiarios directos, por lo que es imposible que quienes sustraen recursos del Estado en beneficio propio, en paralelo promuevan políticas consistentes de largo plazo. Solo se intenta disimular el saqueo con desprolijas políticas de subsidios sectoriales y clientelares, buscando una subyacente complicidad a través del “roban pero me dan”. El resultado es que a costa del Estado, surgen castas de funcionarios, familiares y empresarios multimillonarios. Lo que “parece” virtud cuando sobran recursos, mal empleados concluyen en ruina. Maquiavelo no estaba equivocado.

Este es el problema que afrontan Dilma Rousseff en su continuidad, y recibe Mauricio Macri con el nuevo gobierno de Cambiemos: el fin de la “aparente virtud”. El espejo de Brasil, nos muestra la fuerte imbricación entre poderosas empresas estatales (Petrobras), y privadas (constructora Odebrecht), al igual que en nuestro país. Pero en Brasil, es destacable que la rápida y eficaz actuación del juez Sergio Moro y varios fiscales, no haya sido sometida a estrategias de desprestigio y presión por parte del gobierno.  

Para concluir cabe preguntarse: sería justo y oportuno destituir a Dilma Rousseff? Los argentinos tenemos antecedentes no muy lejanos para intentar una respuesta. La crisis del 2001-2002, se produjo con un gobierno de coalición, reflejada en la fórmula presidencial: el presidente De la Rúa (UCR), y el vice Carlos Alvarez (Frepaso). Alvarez renunció insólitamente en el 2000, a 10 meses de asumido. 14 meses más tarde, en diciembre del 2001, cayó De la Rúa. En enero del 2002 los legisladores eligieron a Duhalde como presidente, como resultado de acuerdos que incluyeron a radicales y frepasistas, muchos de los cuales más tarde se sumaron al justicialismo kirchnerista (incluido Carlos Alvarez). Bajo este nuevo paraguas “aliancista”, se realizó un default de deuda; fuerte devaluación e incautación de depósitos privados, con una descontrolada desocupación. Acciones que jamás se le hubiera permitido al legítimo gobierno de la Alianza. 

Visto que en Brasil muchos opositores, vicepresidente incluido, son tan responsables y corruptos como muchos oficialistas, es dable suponer que la destitución de Dilma Rousseff solo buscaría legitimar un fenomenal ajuste, similar al que sufrieron los argentinos en el 2002. Para paliarlo, el mal menor para los brasileños consistiría en lograr acuerdos políticos amplios para enfrentar la crisis,  e instrumentarlos bajo la presidencia de Dilma Rousseff, hasta el fin de su mandato. Dichos acuerdos deberán mantener el envidiable grado de independencia exhibido por la justicia brasileña para combatir la corrupción.

Buenos Aires, 27 de abril 2016

ARGENTINE PAPERS

Los robos de información sensible o hackeos informáticos, cada vez más frecuentes a nivel mundial, desnudan políticas de instituciones u ocultamientos de fortunas de personajes reconocidos.  En este contexto, el caso Panamá Papers refiere a la creación de empresas “off shore” (fuera del país de origen), en los llamados paraísos fiscales. De no ser lícito y declarado, el dinero a ocultar tiene tres orígenes: evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción. Dada la mecánica del armado jurídico-financiero de estas empresas, sorprende la repercusión de los Paraná Papers en nuestro país, donde es el propio Estado y su entramado político, quien brinda inmensas facilidades para la cobertura de operaciones corruptas estatales-privadas, superando holgadamente a los especialistas en el exterior. Hagamos un “brief” (resumen) aclaratorio. El término en inglés es para entrar en clima.  

1.- Facilidades crediticias.

Los créditos externos en nuestro país no despiertan excesivo entusiasmo, porque derivan en una obligación desagradable, llamada deuda externa. Al momento de tener que pagarla, los políticos descubren que será a costa “del hambre de todos los argentinos”. En cambio la deuda interna, aunque sea a costa de jubilados, entre otros, no es criticada y tiene beneficios adicionales. No se tramita en el exterior, y llegado el momento de justificar negociados, se puede apelar a la noble intención de “crear puestos de trabajo”. Fue líder en esta política de créditos públicos irrecuperables, otorgados a grupos empresarios y amigos del poder, el Banco Nacional de Desarrollo, liquidado en 1993, y Bancos oficiales (Nación y provinciales, en especial de Buenos Aires).

2.- Seguridad política para empresas y amigos

En casos de crisis económicas graves, en lugar de someterlos a la pretensión de cobro por parte “del capitalismo internacional”, a los grandes inversores amigos se les estatiza parcialmente sus deudas privadas. Sucedió con Domingo Cavallo (1982), y con la pesificación asimétrica de Duhalde (2002). Las urgencias de caja del gobierno, se resuelven con la incautación masiva de depósitos de pequeños y medianos ahorristas. Recuérdese el plan Bonex (Menem), y el plan Boden (Duhalde-Kirchner). Los discursos políticos altisonantes, o supuestos debates ideológicos disfrazados de neoliberalismo o populismo, no debieran impresionar. Las garantías para estatizar deudas, al igual que las dirigencias, se mantienen.

3.- Sostenimiento de sociedades estatales-privadas con recursos públicos.

El Estado, con la necesaria complicidad gremial, sostiene con sus recursos a empresas contratistas o concesionarias de amigos, asociando funcionarios por vía directa o de testaferros. Los retornos no se pagan solo con dinero en sobre cerrado. Se utilizan participaciones accionarias (compra de acciones de YPF por el grupo Esquenasi, sin poner dinero); operaciones cruzadas (alquiler de habitaciones vacías de hoteles por constructoras de obra pública, como la de Lázaro Báez); compra de medios con pauta de publicidad oficial (grupos Szpolski-Garfunkel o Cristóbal López); o arrebato liso y llano de empresas (caso Ciccone). Del circuito de la “plata dulce” estatal, participaron incluso organizaciones sociales y de derechos humanos, transformadas en grandes empresas constructoras. Sin aportes del Estado, las organizaciones se disuelven y las empresas privadas se declaran en convocatoria,  dejando un tendal de trabajadores en la calle.

4.- Coberturas institucionales y judiciales

Para este esquema de corrupción no se necesitan empresas “off shore”, porque se cuenta con la protección de  organismos públicos cuyo nombre de fachada es “de control”. Manipulan legajos de sociedades; informes de operaciones financieras sospechosas; auditorías de concesiones. La AFIP, por su parte, refinancia deudas impositivas de grupos empresarios, no por imposibilidad de pago, sino para que crezcan a costa de los impuestos. Finalmente, los naturales enriquecimientos desmesurados e ilícitos de funcionarios y empresarios asociados, café de por medio, se “legalizan” con los jueces de turno. Como jurisprudencia, se recuerdan los sobreseimientos del matrimonio Kirchner en el 2009, por el juez Oyarbide; el de Daniel Scioli en el 2015, por el juez Rearte, y el del camarista Eduardo Freiler en el 2016, por el juez Luis Rodríguez. El proceso es prolijo: los fiscales no apelan.

Cabe preguntarse entonces: con estas facilidades, tiene sentido que funcionarios públicos y empresarios asociados, viajen a Panamá, Islas Vírgenes, Seychelles, Nevada o Suiza, para ocultar dinero de la corrupción estatal?

Buenos Aires, 20 de abril 2016

EL TRABAJO COMO TAPADERA

El término corrupción, genéricamente significa degradación, putrefacción. Llevado al ámbito de la corrupción política nacional, hemos tomado como base de análisis los últimos veinte años, por dos razones: 1) en dicho período actuaron gobiernos con políticas supuestamente divergentes, que no superaron las crisis económico-sociales cíclicas; 2) sus principales actores, sean políticos, empresarios, gremialistas o judiciales, mantienen vigencia en la actualidad. En este contexto, que incluye la desaparición del justicialismo y el radicalismo como expresiones de representación política unívocas, los supuestos debates ideológicos, sean utópicos o encubridores, nos recuerdan la ironía de Groucho Marx: “Estos son mis principios; si no les gusta, tengo otros”. O bien una ironía de Jorge Asís: “Con el apoyo de la izquierda, se roba más fácil”.

Las experiencias vividas deberían servirnos para que, en plena “epidemia de transparencia”, no caigamos en las repetidas trampas escenográficas, consistentes en ofrecer algunos becerros en el altar de los sacrificios, para que la trama de corrupción e impunidad continúe. “Cristina presa” pareciera ser un recurso de distracción, que con éxito se aplicara con Menem. En la corrupción estatal, las cúpulas ofrecen el espejo que la refleja. Pero las pruebas están en las bases, y para confesar, los partícipes secundarios no necesitan una ley del arrepentido. En nuestra reflexión del pasado 10 de noviembre, previo a la segunda vuelta electoral, señalábamos respecto al clientelismo del Estado: “Suelen quedar fuera del debate dos tipos de clientelismos nefastos, que incrementan notoriamente el nivel de pobreza: 1) el nepotismo para cubrir cargos públicos y crear organismos; 2) la asociación prebendaría de funcionarios con grupos empresarios, que deriva en corrupción”.  

El valorable principio de “crear o defender fuentes de trabajo”, sean estatales o privadas, fue bastardeado para usar a los trabajadores como “pantallas o tapaderas” de la corrupción estatal-privada. En los organismos del Estado, especialmente en los de control, se licuó su operatividad saturando las cadenas de responsabilidad, y sometiendo a los empleados honestos y trabajadores a la presión de “comisarios encubridores”. En el caso de empresas privadas solventadas con recursos públicos, el engaño fue más grave: los trabajadores se incorporaban según sus habilidades específicas, no por sus militancias, y fueron estafados. En este esquema nefasto, el gremialismo tuvo una enorme responsabilidad, de la que no puede desentenderse. Cada gremio conoce acabadamente la situación de los organismos y empresas que representan.  Participaron  junto con la clase política, en el sembrado de ingresos sin concursos públicos basados en méritos, quitando a la ciudadanía el derecho de igualdad de oportunidades. Participaron de la práctica de rancios nepotismos (ingresos masivos de familiares) y amiguismos. Fueron partícipes necesarios de una cadena estatal de complicidades, protecciones, impunidades, pero también de miedo e indefensión, para que las tramitaciones burocráticas espúreas cumplieran con un principio del liberalismo económico del siglo XIX: “Dejar hacer; dejar pasar”.

Según datos oficiales incluidos en los presupuestos anuales, el empleo público nacional (ejecutivo, legislativo y judicial), contaba en el año 2003 con 241.000 agentes, alcanzando en el 2015 el número de 389.835 agentes. De este total, el 42% es contratado, sin que los gremios se quejaran, pese a que hoy lo llaman trabajo precarizado. Pero como los números por sí no definen calidades, cabe preguntarse: el incremento de empleados sirvió para el mejoramiento de los servicios de salud, educación, seguridad, justicia, formulación de leyes, actuación de los organismos de control?  Se jerarquizaron las funciones de médicos, enfermeras, educadores, policías entrenados y cuidados?. Por ejemplo, nadie aclara si dentro de los 644 cesanteados en el Hospital Posadas, de Morón, hay médicos, enfermeras diplomadas, o personal de mantenimiento (albañiles, electricistas, pintores).

Ante esta matriz que explica las asombrosas facilidades que brinda nuestro país  para promover y/o encubrir delitos económicos desde el Estado, sorprende la repercusión del caso conocido como “Panama Papers”. Para aquéllos empresarios y funcionarios desinformados, en la próxima reflexión hablaremos de los beneficios de los  “Argentine Papers”.

Buenos Aires, 13 de abril 2016

ANTICORRUPCIÓN: SER O PARECER?

En plena epidemia poselectoral  de “transparencia y lucha contra la corrupción”, el contexto comunicacional oscila entre la información y la desinformación. Son voceros del debate conocidos políticos, mientras los sectores empresariales, gremiales y judiciales, partícipes necesarios en las tramas de corrupción e impunidad, intentan permanecer en un segundo plano. Cambiar el rumbo implica asumir ciertas hipótesis: 1) la corrupción no es imputable a “todos los argentinos”, sino responsabilidad de los funcionarios que los representan. 2) en la puja entre dirigentes y jueces deshonestos y honestos, estos últimos en cuanto a resultados, fracasaron. 3) destruir la cohesión y persistencia de la trama de impunidad, no podrá ser de exclusiva responsabilidad del gobierno. Necesitará de un importante apoyo opositor  traducido en leyes y acciones, y no solo de opiniones. Los corruptos, no son distintos según sean oficialistas u opositores.

Maquiavelo, en su obra El Príncipe, expresaba respecto a la relación de los gobernantes con el pueblo: “Todos pueden ver, pero pocos tocar…Muy pocos saben lo que realmente eres”. El ciudadano común solo puede “ver”, por lo que la imagen es fundamental. Ello explica el impacto que provocó en la opinión pública, el video mostrando el conteo de millones de dólares divididos en fajos, por personas relacionadas con el contratista de obras públicas Lázaro Báez. Pero no es suficiente. En esta dualidad imagen (información) – trasfondo de intereses, las técnicas comunicacionales no difieren según se quiera informar, enseñar, o bien distorsionar, ocultar, engañar. Nuestro desafío como ciudadanos para formar opinión, será el de analizar, comparar, descubrir contradicciones, y evitar que una vez más el barullo de la confusión permita que la trama de impunidad continúe. Como ejemplo, analizaremos las opiniones de dos políticos situados en las antípodas partidarias: Aníbal Fernández y Elisa Carrió. Ambos cumplen con el requisito de capacidad intelectual y vasta experiencia política.

Aníbal Fernández, al ver en el programa televisivo de Fantino el video mostrando al hijo de Báez y otros contando fajos de dólares, expresó: “Contar dinero no es delito”. Su comentario motivó críticas, pero Fernández, que no habla en vano y es abogado, marcó una línea de acción para impugnar la validez del video. Nada disparatada, considerando que este recurso para diluir pruebas, fue reiteradamente utilizado por la justicia federal. En la causa Skanska, los camaristas Freiler y Farah declararon nula una grabación en la que un ejecutivo de la empresa extranjera confesó pago de coimas. En la compra de vagones usados a España y Portugal, Oyarbide anuló como prueba los correos electrónicos en los que el intermediario de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, negociaba el pago de comisiones con sobrecostos. Recientemente, el juez federal Luis Rodríguez anuló la causa de los allanamientos a cuevas financieras, ordenadas y luego suspendidas por Oyarbide, aduciendo que las escuchas telefónicas que detectaron las irregularidades, no cumplieron con los procedimientos judiciales. La causa Lázaro Báez (lavado de dinero), se inició en el 2013 como resultado de una documentada investigación periodística. Mucho más importante que el video,  es conocer si el juez  federal actuante Sebastián Casanello, realizó las diligencias necesarias para obtener y certificar la validez de los datos publicados. Se destacan entre otros, la constitución y razón social de múltiples sociedades, movimientos bancarios en el exterior, flujo del dinero entre cuentas, y el destino de 22 millones de dólares bloqueados en Suiza.  

Elisa Carrió por su parte, en aras de la transparencia, le solicitó a Macri que su amigo de la infancia, Nicolás Caputo, vendiera su empresa constructora de origen familiar, con 75 años de existencia. Si la dra. Carrió supone que obtener contratos públicos implica preferencias y pago de coimas, ello pareciera ser evidente, con Caputo incluido. Pero en la corrupción estatal, si bien el privado es partícipe necesario, el Estado es quien tiene la capacidad de promoverla, al generar la necesidad, implementarla, facilitarla, contratarla, pagarla y protegerla. Es el Estado quien debe transformar profundamente sus estructuras, respecto a las responsabilidades del ejecutivo, legislativo, organismos de control y sistema judicial. Ningún privado fue culpable que de la nada y sin antecedentes en el rubro, un cajero del Banco Nación en Santa Cruz; cooperativas de Milagro Sala en Jujuy y la Fundación de Hebe de Bonafini en el ámbito nacional, se transformaran en poderosas constructoras con manejos corruptos de fondos públicos multimillonarios, que jamás serán recuperados. 

Este es el gran desafío que deberán encarar el oficialismo y la oposición en el 2016.

Buenos Aires, 06 de abril 2016

ES POSIBLE LEGALIZAR LA CORRUPCIÓN?

Ante un cambio de gobierno, las clases dirigentes sufren el síndrome de la “transparencia”, con la secreta esperanza que sea superado en el menor tiempo posible. Transparencia es la cualidad óptica de un material que deja pasar la luz, permitiendo ver que hay detrás del mismo. En el campo político, significa posibilitar que el ciudadano vea la documentación “que hay detrás” de los actos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para ser útil, la información debiera ser completa, ordenada, relevante y fidedigna. Surge un primer desafío: como evaluar si se cumplen estos requisitos? Poseemos conocimientos para ello?

En una democracia los actos de gobierno se trasladan masivamente a todos los niveles sociales y educativos, a través de los medios de comunicación. Pero esta intermediación entre información y ciudadanos, exige una prevención inicial: la libertad de opinión no implica por si sola veracidad. Los medios responden a grupos empresarios privados u organismos públicos, que entremezclan intereses, negocios, ideologías, cualidades éticas y calidades periodísticas. En esta diversidad de origen, en política en general y en temas de corrupción en particular, la comunicación recurre a reglas de la propaganda política,  donde conviven la información con la desinformación. Surge entonces un nuevo desafío: en quién creer? La palabra “creer” nos sumerge en el campo emocional antes que en el racional, que es lo que pretende la propaganda.

Nuestra estrategia debería consistir en poner inicialmente bajo la luz de la duda todas las versiones sobre un mismo caso o denuncia, para luego formularnos interrogantes que no han sido planteados, o que no han sido aclarados. Tomaremos como ejemplo el caso de mayor actualidad, referido a la deuda impositiva del grupo Indalo con la AFIP, por 8.000 millones de pesos. La ciudadanía receptó cronológicamente la siguiente información:

10 de marzo.- Ricardo Echegaray, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), informa en conferencia de prensa una medida no prevista en las normas: que auditará en “tiempo real” al actual gobierno.

11 de marzo.- El Grupo Indalo anuncia un proceso de división de bienes entre sus dos socios: Cristóbal López (posee el 70%), y Fabián De Sousa (posee el 30%).

13 de marzo.- El periodista Hugo Alconada Mon, publica en La Nación una investigación que documenta una retención indebida del impuesto de transferencia de combustibles por 7.400 millones de pesos, más 600 millones por otros conceptos, que Indalo eludió pagar a la AFIP.  

14 de marzo.- El periodista Gustavo Sylvestre, en su programa político del canal C5N, perteneciente a Indalo, informa que hubo otros 1.800 beneficiarios por la aplicación del Régimen de Facilidades, que permitió que Echegaray refinanciara a discreción deudas impositivas, con tasas de interés y plazos muy favorables. Entre los supuestos favorecidos, mencionó al Grupo Clarín, y al empresario “amigo de Macri”, Nicolás Caputo. En pantalla se sobreimprimía la frase “doble moral”.

20 de marzo.- Tras anunciar el canal C5N que por la noche se emitiría un programa conducido por el periodista Navarro, referido al empresario Nicolás Caputo, “amigo de Macri”, el mismo fue suspendido a último momento. Navarro denunció aprietes para no sacarlo al aire, sin aclarar de quien o quienes.

22 de marzo.- Cristóbal López y Fabián De Sousa deciden frenar la separación de activos del Grupo Indalo, ante el escándalo.

Se presentan varios condimentos del ocultamiento y confusión: 1) se intenta disimular al elefante (Grupo Indalo), incorporando más elefantes (Grupo Clarín y empresario Caputo); 2) se emiten veladas amenazas  públicas (Echegaray anunciando auditar al actual gobierno en tiempo real; C5N/Navarro anunciando un programa especial sobre el empresario Caputo, para dejarlo sin efecto aduciendo “presiones”; 3) se cumple con lo habitual en las estrategias de ocultamiento y/o confusión: gran velocidad informativa (no confundir con velocidad judicial). Todo se desencadenó entre el 10 y 22 de marzo.

Datos no hechos públicos a la fecha, que deben ser informados:

1.- A C5N (Navarro y Sylvestre): identificar de la supuesta nómina de 1.800 (elefantes) favorecidos por refinanciaciones de la AFIP, a los ubicados en los cinco primeros puestos, indicando beneficiario, monto, condiciones y justificaciones esgrimidas por Echegaray para otorgar los beneficios.   

2.- A los legisladores: indicar que organismos deben controlar y auditar las decisiones de la AFIP, y que marco legal, si existiera, otorga al responsable de la AFIP una inaceptable discrecionalidad, que “legaliza” todo tipo de corrupción.

Mientras aguardamos respuestas, en la próxima reflexión trataremos de encontrar solución a uno de los grandes problemas de la política argentina actual: qué hacemos con Nicolás Caputo?

Buenos Aires, 30 de marzo 2016

CORRUPCIÓN: COMO DISFRAZARSE DE BUENO

Destacábamos en reflexiones anteriores que ante un cambio de gobierno, más aún si son de distinto signo político, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sufren un cuadro febril de transparencia. Nada grave, porque la mayoría de los afectados lo atravesaron anteriormente, y  crearon anticuerpos que les permite una rápida curación y olvido de promesas. Se repetirá este cuadro clínico-político, o el bacilo “transparencia” adquirió una impensada resistencia a los antibióticos del engaño?

Visto los férreos y persistentes antecedentes de impunidad, los ciudadanos deberán afinar su capacidad de análisis, para afrontar las clásicas estrategias comunicacionales de ocultamiento y confusión a los que serán sometidos. Pueden ejemplificarse en una conocida metáfora popular: cómo disimular la presencia de un elefante en un bazar?. Metiendo más elefantes. Esta ironía responde a una de las reglas básicas de la propaganda política, llamada contrapropaganda. Consiste en desprestigiar, o al menos poner bajo un manto de duda, la información que nos es perjudicial. Para ello, políticos, periodistas e integrantes de la justicia involucrados en la estrategia, utilizan conceptos u opiniones aparentemente claras e indiscutibles, pero que son contradictorias o falsas, para que juzguemos basados en lo emocional, y no en lo racional. Para eludir esta trampa, deberemos partir de la hipótesis que las versiones y/o denuncias, y los intentos de deslegitimarlas, responden a intereses particulares no explicitados. En tal sentido, nuestro primer paso debiera ser el de intentar establecer quiénes y porqué introdujeron otros elefantes en el bazar, a fin de proteger a determinado elefante. Llenar este casillero, nos permitirá luego formularnos interrogantes que en el barullo de las opiniones encontradas, nadie se plantea, o nadie responde.  

Estos principios comunicacionales destinados a confundir y lograr impunidad, debemos insertarlos en nuestro contexto nacional. El esquema tradicional de corrupción estatal-privada, consiste en que empresarios favorecidos paguen coimas a funcionarios facilitadores. El acto corrupto genera dos consecuencias adicionales: un sobrecosto inicial en la prestación contratada (ningún empresario paga coimas de su bolsillo), y habitualmente, una posterior disminución en la calidad de dicha prestación, para incrementar los beneficios espúreos. Este esquema es el causante de la actual crisis de corrupción en Brasil, por coimas de Petrobras.  

En nuestro país, la usual transacción de “coimas” o “retornos”, se perfeccionó con la conformación de relaciones societarias entre funcionarios y empresarios, para explotar negocios públicos multimillonarios a costa del Estado. Su mecánica exige la participación de testaferros, manejos de dinero fuera del circuito bancario, cuentas en paraísos fiscales, constitución de empresas con información falsa. Obviamente necesitan una extendida cobertura institucional, para que los saqueos tengan un carácter de “legalidad”. Como mínimo, deben contar con una enorme complicidad de la AFIP, la Unidad de Información Financiera e Inspección de Personas Jurídicas. No se menciona a la Oficina Anticorrupción, porque desde hace años se transformó en un club social. En los casos de denuncias públicas  fundamentadas, los saqueadores cuentan con la manifiesta indolencia, cuando no manifiesta complicidad, de la justicia federal.

Esta realidad explica los acelerados cambios societarios actuales y los que se avecinan, en los que vendedores y compradores serán parte del mismo juego, consistente en generar vaciamientos, eludir responsabilidades judiciales, y fundamentalmente, mantener a resguardo patrimonios personales. Los trabajadores afectados no fueron en estos casos beneficiarios del usufructo político de cargos públicos, sino aportaron de buena fe sus conocimientos y aptitudes, en emprendimientos supuestamente privados.

En la próxima reflexión, trasladaremos esta descripción de carácter general a ejemplos actuales y con nombres propios. Pero ante el espíritu “caza buitres” que nos embarga, es oportuno concluir con una pregunta: se sabe el destino del 24% de las acciones de YPF, adquiridas con utilidades y no con aportes propios, por los empresarios nacionales Enrique y Sebastián Esquenazi?. Esperemos que no las hayan vendido a Paul Singer o a “buitres” similares …..

Buenos Aires, 23 de marzo 2016

NO CONFUNDIR LEGISLAR CON OPINAR

Una vez más, un cambio de gobierno provoca en los sectores políticos sintomatologías febriles, bajo las cuales se balbucean promesas de transparencia y lucha contra la corrupción. La patología, que ya afectara en anteriores períodos a gran parte de la dirigencia, mostró ser de rápida curación y no dejar secuelas. Con este antecedente, analizaremos el actual brote bajo un manto de escepticismo, en lugar de someternos fácilmente a la invocación de “fe y esperanza”. 

En este contexto, para ordenarnos en el análisis, comenzaremos por el poder Legislativo, debido a su condición de albergar todas las expresiones del espectro político, y ejercer a través de comisiones parlamentarias, facultades de control sobre determinadas responsabilidades de los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, el seguimiento de políticas y administración de organismos de inteligencia, tarea que jamás se cumplió. Históricamente, el fragor de los debates que caracteriza al parlamento, desaparece al momento de transparentar su propia estructura, gasto presupuestario y funcionamiento legislativo. Aspectos esenciales como sus obligaciones y derechos, inmunidades parlamentarias, fijación de dietas, identificación de plantas de personal y asesores, viajes y viáticos, entre otros, no son pasibles de debate, y caen bajo el manto de un secretismo acordado por una unanimidad, que no diferencia entre izquierdas, derechas, neoliberalismos, neopopulismos; retazos justicialistas o retazos radicales. La responsabilidad de brindar a la ciudadanía información, queda una vez más a cargo del periodismo.  Recientemente, La Nación creó la plataforma digital “Votaciones”, para monitorear como votan nuestros legisladores, además de identificar sus proyectos, asistencia y posturas en las discusiones parlamentarias.

Como en el resto de las plantas estatales de personal, la del poder legislativo tuvo crecimientos desmesurados e injustificados, plagados de nepotismos y amiguismos, con la obvia complicidad gremial. No es un dato irrelevante. Transparenta que la  obligación legislativa de responder con profesionalidad al interés general ciudadano, se degrada con una práctica de transacciones donde prima la prebenda personal o sectorial. Las calidades intelectuales y tiempos dedicados a la función, no son condiciones exigibles. Cuando concurren a programas políticos en medios de comunicación, en lugar de ilustrar al ciudadano sobre su desempeño, los legisladores ejercitan el relajado ejercicio de la opinión sobre cualquier tema. Adjudicar al parlamento el mote de “escribanía”, brindaba cobertura a los oficialistas que aprobaban leyes sin conocerlas en profundidad, y a los opositores que las criticaban con similar desconocimiento. Por ello no debiera sorprender el abusivo uso político de consignas vacías de contenido para justificar posicionamientos, al estilo “Patria o buitres”. La consigna que jamás se invoca es “Patria o corrupción”.

La etapa “escribanía”, por decisión del voto popular, se terminó. Sin embargo, dicho voto por sí no podrá impedir que se mantengan prácticas de defensa de estructuras elitistas asociadas a la corrupción, en las que los empresarios favorecidos pueden disfrazarse de izquierdistas o populistas, mientras esforzados trabajadores en busca de un legítimo progreso, son acusados de egoístas.

Queda clara entonces la razón por la que la primera prueba de veracidad de la promesa de transparencia, deberá rendirla el poder legislativo. Para ello no necesitan nuevas leyes, ni acuerdos de mayorías. Basta con que cada legislador incorpore en su sitio de la página web, sus dietas, personal de planta y político, motivo de viajes al exterior, viáticos percibidos, proyectos de ley que tienen en elaboración, y sus votaciones, sea en comisiones o en el recinto.  Es tan simple, que el primer paso puede darlo un legislador contestatario de izquierda. Las páginas web generales, por su parte, indicarán la planta total de personal y sus funciones, gastos operativos, y ejecuciones presupuestarias.  

A partir del cumplimiento de este requisito de transparencia históricamente adeudado, los legisladores recuperarán credibilidad para su trascendental labor de pensar, proponer, debatir, justificar, aprobar e informar, legislando para un interés común razonable y posible. La prioridad  que se les adjudica para dar el puntapié inicial en políticas de transparencia, debiera enorgullecerlos. En los tiempos que se avecinan, y esperemos que para siempre, la actividad legislativa será fundamental para la consolidación institucional del país, y su desarrollo social y económico.

Buenos Aires, 16 de marzo 2016

OPERATIVO TRANSPARENCIA: SE PUEDE?

En nuestro país, los cambios de gobierno de distinto signo político, más que tránsitos democráticos con saludables alternancias, parecieran constituirse en verdaderos hitos fundacionales. A esta altura de los acontecimientos, no queda clara la razón de festejar el próximo 09 de julio el bicentenario de la independencia, si pareciera que aún estamos en plena lucha para obtenerla. Tan solo hace dos años, por ejemplo, conseguimos acabar con la amenazadora presencia de Cristóbal Colón, ubicado nada más ni nada menos que a espaldas de Casa de Gobierno. Aún nuestra historia reciente, se rearma como si fuera un rompecabezas para niños. En el congreso del Partido Justicialista, el diputado “Chino” Navarro señaló que el triunfo de Macri significó que por primera vez, la derecha alcanzaba el gobierno mediante el voto democrático. Sin rubor, identificó a los gobiernos de Juan Domingo Perón y Carlos Menem como de izquierda. Desenmascaró una vez más la “historia oficial”, como la denominan los que la manipulan. Los echados por Perón de Plaza de Mayo en 1974, en realidad eran recalcitrantes de derecha.

Estas ironías deben alertarnos respecto a que, más allá de buenas intenciones, el actual gobierno tendrá enormes dificultades para desarmar una matriz institucional que se mantiene indestructible desde hace más de 25 años. Los sustratos políticos, gremiales, empresariales y judiciales, no solo son los mismos, sino que se degradan a través del tiempo por acumulación de complicidades. Todo intento de cambio de matriz, será de inmediato bastardeado por privilegiados acostumbrados a vivir al calor del poder. Se utilizarán frases altisonantes, superficiales, cínicas o de ocultamiento. Nunca se explicitarán las verdaderas intenciones. Se apelará una vez más, a la estrategia planteada por el personaje aristócrata de la novela “El Gatopardo”, de Giuseppe di Lampedusa, con motivo del desembarco de Garibaldi en Sicilia, en 1860: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

Los intentos pasados para instrumentar leyes anticorrupción eficaces, transparencia administrativa y acceso a la información pública, fueron trabados, diluidos o incumplidos, por una representación política plagada de “aristócratas”, con permanencias hereditarias y nepotismos descontrolados. Por ello, nuestro primer desafío será eludir la táctica discursiva de la confusión, que mezcla lo importante con lo banal, y lo verdadero con lo falso. Los mensajes breves intentarán que lo emocional predomine sobre lo racional, al estilo de “Patria o buitres”. Es imprescindible instalar la desactivación de la corrupción planificada, y efectivizar su castigo. Llevar este objetivo al campo de lo concreto, implicará interrelacionar fuertemente los instrumentos legales con la estructura administrativa institucional de gobierno. Esta prioridad no relega temas fundamentales como educación, salud, seguridad, justicia, sino por el contrario, transparenta que el fracaso del Estado en sus responsabilidades indelegables, está directamente ligado a la corrupción, muchas veces oculta tras la excusa de “mala praxis”. De ahí la necesidad de encarar una profunda readecuación de todas las estructuras burocráticas estatales, que abarquen a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la tarea, sería recomendable la participación de instituciones como Poder Ciudadano, CIPPEC y ACIJargentina, entre otras, para elaborar propuestas coordinadas, y realizar un minucioso seguimiento de la actividad legislativa, que evite fracasos anteriores.

Hoy asistimos a un debate superficial y falaz, también reiterado, respecto a las plantas estatales nacionales, provinciales y municipales, basado exclusivamente en cantidades, no en calidades. Jamás se informa sobre cumplimientos de normas de ingreso a la administración pública, perfiles requeridos, personal necesario, cumplimiento del principio igual trabajo igual remuneración, y la eficacia de los servicios que se brindan a los ciudadanos, que sostienen con sus impuestos las plantas estatales. Este debate se elude, porque se asume que en todos los aspectos planteados, se vulneran los principios de igualdad de oportunidades y equidad. Esto también es corrupción.

En la próxima reflexión incursionaremos en el ámbito que mayor responsabilidad tendrá para democratizar, jerarquizar y modernizar el funcionamiento del Estado. Sus integrantes no necesitan hoy nuevas leyes para ser transparentes, y sin embargo no lo son. Nos referimos al Poder Legislativo.

Buenos Aires, 09 de marzo 2016

COMO INUTILIZAR AL ESTADO

La degradación permanente de las estructuras del Estado, pareciera no tener fin en las últimas décadas. Sus consecuencias son bajos niveles de educación y salud pública, seguridad ineficiente o asociada al delito, justicia complaciente con la corrupción, organismos de control cuyo objetivo es no controlar. Se oscila entre su modernización (Menem), privatizando empresas estatales vaciadas por la corrupción, y su supuesta revalorización (Kirchner), sobredimensionando sus estructuras para inutilizarlas. El cambio de gobierno desnuda patologías destructivas, que alcanzaron ribetes que recuerdan el hundimiento del Titanic. Miles de náufragos pujan por subirse con desesperación a los botes salvavidas del empleo y/o prebenda pública. Chapotean en el océano multimillonarios de primera clase; burócratas y familiares clase turista con pasajes regalados por políticos y gremialistas, y pasajeros/empleados de tercera clase, con militantes sin oficio conocido, y barras bravas reconocidos. Obviamente, también hay polizontes, conocidos hoy como “ñoquis”. Porqué no pudo avistarse el iceberg, que como se recordará, y vaya paradoja, estaba ubicado a la derecha del Titanic?

Se dieron tres circunstancias simultáneas: 1) Un gobierno con una continuidad ininterrumpida de doce años, convencido hasta la primera vuelta de octubre pasado, que permanecería en el poder al menos cuatro años más; 2) El histórico recurso de sembrar las administraciones públicas con el elitismo de la adhesión política, se maximizó para disimular altos índices de desocupación mediante el empleo público; 3) Como nunca antes desde 1983, la corrupción política no se limitó a percibir coimas de empresarios beneficiados, sino a promover asociaciones entre funcionarios públicos con empresarios privados, para saquear recursos públicos. Son quienes viajaron en camarotes estatales de primera clase.

Una vez más quedó expuesta una realidad. Las adhesiones políticas a líderes providenciales irrestrictas, fanáticas y/o cómplices, son extremadamente costosas. Cada político, líder social, gremialista, intelectual, periodista, legislador, juez, exigen como contrapartida ser generosamente premiados con prebendas del Estado. Entre otras, beneficiarse con altos cargos públicos extensivos a familiares; lucrar con onerosos contratos públicos disfrazados de privados; convertir a líderes sociales en empresarios de la construcción con fondos estatales; crear organismos disparatados para legalizar dádivas, etc.

Las oleadas inorgánicas e innecesarias de personal en la administración pública, tiene como inevitable consecuencia la destrucción de toda interrelación, racionalidad y organicidad en su funcionamiento, con dos consecuencias: a) restar capacidad y calidad de servicios (ejemplo: Hospital Posadas); b) favorecer la impunidad de la corrupción (ejemplos: la inacción de la Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera, entre otros organismos, pese al crecimiento de sus plantas de personal, con amigos y parientes).

En esta destructiva trama, son actores imprescindibles los dirigentes gremiales estatales. Vociferan sin pudor que todo intento de evitar y/o corregir que la sociedad subvencione estos excesos, es “achicar el Estado”. Como en política no existe la ingenuidad, la frase no es producto del desconocimiento, sino del cinismo. Participan de los ingresos selectivos de personal; nunca detectan corruptelas, salvo para presionar a funcionarios; desconocen que los empleados deben seguir forzosamente la cadena formal de aprobación de expedientes escandalosos, como el del Plan Qunita, bajo amenaza de ser apartados de sus cargos, cuando no echados; ignoran quien atentó contra el resonador del hospital Posadas; no saben quienes retiraron  cajas con documentación de organismos públicos en días feriados; no se enteran que se firman contratos de compra y/o servicios con personas físicas o jurídicas inexistentes. Obviamente, desconocen que tienen afiliados que trabajan eficazmente, y otros que cobran sin trabajar. Eso sí; saben que unos y otros aportan al gremio.

El gran desafío de los De Gennaro, Micheli, Di Próspero, Andrés Rodríguez, Godoy, entre otros defensores de “agrandar el Estado”, es decidir si defenderán el nivel salarial, formación laboral y calidad de los ámbitos de trabajo, de los miles de empleados públicos que dignifican sus tareas y desean ser reconocidos. O como hasta ahora, los sepultarán en el amontonamiento grisáceo de la injusticia, ineficacia, mediocridad y ocio, cuando no  de la amenaza patoteril.

Buenos Aires, 02 de marzo 2016