SILENCIO DE CAMPAÑA: CORRUPCIÓN ESTATAL

"Hacéte amigo del juez; no le des de que quejarse; y cuando quiera enojarse vos te debés encoger, pues siempre es gûeno tener palenque ande ir a rascarse”.  (Martín Fierro-1872).  “La ley es tela de araña; en mi inorancia lo esplico; no la tema el hombre rico; nunca la tema el que mande; pues la ruempe el bicho grande y solo enrieda a los chicos” (La vuelta de Martín Fierro-1879).

Considerada la obra literaria de José Hernández un emblema de la argentinidad, a más de 140 años de publicada cabe preguntarse: evolucionó nuestro sistema judicial? La grave crisis que atraviesa el Poder Judicial, ya sea en su propio seno como en su interrelación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, claramente indica que no. Falazmente se intenta acotar el problema a una supuesta lucha entre justicia encubridora relacionada con el poder político, o justicia independiente eficaz. Pero desde comienzos de los años 90, cuándo hubo justicia independiente? La existencia de jueces y fiscales honestos y capaces es anecdótica, cuando los ciudadanos no solo están indefensos ante crímenes, violaciones, robos, estafas, sino también irremediablemente empobrecidos producto del saqueo de los presupuestos públicos por parte de los más altos funcionarios y empresarios asociados. El concepto Justicia no se materializa en la existencia de juzgados, jueces y fiscales. Su validez queda sometida al resultado final de su aplicación u omisión.

La creación del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional del año 1994, hizo suponer que nunca más los jueces se designarían a través del Senado mediante intercambio de papelitos entre bancadas políticas, y que la servilleta de Corach sería un recuerdo humorístico. El costo de  crear un nuevo organismo burocrático se justificaba en la democratización de la selección y designación de jueces en función de un orden de mérito a través de rigurosos concursos de oposición, con participación de representaciones profesionales públicas y privadas. Nada más errado. Los Organismos no hacen a las personas, sino éstas a los Organismos. El actual gobierno, como efecto no deseado en la búsqueda de su propia impunidad, logró transparentar ante la sociedad como jamás antes, el absoluto estado de descomposición del Poder Judicial, del poder legislativo, y en muchos casos, de las representaciones de las matrículas de abogados en el Consejo. Todo ello con la inestimable complicidad en el ocultamiento y/o desaparición de documentación sensible para probar delitos, por parte de los mal llamados Organismos de Control del Estado.

En plena campaña electoral, no debemos caer una vez más, en la trampa de plantear el tema en base a grandilocuencias abstractas: buenos y réprobos; oficialistas y opositores. No existen causas, fallos y sanciones, que nos permitan identificar claramente a unos u otros. La falta de justicia e impunidad no es un problema exclusivo del kirchnerismo, sino de la clase política y judicial en su conjunto. Establecer la década del 90 como punto de partida arbitrario para esta reflexión, obedece a que muchos actores políticos, empresariales y judiciales de ese entonces involucrados con la corrupción, tienen hoy plena vigencia. Y muchas de las causas continúan abiertas, en busca de la prescripción.

Un largo listado de jueces son asociados por la opinión pública con la impunidad, por el manejo de causas relacionadas con la corrupción estatal-privada. El ícono sin duda es el juez federal Norberto Oyarbide, que atravesó sin tropiezos los gobiernos menemista, la Alianza, duahaldista y kirchnerista. La omisión del flagelo de la corrupción y crisis judicial en la agenda electoral, hace suponer que su eficacia y velocidad absolutoria se extenderá al próximo gobierno, sea cual fuere. 

Es recomendable que todo ciudadano, independientemente de ideologías o adhesiones partidarias, lea y guarde para releer regularmente, los editoriales del diario La Nación de los pasados días 26 y 27 de julio, titulados “Corrupción como política de Estado” (I y II). Es de una precisión envidiable, pese a que solo menciona un número limitado de causas emblemáticas. Queda claro que de Martín Fierro a la fecha, nada cambió.

PONERSE SALVAVIDAS: SE DESATÓ LA CAMPAÑA

La metáfora del salvavidas pareciera adecuada, porque no es una sorpresa que una vez más, las estrategias de comunicación semejen a un mar embravecido de acusaciones cuando no agravios, polémicas engañosas, y promesas sin sustento. El salvavidas estaría modelado con nuestra experiencia; espíritu crítico/analítico, y básicamente algo que no reconoce fronteras culturales: espíritu de supervivencia. Desde el retorno de la democracia hemos vivido múltiples crisis, cuya responsabilidad recayó en muchos de los políticos, empresarios y gremialistas, con vigencia desde hace más de 25 años, y que pretenden mantenerla. Este es el desafío que afrontan las multimillonarias campañas electorales: conocemos a casi todos los que nos ofrecen un futuro mejor.

Ante esta continuidad que destruyó los partidos políticos nacionales, no sorprende la reiteración de mensajes grandilocuentes ajenos a la realidad, como por ejemplo, políticas de seguridad ciudadana. Recordemos algunos eslógans de campañas electorales anteriores: “Para cambiar la historia” (Menem-1989); “Con la fuerza de los hechos” (Duhalde-1999); “Un presidente para el nuevo siglo” (Rodríguez Saá-1999); “Sabemos lo que hace falta; sabemos cómo hacerlo” (Cristina, Cobos y vos-2007); “Dicen que soy aburrido” (De la Rúa-1999). Esta última publicidad es una de las más destacables, porque convenció a todos sin necesidad de mentir.

Las frases célebres no se quedan atrás. “El que apuesta al dólar pierde” (Sigaut-1981); “Prometo un salariazo” (Menem-1989); “En 1000 días vamos a poder tomar agua del Riachuelo” (Ma. Julia Alsogaray-1993); “El 2001 será un gran año para todos” (De la Rúa-2000); “El que depositó dólares, recibirá dólares” (Duhalde-2002); “La pobreza en Argentina está por debajo del 5%” (Cristina Kirchner-2015); “Combatiré implacablemente la corrupción” (frase sin propiedad intelectual que puede ser utilizada por todos los candidatos; aún por los enriquecidos en altos cargos públicos del Estado, con dedicación obviamente “full time”).

Estos recordatorios hacen suponer que la ciudadanía posee una experiencia más que suficiente para no someterse dócilmente al bombardeo de mensajes audiovisuales tan rimbombantes como vacíos de contenido, con el objetivo que  resignadamente pulsemos la tecla “Me gusta”. Experiencia que no discrimina en niveles socio-culturales, porque contra lo que se pregona, existe mucho más clientelismo en determinados ámbitos empresariales y políticos, que en los sectores sociales más vulnerables . 

El período de campaña hasta las primarias abiertas (PASO) el próximo 09 de agosto, que definirán los candidatos a presidente, hace oportuno ciertas reflexiones preliminares. Inicialmente, debemos asumir que votaremos en el marco de una Ley Electoral que permite todo tipo de artimañas para burlar la voluntad popular: las históricas listas “sábana”, listas espejo, dobles candidaturas, listas colectoras, y la escandalosa ley de lemas, recientemente reimplantada en Santa Cruz, ante el temor del oficialismo de perder la gobernación. También posibilita que candidatos electos vulneren el veredicto del voto, y abandonen la agrupación que representaron para fugarse a una opositora, o conformen “bloques legislativos unipersonales”, en lugar de renunciar para dar paso al suplente. A nivel gobernadores, son recordados Gerardo Zamora en Santiago del Estero (triunfó representando a la UCR), y  Fabiana Ríos en Tierra del Fuego (representó a la Coalición Cívica).

Por ello en esta etapa previa a las PASO, los políticos volcaron esfuerzos prioritariamente en negociaciones oportunistas basadas en intereses personales, en la búsqueda de intendencias, e integrar listas para cargos legislativos. Ello explica la paradoja que mientras en sus discursos clamen por diálogo y consensos, sean pertinaces creadores de un asombroso número de mini agrupaciones, siglas y alianzas, que semejan a “kioscos atendidos por sus propios dueños”. Con la mesiánica pretensión además, de representar el progresismo, la honestidad o intereses superiores, en exclusividad.   

Consecuentemente, nuestras reflexiones tras la PASO se concentrarán en quienes, para bien o para mal, tengan aptitudes y posibilidades de gobernar. 

LICUACIÓN DE LA VERDAD COMO PROPAGANDA

Dentro de las reglas básicas de la propaganda política (simplificación; exageración  y desfiguración; orquestación; transfusión; unanimidad y contagio y contrapropaganda); no aparece la de informar. Sin embargo, muchas de estas reglas se aplicarán para que los candidatos en  campaña electoral, transmitan sus plataformas y supuestas virtudes personales.  

Cabría pensar también que los instrumentos de la imagen debieran subordinarse a resaltar propuestas, sustentadas en conceptos claros e información de apoyo veraz. Lamentablemente no sucede, y el concepto de imagen se aplica también para transmitir números y propuestas, exaltándolos como verdaderos. El especialista en estudios de opinión pública  Ricardo Rouvier, en su libro “La deuda de la política” publicado hace ya 11 años, señalaba: “El uso abusivo de las palabras, sin medir sus significados, termina desjerarquizando la palabra como compromiso humano”.

Un excelente ejemplo de creatividad comunicacional se aplicó en la campaña radical de 1983. Estuvo a cargo de uno de los maestros de la publicidad argentina, David Ratto (quien trabajó ad honorem por su amistad con Alfonsín) y su socio Gabriel Dreyfus. Su acierto visual fue el diseño del logotipo, que destacaba la sigla RA sobre el fondo de la bandera nacional, identificando tanto a la República Argentina como a Raúl Alfonsín. Simple, sin adjetivos, sin rostros. Pero la imagen, para no vaciarse de significado, necesita actuar en respaldo de una plataforma electoral, o sea, de un compromiso político real. Surgieron entonces las recordadas “100 medidas para que su vida cambie”, que ocupaban una página completa en diarios y folletos, con el logotipo en el ángulo inferior derecho. Los compromisos, en su mayoría, no eran declarativos sino concretos: juicio a los responsables de actos de terrorismo; plan alimentario nacional para los necesitados (cajas PAN), etc.

El ejemplo es válido solo para ilustrar sobre las diferencias entre imagen y propuestas, que deben actuar complementariamente. El contexto histórico en 1983 era otro. Existían dos partidos tradicionales, el justicialismo y el radicalismo, con antecedentes y plataformas diferenciadas, que permitían comparaciones. Las unidades básicas y los comités trabajaban entusiastamente en todos los puntos del país. También lo hacían los candidatos con sacrificio, y no como se desvirtuó posteriormente,  a costa de los salarios públicos que perciben simultáneamente como funcionarios o legisladores, al no exigírseles licencia en sus funciones. Además, 32 años después, la dinámica comunicacional tuvo un enorme desarrollo tecnológico con multiplicación de medios, en especial la televisión, que hacen imposible que muchos ciudadanos lean una plataforma de 100 puntos en un medio gráfico, o una solicitada a toda página sobre cualquier otro tema.

Por lo tanto, cada vez con mayor asiduidad las campañas se basan en imágenes que nos impulsan a votar por factores emocionales, antes que por  compromisos concretos. Publicitariamente se intenta disimular la inexistencia de planes de gobierno, haciendo pasar diagnósticos (que se basan en lo que existe), por propuestas, que son acciones interrelacionadas aplicables en el corto y mediano plazo. Ante esta realidad, reclamar debates públicos entre candidatos, pareciera una grandilocuencia engañosa. Sobre qué se va a debatir, si no existen plataformas electorales oficializadas? Los ciudadanos, para juzgar, necesitan conocer previamente las propuestas a futuro a debatir, en especial las aplicables en los primeros 90 o 100 días de gobierno. El ejemplo de la utilización de la opinión de un pueblo como simple recurso político, se dio recientemente en Grecia. Se lo convocó para que votara el ajuste por SÍ o por NO. El 60%, como era obvio, votó NO. Resultado, se actuará conforme al SÍ, y habrá ajuste.

Exigir definiciones será la tarea de todos los ciudadanos en los meses que restan hasta octubre. Aún hay tiempo. El ajuste económico será inevitable, pero no necesariamente malo en sí mismo. Lo que se deberá clarificar a la ciudadanía es quienes lo absorberán. Caso contrario correremos el riesgo que quienes hoy se acusan en enfervorizados debates, en enero de 2016 repitan el gran “acuerdo político patriótico” de enero de 2002, que dejó un tendal de afectados en las clases medias y las más desposeídas. Los patriotas políticos salieron indemnes.

LA PROPAGANDA SIRVE PARA INFORMAR?

Describíamos en nuestra última reflexión alguna de las reglas básicas de la propaganda política, cuyos matices dependen de los sustratos sociales en donde se aplican. Nuestro marco nacional es un sistema democrático con una bajísima calidad institucional, desaparición de partidos políticos reconocibles con extensión territorial, y como consecuencia, oficialismos casi hereditarios por sobre oposiciones dispersas con escasa coherencia en sus acciones y principios. Esta realidad explica nuestras recurrentes e inevitables crisis políticas y económicas.

La política necesariamente exige comunicación, con evaluación de la percepción de los mensajes en los sectores a los que van dirigidos (obreros; estudiantes; empresarios, etc.). Si la percepción no es buena, inicialmente se modifica el mensaje pero no el objetivo. Este solo se posterga y/o desecha ante reacciones adversas mayoritarias y contundentes. Cabe preguntarse: cómo se manejan en una campaña electoral mensajes que, de manera sintética y clara, deben direccionarse simultáneamente a todos los estratos sociales? En países donde existen partidos tradicionales identificables y políticas diferenciadoras es posible, porque los temas en debate son acotados y conocidos por la sociedad (ejemplo, sistema de salud en Estados Unidos; educación paga o gratuita en Chile). En nuestro país, en donde no sabemos a qué agrupación pertenece cada legislador que integra una lista sábana, y menos aún a que otra agrupación se fugará en diciembre próximo una vez elegido “por el voto popular”, es imposible.

No es casual entonces que la propaganda en nuestras campañas electorales, antes que informar, tengan como objetivo acusar, emocionar, desinformar y/o enmascarar. Por ello, sin eludir la imprescindible regla de la simplificación, es habitual el uso de las reglas de exageración y desfiguración (reestructurar la información para que sea favorable al interesado), y la de contraproganda (atacar la tesis y/o creencia del adversario). Tomemos dos casos.

1.- Contrapropaganda. Un ejemplo adecuado por su  repercusión popular y política, es la muerte del fiscal Nisman en enero de este año, hecho irrefutable en sí mismo, como así su origen político. De inmediato colisionaron distintos intereses: deseo de esclarecimiento; deseo de ocultamiento; especulaciones políticas; expresiones de dolor falsas y verdaderas. Pasado el primer momento de confusión al estilo “yo no fuí”, comenzó un proceso de dilución de responsabilidades, apoyado en nada inocentes polémicas  comunicacionales, en dónde se mezclaban el debate periodístico banal, el planificado para enmascarar, y el profesional. Múltiples informaciones y declaraciones entremezclaban racionalidad con disparates y agravios. El operativo confusión, consistente en que verdad y falsedad no se distingan, fue exitoso. A más de seis meses de la aparición de Nisman sin vida, no hay información oficial de cómo murió. Estas batallas comunicacionales que mezclan la actividad periodística profesional con la claramente direccionada a determinados objetivos de impunidad, es de habitual aplicación en temas más complejos, como los de corrupción económica.  

2.- Regla de orquestación. La actual campaña electoral hasta el momento se sustenta en la instalación de dos conceptos que parecerían sintetizar nuestras alternativas: CAMBIO o CONTINUIDAD. De por sí no significan nada, pero como fueron promovidos en los niveles políticos, la propaganda busca su transfusión a los ciudadanos. Ejemplo: en los análisis de las elecciones del último fin de semana en cinco distritos (ciudad de Buenos Aires; Córdoba; Corrientes; La Rioja y La Pampa), la regla de orquestación se aplicó a pleno.  Los diarios de tinte opositor destacaron que el oficialismo solo triunfó en La Rioja, y sobre el total de estos distritos, sumó 30% de votos. Por su parte Ämbito Financiero, más cercano al gobierno, resaltó que en los cinco distritos triunfaron los oficialismos, por lo que según los votos sumados, un 60% votó continuidad (oficialismo), y un 40% cambio (oposición).

Al ciudadano éstas interpretaciones le esclarecen su futuro con vista al próximo gobierno?  Por el momento parecería que hacer propaganda no es informar. Qué pasa cuándo se deben manejar ya no interpretaciones, sino conceptos y datos numéricos concretos? Lo analizaremos en la próxima reflexión.

COMIENZA EL MARKETING DE LA SIMPLICIDAD

La publicidad de un auto de alta gama, habitualmente incluye a una mujer bellísima. Es un claro mensaje subliminal: más lujo permite más bellas mujeres. Sería suicida para la marca, por ejemplo, que el conductor utilice el modelo de lujo para pasear a su suegra. Eso queda reservado para los modelos de uso familiar. Para el campo femenino, un perfume costoso permitirá a una mujer subyugar a elegantes galanes. Estos ejemplos responden a una regla básica llamada de simplificación. El mensaje, sea solo visual o acompañado de breves textos, debe ser claro y contundente, convirtiendo al producto en un objeto de deseo.

Cuando la publicidad no se remite a lo comercial sino a lo político, se llama propaganda. La regla de simplificación no solo mantiene plena vigencia, sino adquiere mayor complejidad por dos razones: 1) el mensaje político debe ser igualmente eficaz para una amplísima franja social, a diferencia del auto de alta gama. 2) un mal producto comercial en breve tiempo fracasará en el mercado, pero un mal producto político se mantendrá como mínimo cuatro años en el poder. Salvo, en éste último caso, que parte de otros malos productos den un “golpe blando” (definición kirchnerista), como sucediera en diciembre de 2001.

La propaganda política como la conocemos, que para ser eficaz requiere de un sustrato social adecuado, nace y se desarrolla a principios del siglo XX, favorecida por el enorme avance de las comunicaciones. Fueron pioneros en la creación de sus reglas básicas, plenamente vigentes en la actualidad, los regímenes totalitarios fascistas y comunistas. Son recordadas las escenografías propagandísticas con concentraciones multitudinarias en ámbitos abiertos, que convergen en el líder como único orador, cuyos discursos estentóreos con frases breves y altisonantes, buscan sumergir a la multitud en lo emocional por sobre lo racional. Esta técnica se basa en la regla llamada de unanimidad y contagio, que se basa en la evidencia sociológica de la presión del grupo sobre la opinión individual. Una persona puede tener sinceramente en un mismo asunto dos opiniones fluctuantes. Pero la mayoría de las personas desean, básicamente, armonizar con sus semejantes. Por ello es habitual escuchar “todos dicen”, y no “yo digo”. El efecto contagio también lo buscan las sospechadas encuestas de opinión, que independientemente de su verosimilitud, pretenden volcar nuestras preferencias hacia un supuesto ganador.

Cuando este proceso propagandístico se produce en ámbitos cerrados y televisados, la escenografía y llegada al público receptor se modifica. La ausencia cercana de multitudes es suplida por incondicionales ubicados en las primeras filas frente al atril, quienes sonríen, aplauden y muestran fervorosa adhesión y conformidad con el líder orador. Actos prolijamente organizados, no dejan lugar a emociones imprevistas. Se basan en público adicto, subordinación de funcionarios, y entusiasmos de empresarios prebendarios. Paradójicamente, esa limitada escenografía y su mensaje  es transmitida a través de la pantalla chica a millones de ciudadanos con distintos niveles sociales, culturales y económicos, a quienes  se debe convencer o “contagiar”. Como consecuencia el mensaje debe ser más sofisticado y sutil, sin brindar en lo inmediato, constatar la verdad de lo expresado. Lo expuesto es aplicable a la prensa escrita, cuyo ejemplo primario y más resonante es la temida “tapa de los diarios”. 

En las vías de comunicación televisivas y escritas, que utilizaremos para nuestros futuros análisis, si bien no se abandona la regla de la simplificación, se incorporan las reglas de exageración (resaltar las informaciones favorables al interés del emisor), y desfiguración y orquestación (repetición incesante de temas con aspectos que interesan al emisor, presentándolos  de modos diferentes para no cansar). Jamás las informaciones políticas, sean en discursos o medios de difusión, se dan en “bruto”, sino con un procesamiento previo.

Lo interesante de las vías de comunicación televisivas y escritas reside en que las opiniones quedan registradas, pueden ser meditadas, y detectadas sus inconsistencias, aún cuando se oculten o distorsionen los datos que las sustenten. En la próxima reflexión ingresaremos en nuestra realidad nacional, y comenzaremos a desmenuzar técnicas y mensajes preelectorales.

EL CIERRE DEL LIBRO DE PASES

De acuerdo a lo previsto, el pasado sábado a las 24,00 horas cerró el libro de pases político. Para quienes piensan que la política tiene complejidades que no la hace fácilmente comprensible para el ciudadano que carezca de determinadas herramientas formativas, hemos sostenido que si conocen los manejos del fútbol a nivel clubes y AFA, poseen suficiente aval para entender los manejos políticos-partidarios.

Contra lo que se cree, el calendario electoral no tiene un máximo de tres instancias (primarias, elección cargos ejecutivos y legislativos, y eventuales ballotages). Existe una cuarta que cerró el pasado sábado, en la que la ciudadanía no vota: la conformación de listas de legisladores nacionales, provinciales y municipales. La selección (no confundir con elección), la realizan en ámbitos privados y familiares los líderes de las agrupaciones con un limitado número de confidentes. En ésta etapa no hay campañas de candidatos con promesas y sonrisas en afiches; no se discuten ideologías, árboles genealógicos peronistas o radicales, liberalismos o populismos. Priman intereses estrictamente personales, que exhiben ambiciones, travestismo político, y si es necesario, sometimiento a humillaciones.  En pocos días, los mismos personajes pasan de firmes adhesiones a fuertes repulsas; de agravios personales a cálidos abrazos.

Tanta excitación, debemos reconocer que es justificable. Según el caudal electoral de la agrupación y ubicación en la lista, basados en el sistema de proporcionalidad de votos, los primeros aseguran el mantenimiento o incorporación a la tarea más rentable y menos exigente del mercado laboral argentino: la de legislador. Si se es oficialista se votan las leyes del Ejecutivo a ojos cerrados; si se es opositor se justifican inacciones, incapacidad crítica y eventuales complicidades, bajo la banal excusa de ser minoría.  Como es habitual, en los puestos de privilegio se escalonan eternos políticos de hace más de 25 años, catalogados irónicamente por Jorge Asís como pertenecientes a la planta permanente de cargos electivos.

Este fenómeno no es casual ni imputable a la necedad del votante. Es favorecido por la ley 26.571, pomposamente llamada de Democratización de la Representación Política. La supuesta democratización evita poner límites a la superposición de funciones de legislador y candidato, no define sistemas de elección comunes, permite confundir fueros parlamentarios con protección de delitos, permite candidaturas simultáneas, no define la legitimidad de bancas (legislador que es votado por un partido, y ya en funciones se pasa a otro), entre otros vicios. Por añadidura, hace rato que la justicia electoral abandonó su obligación de verificar si la infinidad de mini partidos de propiedad casi privada, cumplen realmente con los requisitos para ser homologados.

Tampoco, salvo excepciones, candidatearse a cargos ejecutivos implica riesgos, pues la mayoría tienen funciones legislativas con vencimiento en diciembre de 2017. Ello les permite jugar a “yo quiero ser presidente” sin posibilidad de triunfo, pero con su futuro inmediato asegurado. Solo Miguel Del Sel, a quien muchos llamaron peyorativamente “el payaso”, tuvo la dignidad de renunciar a su cargo legislativo para dedicarse a la campaña.  Este año se suma la elección de 43 diputados para integrar el Parlasur, absurdo organismo parlamentario del Mercosur de mero carácter testimonial sin facultades decisorias. Los elegidos percibirán una dieta declarada de $ 60.000, para asistir a una reunión mensual de camaradería latinoamericana. Lo expresado explica parcialmente el espectáculo casi indecoroso brindado por gran número de conocidos políticos, saltando sin pudor de una a otra agrupación según beneficios ofrecidos o pretendidos. A partir de ahora, aparecerán las propuestas concretas? Propuestas, no diagnósticos.

A Maquiavelo el procaz pragmatismo de “nuestro representantes” no lo hubiera sorprendido. Le aconsejaba al príncipe: “De los hombres se puede decir esto: que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les haces el bien, son completamente tuyos: te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos. Pero cuando la necesidad se presenta, se rebelan”.

MAQUIAVELO REVIVIÓ EN ARGENTINA

La reflexión política del próximo miércoles 24, con motivo de producirse el sábado 20 el cierre del plazo  para inscribir los candidatos de las distintas agrupaciones, ya tiene título: “El cierre del libro de pases”. Título que pretende una vez más destacar la total similitud que existe en nuestro país entre la política y el fútbol, corruptelas incluídas. Decir que las negociaciones y vaivenes para la conformación de las listas provocaron estupor sería una falsa grandilocuencia. El espectáculo brindado por acomodaticios políticos vigentes desde hace más de 25 años, ya no debería sorprender a nadie. El escepticismo sin embargo, lejos de generar abatimiento en la ciudadanía, debería exigir su espíritu crítico e indagador. Para ello hay que modificar sustancialmente parámetros de análisis político.

Lo transitado desde la crisis 2001-2002 hasta las actuales conformaciones electorales, desnuda mal que nos pese, la desaparición del peronismo y del radicalismo como contenedores de políticas diferenciadoras, con estructuras nacionales para intermediar con la sociedad sus consensos e implementaciones. Ante esta realidad, no se entiende que avezados politólogos y periodistas especializados, casi sin excepción, continúen analizando los hechos políticos bajo el paraguas de ser peronista o ser radical. 

Tal identificación puede ser aceptada para sobrevivientes generacionales de otras épocas, o para ciudadanos comunes desde el llano, pero no a nivel de cúpulas de poder, que son las que conducen. Hasta fines del siglo XX, si bien no eran verdades absolutas, tenía cierta validez señalar que el peronismo se sustentaba en políticas sociales, y el radicalismo en la salvaguarda de las instituciones. O aún establecer diferencias desde lo degradante; “los justicialistas roban”, y “los radicales no saben gobernar”.

Asumir esta pérdida de dos identificaciones históricas hoy abstractas será saludable, porque evitará que políticos genuflexos escondan sus mediocridades tras figuras señeras o fundacionales, y más grave aún, que comercialicen cargos ofreciéndose como “pata peronista” o “pata radical”. Un ejemplo entre muchos, es el de Leopoldo Moreau. Toda su carrera fue a la sombra de Raúl Alfonsín, y para justificar su pase rentado al kirchnerismo, utilizó el eslogan “si Alfonsín viviera sería kirchnerista”. Desde esta perspectiva, el desafío que nos aguarda para los próximos meses es tan exigente como atractivo, pues en política las definiciones y/o propuestas que no se obtengan de los candidatos con firmeza antes de las elecciones, no se obtendrán después. Solo tendremos hechos consumados.

Las desaforadas gestiones para conformar alianzas y listas de candidatos (recordar que ya no se realizan en unidades básicas o comités, sino en quinchos o salones privados), nos remite inevitablemente al brillante ensayo político “El príncipe”, de Nicolás Maquiavelo. Basado en que la naturaleza del hombre no varía con el transcurrir del tiempo, fue escrito en 1513 en un contexto moral donde comenzaba a imponerse el individualismo. Italia estaba dividida en ciudades-Estado de tendencia expansionista, caracterizadas por su dominio territorial: Génova; Milán; Venezia; Pisa; Toscana; Florencia; Roma papal; Siena y Nápoles. (no confundir con Formosa, San Luis o Santa Cruz, entre otras). Contra lo que se difunde sin rigor crítico, Maquiavelo no enseñó a imberbes príncipes actuar con maldad para alcanzar y/o mantener el poder, sino en un entorno de conducciones corruptas, que vivían entre alianzas, guerras y traiciones, aconsejó como protegerse de la maldad de sus enemigos. Su recordada frase “el fin justifica los medios” resulta molesta, porque confronta a los políticos con su realidad. Veamos algunas opiniones de Maquiavelo respecto del panorama electoral argentino 2015.

“El príncipe cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran ante los enemigos”. Se referiría a los intendentes barones del conurbano quizás?

“Un príncipe hábil debe hallar una manera por la cual sus ciudadanos siempre y en toda ocasión tengan necesidad del Estado y de él. Y así les serán siempre fieles”. Ya existía el populismo en la época de los príncipes renacentistas?

Finalmente, para el momento del voto, Maquiavelo nos deja una reflexión: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí mismo; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

SIMILITUDES ENTRE FIFA, AFA Y GOBIERNOS

El escàndalo por sobornos en los màs altos niveles de la FIFA, sin desdeñar el obvio interès que despierta conocer nombres, empresas, circunstancias y montos involucrados, debe servirnos para destacar aspectos medulares de la trama, que se replican con asombrosa semejanza en nuestra Asociaciòn del Fùtbol Argentino (AFA), y el sistema polìtico que le brinda soporte, tanto econòmico como institucional-dirigencial.

Inicialmente se debe resaltar el objeto motivo de corrupciòn: el fútbol, uno de los deportes màs populares a nivel mundial, y el màs popular entre los argentinos. El tèrmino “popular” se asocia a lo cuantitativo, o sea, cantidad de usuarios. Los servicios estatales como educación y salud, con mayor número de usuarios que el fútbol, son igualmente “populares”, pero no brindan la posibilidad de negocios, salvo por los habituales sobrecostos en carácter de obra pública para construir escuelas y hospitales, para pagar coimas a funcionarios. Se considera que el deporte en general mueve a nivel mundial unos 430.000 millones de dòlares anuales. El fútbol, con un 24 % de ese mercado, genera unos 100.000 millones, con crecimiento sostenido. Esto convierte al fútbol en un preciado objeto de deseo para empresarios y funcionarios.

Identificado el negocio, que asocia montos multimillonarios con la condiciòn de popular, se debe implementar el esquema “ganancias para muy pocos, enmascaradas en el goce de muchos”. En primer lugar se busca exclusividad en su usufructo, extendida en el tiempo. Para ello se apela al concepto de seguridad jurídica, que habitualmente se aplica a los débiles. Los más fuertes tienen el recurso de ofrecer contraprestaciones a quienes debieran legislar, controlar y aplicar las leyes, para obviarla. Pero como la FIFA debe negociar con distintos gobiernos para desarrollar y proteger sus negocios, para eludir sus legislaciones creò una poderosìsima organizaciòn “supra nacional”, a modo de cerco legal. Estas atribuciones se trasladan a cada una de las asociaciones locales, en nuestro caso la AFA, que actúan con inmunidades cuasi diplomàticas. En caso de que algún gobierno intervenga asociaciones y/o federaciones afiliadas a la FIFA, sus equipos no podrán participar en torneos internacionales organizados por el organismo. Este destierro, obviamente, no solo aterroriza a cualquier gobierno, sino impide que los dirigentes locales puedan participar de los negociados.

El siguiente desafío es lograr continuidad en los niveles de conducción de la FIFA, y en lo posible, en las Confederaciones regionales y Asociaciones nacionales. Los procedimientos corruptos necesitan de aceitadas interconexiones políticas conocidas, y esquemas rutinarios que aseguren impunidad a lo largo del tiempo. Para ello, como sucede con gobiernos nacionales, provinciales y municipales, se apela a reelecciones indefinidas, o en última instancia,  se promueven reemplazos con “delfines” de la causa. Si bien éste método es válido para fútbol y política, existe entre ambos una diferencia metodológica forzosa. En las entidades del fútbol los electores son limitados en número e identificables. Ello exige licuar el peso de los afiliados más poderosos en desarrollo y tradición (en la FIFA: Argentina, Alemania; Italia; Inglaterra; España; Francia, Brasil, etc.; en la AFA: Boca; River; Independiente, Racing, etc.). Ello se logra ampliando la base de afiliados con voto, incorporando entidades de países escasamente relevantes en fútbol a nivel internacional. A nivel nacional (AFA), se incorporó a representantes de categorías de menor jerarquìa, en donde clubes casi barriales tienen el mismo peso que clubes de raigambre internacional. No es casual entonces que entre los altos dirigentes de la FIFA detenidos, figuren representantes de Islas Caimàn, Guyana, Trinidad y Tobago; Camerún y Nicaragua.

Pero como en el campo político los votantes son millones de ciudadanos no identificables, la soluciòn en nuestro país ha sido la manipulación de la Ley Electoral hasta límites inimaginables, en donde todo vale. Legisladores que pueden competir sin renunciar o pedir licencia en sus cargos; candidatos que pueden presentarse a más de un cargo, o acoplarse simultáneamente a listas distintas; candidaturas testimoniales en las que el candidato triunfante no sume, ley de Lemas, listas sábana conformadas a dedo con familiares y amigos; y otros absurdos legalizados a fin de limitar al máximo el derecho de elección del ciudadano.

Ya consolidados los dirigentes en el poder e instrumentada su continuidad, arribamos al punto definitivo que nos sumerge ineludiblemente en la corrupción: un amplio y discrecional manejo de recursos económicos fuera de todo control. Ante el dinero, se rinden poderosos y débiles, y los apoyos al líder son ampliamente mayoritarios, cuando no unánimes. De este modo, los “secuestradores de goles” realizan negociados impensados.

Concluiremos con una tarea para el hogar. Los sobornos en la FIFA los está investigando la fiscal general de EE. UU. Loretta Lynch. El destino desconocido de 179 millones de pesos que el Estado trasladó a la AFA por el “Fútbol para Todos” está bajo investigación de la jueza federal Servini de Cubría. Cuál de las juezas nos merece más confianza para alcanzar la verdad? Si su respuesta no es nacional y popular, se lo acusará de “buitre” y retrocederá cinco casilleros.

EL GAS PICANTE DE LA POLÍTICA

El bochorno sucedido en el estadio de Boca Juniors durante el partido de fútbol entre el equipo local y River Plate por la Copa Libertadores de América, muestra una vez más que el negocio del fútbol replica con total exactitud el mundo de la política, tanto en sus actores como en el contexto. La repercusión del hecho en los medios de comunicación, desnudó intencionalidad política, oportunismo o superficialidad discursiva, y manifiesta complicidad por parte de dirigentes y funcionarios responsables, dispuestos a que la matriz delictiva en el fútbol no se modifique. Matriz no muy distinta al caso Nisman, o a los innumerables ejemplos de corrupción estatal-privada aparentemente más complejas (Skanska, Ciccone, Sueños Compartidos, Hotesur, entre otros), que quedarán irremediablemente impunes.

En las comisiones directivas de los clubes coexisten políticos con cargos ejecutivos o legislativos de distintas identidades partidarias, integrantes de fuerzas de seguridad en actividad o retirados, gremialistas, empresarios, jueces, fiscales, y finalmente, los esforzados muchachos que son cara visible de la corrupción, llamados barras bravas. Designación ésta despectiva y discriminatoria, porque no se aplica a los altos niveles político-dirigenciales que los apañan y participan del negocio. Este contexto nos permite visualizar con escaso margen de error, las escasas posibilidades de cambio a producirse a partir de la asunción de las nuevas autoridades el 10 de diciembre próximo.

Señalamos que la metodología de implementación y protección de los negociados en el fútbol es exactamente la misma que la de los delitos económicos contra el Estado. Todo comienza con la información. Periodistas con serios trabajos profesionales muestran hasta el hartazgo a reconocidos barras, sus profusos antecedentes delictivos y causas judiciales, conexiones políticas y modus operandi. Conocida la realidad, comienza el encubrimiento. A la propaganda se la desvirtúa con la contra propaganda, enmascarando los problemas de fondo con la rimbombancia de lo anecdótico. Los sectores políticos nos entretienen debatiendo si los barras están en connivencia con el macrismo, el sciolismo o el massismo, y si el ataque se produjo en sectores de responsabilidad del club o de la seguridad pública. La justicia actúa con su habitual morosidad e inoperancia, que a su vez justifica en la inacción de los legisladores para elaborar leyes que permitan aplicar sanciones más enérgicas.  Nuevamente, se manifiesta “el gran acuerdo político”.

Instalados los escándalos, se necesita de algún culpable para cerrar el episodio, y pasar al siguiente. Ejemplo; nunca sabremos cómo murió Nisman, pero aprendimos una barbaridad acerca de su vida privada y del accionar del agente de inteligencia Stiusso. Este rol en el escándalo Boca-Ríver, lo cumplirá el clásico lobo solitario arrepentido y asustado, llamado Napolitano, alias “el panadero”. Entre el fárrago de opiniones, quedó extrañamente minimizada una declaración del Secretario de Seguridad Sergio Berni, que nos acostumbró a que sus auto promocionadas acciones veloces y eficaces, de inmediato quedan desvirtuadas por la realidad de los hechos. Contundentemente, expresó que “hay que intervenir la AFA”. Sorprende que nadie le haya aclarado que el fútbol profesional está de hecho estatizado.

El Gobierno nacional, a través del “Fútbol para Todos”, provee no solo el soporte económico de la AFA y los clubes, sin control de la aplicación de los recursos públicos, sino ejerce su plena conducción. Determina la cantidad de ascensos y descensos; establece las programaciones y aún los horarios de los partidos; define operadores televisivos y equipos periodísticos, y la Inspección General de Personas Jurídicas no certifica los falsos balances económicos de las instituciones, mal llamadas “entidades sin fines de lucro”;  Qué sentido tiene entonces intervenir la AFA? Una vez más, palabras altisonantes para que nada cambie. Lentamente, vamos ingresando al año 2016.

AUTOAMNISTÍAS, FUEROS Y CORRUPCIÓN

“Declárense extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982”, expresaba textualmente el inicio del artículo 1° de la Ley 22.924. Llamada Ley de Pacificación Nacional, fue promulgada el 22 de septiembre de 1983 por el gobierno militar, en plena campaña electoral para las elecciones nacionales de octubre, que marcarían el retorno a la democracia. También conocida como de autoamnistía, la ley abarcaba un período democrático de dos años de gobierno justicialista, y más de siete años de dictadura militar. El Partido Justicialista, cuyo candidato presidencial era Italo Luder, se pronunció por su validez. El candidato de la UCR Raúl Alfonsín prometió dejarla sin efecto, y tras su triunfo promovió se derogación el 28 de diciembre de 1983. Fue la primera ley votada por el congreso, posibilitando el histórico juicio a los comandantes de las juntas militares, evitando la impunidad por la violación de derechos humanos.

En un sistema democrático plantear autoamnistías expresas entre gobiernos constitucionales sería impensable. Pero como la corrupción estatal en cabeza de funcionarios públicos asociados a empresarios privados exige una red de protección que garantice impunidad presente y futura, cambian los medios pero no los fines. En lo administrativo la estrategia habitual es crear una maraña burocrática que particione responsabilidades y dificulte nexos entre áreas del Estado. En el ámbito judicial se mantiene la maraña, a la que se suman los llamados “operadores” políticos que actúan directamente sobre jueces y fiscales. En todos los casos, los servicios a prestar son los de demorar, diluír, ocultar, anular. Para esta tarea, no necesariamente los cómplices tienen participación directa en los negociados; les es suficiente con obtener y/o mantener cargos privilegiados bien remunerados al frente de los organismos de control, que otorguen viso de legalidad a la impunidad.  

Ello explica que a escasos meses de concluir su gestión, el gobierno pretenda cubrir cargos políticos jerárquicos de responsabilidad en distintos organismos estratégicos creados o en creación, recurriendo a artificiosas e injustificadas estabilidades en los cargos. Estas designaciones deberán ser explícitamente rechazadas o aceptadas por cada uno de los candidatos, tal como sucediera en el intento de autoamnistía en 1983, para que la sociedad con su voto decida.  Cumplido este paso preelectoral, el próximo gobierno deberá reestructurar todos los organismos de control, clarificando sus misiones y atribuciones, racionalizando sus estructuras en lo operativo y cuantitativo, y creando claros flujos de interrelación entre los organismos entre sí y de éstos con los  judiciales, rompiendo la trama que indica que a mayor cantidad de Organismos mayor corrupción.

Otro aspecto a modificar es el de los fueros parlamentarios, cuya creación se remonta a las monarquías parlamentarias, buscando la separación e independencia del poder legislativo respecto al ejecutivo. Deben aplicarse entonces a las actividades propias de los mandatos legislativos, y no para encubrir delitos comunes. El artículo 68 de la Constitución nacional expresa que los miembros del Congreso no podrán ser acusados, interrogados judicialmente o molestados por “sus opiniones y discursos” emitidos en el desempeño de su actividad legislativa. Nada refiere a los delitos comunes. Sin embargo, los artículos subsiguientes son más genéricos. El 69 hace referencia a que los legisladores no pueden ser arrestados durante sus mandatos, y el 70 que las Cámaras, por acciones penales por delitos iniciadas en la justicia  contra legisladores, podrá suspenderlos en sus funciones con los 2/3 de los votos. Hoy los cargos legislativos sirven de inmunidad judicial tanto para procesados como para condenados por actos de corrupción económica. No sorprende entonces que en nuestro país puedan manejar presupuestos públicos o legislar. Carlos Menem y Amado Boudou son solo algunos de los tantos ejemplos. Este absurdo, que ningún candidato compromete cambiar, se llama “gran acuerdo político”.

LA POLÍTICA BAILA ENTRE TINELLI Y FAYT

En esta semana coexistieron dos eventos con repercusión en los medios de comunicación. Uno perteneciente al mundo del espectáculo asociado al marketing político, y el otro con raíces en la calidad institucional del país. El lunes comenzó la temporada de “ShowMatch”, que produce y conduce Marcelo Tinelli. Contó con la presencia de los tres candidatos con posibilidades de acceder a la presidencia en diciembre próximo, acompañados de sus respectivas esposas. Simultáneamente es noticia el despiadado acoso que sufre el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt por parte del Gobierno, invocando su avanzada edad. Acoso cuyo objetivo sería obtener su renuncia por cansancio moral, o bien negociar su permanencia en base al ingreso de un nuevo integrante en el Superior Tribunal, propuesto por el Ejecutivo.

Eventos aparentemente disímiles, no lo son si los insertamos en su contexto político y temporal. En el caso Fayt, no es la primera vez que un gobierno desata un ataque frontal contra integrantes de una Corte Suprema, habitualmente con éxito, con el fin de reemplazarlos por jueces afines. Lo que resulta inédito es que la embestida se realice a tan solo ocho meses del cambio de gobierno y en forma unilateral, en lugar de promoverlo sobre la base de un consenso político. Ello denota que no se busca una mejora institucional futura, sino lograr la impunidad del pasado. Cómo se manifiestan los precandidatos Macri, Scioli y Massa mientras esto sucede? Para mostrarnos que “son como nosotros”, junto a Tinelli sonríen forzadamente ante las humoradas de sus dobles; confiesan secretos de la vida conyugal, y concluyen ensayando unos pasos de baile.  

Lo que interrelaciona ambos eventos es la política, en una instancia preelectoral no habitual, pues desembocará en el reemplazo de una conducción de gobierno ininterrumpida durante los últimos doce años. Que además exhibe ciertas similitudes preocupantes en lo político y económico, con lo sucedido 16 años atrás. En ese entonces Menem fracasó en su intento de obtener una nueva reelección tras 10 años de gobierno, y dejó a su sucesor una matriz económica difícil de modificar sin causar profundas conmociones sociales. Al punto que en la campaña de ese entonces, tanto Duhalde como De la Rúa prometían mantener la convertibilidad, pues cualquier propuesta en contrario hubiera sido electoralmente suicida. Ambos estaban fuertemente condicionados.

Podemos aceptar que la situación económica actual sea menos grave que en 1999, pero no la política. Ello como resultado de la desaparición del Justicialismo y el Radicalismo como partidos de extensión nacional, sustituidos por frentes electorales laxos y confusos. No es casual entonces el alocado juego de pases entre agrupaciones políticas de los mismos políticos de siempre, cuyos objetivos son ajenos a cualquier ideología: continuar usufructuando cargos electivos, sean ejecutivos o legislativos. Todo ello al cobijo de una legislación electoral escandalosa tanto en sus requisitos, como en la falta de control por parte de las autoridades de aplicación.

El espectáculo de Tinelli deja enseñanzas provechosas. Sus éxitos no se basan solo en creatividad y aceitados conocimiento de las preferencias de los consumidores (poder de la imagen), sino en una fuerte estructura empresaria como respaldo. Tinelli reúne al Grupo Clarín (Canal 13), y al conglomerado de Cristóbal López (Ideas del Sur) en el emprendimiento, lo que visibiliza, más allá de los discursos de barricada, el desbalance entre la cohesión de lo privado en sus objetivos, ante la inconsistencia de lo público. Quizás el espectáculo de Tinelli exhiba que no son los políticos quienes establecen reglas de juego, sino por el contrario, son estos quienes se someten a las establecidas por quienes manejan los negocios. Es verdad que hasta ahora los candidatos carecen de alternativas identificatorias, pues no existen proyectos de gobierno diferenciadores en juego. Mientras ello suceda, seguirán predominando las sonrisas de Juliana, Karina y Malena.

CUANDO EL DIÁLOGO NO ES VIRTUOSO

En su acepción más simple, diálogo es una forma de comunicación entre dos o más personas. Si al concepto de diálogo le agregamos la particularidad de “político”, sus formas (amable; colérico) y resultados (fructífero; inútil; perjudicial), adquieren trascendencia social. Los diálogos políticos pueden estar direccionados a lograr consensos en legislaciones y/o acciones que mejoren la calidad de vida e institucional de la mayoría de los ciudadanos, o por el contrario, a conseguir prebendas y beneficios particulares y/o sectarios para pocos. Pueden pretender la transparencia de los actos de gobierno o su ocultamiento.

Ante tal diversidad, es un reduccionismo engañoso plantear como objetivo de un próximo gobierno “la necesidad de lograr más diálogo”. Es evidente que el mantenimiento de una misma clase política en el manejo del Estado durante más de 25 años, circunstancialmente como oficialista u opositor, acompañada por los mismos dirigentes empresarios y gremiales, necesitó de un permanente y sostenido diálogo, pero no precisamente virtuoso. La destrucción de los partidos políticos de extensión nacional como mediadores permanentes entre la política y el ciudadano, originó que el contacto formativo y personal entre los ciudadanos y sus representantes, fuera sustituído por multimillonarias campañas publicitarias y de imagen, habitualmente falsas y autolaudatorias. Como natural consecuencia, el diálogo político con objetivos claros y definidos de interés general, se convirtió en una suma de limitadas transacciones entre figuras políticas ajadas y repetidas, carentes de representatividad y estructuras para aportar ideas, propuestas y equipos, salvo las de su propio interés.

Identificarse hoy como peronista, radical, socialista o conservador, es aún válido para ciudadanos alejados del poder que compartan una mesa de café, e incluso que algunos de ellos no se hablen por unos días después de una elección. Pero es un cinismo echar mano a viejas tradiciones que fueron intencionadamente licuadas por permanentes reacomodamientos personales falsamente ideológicos. En lo inmediato asistimos y asistiremos hasta el cierre definitivo de listas de candidatos el próximo 20 de junio, al espectáculo de un diálogo a tiempo completo, en donde hasta último momento y según cargo ofrecido, muchos políticos  con varios saltos partidarios en sus espaldas, pasen de ser enemigos a ser amigos, para terminar integrando cualquiera de los tres principales frentes electorales. En democracia, cuando los diálogos no cuentan con respaldo institucional partidario y legitimidad de representación, se transforman en patéticas mini negociaciones en las que priman la especulación y conveniencia personal.

Una vez producido el cierre de listas, las electoralmente competitivas albergarán a representantes de “la década del 90” que ya no lo son; estatistas que fueron privatistas; fascistas que son de izquierda; multimillonarios a través del Estado que son progresistas, y las ya tradicionales “pata radical” y “pata peronista” según corresponda a cada agrupación, representada por comodines que ya no recuerdan en que partido se desempeñaban tan solo diez años atrás. Esto explica que los políticos, a manera de autoincriminación, hablen permanentemente del pasado, y jamás del futuro.

Esta cruda descripción de la realidad política tiende a que, independientemente de nuestras preferencias seamos exigentes con los candidatos, para que no eludan su responsabilidad democrática de explicitar propuestas, e identificar las que serán implementadas durante los primeros 120 días de gobierno. Y, como expectativa de máxima, lo que sería inédito a partir de la asunción de Menem en 1989, que se cumplan. De este modo nos permitirían avizorar un futuro.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN - abril 2015

Retomamos la agenda mensual con el seguimiento de algunas de las innumerables causas judiciales de corrupción, que interrelaciona a funcionarios del Ejecutivo, del Poder Judicial,  grupos empresarios asociados y testaferros, con el fin de favorecerse con manifiestos y desmesurados enriquecimientos ilícitos a costa de los recursos públicos. Las consecuencias tangibles para la sociedad son  el incremento de la pobreza, y la disminución de la calidad de vida por mala prestación de servicios. La actual tensión político-judicial es producto de acelerados y extemporáneos reformismos a escasos meses de las elecciones nacionales, que pretenden asegurar la continuidad de la matriz de impunidad, vigente desde hace más de 25 años. Como jamás antes, se transparentó la lucha entre jueces y fiscales que promueven investigaciones y son acusados de opositores bajo el rótulo de Partido Judicial, y los sospechados de oficialistas que intentan neutralizarlas, aunados en Justicia Legítima. La mejor manera de tomar conciencia de la magnitud de la corrupción, es el seguimiento regular de algunas de las causas.

1- Lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

La sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, a fines de diciembre ordenó al juez Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Federal N° 7, que centralice su investigación de lavado dinero sobre el empresario Lázaro Báez, y no exclusivamente en protagonistas menores como Elaskar y Fariña. Recién el pasado 13 de marzo Casanello citó a Báez, pero solo para indagarlo por la compra de un campo en Mendoza. Por la misma causa, el juez federal Martínez de Giorgi acusó a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi de prevaricato, por perjudicar deliberadamente la investigación, en su condición de integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.     

2.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

A dos años de iniciada la causa, el juez federal Ariel Lijo procesó al vicepresidente Boudou (acusado de quedarse con el 70% de las acciones), y otros implicados, por el intento de apropiación fraudulenta de la imprenta, que se pretendió disimular con una veloz estatización. Actualmente los imputados intentan apartar al juez Lijo de la causa mediante las clásicas recusaciones, tal como hicieran cuando lograron el desplazamiento del fiscal Rívolo, quien actuara inicialmente para obtener documentación probatoria esencial.

3.- Defraudación de la Fundación Sueños Compartidos en la construcción de viviendas de interés social

Luego que el juez Oyarbide licuara los elementos de prueba de la defraudación de parte de los 765 millones de pesos entregados a la Fundación de Hebe de Bonafini, y tardíamente los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo apartaran de la causa por mal desempeño, la misma recayó hace más de un año en el juez federal Martínez de Giorgi. El destino final pareciera ser la impunidad y prescripción.

4.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

Continúa el juicio en el Tribunal Oral n° 2, integrado por los jueces Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, contra los empresarios concesionarios y funcionarios responsables de la muerte de 51 pasajeros en la tragedia. Los hermanos Cirigliano, concesionarios del servicio, se declararon en quiebra para no afrontar indemnizaciones. Aclaremos: la quiebra es empresaria, no del patrimonio personal. Es un viejo recurso que a ningún legislador se le ocurrió desactivar.

5.- Sociales: sobreseimientos y prescripciones.

En agosto de 2007 se decomisó en Aeroparque una valija con 790.000 dólares en poder del venezolano Antonini Wilson, que viajaba en un vuelo privado de funcionarios argentinos y venezolanos. La Sala II de la Cámara de Casación (Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David), demoró dos años para finalmente dictaminar el 02 de febrero pasado, inadmisible un planteo del fuero penal para impedir la prescripción de la causa. El expediente está a consideración de la Corte Suprema.

La ineficacia cuando no manifiesta complicidad de la justicia federal para no sancionar los delitos económicos en perjuicio del Estado, salvo honrosas excepciones, dificulta tomar partido entre “buenos y malos”. Está claro que una reforma profunda de leyes y procedimientos es imprescindible. La harán los viejos  políticos de Planta Permanente, que nos dicen “que lo mejor está por venir”?

NISMAN ES UN CASO CERRADO

A más de tres meses de la aparición sin vida del fiscal Nisman, dictaminar si lo asesinaron o se suicidó pareciera ser irrelevante. La verdad quedó definitivamente borrada. En lugar de brindar esclarecimiento, el entramado político-judicial sometió a la ciudadanía a un alúd de acciones, operaciones públicas y opiniones, que oscilaron entre la necedad, la impericia, el engaño y la obscenidad.

Pero la muerte de Nisman, más allá de virtudes y vicios personales, tuvo como efecto no deseado trasladar a la luz pública la enorme corrupción político- judicial, que desde hace más de 25 años se mantiene inmutable en nuestro país. Con la complicidad, por acción u omisión y bajo la falsa excusa de mayorías automáticas, del Poder Legislativo, en la tarea de brindar barniz legal a cualquier instrumento y/o procedimiento que concentre poder, desvirtúe instituciones democráticas, y licúe negociados. Este sólido y perenne entramado de impunidad, no distingue entre neoliberalismos o progresismos, derechas o izquierdas.

En el caso Nisman todos los actores intervinientes pertenecen o son financiados por el Estado: el propio Nisman; los principales acusados por su denuncia; el servicio de seguridad que debía cuidarlo, encabezado por Berni; los que pisotearon en patota la escena de su muerte; la fiscal Fein a cargo de la investigación; la jueza querellante Arroyo Salgado; los servicios de inteligencia, determinados canales de televisión propagando información enlatada por encubridores; y finalmente, un tropel de funcionarios y legisladores que se cansaron de formular declaraciones superficiales y contradictorias, suponiendo motivos, evaluando actuaciones judiciales, aconsejando detenciones. El viejo recurso de desprestigiar al denunciante, vivo o muerto, se aplicó sin piedad. A Nisman se lo atacó desde su presunta homosexualidad hasta una supuesta condición de tigre con las mujeres; de ser “un turro” a tener nexos con los fondos buitres. Entre tanto dislate, los expertos peritos de la Corte y no los menos reconocidos peritos de la querella, disienten absolutamente acerca de si Nisman se suicidó o lo mataron. La sociedad nunca sabrá que sucedió con Nisman; pero asistió a un ejercicio de encubrimiento coordinado de corto plazo de tal eficacia, que debería ser atentamente estudiado en los cursos de los servicios de inteligencia.

A esta altura de los acontecimientos pareciera insostenible pensar que tal pandemónium se pudiera originar en el convenio  que el Senado aprobara el 21 de febrero de 2013 por 39 votos a favor y 31 en contra, para crear conjuntamente con Irán una Comisión de la Verdad no prevista en las leyes argentinas, destinada a definir responsabilidades por el atentado contra la Amia en julio de 1994. Era obvio que el interés principal de los iraníes era el levantamiento de las alertas rojas que pesaban sobre sus altos funcionarios, pero ello no se concretó. Supuestos acuerdos comerciales podrían haberse manejado por otras vías, sin mayores problemas. Por último, una posible investigación judicial tendría que haber comenzado por el Canciller Timmerman y por los antecedentes entregados por el Ejecutivo a los legisladores. Tampoco las víctimas de la Amia, para nueva decepción de sus familiares, parecieran ser la principal preocupación. Llama la atención que al agente de inteligencia Stiuso se lo haya jubilado sin pedirle previamente detalles de lo actuado en el caso, y tardíamente Parrilli anuncie su búsqueda para interrogarlo. Más insólito aún es que no se solicite información a Canicoba Corral, el juez a cargo de la causa. Irresponsablemente se desentendió del avance judicial, o hay algo más?

Todo lo expuesto hace suponer que el caso Nisman se inserta dentro de la  despiadada lucha a cara descubierta y explícita iniciada hace más de un año, entre intereses corporativos políticos, judiciales y empresarios asociados, para mantener a futuro la trama de impunidad que proteja los enormes negociados y enriquecimientos ilícitos desmesurados a costa de los recursos del Estado. Increíblemente, nada distinto con lo que se especulara durante el primer juicio por el atentado encabezado por el juez Galeano, hace más de 10 años. Al respecto, los candidatos Macri, Massa y Scioli guardan un piadoso silencio, y siguiendo la estrategia de sus asesores extranjeros, auguran que “lo mejor está por venir”.

EL USUFRUCTO DE RAÚL ALFONSÍN

En derecho usufructo significa utilizar una cosa ajena, con consentimiento de su dueño. En política se aplica al uso de la memoria de personalidades trascendentes que no pueden brindar su consentimiento, involucrándolos en intereses muy terrenales y espúreos. Pasa desde hace años con Perón y Eva. Para minimizar a Perón, por ejemplo, se pretende otorgar a la figura gris y obediente de Cámpora una histórica trascendencia. Recientemente, como resultado del acuerdo interpartidario PRO-UCR-Coalición Cívica, en el radicalismo le llegó el turno a Raúl Alfonsín.

En procesos preelectorales, producto de la desaparición de los Partidos Justicialista y Radical como intermediadores entre política y sociedad en todo el territorio nacional, estos usufructos se potencian, pretendiendo encubrir la falta de compromisos programáticos concretos y grandilocuencias vacías de contenido (liberal; progresista; derecha; izquierda). Reemplazados como centros de debate las unidades básicas y comités por reuniones en quinchos para una Clase Política Privilegiada, se hizo habitual un grosero e indisimulado mercadeo para definir espacios de poder, candidaturas para gobernaciones y cargos legislativos.

Este contexto explica porque en el centenario partido radical, que pretende exhibir como mayor mérito la “defensa irrenunciable de la institucionalidad”, un grupo de legisladores “indignados”, con una enjundia digna de mejor causa, pretenden sabotear lo resuelto en la Convención partidaria de Gualeguaychú, ejemplo casi prehistórico de un debate abierto y participativo entre 350 representantes de todos los distritos del país. Paradójicamente, el sabotaje intenta sustentarse invocando inexistentes marcos ideológicos y la memoria de Raúl Alfonsín.

Se destacaron en el embate Ricardo Alfonsín, Cobos, Gerardo Morales (Jujuy), Cano (Tucumán) y Naidenoff (Formosa), quienes más allá de los resultados electorales mantendrán sus mandatos como legisladores hasta el año 2017. Sus objeciones oscilaron entre la resistencia al PRO, y la postura de extender el acuerdo al Frente Renovador de Massa, con quien los tres últimos negociaron apoyos a sus candidaturas para gobernador en sus provincias, cediendo en compensación legisladores al justicialismo. Especial mención merecen dos de los indignados, que recorrieron todos los medios de comunicación para boicotear lo decidido en Gualeguaychú: el senador correntino Nito Artaza, y un señor de 36 años que hablaba en nombre de un nucleamiento ignoto  de jóvenes radicales. El senador Artaza, que concluye su mandato en el Senado este año,  tenía acordada con Massa su precandidatura para renovarlo. Su actitud no difiere con lo que sucede actualmente entre políticos de distintas agrupaciones, y que analizaremos cuando cierre el libro de pases.

Distinto es el caso del “maduro joven” desconocido. Resultó ser el yerno de Leopoldo Moreau, que a principio de este mes percibió los honorarios por su prédica para socavar desde las entrañas del Partido Radical todo intento de generar ante la sociedad una alternativa posible de Gobierno. Fue designado al frente de una Subsecretaría por el gobierno justicialista-kirchnerista.

Los radicales, que no volvieron a tener dirigentes de la talla de Raúl Alfonsín, están lejos de ser opción por sí mismos. Pero es inadmisible que muchos de sus eternos dirigentes comercialicen en su interés personal la sigla de radical, el nombre de Alfonsín y una supuesta representatividad en votos, para con cargo en mano  cruzar cualquier frontera en nombre de una falsa comunión de ideas. Cabe preguntarse hasta cuándo estos  dirigentes sufrirán el “síndrome Estocolmo”, que solo les permite aliarse con rancios justicialistas que los desprecian, los acusan de no saber gobernar, o los sabotean como hizo Carlos Alvarez, funcionario de este gobierno desde hace años (secretario general de la Aladi), cuando renunció como vicepresidente de la Alianza.

Para quienes se resistan a identificar a la izquierda con funcionarios escandalosamente enriquecidos en la función pública o empresarios asociados al Estado en fructíferos negociados, vaya un recuerdo  para un verdadero símbolo de la izquierda latinoamericana recientemente fallecido: Eduardo Galeano. Admirado y cuestionado, polémico, que sufrió el exilio, fue un intelectual pensante, escritor, periodista, conviviente con lo popular y lo futbolero, cuyas convicciones no admitían fanatismos ni sobornos prebendarios. 

EL ENGAÑO COMO MENSAJE POLÍTICO

En las dos últimas reflexiones tituladas “Veladas amenazas preelectorales”, analizamos los contextos políticos y económicos que produjeron la crisis de los años 2001-2002. Recordarlo es imprescindible, ante mensajes nada ingenuos que pretenden asimilar el acuerdo PRO-UCR-Coalición Cívica con la Alianza. En la propaganda política, los mensajes breves carentes de fundamentación, son uno de los instrumentos utilizados para direccionar la opinión pública, influenciándola para votar por determinada agrupación o candidato. Los sustentados en los rótulos “derecha e izquierda” han perdido fuerza en la política argentina. La realidad indica que al calor del poder gobernante, conviven supuestas derechas recalcitrantes, supuestas izquierdas impolutas, y supuestos opositores listos para transformarse en oficialistas. Los instrumentos ineludibles para tamaña confraternidad ideológica, son los cargos y prebendas del Estado.

Pero utilizar el fantasma de la Alianza para perjudicar todo atisbo de opción electoral al Partido Justicialista merece ser evaluado, por las preocupantes similitudes que presenta el contexto actual con el del 2001-2002. Ello explicaría la ausencia de propuestas concretas de los tres candidatos a la presidencia mejor posicionados (Macri, Massa y Scioli), como la de sus voceros. Saben que las consignas publicitarias “lo mejor está por venir” del oficialismo, o “ante un cambio de gobierno vendrán inversiones”, esgrimido por la oposición, es mera retórica sin previa aplicación de medidas de ajuste. Comparemos diversos indicadores.

Situaciones políticas

Año 1999: la Alianza asumió tras 10 años de gobierno justicialista, con minoría legislativa y fuerte oposición. Año 2015: el próximo gobierno asumirá tras 15 años de gobierno justicialista, seguramemente con minoría legislativa, y fuerte presencia opositora del FPV.

Año 2003: el PJ no concurrió a elecciones unificado, sino diluído en tres candidatos: Menem, Kirchner y Rodríguez Saá. Año 2015: el justicialismo concurrirá con el FPV y el Partido Renovador de Massa, y quizás una tercera alternativa, integrada por De la Sota y Rodríguez Saá. El PJ y la UCR perdieron identidad como partidos políticos.

Situaciones económicas

Año 1999 (diciembre): la Alianza recibe el Gobierno con una deuda externa de 145.289 millones de dólares; reservas Banco Central de 27.831 millones de dólares; inflación 1,80 % (negativa); desempleo 13,80 %.

Año 2014 (diciembre): deuda externa de 140.366 millones de dólares; reservas Banco Central de 31.443 millones de dólares; inflación 23,90 %; desempleo 7,50 %. A la deuda externa se le suma la deuda interna (el Tesoro con el Banco Central; Ansés; Pami): 21.500 millones de dólares.

Salvo la Deuda Interna a diciembre de 2014, la totalidad de los datos SON OFICIALES, por lo que se parte de la base más optimista.

Crisis años 2001(diciembre)-2002

Golpe duro: la Alianza abandonó el gobierno el 20 de diciembre con los siguientes indicadores: deuda externa 166.272 millones de dólares; reservas Banco Central 19.425 millones de dólares; inflación 1,50 % (negativa); desempleo 18,30 %. En el mismo mes se había implementado el llamado “corralito”, que para evitar corridas bancarias limitaba la libre disposición de dinero en plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Se produjo una gran reacción social.

Acuerdo político interpartidario: tras la renuncia de De la Rúa, las medidas más resonantes fueron el no pago de la deuda externa (Rodríguez Saá), y salir de la convertibilidad vigente desde marzo de 1991 (Duhalde). Esta medida produjo una fuerte devaluación, que a diciembre 2002 alcanzó $ 3,09 por dólar, y una inflación de 41,00%. El “corralito” se transformó en “corralón”, y todas las obligaciones en dólares se pesificaron a $ 1,40 por dólar, pese a que el dólar oficial cotizaba a $ 2,20 pesos por dólar. A los ahorristas se les entregó un Bono a 10 años (Boden 2012), embargando y licuando sus ahorros. Por el contrario, a los grandes empresarios y banqueros se les licuó y estatizó parte de sus deudas, a través del escandaloso procedimiento conocido como pesificación asimétrica, por el que se los compensaba por la diferencia entre el dólar de pesificación y el oficial, entregándoles por la diferencia Bonos del Estado. Por añadidura, estos Bonos significaron un enorme negocio a mediano plazo para diversos Fondos de Inversión. Los pequeños y medianos ahorristas, por su parte, obligados por sus necesidades, debieron vender con grandes pérdidas parte de sus Bonos a 10 años.

Con estos antecedentes, y más allá de preferencias electorales, la ciudadanía debería exigir a los candidatos que expliciten si estos datos son ciertos, o bien dar a conocer los que manejan para elaborar sus propuestas. Deberemos estar precavidos para evitar que en enero de 2016 no se repita lo que en enero  2002, el entonces diputado radical Leopoldo Moreau bautizara grandilocuentemente como “acuerdo político interpartidario de salvación nacional”.

VELADAS AMENAZAS PREELECTORALES (nota II)

En la anterior reflexión recordamos el contexto político con el que se encontró la Alianza cuando asumió en diciembre de 1999. Analizaremos hoy el económico, en base a un cuadro comparativo estructurado sobre dos coordenadas: económicas (horizontal), con datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 2003, y temporales (vertical), indicando años claves de gobierno. Partiremos desde diciembre de 1999 (venció el mandato de Menem y asumió De la Rúa), hasta diciembre 2014 (gestión Cristina Kirchner).

PERÍODOS	INDICADORES ECONÓMICOS
	Deuda externa en millones de dólares	Deuda interna en millones de dólares	Reservas BCRA en millones de dólares	Tipo de cambio    pesos x dólar	Inflación (IPC) %	Desocupación %
Diciembre 1999 (Menem)	145.289	no se indica	27.831	1,00	-1,80	13,80
Diciembre 2001        (De la Rúa)	166.272	no se indica	19.425	1,00	-1,50	18,30
Diciembre   2002 (Duhalde)	156.748	no se indica	10.485	3,09	41,00	17,80
Diciembre 2003 (Kirchner)	164.645	no se indica	14.119	2,96	3,70	17,30
Diciembre 2014 (Kirchner)	140.000	21.500	31.443	8,58	23,90	7,50
Junio 2015	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente

Deuda externa a junio 2014 (Ministerio de Economía – último dato oficial) = u$s 161.500 millones.

Se restaron u$s 21.500 identificados como deuda interna (préstamos del BCRA y Anses durante 2014)

Reiteramos que los datos son oficiales, incluyendo el año 2014, pese a supuestos falseamientos y/o ocultamientos de indicadores económico-sociales por parte del Indec y Banco Central, iniciados hace seis años. Aún así, sorprenden ciertas similitudes con la crisis 2001-2002. Históricamente, el desencadenante al menos explícito de las crisis internacionales fueron  “deudas externas impagables” (recordemos México; Rusia y Grecia hoy), que inevitablemente se originan en enormes corrupciones políticas sustentadas en acciones mancomunadas entre buitres vernáculos (pueden ser de izquierda o de derecha) y buitres foráneos (también con amplitud ideológica). Unos y otros no están para perder tiempo en debates acerca si los corruptos son de derecha o izquierda.

La diferencia con el 2002 reside en la actual solidez financiera de los Bancos, que han sido uno de los grandes ganadores del llamado modelo, sin necesidad de arriesgar capital en créditos. Como contrapartida, en el 2014 se destaca un indicador no relevante en el 2002, como consecuencia de la captación por parte del Tesoro (Gobierno), de fondos del Banco Central, Anses, y en menor medida Lotería Nacional y Pami: la deuda pública interna (21.500 millones de dólares). Dichos Organismos recibieron en garantía Bonos y Letras emitidas por el Estado, mayormente con vencimientos de corto plazo (entre 12 y 16 meses). Es como prestar dinero recibiendo en garantía pagarés. Al acreedor le quedan dos opciones: rezar que al vencimiento le paguen, o contratar barras bravas para cobrar por las malas. (dudamos que Anses opte por la segunda alternativa). La deuda interna tiene un beneficio adicional. En caso de “default”, ningún Organismo internacional se quejará. Por ello los candidatos, sean oficialistas u opositores, antes que realizar promesas aisladas e inconsistentes, deberán explicitar ante la ciudadanía los reales indicadores macroeconómicos y sociales vigentes. 

En la próxima reflexión cerraremos “Veladas amenazas preelectorales” con conclusiones comparativas entre la crisis 2001-2002 y la situación actual. El objetivo es que no se utilicen pasadas crisis como engañosos recursos publicitarios preelectorales, sino para que la clase política no repita los lamentables acuerdos llamados de “salvación nacional” de ese entonces.