En nuestro análisis anterior mencionamos algunos casos de corrupción en perjuicio de la administración pública producidos a partir de la instalación de gobiernos democráticos, vale decir, con funcionamiento pleno de los niveles institucionales de contralor. Lo hicimos sin definir el concepto de corrupción, con la intención de asumir que éste tema es sustancial para entender el estancamiento en el desarrollo de nuestro país, más allá de debates conceptuales.
Hacemos hincapié en la corrupción dentro del régimen democrático, porque muchos opinan que tal fenómeno es una característica de los regímenes en los que existe libertad, cuando en realidad lo que sucede es que en las dictaduras no es revelada públicamente. La corrupción genera una aparente paradoja: donde se generaliza, acaba siendo imposible el funcionamiento de la democracia, favoreciendo la prédica de los nostálgicos de "la mano dura", que promueven sistemas de poder en los que de la corrupción no se habla. El punto de equilibrio lo planteó el constitucionalista español Javier Pérez Rollo, al expresar: "La democracia no se caracteriza por la ausencia de corrupción, sino por la forma de hacerle frente".
Basados en los casos públicamente conocidos en los últimos 25 años, sin sanciones judiciales, es evidente que el poder político del signo que fuere no le hace frente. O para decirlo mas claro, un alto nivel de corrupción implica necesariamente connivencia entre oficialismo y oposición.
Cabe preguntarse: afecta la corrupción al nivel de desarrollo de un país y nivel de vida de la "mayoría" de sus habitantes? Que la respuesta la dé la definición de corrupción política: se produce cuando un funcionario sustrae bienes del sector público (de todos nosotros), trasladándolos al sector privado (ya sea a un individuo o a un grupo).
La acción de "sustraer" se manifiesta en sobrecostos en la contratación y pago de obras públicas; aceptar menor calidad y/o cantidad de los bienes adquiridos por la administración pública; no aplicar a los privados sanciones pecuniarias previstas en los contratos; enajenar bienes públicos a valores manifiestamente inferiores de los de mercado; promover legislaciones "de excepción" en beneficio de sectores particulares para obras y/o servicios específicos; eludir sistemas de selección de adjudicatarios de obras, bienes y servicios en beneficio de determinado contratista y/o proveedor.
Todas éstas "contemplaciones" del funcionario público tiene como contrapartida la denominada coima entregada por el privado favorecido, llamada por los políticos "retorno" para suavizar sus culpas. Es aquí donde llegamos al núcleo de la cuestión: JAMÁS el sector privado puso y pondrá dicho "retorno" de su bolsillo, sino que surge del acuerdo entre el privado y el funcionario interviniente para generar artificiosamente sobrecostos que den lugar al monto de la coima, y en muchos casos generen por añadidura beneficios exagerados del contratista y/o proveedor.
Aclaremos que cuando decimos "funcionario público", englobamos a una estructura del Estado que de acuerdo al monto involucrado, alcanza a las máximas autoridades de un gobierno.
Traduzcamos éste concepto en dinero y multipliquémoslo por la cantidad de casos resonantes de los últimos veinticinco años, y tendremos la explicación de nuestro retroceso económico y parte del origen de la demagógicamente vituperada deuda externa. Un caso emblemático que resume la mecánica del acto de corrupción, es el conocido como IBM - Banco Nación, interesantísimo para analizar en un futuro.
Por ello el "acto corrupto" llevado a cabo por funcionarios de gobierno, implica necesariamente una solución de quebranto a las arcas del Estado, en perjuicio de fondos presupuestarios destinados al interés común.
Está claro entonces que la corrupción no puede ser motivo exclusivo de "shows" mediáticos.
