BONFATTI Y HITLER

Tras la votación del pasado domingo, además de identificar ganadores y perdedores, es necesario reflexionar sobre repetidas conductas oportunistas e inconducentes exhibidas durante la campaña, en la esperanza que la clase política mejore sensiblemente su privilegiada condición de “representantes del pueblo”. Y de este modo, la ciudadanía pueda aspirar a un cambio institucional estructural coherente, y el país se encamine a un desarrollo equitativo sostenido en el tiempo. 

El momento es adecuado, porque conocido el resultado electoral, la reflexión no puede ser sospechada de responder a especulaciones de coyuntura, o caer en preconceptos que esterilizan. La campaña se caracterizó por una mediocridad publicitaria y justificada abulia ciudadana, que no sorprende. Repetidos actores políticos intentaron un reclamo engañoso: no hablar del pasado, sino del futuro. Cabe preguntarse: es posible tanto en política como en otro campo laboral, no analizar los antecedentes pasados de quienes nos prometen un futuro? Se puede pretender que cada cuatro años, los 10 de diciembre produzcan el borrado de memoria de datos económicos, sociales, actos de gobierno y responsabilidades por actos delictivos? Es imprescindible que los representantes del pueblo, tras recuperarse de la afonía causada por la repetición de mensajes grandilocuentes cuando no falaces, actúen con enjundia para obtener consensos que bajo el disfraz de “defensa del pueblo y los trabajadores”, no defiendan intereses sectoriales cuyo saldo fue el de revolucionarios enriquecidos y vastas capas sociales empobrecidas.

Como muchos de quienes asumirán esta responsabilidad repiten cargos desde hace años y/o décadas, la sociedad deberá ejercitarse para ser cada vez más exigente en la evaluación de sus dirigentes, y perspicaz para descifrar sus opiniones. Para tal ejercicio vale mencionar tres ejemplos recientes pertenecientes a personajes de distintos espacios políticos de vasta trayectoria y buena formación intelectual, con expresiones cuyas repercusiones no lograron los creativos publicitarios. Cada uno de ellos, muestran recursos viciosos del discurso político: el aprovechamiento del mito (Kirchner), la banalización de los hechos (Carrió) y la mentira (Bonfatti). La ex presidenta usufructuó el mito, que consiste en una historia imaginaria que altera verdades, cuando señaló que si Evita viviera la votaría a ella, y Perón lo haría por Taiana. Afirmación incomprobable, que nos retrotrae al setentista “si Evita viviera sería Montonera”. Elisa Carrió por su parte, confundió la búsqueda de Maldonado (el hecho), con la posibilidad inconsistente que estuviese en Chile (la suposición). Por añadidura, al encontrarse un cuerpo, confundió los efectos de inmersión en un río con la técnica de criohibernación de Walt Disney. Aún políticos reconocidamente inteligentes, deberían pensar más y hablar menos.

    

El caso de Antonio Bonfatti es paradojal. Al asociar a Macri con Hitler, echó mano a uno de los principios propagandísticos preferidos por los totalitarismos: la desinformación. Hitler no accedió al poder por los votos. Si bien el nazismo tuvo un crecimiento sostenido desde el 18,3% que obtuvo en 1930, en la elección presidencial de 1932 obtuvo el 37% de los votos, siendo derrotado por von Hindenburg, que obtuvo el 53%. Ello, en el marco de permanentes conflictos políticos, grave situación económico-social, restricciones democráticas y grupos parapoliciales de presión. En ese contexto, en el mismo año se realizaron elecciones parlamentarias, y el nacional socialismo solo obtuvo la primera minoría. Finalmente y a disgusto de Hindenburg, en enero de 1933 Hitler fue designado canciller. En febrero se produjo el incendio intencional del Reichtag, y las consecuencias posteriores son conocidas. Si Bonfatti hubiese estudiado con mayor precisión ese período, le hubiese asombrado la similitud que el zarandeo institucional de entonces tiene con el que hoy sufre Venezuela.

Antes de aplazar a Bonfatti es necesario señalarle otra inconsistencia. Que “los pueblos nunca se equivocan” es una falacia que invocan los totalitarios cuando triunfan. La simultaneidad de opinión en un acto electoral no tiene de por sí efectos mágicos. Lo entendieron recientemente los Rodríguez Saá, distribuyendo aceleradamente dinero del Estado entre los votantes. Por el contrario, lo que la historia indica es que muchas veces los pueblos son engañados por falsas promesas de sus dirigentes. En este caso, la culpa no recae en el pueblo.

Buenos Aires, 25 de octubre 2017

PUNTOS: A VOTAR

En la película “El tercer hombre”, con guión de Graham Green,  hay una escena adecuada para describir la relación de la política con las muchedumbres en general, y durante las campañas electorales en particular. Este clásico policial del año 1949 se desarrolla en la Viena de posguerra, con la actuación de Orson Welles en el rol de Harry Lime. Este le ofrece a Martins , amigo de la infancia desocupado que vive en Estados Unidos, que trabaje con él en Viena. Cuando llega a la ciudad, Martins se entera que Lime murió horas antes atropellado por un auto, y asiste presuroso al entierro. Posteriormente, la policía informa a Martins que Lime traficaba penicilina adulterada en el mercado negro, causando centenares de muertes, en especial niños, y que ante el cerco policial, había simulado su muerte. Martins consigue reunirse con Lime en el Prater, el parque de atracciones más antiguo del mundo, y para conversar a solas suben a un carro de la famosa Noria Grande (montaña rusa). Ante los reproches de Martins por las víctimas inocentes de su negocio, observando a 65 metros de altura a quienes transitaban por el parque, Lime le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?

Esta escena es válida para analizar las formas de intermediación y/o comunicación entre el poder y las masas. En la antigüedad se recurría a los grandes monumentos, que mostraban a propios y extraños el poder de quienes los construían. En el siglo XX, los avances tecnológicos posibilitaron la intercomunicación en forma simultánea y a distancia entre millones de personas. No fue casual que durante la Segunda Guerra Mundial se establecieran los principios de la actual propaganda política, en los que interactúan tecnología, psicología y estrategia. No distinguen entre ideologías: los aplicaron por igual el nazismo, el comunismo y los aliados. Este circuito entre centros de poder emisores hacia receptores masivos, utiliza dos herramientas: el mensaje breve y contundente (eslógan), y la imagen. En cuanto a esta última, sea en la antigüedad o en la modernidad, no pierde vigencia lo que Maquiavelo dijera de los príncipes: “Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

El desarrollo de Internet a comienzos de los 80 y surgimiento de las redes sociales luego, amplió notablemente el “ágora” de opinión ciudadana, al punto que en los países de régimen totalitario sufren fuertes restricciones. La novedad desorientó a los políticos, al trastocar la clásica unidireccionalidad entre el hablar (político), y escuchar (ciudadano). Este último, no solo puede responderle, sino también propagar su respuesta. Sin embargo los principios de la propaganda política al ser conceptuales y no tecnológicos, se mantienen inmutables. En el juego de ida y vuelta, se apela asiduamente al principio llamado “contrapropaganda”, consistente en combatir y/o neutralizar la propaganda del adversario. Tanto una como otra, pueden contener verdades y falsedades. Por ello, pese al crecimiento de acceso a la información y/o mensajes, nuestro desafío como receptores no cambió: intentar diferenciar entre lo verdadero y lo falso; entre lo contradictorio y lo congruente.

Existe consenso en señalar que cada vez más, las campañas electorales exhiben alto nivel de mediocridad, generando desinterés en la ciudadanía, que no debe confundirse con desinterés por la política. Sin embargo, alguna comprensión merecen los esforzados publicistas y costosos asesores. Es muy difícil que generen entusiasmo partidos que no existían hace dos años y hoy quieren encarnar el sentir del pueblo; candidatos que se identificaron con un espacio hace meses y hoy se presentan por otro; que quienes se enriquecieron en la función pública hoy expresen preocupación por los pobres; que quienes plantean propuestas atractivas, nunca las aplicaron como gobierno o presentaron como legisladores. Pero lo más grave, es que los mismos políticos que bombardean a la sociedad con acusaciones, pronósticos tremendistas y hasta insultos, expresen luego la necesidad de “diálogo y unidad”. Viejas figuras con viejos recursos, explicarían la impotencia creativa de los publicistas.

El domingo próximo los “puntos” anónimos que observaba Harry Lime en “El tercer hombre” tendrán cierto valor: deberán votar.

Buenos Aires, 18 de octubre 2017

DE CAPONE A MEDINA

Cuando se habla de déficit fiscal que obliga a un “ajuste”, hay un indicador económico que los presupuestos no cuantifican: el costo del delito y la corrupción. No es una ironía. Evaluarlo, en primer término debería promover el dictado de leyes eficaces para combatirlos. Pero ello no sucede. La ley de Extinción de Dominio por ejemplo, que permitiría una rápida recuperación de bienes sustraídos al Estado, está paralizada en el Senado desde hace más de un año. Felizmente los jueces recordaron que existe el decomiso, y su aplicación posibilitó la entrega a Prefectura de una lujosa lancha de Ricardo Jaime, y a la Policía Federal una aeronave de Lázaro Báez.

Pero como la problemática de la corrupción mantiene aún sólida trama de  impunidad, merece una reflexión más profunda para no banalizar los diversos casos bajo la escenografía del entretenimiento mediático. Los casos más resonantes se conocían desde hace años, sea por un periodismo de investigación serio, o en voz baja por sus atemorizadas víctimas del delito. Madres indefensas que sabían quienes vendían drogas a sus hijos; comerciantes que entregaban la cuota mensual de “protección” a la policía; jueces que jamás comprueban enriquecimientos ilícitos; empresarios que debían contratar con sobrecostos los obreros y servicios a los que obligan los distintos “Pata Medina”. Sin embargo, para entenderlos con precisión a nivel comunicacional, surge un problema: su asimilación intelectual es más compleja y limitada que la sensorial. Por ello, asumir el impacto económico-social de la corrupción lo posibilitó el instrumento comunicacional sensorial más contundente a nivel masivo: la imagen. Se pudo ver al grupo del contratista Báez contando millones de dólares; al ex Secretario de Obras Públicas López ocultando en un convento millones de dólares; a la hija de una ex presidente teniendo en su caja de seguridad millones de dólares.

Pero las imágenes exhiben hechos pasados, que de por sí no explican las metodologías del saqueo. Si las analizamos, concluiremos que no tiene grandes diferencias entre países y épocas, entre los “Al Capone” y los “Pata Medina”. Cuando la corrupción, (que etimológicamente significa arrebatar, sustraer), se refiere a delitos comunes puntuales, como asesinatos, robos, secuestros, defraudaciones, se denominan “actos corruptos localizados”. Pero cuando se extiende a lo institucional conformando tramas de impunidad basadas en cleptocracias (ladrones ubicados en estratos del poder), concluyen en “corrupción generalizada sistémica”. Dada la jerarquía de los responsables, hasta la terminología delictiva se hace más sofisticada: exacción, cohecho, peculado, prevaricato. Pero al necesitar estas cúpulas políticas, sindicales, empresarias y judiciales apoyo logístico de base para ejercer aprietes, amenazas e infundir miedo, se conforman las fuertes interacciones entre el delito común y el sofisticado. Estas redes, que incluyen fuerzas de seguridad, crean verdaderas pymes delictivas, en las que el delincuente común que se inicia como “patotero” o funcionario “coimero”, se transforman en empresarios que ofrecen una amplia gama de servicios de uso obligatorio y alto costo. Muchas veces actúan a través de cooperativas, entidades sin fines de lucro, asociaciones gremiales, que son cáscaras creadas para dar cobertura al dinero público mal habido.

 Al Capone se recuerda como un reconocido delincuente americano de la década del 30, en donde el poder delictivo se dirimía a balazos (método que aún se mantiene entre bandas de narcos). Capone se inició como extorsionador, y una vez consolidado su poder, armó una estructura administrativa empresarial muy eficiente, con sólida cobertura política, policial y judicial. Esa época de hampones tuvo para la economía un alto costo fiscal y productivo por décadas, hasta que alcanzó un punto de hartazgo ciudadano y político. Como es sabido, Capone no fue asesinado por sus enemigos, delatado, o condenado a once años de prisión por sus crímenes, sino por la evasión impositiva que se detectó por una laboriosa investigación del Estado.

Ochenta años más tarde, nos preguntarnos si es imaginable que nuestros grandes evasores impositivos que incrementaron el déficit fiscal sean condenados a prisión, acompañados de los funcionarios cómplices que los apañaron. Habremos aprendido y llegado al punto de hartazgo respecto a la corrupción?

Buenos Aires, 11 de octubre 2017

AJUSTAR LO INJUSTO

La campaña electoral brinda un excelente punto de partida para afrontar el próximo debate que, pícaramente, los beneficiarios de los desajustes llaman amenazadoramente “el ajuste”. Más aún, cuando la historia muestra que al momento de las inevitables decisiones destinadas a superar urgencias económicas, los autoproclamados defensores del bien común harán recaer el costo de los ajustes en anónimos ciudadanos. Como evitar que este recurrente engaño se repita? Clarificando conceptos, antecedentes y estrategias. En primer lugar, los ajustes no se deberán discutir y anunciar en base a datos “macro”, sino identificar inequidades sectoriales a nivel “micro”. El desarrollo informático e interacción de bases de datos posibilitan esta mayor precisión. Lo que no varía en el tiempo es el origen de las crisis político-económicas: recursos del Estado insuficientes para afrontar sus gastos, con políticas distributivas inequitativas que usualmente concluyen en alta corrupción. Los recursos públicos se obtienen a través del patrimonio ajeno en forma coercitiva (impuestos, tasas, contribuciones), y del patrimonio propio (utilidad de empresas estatales, venta de bienes). Los “ajustes” tienen un problema de origen: todos pretenden estar a salvo, y que sea absorbido “por el otro”. Un conocido ejemplo es la frase “que lo absorban los que más tienen”, autoexcluyéndose la clase política de ese privilegiado grupo.

El manejo de la crisis 2001-2002 es el ejemplo más cercano de ajuste “vicioso”, y es adecuado para establecer las diferencias entre estrategias “macro” y “micro”. En marzo del 2001 el entonces Ministro de Economía López Murphy anunció un severo ajuste fiscal, que incluía entre sus anuncios “macro” el despido de 40.000 empleados públicos. López Murphy duró 15 días en su cargo. Hubiera sido más lógico anunciar medidas de personal basadas en la extinción de prebendas, inequidades e ilegalidades, dejando en claro que en ningún caso se afectarían a empleados que sean sostén de hogar o tengan trabajo único, siempre y cuando cumplan con los derechos y obligaciones que competen a la función pública.  

El Poder Legislativo es el organismo más adecuado para aplicar este enfoque. Está integrado por todas las expresiones políticas, con la responsabilidad de establecer el andamiaje legal del Estado y ejercer control sobre los actos del Poder Ejecutivo. Cabe preguntarse: su costo sobre el presupuesto público es razonable?. Tiene el personal necesario, o un exceso injustificado basado en nepotismos y amiguismos? Se cumplen asistencias, cargas horarias,  y la obligación de no percibir más de un sueldo estatal con excepción de la docencia? Es necesario el número de asesores? No se pueden bajar sensiblemente los intrascendentes viajes al exterior y otros gastos?

La siguiente valla a sortear se llama “derechos adquiridos”. En agosto del 2001, los legisladores sancionaron la ley 25.466 llamada de intangibilidad de los depósitos, que redundantemente expresaba que las condiciones de los depósitos captados por las entidades financieras no podían ser alteradas por el Estado nacional. Cuatro meses más tarde se restringió su disponibilidad (corralito), y en enero del 2002 se incautaron definitivamente (corralón), incluidos los de medianos y pequeños ahorristas. Esto sienta jurisprudencia para que los “derechos adquiridos” inequitativos, como el no pago de ganancias por el poder judicial, jubilaciones de privilegios y similares, se anulen, o al menos se suspendan.

Surge luego la valla mas cínica, llamada “cuidar fuentes de trabajo”. Tras esta noble fachada que utiliza a trabajadores inocentes, se facilitan negociados privados que con complicidad política y gremial, son realizados con dinero público irrecuperable. Casos como Río Turbio, OCA, Sancor, medios gráficos de Spolzki, López, Garfunkel, entre muchos otros, son muestra de este costo fiscal. En el 2002  la noble intención se utilizó para estatizar parcialmente las deudas en dólares de grandes grupos empresarios, tales como YPF, Loma Negra, Telecom, OCA, Coto, Socma, entre otros. Los pequeños y medianos ahorros se incautan (política macro), y parte de las grandes deudas se estatizan (política micro). 

Tema aparte es la incidencia enorme que los delitos y la corrupción tienen en los costos fiscales, cargas impositivas y posibilidades productivas. Su análisis cuantitativo daría por tierra que el “roba pero hace”, es un mal menor.  

Buenos Aires, 04 de octubre 2017