PERONISMO...CUÁL DE ELLOS?

Concluyó el agotador calendario electoral nacional, con el triunfo de la Coalición Cambiemos, tras doce años de gobierno del Frente Para la Victoria. Es oportuno entonces reflexionar sobre el conformado político-partidario resultante, e intentar vislumbrar si será posible una consolidación definitiva de un sistema de partidos coherente en el tiempo, con extensión nacional. 

Según evolucionen los acontecimientos en el corto y mediano plazo, será posible alcanzar un verdadero sistema republicano, representativo y federal, o bien  continuaremos divagando entre grandilocuentes retóricas, y entusiastas prácticas demagógicas y autoritarias. Para disimular las anomias partidarias y programáticas, políticos y analistas continúan apelando a supuestas identidades justicialistas y radicales de vastos sectores de la sociedad, al solo fin de usufructuarlas para acumular votos. A partir de 1999 (PJ-UCD y UCR-FREPASO), justicialismo y radicalismo se mimetizaron en variadas e insólitas alianzas, guiadas más por objetivos coyunturales y de poder, antes que en políticas virtuosas consensuadas. No es casual que casi todos los actores intervinientes en dichas asociaciones estén hoy vigentes y gocen de buena salud. Por haber conducido el país en 24 de los 32 años de recuperada la democracia, plantearemos inicialmente las incógnitas que generan quienes se dicen peronistas, y pretenden ejercer su representación.

1.- En primer término, debemos destacar que la ciudadanía ha brindado sobradas muestras de independencia al momento de votar, buscando siempre la mejor opción electoral para su crecimiento o subsistencia. Por lo tanto el análisis se centra en las clases dirigentes, que pese adjudicarse incomprobables caudales electorales, son paradójicamente responsables de las más insólitas asociaciones electorales, y para obtener cargos se comercializan como “patas” peronista, radical o progresista. Ya en 1983, en donde las pertenencias eran claramente definidas y el PJ-UCR alcanzaron entre ambos el 91,90% del total de sufragios, Alfonsín superó a Luder por el 11,59%. Seguir especulando sobre  cantidades de votos “atados”, carece de sentido.

2.- Caracterizaciones como alfonsinista, delarruista, caffierista, menemista, kirchenirista o massista, deberían servir para una interna, pero no para exaltar personalismos que diluyan sus estructuras de apoyo y  antecedentes históricos. Cuando se habla de menemismo o kirchnerismo como sustitutos de peronismo, Perón queda minimizado a ser invocado solo como recurso electoralista o especulativo. No en vano en los últimos doce años, las figuras de Evita, e insólitamente la del gris y fiel Héctor Cámpora, predominaron por sobre la memoria de Perón.

3.- En la última elección, tres agrupaciones se asumieron de raíz peronista: el FPV (Scioli); UNA (Massa), y Compromiso Federal (Rodríguez Saá). Existiendo internas abiertas y obligatorias para elegir candidaturas, cabe preguntarse: existen entonces tres peronismos? Pareciera imposible. Entonces, lo son realmente, y continuarán existiendo como tales a futuro? Como relacionarán sus eventuales continuidades con la conducción del Partido Justicialista? Este es el gran dilema a resolver. Por su importancia en la reconstitución de representaciones políticas nacionales serias y coherentes, la expectativa excede al justicialismo.

4.- El radicalismo por su parte, sufrió similar fenómeno de dispersión. Muchos de sus dirigentes, con cargo bajo el brazo, se ofrecen como “pata radical”, para dar un barniz pluralista a regímenes personalistas. Por ello es destacable que Ernesto Sanz, tras una ejemplar convención democrática de casi cuatrocientos afiliados, insertara a la envejecida UCR en la coalición Cambiemos, junto con el Pro y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. En su diversidad, sus principales dirigentes exhiben más similitudes que supuestas diferencias ideológicas. Por bien del país, esperemos optimicen con responsabilidad, una coalición inicialmente virtuosa.

5.- El caso de Cambiemos podría señalar un camino al dilema justicialista. En pleno siglo XXI plantear un retorno al bipartidismo justicialista-radical sería anacrónico, y contrario a la necesidad de modernización institucional. Es más importante que las coaliciones consoliden identidades, políticas programáticas básicas, e interrelación partidaria territorial. Salvo la izquierda testimonial, no se justifica que existan en el país más de tres opciones con pretensiones y posibilidades de ser alternativas de gobierno.

La elección del 2015 no debería desembocar en el vicio reiterado de regresos mesiánicos y cultura del fracaso. Solo cabe actuar con inteligencia y grandeza para generar un cambio definitivo de matriz político-partidaria.

Próxima opinión política: miércoles 20 de enero 2016

TODO PASA ... PARA AVANZAR O RETROCEDER?

Dos instituciones aparentemente disímiles en importancia, Gobierno nacional y Asociación del Fútbol Argentino, transitan procesos de cambio en sus conducciones. Las diferencias parecieran diluirse cuando se analizan actores intervinientes; entrecruzamientos de intereses políticos, económicos y empresariales, y vicios de corrupción. El Gobierno proclama que el fútbol es gratuito “para todos”, sean multimillonarios o carenciados sin agua potable y cloacas, y destina cuantiosos recursos económicos sin control. La AFA por su parte, con clubes aún llamados “entidades sin fines de lucro” y  económicamente quebrados, apela al sentimiento que despierta el deporte más popular, para intermediar en escandalosos negociados.

En ambos casos cesaron liderazgos tras extensos períodos de conducción. El kirchnerismo justicialista, al no existir posibilidad de reelección, traspasa el poder tras doce años. La AFA, debido al fallecimiento de Julio Grondona, que la manejó férreamente durante 35 años. Ceder poder siempre ha sido traumático. Más aún en Argentina, donde la alternancia no es considerada una virtud, sino un fracaso. En este tipo de liderazgos, lo legal e institucional no son marcos referenciales, sino trabas a soslayar. El autoritarismo y sus variantes, abundan en la historia. Señalaba Maquiavelo que “en los Estados hereditarios, en los que el príncipe hereda derechos dinásticos, las dificultades para conservar el poder son menores que las que se dan en los principados que llamamos nuevos. Porque al príncipe que recibe el poder por herencia le basta no descuidar el orden establecido por sus antepasados, y contemporizar con los acontecimientos que se sucedan”.

Un símbolo criollo de este pensamiento, lo representa el famoso anillo de Don Julio, con la inscripción “Todo pasa”. Para un autoritario, el tránsito temporal que supone el mensaje es aplicable a circunstancias y entornos, pero nunca a su persona. Se ha dicho que nuestra Nación es aún joven, por lo que su corta historia está plagada de divisiones, contradicciones e interpretaciones maniqueas, resumidas en bueno o malo. Pero esta etapa se nos agotó. Países vecinos como Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, entre otros, la superaron hace tiempo. 

Ante el nuevo ciclo institucional que se abre, es oportuno destacar ciertos aspectos que se irán desmenuzando a futuro.

1.- A partir de 1983 se cerró el ciclo de los golpes militares. Queda por confirmar que también se clausuró la etapa de los golpes mal llamados “institucionales”. En la crisis 2001-2002, la ciudadanía no reclamó “que vengan los que saben gobernar”, sino, enfáticamente, “que se vayan todos”.

2.- Para evitar los oscurantismos que dejan atrás los líderes, y posteriores discusiones banales, el nuevo Gobierno deberá informar a corto plazo indicadores reales a diciembre 2015, como punto de partida de la gestión. Entre ellos, reservas disponibles del Banco Central; deudas externas con entidades financieras y privados, e internas con organismos públicos; inflación; desempleo; pobreza (aclarando que se entiende como tal).  

3.- El peronismo deberá clarificar inicialmente el alcance del término, para luego establecer su verdadera y única representación partidaria. De este modo colaborará en la reconstrucción de partidos coherentes en el tiempo. Sería recomendable que durante esta catarsis utilice el término justicialismo, para evitar el manoseo oportunista del nombre de Perón. Lo sugiere quien nunca fue peronista.

4.- Se deberá evitar la trampa de utilizar los resultados electorales como prenda de negociación y/o presión de grupos políticos. Es un simplismo falso decir que el 51,3 % de los votos de Macri y 48,7 %  de Scioli, muestran un país dividido. La verdadera segmentación se transparentó en la primera vuelta electoral, entre seis agrupaciones políticas. En esta estrategia de simplificación se insertan análisis irónicos y capciosos que señalan que en las manifestaciones de Cambiemos se ven a “blanquitos”, y en las del FPV a “negritos”. Muchos “blanquitos” (sector financiero; supermercadismo; comunicaciones; juego; funcionarios públicos), tuvieron fenomenales ganancias durante la promocionada década ganada. Por el contrario, resultados electorales como los de Jujuy y conurbano bonaerense, mostraron que el ciudadano anónimo necesita hechos, en lugar de revolucionarios enriquecidos y segmentaciones oportunistas.

Según Maquiavelo, Macri deberá afrontar las dificultades de un principado que no hereda derechos dinásticos.

UN PAÍS NO ES UNA EMPRESA

En su obra El Príncipe, escrita en 1513 y dedicada al florentino Lorenzo de Médicis, aconsejaba Maquiavelo respecto a la elección de los ministros: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí; el segundo entiende los que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

En una democracia, esta sensata descripción de capacidades para elegir colaboradores en principados, debiera ser de aplicación para los ciudadanos que asumen la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Por ello debemos reflexionar sobre lo manifestado por la presidente Kirchner en un reciente acto en La Matanza, a días de abandonar el Ejecutivo: “un país no es una empresa”. Su aparente obviedad hace suponer que el mensaje encierra enigmas que intentaremos descifrar, para alcanzar al menos el nivel de “entender lo que otros disciernen”, planteado por Maquiavelo.

País es una delimitación geográfica del concepto político Estado- Nación, que define una forma de organización institucional, para regular la vida comunitaria de sus habitantes. Empresa, por su parte, es una organización dedicada a actividades que persiguen fines económicos, dedicadas a satisfacer demandas existentes o a crearse, y tener utilidades para subsistir. Con sus diferencias de origen, País y Empresa deben interrelacionarse.

En el marco de un País, el Estado debiera atender y regular el interés general. La Empresa por su parte, debiera concurrir a dicho interés general desde su actividad particular. El fracaso del Estado a nivel País, como el de las Empresas en escalas sectoriales, conducen al atraso, pobreza y desocupación. Como los resultados en uno y otro caso dependen inicialmente de los niveles de conducción, la afirmación presidencial pareciera estar dirigida al perfil de los funcionarios públicos. Al efecto existen legislaciones que los definen, emitidas bajo responsabilidad única del Estado. Actuar con eficacia y resultados virtuosos, implica poseer funcionarios (Estado) y gerentes (Estado y Empresas), con conocimientos específicos en su área de responsabilidad, capacidad intelectual y de gestión, y honestidad.

Como es verdad que los afectados por el fracaso del Estado son ciudadanos, y no ganancias empresarias o un limitado número de trabajadores en caso de las Empresas, las exigencias de selección de funcionarios públicos debieran ser más exigentes aún que la de las Empresas. Acá surge la primera contradicción entre la grandilocuencia y la realidad. No pueden reclamar por los perfiles de los funcionarios estatales, quienes desconocen carreras administrativas y méritos específicos, y utilizan al Estado como cotos laborales y de negocios para grupos familiares y de amigos, vicio conocido como nepotismo. Todo ello, bajo la vergonzosa complicidad de los dirigentes gremiales estatales, en el desprecio de las carreras administrativas de quienes aducen defender.

La deshonestidad interna en una Empresa, una vez detectada será castigada. Pero si se utiliza para obtener beneficios o prebendas que maximicen sus beneficios a través de dádivas o sobornos a funcionarios públicos, se la protege y premia. Por ello, la deshonestidad política es mucho más grave para un País que la empresaria, porque consiste en trasladar fondos públicos a empresas privadas enriquecidas injustificadamente, a costo del capital social.

Por lo tanto, el debate funcionario público-privado es falaz y capcioso. Que sería más beneficioso para el País?. Incorporar al gobierno argentinos con capacidad y antecedentes en exigentes ámbitos gerenciales, dispuestos a afrontar el desafío de incursionar en el Estado, o apelar a burócratas baratamente politizados sin capacidad de gestión, conformados por esposos, hijos, cuñadas, nueras, choferes, jardineros y amigos, para manejar organismos y empresas estatales vitales para el desarrollo y crecimiento? Funcionarios además, que al momento de justificar sus crecimientos patrimoniales ilícitos, dicen que tuvieron ganancias….con sus empresas.

Una País exige un serio control de incompatibilidades, mala praxis o actos de corrupción en el manejo del Estado. Esta tarea también es exclusivamente estatal. Está a cargo de organismos de control, poder legislativo y poder judicial. Cabe preguntarse: se decidirán a cumplir con sus obligaciones?

LEYES APROBADAS POR KILO

La aprobación a paquete cerrado de 96 leyes en la última sesión de diputados, debería motivar reflexiones más profundas que la mera catalogación de la sesión como escandalosa. En principio, quedó transparentada la necesidad de una profunda readecuación del marco político-institucional de nuestro país, que alcanza por igual a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Mal se puede exigir eficacia y honestidad a las nuevas autoridades gubernamentales, si las estructuras estatales que deben sustentarlas exhiben corrupción, complicidad y oportunismo.

Personajes marginales como Fariña nos ilustraron que en la corrupción estatal-privada, los montos involucrados alcanzan tal magnitud, que el dinero debe ser “pesado” antes que contado. Pudimos comprobar que con las leyes sucede lo mismo. Quizás con un mejor barniz: el apoyo de la “izquierda”.

Si bien el concepto de corrupción tiene matices que no modifican el daño irreversible que provoca en una sociedad, se coincide en definir que “el acto de corrupción es un término general que cubre el mal uso de la autoridad para la utilidad personal, que no necesita ser monetaria”. Utilizar la autoridad para que legisladores con dietas superiores a los $ 70.000 mensuales e innumerables prebendas adicionales, aprueben un paquete de leyes no debatidas; no conocidas; no entendidas, y menos aún informadas a la sociedad, es un acto de corrupción. El doctor Luis Moreno Ocampo recordaba la fórmula de Robert Kiergaard, experto en control de la corrupción: C=M+D-T (corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia).

Estamos muy acostumbrados a asimilar la corrupción del Estado únicamente con los delitos económicos, emergentes de la complicidad funcionarios públicos-empresarios privados. Pero la impunidad exige un soporte que la sostenga, con implicados en donde las prebendas predominan por sobre el dinero “físico”. Este soporte lo conforman organismos de control estatales inocuos o directamente cómplices; marcos legislativos que por acción u omisión sean laxos con el delito, o bien faciliten negociados; finalmente, un poder judicial que antes que sancionar, demore, diluya, absuelva.

El “quórum” de la triste sesión legislativa fue posible por el masivo aporte de la “izquierda”. La falta de identidades partidarias coherentes hace que nos preguntemos qué es izquierda. Inicialmente observamos que no se nuclea en una agrupación, sino en mini expresiones con rótulos grandilocuentes, pero irrelevantes en representatividad (Unión Popular; Libres del Sur, etc.). Tienen un solo objetivo: permitir que sus representantes casi hereditarios encabecen listas que, en elecciones, se cuelguen de otras agrupaciones competitivas, para seguir usufructuando el cargo de legisladores.

Tomemos dos ejemplos: Claudio Lozano y Victoria Donda. Participan de cuanto programa periodístico o de actualidad existe. Ambos, a grito pelado y con cara de enojados, justificaron su presencia en la sesión en la defensa de los trabajadores de Hotel Bauen. Pero algunas vez explicaron en sus múltiples apariciones públicas los antecedentes, fundamentos y consecuencias del proyecto de expropiación? Lo manifestaron en sus páginas web? Batallaron en el  2015 en pos de su tratamiento y aprobación?

Los actos de corrupción política siempre están envueltos en objetivos virtuosos: defensa de intereses populares; cuidar fuentes de trabajo; reconocer derechos, etc. Este recurso tiene en nuestro país un ejemplo recurrente que no diferencia entre épocas o ideologías: la estatización de deudas privadas. Pasó en el 82 y en el 2002; con las reestatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF; con deudores privados de entidades financieras estatales. Entre las leyes aprobadas por kilo, hay un “paquetito” sin abrir: la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, para operar Río Turbio. Ningún diputado conoce el estudio de factibilidad. Pero la ciudadanía se hará cargo de los negociados y quebrantos del grupo privado Taselli, concesionario de dicha explotación hasta su cierre.

La sesión legislativa concluyó con un pedido de la diputada Di Tullio, que sorprendió por haber sido su práctica descartada desde hace 10 años: cantar la marcha peronista. Es oportuno recordar lo expresado recientemente por José Pampuro, que por  generación y conducta, puede exhibir legitimidad como peronista: “La verdad es que si se despierta el General, nos mata a todos”.