SE PUEDEN QUEMAR URNAS CON LEYES?

Aristóteles definía a las leyes como “el común consenso de los ciudadanos”. Para ello, quienes las redactan y aprueban deben responder a la generalidad abstracta del “bien común”, y no legislar para intereses particulares. Existen dos formas de burlar el espíritu de las leyes: que tengan vicios de origen (intereses particulares), o no cumplirlas (con interpretaciones u omisiones cómplices de la justicia).

El reciente fraude electoral en Tucumán, que se suma a otros no menos escandalosos en las últimas décadas, son consecuencia inevitable del entramado de sistemas electorales, ausencia de control y capciosos fallos judiciales. La quema o robo de urnas es una manifestación primaria y bárbara, que encubre estrategias feudales elaboradas en cenáculos del poder, posteriormente “legalizadas” con leyes agraviantes para una democracia. En la tarea colaboran circunstanciales oficialistas y opositores, dado que dichos roles son fácilmente intercambiables. El objetivo es limitar al máximo el derecho del ciudadano a elegir libremente, escamoteándole formación cívica e instrumentos claros. No debe sorprender entonces la existencia de anacrónicas gobernaciones e intendencias feudales, con su consecuente nepotismo. En este contexto y en el colmo del cinismo, se intenta depositar la culpa de la perdurabilidad de estas oligarquías políticas en los pobres, porque “no saben votar”.

Valga un ejemplo que explicite las estrategias elaboradas para vulnerar el principio democrático, que establece que la voluntad popular se expresa en cantidad de votos. La Ley de Lemas consiste en que un partido (lema A), puede concurrir a una elección general con varios candidatos del mismo partido (sublemas a1 + a2 + a3). A los efectos del resultado electoral, internamente gana el sublema más votado (por ejemplo a2), y para la general suma los votos de los sublemas derrotados, a1 y a3. Si esta suma supera a los de los otros partidos-lemas (ejemplo: B y C), a2 gana la elección, aunque individualmente haya obtenido menos votos que los candidatos de B y C. Esta ley fue utilizada en varias provincias, y ante las críticas unánimes, fueron derogadas. Ejemplifiquemos el engaño.  

En la elección de 1991 en Jujuy, se consagró gobernador el justicialista Domínguez con el 17,50% de votos propios, por pertenecer al lema más votado. De este modo, postergó al candidato radical, que había obtenido el 25 % de los votos. En Santiago del Estero el caso fue más patético. Pese a obtener el 28,60 % de votos propios contra el 41,90 % del candidato radical, triunfó el justicialista Iturre, por haber sumado los votos del sublema de su enemigo político Juárez, que además lo acusó de fraude.

El caso más claro de la trampa legalizada se dio en la provincia de Chubut, también en 1991. En la aprobación de la ley, se hizo valer que el artículo 139 de la Constitución provincial, indicaba que el Poder Ejecutivo sería desempeñado por el ciudadano elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios (lo que en democracia es una obviedad). En septiembre el lema justicialista, con dos sublemas, obtuvo 76.889 votos, contra 40.929 votos del lema radical, que fue con un único candidato: Carlos Maestro. Pero como éste superó individualmente al ing. Osvaldo Sala, ganador del lema del PJ, el 13 de octubre, a escasos 35 días de la primera elección, se realizó el ballotage. Dado la diferencia de 28 mil votos a favor del lema justicialista, podría suponerse que el ballotage era un mero formulismo. Sin embargo triunfó Maestro, que incrementó su caudal de votos del 32 al 53 %, mientras que Sala bajó del 53 al 45 %. Es indudable entonces que la obtención de una mayor cantidad de votos positivos otorgados a determinado candidato, configura el único parámetro de legitimidad.

Producto de las divergencias de poder entre el actual gobernador Peralta y quien pretende sucederlo, Alicia Kirchner, recientemente se reimplantó la ley en Santa Cruz, pese a la vigencia de las PASO, que obliga a que cada partido realice internas abiertas y simultáneas para elegir a su candidato. La trampa contó con el invalorable aporte de la Justicia, que es un actor imprescindible dentro de la trama. El Tribunal Superior provincial, ante los amparos presentados por inconstitucionalidad, avaló su reimplantación. Votaron a favor los jueces Paula Ludueña, Clara Zalazar y Alicia Mercau. Cabe preguntarse; seguiremos culpabilizando por los efectos de estas leyes a los pobres, porque “no saben votar?”.

CÓDIGO ENIGMA: LA ECONOMÍA

A un mes de las elecciones, la campaña presidencial alcanzó niveles enriquecedores para la ciudadanía. Acusaciones para establecer que gobierno gasta más en publicidad oficial; fraude electoral en Tucumán; pobreza clientelar en provincias del norte; Aníbal Fernández acusado de ser protector del narcotráfico; los medios oficialistas exhibiendo corrupción en los opositores, y los medios opositores exhibiendo corrupción en el oficialismo; el fiscal Gonella, quien nunca citó a Lázaro Báez por lavado de dinero, lo hizo de inmediato con el renunciado candidato del PRO Fernando Niembro; Scioli presentó su declaración jurada de bienes, que ratifica que altos funcionarios que trabajan a tiempo completo en el Gobierno, logran crecimientos patrimoniales imposibles de alcanzar por ciudadanos comunes, que trabajan también a tiempo completo. Solo exhiben coherencia en el tiempo camaristas, jueces y fiscales federales, en su política “contra la corrupción, tolerancia infinita”.

Tanta mediocridad e impunidad en busca de rédito político, es posible porque en muchos sectores sociales continúa vigente el justificativo “roban pero hacen”. Sin comprender que lo robado son fondos públicos, con un inevitable límite de “caja”, que se transparenta en las recurrentes crisis económicas de las últimas seis décadas. Las víctimas también son recurrentes: ciudadanos comunes alejados de las mieles del poder. En este contexto, pretender que Scioli, Macri y Massa presenten una plataforma económica concreta, resaltando las medidas a adoptar en los primeros 100 días de gobierno, sería una ingenuidad. Esta imposibilidad intenta disimularse con diagnósticos, metas y objetivos inconexos, que eluden lo importante: qué, cuándo y cómo. La recordada frase preelectoral de Menem, “prometo una revolución productiva”, no fue una mentira, sino simplemente una abstracción irrelevante.

Estos antecedentes no deben inhibirnos para exigir a los candidatos información concreta sobre indicadores económicos-sociales vigentes, que necesariamente delimitarán sus políticas a partir del 10 de diciembre próximo. Más aún, cuando en una circunstancia histórica inédita, han sido ocultados y/o distorsionados por el propio Gobierno. Para nuestro futuro inmediato, en economía lo importante no es establecer lo que el Gobierno “hizo”, sino lo que “deja”. Es oportuno tomar como base de comparación los indicadores de diciembre de 2001, por dos razones: 1) produjeron la caída de un gobierno constitucional; 2) derivaron en el llamado “acuerdo político patriótico” para salvar al país, en enero 2002, cuyos pilares fueron: fuerte devaluación; incautación de los ahorros de la clase media; no pago de la deuda externa, y estatización parcial de deudas en dólares de grandes grupos económicos. La ciudadanía quiso reaccionar, pero era tarde; el acuerdo político patriótico estaba sellado. Recordemos además, que la mayoría de los políticos, empresarios y gremialistas de entonces, están hoy vigentes.

Los indicadores de diciembre 2001 son todos de carácter oficial. Los estimados para la actualidad intentan establecer un punto de equilibrio entre fuentes oficiales y privadas.

1.- Reservas Banco Central (millones dólares)

2001: 19.425 - 2015: 24.350 (se descuentan swap en yuanes, y pagos a realizar en este año).

2.- Deuda externa (millones dólares)

2001: 166.272 - 2015: 225.000

3.- Tipo de cambio

2001: $1 x u$s1 (convertibilidad) – 2015: $ 9,40 (oficial) - $ 15,90 (paralelo)

4.- Inflación (Indec)

2001: -1,50 % (convertibilidad) - 2015: 11 % (Indec) – 25 % (promedio privadas)

5.- Desocupación (%)

2001: 18,30 % - 2015: 6,9 % (Indec) – 10,6 % (privadas)

6.- Pobreza (%)

2001: 11,8 millones de personas - 2015: 4,7 % (Indec – dato 2013) – 28,7 % (UCA – dato 2014, que equivale a 12 millones de personas)

Tanto Scioli, en su carácter de candidato oficialista, como Macri y Massa a través de sus consultores, deberían tener las cifras reales en cada caso. Plantear por ejemplo, “en un año bajaré la inflación a un dígito”, sin indicar su valor actual de referencia, no clarifica instrumentos para lograrlo. El recurso de, una vez asumido, quejarse que el panorama era peor que el esperado, en nuestro país a partir de la crisis 2001-2002, perdió credibilidad. Los candidatos tienen la palabra.

VOLVIÓ EL FRAUDE PATRIÓTICO?

“La cuestión del fraude pertenece a la filosofía política: hasta que punto un gobierno tiene derecho a presionar para conservar el poder? El primer deber del hombre es defender el pellejo, dice Martín Fierro. De la misma manera, se podría decir que el primer deber de un dirigente político cuando está en el gobierno es mantenerse en el gobierno, pero ¿qué límites tienen los recursos que se pueden llegar a usar? Los conservadores y sus aliados antipersonalistas no se plantearon este problema y, allí donde fue necesario, hicieron fraude; la Capital Federal fue el único lugar donde esto no sucedió”  (“Breve historia de los argentinos”, de Félix Luna, refiriéndose a los fraudes electorales en la década del 30).

El escándalo electoral en Tucumán, como en menor medida sucediera en otras provincias, involucra a los ámbitos político, judicial electoral e institucional, responsables por acción u omisión, de la degradación paulatina y persistente del voto ciudadano. El proceso comenzó con la elección presidencial de 1989, en la que justicialismo y radicalismo por primera vez sacrificaron su histórica identidad unívoca, dando nacimiento a las alianzas (UCR-FREPASO y PJ-UCDE). Posteriormente, la crisis del 2001-02 agravó el problema. Ante el reclamo social “que se vayan todos” sin diferenciar ideologías, la clase política se aterrorizó. Pero como describe Martín Fierro, priorizó su pellejo para poder quedarse todos, y con el fin de seguir succionando de la inagotable teta del Estado, comenzaron a instrumentar legislaciones electorales diseñadas para manipular y/o distorsionar al extremo la voluntad popular. Candidaturas testimoniales; listas espejo, acoples o colectoras; ley de lemas; dobles candidaturas; papeletas que superan el metro de longitud, entre otras, nos retrotrajeron a los fraudes de la década del 30.  

Para ello se cuenta con la complacencia, complicidad, desinterés o incapacidad, del Ministerio del Interior; Cámara Nacional Electoral; Juntas electorales; jueces federales con competencia electoral; y otros organismos estatales intervinientes. No se cumple con el control de requisitos para habilitar partidos; no se verifican los recursos multimillonarios de campañas electorales; no se sancionan incumplimientos de las autoridades oficiales de mesa. Inclusive, como en Santa Cruz, jueces avalan incumplimientos a lo normado por las constituciones locales.

Los gobiernos conservadores podrán usar el ropaje de derechas o izquierdas, pero el resultado no cambia: son conservadores. Dan lugar inevitablemente a oligarquías (poder en manos de pocas personas); cleptocracia (cuando la corrupción se instala en la cima del Estado), y nepotismo (cargos públicos para familiares y amigos). Los desmesurados enriquecimientos ilícitos de altos y medianos funcionarios, amparados por jueces federales y los mal llamados organismos de control, son la exteriorización del “querer conservar” como sea.

“Radical” o “peronista” se utiliza hoy solo como un engañoso anzuelo, para pescar a melancólicos del pasado en el río revuelto preelectoral. En el Olimpo del poder y la permanencia, Alperovich y Zamora, de origen radical, son hoy peronistas-kirchneristas; Moreau, para acercarse al poder, mancilló la memoria de Raúl Alfonsín afirmando que “si viviera sería kirchnerista”; el hermano de Scioli, alias “Pepe”, fue candidato a senador con los radicales; Stolbizer, reserva moral del progresismo, se presenta con un partido distinto en cada elección. Martín Lousteau, recientemente se confesó social demócrata. En la inolvidable historieta de Fontanarrosa sobre el gaucho Inodoro Pereyra, diría su perro parlante Mendieta: qué lo parió !!!

No caigamos en el error de discutir el sistema electoral en plena campaña. Con vista a la elección presidencial del 25 de octubre, solo queda una posibilidad: arremangarse; trabajar fuerte, e involucrar claramente a las autoridades electorales responsables, con la ayuda informativa inestimable del periodismo. Las propuestas de gobierno de los candidatos, en caso de haberlas, deberían presentar un nuevo y democrático sistema electoral aplicable en todo el ámbito nacional, a partir de la elección legislativa del 2017. El voto electrónico y boleta única es necesaria, pero para nada suficiente. El problema es mucho más grave.

Próxima reflexión: miércoles 23 de septiembre.

Lo que los candidatos conocen y nunca dirán sobre la economía