TÍTULOS SIN CONTENIDO

Para entender la continuidad temporal de la sólida trama política-judicial-gremial-empresaria de nuestra corrupción estatal-privada, e intentar detectar las matrices de saqueo primero e impunidad después, es necesario interrelacionar a estos sectores. Los negociados de impacto en los presupuestos públicos presentan una vía delictiva unidireccional: el funcionario facilitador como eslabón interno, y el empresario receptor asociado como eslabón externo, quien retorna a los funcionarios partícipes parte de sus beneficios desmesurados obtenidos a través de sobrecostos y/o incumplimientos contractuales. Con este esquema recurrente colabora el habitual fárrago de acusaciones cruzadas entre políticos, buscando mimetizar a honestos denunciantes con deshonestos encubridores. Sin embargo hay un factor común en este vocinglerío: se evita formular acusaciones concretas contra los empresarios cómplices. Cuando sus nombres se hacen público, es debido a investigaciones periodísticas.

Para referirse a los empresarios en supuestos casos de corrupción, los políticos, aún los de izquierda, apelan a títulos, pero sin contenido. Los más conocidos son “grupos económicos concentrados” y “sectores financieros privilegiados”. El histórico “oligarquía vacuna”, con la tecnificación del campo perdió actualidad. En este contexto, no es extraño que resulte difícil encontrar políticos que realicen denuncias de carácter personal consistentes; solo se limitan a repetir publicaciones periodísticas. Los escasas excepciones corresponden a mujeres: Carrió, Ocaña, Stolbizer. En disenso con lo expresado, se podrían citar innumerables casos de empresarios expuestos por su relación prebendaría con el Estado. Pero en el campo literario de las biografías, identificándolos enigmáticamente como “grupos de poder o dueños de la Argentina”, sin formular acusaciones formales. O en casos judiciales, utilizándolos solo para relacionarlos con adversarios políticos, o frontón para negociar impunidad con el poder de turno. A nivel judicial, a diferencia del juez Moro en Brasil, no se los investiga para determinar culpabilidades, y una vez obtenidas las evidencias, negociar delaciones que involucren, ahora sí, a los funcionarios públicos partícipes en la corrupción. Consideremos dos casos icónicos: Héctor Magnetto y Franco Macri.

Está demás señalar que los medios de comunicación son un instrumento de poder, directamente proporcional a la cantidad de usuarios. La relación Kirchner-Clarín fue excelente (se avaló la fusión Cablevisión-Multicanal), hasta que se produjo el conflicto del campo, y Kirchner perdió en 2009 la elección de diputados. Inicialmente se arremetió contra su directora Herrera de Noble, y ante la escasa repercusión pública, se proyectó a la fama al hasta entonces ignoto Magnetto. El resto de la historia, aún vigente, es conocida. Pero jamás se acusó a directivos de Clarín de delitos económicos en connivencia con funcionarios del Estado. La utilidad de Magnetto consiste en invocarlo para disimular responsabilidades políticas. De igual modo, la historia de Franco Macri es ampliamente conocida, sea por su actividad privada, o como contratista del Estado a través de sucesivos gobiernos. Tampoco se le formularon acusaciones concretas que lo asocien a funcionarios públicos del presente o pasado. El objetivo no es el patriarca Macri, sino utilizarlo para echar sospechas sobre su hijo, actual presidente.

Este principio de invisibilidad empresarial se prolonga a la Justicia. En el caso Ciccone a cargo del juez Ariel Lijo, este limitó su investigación a Boudou y su entorno, sin avanzar sobre quienes se sospecha proveyeron los fondos para la compra de la empresa: Banco Macro, de Jorge Brito, y London Supplay, cuyo principal directivo es Miguel Castellanos. No es casual que empresarios asociados al poder político, que lucraron e intermediaron enormes recursos del Estado, evadieron impuestos y aportes laborales, y en muchos casos dejaron un tendal de despidos, no sean objeto de denuncias o investigaciones. Recordemos solo a Gvirtz, Spolzki y Garfunkel en medios de comunicación; Otero en la terminal de Retiro; Cirigliano como concesionario de transportes; Esquenazi accionista en YPF; Rasic a cargo de Cresta Roja; Angeli en Sol Líneas Aéreas; Farcuh en OCA. Todos ellos mantienen alto nivel de vida, sin ver afectados sus patrimonios. En Argentina no hay, como en Brasil, un juez Moro.

Buenos Aires, 26 de abril 2017

JUSTICIA ILEGÍTIMA

En el ámbito judicial es habitual la frase que con tono irónico, expresa que para  juzgar, “la mitad de la biblioteca dice una cosa, y la otra mitad otra”. En las últimas décadas adquirió verosimilitud en relación a la protección de la corrupción estatal-privada, convirtiendo al derecho en una ficción jurídica. Lo reconocen los propios integrantes del Poder Judicial, al crear una línea interna llamada Justicia Legítima, lo que supone la existencia como contraparte de una justicia ilegítima. El poder político colabora sancionando leyes que permiten innumerables tácticas procesales dilatorias a través de impugnaciones y apelaciones; otorgando fueros que permite a los legisladores mantener sus bancas estando procesados por delitos comunes, y un Consejo de la Magistratura inactivo ante jueces y fiscales sospechados de corrupción. Todo ello complementado por un manejo de la opinión pública, a través de estrategias comunicacionales que intentan neutralizar serios trabajos de investigación periodística, y masificando las sospechas de corrupción a través de un alud de denuncias inconsistentes, escuchas judicialmente irrelevantes, y locuaces testigos que declaran una cosa en público y otra distinta ante el juez. Citemos ejemplos tan repetidos como falaces.

1.- La justicia se acomoda a los tiempos políticos. Ello no se ve reflejado en las penalidades aplicadas a los responsables de corrupción contra el Estado en las últimas décadas. Por el contrario, exhiben homogeneidad en cuanto a mantener impunes esos delitos. La supuesta mayor actividad judicial actual no fue producto del cambio de gobierno en diciembre del 2015, sino causada por tres hechos impactantes: 1) Un video con allegados a Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero; 2) Un video con allegados a Milagro Sala retirando un bolso con millones de pesos de una sucursal del Banco Nación en Jujuy; 3) Un ex Secretario de Obras Públicas de la Nación intentando ocultar nueve millones de dólares en un extraño convento.

2.- La justicia es lenta. Formulada como una consecuencia inevitable, la frase es falsa. Ello quedó demostrado con dos casos de corrupción estatal-privada con importantes funcionarios y empresarios involucrados, y alta complejidad investigativa. El de Cromagnon, que entre el hecho y las condenas pasaron menos de cinco años, y la tragedia de Once, en la que en menos de tres años se realizó el juicio oral y se dictaron las condenas. Ambos tuvieron como factor común el accionar mancomunado y persistente de los familiares de las víctimas. Lo que estaba en juego no era el abstracto concepto “el dinero de todos los argentinos”, sino la memoria de seres queridos con nombre y apellido.

3.- Los jueces y fiscales son lentos. Esta frase es más congruente con la realidad, pero no satisface. Cabría preguntarse las razones de su “lentitud”. Incapacidad? Complicidad? La duda surge porque jueces y fiscales saben ser “rápidos” para las absoluciones de los delitos más fáciles de demostrar: el de los enriquecimientos ilícitos. Cabe recordar el del matrimonio Kirchner por Oyarbide previo a la Nochebuena del 2009; el de Scioli por el juez de La Plata Pablo Reale en el 2015, y el del camarista Eduardo Freiler por el juez Martínez de Giorgi en el 2016. En todos los casos coinciden peritajes insuficientes y complacientes, y la omisión de apelación por parte de los fiscales.

4.- Investigaciones a presidentes de la Nación. Un sistema democrático exige que en el caso de investigaciones a presidentes, sean Cristina Kirchner o Mauricio Macri, las actuaciones tengan prioridad, celeridad y profesionalidad. Las dilaciones son usadas por las tramas de corrupción para generar acciones encubridoras bajo el manto de “persecuciones políticas”, en donde los acusados ejercitan un show twitero sin atisbo de defensa personal, y promueven acusaciones variadas e incomprobables como coacción para negociar impunidad. En el caso de Macri, destacamos dos ejemplos. Desde hace un año el fiscal Delgado investiga su eventual participación en el entramado societario familiar del llamado Panamá Papers, lo que es correcto. Pero transcurrido el tiempo, la Cámara Federal le solicitó que defina la situación del presidente ante la falta de pruebas de delito. El fiscal Di Lello por su parte, imputó a Macri por el trámite de acuerdo con el Correo Argentino. Correcto. Pero simultáneamente citó a declarar al gobernador de Formosa Gildo Insfrán, por el pago en el 2012 de 7,6 millones de pesos a la inexistente empresa The Old Fund, para renegociar una deuda de la provincia con la Nación. Cómo definiríamos entonces al fiscal Di Lello? “Rápido” por la imputación a Macri, o “lento”  por la citación a Insfrán?

Buenos Aires, 19 de abril 2017 

POLÍTICA SIN POLÍTICOS

El título pareciera contradictorio, pero no lo es. Aristóteles señalaba que las asociaciones tienden a un fin determinado. Cuando ese fin comprende a todos los demás, la asociación se llama política, o más precisamente Estado. El término “política”, de origen griego, significa “relacionado con los ciudadanos”. “Político” por su parte, es quien interviene en la toma de decisiones que afectan a determinados grupos de ciudadanos. En el áspero campo del ejercicio del poder público, en el que se intermedia entre conflictos de intereses, no siempre prevalece el abstracto idealismo del “interés común”. Pero “hacer política” muchas veces excede los marcos institucionales, y las sociedades sorprenden con mensajes claros y contundentes no previstos.   

La movilización ciudadana en la tarde-noche del pasado sábado con epicentro en Plaza de Mayo y principales ciudades del país, sorprendió por su masividad. Convocada vía redes sociales por desconocidos, no solo careció de apoyo político, sino fue expresamente desaconsejada por dirigentes del radicalismo y Coalición Cívica. La difusión fue escasa, y los periódicos del día señalaban al Obelisco como punto de encuentro, en lugar de Plaza de Mayo. Las columnas de ciudadanos de a pie respetaban los semáforos, permitiendo circular a los vehículos, muchos de los cuales apoyaban con bocinazos.  Bares y restaurantes, en lugar de bajar persianas trabajaron más de lo habitual. Los traslados en colectivos contratados, fueron reemplazados  por una confesión:”vine con la SUBE”. No hubo banderías políticas sino banderas argentinas, y los estribillos se pronunciaban a viva voz, sin micrófonos. Existieron referencias al gobierno anterior y al actual, pero la consigna predominante era la defensa de la democracia. Los concurrentes también debían pagar aumentos de tarifas y transportes; trabajar para sostener sus comercios, pequeñas empresas y actividades; sufrir la educación de sus hijos. La pregunta entonces es: qué pasó?

En principio, no debiera sorprender que genuinas convocatorias ciudadanas superen a las político-gremiales planificadas. Sucedió con el reclamo de seguridad por el caso Bloomberg, también un 1° de abril pero del 2004, y en febrero del 2015 por la muerte del fiscal Nisman, bajo una lluvia torrencial. Pero el trasfondo de la marcha del pasado sábado debiera compararse con las secuencias traumáticas provocadas por la caída del gobierno democrático de la Alianza en diciembre del 2001, que precisamente los organizadores del acto del 24 de marzo se solazaron en recordar, a través de la imagen “del helicóptero”. Omitieron que esos días aciagos con muertos y saqueos, no concluyeron días más tarde con el habitual y cómodo reemplazo de quienes “no saben gobernar por quienes sí saben”. Para sorpresa de muchos, con cacerolas como única arma, la ciudadanía hizo tronar el reclamo aún latente: “Que se vayan todos!!!”.  Es verdad que la mayoría de los políticos, llamados “profesionales” por su capacidad de permanencia, se quedaron casi todos, incluido Carlos “Chacho” Alvarez. Pero se licuaron los partidos.

Por ello esta sorprendente convocatoria debería relacionársela con el acto que tan solo nueve días antes, en lugar de recordar el golpe militar de 1976, se utilizó para denunciar “la dictadura del gobierno de Macri”. Plantear que personajes como Bonafini, Baradel, Yasky, Micheli, Esteche, Espinosa, entre otros, alegremente puede calificárselos de marginales o inimputables, es una ingenuidad. Conocen el peso de sus palabras y acciones, y saben cómo y cuándo usarlas. Pero sus gritos debieran preocupar tanto como los silencios. Ningún representante de partidos de oposición o entidades civiles emitió opinión, ni siquiera por twitter. No lo hicieron Gioja, Scioli, Massa, Stolbizer, entre muchos otros. El único que sin subterfugios, definió la intención de las expresiones de quienes encabezaron el acto que usufructuó el pasado para encubrir intenciones presentes, fue Marcos Aguinis. Los llamó golpistas.  Nueve días más tarde, la “mayoría silenciosa” en todo el país, salió a manifestar lo que vastos sectores dirigenciales no se atrevieron.

Buenos Aires, 05 de abril 2017