POLÍTICA NAVIDEÑA

Por razones meramente simbólicas, los cierres de año y comienzo del siguiente suponen la necesidad de realizar un balance del pasado, y proyectar el futuro. En el campo político, ante los conocidos sucesos de diciembre, cabe preguntarse qué puede aportar un ciudadano común ante el fárrago descontrolado de mensajes emitidos  por quienes supuestamente tienen el privilegio de legislar “para todos los argentinos”. En principio, intentar resumir en pocos conceptos lo sucedido, y en cuanto al futuro inmediato, plantear interrogantes concretos para luego esbozar respuestas durante enero, mes más propenso al sosiego.

Para entender los pobres y “apasionados” debates legislativos, en especial al referido a la actualización de las jubilaciones más bajas, es oportuno recordar una frase del economista argentino Rodolfo Frenkel en un reportaje: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan”. No es casual entonces que en el clamor por los pobres jubilados, ningún sector político, entre ellos el defensor de la Tercera Edad, explicitara las causas de la quiebra del sistema jubilatorio: escandalosos privilegios sectoriales, con un uso político de los recursos de los genuinos aportantes al sistema. Basta mencionar tres ejemplos: 1) puede llamarse sistema sustentable, equitativo y de reparto, al que permite que las jubilaciones más altas superan en 40 veces a las más bajas?; 2) puede ser genuina la preocupación de gremialistas como Palazzo por los “pobres jubilados”, mientras combate contra la derogación de privilegios jubilatorios bancarios en provincia de Buenos Aires?. 3) puede existir preocupación por los que menos tienen, cuando un empresario privado puede robarse más de 8.000 millones de pesos en impuestos, en complicidad con altos funcionarios de gobierno?

Una circunstancia a tener presente, es cuando las inconsistencias verbales para enmascarar privilegios en nombre de reivindicaciones sociales (parlamento), buscan apoyatura en el terreno de los hechos violentos facciosos y organizados, como sucediera en el ataque al Congreso y a estoicos policías. Si bien este juego tiene anteceden históricos cercanos, presenta actualmente una interacción de intereses inédita y de altísimo riesgo.  Con la recuperación de la democracia las protestas, incluso con fines desestabilizantes, se resumían en repetidos paros generales de la CGT, cuyo resultado era la paralización del país, sin desmanes organizados anexos. Eran días “aburridos”. En la crisis 2001-02, cuando los políticos intentaron repetir la matriz de recambio anticipado de un gobierno, reemplazado por otro de “salvación nacional”, se vieron sorprendidos por el justificado reclamo “que se vayan todos”. Superada parcialmente la crisis a costa, una vez más, de los “que menos tienen”, durante el gobierno anterior se perfeccionó una trama de corrupción que integró eficazmente a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos de control, tras un objetivo necesario y tranquilizador: impunidad. Por ello los recientes sucesos de violencia física y verbal, exhibieron una confluencia de intereses inédita entre conocidos grupos de extrema izquierda violentos, asociados a políticos y empresarios multimillonarios a costa de los recursos del Estado, que pretenden salvar patrimonios y libertades. Como suele suceder, con la colaboración de demasiados “idiotas útiles”.

Hacia el futuro inmediato, es útil plantearse dudas e intentar respuestas clarificadoras, como ejercicio reflexivo veraniego. El cuestionario puede ser ampliado a voluntad. 1) A quiénes representan los legisladores?; si son libre pensadores autónomos, porqué se mantienen las listas sábana para elegirlos?; 2) En relación al síndrome de demagogias y fluctuaciones legislativas y políticas, a quién representa Sergio Massa?; 3) Peronismo y Partido justicialista son sinónimos?

Como cierre del 2017, completaremos la esclarecedora frase del economista Frenkel, con un consejo no menos preciso de Maquiavelo: “los males que nacen del Estado, cuando se los descubre a tiempo se los cura pronto. Pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto que todo el mundo los ve”.

Buenos Aires, 27 de diciembre 2017

Próxima newsletter el miércoles 17 de enero 2018

PARLAMENTO PRIVATIZADO

Un concepto aparentemente absurdo, debería confrontarse con el inquietante desafío de reflexionar si existen elementos que demostraran que puede ser verosímil. Diciembre es un mes adecuado para poner foco sobre el poder legislativo, debido a circunstancias particulares que se repiten: 1) año 2015 con cambio de gobierno, en donde el saliente pretende condicionar al que asume, intentando aprobar en la última sesión 96 leyes a paquete cerrado. 2) año 2016 con proximidad de un año electoral, donde el oportunismo político prima sobre la virtud de legislar, como sucedió en el debate sobre el impuesto a las ganancias; 3) año 2017 tras una renovación legislativa, con viejos y/o renovados oficialismos y oposiciones buscando nuevos realineamientos personales, como mostró el debate sobre la actualización de las jubilaciones. Paradójicamente diciembre también es el mes en el que los enfervorizados legisladores, fuera de cámaras y en concordancia con gremialistas, deciden en un marco de armonía aumentar sus dietas, prebendas anexas, y seguir incrementando la planta de personal negociando la permanencia y/o nuevos ingresos de esposos/as; hijos/hijas; parientes de toda índole y amigos varios. La repetida historia concluye con una nota de color: el diputado Néstor Pitrola recorriendo los medios de comunicación para expresar su oposición al incremento acordado, y solo verbalmente, proponer que los legisladores ganen el equivalente a cuatro salarios mínimos.

Hace ya más de 2.4000 años, Aristóteles señalaba que el sometimiento de los primeros Estados a reyes, provenía del sometimiento de las familias a la autoridad del más anciano, tratado como un rey. Las continuidades políticas se justificaban en base a derechos divinos o sanguíneos. En la modernidad parecería anacrónico, pero hay instrumentos para favorecer continuidades hereditarias y palaciegas: los sistemas electorales. En nuestro país es fuertemente limitativo del poder de elección de legisladores, con artilugios varios: listas sábana, ley de lemas; listas espejo, fueros para delitos comunes, lo que explica la perennidad de políticos a través de sucesivas elecciones, muchos de ellos carentes de principios e identidad partidaria consistente en el tiempo. No se ofrecen al electorado, sino al dedo del circunstancial armador de listas, lo que los aleja del verdadero sentido de representar. Una legisladora por ejemplo, pudo expresar impávida que “nuestra tarea está en la calle”. Otros legisladores se afanaron en  organizar grupos facciosos que impidan el debate público legislativo. O al momento de debatir, arrostrarse a los gritos sobre quién es más ladrón, o quién luchó y/o colaboró en una dictadura que concluyó hace treinta y cuatro años. Esta coptación de roles públicos por generaciones familiares y de palacio, terminan conformando verdaderas oligarquías, como se denominan a los grupos que gobiernan en su propio beneficio.  Por ello, las sociedades siempre deben estar alertas en cuanto a sus destinos. La historia indica que a lo largo del tiempo varían ropajes y costumbres, pero no la naturaleza del hombre en la lucha por el poder.

Diciembre debiera ser un mes oportuno para que los que aún llamamos “nuestros representantes”, reflexionen en cuanto a su verdadero rol en un sistema democrático. Y reserven sus histriónicas exaltaciones para legislar en base a igualdad de oportunidades para los ciudadanos comunes, en lugar de conformar círculos cerrados que implican una cuasi “privatización” de la actividad legislativa. Sumando muchos de ellos antecedentes y oportunismos personales que convierten en patéticos los discursos en defensa “de los que menos tienen”. Y que definitivamente se renuncie a la cínica práctica de los “golpes democráticos”, que asocian a violentos de extrema izquierda con multimillonarios vaciadores de los recursos del Estado.

Con las políticas demagógicas y destructivas seguidas en las últimas décadas, hubo y seguirá habiendo inevitablemente injusticias jubilatorias, con mayorías perjudicadas y demasiadas minorías favorecidas. Es momento que el parlamento recupere prestigio, y se deroguen todos los privilegios jubilatorios, que licuaron el concepto de sustentable, solidario y de reparto. Los legisladores de la provincia de Buenos Aires parecieran actuar en esa línea. Es verdad que habrá mucha resistencia gremial de quienes dicen defender a “nuestros pobres viejitos”. Y posiblemente, violentos manifestantes de saco y corbata.

Buenos Aires, 20 de diciembre 2017

LOS AFORTUNADOS VIEJITOS

El debate sobre el régimen de movilidad de haberes previsionales, reitera discursos políticos que exhiben cinismos, falsedades, ocultamientos y mayoritariamente desconocimiento. Entre los responsables de clarificarlo se destacan quienes por sus funciones deben legislar, representar e informar en carácter de especialistas. Entre otros, Graciela Caamaño, con 20 años de legisladora; Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, Mirta Tundis, especializada en temas jubilatorios y hoy legisladora, y funcionarios de gobierno, que deberían explicitar la propuesta con ejemplos numéricos entendibles para el ciudadano común. A ellos, entre otros, se les reconoce la capacidad y obligación de saber analizar y comunicar. Sin embargo, en las instancias discursivas todos se sumergen en mensajes enlatados que igualan a capaces con mediocres, reclamando con estudiada indignación, en favor de los “pobres viejitos jubilados”. Pero nada dicen del meollo de la cuestión: miles de “afortunados viejitos” privilegiados;  uso político en el acceso a los beneficios jubilatorios, y utilización del organismo previsional como agente financiero del Estado a tasas ruines.  

Surge entonces una paradoja esclarecedora: los propios sectores políticos dolidos por los “viejitos”, legislaron inequidades, prebendas y privilegios que luego llaman “derechos adquiridos”, que son las causas de las recurrentes crisis previsionales desde hace cincuenta años. Es fácil proclamar la defensa de los “pobres viejitos” que ganan la mínima de $ 7.246, sin impedir que “afortunados viejitos” cobren más de $ 300.000. Que quienes aportaron más de treinta años o se jubilaron con 65 años, “compartan” con quienes aportaron veinte años o menos, o se jubilaron con 55 años. Que el Estado y privados con beneplácito sindical, continúen realizando pagos sin aportes. Y así sucesivamente.

En lugar de ser atrapados por caóticos debates y porcentajes  tipo “gana-pierde”, vale una breve reseña histórica. Más allá de tibios antecedentes a comienzo del siglo XX, el presidente Perón impulsó el sistema jubilatorio a nivel nacional, con la creación de innumerables Cajas de Jubilaciones. Inicialmente funcionaban independientemente y con superávit elevado, al tener muchos aportantes y pocos jubilados. En 1967 comenzaron a unificarse parcialmente, hasta que con la creación de la Anses en 1991, se unificaron definitivamente. En 1993 el gobierno de Menem implementó un sistema jubilatorio mixto, integrado por uno estatal de reparto, y otro privado de capitalización individual. El concepto privado no excluía la participación pública, al punto que las bancas públicas Nación y Provincia de Buenos Aires, e incluso gremios, crearon sus propias aseguradoras de retiro.

 El gobierno de Kirchner abrió una consulta con la razonable intención de permitir la posibilidad el traspaso entre los sistemas público y privado. La mayoría de los afiliados permaneció en este último, no por sus bondades, sino por la desconfianza que generaban los antecedentes  del sistema jubilatorio estatal. Pese a la compulsa, tiempo más tarde, la misma generación de legisladores que privatizaron parcialmente el sistema en 1993, lo reestatizó en el 2008 debido a urgentes necesidades financieras del Tesoro. Se eliminaron las cuentas individuales, se transfirieron los ahorros acumulados a una cuenta única del Gobierno nacional, y se creó el Fondo de Garantía para preservar el valor de los aportes y efectuar pagos a los beneficiarios del sistema previsional. En paralelo, legisladores, funcionarios y sindicalistas continuaban habilitando nuevos regímenes de privilegio, fórmulas de cálculo circunstanciales, y acumulando juicios por liquidaciones no ajustadas a derecho.

Un sistema de reparto depende de muchas variables implementadas por ley, cada una de las cuáles impacta en el corto y largo plazo. Tal fluctuación insostenible en un régimen que atraviesa generaciones, se ejemplifica hoy. Lo que hasta hace pocos años parecía inalcanzable, como actualizar las jubilaciones por inflación, hoy pareciera un perjuicio inadmisible. Pasado este debate puntual, los expertos en el tema, sin especulaciones políticas, debieran clarificar e impulsar propuestas que hagan realidad los términos sustentable, solidario y de reparto. En lo inmediato y como mero ejercicio de prolijidad, algún legislador debería proponer que dichos términos no podrán ser usados, mientras sea legal que un empleado público cobre más de $ 300.000 de jubilación, y públicos y privados $ 7.246.  

Cabe plantear una inquietud final de ciudadano común; no será momento de interrelacionar de algún modo los beneficios de la Anses, el Pami y las cajas sindicales de obras sociales?

Buenos Aires, 13 de diciembre 2017

OCA O BANELCO?

Carl von Clausewitz fue un militar, historiador y filósofo prusiano que participó en las guerras napoleónicas. El concepto más conocido de su tratado sobre la guerra, de gran influencia en la ciencia militar moderna, señalaba que “la guerra no es otra cosa que la prosecución de la política por otros medios”, y “la guerra se parece más a la política, la que a su vez puede ser considerada en parte como una especie de comercio en gran escala”. Esta interrelación entre política, guerra y comercio, esencial para entender el origen de los conflictos modernos, será útil para analizar nuestras pujas de intereses sectoriales, en los que la ética y moral solo se aplica a lo discursivo. Conflictos que exhiben además la supervivencia sorprendente de las clases dirigentes argentinas. Es el caso de la crisis de OCA asociada al renovado recuerdo de “la Banelco”.

En marzo del año 2000, tras la aprobación de la ley de reforma laboral con votos de legisladores de la Alianza y del Partido Justicialista, el sindicalista Hugo Moyano declaró que “el ministro Flamarique me dijo que para los senadores tengo la Banelco”. Poco acostumbrados a la corrupción, nuestros políticos reaccionaron con indignación. El vicepresidente Alvarez, con razones nunca explicitadas, renunció. La reforma quedó sin efecto, y el gobierno de la Alianza se desbarrancó. Dos años más tarde, el ex secretario legislativo radical Mario Pontaquarto, arrepentido, denunció haber transportado en un maletín cinco millones de pesos/dólares con destino a senadores justicialistas para que aprobaran la ley, originando el prolongado juicio conocido como “coimas en el Senado”. Tras haber declarado más de 300 testigos, entre ellos integrantes de la SIDE relevados de su obligación de confidencialidad respecto al uso de fondos reservados, se arribó al fallo del Tribunal Oral N° 3 (jueces Gordo, Pons y Ramírez), que sobreseyó a todos los acusados. Entre sus fundamentos se expresa que “la prueba producida en el debate y las demás circunstancias del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los hechos imputados no existieron”. En cuanto a Pontaquarto, “el presunto arrepentido se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida que se producía la prueba….”. El fallo destacó “la parcialidad de algunos de los jueces que intervinieron en la instrucción, en particular del dr. Daniel Rafecas..”. Por último,  se hizo hincapié en la reunión que el arrepentido mantuvo previo a su denuncia, con el Jefe de Gabinete Alberto Fernández; el hijo del fallecido dirigente socialista Alfredo Bravo, llamado Daniel, y el entonces Jefe del Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra. Los jueces destacaron que “quedó patentizada en el debate la mendacidad del dr. Aníbal Ibarra”, quien conjuntamente con Bravo incurrieron en “imprecisiones y vaguedades” al intentar aclarar el motivo de dicha reunión.

El cierre de la causa ejemplifica el preocupante accionar político de las últimas décadas, con independencia de la veracidad o falsedad de la denuncia. De ser veraz, la falta de pruebas aportadas por los testigos indica un abroquelamiento político para mantener impunidades. De ser falsa, se ratificaría que ciertas denuncias por corrupción son solo instrumentos de especulación política circunstancial. 

Este juego intenta repetirse en la actualidad, con demasiados personajes de la vieja Banelco vigentes. No es casual que la familia Moyano la invoque ante el acuerdo de reforma laboral, ocultando que su real preocupación pasa por negociar el salvataje de OCA y su conducción, deudora de más de 3.400 millones de pesos en impuestos y aportes a la seguridad social. Tal saqueo, el Grupo Ruho lo logró en solo cuatro años; se hizo cargo de OCA en el 2013. Las cuotas al sindicato, eso sí, están al día. Si al Grupo que encabeza Farcuh sumamos tan solo a Indalo y Lázaro Báez, se sustrajeron al Estado más de 15.000 millones de pesos en impuestos (850 millones de dólares). Tal éxito comercial se logró con funcionarios, sindicalistas y empresarios acérrimos defensores de los trabajadores.

En cuanto al rol del Estado, estos ejemplos provocan dudas preocupantes, actualmente en debate: las estructuras elefantiásicas estatales no favorecen en realidad las cadenas de impunidad y dilución de responsabilidades? Ayuda para establecer un diagnóstico preciso el actual contexto judicial en casos de corrupción. En sede judicial, los más altos funcionarios declaran inocencia y falta de responsabilidad. Surge entonces un interrogante obvio carente de sofisticación: quiénes son entonces jerárquica y penalmente responsables de los actos públicos corruptos en perjuicio del Estado? Lo analizaremos.

Buenos Aires, 06 de diciembre 2017

EL TRABAJO DESTRUYE TRABAJO?

El título pareciera claramente contradictorio, falaz. Pero no lo es. “Trabajo” define la ejecución de tareas que exigen esfuerzo físico y/o mental para producir bienes y servicios. Si bien el concepto no discrimina entre público y privado, dichos sectores se suelen cuantificar separadamente. Al momento de afrontar nuestras recurrentes crisis económicas, para disminuir déficits fiscales y aumentar la capacidad productiva se plantea exceso de empleo público, y un deseable incremento de empleo privado. Pero la realidad indica que el perjuicio fiscal puede originarse tanto en el sector público como el privado. En la última década inclusive, fue más perjudicial la creación de puestos de trabajo supuestamente privados, que en realidad encubrían enormes negociados entre funcionarios públicos, empresarios sin capital de riesgo y gremialistas, aunados en utilizar a miles de trabajadores bajo el subterfugio de “crear fuentes de trabajo”, transformando a las empresas en inviables para que una vez vaciadas, sea el Estado el que asuma en exclusividad los quebrantos y costos del desempleo. 

Este fenómeno repetido, sorprendentemente ha sido obviado por la clase política en su conjunto, y que en algunos casos participa del juego saturando cargos públicos innecesarios con familiares y amigos, pagados por la sociedad en su conjunto. Un punto de referencia para entender esta matriz destructiva de la economía de un país, es la quiebra y liquidación del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) en 1993, con una pérdida de 5.700 millones de dólares. Nada cambió desde entonces: créditos irrecuperables otorgados a empresarios amigos por bancos oficiales nacionales y provinciales; subsidios estatales a pérdida “para promover el desarrollo”, y deudas millonarias en impuestos y cargas sociales, que funcionarios y gremialistas nunca detectan en tiempo y forma. 

La crisis económica del Grupo de medios de comunicación Indalo en cabeza de Cristóbal López, motivó que el periodista Reinaldo Sietecase reclamara al gobierno que no se “haga el distraído” respecto a la situación de sus miles de trabajadores. Pero por investigaciones del propio periodismo, se conocía desde hace años la evasión de Indalo ante la AFIP por más de diez mil millones de pesos. Por ello Sietecase, que es un buen periodista, debería reclamarle a los que “se hicieron los distraídos” para facilitar el negociado, entre ellos periodistas políticos “estrella”, algunos de los cuales quedaron en la calle con millones de pesos en honorarios y altas indemnizaciones por despidos.

Esta matriz se replica con la Avícola Cresta Roja, con 3.300 empleados y deudas impositivas millonarias; la láctea Sancor con 4.000 empleados, deudas millonarias, y el gremialista Héctor Ponce “distraído”, y el correo privado OCA, con 7.000 empleados, y deudas fiscales, de cargas sociales y privadas, que superan los 2.000 millones de pesos. En este caso se “distrajeron” el presidente de OCA Patricio Farcuh, y la familia gremialista Moyano, que mantienen un conflicto de aprietes por la conducción de la empresa, donde empresarios y gremialistas se confunden. Sumemos las pérdidas millonarias causadas por las privatizaciones y reestatizaciones irresponsables de YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ciccone Calcográfica, entre otras, y se comprenderá el origen de la pobreza que dejaron políticos populares de izquierda asociados a empresarios prebendarios de derecha. Todos ellos expertos en el juego de la perinola vernácula: el Estado pone para “crear fuentes de trabajo”, y el Estado pone para “salvar fuentes de trabajo”.

El final de estas tramas carece de suspenso. Pese a la abundancia de políticos y gremialistas nacionales, populares y progresistas, los empresarios fallidos que succionan subsidios, evaden impuestos y quiebran empresas, jamás pierden su fortuna personal. A lo sumo transfieren parte de sus negativos paquetes accionarios a grupos que tampoco ofrecen garantías de capitales de riesgo propios. Ante esta realidad, Sietecase y otros periodistas políticos y de investigación serios, pueden aportar a una solución parcial del problema, promoviendo la aprobación de la ley de Extinción de Dominio paralizada desde hace más de un año en el Senado. De este modo se podrían recuperar parte de bienes sustraídos al Estado, y conformar un fondo de contingencia para crisis laborales por corrupción. 

Buenos Aires, 29 de noviembre 2017

EL ASESINO NO ES EL MAYORDOMO

La novela policial tiene dos escenarios básicos: 1) delitos penales cometidos en ámbitos privados. El desafío consiste en descubrir al o los asesinos, que suelen ser los menos sospechados. En círculos de clases altas, por ejemplo, el culpable solía ser el mayordomo. 2) delitos penales cometidos en el Estado en perjuicio de sus recursos. Los sospechosos son funcionarios que eventualmente cuentan con apoyo de estructuras de choque (corrupción estatal), o bien estructuras criminales con complicidades políticas (mafias). Nuestra novela refiere al campo estatal con corrupción política estructural, con complicidades judiciales, empresariales y sindicales. La precaución legal de dejar constancia que “cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad” es innecesaria, pues los personajes son públicamente reconocibles. El escritor griego Petros Márkaris, autor de la serie del policía Kostas Jaritos en una Grecia azotada por una grave crisis, señalaba: “El gran éxito de la novela policial en las últimas décadas, se debe a que es la novela social y política de nuestro tiempo”.

Descubrir a nuestros culpables entre un sinnúmero de sospechosos, implica partir de hipótesis investigativas claras, que establezcan motivo del delito, metodología para llevarlo a cabo, y técnicas de defensa de los implicados. En ámbitos privados el motivo puede ser el dinero, la venganza o la reacción pasional. Ejercido en forma individual o por bandas organizadas, suele ser violento y con víctimas fatales. En escenarios políticos el motivo es uno solo: dinero. El delito debe adecuarse a estructuras administrativas, que incluyen partícipes necesarios en los distintos circuitos de gestión, cuyo nivel jerárquico varía según la envergadura económica del robo.  Cuando la corrupción es estructural con consecuencias en el tejido social, intervienen altos niveles jerárquicos, organismos de control, sectores gremiales y empresas privadas asociadas y/o testaferros. Los delitos públicos también tiene víctimas fatales: pobreza y marginalidad. El rol del poder judicial cómplice es similar en ámbitos privados y públicos: asegurar impunidad.

La espectacularidad de actuaciones judiciales producidas a partir de la inolvidable filmación con el ex secretario de Obras Públicas José López ocultando bolsos con nueve millones de dólares en tierra santa, hace relevante analizar las técnicas de defensa pública de los sospechosos y/o culpables. Las diferencias entre involucrados privados y públicos no son de fondo, sino de léxico. En principio, unos y otros niegan culpabilidad. Pero en el caso estatal, ante la existencia de varios sospechosos en los circuitos burocráticos con distintos grados de vulnerabilidad, la invocación de inocencia se escuda tras un barniz institucional, denunciando persecución política. Ejemplo: el banquero Jorge Brito puede aducir inocencia; el ex vicepresidente Boudou persecución política. Como los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos son investigados y sancionados por otros órganos del Estado, la expresión “persecución política” podría aceptarse si se le agregara “de delitos comunes”. Pero en realidad, la frase pretende mantener el nivel de complicidad política que permitió ejecutar el delito primero, y lograr impunidad después. Por ejemplo, un acusado y/o detenido se plantea porqué los fiscales y jueces que lo protegieron antes, son los que lo encarcelan ahora.

Asimismo, los altos niveles políticos por sí o por allegados, emiten mensajes públicos usualmente crípticos, como se denominan a los destinados a pocas personas. Mezclan amenazas (tengo cosas para decir), con acusaciones (traición, falta de solidaridad), buscando recuperar la cobertura política perdida. Método que no difiere de los mensajes amenazantes de la delincuencia común. En este juego dialéctico, existe una característica habitual. Los “arrepentimientos” o quebrantos se inician con los integrantes más débiles de las tramas. Tal los casos de Fariña (Lázaro Báez), Vandenbroele (Ciccone y Formosa), y el lamentablemente suicidado Delhon (Fútbol para Todos).

Para concluir, un nuevo concepto de Petros Márkaris: “el Estado griego es la única mafia del mundo que consiguió quebrar”.

Buenos Aires, 22 de noviembre 2017

EL ENOJO DE SOLÁ

En el programa televisivo “Intratables” de la pasada semana, que conduce Santiago del Moro, el diputado Felipe Solá expresó en forma acalorada que los medios de comunicación eran muy “complacientes” con el actual gobierno. El escritor y periodista Ceferino Reato aceptó esta observación, justificándola en que la gente tenía miedo “que volviera Cristina”. Este contrapunto permite interesantes reflexiones alejada de interesadas “grietas” que inhiban todo análisis. Supongamos que ambos están convencidos de sus opiniones. Y que tienen razón.

Cambiemos, contra todos los pronósticos, triunfó en diciembre de 2015 sobre un justicialismo que gobernó ininterrumpidamente doce años, o catorce si incluimos el período Duhalde. Las transiciones entre gobiernos han sido invariablemente traumáticas: 1989, 2001, 2003 (Duhalde adelantó la entrega de mando), y 2015.  Esta última, producto quizás del triunfo de una expresión política nueva sobre un histórico justicialismo que no necesariamente es peronismo, incluyó la no entrega del bastón de mando de la presidente saliente al entrante. Se “heredan” hiperinflaciones, defaults de deudas, escasez de reservas, sistemas jubilatorios variados e inviables, desocupación, pobreza, corrupción. Los responsables, impertérritos, piden “no mirar atrás”. Asumido Macri, comenzó de    inmediato una campaña indisimuladamente golpista cuyo símbolo era “el helicóptero”, como si el golpe institucional del 2001y la crisis del 2002 fueran motivo de orgullo. Personajes como Bonafini, Espinosa, D Elía, Esteche, Carlotto, Cerruti, Mariotto y otros, eludieron sutilezas: “Macri (no dicen Cambiemos), es la dictadura”. A la campaña verbal se sumaron piqueteros del apriete, identificados por el uso de capuchas, remeras y palos.

Sería injusto involucrar al justicialismo con este colectivo demencial, porque los promotores estaban en gran parte más interesados en mantener prebendas, patrimonios y libertades, que en debates ideológicos. Pero lamentablemente opositores democráticos, como el propio Solá, Stolbizer, Solanas, entre muchos, jamás condenaron este accionar. El freno corrió por cuenta, una vez más, de una multitud silenciosa que se autoconvocó el 01 de abril en defensa de la democracia, sorprendiendo a propios y extraños. Muchos de los concurrentes posiblemente no habían votado a Macri, ni lo votarán. Miedo a Cristina diría Reato. Pero es suficiente fundamentar el resultado de una elección por un síndrome masivo de miedo? Y de ser así, este miedo alcanzaría a los medios de comunicación, cuya complacencia con el gobierno tanto preocupa a Solá?

Solá debiera recordar la similar condescendencia que los mismos medios tradicionales que hoy critica, tuvieron entre el 2003 y 2007 con el gobierno kirchnerista del que formó parte. Actitud que fue responsable, atento a la cercana crisis 2001-2002. En un contexto económico social complicado, y sin renunciar a la crítica y participación de todas las voces en los debates, no merece el actual gobierno similar comprensión?  La genérica “complacencia de la prensa” que molesta a Solá, además de suponer una manipulación informativa desde el poder que sería grave,  pretende ignorar la crítica pertinaz al gobierno de medios como C5N, Crónica, 360, Página 12, Ámbito Financiero, entre otros. Bienvenida entonces la diversidad.

Respecto a Reato, su idea relacionada con que mucha gente votó “con miedo a Cristina” tiene cierto asidero. Pero cuidado con instalarla como eslógan, que fuera utilizado cuando años atrás se votara “por miedo a Menem”, con los resultados conocidos: la trama de corrupción se amplió y perfeccionó; los neoliberales pasaron a ser progresistas; los menemistas transmutaron en kirchneristas; hay peronistas Cambiemos y radicales K, y como colofón de “un país de novela” como dijera Marcos Aguinis, Carlos Menem permanece como senador hasta con protección de la Corte, porque en Argentina aunque se esté condenado, toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario.

Cristina Kirchner deberá responder por su enriquecimiento patrimonial. Pero en el resto de las innumerables causas de corrupción, las responsabilidades deberán establecerse desde abajo hacia arriba: directores, secretarios, ministros, empresarios asociados, gremialistas, jueces, testaferros. No caigamos en la trampa de “Cristina presa” como símbolo que disimule la acción coordinada de múltiples saqueadores, y que dentro de veinte años Cristina permanezca en el Senado con condenas, pero inocente hasta que no se pruebe lo contrario.

Buenos Aires, 15 de noviembre 2017

INËDITO: DOS MÄS DOS ES CUATRO

Los políticos transformaron una frase en axioma, al considerarla tan evidente que no necesita demostración: “en política, dos más dos no es cuatro”. Pero como la matemática sigue siendo una ciencia exacta, sería más correcto expresar “lo que se legisla no necesariamente es lo que se hace”. Esta colisión entre lo numérico y lo dialéctico, causó recurrentes y traumáticas crisis económico sociales: el rodrigazo en 1975 (Isabel Perón); la hiperinflación de 1989 (Alfonsín) y la crisis del 2001-2002 (De la Rúa–Duhalde). Resultado de endeudamientos irresponsables, no pago de deudas o estatizaciones de deudas privadas, revalorizaciones y devaluaciones de la moneda argentina, y en la última década, una corrupción inédita en todos los niveles del Estado y sectores privados asociados.  

El reciente triunfo electoral de la coalición oficialista, tuvo un condimento poco habitual; se produjo en un contexto económico social extremadamente complicado. Los analistas coinciden en que se votó esperando cambios estructurales virtuosos y sostenidos, que permitan un crecimiento del país equitativo y sustentable. De no ser así, nos esperarán nuevos 1975, 1989 y 2001-2002. Lograr que las clases dirigentes estén a la altura de las circunstancias, implica desactivar falaces conceptos instalados desde hace décadas, con un único resultado: que los preocupados por los pobres sean cada vez más ricos. Inevitablemente el debate del ajuste debe comenzar por quienes tienen el poder de legislar, administrar justicia y gobernar, que en su conjunto forman el Estado, definido por Aristóteles como una asociación cuyo objeto comprende a todas las demás asociaciones que constituyen un país. Cumplido el requisito terrenal de lograr una administración pública eficaz y honesta, se tendrá autoridad para atender los “pataleos” de los privados, para que sacrifiquen parte de sus privilegios, o en el mejor de los casos, cedan parte de sus ganancias. Inicialmente los privilegiados apelarán a un añejo recurso para que nada cambie. Los estatales denunciarán que se quiere echar a miles de empleados públicos, y los privados amenazarán con la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Toda reforma de la estructura burocrática estatal debe comenzar desactivando la intencionada tergiversación del concepto autarquía, confundiendo la funcional con la financiera. El Estado es el único que tiene la atribución de recaudar, para luego determinar su distribución a través de los presupuestos, que no en vano se los llama “ley de leyes”. Por ello no pueden distintos organismos atribuirse autarquía financiera, con la capacidad incluso de establecer retribuciones salariales y condiciones laborales que vulneran principios de equidad y razonabilidad. La consecuencia son innumerables disparates, destacándose que gran número de funcionarios ganan más que el presidente de la Nación. Un vicio no menor es el ingreso indiscriminado de personal sin concursos públicos, por lo que los ciudadanos comunes no pueden acceder a un cargo si no cuentan con “padrinos”. Se estructuran de este modo oligarquías políticas sustentadas en nepotismos y amiguismos, que liberan el camino de la corrupción: o se es activo en la complicidad, o pasivo en el dejar hacer.

La transformación necesita de parámetros claros, no solo constitucionales, sino económicos. Un indicador es la diferencia entre los ingresos más altos y los más bajos. Demás está decir que en los países más pobres mayor es la diferencia entre los extremos. Un claro ejemplo de inequidad económica y social lo muestra el sector de jubilados, a los que demagógicamente actores políticos y gremiales dicen defender, incluso con simulada indignación: “con nuestros viejos no”. Pero la realidad concreta indica que mientras la jubilación mínima mensual vigente es de $ 7.246, hay jueces que perciben $ 362.000.  El diferencial es de 49,96 veces, que corresponde a países de muy bajos índices de desarrollo, pese a que al sistema previsional se lo presenta grandilocuentemente  financiado a través de un “sistema solidario de reparto”. En situaciones de déficits o riesgos de sustentabilidad los incrementos en la base son limitados, pero es una obligación fáctica y ética bajar sensiblemente las jubilaciones de privilegio que afectan el concepto de reparto. Salvo que nos retrotraigamos a fundamentos de los absolutismos monárquicos, en donde reyes y nobles que eran pocos, vivían de los tributos de sus gobernados, que eran muchos. Este es el primer desafío que afronta el debate político.

Buenos Aires, 08 de octubre 2017

100 AÑOS ES AYER

La historia de nuestro país está atravesada por epopeyas libertadoras, inmigraciones valiosas y exilios dolorosos, golpes militares e “institucionales”, decadencia sin freno, demagogias. Si partimos de la recuperación de la democracia en 1983, salvo los primeros años de Raúl Alfonsín, las frases “momentos históricos” o “acuerdos patrióticos” semejan a dolorosos sarcasmos. Hoy, tras un proceso electoral que plasmó una inédita reconfiguración de espacios políticos, es de esperar que viejos y nuevos dirigentes no repitan frustraciones, y consensos virtuosos hagan realidad la promesa pendiente desde 1983: con la democracia se educa, se cura y se come.

Lograrlo será arduo, porque no dependerá de invocaciones facilistas casi místicas. Expresaba Maquiavelo que “un príncipe prudente debe apoyarse en lo propio y no en lo ajeno…tratando siempre de evitar el odio”. En nuestro país aún permanecen demasiados “príncipes” que se han apoderado de lo ajeno bajo la máscara de la defensa de los pobres, el reaseguro de la impunidad, y el útil oscurantismo del odio. Inevitablemente dirigentes políticos bienintencionados deberán coexistir con príncipes conservadores de privilegios, que buscarán mantenerlos bajo la amenaza diabólica del “ajuste”. Muchos de los cuales estarán más preocupados en salvar patrimonios y libertades, que discutir reformas estructurales destinadas al bien común. En este contexto, el ciudadano alejado de “cúpulas” políticas, empresarias, gremiales y judiciales, deberá saber detectar verdades, falsedades y ocultamientos, propaladas por quienes “saben lo que dicen”. En cuanto a la corrupción, muchos mensajes públicos serán crípticos para ser entendidos solo por pocos, con tintes de amenaza para negociar impunidad.

El desafío de interpretar mensajes/opiniones es menos dificultoso de lo que pareciera, aplicando fundamentos de la propaganda y/o discurso político nacidos con los regímenes totalitarios del siglo XX, que fusionan manejo de masas con ideología y mantienen plena vigencia. Solo sufrió retoques de léxico: el concepto masa se reemplazó por opinión pública. Mencionemos dos ejemplos. Este año se cumplen 100 años de la revolución bolchevique. Su sagaz comunicador Lenin, explicaba que ante acontecimientos que afecten la vida de las masas o de sectores, se debía impedir debates superficiales, transformando las apariencias en una realidad que responda al ideario revolucionario. Jean-Marie Domenach ejemplificó este concepto. Si se cierran peluquerías, un cliente podrá pensar que son demasiado numerosas, fueron mal manejadas, o están de moda los cabellos largos. El propagandista rechazará este simplismo, y denunciará que cierran porque las personas carecen del dinero indispensable para sus necesidades vitales. Años más tarde Goebbels, Ministro de Propaganda nazi que perfeccionó la concepción lenilista, estableció las reglas de la propaganda moderna, como la de simplificación, el enemigo único, la exageración, desfiguración y orquestación, entre otras. Sin embargo, pese a lo que se supone, ningún de esos pioneros totalitarios priorizó la mentira como recurso permanente, sino la “interpretación” de los hechos. 

Por ello, considerar a un mensaje falso o verdadero solo guiados por adhesión política, factor emocional o preconceptos intelectuales, no es suficiente. La opción debe acompañarse de la evaluación de causales y consistencias del mensaje. Un fenómeno mundial aún no debidamente evaluado, producto de la acumulación masiva de mensajes contradictorios, provocó que el ciudadano común aunque sea subliminalmente, sea cada vez más analítico y menos emocional. Es un logro de las democracias, que aseguran la libertad de opinión. Por eso los totalitarismos o democracias imperfectas buscan con desesperación controlar y/o desprestigiar medios de comunicación no afines. Cuya calidad y/o veracidad informativa, cabe aclarar, no la otorga el simple hecho que se definan como oficialistas, opositores o independientes.

Para concluir, un ejemplo práctico reciente. Mensaje: “Nos hemos enfrentado a la mayor concentración de poder que se tenga memoria desde la restauración democrática”. En abstracto, puede ser verdadero o falso. Contexto: lo pronunció la ex presidente Cristina Kirchner, tras su derrota electoral el pasado 22 de octubre. Antecedentes: el matrimonio Kirchner gobernó al país durante doce años ininterrumpidos, con mayoría en ambas cámaras legislativas, y el apoyo y/o sumisión de la inmensa mayoría de los gobernadores. Virtudes: su intención de lograr la reelección indefinida fue desactivada por mayoría electoral, y existió libertad de prensa.

Buenos Aires, 01 de noviembre de 2017

BONFATTI Y HITLER

Tras la votación del pasado domingo, además de identificar ganadores y perdedores, es necesario reflexionar sobre repetidas conductas oportunistas e inconducentes exhibidas durante la campaña, en la esperanza que la clase política mejore sensiblemente su privilegiada condición de “representantes del pueblo”. Y de este modo, la ciudadanía pueda aspirar a un cambio institucional estructural coherente, y el país se encamine a un desarrollo equitativo sostenido en el tiempo. 

El momento es adecuado, porque conocido el resultado electoral, la reflexión no puede ser sospechada de responder a especulaciones de coyuntura, o caer en preconceptos que esterilizan. La campaña se caracterizó por una mediocridad publicitaria y justificada abulia ciudadana, que no sorprende. Repetidos actores políticos intentaron un reclamo engañoso: no hablar del pasado, sino del futuro. Cabe preguntarse: es posible tanto en política como en otro campo laboral, no analizar los antecedentes pasados de quienes nos prometen un futuro? Se puede pretender que cada cuatro años, los 10 de diciembre produzcan el borrado de memoria de datos económicos, sociales, actos de gobierno y responsabilidades por actos delictivos? Es imprescindible que los representantes del pueblo, tras recuperarse de la afonía causada por la repetición de mensajes grandilocuentes cuando no falaces, actúen con enjundia para obtener consensos que bajo el disfraz de “defensa del pueblo y los trabajadores”, no defiendan intereses sectoriales cuyo saldo fue el de revolucionarios enriquecidos y vastas capas sociales empobrecidas.

Como muchos de quienes asumirán esta responsabilidad repiten cargos desde hace años y/o décadas, la sociedad deberá ejercitarse para ser cada vez más exigente en la evaluación de sus dirigentes, y perspicaz para descifrar sus opiniones. Para tal ejercicio vale mencionar tres ejemplos recientes pertenecientes a personajes de distintos espacios políticos de vasta trayectoria y buena formación intelectual, con expresiones cuyas repercusiones no lograron los creativos publicitarios. Cada uno de ellos, muestran recursos viciosos del discurso político: el aprovechamiento del mito (Kirchner), la banalización de los hechos (Carrió) y la mentira (Bonfatti). La ex presidenta usufructuó el mito, que consiste en una historia imaginaria que altera verdades, cuando señaló que si Evita viviera la votaría a ella, y Perón lo haría por Taiana. Afirmación incomprobable, que nos retrotrae al setentista “si Evita viviera sería Montonera”. Elisa Carrió por su parte, confundió la búsqueda de Maldonado (el hecho), con la posibilidad inconsistente que estuviese en Chile (la suposición). Por añadidura, al encontrarse un cuerpo, confundió los efectos de inmersión en un río con la técnica de criohibernación de Walt Disney. Aún políticos reconocidamente inteligentes, deberían pensar más y hablar menos.

    

El caso de Antonio Bonfatti es paradojal. Al asociar a Macri con Hitler, echó mano a uno de los principios propagandísticos preferidos por los totalitarismos: la desinformación. Hitler no accedió al poder por los votos. Si bien el nazismo tuvo un crecimiento sostenido desde el 18,3% que obtuvo en 1930, en la elección presidencial de 1932 obtuvo el 37% de los votos, siendo derrotado por von Hindenburg, que obtuvo el 53%. Ello, en el marco de permanentes conflictos políticos, grave situación económico-social, restricciones democráticas y grupos parapoliciales de presión. En ese contexto, en el mismo año se realizaron elecciones parlamentarias, y el nacional socialismo solo obtuvo la primera minoría. Finalmente y a disgusto de Hindenburg, en enero de 1933 Hitler fue designado canciller. En febrero se produjo el incendio intencional del Reichtag, y las consecuencias posteriores son conocidas. Si Bonfatti hubiese estudiado con mayor precisión ese período, le hubiese asombrado la similitud que el zarandeo institucional de entonces tiene con el que hoy sufre Venezuela.

Antes de aplazar a Bonfatti es necesario señalarle otra inconsistencia. Que “los pueblos nunca se equivocan” es una falacia que invocan los totalitarios cuando triunfan. La simultaneidad de opinión en un acto electoral no tiene de por sí efectos mágicos. Lo entendieron recientemente los Rodríguez Saá, distribuyendo aceleradamente dinero del Estado entre los votantes. Por el contrario, lo que la historia indica es que muchas veces los pueblos son engañados por falsas promesas de sus dirigentes. En este caso, la culpa no recae en el pueblo.

Buenos Aires, 25 de octubre 2017

PUNTOS: A VOTAR

En la película “El tercer hombre”, con guión de Graham Green,  hay una escena adecuada para describir la relación de la política con las muchedumbres en general, y durante las campañas electorales en particular. Este clásico policial del año 1949 se desarrolla en la Viena de posguerra, con la actuación de Orson Welles en el rol de Harry Lime. Este le ofrece a Martins , amigo de la infancia desocupado que vive en Estados Unidos, que trabaje con él en Viena. Cuando llega a la ciudad, Martins se entera que Lime murió horas antes atropellado por un auto, y asiste presuroso al entierro. Posteriormente, la policía informa a Martins que Lime traficaba penicilina adulterada en el mercado negro, causando centenares de muertes, en especial niños, y que ante el cerco policial, había simulado su muerte. Martins consigue reunirse con Lime en el Prater, el parque de atracciones más antiguo del mundo, y para conversar a solas suben a un carro de la famosa Noria Grande (montaña rusa). Ante los reproches de Martins por las víctimas inocentes de su negocio, observando a 65 metros de altura a quienes transitaban por el parque, Lime le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?

Esta escena es válida para analizar las formas de intermediación y/o comunicación entre el poder y las masas. En la antigüedad se recurría a los grandes monumentos, que mostraban a propios y extraños el poder de quienes los construían. En el siglo XX, los avances tecnológicos posibilitaron la intercomunicación en forma simultánea y a distancia entre millones de personas. No fue casual que durante la Segunda Guerra Mundial se establecieran los principios de la actual propaganda política, en los que interactúan tecnología, psicología y estrategia. No distinguen entre ideologías: los aplicaron por igual el nazismo, el comunismo y los aliados. Este circuito entre centros de poder emisores hacia receptores masivos, utiliza dos herramientas: el mensaje breve y contundente (eslógan), y la imagen. En cuanto a esta última, sea en la antigüedad o en la modernidad, no pierde vigencia lo que Maquiavelo dijera de los príncipes: “Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

El desarrollo de Internet a comienzos de los 80 y surgimiento de las redes sociales luego, amplió notablemente el “ágora” de opinión ciudadana, al punto que en los países de régimen totalitario sufren fuertes restricciones. La novedad desorientó a los políticos, al trastocar la clásica unidireccionalidad entre el hablar (político), y escuchar (ciudadano). Este último, no solo puede responderle, sino también propagar su respuesta. Sin embargo los principios de la propaganda política al ser conceptuales y no tecnológicos, se mantienen inmutables. En el juego de ida y vuelta, se apela asiduamente al principio llamado “contrapropaganda”, consistente en combatir y/o neutralizar la propaganda del adversario. Tanto una como otra, pueden contener verdades y falsedades. Por ello, pese al crecimiento de acceso a la información y/o mensajes, nuestro desafío como receptores no cambió: intentar diferenciar entre lo verdadero y lo falso; entre lo contradictorio y lo congruente.

Existe consenso en señalar que cada vez más, las campañas electorales exhiben alto nivel de mediocridad, generando desinterés en la ciudadanía, que no debe confundirse con desinterés por la política. Sin embargo, alguna comprensión merecen los esforzados publicistas y costosos asesores. Es muy difícil que generen entusiasmo partidos que no existían hace dos años y hoy quieren encarnar el sentir del pueblo; candidatos que se identificaron con un espacio hace meses y hoy se presentan por otro; que quienes se enriquecieron en la función pública hoy expresen preocupación por los pobres; que quienes plantean propuestas atractivas, nunca las aplicaron como gobierno o presentaron como legisladores. Pero lo más grave, es que los mismos políticos que bombardean a la sociedad con acusaciones, pronósticos tremendistas y hasta insultos, expresen luego la necesidad de “diálogo y unidad”. Viejas figuras con viejos recursos, explicarían la impotencia creativa de los publicistas.

El domingo próximo los “puntos” anónimos que observaba Harry Lime en “El tercer hombre” tendrán cierto valor: deberán votar.

Buenos Aires, 18 de octubre 2017

DE CAPONE A MEDINA

Cuando se habla de déficit fiscal que obliga a un “ajuste”, hay un indicador económico que los presupuestos no cuantifican: el costo del delito y la corrupción. No es una ironía. Evaluarlo, en primer término debería promover el dictado de leyes eficaces para combatirlos. Pero ello no sucede. La ley de Extinción de Dominio por ejemplo, que permitiría una rápida recuperación de bienes sustraídos al Estado, está paralizada en el Senado desde hace más de un año. Felizmente los jueces recordaron que existe el decomiso, y su aplicación posibilitó la entrega a Prefectura de una lujosa lancha de Ricardo Jaime, y a la Policía Federal una aeronave de Lázaro Báez.

Pero como la problemática de la corrupción mantiene aún sólida trama de  impunidad, merece una reflexión más profunda para no banalizar los diversos casos bajo la escenografía del entretenimiento mediático. Los casos más resonantes se conocían desde hace años, sea por un periodismo de investigación serio, o en voz baja por sus atemorizadas víctimas del delito. Madres indefensas que sabían quienes vendían drogas a sus hijos; comerciantes que entregaban la cuota mensual de “protección” a la policía; jueces que jamás comprueban enriquecimientos ilícitos; empresarios que debían contratar con sobrecostos los obreros y servicios a los que obligan los distintos “Pata Medina”. Sin embargo, para entenderlos con precisión a nivel comunicacional, surge un problema: su asimilación intelectual es más compleja y limitada que la sensorial. Por ello, asumir el impacto económico-social de la corrupción lo posibilitó el instrumento comunicacional sensorial más contundente a nivel masivo: la imagen. Se pudo ver al grupo del contratista Báez contando millones de dólares; al ex Secretario de Obras Públicas López ocultando en un convento millones de dólares; a la hija de una ex presidente teniendo en su caja de seguridad millones de dólares.

Pero las imágenes exhiben hechos pasados, que de por sí no explican las metodologías del saqueo. Si las analizamos, concluiremos que no tiene grandes diferencias entre países y épocas, entre los “Al Capone” y los “Pata Medina”. Cuando la corrupción, (que etimológicamente significa arrebatar, sustraer), se refiere a delitos comunes puntuales, como asesinatos, robos, secuestros, defraudaciones, se denominan “actos corruptos localizados”. Pero cuando se extiende a lo institucional conformando tramas de impunidad basadas en cleptocracias (ladrones ubicados en estratos del poder), concluyen en “corrupción generalizada sistémica”. Dada la jerarquía de los responsables, hasta la terminología delictiva se hace más sofisticada: exacción, cohecho, peculado, prevaricato. Pero al necesitar estas cúpulas políticas, sindicales, empresarias y judiciales apoyo logístico de base para ejercer aprietes, amenazas e infundir miedo, se conforman las fuertes interacciones entre el delito común y el sofisticado. Estas redes, que incluyen fuerzas de seguridad, crean verdaderas pymes delictivas, en las que el delincuente común que se inicia como “patotero” o funcionario “coimero”, se transforman en empresarios que ofrecen una amplia gama de servicios de uso obligatorio y alto costo. Muchas veces actúan a través de cooperativas, entidades sin fines de lucro, asociaciones gremiales, que son cáscaras creadas para dar cobertura al dinero público mal habido.

 Al Capone se recuerda como un reconocido delincuente americano de la década del 30, en donde el poder delictivo se dirimía a balazos (método que aún se mantiene entre bandas de narcos). Capone se inició como extorsionador, y una vez consolidado su poder, armó una estructura administrativa empresarial muy eficiente, con sólida cobertura política, policial y judicial. Esa época de hampones tuvo para la economía un alto costo fiscal y productivo por décadas, hasta que alcanzó un punto de hartazgo ciudadano y político. Como es sabido, Capone no fue asesinado por sus enemigos, delatado, o condenado a once años de prisión por sus crímenes, sino por la evasión impositiva que se detectó por una laboriosa investigación del Estado.

Ochenta años más tarde, nos preguntarnos si es imaginable que nuestros grandes evasores impositivos que incrementaron el déficit fiscal sean condenados a prisión, acompañados de los funcionarios cómplices que los apañaron. Habremos aprendido y llegado al punto de hartazgo respecto a la corrupción?

Buenos Aires, 11 de octubre 2017

AJUSTAR LO INJUSTO

La campaña electoral brinda un excelente punto de partida para afrontar el próximo debate que, pícaramente, los beneficiarios de los desajustes llaman amenazadoramente “el ajuste”. Más aún, cuando la historia muestra que al momento de las inevitables decisiones destinadas a superar urgencias económicas, los autoproclamados defensores del bien común harán recaer el costo de los ajustes en anónimos ciudadanos. Como evitar que este recurrente engaño se repita? Clarificando conceptos, antecedentes y estrategias. En primer lugar, los ajustes no se deberán discutir y anunciar en base a datos “macro”, sino identificar inequidades sectoriales a nivel “micro”. El desarrollo informático e interacción de bases de datos posibilitan esta mayor precisión. Lo que no varía en el tiempo es el origen de las crisis político-económicas: recursos del Estado insuficientes para afrontar sus gastos, con políticas distributivas inequitativas que usualmente concluyen en alta corrupción. Los recursos públicos se obtienen a través del patrimonio ajeno en forma coercitiva (impuestos, tasas, contribuciones), y del patrimonio propio (utilidad de empresas estatales, venta de bienes). Los “ajustes” tienen un problema de origen: todos pretenden estar a salvo, y que sea absorbido “por el otro”. Un conocido ejemplo es la frase “que lo absorban los que más tienen”, autoexcluyéndose la clase política de ese privilegiado grupo.

El manejo de la crisis 2001-2002 es el ejemplo más cercano de ajuste “vicioso”, y es adecuado para establecer las diferencias entre estrategias “macro” y “micro”. En marzo del 2001 el entonces Ministro de Economía López Murphy anunció un severo ajuste fiscal, que incluía entre sus anuncios “macro” el despido de 40.000 empleados públicos. López Murphy duró 15 días en su cargo. Hubiera sido más lógico anunciar medidas de personal basadas en la extinción de prebendas, inequidades e ilegalidades, dejando en claro que en ningún caso se afectarían a empleados que sean sostén de hogar o tengan trabajo único, siempre y cuando cumplan con los derechos y obligaciones que competen a la función pública.  

El Poder Legislativo es el organismo más adecuado para aplicar este enfoque. Está integrado por todas las expresiones políticas, con la responsabilidad de establecer el andamiaje legal del Estado y ejercer control sobre los actos del Poder Ejecutivo. Cabe preguntarse: su costo sobre el presupuesto público es razonable?. Tiene el personal necesario, o un exceso injustificado basado en nepotismos y amiguismos? Se cumplen asistencias, cargas horarias,  y la obligación de no percibir más de un sueldo estatal con excepción de la docencia? Es necesario el número de asesores? No se pueden bajar sensiblemente los intrascendentes viajes al exterior y otros gastos?

La siguiente valla a sortear se llama “derechos adquiridos”. En agosto del 2001, los legisladores sancionaron la ley 25.466 llamada de intangibilidad de los depósitos, que redundantemente expresaba que las condiciones de los depósitos captados por las entidades financieras no podían ser alteradas por el Estado nacional. Cuatro meses más tarde se restringió su disponibilidad (corralito), y en enero del 2002 se incautaron definitivamente (corralón), incluidos los de medianos y pequeños ahorristas. Esto sienta jurisprudencia para que los “derechos adquiridos” inequitativos, como el no pago de ganancias por el poder judicial, jubilaciones de privilegios y similares, se anulen, o al menos se suspendan.

Surge luego la valla mas cínica, llamada “cuidar fuentes de trabajo”. Tras esta noble fachada que utiliza a trabajadores inocentes, se facilitan negociados privados que con complicidad política y gremial, son realizados con dinero público irrecuperable. Casos como Río Turbio, OCA, Sancor, medios gráficos de Spolzki, López, Garfunkel, entre muchos otros, son muestra de este costo fiscal. En el 2002  la noble intención se utilizó para estatizar parcialmente las deudas en dólares de grandes grupos empresarios, tales como YPF, Loma Negra, Telecom, OCA, Coto, Socma, entre otros. Los pequeños y medianos ahorros se incautan (política macro), y parte de las grandes deudas se estatizan (política micro). 

Tema aparte es la incidencia enorme que los delitos y la corrupción tienen en los costos fiscales, cargas impositivas y posibilidades productivas. Su análisis cuantitativo daría por tierra que el “roba pero hace”, es un mal menor.  

Buenos Aires, 04 de octubre 2017

PSICOLOGÍA DEL AJUSTE

Los ajustes del Estado siempre fueron consecuencia de crisis en las cuentas públicas. Nunca para lograr una mejor eficacia en su funcionamiento. Por el contrario, las crisis nacen de burocracias insostenibles, prebendas públicas y privadas, y como natural consecuencia, recursos del Estado saqueados por la corrupción. No es complejo entenderlo. Imaginemos que un playboy mantenido, autoproclamado neoliberal o populista, se quedara sin dinero para derrochar. 

Nuestro país sufrió ajustes recurrentes y políticas fluctuantes en los últimos 57 años, si tomamos como punto de partida la recordada frase que para capear una nueva crisis, pronunciara el Ministro de Economía Álvaro Alsogaray en 1959: “Hay que pasar el invierno”. En la actualidad, la necesidad de un “ajuste” es planteada directa o indirectamente incluso por quienes lo critican. Conceptos cómo déficit fiscal, crecimiento de deuda externa e interna, y alta presión impositiva con alta evasión, no pueden coexistir en el tiempo. Pero es verdad que la historia indica que los derroches y posteriores ajustes los absorben los sectores medios (por captación de sus recursos), y los más vulnerables (por pobreza y marginalidad). Ello no debiera sorprender, dado que los ajustes los realizan quienes sectorialmente provocaron los desajustes, en cabeza de la genéricamente llamada “política”. Cómo lograr entonces un inédito ajuste virtuoso? Inicialmente clarificando conceptos.

Es habitual suponer que al hablar de cuentas públicas, el ajuste lo debe realizar exclusivamente el Estado, al que se lo asimila básicamente con el poder ejecutivo a través de la administración central y empresas públicas; obviando que también lo integran los poderes legislativo y judicial. Por otra parte, del balance presupuestario público participan indirecta o directamente las estructuras empresariales y gremiales. En estas instancias, los voceros de estos diversos sectores públicos y privados, practican el fenómeno psicológico de la doble personalidad, al que deberá prestársele atención para no ser nuevamente engañados tras las grandilocuencias discursivas. Consiste en un comportamiento humano por el cual la personalidad que predomina públicamente en una persona intenta ser racional y bien organizada invocando derechos y virtudes, mientras que la más oscura pretende mantener prebendas e inequidades, y está tan bien oculta que se vuelve invisible. Sus intereses se encubren tras la “defensa de los más necesitados”. Los subsidios injustificados a emprendimientos supuestamente privados que enriquecen a los funcionarios, empresarios y sindicalistas involucrados, por ejemplo, se los disfraza con la bienintencionada “creación y/o defensa de puestos de trabajo”. Fuentes laborales que concluido el maná del dinero público sin aportes privados de riesgo genuinos, concluyen con trabajadores en la calle y responsables de las maniobras enriquecidos. Para que nada cambie, sus beneficiarios nuevamente intentarán confundir derechos adquiridos con prebendas injustificadas, autonomías operativas con autonomías financieras, y obligaciones laborales ficticias o inequitativas con derechos.  

Por impericia o malicia, los ajustes se anuncian con objetivos cuantitativos “macro” (cantidad de personas, organismos, presupuestos). Pero por el filtro cualitativo “micro”, pasan sin costo las corporaciones políticas, empresarias y sindicales responsables. Una vez recompuesta la caja presupuestaria, el “playboy” del ejemplo retomará el derroche de los recursos públicos hasta la próxima crisis. Un cercano ejemplo de este esquema recurrente fue la resolución político-económica de la crisis 2001-2002, en donde la mala praxis no se redujo a los que se fueron en el helicóptero, sino incluyó a los que se quedaron en tierra. Los que no sobrevivieron tras la justificada reacción popular, fueron los partidos políticos. Considerando que la mayoría de los actores de entonces tienen vigencia hoy, lo comentaremos en la próxima opinión, por su utilidad ante el debate que se avecina.

Maquiavelo describió con precisión la relación entre la supuesta prodigalidad con los súbditos y las riquezas de quienes gobiernan: “Sucederá siempre que un príncipe que quiere conseguir fama de pródigo consumirá en tales obras todas sus riquezas, y se verá obligado si desea conservar su reputación, a imponer excesivos tributos, a ser riguroso en el cobro y hacer todas las cosas que hay que hacer para procurarse dinero”.

Buenos Aires, 27 de septiembre 2017

EL DOLOR COMO NEGOCIO

Ante hechos luctuosos como muerte, invalidez, desaparición, el dolor es natural patrimonio de familiares y allegados. Más allá de este entorno, surge el pésame y eventualmente tristeza y melancolía. Pero cuando se ingresa en ruines especulaciones políticas, el dolor se teatraliza cínicamente, exhibiendo total desprecio por quienes realmente lo sufren. Esta baja estrategia, por repetida, recibió una categorización descarnada carente de sutilezas: “tirar un desaparecido o un muerto a un gobierno”.

Duhalde debió acortar su mandato presidencial ante los asesinatos de Kosteki y Santillán en junio del 2002. Néstor Kirchner afrontó la desaparición nunca esclarecida de Julio López en septiembre del 2006. Cristina Kirchner la muerte de Mariano Ferreyra en octubre del 2010, y la aún no esclarecida muerte del fiscal Nisman, en enero del 2015. Hoy, el tema es la desaparición del hasta hace poco públicamente desconocido artesano Maldonado. El marco que otorga carácter político a estos casos, es que se producen por actos de violencia masivos, con la consecuente intervención de fuerzas de seguridad primero, y judiciales posteriormente. Las causas que los motivan pueden diferir. Movimientos sociales de desocupados; testigos contra responsables de genocidio; pujas internas gremiales; investigaciones que afecten a estratos del poder público, o reivindicaciones indígenas supuestamente hereditarias. Otra característica usual, salvo en el caso Nisman, es que las víctimas hasta el momento de convertirse en tales, son desconocidas para la opinión pública. Los organizadores y manipuladores siempre actúan en retaguardia.

En la interpretación oportunista y falsa del dolor, como no podía ser de otro modo, las conductas de los indignados no responden a principios, sino fluctúan según sus intereses. A un muerto en Argentina se le adjudica una valoración mayor que a más de cien muertos en Venezuela. Organizaciones que se autoproclaman defensoras de derechos humanos, se desentienden de las circunstancias de la muerte de un fiscal de la Nación. Desinterés y/o complicidad que compartieron con muchos colegas del fiscal. La foto de Maldonado la utilizan hoy una ex presidente, políticos, y hasta adolescentes que tomaron escuelas porteñas por una reforma educativa menor. Nisman no tuvo esa comprensión. Por el contrario, a horas de su muerte se inundó la ciudad con afiches que lo acusaban de ladrón y mujeriego. Sin embargo, a tres años de su muerte, tal velocidad comunicacional no se aplicó para que la sociedad sepa, al menos, si el fiscal se suicidó o lo asesinaron.

Cuando las víctimas son ciudadanos comunes que no brindan réditos al caranchismo político, aunque sean mucho más numerosas, no se transforman en emblemas. Ocupan circunstancialmente algún espacio en crónicas policiales, para ingresar luego al arcón de las estadísticas. Las polémicas se suavizan; a los muertos se los llama “víctimas de la inseguridad”. A las mujeres desaparecidas, se las supone “víctimas de organizaciones de trata”.

Los casos Nisman y Maldonado ejemplifican que las especulaciones políticas espúreas no esclarecen, sino por el contrario, ocultan. Se mezclan posibilidades con disparates; declaraciones judiciales verdaderas con falsas; pericias impresentables, y opinólogos expertos en técnicas investigativas, análisis informáticos y rastrillajes. El espectáculo concluye con un clásico del cine: dirigentes de la oposición pidiendo la renuncia de funcionarios del oficialismo. En el debate se obvia que la responsabilidad de llegar a la verdad es del Estado, a través de sus organismos de seguridad, inteligencia y judiciales, que poseen una condición natural: sus estructuras de personal son herencias de largo plazo, que a nivel cúpulas, un poder político embarcado en la corrupción convirtió en poco profesionales, cuando no cómplices. Las llamadas herencias económicas de las que tanto se habla, con sangre y dolor de los que menos tienen, son corregibles en plazos acotados. Las humanas no. Cabe preguntarse: nos dejaríamos operar por un cirujano que no ejerce desde hace años, o está acusado de mala praxis? En la actividad de organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad y judiciales, es posible. Es por corrupción o incapacidad? Las consecuencias son las mismas.

Por ello señores legisladores, pasada la elección del 22 de octubre, y sin invocar ampulosos acuerdos políticos, ponerse a trabajar seriamente en políticas de largo plazo eficaces. Acordar reformas estructurales virtuosas será el primer paso.

Buenos Aires, 20 de septiembre 2017

EL NÚMERO DE LA BESTIA: 624

La Biblia habla de una Bestia del Apocalipsis popularmente identificada con el número 666. Pero como los argentinos somos invariablemente distintos, para el proceso eleccionario que concluirá el 22 de octubre próximo creamos nuestra propia Bestia llamada 624, que corresponde a la cantidad de partidos políticos habilitados para participar en la contienda electoral en todo el país.

En un contexto de licuación de los partidos nacionales tradicionales competitivos, esta incongruencia que coexiste con los híbridos mensajes de campaña, desnuda que esta supuesta diversidad está más asociada al “negocio” que a los debates ideológicos o programáticos. Nuestra Bestia 624 fue engendrada por leyes de partidos y electorales que buscan la permanencia de oligarquías políticas, minimizando el poder del voto ciudadano. Es más fácil usufructuar la pobreza en lo discursivo y denunciar fraudes, que elaborar leyes verdaderamente democráticas. Ante tamaña Bestia, resulta evidente que la Cámara Nacional Electoral no controla el cumplimiento de requisitos para constituirse como partido, ni la Justicia Electoral controla gastos de campaña en tiempo y forma. En este contexto, los manipuladores de recursos del Estado encontraron un negocio “pyme”: armar un envase comercial disfrazado de partido para, en beneficio de sus “dueños”, comercializarlo en una elección ante candidatos electoralmente más fuertes. Las leyes permiten, por ejemplo, que Pino Solanas con dos años más como senador, sin renunciar a su cargo juegue a ser nuevamente candidato a senador en otro distrito. Para ello recibió del Estado $ 1.554.390. Cuando el andamiaje “legal” para permanecer no es suficiente, sus beneficiarios estallan en indignación. El Adolfo Rodríguez Saá no llamó al resultado electoral de San Luis el libre juego de la democracia, sino “traición”. Refiriéndose quizás a los votos de los peones de su estancia (perdón, provincia).

Es necesario entonces que con la conformación de las nuevas legislaturas, junto con los imprescindibles cambios tecnológicos operativos como la boleta electrónica, se desactiven las trampas laboriosamente legalizadas, como las listas colectoras, listas espejo, ley de lemas, candidaturas testimoniales, listas sábana y demás esperpentos, producto de enriquecedores “acuerdos políticos” y oportunistas interpretaciones judiciales. En ambos casos sin “grietas”. 

En cuanto a la corrupción, tema aún extremadamente incómodo para plantear en  campaña (la ex presidente no la menciona y Massa debió asociarse con Stolbizer), también los hechos superaron a los discursos, ratificando que “la única verdad es la realidad”. En la sesión de Diputados del 26 de julio pasado, en una votación esclarecedoramente nominal (los ausentes son igualmente relevantes), no se alcanzaron los votos necesarios para suspender al procesado diputado Julio De Vido. Días más tarde, tras la tenaz defensa que el juez federal de La Rioja hiciera de la renovada candidatura a senador de Menem, la Cámara Electoral la impugnó por tener dos condenas penales firmes. Tras el fallo, el Partido Justicialista, que simulara criticar a Menem por neoliberal, se abroqueló en su defensa y presentó una apelación ante la Corte. Por último, el camarista Freiler, cuyo enriquecimiento desmesurado no pudo justificar, fue finalmente suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura para someterlo a juicio político, provocando fuertes polémicas por las posibles “argucias” empleadas. El enojo no residía en sus derechos de defensa (que los tendrá), sino en perder sus votos ante casos de corrupción, que pese a ser cantados, en la justicia no se anulan.

Tanto fervor político en favor de tres casos emblemáticos  de corrupción, indican que la fuerte trama de funcionarios, empresarios y testaferros asociados, dará dura lucha para mantener patrimonios y libertades. Lograr ajustes “virtuosos” que afecten a los sectores políticos, gremiales, judiciales y empresariales privilegiados, no será nada fácil. Mientras tanto, sus beneficiarios continúan invocando en sus discursos falsas “legalidades”,  disfrazando a las prebendas como derechos adquiridos, y autoproclamándose representantes hereditarios de “los que menos tienen”.  

Buenos Aires, 23 de agosto 2017

La próxima newsletter se publicará el miércoles 20 de septiembre 2017