ERROR DE STOLBIZER

En el tema corrupción, son los legisladores varones quienes deberán pelear por la igualdad de género. Mujeres como Carrió, Stolbizer y Ocaña, han mantenido casi en soledad y muchas veces agraviadas, una conducta consecuente en la denuncia contra la corrupción sistémica que saqueó recursos del Estado durante las últimas dos décadas. Este período no es caprichoso. En él participaron la mayoría de los actores políticos, empresariales, gremiales y judiciales, que mantienen vigencia en la actualidad. Ocaña se destaca por haber conocido la corrupción desde las entrañas de la administración, como integrante del gobierno del matrimonio Kirchner. Fue directora del Pami en el período 2004-2007, y Ministra de Salud entre los años 2007-2009, denunciando la mafia de los medicamentos. Poseen otro perfil común, que se potencia en épocas preelectorales de armado de listas: ejercieron la política activamente en las últimas décadas. Esta condición las diferencia de excelentes periodistas de investigación como Hugo Alconada Mon y Daniel Santoro, entre otros, cuyos precisos trabajos y publicaciones, transparentaron la indolencia cuando no complicidad de fiscales y jueces.

En este contexto, cabe analizar recientes afirmaciones de la diputada Stolbizer. Fue aceptada como “amicus curiae” (amiga del tribunal), para actuar sin ser parte del pleito, en dos causas sensibles para la ex presidente Cristina Kirchner, y su entorno familiar y empresario. La abierta contra Lázaro Báez como contratista del Estado, a cargo del juez Casanello y el fiscal Marijuán, y Hotesur, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Pollicita, relacionada con emprendimientos inmobiliarios propiedad de la ex presidente. En ambos causas,  se sospecha asociación ilícita y lavado de dinero público. Ante dilaciones en el avance de las investigaciones, Stolbizer denunció una supuesta intervención del gobierno para evitar que “Cristina vaya presa” hasta las próximas elecciones, con el fin de dividir a la oposición justicialista. Una vez más, se cayó en la tentación de mezclar justicia con política, en consonancia con la estrategia de los saqueadores del Estado, que pretenden confundir persecución de la delincuencia, con el híbrido concepto de persecución política.

Sin embargo, en el 2015 el voto ciudadano determinó que el nuevo gobierno no tuviera mayoría en ninguna de las dos Cámaras, abatiendo la excusa de mayoría automática que se adjudicaba al gobierno justicialista-kirchnerista, que recordemos, se lograba con el aporte de circunstanciales y prebendarios “aliados”. Ello obliga a una saludable y explícita responsabilidad política de consenso para abatir la corrupción. Tarea nada fácil, pues corruptos visibles o encubiertos, emplearán todas las tácticas de dilación, simulación y coacción posibles. La distancia entre el discurso y la realidad, puede observarla Stolbizer en sus propios colegas legisladores, reacios para aprobar las leyes del arrepentido y extinción de dominio, e impedir que los fueros se utilicen para proteger delitos comunes.  

Es más fácil pregonar indignación clamando por “Cristina presa”, sin fecha de juicio oral y público y por pocos meses, que aprobar cuanto antes la extinción de dominio vía civil, salvaguardando normas constitucionales, para que el Estado recupere en plazo razonable los 9 millones de dólares de José López, los 4 millones seiscientos mil dólares de Florencia Kirchner, y parte de los inmuebles y maquinarias de Lázaro Báez, entre otros ejemplos. Respecto a la actuación de fiscales y jueces, el Código Penal prevé que ante una laxitud injustificada en sus actuaciones, con o sin intervención de operadores políticos, se los denuncie en recurso de queja ante la Cámara Federal, por “retardo de justicia” o “actividad judicial fraudulenta”.  

El ex presidente Menen estuvo corto tiempo preso, y actualmente está condenado. Pese a todo es senador, sin que ningún legislador haya requerido su desafuero. Es de esperar que Carrió, Stolbizer y Ocaña, no apelen al recurrente oportunismo político de campaña, consistente en que  “mejor es decir que hacer”, y nos defrauden.

Buenos Aires, 26 de octubre 2016

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Dentro de las demoradas aprobaciones de las leyes globalmente conocidas como “anticorrupción”, se destaca la de Extinción de Dominio. Afecta directamente al motivo que impulsa a funcionarios malversar recursos del Estado: enriquecerse rápida e ilícitamente. Demasiadas veces, con la complicidad de empresarios, poder judicial y fuerzas de seguridad. Por la impunidad, hemos sido acostumbrados a que no existen delincuentes políticos, sino perseguidos políticos. Las consecuencias son la pobreza, y mala calidad en la prestación de servicios públicos indelegables, como educación, salud, seguridad y asistencia social.

La extinción de dominio tiene amplia jurisprudencia y probado éxito en varios países, incluidos latinoamericanos. Crea un marco legal para que el Estado pueda resarcirse en tiempo razonable de los perjuicios económicos, recuperando bienes de  origen ilícito, sin necesidad de una condena previa del o los individuos acusados. Según se redacte la ley, posibilitará además aplicar los fondos decomisados a obras esenciales, como hospitales y escuelas. Es importante legislar destinos específicos de repercusión social, y no a programas administrativos de títulos ampulosos, que terminan diluidos en la burocracia.

Aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, la ley ingresó al Senado en el mes de junio. Desde entonces, las demoras e intentos dilatorios en su tratamiento, deberían preocupar a la sociedad. El actual gobierno no tiene mayoría legislativa para imponer proyectos, lo que es positivo, porque obliga generar consensos amplios para instrumentar leyes transformadoras. Es de esperar que el declamado espíritu de consenso, no se utilice una vez más para continuar protegiendo y favoreciendo la impunidad. Para evitarlo, debemos exigir transparencia en la información del proceso legislativo, y rechazar excusas banales, como que el kirchnerismo se niega a tratar la ley. Sea en el trabajo en Comisiones y/o votación en el recinto, se debe conocer que legisladores se oponen o demoran su tratamiento, sean kirchneristas, del Pro, o cualquier otro sector político. El periodismo por su parte, podría requerir a los entusiastas legisladores habituales participantes en programas de opinión y redes sociales, con afirmaciones en general irrelevantes o subjetivas, que informen sobre sus tareas legislativas en general, y contra la corrupción en particular.

Posiblemente, por apuro proveniente de la indignación pública ante impúdicos casos de corrupción exhibidos este año, la ley aprobada en Diputados adolezca de fallas. En tal sentido, los senadores poseen medios y estructuras necesarias para perfeccionarla, recurriendo al asesoramiento de reconocidos especialistas en los campos del derecho penal, civil y constitucional, en conexión con la extinción de dominio. La ley deberá ser lo más taxativa posible, sin puntos débiles o contradictorios, para permitan capciosas interpretaciones para que las defensas de los acusados y jueces predispuestos “negocien” impunidades, planteando inconstitucionalidades. Una licuación de los efectos ejecutivos de la ley, es intentada por quienes proponen que el decomiso se realice vía penal, y no civil.

Ejemplifiquemos la importancia social de la extinción de dominio, a través de un juego de opciones. Qué es conveniente para la sociedad: darse por satisfecha con el ex Secretario de Obras Públicas José López preso, en forma preventiva y sin condena, o que los 9 millones de dólares que el funcionario adjudicara “a la política”, se decomisen cuanto antes para construir un hospital? Si la opción elegida es la segunda, sepamos que existen fuertes presiones políticas contra su aprobación inicialmente, o para diluir su eficacia, como última alternativa.

Los entretenidos espectáculos mediáticos de tramitaciones judiciales con altos funcionarios políticos implicados, nos pueden hacer pensar que existe justicia; pero los delitos solo se exhiben, no se sancionan. Excepcionalmente, se llega a un  juicio oral y público con eventuales condenas, y posteriores extensas apelaciones. Pero recuperar el dinero público mal habido, jamás.

Buenos Aires, 19 de octubre 2016

EL COMPAÑERO YRIGOYEN

Estando en el exilio, refiriéndose a una de las recurrentes crisis políticas argentinas, expresaba Perón con su habitual ironía: “Llegado el momento, todos los argentinos son peronistas”. Perón, presidente en una época de profundos cambios pos guerra, inmerso en irreconciliables divisiones políticas, y desalojado del poder por un golpe militar, hacía referencia al oportunismo de las clases dirigentes cercanas al poder, cuyas adhesiones públicas ocultaban especulaciones privadas. Lo sufrió  en sus últimos años, cuando nuevamente presidente, fue combatido por algunos de los que, aprovechando su lejanía en el exilio, lo proclamaban líder.

Pasado el tiempo y tras una feroz dictadura, por primera vez en su historia el peronismo fue ampliamente derrotado por el radicalismo en las urnas. La falta de ejercicio democrático, disimuló contradicciones entre propuestas bien intencionadas y modernizadoras, y arraigados caudillajes con desapego por la institucionalidad. El bipartidismo peronista- radical, criticado por mantener estructuras anquilosadas y cada vez menos participativas, alumbró nuevas expresiones que se suponía enriquecerían la diversidad ideológico-partidaria. Sin embargo, una vez más la oportunidad fue sustituida por el oportunismo. Los nuevos dirigentes fueron rápidamente coptados por los dos partidos históricos. No sorprendía ver a María Julia Alsogaray y Adelina Dalessio, de la UCDE, entonar la marcha peronista como funcionarias de Menem. O a supuestos peronistas votar la privatización de YPF, para pocos años más tarde, esos mismos peronistas votar su reestatización. En ambos casos, con irreparables pérdidas económicas. Entre tantos dislates, llegó la crisis 2001-2002, y con ella el hartazgo social, reflejado en el clamor “que se vayan todos”. Como consecuencia, el peronismo y el radicalismo desparecieron como expresiones ideológicas diferenciadas y alternativas electorales excluyentes. Para sobrevivir, la dirigencia mutó la “bipolaridad” partidaria en “transversalidad”, en la que con cargos y prebendas mediante, cualquier acuerdo electoral era aceptable. Así surgieron la franquicia “radicales K”, y las diatribas de Néstor Kirchner contra “el pejotismo”.

En las pasadas elecciones presidenciales participaron con expectativa de triunfo, tres agrupaciones con escasa historia, integradas cada una de ellas por peronistas, radicales, socialistas e independientes. Como ya sucediera en 1983 con Alfonsín, muchos pueden decir hoy “soy peronista y voté a Macri”, o “soy radical y voté a Scioli”. Esta realidad nos deja en un estado de confusión o indefensión ideológica? De ningún modo; el tiempo configura realidades, y a ellas debemos adaptarnos para enriquecerlas. Sin embargo, las estructuras se transforman, pero la esencia humana permanece. Por ello, recordando el irónico comentario de Perón, deberemos esforzarnos en diferenciar entre oportunidad y oportunismo. La primera, indica detectar en tiempo y espacio un contexto favorable para lograr una mejora. El oportunismo responde a actitudes acomodaticias, arribistas, que subordinan principios a provechos personales.

Es habitual que en momentos de desprestigio, las dirigencias apelen al uso indecoroso de estereotipos o figuras simbólicas, como Perón, Evita, Alfonsín, y aún al olvidado Illia. Cual modernos espiritistas, los oportunistas intentarán adjudicarles posturas y opiniones, ajustadas a sus propias especulaciones e intereses mundanos. Tal estrategia se manifestó en el acto organizado por el ex radical Moreau, para recordar el centenario del triunfo electoral del emblemático líder radical Hipólito Yrigoyen, mediante el voto secreto y obligatorio del padrón masculino. Fue oradora principal la ex presidente Cristina Kirchner, a la que se le ofreció una boina blanca en un clima de hilaridad, para concluir entonando la marcha peronista. La paradoja es que mientras Yrigoyen murió en la más absoluta pobreza, la ex presidente debe aún rendir cuentas del enorme enriquecimiento patrimonial propio y el de sus principales funcionarios, originados por sus actuaciones a tiempo completo en la función pública.

Estos malabares espiritistas pueden ser detectados por su sintomatología. Los actos se convocarán en memoria de líderes pasados, pero la escenografía no se detendrá en datos biográficos y virtudes ajenas. Concentrados en la actualidad, los oradores intentarán identificarse con los homenajeados, y prometerán luchar por el bien de todos los argentinos. Si esta detección temprana del engaño no resultara efectiva, inevitablemente habrá que recurrir al exorcismo.

Buenos Aires, 12 de octubre 2016

EXISTE UNA BANELCO 2016? (II)

Rememorar el caso de los sobornos en el Senado denunciados durante el gobierno de la Alianza, pretende que quince años más tarde, los ciudadanos no seamos una vez más engañados por la oportunista escenografía coral de la lucha contra la corrupción, para que nada cambie. La enorme crisis de los años 2001-2002, origen del clamor popular “que se vayan todos”, fue causada por muchos políticos, jueces y empresarios que tienen vigencia hoy. No será entonces nada fácil modificar las estructuras, procedimientos legales y normas administrativas que facilitan la corrupción. De hecho, las leyes necesarias y prometidas no se promulgaron; los jueces investigan lo que ellos ocultaron, y políticos encubridores disfrazados de puristas, denuncian supuestas corrupciones de adversarios, solo para negociar el ocultamiento de las propias. El ya emblemático José López clarificó la patología, al adjudicar a “la política” los millones de dólares que intentó ocultar en un convento. Parafraseando la conocida frase de Clinton, habría que responderle: “entonces es dinero del Estado, estúpido”.

A diferencia de corrupciones anteriores, por primera vez la sociedad pudo “ver” parcialmente (no leerla o escucharla), la magnitud del dinero de la corrupción. Millones de dólares en una oficina de Puerto Madero, en un convento, en una caja de seguridad de la hija de la ex presidente, entabicados en un departamento de un financista relacionado con funcionarios, o simples directores administrativos públicos enriquecidos. Paradojas del discurso político “progre”: siempre dólares, nunca pesos argentinos. 32% de pobreza y 6% de indigencia no debiera sorprender. El saqueo impúdico de los recursos estatales lo explica claramente.

En este contexto, preocupan las manifiestas indolencias legislativas y judiciales, a tres meses de concluir el año 2016. Es habitual ver a muchos legisladores en medios de comunicación transformados en panelistas opinólogos, cuando no feroces críticos, en temas sensibles como corrupción, políticas de seguridad, complicidades judiciales, incompatibilidades de funcionarios, entre otros. Pero jamás explicitan proyectos de ley y su estado de avance legislativo, que ellos y/o sus bloques debieran elaborar para evitar los vicios que denuncian. Ejemplos.

1).- Aún no han sido aprobadas las leyes del Arrepentido y Extinción de Dominio (incautación de bienes obtenidos en forma ilícita), de las que existe amplia jurisprudencia en países que las aplicaron exitosamente. 2).- No se promulgaron leyes procesales penales que eviten injustificadas excarcelaciones; agilicen los procesos evitando las conocidas tácticas dilatorias, e incrementen sensiblemente las penas de funcionarios por delitos de fraude contra la administración pública. 3) No se propuso adjudicar responsabilidad penal a las personas jurídicas en caso de corrupción contra el Estado, que hoy no la tienen. 4).-No se desactivó explícitamente la antojadiza interpretación de que los fueros protegen a los legisladores por la comisión de delitos comunes.

Respecto al Poder Judicial, hablar de su colaboración con la impunidad sería redundante. Para que los jueces abandonen sus recoletos ámbitos de actuación, más acordes a negociadores privados que impartidores de justicia, destacamos tres aspectos: 

1).- En febrero de este año, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti anunció habilitar una base de datos para que los ciudadanos conozcan tipo de causas y funcionarios involucrados, dentro de los límites legales del debido proceso. No se cumplió. 2).- .Respondiendo a una iniciativa del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y otras entidades, el Consejo de la Magistratura accedió a realizar una auditoría sobre la justicia penal federal. No se cumplió. 3) Pese a las prolongadas tramitaciones judiciales, en el presente año no se elevó ningún caso de corrupción contra el Estado a juicio oral y público.

La ciudadanía decidió que en el gobierno de Macri no exista “escribanía” legislativa, por lo que transformar en leyes expresiones mediáticas contra la corrupción, es responsabilidad de todo el espectro político. El tema no debe ser patrimonio exclusivo de Carrió, Stolbizer y Ocaña. Es hora que tomen la palabra y actúen, entre otros, Pinedo, Pichetto, Rodríguez Saá, Solanas, Monzó, Di Tullio, Negri, Massa, Recalde, Caamaño, Cobos, Alfonsín, Gioja. 

Buenos Aires, 5 de octubre 2016