JUEGO ELECTORAL PLAYERO

En el siglo XVIII, Jean-Jaques Rousseau expresaba: “El pueblo inglés solo es libre mientras dura la elección de los miembros del parlamento. En cuanto esos miembros son elegidos, el pueblo vuelve a convertirse en nada”. 270 años más tarde, la vida política evolucionó acorde al desarrollo industrial, tecnológico, y la aparición de las sociedades de masas. Pero las pugnas y ambiciones humanas para alcanzar y mantener escaños de poder, se mantuvieron inmutables.

Las elecciones legislativas nacionales del 2017 nos permitirá ese momento de libertad, pero con limitantes: un sistema electoral restrictivo y manipulable que facilita asombrosas continuidades dirigenciales, y alternativas partidarias atomizadas y oscilantes. Pero como la política y el sistema democrático son los instrumentos más adecuados para el progreso de las sociedades, proponemos un juego playero que además de colaborar con unas relajadas vacaciones,  cumpla un rol formativo para afrontar los próximos bombardeos de campaña. Consiste en acertar los nombres de quienes encabezarán las listas de las principales agrupaciones para alcanzar o renovar bancas legislativas en las Cámaras de diputados y senadores de la Nación. Como en todo juego, es necesario conocer previamente sus reglas.

Se priorizarán historias electorales de los candidatos, por sobre proclamas oportunistas tales como derecha, izquierda, peronista, radical o progresista. Los objetivos serán individuales y terrenales, con mutaciones de personalidad. El fenómeno se transparentó en las fórmulas presidenciales De la Rúa-Carlos Alvarez en 1999; Cristina Fernández-Julio Cobos y Roberto Lavagna-Gerardo Morales, ambas en el 2007. Las contradicciones se incrementan en las elecciones legislativas. Felipe Solá alcanzó sus diputaciones en listas encabezadas sucesivamente por Kirchner, De Narváez y Massa. El caso de la diputada Mónica López en el 2015 es inolvidable. Tras embanderarse con el Frente Renovador durante toda la campaña del 2015, y criticar duramente a la gestión Scioli por la inundación de la provincia de Buenos Aires, a días de la primera vuelta electoral anunció su apoyo a Scioli. Recientemente, el caudillo conservador puntano “el Alberto”, hermano “del Adolfo”, decidió militar en defensa de Milagro Sala. Las siglas partidarias como PJ, UCR, PRO, FR, FAP, GEN y otras, no son determinantes. Ni siquiera existe certeza que el FPV participe con esta sigla en la próxima elección. Otro factor a considerar son los llamados “heridos”, como se denominan a quienes quedan fuera de las negociaciones del armado de listas, que usualmente se realizan en quinchos familiares. Se deberá especular con sus eventuales traspasos curativos de último momento, justificados bajo el pomposo paraguas de haber acordado “denominadores comunes”, o sea, “conseguí ubicarme”.

Vayamos ahora a las piezas del juego. Se deberán completar dos colectivos. Uno de 127 plazas para diputados, y otro de 24 plazas para senadores. Por la sobreabundancia de candidatos en adquirir pasajes, el juego se dividirá en distritos. El más complejo está en la caja denominada Ciudad y provincia de Buenos Aires. En este caso, se deberá acertar los nombres de los primeros seis lugares para diputados, y los dos correspondientes a senadores.

Como base previa de análisis, se tomará en cuenta que en diputados terminan mandatos entre otros, Alfonsín, Argumedo, Barletta, Binner, Brizuela del Moral, Cabandié, Carrió, Carrizo Carla, Ciciliani, Conti, Costa Eduardo, Daer, De mendiguren, Di Tullio, Giustozzi, Heller, Kunkel, Laspina, Massa, Mendoza Sandra, Plaini, Recalde, Sánchez Fernando, Sola y Stolbizer. En el Senado, finalizan Abal Medina, Fellner Liliana, García Virginia, Linares, Menem, Negre de Alonso, Naidenoff y Rodríguez Saa Adolfo. Será fundamental considerar a quienes ansiosamente pretenden acceder desde el llano, como Kirchner Cristina, Scioli, Yoma Jorge, Fernández Alberto, Randazo, Lozano, Filmus y Artaza Nito.  

Cada jugador enviará sus predicciones en sobre cerrado a la Cámara Nacional Electoral, cinco días hábiles antes del cierre de listas o de pases, según se prefiera. Días más tarde se realizará apertura de sobres ante escribano público. El ganador encabezará una importante lista sábana en la elección nacional del 2019.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016

ÚLTIMA CENA POLÍTICA

A través de la historia, las imágenes exigen al espectador, además de una evaluación de calidad artística y técnica empleada, conocimiento de los contextos históricos o significados simbólicos representados. Este ejercicio es válido para obras clásicas como “La última cena” de Leonardo, en donde el gesto de cada apóstol no es casual, o en las viejas fotos de familia, en las que los “nonos” van sentados al centro, los niños en primera fila, y los más jóvenes al fondo de pie.

La foto del “histórico” acuerdo multipartidario opositor que aprobó un proyecto mal llamado de ganancias (corresponde decir ingresos), si bien es irrelevante desde lo estético, permite múltiples reflexiones desde lo político. Sobresalían justicialistas puros, renovadores y kirchneristas. A fin de balancear la presencia de personajes “duros” y aportar rasgos más sensibles, se incluyeron a las diputadas Alicia Ciciliani; Victoria Donda y Alcira Argumedo, pertenecientes a la agencia de colocaciones cuya híbrida razón social es “progresismo”. La representación de la “Última cena política” no careció de elementos místicos. Fuera de escena sobrevolaban los diputeólogos Sergio, Máximo y Margarita (esta última, como es habitual entre legisladores, de gira por el exterior). El toque final, a manera de ángel de la anunciación posado en una nube, lo protagonizó la vicepresidente Michetti profetizando: “si el proyecto sale así, Macri lo vetará”. Provocó el alborozo de opositores (ganancia política), y gobernadores (sin pérdida económica).

Pero publicada la ya famosa foto, se produjo un hecho no menos religioso. Un ángel protector se le apareció en sueños a Macri, aconsejándole: “No vetarás”. Macri, reconfortado por esa señal, anunció que no vetaría. Comenzó entonces otra historia mucho más dinámica y enriquecedora, que si bien muestra los enormes esfuerzos que deberá afrontar la sociedad para cambiar paradigmas políticos que explican el atraso y pobreza del país, abren también una luz de esperanza.

El portavoz del acuerdo “en bien de los trabajadores” fue el diputado Kiciloff, quien anunció con enjundia que el mínimo no imponible de 15 mil pesos que él dejara un año antes como ministro de Economía, subiría a 45 mil pesos. El costo fiscal fue avalado entre otros por Marcos Lavagna, desoyendo el consejo de su padre Roberto, quien semanas antes había expresado su preocupación por el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento. Gioja, presidente del PJ y fervoroso defensor de la megaminería, nada dijo de la reinstalación de impuestos a la actividad minera. Los supuestos nuevos ingresos que pagarían los que “más tienen”, no incluían al sistema judicial exento de ganancias, sino solo a los  jueces que se incorporen a futuro, lo que es inconstitucional. El declamado impuesto al juego era 15 veces menor que el previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. El indefinido concepto de “inmuebles improductivos” recaudaba solo 60 millones de pesos. Paralelamente, el Senado tiene paralizada la ley de Extinción de Dominio aprobada en Diputados, que en lo inmediato permitiría que entre José López, Florencia Kirchner y Lázaro Báez se recauden como mínimo 30 millones de dólares, o sea, más de 480 millones de pesos.

El debate de ganancias dejó expuestos arcaicos vicios políticos, que en un año electoral cuyo resultado no modificará sustancialmente las mayorías y minorías legislativas vigentes, expondrá claramente intereses personales. Pero visto positivamente, lo sucedido rescata una dinámica legislativa y política que desconocíamos desde hace más de una década. La atomización partidaria, según evolucione, puede ser una oportunidad. A la sociedad ya no se la arrastra tras etiquetas absolutas como peronismo, radicalismo, izquierda, derecha. La divisoria de aguas empieza a ser entre legisladores capaces u oportunistas; entre políticos honestos o deshonestos; entre sistemas de gobierno modernos o arcaicos caudillajes conservadores; entre trabajadores o patoteros; entre renovaciones periódicas democráticas naturales o amenazas fascistas de golpismo.  

Quizás en el año que finaliza pueda haber una nueva foto llamada “Última cena política II”, con gobernadores, gremialistas y funcionarios anteriormente ausentes. En ese caso, tener presente ubicar en el ángulo superior derecho, al ángel protector que aconsejara a Macri no vetar el proyecto inicial de la oposición.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016

ENTRE ERRATAS Y OPORTUNISMOS

Las opiniones pretendidamente asépticas no existen, por lo que las diversas posturas debieran evitar análisis centrados en gobiernos, partidos o personas puntuales, excluyendo contextos. Nuestra patología institucional reside en la persistencia y agravamiento de vicios políticos en los últimos 25 años, que impide todo desarrollo sustentable del país. Tras la crisis de los años 2001-2002, el hartazgo popular expresado en el reclamo “que se vayan todos”, pulverizó a los ya desgastados radicalismo y justicialismo. Pese a ello y transcurridos 14 años, asombra la longevidad de innumerables dirigentes que sorteando el cimbronazo, “se quedaron todos”. Para ello se mimetizaron en diversas agrupaciones políticas identificadas más por sus nombres de fantasía, que por conductas y posturas personales coherentes. De las tres “colectivos” que compitieron en la última elección presidencial (FPV, Cambiemos y FR), ninguno alcanza dos décadas de existencia.

Esta persistente matriz política conservadora (en el sentido de permanecer), tuvo su primer síntoma en el reciente rechazo en el Senado de la reforma electoral. Días más tarde, el 6 de diciembre, se transparentó en el debate y aprobación en Diputados del proyecto de ley del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Para evaluar consecuencias, no caeremos en la trampa de distinguir entre oficialismo u oposición, o si se prefiere, entre impericia y malicia. Pero es necesario clarificar diferencias conceptuales. “Derecho” es el que tiene cualquier ciudadano a opinar, sean cual fueren sus antecedentes. “Autoridad”, es cuando sus opiniones están refrendadas por sus antecedentes. “Oportunismo” califica a una opinión que encubre un interés especulativo, carente de veracidad, razonabilidad e implementabilidad. Puede suceder que en campañas electorales, reconocidos corruptos prometan combatir la corrupción. Pero una vez asumidas las responsabilidades políticas ejecutivas, legislativas y judiciales, la práctica del oportunismo, con independencia de circunstanciales favorecidos, inevitablemente afectará al país en su conjunto. Con el oportunismo, hemos vivido la incautación de los ahorros de vastos sectores de clase media, someter a la población a una hiperdevalación, y simultáneamente estatizar deudas privadas de grandes grupos empresarios nacionales y extranjeros, para “cuidar las fuentes de trabajo”. Dar gobernabilidad no es una gracia consistente en que se es bueno por no voltear a un gobierno. Es una obligación democrática.

En el atolondrado debate sobre ganancias, si el ciudadano común pretendió informarse a través de las múltiples polémicas y opiniones de tributaristas y economistas de distinta extracción política, debió sentirse no solo defraudado, sino muy preocupado. Tanta locuacidad, incluidos los opinólogos políticos habituales asistentes a programas periodísticos, transparentaron que nadie tenía integral idea de alcance de la ley, en cuanto a beneficiarios, recursos fiscales y cumplimientos presupuestarios. Las diferencias del déficit fiscal no fueron sutiles: oscilaron entre los 30 mil y 150 mil millones de pesos. Este último monto se alcanzó tras la “fe de erratas” de Kicillof. Tanta liviandad nos recuerda al viejo juego de mesa “Monopolio”, en el que funcionarios, legisladores y gremialistas hacían sus jugadas: saco este impuesto; subo un poco éste otro;  vuelvo a poner el que saqué en el juego anterior, e implemento nuevos impuestos. Esta descripción no es irónica; es real.  

Maquiavelo hubiera sido un excelente cronista de estos sucesos. Señalaba que en los ámbitos de poder hay tres clases de cerebros: “el primero discierne por sí; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente; el segundo es bueno y el tercero inútil.”

En este caso no le resultaría fácil a Maquiavelo identificar a los cerebros excelentes y buenos, con economistas incluidos. Pero es interesante analizar las consecuencias políticas del dislate. En la próxima reflexión intentaremos identificar los roles de quienes consensuaron y aprobaron el proyecto, con conferencia de prensa y foto incluida. Y no menos difícil, interpretar a la vicepresidente Michetti, cuando en un reportaje consideró que si el Senado aprobaba la ley sin cambios, sería vetada por el presidente Macri. Lo que provocó el alborozo de los gobernadores, incluidos Alicia Kirchner, Insfrán y los de Cambiemos.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016

MI MAMÁ, TU PAPÁ Y SUS HIJOS

Recientemente se denunció que el Correo Argentino fue defraudado en 61 millones de pesos entre el 2011 y 2015, como resultado del convenio suscrito entre dicha empresa estatal y la cooperativa El Aldabón, de La Plata, para que ésta repartiera correspondencia de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). La denuncia está bajo investigación del juez federal Torres y el fiscal Di Lello. Lo que parecía un caso más en la desenfrenada corrupción en el Estado, la airada reacción de la ex presidente Cristina Kirchner por redes sociales, lo transformó en un admirable paradigma de la política argentina en las tres últimas décadas.

El motivo de tal enojo se debió a que su madre Ofelia Wilhelm (84 años), integraba dicha cooperativa como síndico. Como argumento exculpatorio, la ex presidente atacó airadamente al actual presidente Macri, enrostrándole la participación de su padre Franco (86 años),  en el manejo del Correo entre 1997 y 2003, privatizado por el entonces “justicialismo modernizador”. Como esta breve crónica atraviesa en principio dos generaciones (Ofelia/Franco y Cristina/Mauricio), resumiremos biografías y contextos. Ofelia fue empleada estatal y gremialista, hasta su jubilación. Franco, nacido en Italia, arribó a nuestro país en la posguerra, y se dedicó a la construcción. En pocos años conformó un grupo económico integrado por diversas empresas, actuando en varias ocasiones como contratistas del Estado. Por ejemplo, en la privatización del Correo Argentino.

Pasemos a la siguiente generación: los hijos. Cristina fue elegida en 1989 diputada provincial en Santa Cruz. Dos años antes, su fallecido esposo Néstor asumía como intendente de Río Gallegos. Desde esa época el matrimonio ocupó importantes cargos públicos a tiempo completo, incluidas las presidencias del país entre 2003 y 2015. Mauricio por su parte, defraudando las expectativas de su padre Franco para convertirlo en su sucesor, decidió abrir su propio camino, ayudado por el bagaje de recursos y educación brindados por la familia.  Se inició en la política como diputado en el 2005, fue Jefe de Gobierno de la Ciudad entre 2007-2015, y es actual presidente de la Nación. Según las diatribas de la hija Cristina, a Ofelia y Franco los une el Correo, señalando que convenios entre empresa y cooperativas similares al denunciado, ya se firmaban cuando Franco manejaba el Correo. Considerando que las privatizaciones provocaron retiros voluntarios y/o despidos de miles de empleados, contratar innecesariamente ente la pasividad de los dirigentes gremiales a una cooperativa para distribuir correspondencia, podría explicarse como una táctica de “triangulación” para pagar los retornos o coimas a los funcionarios públicos. Vale decir, nada distinto a lo que sucede hoy.

Si bien la presencia de Ofelia otorga al caso mayor impacto mediático, ello no justifica buscar impunidad desprestigiando la denuncia escudándose en un ensañamiento contra una indefensa anciana de 86 años. Esta estrategia se usó en el recordado intento de José López de ocultar 9 millones de dólares “de la política” en un Convento. Las crónicas resaltaron a la nonagenaria hermana Alba, pero jamás dieron a conocer los nombres de los integrantes de la asociación civil que maneja dicho Convento. El problema entonces no es la señora Ofelia, sino el habitual esquema de corrupción llevado a cabo a través de cooperativas utilizadas para triangular fondos públicos. Si bien cabe preguntarnos: conocía la ex presidente el uso que se hacía de su madre para firmar estos convenios? No debió haberla protegido de estos negociados?

Esta duda alcanza finalmente a la tercera generación de ésta historia: los hijos de Cristina y Mauricio. No debió haber cuidado la ex presidente a su hija Florencia, en lugar de involucrarla depositándole más de 5 millones de dólares en sus cajas de seguridad?. A su hijo Máximo, al menos lo ubicó como diputado nacional por Santa Cruz, protegiéndolo de eventuales arrestos a través de los democráticos fueros parlamentarios. En cuanto a los hijos de Mauricio, por su corta edad Antonia carece de capacidad legal para integrar cooperativas o abrir cajas de seguridad. Sus hijos mayores, aparecen hasta el momento alejados de la política. Como conclusión, es de esperar que el sistema político acabe con nepotismos y permanencias electivas hereditarias, que mezclan lo familiar, los negocios y lo público.

                                                                                                 Alberto Landau

TABLERO DEFORMADO

En el juego de mesa llamado “Armar un Estado”, describimos anteriormente sus reglas y fichas; es momento de dedicarnos al tablero, cuyos casilleros representan distintos organismos públicos. La primera dificultad surge de inmediato: su tamaño es desmesurado, impidiendo que los jugadores tengan el panorama necesario para evaluar las jugadas más convenientes. Esta deformación de escala perjudica notoriamente a quienes a través de sus fichas “virtuosas”, pretenden alcanzar la meta de lograr un Estado eficaz y honesto en el más breve tiempo. Por el contrario, favorece la sinuosidad de los jugadores que usando las fichas llamadas “viciosas”, pretenden impedir que se alcance tal objetivo.

Esta metáfora nos ejemplifica que un Estado “grande” solo en términos de tamaño y cantidades,  generan organigramas ineficaces e inútilmente costosos para la ciudadanía. Pero en un sistema fuertemente presidencialista, se plantean además dos aspectos aparentemente contradictorios: 1) cómo maneja quien gobierna una estructura que la corporación política intencionadamente sobredimensiona? 2) cómo se pudieron armar sistemas de complicidad e impunidad que asocian a los tres poderes públicos con envidiable eficacia, para permitir una corrupción estatal desaforada? La metáfora del juego de mesa, que interrelaciona reglas, tablero y fichas, permite esbozar una respuesta a estos interrogantes.

El tablero sobredimensionado es complementado con un manifiesto predominio de fichas “viciosas” por sobre las llamadas “virtuosas”. Esta sobreabundancia es posible mediante dos ardides: 1) proteger la ilegalidad de las “viciosas” a través de tramas de impunidad (sobornos; enriquecimientos ilícitos; prebendas), o bien “legalizarlas” a través de acuerdos con la corporación política-legislativa-judicial, para hacerlas pasar por “virtuosas”. Ejemplos: sistemas electorales que limiten las opciones de elegir; leyes procesales benignas contra la corrupción; leyes que promuevan excepciones y/o emergencias para eludir controles, etc. Ello permite nepotismos y permanencias en cargos electivos casi hereditarios, que para sustentarse deben crear una enorme cantidad de organismos públicos innecesarios, para distribuir cargos y salarios privilegiados como moneda de cambio. La contraprestación de los favorecidos será la inacción (dejar hacer), o la complicidad (ocultar y proteger).

Esta planificada minimización de las fichas “virtuosas” tiene su máxima expresión en las reformas constitucionales, que sin excepción, nacen con un objetivo terrenal excluyente: la reelección del mandatario que promueve la reforma. En la reforma de 1994, un interesante ejemplo fue la creación del Consejo de la Magistratura. Fue planteada como el clímax de transparencia y meritocracia, que acabaría con las recoletas transacciones entre senadores para designar y/o sancionar jueces. En la actualidad se integra con 13 miembros (3 jueces, 2 abogados, 1 académico, 1 representante del Ejecutivo y 6 legisladores). La presencia mayoritaria de legisladores, ya hacía suponer que no se renunciaba a su manejo político. Sus nefastos resultados son conocidos. El Consejo es un organismo burocrático, ineficaz y costoso, con concursos y orden de méritos digitados; utilización del juicio político para proteger a jueces venales y amenazar a jueces probos, y centenares de juzgados sin jueces designados.  

Otra manifestación inequívoca del desprecio por las fichas “virtuosas” en dicha reforma, fue la incorporación del artículo más relevante para el federalismo, que obligaba al diseño de un nuevo régimen de coparticipación. Ante la urgencia de la reelección, se recurrió al artilugio de plasmarlo en una cláusula transitoria que obligaba a implementarlo antes de la finalización del año 1996. Jamás se cumplió.

Recientemente, en una carta transmitida a través de redes sociales, la ex presidente Cristina Kirchner resumió con precisión la estructura del sistema político argentino de las tres últimas décadas, que impide armar un Estado eficaz y honesto. La analizaremos en la próxima reflexión, bajo el título “Mi mamá, tu papá y sus hijos”.

                                                                                                                                                                           Alberto Landau

JUEGO DIABÓLICO: ARMAR UN ESTADO

Todo juego de mesa se compone de reglas, tablero y fichas. Reflexionar sobre el rol  y estructura de nuestro Estado como si fuera un juego, pretende sentirse capaz de participar sin restricciones intelectuales. Aristóteles decía que tratar las diferentes clases de gobierno, exige que inicialmente se determine con claridad el concepto del Estado, que suele ser equívoco. Actos que emanan del Estado, para algunos pueden ser democráticos, y para otros corresponder a un tirano o a una minoría oligárquica.

En el juego “Armar un Estado”, las leyes y sus objetivos serán parte de las reglas; las instituciones conformarán el tablero; y las fichas, con una regla en cada una de ellas, se distribuirán entre los jugadores políticos, quienes podrán tener asesores en las sombras (empresarios, testaferros, familiares). Parte de las reglas  corresponden a tres leyes de carácter superior, general y cumplimiento obligatorio:

Constitución Argentina (año 1994). Se aplicarán: 1.- Retribución justa; salario mínimo vital y móvil, e igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis); 2.- La igualdad es la base del impuesto y cargas públicas (art. 16); 3.-  Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento (art. 36); 4.- Se promoverá la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna (art. 76); 5.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos; financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo (art. 92).  

Ley de Ética Pública (año 1999). Se utilizarán los siguientes artículos: 1.- No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones (art. 2); 2.- Presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos, que incluye a los tres poderes y entes descentralizados (art. 4); 3.- La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. (art. 6).

Ley de Empleo Público Nacional (año 1999). Se aplicará solo el artículo 4, que expresa que se deberá asegurar el principio de igualdad de acceso a la función pública.

Las fichas basadas en estas leyes se llamarán “virtuosas”, y permitirán avanzar casilleros para lograr la meta. Cada ficha contendrá uno de los siguientes cinco objetivos: 1) igualdad de acceso a la función pública; 2) retribución justa e igual remuneración por igual tarea; 3) grave delito por enriquecimiento público; 4) declaraciones patrimoniales; 5) control externo económico-operativo de los organismos estatales.

Si el juego contara solo con fichas/reglas “virtuosas”, y los jugadores/funcionarios de los tres poderes no tuvieran otras opciones, existiría un Estado eficaz y honesto, por lo que el juego carecería de desafíos. Por ello, para los jugadores cuyo interés sea impedirlo, existirán fichas denominadas “viciosas”, también con cinco objetivos: 1) cleptocracia (corrupción desde el poder); 2) nepotismo (cargos públicos discrecionalmente otorgados a familiares y amigos); 3) enriquecimientos ilícitos (en perjuicio del erario público); 4) prebendas políticas (negociar con dinero y cargos adhesión e impunidad); 5) sistemas electorales que limiten la voluntad popular y faciliten fraudes (listas sábana; ley de lemas, manipulación de boletas).

Para completar los componentes del juego, en la próxima reflexión hablaremos del tablero y sus casilleros, o sea, las instituciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016

ESTADO, DIETAS Y PITROLA

La repercusión que generó el habitual acuerdo político para incrementar dietas y rubros complementarios no remunerativos de legisladores, brinda un buen punto de partida para reflexionar sobre el Estado que tenemos, y el que necesitaríamos. Aristóteles, cuya filosofía se basaba en el mundo sensible de los objetos, hace 2.500 años definía al Estado como una asociación política para “administrar a las familias que lo integran”. Maquiavelo, hace poco más de 500 años sentó las bases de los Estados modernos, y describió como nadie la naturaleza humana en la búsqueda del poder. La historia solo modifica lenguajes, costumbres y ropajes, no condiciones humanas intrínsecas.

En nuestro país, con malicia o desconocimiento, se intenta acotar el debate sobre el rol del Estado a la opción casi infantil de ”grande” (populismo), o “chico” (neoliberalismo). El siguiente desafío cercano a la estupidez, intenta plantearnos un dilema: que al gobierno lleguen funcionarios ya ricos (los gerentes), o que se hagan ricos mientras gobiernan (roban pero hacen). Es momento de realizar un diagnóstico basado en realidades que identifiquen los enormes vicios estructurales de nuestro Estado, que ha fracasado en cumplir con sus obligaciones irrenunciables, y ha sido partícipe necesario de la corrupción y su impunidad. En la pasada década del 30, el arquitecto Mies van der Rohe pronunció una recordada frase: “Menos es más”. Sintetizaba el tránsito entre un estilo clásico monumental y cargado de elementos decorativos, a otro basado en la racionalidad constructiva y funcionalidad para los usuarios. Cabe preguntarnos: cuánto de superfluo y cuánto de racional tiene nuestro Estado?

El particular impacto que causaron los incrementos legislativos, informados a la sociedad por el periodismo, se debió a dos circunstancias: la asunción de un gobierno de signo distinto al anterior, y la pérdida del cercano y cómodo paraguas de las mayorías automáticas  kirchneristas. Esto último obliga a que hoy cada bloque político tenga participación real, y deba ser claro en sus posturas. Por el contrario, las justificaciones del incremento de adicionales oscilaron entre el oportunismo y la tragicomedia. Entre tanta bruma, la excepción fue el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola, quien formuló una propuesta concreta: que la dieta del legislador equivalga a cuatro salarios mínimos. Más allá de discutir la base de referencia y montos resultantes, Pitrola hace centro en una realidad que ayuda a entender la abstracción Estado: en las instituciones que lo conforman, todo debiera ser interdependiente, evitando discrecionalidades o supuestas autarquías financieras basadas en los recursos públicos. Menos aún se pueden justificar inequidades bajo pretendidas moralinas, tales como que  funcionarios, legisladores o jueces deben ganar muy bien, para que evitar que se vean tentados a robar. Expectativa que en Argentina al menos, fracasó rotundamente.

Pitrola evitó caer en banales justificaciones, y propuso un parámetro definido y  razonable: máximo salario de legisladores (recursos públicos), equivale a tantos salarios mínimos (los fija el poder público). Su postura también responde a indicadores internacionales, uno de los cuales establece la relación entre los ingresos máximos y mínimos, con los niveles de desarrollo. A más diferencia, más pobreza. Como en este caso nos referimos únicamente a salarios públicos, se supone que las políticas deben fundarse en principios de equidad salarial (a igual trabajo igual remuneración), e igualdad de oportunidades de acceso a la administración pública.

Tema de tal complejidad no se dilucidará con breves comentarios. Por ello el análisis podría encarase a la manera de un juego llamado “armar un Estado eficaz”. Como todo juego, habrá reglas (leyes y conceptos); tablero (instituciones), y fichas (perfiles de los participantes / funcionarios / empleados). Para iniciar este juego en la próxima opinión, Pitrola nos brinda un buen punto de partida.

Buenos Aires, 09 de noviembre de 2016

                                                                                            

ESTADO GRANDE O CHICO?

Sea por desconocimiento o para desinformar, se plantea la estructura del Estado no desde el punto de la eficacia para cumplir con su rol, sino como una simple cuestión de tamaño. Para teñir al debate con un pretendido barniz ideológico, Estado grande se lo identifica con “populismo”, y chico con “neoliberalismo”. Como en política no existe la ingenuidad, estas posturas ideológicas aparentemente contrapuestas, eluden debatir lo que le interesa a la sociedad: lograr un Estado eficaz y honesto. Esta realidad no solo explica el enorme retroceso económico-social en las últimas décadas, sino la permanencia de la misma clase dirigente durante este período. Permite comprender también, la actual lucha legislativa para impedir reformas electorales de fondo, e implementación de leyes contra la corrupción, como la del arrepentido o extinción de dominio. La corrupción político-privada que saqueó las arcas estatales, ha sido posible por la confluencia de dos tipos de responsabilidad: la penal, en los casos de participación activa en los delitos, y la moral, por quienes por complicidad pasiva, facilitan impunidades a través de prebendas, como cargos públicos o participación en listas legislativas.

El que “se vayan todos” en el 2001-2002, no solo fue una expresión de cólera colectiva sin consecuencias. Provocó la disolución, ya esbozada en 1999, del radicalismo y justicialismo como expresiones partidarias unívocas y excluyentes. Ya no existe peronismo o radicalismo a secas. La ausencia de estas caparazones desnudó el oportunismo de muchos viejos dirigentes que se niegan a renunciar al dulce néctar de los recursos públicos. Sus escasas virtudes personales, intentan disimularlas pregonando que siguen el legado de Yrigoyen, Perón o Alfonsín, según convenga, sabiendo que ninguno de ellos podrá defenderse de tamaño usufructo. En este contexto, la última elección deparó una enorme sorpresa. Una vez más la población se hartó, y el justicialismo perdió las elecciones. Inclusive en la provincia de Buenos Aires, que gobernó ininterrumpidamente durante 25 años, que es el tiempo que corresponde a una generación.

Esa votación, que no permitió el predominio de mayorías absolutas, brinda una nueva oportunidad a las clases políticas y dirigentes en general, para que demuestren capacidad para  evitar que Argentina siga deslizándose por el tobogán de la corrupción, mediocridad y pobreza. Cabe preguntarse: con qué instrumentos lograr este objetivo tan atractivo desde lo discursivo, pero reiteradamente escamoteado a los argentinos? La respuesta es unívoca en cualquier país: a través del Estado.

Estado es un concepto político adjudicado a Maquiavelo, en su búsqueda de adecuar las instituciones ante las profundas transformaciones político-religiosas de siglo XV. Define una forma de organización política, social y económica, lograda a través de instituciones destinadas a legislar, ejecutar e impartir justicia. Como todo análisis se debe sustentar en elementos concretos, evaluando necesidades, configuraciones y eficacia en los resultados, caracterizar virtudes o defectos según sea “grande” o “chico”, es falaz y engañoso. Lo correcto es debatir entre “eficaz” o “ineficaz”, según objetivos pretendidos. Acá comienza el verdadero debate, pero por el absurdo; en principio, nadie se declararía partidario de un Estado “ineficaz”.  Cabe preguntarse entonces, puede medirse su eficacia según sea grande o chico? En ese caso, podría suceder que un sector del Estado sea “grande” e ineficaz, y otro “chico” y eficaz,  como consecuencia precisamente de su tamaño? Estas simples preguntas nunca se formulan, y por ello, nunca se responden.

Una hipótesis de trabajo para comenzar el análisis, podría apoyarse en una reconocida frase pronunciada en la década del 30, no por un politólogo, sino por  Mies van der Rohe, pilar del movimiento de la arquitectura moderna: “Menos es más”. Será aplicable a las estructuras administrativas?

Buenos Aires, 01 de noviembre de 2016

ERROR DE STOLBIZER

En el tema corrupción, son los legisladores varones quienes deberán pelear por la igualdad de género. Mujeres como Carrió, Stolbizer y Ocaña, han mantenido casi en soledad y muchas veces agraviadas, una conducta consecuente en la denuncia contra la corrupción sistémica que saqueó recursos del Estado durante las últimas dos décadas. Este período no es caprichoso. En él participaron la mayoría de los actores políticos, empresariales, gremiales y judiciales, que mantienen vigencia en la actualidad. Ocaña se destaca por haber conocido la corrupción desde las entrañas de la administración, como integrante del gobierno del matrimonio Kirchner. Fue directora del Pami en el período 2004-2007, y Ministra de Salud entre los años 2007-2009, denunciando la mafia de los medicamentos. Poseen otro perfil común, que se potencia en épocas preelectorales de armado de listas: ejercieron la política activamente en las últimas décadas. Esta condición las diferencia de excelentes periodistas de investigación como Hugo Alconada Mon y Daniel Santoro, entre otros, cuyos precisos trabajos y publicaciones, transparentaron la indolencia cuando no complicidad de fiscales y jueces.

En este contexto, cabe analizar recientes afirmaciones de la diputada Stolbizer. Fue aceptada como “amicus curiae” (amiga del tribunal), para actuar sin ser parte del pleito, en dos causas sensibles para la ex presidente Cristina Kirchner, y su entorno familiar y empresario. La abierta contra Lázaro Báez como contratista del Estado, a cargo del juez Casanello y el fiscal Marijuán, y Hotesur, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Pollicita, relacionada con emprendimientos inmobiliarios propiedad de la ex presidente. En ambos causas,  se sospecha asociación ilícita y lavado de dinero público. Ante dilaciones en el avance de las investigaciones, Stolbizer denunció una supuesta intervención del gobierno para evitar que “Cristina vaya presa” hasta las próximas elecciones, con el fin de dividir a la oposición justicialista. Una vez más, se cayó en la tentación de mezclar justicia con política, en consonancia con la estrategia de los saqueadores del Estado, que pretenden confundir persecución de la delincuencia, con el híbrido concepto de persecución política.

Sin embargo, en el 2015 el voto ciudadano determinó que el nuevo gobierno no tuviera mayoría en ninguna de las dos Cámaras, abatiendo la excusa de mayoría automática que se adjudicaba al gobierno justicialista-kirchnerista, que recordemos, se lograba con el aporte de circunstanciales y prebendarios “aliados”. Ello obliga a una saludable y explícita responsabilidad política de consenso para abatir la corrupción. Tarea nada fácil, pues corruptos visibles o encubiertos, emplearán todas las tácticas de dilación, simulación y coacción posibles. La distancia entre el discurso y la realidad, puede observarla Stolbizer en sus propios colegas legisladores, reacios para aprobar las leyes del arrepentido y extinción de dominio, e impedir que los fueros se utilicen para proteger delitos comunes.  

Es más fácil pregonar indignación clamando por “Cristina presa”, sin fecha de juicio oral y público y por pocos meses, que aprobar cuanto antes la extinción de dominio vía civil, salvaguardando normas constitucionales, para que el Estado recupere en plazo razonable los 9 millones de dólares de José López, los 4 millones seiscientos mil dólares de Florencia Kirchner, y parte de los inmuebles y maquinarias de Lázaro Báez, entre otros ejemplos. Respecto a la actuación de fiscales y jueces, el Código Penal prevé que ante una laxitud injustificada en sus actuaciones, con o sin intervención de operadores políticos, se los denuncie en recurso de queja ante la Cámara Federal, por “retardo de justicia” o “actividad judicial fraudulenta”.  

El ex presidente Menen estuvo corto tiempo preso, y actualmente está condenado. Pese a todo es senador, sin que ningún legislador haya requerido su desafuero. Es de esperar que Carrió, Stolbizer y Ocaña, no apelen al recurrente oportunismo político de campaña, consistente en que  “mejor es decir que hacer”, y nos defrauden.

Buenos Aires, 26 de octubre 2016

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Dentro de las demoradas aprobaciones de las leyes globalmente conocidas como “anticorrupción”, se destaca la de Extinción de Dominio. Afecta directamente al motivo que impulsa a funcionarios malversar recursos del Estado: enriquecerse rápida e ilícitamente. Demasiadas veces, con la complicidad de empresarios, poder judicial y fuerzas de seguridad. Por la impunidad, hemos sido acostumbrados a que no existen delincuentes políticos, sino perseguidos políticos. Las consecuencias son la pobreza, y mala calidad en la prestación de servicios públicos indelegables, como educación, salud, seguridad y asistencia social.

La extinción de dominio tiene amplia jurisprudencia y probado éxito en varios países, incluidos latinoamericanos. Crea un marco legal para que el Estado pueda resarcirse en tiempo razonable de los perjuicios económicos, recuperando bienes de  origen ilícito, sin necesidad de una condena previa del o los individuos acusados. Según se redacte la ley, posibilitará además aplicar los fondos decomisados a obras esenciales, como hospitales y escuelas. Es importante legislar destinos específicos de repercusión social, y no a programas administrativos de títulos ampulosos, que terminan diluidos en la burocracia.

Aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, la ley ingresó al Senado en el mes de junio. Desde entonces, las demoras e intentos dilatorios en su tratamiento, deberían preocupar a la sociedad. El actual gobierno no tiene mayoría legislativa para imponer proyectos, lo que es positivo, porque obliga generar consensos amplios para instrumentar leyes transformadoras. Es de esperar que el declamado espíritu de consenso, no se utilice una vez más para continuar protegiendo y favoreciendo la impunidad. Para evitarlo, debemos exigir transparencia en la información del proceso legislativo, y rechazar excusas banales, como que el kirchnerismo se niega a tratar la ley. Sea en el trabajo en Comisiones y/o votación en el recinto, se debe conocer que legisladores se oponen o demoran su tratamiento, sean kirchneristas, del Pro, o cualquier otro sector político. El periodismo por su parte, podría requerir a los entusiastas legisladores habituales participantes en programas de opinión y redes sociales, con afirmaciones en general irrelevantes o subjetivas, que informen sobre sus tareas legislativas en general, y contra la corrupción en particular.

Posiblemente, por apuro proveniente de la indignación pública ante impúdicos casos de corrupción exhibidos este año, la ley aprobada en Diputados adolezca de fallas. En tal sentido, los senadores poseen medios y estructuras necesarias para perfeccionarla, recurriendo al asesoramiento de reconocidos especialistas en los campos del derecho penal, civil y constitucional, en conexión con la extinción de dominio. La ley deberá ser lo más taxativa posible, sin puntos débiles o contradictorios, para permitan capciosas interpretaciones para que las defensas de los acusados y jueces predispuestos “negocien” impunidades, planteando inconstitucionalidades. Una licuación de los efectos ejecutivos de la ley, es intentada por quienes proponen que el decomiso se realice vía penal, y no civil.

Ejemplifiquemos la importancia social de la extinción de dominio, a través de un juego de opciones. Qué es conveniente para la sociedad: darse por satisfecha con el ex Secretario de Obras Públicas José López preso, en forma preventiva y sin condena, o que los 9 millones de dólares que el funcionario adjudicara “a la política”, se decomisen cuanto antes para construir un hospital? Si la opción elegida es la segunda, sepamos que existen fuertes presiones políticas contra su aprobación inicialmente, o para diluir su eficacia, como última alternativa.

Los entretenidos espectáculos mediáticos de tramitaciones judiciales con altos funcionarios políticos implicados, nos pueden hacer pensar que existe justicia; pero los delitos solo se exhiben, no se sancionan. Excepcionalmente, se llega a un  juicio oral y público con eventuales condenas, y posteriores extensas apelaciones. Pero recuperar el dinero público mal habido, jamás.

Buenos Aires, 19 de octubre 2016

EL COMPAÑERO YRIGOYEN

Estando en el exilio, refiriéndose a una de las recurrentes crisis políticas argentinas, expresaba Perón con su habitual ironía: “Llegado el momento, todos los argentinos son peronistas”. Perón, presidente en una época de profundos cambios pos guerra, inmerso en irreconciliables divisiones políticas, y desalojado del poder por un golpe militar, hacía referencia al oportunismo de las clases dirigentes cercanas al poder, cuyas adhesiones públicas ocultaban especulaciones privadas. Lo sufrió  en sus últimos años, cuando nuevamente presidente, fue combatido por algunos de los que, aprovechando su lejanía en el exilio, lo proclamaban líder.

Pasado el tiempo y tras una feroz dictadura, por primera vez en su historia el peronismo fue ampliamente derrotado por el radicalismo en las urnas. La falta de ejercicio democrático, disimuló contradicciones entre propuestas bien intencionadas y modernizadoras, y arraigados caudillajes con desapego por la institucionalidad. El bipartidismo peronista- radical, criticado por mantener estructuras anquilosadas y cada vez menos participativas, alumbró nuevas expresiones que se suponía enriquecerían la diversidad ideológico-partidaria. Sin embargo, una vez más la oportunidad fue sustituida por el oportunismo. Los nuevos dirigentes fueron rápidamente coptados por los dos partidos históricos. No sorprendía ver a María Julia Alsogaray y Adelina Dalessio, de la UCDE, entonar la marcha peronista como funcionarias de Menem. O a supuestos peronistas votar la privatización de YPF, para pocos años más tarde, esos mismos peronistas votar su reestatización. En ambos casos, con irreparables pérdidas económicas. Entre tantos dislates, llegó la crisis 2001-2002, y con ella el hartazgo social, reflejado en el clamor “que se vayan todos”. Como consecuencia, el peronismo y el radicalismo desparecieron como expresiones ideológicas diferenciadas y alternativas electorales excluyentes. Para sobrevivir, la dirigencia mutó la “bipolaridad” partidaria en “transversalidad”, en la que con cargos y prebendas mediante, cualquier acuerdo electoral era aceptable. Así surgieron la franquicia “radicales K”, y las diatribas de Néstor Kirchner contra “el pejotismo”.

En las pasadas elecciones presidenciales participaron con expectativa de triunfo, tres agrupaciones con escasa historia, integradas cada una de ellas por peronistas, radicales, socialistas e independientes. Como ya sucediera en 1983 con Alfonsín, muchos pueden decir hoy “soy peronista y voté a Macri”, o “soy radical y voté a Scioli”. Esta realidad nos deja en un estado de confusión o indefensión ideológica? De ningún modo; el tiempo configura realidades, y a ellas debemos adaptarnos para enriquecerlas. Sin embargo, las estructuras se transforman, pero la esencia humana permanece. Por ello, recordando el irónico comentario de Perón, deberemos esforzarnos en diferenciar entre oportunidad y oportunismo. La primera, indica detectar en tiempo y espacio un contexto favorable para lograr una mejora. El oportunismo responde a actitudes acomodaticias, arribistas, que subordinan principios a provechos personales.

Es habitual que en momentos de desprestigio, las dirigencias apelen al uso indecoroso de estereotipos o figuras simbólicas, como Perón, Evita, Alfonsín, y aún al olvidado Illia. Cual modernos espiritistas, los oportunistas intentarán adjudicarles posturas y opiniones, ajustadas a sus propias especulaciones e intereses mundanos. Tal estrategia se manifestó en el acto organizado por el ex radical Moreau, para recordar el centenario del triunfo electoral del emblemático líder radical Hipólito Yrigoyen, mediante el voto secreto y obligatorio del padrón masculino. Fue oradora principal la ex presidente Cristina Kirchner, a la que se le ofreció una boina blanca en un clima de hilaridad, para concluir entonando la marcha peronista. La paradoja es que mientras Yrigoyen murió en la más absoluta pobreza, la ex presidente debe aún rendir cuentas del enorme enriquecimiento patrimonial propio y el de sus principales funcionarios, originados por sus actuaciones a tiempo completo en la función pública.

Estos malabares espiritistas pueden ser detectados por su sintomatología. Los actos se convocarán en memoria de líderes pasados, pero la escenografía no se detendrá en datos biográficos y virtudes ajenas. Concentrados en la actualidad, los oradores intentarán identificarse con los homenajeados, y prometerán luchar por el bien de todos los argentinos. Si esta detección temprana del engaño no resultara efectiva, inevitablemente habrá que recurrir al exorcismo.

Buenos Aires, 12 de octubre 2016

EXISTE UNA BANELCO 2016? (II)

Rememorar el caso de los sobornos en el Senado denunciados durante el gobierno de la Alianza, pretende que quince años más tarde, los ciudadanos no seamos una vez más engañados por la oportunista escenografía coral de la lucha contra la corrupción, para que nada cambie. La enorme crisis de los años 2001-2002, origen del clamor popular “que se vayan todos”, fue causada por muchos políticos, jueces y empresarios que tienen vigencia hoy. No será entonces nada fácil modificar las estructuras, procedimientos legales y normas administrativas que facilitan la corrupción. De hecho, las leyes necesarias y prometidas no se promulgaron; los jueces investigan lo que ellos ocultaron, y políticos encubridores disfrazados de puristas, denuncian supuestas corrupciones de adversarios, solo para negociar el ocultamiento de las propias. El ya emblemático José López clarificó la patología, al adjudicar a “la política” los millones de dólares que intentó ocultar en un convento. Parafraseando la conocida frase de Clinton, habría que responderle: “entonces es dinero del Estado, estúpido”.

A diferencia de corrupciones anteriores, por primera vez la sociedad pudo “ver” parcialmente (no leerla o escucharla), la magnitud del dinero de la corrupción. Millones de dólares en una oficina de Puerto Madero, en un convento, en una caja de seguridad de la hija de la ex presidente, entabicados en un departamento de un financista relacionado con funcionarios, o simples directores administrativos públicos enriquecidos. Paradojas del discurso político “progre”: siempre dólares, nunca pesos argentinos. 32% de pobreza y 6% de indigencia no debiera sorprender. El saqueo impúdico de los recursos estatales lo explica claramente.

En este contexto, preocupan las manifiestas indolencias legislativas y judiciales, a tres meses de concluir el año 2016. Es habitual ver a muchos legisladores en medios de comunicación transformados en panelistas opinólogos, cuando no feroces críticos, en temas sensibles como corrupción, políticas de seguridad, complicidades judiciales, incompatibilidades de funcionarios, entre otros. Pero jamás explicitan proyectos de ley y su estado de avance legislativo, que ellos y/o sus bloques debieran elaborar para evitar los vicios que denuncian. Ejemplos.

1).- Aún no han sido aprobadas las leyes del Arrepentido y Extinción de Dominio (incautación de bienes obtenidos en forma ilícita), de las que existe amplia jurisprudencia en países que las aplicaron exitosamente. 2).- No se promulgaron leyes procesales penales que eviten injustificadas excarcelaciones; agilicen los procesos evitando las conocidas tácticas dilatorias, e incrementen sensiblemente las penas de funcionarios por delitos de fraude contra la administración pública. 3) No se propuso adjudicar responsabilidad penal a las personas jurídicas en caso de corrupción contra el Estado, que hoy no la tienen. 4).-No se desactivó explícitamente la antojadiza interpretación de que los fueros protegen a los legisladores por la comisión de delitos comunes.

Respecto al Poder Judicial, hablar de su colaboración con la impunidad sería redundante. Para que los jueces abandonen sus recoletos ámbitos de actuación, más acordes a negociadores privados que impartidores de justicia, destacamos tres aspectos: 

1).- En febrero de este año, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti anunció habilitar una base de datos para que los ciudadanos conozcan tipo de causas y funcionarios involucrados, dentro de los límites legales del debido proceso. No se cumplió. 2).- .Respondiendo a una iniciativa del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y otras entidades, el Consejo de la Magistratura accedió a realizar una auditoría sobre la justicia penal federal. No se cumplió. 3) Pese a las prolongadas tramitaciones judiciales, en el presente año no se elevó ningún caso de corrupción contra el Estado a juicio oral y público.

La ciudadanía decidió que en el gobierno de Macri no exista “escribanía” legislativa, por lo que transformar en leyes expresiones mediáticas contra la corrupción, es responsabilidad de todo el espectro político. El tema no debe ser patrimonio exclusivo de Carrió, Stolbizer y Ocaña. Es hora que tomen la palabra y actúen, entre otros, Pinedo, Pichetto, Rodríguez Saá, Solanas, Monzó, Di Tullio, Negri, Massa, Recalde, Caamaño, Cobos, Alfonsín, Gioja. 

Buenos Aires, 5 de octubre 2016

EXISTE UNA BANELCO 2016? (I)

La aprobación en el Senado de la Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de la Alianza, dio lugar al conocido escándalo de sobornos a senadores. En 1999 apareció una denuncia anónima en la sala de periodistas del Congreso. Días más tarde, el sindicalista Hugo Moyano declaró que el entonces Ministro de Trabajo Flamarique, le manifestó que para convencer a los senadores renuentes tenía una Banelco, originando una envidiable publicidad para la tarjeta de crédito.

Se generó la obvia repercusión pública, múltiples investigaciones y comentarios periodísticos, y las habituales declaraciones políticas clamando castigo. La causa judicial se inició en el 2000, a cargo del juez Liporaci, quien debió renunciar acusado de enriquecimiento ilícito. En ese mismo año también renunció el vicepresidente Carlos Alvarez, invocando abstractas causales de corrupción política en el cuerpo legislativo, de cuya administración era responsable. Su decisión inició la debacle del gobierno, que concluyera traumáticamente en diciembre del 2001. En el 2003, recién asumida la presidencia, en un reportaje televisivo realizado en su despacho, el fallecido Néstor Kirchner señaló el escritorio y dijo: “Acá se pagaron los sobornos”; Días más tarde, se presentó en la justicia el “arrepentido” ex secretario legislativo Pontaquarto, declarando haber distribuido en efectivo los sobornos. Carlos Alvarez fue designado por el gobierno kirchnerista en funciones en el exterior del país, que aún desempeña. Antonio Caffiero, senador entonces, escribía un libro referido al caso.

Tamaña reacción de políticos, gremialistas, y el propio Kirchner detallando el lugar en que se realizó el pago, hacía suponer que el caso se cerraría a la brevedad, con sanciones ejemplares que afectaran la reiterada y creciente corrupción política. Tras años de dilaciones judiciales se inició el juicio oral, con más de 300 testimonios prestados por acusados, acusadores, supuestos intermediarios, y el ex vicepresidente Alvarez. La mandataria Cristina Kirchner por su parte, relevó de guardar secreto a los funcionarios de la SIDE citados a declarar, atento que se suponía que el dinero de las coimas se obtuvieron de los fondos reservados de dicho organismo. En sede judicial y alejados de exhibiciones mediáticas sin costo, ninguno de los declarantes aportó datos o pruebas fehacientes. Excluiremos al “arrepentido” e inconsistente Pontaquarto, por ser un engranaje menor e irrelevante en el sistema de impunidad política.

En diciembre de 2013, los integrantes del Tribunal Oral Federal 3, Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez, emitieron un fallo con sólidos fundamentos vertidos en 3.000 páginas, resolviendo la absolución de todos los imputados. Esta decisión fue avalada posteriormente por la Cámara Federal Penal. El fallo expresa que los sucesos fueron entregados a la sociedad “de manera irresponsable y sin fundamentos por conocidos actores de la época, alentados, de igual modo, por el dr. Carlos Liporaci, primer juez de la causa….”. Tras el fallo, el fiscal Eduardo Taiano solicitó investigar a los testigos Alberto Fernández, Aníbal Ibarra y Daniel Bravo (especialista en encontrar anónimos contra opositores), por sus declaraciones sospechadas de falsas y contradictorias, respecto a una reunión mantenida con Pontaquarto previo a su denuncia. El fiscal destacó también la parcialidad manifiesta de algunos jueces intervinientes en la instrucción, en especial Daniel Rafecas.

La analogía entre la actualidad y los supuestos sobornos a senadores hace más de 15 años, surge del abroquelamiento que entonces tuvieron distintos representantes políticos para aportar pruebas incriminatorias, lo que arroja una disyuntiva: los sobornos no existieron, y la metáfora de la Banelco se utilizó solo para un ruin juego político de desestabilización, o bien cumplidos dichos fines, las coimas se ocultaron para continuar con la trama de impunidad. Tres aspectos abonan el escepticismo, y su repercusión en la actualidad: 1) Muchos de los actores políticos de entonces mantienen plena vigencia hoy. 2) Desde el escándalo de los sobornos a la fecha, la corrupción se desmadró a niveles increíbles, sin sanciones. 3) Se mantuvieron inamovibles los fondos reservados de los servicios de inteligencia, más proclives a favorecer actos corruptos domésticos, que a proteger a los ciudadanos.

Para alertar un posible intento del sistema político-judicial-empresarial imperante desde hace dos décadas, de distraer el reclamo de la sociedad contra la corrupción con una “Banelco” retórica de justicia y transparencia, en la próxima reflexión analizaremos lo actuado legislativa y judicialmente en lo que va del 2016.

Buenos Aires, miércoles 28 de septiembre 2016

SUBSIDIOS CORRUPTOS

Las falacias, sinónimo de engaño,  son argumentaciones psicológicamente persuasivas pero incorrectas. Es habitual su uso en el discurso político, y para enmascarar la corrupción invocando fines virtuosos, como Patria; defensa de los humildes; derechos humanos. Pocos prestan atención al “como” se implementan tan altos objetivos. Entenderlo, explicará porqué la política de subsidios del último gobierno justicialista-kirchnerista, se instrumentó para enriquecer a funcionarios y empresarios asociados a través de los conocidos “retornos”, superando a los sobrecostos de obras públicas.

La problemática de los subsidios y regímenes promocionales estatales no es nueva, ni tampoco lo son sus resultados, manifestados en históricos vaciamientos de organismos e instituciones financieras públicas. Baste recordar al ex Banco Nacional de Desarrollo, liquidado en 1995, y las pérdidas económicas de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires en el 2002, causadas por deudores enriquecidos aceptados como morosos irrecuperables. Los perjuicios se agudizaron durante el gobierno anterior, por tres razones interrelacionadas: 1) una continuidad política de subsidios de doce años; 2) se subsidiaron por igual a ricos y pobres para facilitar el flujo masivo del dinero; 3) el dinero público se intermedió a través de prestadoras y concesionaria integradas a la trama de complicidad , en lugar de trasladarlos directamente a los sujetos pasibles de subsidio. O sea, la tormenta perfecta de la corrupción. Ante tan obvia metodología, resulta inexplicable el silencio de supuestos opositores, defensores de consumidores, y de quienes hoy apelan al clásico travestismo político: “yo nunca fuí kirchnerista”.

Como resultado del cambio de gobierno en diciembre del 2015, que interrumpió el néctar del dinero público envasado en subsidios y sobreprecios, los multimillonarios empresarios intentan readecuar tarifas, o bien abandonan en tropel sus negocios de riesgo patrimonial cero, dejando un tendal de desocupados.

En los grandilocuentes e insípidos debates por las tarifas, nadie aclara qué parte de las obligaciones contractuales fueron subsidiadas. Incluían el mantenimiento y ampliación de servicios? En caso afirmativo, porqué no se controló su cumplimiento? Si no los incluían, porqué los grupos empresarios nacionales y extranjeros de prestadoras como Metrogás, Camuzzi, Edenor, Edesur, entre otras, continuaron al frente del negocio? Quizás porque los subsidios eran a costa de inversiones, y les aseguraban sus ganancias, y el monto a devolver a los funcionarios como “retornos”? Doce años de continuidad política crean fuertes vínculos entre gobiernos y empresarios prebendarios. Un ejemplo. Ante la acusación de enriquecimiento ilícito contra Daniel Scioli, que incluía dos estancias en Tandil, se presentó ante el fiscal Garganta el empresario italiano Stefano Garilli, declarándose su propietario. Señaló que las alquilaba a Scioli cuando este lo requería, dada la buena relación entre ellos. Quién es Garilli? Hermano de Fabrizio, presidente del holding que en Argentina controla a Camuzzi Gas.

En casos de negociados “persona a persona”, ante el cambio de gobierno los multimillonarios no perdieron el tiempo. Spolzki y Garfunkel abandonaron sus medios de comunicación; los hermanos Rasic huyeron de la avícola Cresta Roja; Horacio Angeli despareció de Sol Líneas Aéreas. En su momento, los hermanos Cirigliano se habían declarado insolventes para no afrontar los costos de la tragedia ferroviaria de Once; el banquero Esquenazi vendió a “buitres extranjeros” sus acciones de YPF, pagadas no con capital propio, sino a costa de inversiones. Un caso representativo del uso de la pasión popular como vehículo de corrupción, es Fútbol para Todos. La dirigencia de clubes y de la AFA, cobija a funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, gremialistas, empresarios, multinacionales, intermediarios, barras bravas. El diálogo “multipartidario” fluído entre ellos, concluyó con la desaparición de millones de pesos del Estado, democráticamente distribuidos en bolsillos de derechas e izquierdas. Deportivamente, con clubes disfrazados de entidades sin fines de lucro fundidos, campeonatos disparatados, descensos de Ríver e Independiente sumidos en el saqueo. Hoy, este colectivo dirigencial culpable, reclama impávido: “si el Estado no nos da más plata, no jugamos”.

Buenos Aires, 25 de agosto 2016

Próxima opinión política, por viaje: miércoles, 21 de septiembre

DINERO DE LA POLÍTICA

La trama de impunidad vigente desde hace dos décadas, más allá del fuerte reclamo ciudadano, no será fácil desmontarla. Si hubiera triunfado la continuidad democrática representada por Scioli, obviamente jueces y fiscales continuarían inactivos, no existirían videos comprometedores, ni José López hubiera requerido el auxilio espiritual de la hermana Alba. Para profundizar esta hipótesis, el primer paso será eludir pistas falsas a través de la “grieta”, cuyo fin es evitar que la ciudadanía razone por si misma, y compre mensajes y hechos políticos, enlatados bajo las etiquetas “período Kirchner” o “período Macri”.

La grieta no es una creación argentina; responde a la teoría “amigo/enemigo” del filósofo del nazismo Carl Schmidt, fundada en que la acción política necesita producir mitos que comprometan a los individuos. Por ejemplo, Patria o buitres; liberación o dependencia; neoliberalismo o populismo. En principio, ambos gobiernos tienen diferencias temporales. El matrimonio Kirchner ejerció el gobierno ininterrumpidamente entre el 2003 y 2015. Macri en los últimos ocho meses. Kirchner debe rendir cuentas de lo actuado en el pasado. Macri lo realizado en el presente, con vista al futuro. En ambos casos, en su debida proporción, en un sistema constitucional las responsabilidades alcanzan a todos los ámbitos de representación. En especial, al que reúne todo el espectro político-partidario: el poder legislativo. Surge aquí la primera sospecha. La morosidad para avanzar en la aprobación de leyes anticorrupción concretas es preocupante, pero no tan sorprendente.

Paralelamente, jueces y fiscales van retomando sus ritmos relajados, confiando que el paso del tiempo irá aplacando el reclamo social de acabar con la corrupción estatal-privada. En esta etapa de transición, el interés mediático es mantenido a través de declaraciones o trascendidos de detenidos, sospechosos o familiares, que oscilan entre lo irrelevante, místico o críptico. La ex presidente Kirchner y la emblemática Hebe de Bonafini se suman de buen grado al espectáculo, solicitando resistir el embate de jueces que tardíamente pretenden investigar el destino de multimillonarios recursos sustraídos al Estado. Bonafini, demócrata sin par, se permitió una vez más insultar a un juez. Es el prestigio que la Justicia se supo ganar.

Sectores empresariales involucrados en la cadena de complicidad, realizan su aporte a través del ámbito legislativo, actuando como lobistas para evitar la sanción de leyes anticorrupción que los amenace, o ejerciendo presión y/o inducción a través de medios de medios de comunicación. En el Canal C5N, respondiendo al objetivo de su dueño acosado por investigaciones de evasión fiscal, los periodistas Navarro y Silvestre apelan a la presión, tratando de involucrar a Macri en actos corruptos, sean valederos o ficticios. Nadie duda que un “acuerdo patriótico” entre Macri y Cristóbal López, modificaría la línea editorial del canal. Y como ya pasara entre Víctor Hugo Morales y Néstor Kirchner, no sorprendería que Navarro se confesara macrista.

Analicemos ahora dos medios críticos del kirchnerismo: Clarín y La Nación. El primero, ante la manifiesta indolencia del senado para aprobar la ley del arrepentido, optó por la inducción. Dejó trascender comentarios altamente descalificatorios respecto de la solidez jurídica de lo aprobado por diputados.”Off de record”, menciona a Gil Lavedra y Arlasnián. La Nación por el contrario, destaca claramente la escasa voluntad política para aprobar leyes anticorrupción transformadoras. La estrategia dilatoria en el Senado queda expuesta con solo formularnos dos preguntas: 1) Los asesores jurídicos de los bloques políticos de diputados y senadores son distintos, o bien no intercambian información entre sí?  2) Conocen los legisladores, por ejemplo, las leyes del arrepentido aplicadas con éxito en Brasil y Estados Unidos?  

La última declaración título de página la aportó José López: “El dinero de los bolsos proviene de la política”. Vaya novedad. El dinero público se relaciona con la política; y quienes asumen la responsabilidad de administrarlo lo hacen a través de la política. La justicia federal no está ante un juicio entre Microsoft y Google por pelea de patentes, sino ante la obligación de diferenciar entre funcionarios y empresarios probos o corruptos.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016

EL ARREPENTIDO ES ....

A nivel mundial, los medios de comunicación han sido pilares fundamentales para la detección de casos de corrupción estatal-privada, y su difusión pública. En especial los radiales y televisivos, que llegan a franjas socio-culturales que, o bien carecen de formación adecuada, o de posibilidades de obtener información más amplia y compleja. Esta posibilidad brindada por la libertad de prensa, permite que la sociedad en su conjunto conozca comportamientos políticos e institucionales, sea en la defensa o depredación de los recursos del Estado. Pero también obliga a que los corruptos deban resignar el habitual “secretismo” del negociado, y deban proteger sus impunidades en el ámbito público. Apelan entonces a la estrategia de oponer desinformación a la información; falsedades a las verdades; periodismo mercenario al de investigación.

La consecuente diversidad de mensajes, nos plantea un desafío para formar nuestra propia opinión: razonar como sujetos críticos, en lugar de receptores pasivos. Una forma entretenida pero no menos útil de lograrlo, es analizar el desarrollo de los hechos a modo de una novela policial. Este rol detectivesco nos hará sospechar de las expectativas que despiertan posibles arrepentimientos de detenidos o de sus familiares. La primera contradicción, es que el arrepentimiento exige la admisión previa de culpabilidad, lo que hasta el momento no sucedió. Peor aún, lo que suponíamos una línea investigativa más simple, por pertenecer los funcionarios públicos involucrados a un escalafón de responsabilidades preestablecido, quedó desvirtuado. En sus primeras declaraciones, el funcionario de mayor jerarquía delegó responsabilidades en su segundo, éste en quien le sigue, y así sucesivamente. Esta estrategia trastoca inclusive el clásico formato novelístico policial, donde el asesino es quien menos sospechas despierta. En una época solía ser el mayordomo. Pero a este acelerado ritmo de delegación de culpas, los mayordomos del escalafón administrativo ya deberían poner barbas en remojo. 

Para mantener cierto entretenimiento mediático, las invocaciones de inocencia son matizadas con aspectos más domésticos, como crisis matrimoniales de los detenidos, José López bailando desnudo en su celda, o el narcotraficante Pérez Corradi y su abogado, contando versiones escuchadas en el café del barrio. Los detenidos a su vez, a través de reportajes formulan declaraciones crípticas con veladas amenazas a sus socios aún en libertad, o apelan a misticismos para que “se investigue hacia arriba”. La hermana Alba por su parte, es consultada para que profetice si jueces y fiscales diluirán nuevamente las causas con el paso del tiempo. Pero lo más importante ingresó en un cono de silencio: saber si la justicia está acumulando los elementos probatorios de carácter financiero, societario, de titularidad, administrativos y complicidades  existentes, solo ante los cuales sería posible que parte de los saqueadores estatales y privados negocien su arrepentimiento, que no será precisamente de carácter religioso.

La figura del arrepentido, casi desconocida hasta el presente año, ejemplifica lo difícil que será destruir la trama de complicidad. Esta ley es de aplicación en los países más desarrollados desde hace años. En Italia, para su combate contra la mafia; en Estados Unidos, se utilidad se demostró en el escándalo de la FIFA, que tiene a un empresario argentino detenido; en Brasil, en el caso de corrupción de Petrobrás, con políticos, legisladores y empresarios condenados.

En nuestro país, solo la exhibición obscena de millones de dólares robados al Estado, motivó que con escaso entusiasmo se planteara legislar leyes anticorrupción esenciales, entre ellas la del arrepentido. Se estaba en este incipiente debate, cuando al fiscal Raúl Pleé se le ocurrió publicar el 30 de marzo pasado en el diario La Nación, un artículo titulado “La ley del arrepentido está vigente”, e incluía el lavado de activos. Leonardo Fariña leyó el artículo, y días más tarde se arrepintió, con los resultados conocidos. Sin embargo, el poder legislativo continúa en mora respecto a legislar leyes contra la corrupción, lo que nos recuerda la sentencia de Solón: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016