REFLEJOS ENTRE BRASIL Y ARGENTINA

Hace más de 500 años, aconsejaba Maquiavelo al príncipe: “Lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que parece vicio sólo acaba de traer el bienestar y la seguridad”. Será aplicable  este concepto para reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre los procesos que atraviesan Brasil y Argentina?

A modo referencial, resaltamos algunas similitudes temporales y numéricas. Lula asumió la presidencia de Brasil el 1° de enero de 2003; Néstor Kirchner el 25 de mayo del mismo año. Sucedió a Lula  en el 2011 Dilma Rousseff, y a Kirchner en el 2007 su esposa Cristina. En las recientes elecciones presidenciales del 2015, Dilma alcanzó en la primera vuelta el 41,59%, y en la segunda el 51,62%, superando a Aécio Neves por 3,24%. En Argentina los porcentajes fueron similares, pero no el resultado político. En la primera vuelta el candidato oficial Scioli obtuvo el 37,08%, pero en la segunda perdió ante Macri por 2,68%. La primera conclusión debiera ser que la diferencia del 3,24% a favor de Rousseff, y del 2,68% para Macri, otorga a ambos gobernantes plena condición de legítimos representantes de una decisión democrática mayoritaria, que no puede ser burlada por especulaciones capciosas por parte de las minorías.   Otro aspecto a considerar, es que tanto Rousseff como Macri asumieron la presidencia tras doce años de gobierno de un mismo partido, considerados populistas, y a los que se les reconoce haber generado una mejora social. Cómo se explican entonces, con sus matices, las crisis económicas de ambos países?

Quienes gobiernan deben saber que son inevitables los períodos cíclicos de “vacas gordas y vacas flacas”, por lo que es necesario aplicar políticas de crecimiento y “distribución del ingreso” de mediano y largo plazo, que prevean y minimicen futuras crisis. Pero se pueden implementar y consolidar éstas políticas con una desaforada corrupción estatal-privada? La corrupción es necesariamente de corto plazo, usufructuada por los beneficiarios directos, por lo que es imposible que quienes sustraen recursos del Estado en beneficio propio, en paralelo promuevan políticas consistentes de largo plazo. Solo se intenta disimular el saqueo con desprolijas políticas de subsidios sectoriales y clientelares, buscando una subyacente complicidad a través del “roban pero me dan”. El resultado es que a costa del Estado, surgen castas de funcionarios, familiares y empresarios multimillonarios. Lo que “parece” virtud cuando sobran recursos, mal empleados concluyen en ruina. Maquiavelo no estaba equivocado.

Este es el problema que afrontan Dilma Rousseff en su continuidad, y recibe Mauricio Macri con el nuevo gobierno de Cambiemos: el fin de la “aparente virtud”. El espejo de Brasil, nos muestra la fuerte imbricación entre poderosas empresas estatales (Petrobras), y privadas (constructora Odebrecht), al igual que en nuestro país. Pero en Brasil, es destacable que la rápida y eficaz actuación del juez Sergio Moro y varios fiscales, no haya sido sometida a estrategias de desprestigio y presión por parte del gobierno.  

Para concluir cabe preguntarse: sería justo y oportuno destituir a Dilma Rousseff? Los argentinos tenemos antecedentes no muy lejanos para intentar una respuesta. La crisis del 2001-2002, se produjo con un gobierno de coalición, reflejada en la fórmula presidencial: el presidente De la Rúa (UCR), y el vice Carlos Alvarez (Frepaso). Alvarez renunció insólitamente en el 2000, a 10 meses de asumido. 14 meses más tarde, en diciembre del 2001, cayó De la Rúa. En enero del 2002 los legisladores eligieron a Duhalde como presidente, como resultado de acuerdos que incluyeron a radicales y frepasistas, muchos de los cuales más tarde se sumaron al justicialismo kirchnerista (incluido Carlos Alvarez). Bajo este nuevo paraguas “aliancista”, se realizó un default de deuda; fuerte devaluación e incautación de depósitos privados, con una descontrolada desocupación. Acciones que jamás se le hubiera permitido al legítimo gobierno de la Alianza. 

Visto que en Brasil muchos opositores, vicepresidente incluido, son tan responsables y corruptos como muchos oficialistas, es dable suponer que la destitución de Dilma Rousseff solo buscaría legitimar un fenomenal ajuste, similar al que sufrieron los argentinos en el 2002. Para paliarlo, el mal menor para los brasileños consistiría en lograr acuerdos políticos amplios para enfrentar la crisis,  e instrumentarlos bajo la presidencia de Dilma Rousseff, hasta el fin de su mandato. Dichos acuerdos deberán mantener el envidiable grado de independencia exhibido por la justicia brasileña para combatir la corrupción.

Buenos Aires, 27 de abril 2016

ARGENTINE PAPERS

Los robos de información sensible o hackeos informáticos, cada vez más frecuentes a nivel mundial, desnudan políticas de instituciones u ocultamientos de fortunas de personajes reconocidos.  En este contexto, el caso Panamá Papers refiere a la creación de empresas “off shore” (fuera del país de origen), en los llamados paraísos fiscales. De no ser lícito y declarado, el dinero a ocultar tiene tres orígenes: evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción. Dada la mecánica del armado jurídico-financiero de estas empresas, sorprende la repercusión de los Paraná Papers en nuestro país, donde es el propio Estado y su entramado político, quien brinda inmensas facilidades para la cobertura de operaciones corruptas estatales-privadas, superando holgadamente a los especialistas en el exterior. Hagamos un “brief” (resumen) aclaratorio. El término en inglés es para entrar en clima.  

1.- Facilidades crediticias.

Los créditos externos en nuestro país no despiertan excesivo entusiasmo, porque derivan en una obligación desagradable, llamada deuda externa. Al momento de tener que pagarla, los políticos descubren que será a costa “del hambre de todos los argentinos”. En cambio la deuda interna, aunque sea a costa de jubilados, entre otros, no es criticada y tiene beneficios adicionales. No se tramita en el exterior, y llegado el momento de justificar negociados, se puede apelar a la noble intención de “crear puestos de trabajo”. Fue líder en esta política de créditos públicos irrecuperables, otorgados a grupos empresarios y amigos del poder, el Banco Nacional de Desarrollo, liquidado en 1993, y Bancos oficiales (Nación y provinciales, en especial de Buenos Aires).

2.- Seguridad política para empresas y amigos

En casos de crisis económicas graves, en lugar de someterlos a la pretensión de cobro por parte “del capitalismo internacional”, a los grandes inversores amigos se les estatiza parcialmente sus deudas privadas. Sucedió con Domingo Cavallo (1982), y con la pesificación asimétrica de Duhalde (2002). Las urgencias de caja del gobierno, se resuelven con la incautación masiva de depósitos de pequeños y medianos ahorristas. Recuérdese el plan Bonex (Menem), y el plan Boden (Duhalde-Kirchner). Los discursos políticos altisonantes, o supuestos debates ideológicos disfrazados de neoliberalismo o populismo, no debieran impresionar. Las garantías para estatizar deudas, al igual que las dirigencias, se mantienen.

3.- Sostenimiento de sociedades estatales-privadas con recursos públicos.

El Estado, con la necesaria complicidad gremial, sostiene con sus recursos a empresas contratistas o concesionarias de amigos, asociando funcionarios por vía directa o de testaferros. Los retornos no se pagan solo con dinero en sobre cerrado. Se utilizan participaciones accionarias (compra de acciones de YPF por el grupo Esquenasi, sin poner dinero); operaciones cruzadas (alquiler de habitaciones vacías de hoteles por constructoras de obra pública, como la de Lázaro Báez); compra de medios con pauta de publicidad oficial (grupos Szpolski-Garfunkel o Cristóbal López); o arrebato liso y llano de empresas (caso Ciccone). Del circuito de la “plata dulce” estatal, participaron incluso organizaciones sociales y de derechos humanos, transformadas en grandes empresas constructoras. Sin aportes del Estado, las organizaciones se disuelven y las empresas privadas se declaran en convocatoria,  dejando un tendal de trabajadores en la calle.

4.- Coberturas institucionales y judiciales

Para este esquema de corrupción no se necesitan empresas “off shore”, porque se cuenta con la protección de  organismos públicos cuyo nombre de fachada es “de control”. Manipulan legajos de sociedades; informes de operaciones financieras sospechosas; auditorías de concesiones. La AFIP, por su parte, refinancia deudas impositivas de grupos empresarios, no por imposibilidad de pago, sino para que crezcan a costa de los impuestos. Finalmente, los naturales enriquecimientos desmesurados e ilícitos de funcionarios y empresarios asociados, café de por medio, se “legalizan” con los jueces de turno. Como jurisprudencia, se recuerdan los sobreseimientos del matrimonio Kirchner en el 2009, por el juez Oyarbide; el de Daniel Scioli en el 2015, por el juez Rearte, y el del camarista Eduardo Freiler en el 2016, por el juez Luis Rodríguez. El proceso es prolijo: los fiscales no apelan.

Cabe preguntarse entonces: con estas facilidades, tiene sentido que funcionarios públicos y empresarios asociados, viajen a Panamá, Islas Vírgenes, Seychelles, Nevada o Suiza, para ocultar dinero de la corrupción estatal?

Buenos Aires, 20 de abril 2016

EL TRABAJO COMO TAPADERA

El término corrupción, genéricamente significa degradación, putrefacción. Llevado al ámbito de la corrupción política nacional, hemos tomado como base de análisis los últimos veinte años, por dos razones: 1) en dicho período actuaron gobiernos con políticas supuestamente divergentes, que no superaron las crisis económico-sociales cíclicas; 2) sus principales actores, sean políticos, empresarios, gremialistas o judiciales, mantienen vigencia en la actualidad. En este contexto, que incluye la desaparición del justicialismo y el radicalismo como expresiones de representación política unívocas, los supuestos debates ideológicos, sean utópicos o encubridores, nos recuerdan la ironía de Groucho Marx: “Estos son mis principios; si no les gusta, tengo otros”. O bien una ironía de Jorge Asís: “Con el apoyo de la izquierda, se roba más fácil”.

Las experiencias vividas deberían servirnos para que, en plena “epidemia de transparencia”, no caigamos en las repetidas trampas escenográficas, consistentes en ofrecer algunos becerros en el altar de los sacrificios, para que la trama de corrupción e impunidad continúe. “Cristina presa” pareciera ser un recurso de distracción, que con éxito se aplicara con Menem. En la corrupción estatal, las cúpulas ofrecen el espejo que la refleja. Pero las pruebas están en las bases, y para confesar, los partícipes secundarios no necesitan una ley del arrepentido. En nuestra reflexión del pasado 10 de noviembre, previo a la segunda vuelta electoral, señalábamos respecto al clientelismo del Estado: “Suelen quedar fuera del debate dos tipos de clientelismos nefastos, que incrementan notoriamente el nivel de pobreza: 1) el nepotismo para cubrir cargos públicos y crear organismos; 2) la asociación prebendaría de funcionarios con grupos empresarios, que deriva en corrupción”.  

El valorable principio de “crear o defender fuentes de trabajo”, sean estatales o privadas, fue bastardeado para usar a los trabajadores como “pantallas o tapaderas” de la corrupción estatal-privada. En los organismos del Estado, especialmente en los de control, se licuó su operatividad saturando las cadenas de responsabilidad, y sometiendo a los empleados honestos y trabajadores a la presión de “comisarios encubridores”. En el caso de empresas privadas solventadas con recursos públicos, el engaño fue más grave: los trabajadores se incorporaban según sus habilidades específicas, no por sus militancias, y fueron estafados. En este esquema nefasto, el gremialismo tuvo una enorme responsabilidad, de la que no puede desentenderse. Cada gremio conoce acabadamente la situación de los organismos y empresas que representan.  Participaron  junto con la clase política, en el sembrado de ingresos sin concursos públicos basados en méritos, quitando a la ciudadanía el derecho de igualdad de oportunidades. Participaron de la práctica de rancios nepotismos (ingresos masivos de familiares) y amiguismos. Fueron partícipes necesarios de una cadena estatal de complicidades, protecciones, impunidades, pero también de miedo e indefensión, para que las tramitaciones burocráticas espúreas cumplieran con un principio del liberalismo económico del siglo XIX: “Dejar hacer; dejar pasar”.

Según datos oficiales incluidos en los presupuestos anuales, el empleo público nacional (ejecutivo, legislativo y judicial), contaba en el año 2003 con 241.000 agentes, alcanzando en el 2015 el número de 389.835 agentes. De este total, el 42% es contratado, sin que los gremios se quejaran, pese a que hoy lo llaman trabajo precarizado. Pero como los números por sí no definen calidades, cabe preguntarse: el incremento de empleados sirvió para el mejoramiento de los servicios de salud, educación, seguridad, justicia, formulación de leyes, actuación de los organismos de control?  Se jerarquizaron las funciones de médicos, enfermeras, educadores, policías entrenados y cuidados?. Por ejemplo, nadie aclara si dentro de los 644 cesanteados en el Hospital Posadas, de Morón, hay médicos, enfermeras diplomadas, o personal de mantenimiento (albañiles, electricistas, pintores).

Ante esta matriz que explica las asombrosas facilidades que brinda nuestro país  para promover y/o encubrir delitos económicos desde el Estado, sorprende la repercusión del caso conocido como “Panama Papers”. Para aquéllos empresarios y funcionarios desinformados, en la próxima reflexión hablaremos de los beneficios de los  “Argentine Papers”.

Buenos Aires, 13 de abril 2016

ANTICORRUPCIÓN: SER O PARECER?

En plena epidemia poselectoral  de “transparencia y lucha contra la corrupción”, el contexto comunicacional oscila entre la información y la desinformación. Son voceros del debate conocidos políticos, mientras los sectores empresariales, gremiales y judiciales, partícipes necesarios en las tramas de corrupción e impunidad, intentan permanecer en un segundo plano. Cambiar el rumbo implica asumir ciertas hipótesis: 1) la corrupción no es imputable a “todos los argentinos”, sino responsabilidad de los funcionarios que los representan. 2) en la puja entre dirigentes y jueces deshonestos y honestos, estos últimos en cuanto a resultados, fracasaron. 3) destruir la cohesión y persistencia de la trama de impunidad, no podrá ser de exclusiva responsabilidad del gobierno. Necesitará de un importante apoyo opositor  traducido en leyes y acciones, y no solo de opiniones. Los corruptos, no son distintos según sean oficialistas u opositores.

Maquiavelo, en su obra El Príncipe, expresaba respecto a la relación de los gobernantes con el pueblo: “Todos pueden ver, pero pocos tocar…Muy pocos saben lo que realmente eres”. El ciudadano común solo puede “ver”, por lo que la imagen es fundamental. Ello explica el impacto que provocó en la opinión pública, el video mostrando el conteo de millones de dólares divididos en fajos, por personas relacionadas con el contratista de obras públicas Lázaro Báez. Pero no es suficiente. En esta dualidad imagen (información) – trasfondo de intereses, las técnicas comunicacionales no difieren según se quiera informar, enseñar, o bien distorsionar, ocultar, engañar. Nuestro desafío como ciudadanos para formar opinión, será el de analizar, comparar, descubrir contradicciones, y evitar que una vez más el barullo de la confusión permita que la trama de impunidad continúe. Como ejemplo, analizaremos las opiniones de dos políticos situados en las antípodas partidarias: Aníbal Fernández y Elisa Carrió. Ambos cumplen con el requisito de capacidad intelectual y vasta experiencia política.

Aníbal Fernández, al ver en el programa televisivo de Fantino el video mostrando al hijo de Báez y otros contando fajos de dólares, expresó: “Contar dinero no es delito”. Su comentario motivó críticas, pero Fernández, que no habla en vano y es abogado, marcó una línea de acción para impugnar la validez del video. Nada disparatada, considerando que este recurso para diluir pruebas, fue reiteradamente utilizado por la justicia federal. En la causa Skanska, los camaristas Freiler y Farah declararon nula una grabación en la que un ejecutivo de la empresa extranjera confesó pago de coimas. En la compra de vagones usados a España y Portugal, Oyarbide anuló como prueba los correos electrónicos en los que el intermediario de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, negociaba el pago de comisiones con sobrecostos. Recientemente, el juez federal Luis Rodríguez anuló la causa de los allanamientos a cuevas financieras, ordenadas y luego suspendidas por Oyarbide, aduciendo que las escuchas telefónicas que detectaron las irregularidades, no cumplieron con los procedimientos judiciales. La causa Lázaro Báez (lavado de dinero), se inició en el 2013 como resultado de una documentada investigación periodística. Mucho más importante que el video,  es conocer si el juez  federal actuante Sebastián Casanello, realizó las diligencias necesarias para obtener y certificar la validez de los datos publicados. Se destacan entre otros, la constitución y razón social de múltiples sociedades, movimientos bancarios en el exterior, flujo del dinero entre cuentas, y el destino de 22 millones de dólares bloqueados en Suiza.  

Elisa Carrió por su parte, en aras de la transparencia, le solicitó a Macri que su amigo de la infancia, Nicolás Caputo, vendiera su empresa constructora de origen familiar, con 75 años de existencia. Si la dra. Carrió supone que obtener contratos públicos implica preferencias y pago de coimas, ello pareciera ser evidente, con Caputo incluido. Pero en la corrupción estatal, si bien el privado es partícipe necesario, el Estado es quien tiene la capacidad de promoverla, al generar la necesidad, implementarla, facilitarla, contratarla, pagarla y protegerla. Es el Estado quien debe transformar profundamente sus estructuras, respecto a las responsabilidades del ejecutivo, legislativo, organismos de control y sistema judicial. Ningún privado fue culpable que de la nada y sin antecedentes en el rubro, un cajero del Banco Nación en Santa Cruz; cooperativas de Milagro Sala en Jujuy y la Fundación de Hebe de Bonafini en el ámbito nacional, se transformaran en poderosas constructoras con manejos corruptos de fondos públicos multimillonarios, que jamás serán recuperados. 

Este es el gran desafío que deberán encarar el oficialismo y la oposición en el 2016.

Buenos Aires, 06 de abril 2016