miércoles, 27 de febrero de 2019

EL SILENCIO DE LOS NO INOCENTES

Para arribar a conclusiones acertadas respecto a la corrupción estatal-privada, los análisis debieran concentrarse en los acotados estamentos públicos, institucionales, empresariales y gremiales directa o indirectamente relacionados con el manejo de los recursos del Estado. Es la única forma de entender una trama delictiva con vértice en lo institucional, que alcanzó niveles de despojo económico y de complicidad sorprendentes por su extensión y diversidad. Previamente es necesario tener presente dos trampas comunicacionales: 1) enmascarar responsabilidades individuales tras porcentajes de supuestas adhesiones masivas a un partido y/o candidato; 2) transformar actos de índole penal en épicas políticas, para lograr la impunidad de los culpables y la sobrevivencia de las estructuras delictivas. 

La táctica del enmascaramiento la ejemplifica la frase “la sociedad es tolerante con la corrupción, que no le mueve el amperímetro”. Pero lo importante es juzgar a los estamentos estatales de responsabilidad, que integran no más de 1.000 funcionarios entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y una estimación de 4.000 agentes con complicidades activas y pasivas (políticos, empresarios, gremialistas, testaferros, comunicadores), sobre una población total de 44 millones de habitantes. Por lo que en lugar de juzgar en abstracto a la sociedad, debiera priorizarse el mensaje que “a demasiados dirigentes que configuran las “células madre” del poder institucional, empresarial y gremial, la corrupción no les mueve el amperímetro”. En cuanto a la estrategia de encubrir delitos tras escenografías persecutorias o de épicas políticas para lograr la impunidad, existe un ejemplo ilustrativo: el ex presidente Carlos Menem, a 23 años de iniciada la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y tras dos condenas firmes, continúa siendo senador, con aval de la Corte Suprema de Justicia para ser candidato. 

Explicitadas estas estrategias relacionadas con la propaganda política, es momento de plantear un interrogante más complejo y de directo impacto económico-social en la sociedad: cómo ha sido posible mantener esa trama delictiva eficaz aún subsistente durante más de una década, en el marco de un sistema democrático? Nuevamente debemos avizorar posibles instrumentos. Uno legal, a través de un sistema electoral que restringe el poder del voto ciudadano (reelecciones, ley de lemas, listas sábana, permanentes modificaciones oportunistas de las leyes), que favorecen las continuidades políticas. El otro la cobertura de partícipes pasivos, que sin actuar directamente en los circuitos de corrupción desde el punto de vista penal, desempeñan un rol igualmente necesario: dejar hacer, no ver, callar. Sus apetencias son satisfechas con cargos y prebendas públicas, muchas veces extensivas a familiares, Este grupo representa el silencio de los no inocentes. 

Muchos de los reconocidos actores activos y pasivos participan en la actual etapa preelectoral de una danza alocada para acceder o mantener el usufructo de cargos públicos privilegiados (listas de candidatos), sin que en sus discursos la corrupción sea un límite. Les es más fácil simular debates genéricos y grandilocuentes basados en justicialismo kirchnerista o “racional”, radicalismo Pro o K, neoliberalismo, populismo, progresismo, y otros “ismos”, que plantear el combate a las cleptocracias, enriquecimientos ilícitos, latrocinios, peculados. Este ejercicio intenso de hipocresía que durará hasta el cierre de listas, incluye a modernos Savonarolas políticos, que oscilando entre la mística y la obsecuencia, pregonan públicamente que el líder malo de ayer, está mucho más bueno hoy. Tanto oportunismo explícito, genera a los líderes actuales el mismo problema que a los príncipes de ayer. Aconsejaba Maquiavelo respecto a los mercenarios: “No se pueden confiar en ellos si son hombres de mérito, porque aspirarán siempre a forjar su propia grandeza. Y mucho menos si no lo son, pues con seguridad llevarán al príncipe a la ruina”. 

Lograr cambios profundos con los mismos dirigentes desde hace casi tres décadas no será fácil, pero un paso que los ciudadanos podemos intentar es desarmar sus falacias dialécticas. Un comienzo sería preguntarnos: porqué fue posible la causa llamada de los cuadernos? Cómo se intentará neutralizarla? Será un punto de inflexión? 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2019

miércoles, 20 de febrero de 2019

NÚCLEOS DUROS FLEXIBLES

En la última newsletter reflexionamos sobre el incorrecto uso del concepto “núcleo duro” aplicado a porcentajes globales de adhesión a un partido o candidato, tanto en encuestas como en análisis. Dado que la condición de “duro” pertenece a los materiales, usaremos esta analogía para incursionar en el voluble mundo de la política, y transparentar viejas falacias discursivas. La menor partícula de un material es el átomo, formado por un núcleo que combina protones y neutrones, rol que correspondería a personajes políticos y corporativos identificables, con electrones, que giran permanentemente alrededor del núcleo, rol que cumplen los millones de votantes anónimos.

En los átomos políticos partidarios, la incidencia de los núcleos respecto a la totalidad de adhesión a un partido o candidato, es de aproximadamente del 2%, que sube al 5% en caso de acceder al gobierno, debido a que el concepto “ejercicio del poder” en democracia, abarca no solo a oficialismos, sino a oposiciones e instituciones corporativas. El porcentaje remanente corresponde a votantes anónimos. La cuantificación del 5% parecería escasa en términos porcentuales, pero no lo es en relación al total de votos obtenidos por el partido que triunfa en una elección nacional, que contaría un universo aproximado de 6.000 cargos públicos con personas identificables, entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

Este enfoque, lejos de ser un juego de palabras o de números, permite asumir la importancia de poner el foco de atención en los actores visibles que conforman las cadenas de responsabilidades públicas, impidiendo que intenten mimetizarse cual voceros místicos, tras supuestas opiniones o adhesiones multitudinarias. Esta antigua estrategia responde a una de las reglas de la propaganda política nacida en las primeras décadas del siglo XX para el manejo de la opinión pública, llamada “de la unanimidad y contagio”. Se basa en la comprobación de la presión psicológica que ejerce un conjunto de opiniones por sobre la opinión individual. Jean Marie Domenach lo ejemplificó en su libro “La propaganda política”, relatando que en el siglo XIX tres sastres de Londres elevaron una petición sectorial al Rey, firmándola “Nosotros, el pueblo inglés”. Nada cambió. Reconocidos políticos, analistas y periodistas intentan sostener sus mensajes expresando que “la gente está muy mal” o “la gente estará mejor”, sin explicitar sus propias opiniones, y en caso de ejercer funciones políticas, formular propuestas.

Eludir la trampa de los mensajes enlatados supuestamente verosímiles, como “tal candidato tiene un núcleo duro del 30%”, que combinan lo conceptual (duro), con lo numérico (30%), permitirá formular nuevos interrogantes para detectar falacias discursivas y pobres estrategias de marketing político. El período que concluirá el próximo 22 de junio con el cierre de listas de candidatos a cargos nacionales, y con calendarios más diversificados en las provincias, es óptimo para este ejercicio, porque destruye el concepto de “núcleo duro” entendido como fidelidad partidaria y coherencia programática por parte de los políticos. Por el contrario, se observa en su mayoría una enorme flexibilidad personal para, girando como votantes anónimos, intentar acomodarse en las listas de candidatos, sin limitaciones partidarias. En política, más que hablar de núcleos duros, habría que hablar de núcleos plásticos.

Para cerrar estas analogías entre el mundo físico-químico y el político, resta mencionar a las fuerzas que en los laboratorios unen a los átomos entre sí, permitiendo realizar las diversas combinaciones necesarias para fabricar materiales, llamadas enlaces químicos. Cabe preguntarse, que se entendería por enlaces químicos en política, ya no para fabricar materiales, sino para conseguir objetivos personales? Ejemplifiquemos con dos objetivos: 1) Promover la perpetuación política; 2) Promover el saqueo de los recursos económicos del Estado.

Para el primer objetivo el rol de enlaces químicos los cumplen los sistemas electorales, sean nacional o provinciales. Son intencionadamente restrictivos con el derecho del ciudadano a elegir, a través de innumerables artilugios legalizados, que no existen en otros países. Muchos de ellos inconstitucionales, avalados por la propia Corte Suprema de Justicia. Lograr este objetivo necesita solo de enlaces políticos legislativos y judiciales. En cuanto al segundo objetivo, el de promover y facilitar la corrupción en el Estado, dada la cantidad y variedad de enlaces políticos necesarios, merecerá un análisis más detallado en la próxima reflexión. 

Buenos Aires, 20 de febrero 2019

miércoles, 13 de febrero de 2019

QUÉ ES NÚCLEO DURO?

En los procesos preelectorales, que en la política argentina ocupan prácticamente la mitad de un mandato presidencial, pululan las encuestas de opinión destinadas a reflejar las adhesiones que reciben las principales agrupaciones en pugna, traducidas en porcentajes. En un intento de sutileza analítica, se identifica a parte de esos guarismos como “núcleos duros”, integrados por quienes, pase lo que pase, votarán a determinado partido o candidato. En principio es un concepto asimilable a bipartidismos y fidelidades hoy inexistentes. A tal punto que los remanentes que dejan dichos núcleos duros se los llama “ancha avenida del medio”. Aumenta la confusión cuando se pretende asociar dicha globalidad porcentual con definiciones como neoliberalismo, populismo y progresismo, igualmente genéricas. 

Pero dada la fuerte instalación que tiene la etiqueta “núcleo duro” en el campo analítico y propagandístico, podría utilizársela para reflexionar sobre la realidad política sobre bases más científicas. “Duro” es una condición inherente a la resistencia de los materiales, que están constituidos por átomos, que es la menor partícula material indivisible. El átomo está formado por una parte central indivisible que otorga la condición de masa y dureza llamada núcleo, integrada por protones y neutrones, y electrones externos que giran alrededor del núcleo. Diversas combinaciones físico-químicas dan lugar a distintos materiales, como los metales, maderas, plásticos. Es posible trasladar este circuito científico al campo político, aplicado a definir partidos y candidatos en lugar de materiales? En este supuesto el rol de núcleo lo cumplirían los componentes políticos identificables (partidos y/o candidatos), y el de electrones en permanente movimiento los votantes, que en su casi totalidad son anónimos. Lo señalado permite comprender que llamar “núcleos duros” a porcentajes globales de adhesión a determinado partido o candidato (ejemplo 25 o 30%) es incorrecto, pues previamente se debiera discriminar entre los que corresponden al núcleo (partidos/candidatos) y a los electrones (votantes). Así como sería imposible identificar a un material y sus propiedades con millones de electrones girando alrededor de un núcleo que no tiene sus protones y neutrones definidos, de igual modo sería irrazonable estimar porcentajes de adhesión de millones de votantes (electrones), girando alrededor de un núcleo que tenga sus protones y neutrones (partido y candidatos), fluctuantes y no consolidados.

Aceptada esta analogía, comienzan los interrogantes: qué debiera significar “núcleo duro” en términos políticos? Yendo a los números, en la última elección presidencial Cambiemos y el Frente para la Victoria promediaron cada uno 12 millones de votos. El núcleo duro lo integran políticos identificables, cargos electivos, y diversos círculos cercanos al poder, que se puede estimar en un 5% del total de votos, o sea, unos 6.000 protones y neutrones. Ello incluye funcionarios en cargos en instituciones claves y organismos de control, que actúan como enlaces químicos entre átomos y electrones, que en política se llaman lubricantes. El resto son (somos) millones de electrones que no pararemos de girar. 

En la guerra marketinera de productos, los oficialismos intentan defender su marca, para continuar liderando el mercado. Por el momento, el núcleo Cambiemos mantiene unidos a los neutrones y protones Pro, UCR y Coalición Cívica. Siempre atentos a que el super protón Lilita no produzca una explosión con reacción en cadena. Los verdaderos problemas atómicos se generan en las oposiciones, que intentan desplazar al producto más vendido proponiéndose como algo nuevo. Lo cual presenta un problema inicial: los laboratoristas deberán trabajar con los mismos protones y neutrones (núcleo), vigentes desde hace décadas. Para generar el “nuevo producto”, se intentarán un sinnúmero de combinaciones y se formularán interrogantes. Cómo lanzarse al mercado: cómo PJ, Frente Renovador o Frente Progresista? Frente Para la Victoria y Unidad Ciudadana son segundas marcas del PJ? Manzur en Tucumán, será protón o neutrón? Cómo lo integraríamos con Alperovich? Con qué protones se asociará el neutrón Massa? Solá, Alberto Fernández, Pino Solanas y Victoria Donda, si bien no paran de girar, al tener nombres propios no pueden considerarse anónimos electrones. Qué hacer para combinarlos? 

Este intento de interrelacionar como vía analítica a la rigurosa físico-química con la voluble política, concluye con una similitud entre ambas ramas que es irrebatible: los núcleos son concentrados e identificables (políticos), mientras que el destino de los millones de electrones (votantes), será el de girar permanentemente alrededor del núcleo.

Buenos Aires, 13 de febrero 2019

miércoles, 6 de febrero de 2019

EXTINCIÓN DE HIPOCRESÍA

El tardío debate generado por el DNU presidencial que implementa la extinción de dominio ante casos de corrupción contra el Estado, exhibe crudamente la hipocresía de gran parte de la clase política. El caso debiera ser evaluado más allá de posicionamientos partidarios o ideológicos, y evitando la trampa oscurantista de la “grieta”. El oficialismo carece de mayorías legislativas para convertirla en ley, y el justicialismo kirchnerista y/o racional carece de los números necesarios para impedir su sanción en caso de existir consensos mayoritarios. Para comprender la dificultad en lograr una ley coherente y eficaz que permita recuperar parte de los recursos sustraídos al Estado, es necesario asumir que se debe extinguir previamente la hipocresía política discursiva. 

La hipocresía implica un uso de la falsedad y el engaño, para encubrir inconsistencias entre lo que se dice y lo que se piensa o se hace. Puede adoptar la forma de simulación (decir o mostrar algo distinto de lo que es), o de disimulo (ocultar lo que no se quiere mostrar). Esta segunda alternativa se utilizó para “cajonear” desde hace más de dos años una ley fundamental contra la corrupción. Aprobada en Diputados en junio de 2016, tras el escándalo de los bolsos de José López, permaneció en el Senado desde entonces para ser devuelta a Diputados recién en agosto de 2018, presionado por los escándalos de los cuadernos. Pero con modificaciones que pretenden licuar su eficacia, al someter la acción civil de decomiso a una sentencia penal. En este contexto, en un país en que los presidentes de turno asumen casi en exclusividad alabanzas o críticas, Macri emitió el DNU. 

Ello obligó a que legisladores y políticos se vieran forzados a variar el matiz de la hipocresía, pasando del disimulo (cajoneo), a la simulación, intentando encubrir su inacción bajo un alud de objeciones al DNU: es inconstitucional, es oportunista, afecta la propiedad privada, etc. Sin embargo el poder legislativo posee un holgado presupuesto, extenso plantel de asesores, y posibilidad de contar con opiniones externas de constitucionalistas prestigiosos, como Monner Sans, Sabsay, Badeni, Gil Lavedra, Lonigro, Félix Loñ, para cumplir con la obligación de elaborar leyes impecables desde lo jurídico, y en este caso, eficaces en lo punitivo y resarcitorio. La ley existe en países desarrollados, y es recomendada por importantes organismos internacionales. Pero queda claro que nuestros impedimentos no son jurídicos, sino de complicidad y/o complacencia con la corrupción. 

En condición de ciudadanos comunes no debemos temer opinar sobre lo jurídico, evitando eso sí, necedades. Desde el Código de Hammurabi en el imperio babilónico, escrito 1.750 años antes de Cristo, son las comunidades las que con sus gobiernos, usos y costumbres, dan el marco necesario para que los especialistas elaboren leyes acordes y comprensibles. Más aún en la modernidad, en la que cualquier ciudadano puede comprender que es una mala ley, que es complicidad, que es cajoneo. La extinción de dominio permite al Estado decomisar activos provenientes de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado, mediante una acción civil. En el caso de los recursos públicos, es aplicable a funcionarios responsables y sus partícipes, que habitualmente exhiben un enriquecimiento patrimonial no justificado, delito que como sabemos, invierte la carga de prueba, siendo el acusado quien debe mostrar el origen de tal riqueza. Queda claro entonces que el derecho de propiedad no es afectado, y las responsabilidades se extienden a familiares y testaferros. Por ejemplo, el Estado podría recuperar en forma inmediata los 9 millones de dólares que José López declaró “provenían de la política”. 

Dentro del recurrente ejercicio de la hipocresía, el diputado justicialista Rodolfo Tailhade solicitó al Procurador General de la Nación aplicar el DNU contra Gianfranco Macri, hermano del presidente, por la concesión supuestamente ilegal de parques eólicos por la que recibió 5 millones de dólares. Paradójicamente la denuncia de Tailhade avala la extinción de dominio, sea por DNU o una futura ley eficaz, porque demuestra que de corresponder, es aplicable a presidentes pasados, actuales y futuros, y a sus familiares directos. 

Convencerá este aporte de Tailhade a legisladores y políticos? 

Buenos Aires, 06 de febrero 2019