CORRUPCIÓN ES MAFIA?

Continuando con nuestro ejercicio de analizar  a manera de una novela policial los sucesos de corrupción estatal-privada, visibilizados como nunca antes por la opinión pública, clarifiquemos una duda: los conceptos de “corrupción” y “mafia” son similares?. La mafia nació en Sicilia, en busca de una organización eficaz que respaldara diversas actividades criminales. Sus integrantes se autodenominaban “mafiosos” (hombres de honor), y mantenían fuertes códigos de silencio. Sus comienzos fueron conocidos por sangrientas peleas entre bandas, por el dominio de negocios ilegales. Con el tiempo se expandieron a nivel mundial, sofisticando su accionar y actividades, y sumando políticos, jueces, policías y empresarios a sus estructuras delictivas. Lo que relaciona al término “Mafia” con el de “corrupción estatal-privada”, es el principio de organización, donde nada es dejado al azar. Debemos distinguir entre “actos corruptos” y “estado de corrupción”. Los primeros resultan de un conflicto de intereses localizado, resuelto delictivamente. Pero cuando se vuelven planificados, sistemáticos, ejecutados y/o avalados desde el Estado, se ingresa en un “estado de corrupción”.

En una democracia, el armado de estructuras de complicidad estatal es más complejo que en el campo del delito desembozado, que apela a la violencia explícita como método de persuasión. Cuando hablamos de dineros públicos, que son los más desprotegidos y fácilmente obtenibles, la planificación y ejecución, para concretar el saqueo primero, y lograr impunidad luego, debe estar en cabeza de altos funcionarios del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Empresarios y/o testaferros actúan como asociados. Una vez armada la trama de complicidad, optimizado su funcionamiento, y definidos los códigos de silencio ante situaciones críticas, no solo es imprescindible sostener la trama en el tiempo, sino darle visos de legalidad. En este esquema, la aprobación o ausencia de determinadas leyes es esencial. Por su parte, los empleados o funcionarios públicos honestos que se rebelen, carecerán de toda apoyatura gremial en su defensa.

El caso del ex Secretario de Obras Públicas José López, ocultando 9 millones de dólares en un convento, fue un “acto” individual, o mostró un “estado” de corrupción? Debemos considerar dos aspectos: actores intervinientes, y reiteración de hechos corruptos. Un contrato de obra pública implica varias instancias administrativas ineludibles: proyecto, presupuesto, análisis de ofertas, control de legalidad del trámite, adjudicación; garantías de contrato, control de obra, pago de certificados, recepción de obra. Los sobreprecios nacen de origen, sea en el presupuesto oficial o en la oferta aceptada, pues la coima es de pago contado efectivo, antes del inicio de obra. Firmado el contrato, pueden surgir nuevos negociados: disminución de la calidad de obra pero no del precio; renegociación y aceptación de onerosos adicionales de obra, y en un exceso de impunidad, pago de certificados por obra no ejecutada. Es imposible que este circuito lo realice un “llanero solitario”, sea Ministro o Secretario; es necesaria una estructura corrupta. Si a ello sumamos la reiteración de casos de corrupción, y los manifiestos enriquecimientos ilícitos de funcionarios y empresarios relacionados, resulta evidente que nos encontramos ante un “estado de corrupción”.

En este esquema, cuando surgen denuncias de delitos, la Justicia interviene para protegerlos, asegurando impunidad. El juez Rafecas mantuvo inactiva desde el 2008 una denuncia contra José López por enriquecimiento ilícito. Los legisladores por su parte, que no pueden ampararse hoy en que son una “escribanía”, demoran ostensiblemente leyes que modifiquen la matriz de corrupción, como la ley de fueros que los protegen por la comisión de delitos comunes; ley del arrepentido; ley de incautación de bienes sospechados de corrupción contra el Estado, y el incremento de penas por delitos contra la administración pública. Todo ello, mientras recorren medios de comunicación como “libre pensadores”. Siempre es útil que el legislador ejerza su derecho a opinar, en tanto y en cuanto lo acompañe con su obligación de legislar.

Marina Walker, vicedirectora del consorcio internacional de periodistas de investigación que sacó a la luz el caso “Panamá Papers”, en una entrevista que le realizara Alconada Moon, señaló una obviedad que vale la pena resaltar: “toda corrupción es primeramente local”.

Buenos Aires, 27 de julio de 2016

DELITOS VIRTUOSOS

En la reflexión anterior, propusimos como método para que el mayor espectro social posible entienda la mecánica de corrupción en el Estado, receptar el desarrollo de los acontecimientos como parte de una atrapante novela policial, en la que no seremos lectores pasivos, sino intentaremos desempeñar un rol analítico. Lo que no deberá ser un entretenimiento será el resultado final: sanción a los corruptos, recuperación de la mayor cantidad del dinero sustraído al Estado, y destrucción de la trama de impunidad vigente desde hace veinte años. Los saqueos políticos nacen invocando fines virtuosos: subsidios a los que menos tienen, pese a que incluyen empresarios; protección de fuentes de trabajo, para justificar negociados públicos-privados; luchas contra grandes grupos económicos, jamás concretadas; cunas gratis de alto costo y baja calidad, para madres necesitadas; conversión de organizaciones sociales en grandes empresas constructoras. “Delitos virtuosos”  entonces, no es un título contradictorio.

Previo al inicio de nuestras conjeturas, debemos destacar dos aspectos: 1) Plantear “Ud. cree que Fulano es culpable?”, no solo es irrelevante, sino podemos caer en la principal trampa de la propaganda política: hacernos pensar y actuar en base a emociones o creencias, y no a razonamientos. 2) Inicialmente se debe aplicar el principio de la duda, dudando de todos. Para detectar engaños u omisiones, serán útiles las opiniones de oficialistas u opositores; del canal TN (Clarín), o C5N (Cristóbal López). En la estrategia mediática del ocultamiento y confusión, no es necesario acusar sin pruebas; es suficiente con sembrar dudas.

Un relato se inicia con descripción del lugar de los hechos, personajes intervinientes y delitos cometidos. El lugar es Argentina. Los personajes pertenecen al ámbito político-institucional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Empresarios y gremialistas actúan según los casos, como cómplices necesarios. La primera dificultad surge al momento de establecer los delitos. De hecho, hasta el momento no hay crímenes o robos contra el Estado; solo sospechas. Los involucrados, como es natural, se declaran inocentes, o sin rubor, perseguidos políticos. Esta teatralización de inocencia fue exitosa en las últimas décadas, debido a la garantía de impunidad brindada por un sector clave en la trama del saqueo: el poder judicial, y en especial, el fuero federal.

Qué cambió para causar la conmoción popular actual? Los ciudadanos pudieron “ver”, sin mayor intermediación comunicacional explicativa,  como empleados de Milagro Sala sacaban un bolso con 29 millones de pesos del Banco Nación de Jujuy; a integrantes del grupo Báez, contando millones de dólares en Puerto Madero; al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López,  arrojando de madrugada bolsos con 9 millones de dólares, en un convento que aún no se sabe si lo es, y con monjas que se ignora si lo son; y a una hija heredera del matrimonio presidencial, con 4.600.000 dólares en una caja de seguridad bancaria. La población, azotada por serias desigualdades sociales desde hace décadas, explotó de indignación. Tardíamente, jueces, fiscales y políticos, que no desconocían el trasfondo de corrupción, se preocuparon.

La imagen de un hecho es un poderoso instrumento para comunicar sus implicancias a un amplio espectro social y cultural, con similares resultados de comprensión. Los 8.000 millones de pesos de impuestos a los combustibles, que el empresario Cristóbal López en su carácter de agente de retención no depositara en la AFIP, y que el ex titular del Organismo Ricardo Echegaray le refinanciara en condiciones irrisorias, implicaron un perjuicio fiscal de 533 millones de dólares. Sin embargo, tuvieron mucho menor impacto en la opinión pública que los 9 millones de dólares que José López quiso ocultar en un convento.

La reacción social masiva e inédita contra la corrupción estatal-privada, en principio no implica un punto de inflexión, como superficialmente auguran algunos políticos y comunicadores. La trama de impunidad es muy fuerte y está vigente. Para sostenerla se utilizarán recursos comunicacionales periodísticos, políticos y judiciales, que sometan a la opinión pública a una estrategia de dilación, confusión y ocultamiento, mezclando verdad con falsedad. El objetivo es la saturación y el olvido. En el próximo capítulo de la novela incursionaremos en ejemplos de la trama de impunidad, y ubicaremos “crímenes”, que además fueron seriales, pese a la inexistencia de condenas. El código penal los denomina enriquecimientos ilícitos.  

Buenos Aires, 20 de julio de 2016.

PROTECCIÓN = PERSECUCIÓN

Ambos términos parecieran ser claramente opuestos. Sin embargo, relacionados con las obligaciones del poder judicial de actuar con celeridad y eficacia  ante actos corruptos en perjuicio de los recursos del Estado, son entendidos como sinónimos. Porqué? Cuando jueces y fiscales actúan con evidente morosidad en casos de corrupción, son acusados de brindar “protección”. Si por el contrario proceden acorde a las leyes, aún cuando sea tardío y oportunista, los otrora protegidos se quejan de persecución. Por ello, tanto protección como persecución, expresan discrecionalidad y complicidad. Tal desprestigio del poder judicial, y en especial el fuero federal, no es infundado.

En este contexto, se produjo el cimbronazo político del triunfo presidencial de la coalición Cambiemos, desalojando del Ejecutivo a una expresión justicialista que gobernó ininterrumpidamente durante doce años. En simultáneo, estallaron escandalosos hechos de corrupción que no se “contaron” o se “leyeron”; sino fueron “vistos” en tiempo real personajes manipulando fondos multimillonarios, que por añadidura, y contrariando falsas proclamas políticas, eran en dólares. Cabe preguntarnos: se podrá fracturar, aunque sea parcialmente, la fuerte trama político-empresaria-judicial y gremial, conformada por los mismos actores desde hace veinte años?

En los sistemas democráticos las sustituciones institucionales son parciales. Las del Ejecutivo no se replican en los poderes Legislativo y Judicial, y menos aún, en las representaciones empresariales y gremiales. Pero es claro que tamaño saqueo de los recursos públicos, no pudo realizarse sin una activa participación, por acción u omisión, de importantes actores de cada uno de estos sectores. Lo que se conoce como “trama o estructura” en el campo del delito, cuando supera ciertos niveles económicos y temporales, adquiere tanto o más poder que los propios Gobiernos. Por ello, es en el campo de la corrupción donde deberán plasmarse verdaderos “acuerdos políticos” que prioricen honestidades y capacidades, no falsas ideologías y especulaciones. Hay tres aspectos que históricamente tienden a ser conservadores: el poder; el dinero y el delito.

La lucha por mantener impunidades y fortunas mal habidas será durísima, por lo que la sociedad deberá involucrarse firmemente, demandando resultados concretos. El riesgo de que nuevamente “todo siga igual” está latente. Involucrarse, de alguna manera significar “entender”, y la corrupción con sus diversos matices, tiene complejidades. Entender, implica lecturas y procesamientos de datos no siempre sencillos. El desafío consistirá en lograr transmitir al mayor espectro social-cultural posible, conceptos y enseñanzas consistentes. Una alternativa formativa y a su vez entretenida, sería analizar el desarrollo de los acontecimientos, para desentrañar hechos, personajes y culpables, como si fuera una novela policial. El escritor griego Petros Márkaris, autor de la serie del policía Kostas Jaritos en el marco de la crisis de la deuda externa griega, señalaba que “el enorme éxito de la novela negra en las últimas décadas, se debe a que refleja la novela social y política de nuestro tiempo”. A los argentinos, “asesinos y crímenes” políticos-económicos nos sobran.

Nuestra “novela” se basará en la información obtenida a través de medios de comunicación masivos: televisión (oír y ver), radio (oír) y prensa escrita (ver). La libertad de prensa nos confronta con distintas fuentes de información, capacidades profesionales, honestidades, e intereses subterráneos. Se apelará a dos periodismos. El de investigación, más complejo y que requiere una especial profesionalidad y disponibilidad de recursos, ha cumplido un rol fundamental a nivel mundial para descubrir escándalos de corrupción económico-políticos, superando ampliamente al rol legislativo. En el periodismo de opinión, sin negar su condición de espectáculo, prevalece el comentario y/o denuncia sin validez legal, de no ser ratificada judicialmente. Por su variedad de voces (especialistas varios, abogados defensores), y habitualidad en la pantalla, es el que más incide en la opinión pública. Sobre esta franja comunicacional actúan los expertos en propaganda y manejo de opinión, y según sus objetivos, mezclan  información con desinformación, verdad con ocultamiento o desfiguración.

El comienzo de nuestra novela respondió a patrones clásicos. Varios personajes involucrados desde hace décadas en la trama de impunidad, declararon impávidos: “yo no sabía”, “no lo conozco”, o bien, “solo firmaba el expediente que me traía mi secretaria”. En la próxima reflexión, el segundo capítulo.

Buenos Aires, 13 de julio de 2015

  

"COMBATAMOS" A MACRI

El título, como cualquier consigna política, tiende a esquematizar y simplificar el concepto, evitando desgastes argumentativos. El término “combatamos” señala que el problema lo tenemos instalado, y estamos actuando para enfrentarlo. Comprobar que la supuesta “izquierda” roba tanto como la supuesta “derecha”, nos evita perder tiempo en disquisiciones ideológicas, e ir al objetivo de fondo: combatir y derrotar a Macri. Para ello se proponen dos estrategias alternativas: una de corto y otra de mediano plazo.

La primera la encabezan quienes, apoyados en estructuras operativas pequeñas pero organizadas, apelan públicamente a expresiones rimbombantes nada inocentes, para generar inestabilidad. Son cara visible en esta etapa por ahora verbal, Fernando Espinosa, Guillermo Moreno, Jorge Ferraresi, y los expertos en “aprietes” Fernando Esteche y Luis D Elía, quien sumara a sus huestes a un ícono de la lucha contra la pobreza: Amado Boudou. Esta estrategia golpista corre el riesgo de ser asimilada con la empleada contra De la Rúa en diciembre del 2001, cuya consecuencia fue el recordado “acuerdo político patriótico” del 2002, que se caracterizó por una enorme devaluación y desempleo; incautación de los ahorros de pequeños y medianos ahorristas, y la estatización parcial de la deuda en dólares de grandes grupos económicos. La trampa no funcionó; la sociedad reclamó hastiada, “que se vayan todos”. Pero la trama de impunidad político-empresarial sobrevivió, y se quedaron casi todos.

La estrategia de mediano plazo es más sofisticada, incruenta, y no menos dañina. Consiste en desactivar la actual estructura del Estado, que permite un manejo discrecional a través de dinero y prebendas para saquear sus presupuestos con total impunidad, obteniendo por acción u omisión, la complicidad de organismos centralizadas, autárquicos, sociedades estatales, organismos de control, poderes legislativo y judicial. Destruir esta sólida trama político-empresaria-judicial-gremial, impediría que Macri y funcionarios de Cambiemos puedan usufructuarla.  Atento que la próxima elección presidencial se realizará en 40 meses, es imprescindible una acción legislativa inmediata, coordinada y simultánea. Por su mayor complejidad, la reformulación de la estructura integral del Estado merecerá un próximo análisis específico. Se destacan algunos temas de tratamiento inmediato:

Corrupción.- 1) Anular expresamente fueros parlamentarios para los delitos comunes, sean particulares o contra la administración pública. 2) Incrementar las sanciones penales por delitos de corrupción. 3) Aprobar cuanto antes la ley del arrepentido por estos delitos, y establecer el procedimiento de incautación inmediata de bienes obtenidos en forma ilícita y/o delictiva.  

Consejo de la Magistratura.- 1) Someter los antecedentes de sus 13 integrantes al escrutinio y/o audiencias públicas, previo a su designación. 2) Obligar que su página web sea clara y actualizada respecto a concursos de magistrados, puntajes obtenidos, enjuiciamientos. 3) Conocimiento público de los avances de causas penales por delitos de corrupción, que fuera prometido por el juez Lorenzetti en febrero de este año.

Organismos de control.- 1) Someter los antecedentes de sus autoridades a audiencias públicas, previo a su designación. 2) Exigir que sus páginas web sean claras en cuanto a cronograma de actuaciones (investigaciones, auditorías; tiempos de análisis; dictámenes).

Incompatibilidades: 1) Serán cotejadas e informadas públicamente previo a la designación de los funcionarios políticos, o en un plazo no mayor a 30 días hábiles si es posterior. El dictamen se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, y no en subjetivas opiniones de carácter ético.

En el afán de dificultarle  al gobierno de Macri manejos políticos a través de actos de corrupción, podría suceder que el país llegue a la próxima elección presidencial en buena situación social y económica, y paradójicamente, Macri y Cambiemos triunfen nuevamente. Pero toda estrategia conlleva sus propios riesgos.

Buenos Aires, 06 de julio de 2016