LA RACIONALIDAD LA APORTÓ MARADONA

En el prolongado debate público entre la Presidente y el Gobernador respecto a las responsabilidades por el pago del aguinaldo a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, la cuota de elemental racionalidad para desactivar el conflicto en lo inmediato la aportó Diego Maradona: “Peléense entre ustedes, pero no afecten a los trabajadores que nada tienen que ver”.

Que eventualmente las declaraciones de Maradona repercutieran eficazmente para solucionar un conflicto entre los más altos niveles de responsabilidad de gobierno, indica a las claras el nivel de frivolidad que alcanzó el debate. Las opiniones de supuestos oficialistas y supuestos opositores que rodearon el cruce de acusaciones ni merecen ser consideradas, por basarse ya sea en la obsecuencia irrestricta o en la crítica oportunista sin soluciones. Sin embargo existen varios elementos trascendentes a ser evaluados, para que la reflexión política no se agote en lo anecdótico.

En primer término presentar a Maradona como circunstancial partícipe en la solución del conflicto político parecería una ironía, pero por el contrario, arroja una profunda enseñanza: ningún político es tan todopoderoso como para enfrentarse a un ídolo, que adquiere la condición de tal por haber generado emociones inolvidables e irrepetibles que trasvasan todas las clases sociales, generacionales y diferencias ideológicas. Cuando sus opiniones son irrelevantes o sus acciones reprobables, se guarda un piadoso silencio o se formula una tibia crítica. Cuando en pocas palabras dice lo que lo que la mayoría piensa, el político corre presuroso para corregir su necedad; no queda lugar para la soberbia. Desde el poder, los ídolos provocan temores durante su vigencia, y revanchismos en su ocaso. Un solo ejemplo: el aislamiento deportivo-laboral al que fué sometido el boxeador “Mono” Gatica luego de la Revolución de 1955, tan solo por su declamada e inocente adhesión a Perón.  Ello indica que es falaz justificar obsecuencias de los entornos presidenciales en el temor que genera el líder de turno: el verdadero temor es a perder las prebendas que el líder otorga. 

El conflicto fué presentado por determinados sectores como un disciplinamiento al que fué sometido Scioli por parte de la Presidente, porque osó manifestar expectativas presidenciales para la elección del 2015. Aún si así fuera, la anécdota sería irrelevante. Analicemos en primer término las personalidades de los actores excluyentes en el conflicto, que se transmiten a sus formas de conducción y comunicación. No nos explayaremos en la Presidente, porque ya sea a favor o en contra, monopoliza el 80 % de los análisis políticos. Es más importante intentar una aproximación a la personalidad de Daniel Scioli. Entenderla cobra relevancia no solo por su rol de gobernador, sino fundamentalmente como canalizador de una corriente aún muy subterránea de “oposición” para el próximo recambio presidencial, inicialmente dentro del nucleamiento político que ejerce el gobierno. La palabra “nucleamiento” no es casual: en nuestro país desde hace años no existen partidos políticos, incluído el justicialista, sino una “cadena” de poder que se regenera desde sus propias entrañas. Siempre hemos sostenido que esta situación es la más crítica para un país, y aún para la propia Presidente, quien debe estar negociando permanentemente con diversos grupúsculos corporativos guiados por intereses sectoriales, ajenos totalmente a los teóricos debates ideológicos que tanto entretienen a los intelectuales.

Hoy, esa corriente subterránea interna y tibiamente externa se encarna en Daniel Scioli, quien paradójicamente no es opositor, sino por el contrario, desde lo discursivo un firme y verticalista defensor de quien encarna el “modelo”.  Las encuestas lo presentan con una “imagen” muy elevada, inclusive superior a la de la propia presidente. Lamentablemente las encuestas se reducen a lo numérico, sin incursionar en el análisis sociológico, que justifique los porcentajes de imagen transmitidos a la opinión pública. Con su habitual precisión, Maquiavelo expresaba hace más de 500 años en relación a la imagen de los gobernantes: “Lo que parece virtud es causa de ruina y lo que parece vicio sólo acaba por traer el bienestar y la seguridad”, para luego señalar en relación al príncipe: “Todos pueden ver, pero pocos tocar…. muy pocos saben lo que realmente eres”. Por lo tanto seguiremos el consejo de Maquiavelo, y no consideraremos la imagen para desentrañar quien es Scioli, o cualquier otro político.

La pasividad ante los agravios y silencios de Scioli dieron lugar a que analistas políticos lo denominaran “estoico”. La escuela Estoica nació en Atenas hacia el año 300 a.C., y su ética se desarrolla en un universo regido por la razón. El ideal de los estoicos es vivir de acuerdo con la naturaleza; para ello uno debe superar la intranquilidad que generan las pasiones, que se dominan mediante la apatía. Los estoicos proclamaron que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan solo siendo ajeno a las comodidades materiales y la fortuna externa, dedicándose a una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Salvo por la apatía, no pareciera el estoicismo un campo adecuado para nuestros políticos.

A la sofisticada especulación del estoicismo, analicemos la pasividad y silencios de Scioli (cuando pretende definir algo también se lo puede considerar silencios), desde la simpleza. En su novela “Desde el jardín”, Jerzy Kosinski escribe sobre una historia desarrollada en Estados Unidos, en la que el personaje Mr. Chance, brillantemente interpretado por el fallecido Peter Sellers en la película del mismo nombre que el libro, es un jardinero con cierta limitación mental, cuyo único mundo es su jardín, su alcoba y la televisión. Presta servicio en la mansión de un anciano e influyente millonario, al que visita el propio presidente. En una conversación de alta política relacionada con una crisis económica en el país, en determinado momento su patrón millonario le pide a Chance su opinión. Este, que solo sabe de su jardín, y pensando en la poda de los árboles enfermos, expresa: “Mientras no se hayan seccionado las raíces todo está bien y seguirá estando bien”. Sus simples reflexiones botánicas son tomadas por el millonario y el presidente como una sabia metáfora, al punto que en un posterior reportaje televisivo el propio presidente repite la frase para explicar las perspectivas de evolución del país ante la crisis económica. La investigación sobre Scioli se va acotando: será un estoico o Mr. Chance?

En la próxima reflexión analizaremos el conflicto Nación – provincia de Buenos Aires desde lo estrictamente técnico, que excede lo jurisdiccional para repercutir en todas las provincias.

CUANDO EL RETO PRESIDENCIAL DEJA ENSEÑANZAS

La denuncia pública que por cadena nacional de televisión formulara la Presidente de la Nación contra un conocido operador inmobiliario por no haber presentado la declaración de ganancias desde cinco años atrás, provocó un alúd de críticas centradas en la utilización de instrumentos del Estado para ejercer coacción sobre quienes piensan y opinan distinto. Más allá de la importancia del debate con los distintos matices que conlleva, una vez más se obvió lo trascendente de ésta anécdota, que por estar originada en la más alta autoridad del Gobierno, podría constituirse en un mojón fundacional para iniciar un proceso de erradicación del principal problema político-económico que asfixia a nuestro país desde hace décadas: la enorme corrupción que asocia a altos funcionarios del Estado con empresarios privados. 

Para profundizar el análisis que sustente lo expresado, recordemos lo manifestado hace pocos meses por el senador Aníbal Fernández en relación a las dificultades en ese entonces, y casi imposibilidad hoy, que debían atravesar en el trámite ante la AFIP, quienes quisieran adquirir dólares, dado que en su opinión todo ciudadano debería justificar la situación patrimonial, así quisiera adquirir cien dólares. No solo es un concepto impecable en la teoría, sino que es obligación del Estado velar por una equidad contributiva, evitando las desigualdades de la evasión, para recién entonces debatir sobre la racionalidad distributiva. 

Lo destacable es que, si bien para frases altisonantes los años no parecen pasar para nuestros políticos, el transcurso del tiempo dió lugar a desarrollos tecnológicos sostenidos, que en lo referido a procesamiento de datos posibilitan registrar, ordenar y actualizar en tiempos reducidos informaciones de distinta complejidad independientemente de su cantidad, y entrecruzarlos con otras bases de datos igualmente relevantes. Este cambio en las organizaciones administrativas tuvo un hito hace casi veinte años, cuando en 1993 se iniciaron las licitaciones para informatizar e interrelacionar todas las sucursales del Banco Nación y la Dirección General Impositiva, que concluyeron en los recordados contratos IBM-Banco Nación e IBM-DGI, los que estallaron en 1995 como resultado de las escandalosas coimas pagadas a los funcionarios públicos involucrados. Para quienes no tengan presente el final, diremos que pese a que hubo funcionarios confesos; casos de devolución de la coima percibida por Directores del Banco Nación; el suicidio del responsable de la empresa privada intermediaria que posibilitó el sobrecosto de los contratos y la posterior distribución de coimas; y la remoción del nivel dirigencial de IBM, la maquinaria político-judicial ya estaba aceitada: pese al cacareo contra el neoliberalismo y los grupos de poder foráneos, ni siquiera se llegó al juicio oral y público.

Por ello ante el reciente reto público presidencial a un evasor, más importante que criticarlo, es formularse varias preguntas: qué hizo la AFIP ante un contribuyente por lo visto jerarquizado que no presentaba su declaratoria anual desde 2007? Cuántos casos similares al del operador inmobiliario existen, que no se denuncian o sea actúa en consecuencia? La pregunta no es superficial. Las coimas tienen dos etapas claramente delimitadas: la previa y la posterior a su percepción. La previa se sustenta en la saturación de reglamentaciones, procedimientos, obligaciones, determinación de cláusulas licitatorias, adjudicación, habituales renegociaciones de contratos en ejecución y ampliación de plazos de concesión “en beneficio del Estado”, que conforman expedientes con miles de fojas de las que son esenciales no más de cien. Llamémosla la etapa de armado de los “papeles”, que incluye las firmas de los responsables. La segunda etapa es posterior a la percepción de las coimas, y surge solo cuando estalla un escándalo y se ingresa en la esfera judicial; consiste en inhabilitar; impugnar; hacer desaparecer y/o neutralizar los documentos claves inmersos en la maraña de expedientes,  que denominaremos etapa de “desarmado” de los papeles (documentos) que constituyen pruebas. Surge entonces la pregunta elemental: no denunciar a determinado evasor implica un costo para éste ante el organismo de control, situación que desconoce la Presidente?

La siguiente pregunta es aún más inquietante: ante tamaña y saludable precisión para determinar la existencia de omisiones y eventualmente evasiones de pequeños, medianos y grandes contribuyentes, cómo puede explicarse que aún se desconozcan los antecedentes societarios del grupo The Old Fund, que aportó los fondos que posibilitaron el levantamiento excepcional de la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, que la AFIP otorgara condiciones de pago de la deuda excepcionales, para que la fallida con un nuevo nombre suscribiera un millonario contrato con el Estado argentino para imprimir moneda nacional? Cómo puede aceptarse que el Gobierno haya suscripto un contrato con una Unión Transitoria de Empresas encabezada por la compañía inglesa Global Infrastructure por $ 65 millones para supervisar el funcionamiento de la tarjeta SUBE, y su titular inglés afirmara no haber participado del contrato, y una empleada de esa nacionalidad aclarara no haber cobrado honorarios liquidados a su nombre? Qué función de control cumple, por ejemplo, la Inspección General de Justicia, a cargo del dr. Marcelo Mamberti, en la constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales?

Es muy fácil concentrar responsabilidades y análisis políticos en una figura excluyente, supuestamente todopoderosa, no propensa al diálogo, y que atemoriza con solo mirarlos a pobres gobernadores, empresarios, jueces y políticos, llamándolos a la obsecuencia, al silencio o al miedo. En su momento fué Menem, luego De la Rúa, mas tarde Néstor Kirchner y ahora Cristina Kirchner.  Pero no es momento de pensar que es un recurso ya demasiado repetido para ocultar la permanencia de una misma clase dirigencial en distintas esferas de representación pública y privada, que conforman asociaciones entre supuestos progresistas o neoliberales, sean viejos o nuevos ricos, para realizar negocios escandalosos a costa de los recursos del Estado? 

Poner la mirada en un alto evasor puede ser una señal. Es de esperar que se expanda a quienes en verdaderas “asociaciones ilícitas”, saquean todos aquéllos recursos, servicios públicos y ahorro nacional, que cuando son devueltos al límite de la extinción para que el Estado los reanime hasta el próximo negocio, provocan las populares explosiones de júbilo por “la recuperación del patrimonio nacional”.

         

QUÉ SE ENTIENDE POR SALARIOS ELEVADOS?

Un gobierno tiene la mayor de las responsabilidades en relación al bienestar y desarrollo de sus gobernados: promover la creación de fuentes de trabajo, y facilitar una justa distribución de los ingresos y acceso a los servicios básicos. Para la gran mayoría de los habitantes, esa distribución opera a través de los salarios. Esta verdad de Perogrullo no está presente en el discurso político como una integralidad indisoluble, sino que por el contrario se maneja desde lo discursivo como una suma de pequeñas batallas entre empresarios y asalariados independientes entre sí, y aunque parezca paradójico, el esquema se repite en el campo estatal entre altos funcionarios y empleados. Batallas que son matizadas con generalidades demagógicas y marketineras tales como “distribución de la riqueza”, “mejora del salario”, y cuando se trata de impuestos, “pagan los que más ganan”. Cabe entonces preguntarse: cuáles son los elementos ciertos, numéricamente determinables y socialmente comparables, que permitan evaluar la política de distribución del ingreso a través de los salarios? 

Dado que desde hace años los peronistas tienen presente a Perón solo cuando se pelean entre ellos, es justo para su memoria que lo no peronistas recordemos uno de sus conceptos: “La elevación permanente y sostenida del ingreso y su distribución con justicia social es, y así debiera reconocerse unánimemente, la finalidad de todo proceso de desarrollo”, y agrega más adelante:….”debe intensificarse el uso de diversos mecanismos que incrementan el ingreso real, tarea en la cual el Estado tiene una responsabilidad impostergable”. (El proyecto nacional – Juan Perón). Obsérvese la claridad conceptual al destacar los tres aspectos clave: ingreso real (no dádivas ni diluído por la inflación) – distribución con justicia social (no clientelar) – responsabilidad del Estado (no corrupción). 

El Estado, como es su atribución indelegable, establece pisos salariales obligatorios que se suponen al menos de subsistencia, a partir de los cuales podemos comparar y evaluar la calidad de distribución de los ingresos. Son básicamente dos: el salario mínimo de un empleado activo que asciende a $ 2.390, y la jubilación mínima cuyo monto es de $ 1.687. A ellos debemos agregar el mínimo no imponible para un trabajador activo soltero, con un sueldo de bolsillo de hasta $ 5.782, a partir del cual tributa ganancias. 

Identificados los mínimos, diferenciemos entre salarios públicos y privados. Estos últimos se mueven entre dos extremos:  que los incrementos puedan ser trasladados por los empresarios al precio de sus productos en el corto plazo (tiempo), sin superar un valor que implique la caída en las ventas ante productos similares de la competencia (precio). Entre estos extremos se mueve el concepto de ganancia o utilidad neta empresaria (que obviamente incluye otros factores además del salarial), lo que da lugar al viejo debate sobre si los trabajadores deben participar de las ganancias. Debate esencialmente absurdo: si el producto final de la empresa en la que trabaja el empleado (pan, automóvil, pasaje de transporte) subió en un porcentaje menor al de su incremento salarial, está indirectamente participando de las ganancias. De no ser así, la inflación se comerá su incremento salarial, y más que preocuparse de participar de las ganancias, deberá comenzar un nuevo reclamo salarial.

Qué pasa con los sueldos del Estado? En principio el problema debería ser más simple: fijados los montos mínimos, solo resta establecer una política de relación ingreso mínimo-ingreso máximo (o sea el sueldo máximo es tantas veces el sueldo mínimo), que comprenda al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A lo sumo se podrá debatir si esa relación es razonable o no, pero al menos la política salarial de la administración pública sería clara y precisa. Agreguemos además que la relación entre los ingresos mas altos y más bajos es un indicador, entre otros, internacionalmente reconocido para visualizar el nivel de desarrollo de un país (a mayor diferencia menor desarrollo y viceversa). Aplicado el concepto a nuestro país, la realidad refleja que las diferencias entre los ingresos de “nuestros queridos ciudadanos” y los de “sus legítimos representantes estatales” son abismales. Con un agregado no menor: los altos ingresos considerados en la pirámide estatal no incluyen prebendas adicionales como pagos en negro, pasajes aéreos para usos personales, viajes al exterior ajenos a misiones oficiales, ubicación de todos los familiares en cargos públicos, y otras menudencias similares. Todo ello dentro de lo legal; para este análisis, corrupción abstenerse. Esto explica también porque los políticos son siempre los mismos, sistema electoral mediante, relegando el término “vocación de servicio” a épocas escolares de antaño.

Para posibilitar este desmadre salarial estatal se instaló un concepto inexistente en lo concerniente al manejo de los recursos públicos: la autarquía financiera. Autarquía o autonomía significa en su forma más restringida “autosuficiencia”. Trasladado a lo político es un concepto fuertemente vinculado al fascismo y al corporativismo. En democracia, dado que económicamente la supuesta autarquía salarial debe ser solventada por el Gobierno central con sus recursos generales obtenidos a través de los impuestos cobrados a los ciudadanos, insólitamente se intenta justificarla relacionando la supuesta capacidad y honestidad de los funcionarios con el privilegio de establecer sus propios ingresos. Pero surge un obstáculo: como desde el origen de las civilizaciones son pocos los que gozan de éste privilegio, se elude la responsabilidad de establecer un escalafón salarial estatal definido (conocido como “enganche” en la escala salarial), en donde los niveles salariales más altos estén razonablemente interrelacionados con los pisos salariales mínimos o de subsistencia fijados por el propio Estado. Obviar esta realidad, que plasma en políticas públicas la declamada “equidad social” y “distribución de la riqueza”, cuenta con el consenso de políticos neoliberales, progresistas, oficialistas y opositores. (se los menciona en paquete cerrado, porque definir quien es quien es más difícil).

Un claro ejemplo fue el incremento en más del 100% que aprobaron unánimemente y en silencio los legisladores nacionales en diciembre pasado. Señalábamos que el mínimo no imponible de bolsillo de un trabajador soltero, que se supone debe cumplir horario de trabajo, asumir responsabilidades y estar bajo el riesgo de ser despedido es de $ 5.870, mientras un legislador que delegó sus responsabilidades en el Ejecutivo, no tiene descuentos por ausentismos, no está sometido a evaluaciones de rendimiento, y se le paga el transporte aéreo cuando quiere trasladarse a su provincia, cobra como mínimo $ 35.000. Otro ejemplo es el inaceptable privilegio de los jueces de no tributar impuesto a las ganancias. Un dato a tener presente, aunque no hace al fondo de la cuestión tratada, es que el análisis no incluye a los trabajadores en negro y desocupados,  que se estima alcanzan no menos del 40 % de los asalariados en blanco.

Cabe entonces preguntarse: cuál es la política salarial del Estado para definir cuáles son los sueldos más o menos elevados?

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA JULIO 2012

Continuando con la rutina mensual de seguimiento de casos judiciales que involucran a funcionarios públicos con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, empobrecimiento social y pérdida de vidas humanas en casos extremos, publicamos las novedades judiciales recientes.

1.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli

En junio del año 2007 personal de vigilancia encontró en el baño del despacho de quien era entonces Ministro de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no pudo justificar. Inicialmente declaró que el dinero le fué prestado por un hermano, pero luego se retractó.  La jueza Servini de Cubría tramitó la causa y la elevó al Tribunal Oral Federal 2 para el juicio oral, sin que aún se estableciera fecha de inicio.

2.- El caso de la valija con u$s 800.000 no declarados por Antonini Wilson, detectados en el control de pasajeros de un vuelo contratado por Enarsa en agosto de 2007

En la agenda de junio pasado se informó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala B), con el dictamen de los dres. Roberto Hornos y Nicanor Repetto, sobreseyó por prescripción de la causa por lavado de activos en la que estaba imputado, al negociador del Estado nacional ante Venezuela Claudio Uberti, quien se vió favorecido por la reforma del Código Penal aprobada por el Congreso de la Nación en junio de 2011, que suprimiera el agravante que preveía la ley cuando el autor del lavado de dinero era un funcionario público, además de la ausencia de actuaciones judiciales. Sobre la base del sobreseimiento, los abogados de Antonini Wilson, a quien graciosamente las autoridades continúan llamando “prófugo”, reclamarán la devolución del dinero incautado. 

3.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000

De no haber nuevas postergaciones, se estableció como fecha de inicio del juicio oral el próximo 14 de agosto, ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Es un caso que políticos y gremialistas presentaron reiteradamente a la sociedad como un hecho emblemático de corrupción, y supuestamente motivara la renuncia del en ese entonces vicepresidente de la Nación y presidente del Senado Carlos Alvarez, lo que debilitó ostensiblemente al gobierno de la Alianza. Alvarez, actualmente funcionario de gobierno ante la ALADI, será un testigo privilegiado. También lo será Hugo Moyano, quien continúa al frente de la CGT, y denunciara la coima por todos los medios de comunicación. Finalmente cumplirá un rol decisivo el informe del Servicio de Inteligencia del Estado, que supuestamente aportó los fondos para el pago de las coimas a los senadores, y que esta bajo la dependencia del actual gobierno. Parece un caso tan sencillo, que cabe preguntarse: se demostrará finalmente el delito y habrá condenas? 

4.- Causa por la tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, tuvo como novedad la excarcelación por orden de la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Catani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, de los directivos de la empresa concesionaria TBA          Cirigliano y Ferrari, que fueran detenidos por el juez Bonadío el pasado 04 de junio bajo la acusación de haber ocultado y/o destruído documentación contable de la empresa que posibilitara verificar el destino dado a los subsidios estatales. El fallo de los camaristas se sustenta en que “la eventual verificación de los faltantes o aún los hallazgos de documentación dañada se aprecian como el resultado de la falta de un método asegurativo eficaz, tanto de quien debía proteger la prueba, como de quienes procuraron su resguardo”, en una clara crítica al juez Bonadío y funcionarios estatales.

5.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, proveedora del Estado 

Concretada las sustituciones del juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, la causa que desde febrero de 2012 investiga la participación de funcionarios públicos en el atípico trámite de levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone, que cuenta entre los sospechados al vicepresidente Amado Boudou por participación societaria, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, la investigación entró en el terreno de la lentitud habitual. La gravedad del hecho se acentúa por haber contratado el Banco Central con la imprenta, sin conocer quienes son los dueños de la empresa controlante The Old Fund, la impresión de 410 millones de pesos argentinos. Además, la cara visible del grupo inversor, Vandenbroele, no entregó la información de la titularidad de dicho fondo que le solicitara el juez en lo comercial Javier Cosentino, que levantara la quiebre a solicitud de la AFIP. Pese a la negativa, el dr. Cosentino no adoptó decisiones como la de anular dicho levantamiento. Mientras los jueces piden y no le dan, surgió una importante novedad: de la Inspección General de Justicia que preside el dr. Marcelo Mamberti, desapareció el legajo de The Old Fund, el misterioso fondo que contrata con el Estado.

6.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

La causa iniciada en mayo de 2011 a cargo del juez Norberto Oyarbide, continúa tramitándose con la extrema lentitud que posibilitó la desaparición de pruebas fundamentales. Recién en mayo último citó a declarar al principal acusado, Sergio Schocklender, el que quedó detenido junto con su hermano y su contador. Posteriormente la Cámara decidió que podían ser excarcelados bajo fianza. A la fecha continúan sin ser citados los funcionarios públicos responsables del contralor de la utilización de los fondos por parte de la Fundación, arqto. Bontempo e ing. Fatala, cuyas declaraciones son esenciales para la causa. Para generar más confusión, la responsabilidad de éstos funcionarios es investigada en otro juzgado por el juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que solicitó un informe sobre la ruta del dinero a la Auditoría General de la Nación encabezada por Leandro Despouy, que como se recordará había comprometido un informe sobre la Fundación hace más de diez meses, pero el juez Oyarbide le negó el acceso al expediente. La intencional pérdida de tiempo es clara. A fin de junio el fiscal actuante Jorge Di Lello presentó un escrito a Oyarbide advirtiendo sobre la necesidad de “no dilatar más la etapa de instrucción”. De todos modos estos reclamos mueven al escepticismo, por ser habituales estos “retos” desde variadas instancias judiciales, pero sin que los jueces que perjudican las causas sean removidos.

La propuesta de un seguimiento mensual rutinario de causas que comprometen fondos públicos del Estado, más allá de mantener vigente la atención ciudadana sobre causas, jueces, plazos, prescripciones y sobreseimientos, tendrá el enorme valor de establecer una matriz de impunidad. Obsérvese que en el caso de enriquecimiento ilícito de Jaime, se anuló el valor probatorio de cientos de mails porque el juez Oyarbide no citó a la parte acusada para que presenciara el peritaje de las computadoras de su asesor Vázquez. En el caso de la responsabilidad empresaria en el accidente de Once, se excarceló a directivos de la empresa porque el juez Bonadío no protegió adecuadamente la documentación contable de la empresa. En el caso del levantamiento de la quiebra de la ex imprenta Ciccone, desapareció de la Inspección General de Justicia el legajo del fondo controlante The Old Fund, cuyos dueños se desconocen.

El seguimiento regular de distintos casos, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del Estado.