CUANDO LAS REFORMAS SON CONSERVADORAS

Una peculiaridad del desarrollo político argentino de los últimos veinte años, es que ora neoliberales, ora progresistas, los representantes políticos, empresariales y gremiales son inevitablemente los mismos. El fenómeno no responde a una sorprendente incapacidad ciudadana en la utilización adecuada de los instrumentos que toda democracia debe brindar para elegir a sus representantes, sino en la manipulación ya habitual que ante la proximidad de elecciones nacionales se realiza de la Constitución Nacional y leyes electorales, con el único objeto de alcanzar el fin que caracterizó al llamado conservadorismo: precisamente el de conservar, en éste caso privilegios de la clase dirigente enquistada en el poder. Casi naturalmente el fenómeno deriva en oligarquías gobernantes, que en la ciencia política se entienden como forma de gobierno en la que el poder está en manos de pocas personas.

Este afán de conservar privilegios hace que quienes los usufructúan promuevan reformas en las que el interés particular prima sobre cualquier concepción ideológica con la que se intente enmascarar su implementación. Los discursos y metodologías empleados por los progresistas de hoy, no serán muy distintos de los proclamados por los neoliberales de ayer, durante la presidencia de Menem. La búsqueda de la perpetuación de los personalismos bajo la legitimación del voto, dado que las Constituciones no impiden la continuidad de los partidos políticos, concluye con la inevitable consecuencia del subdesarrollo y pérdida de libertades.  La historia está plagada de ejemplos al respecto. Las justificaciones de los portavoces reformistas son denigrantes para cualquier sociedad medianamente civilizada: “El líder es la única persona que puede gobernarnos; no hay otra opción”. Más grave aún es que quienes invocan engañosamente que el voto ciudadano habilita cualquier perpetuidad de mandatos, tras cartón implementan reformas al sistema electoral para distorsionar el voto de las mayorías, tales como la Ley de Lemas, por la que el candidato ganador no necesariamente debe ser el más votado; las Listas Colectoras, por las que dirigentes “todoterreno” alcanzan cargos legislativos al amparo de ir como adherentes de candidatos presidenciales que no pertenecen a su movimiento; o las escandalosas “candidaturas testimoniales”, por la que se integran listas para cargos legislativos con gobernadores  y funcionarios políticos que no asumirían en caso de ser votados. Todas estas burlas a la ciudadanía son amparadas, cuando no, por los jueces federales con competencia electoral. Valga un ejemplo: con motivo de las candidaturas testimoniales en la elección legislativa del 2009, el juez  electoral de la provincia de Buenos Aires Manuel Blanco expresó que hasta tanto no se concretara la irregularidad de que los elegidos no asumieran, no podía prejuzgar. La irregularidad se concretó, y el juez Blanco no actuó. Claro está que el entusiasmo reformista jamás alcanza a eliminar las llamadas “listas sábanas”, por las que se digita quienes encabezarán las listas para legisladores de los distintos partidos, restando al ciudadano el poder de elegir a sus candidatos preferidos.

Ante este cuadro de situación, debatir el sentido de incluir como votantes a los mayores de 16 años, o hacer hincapié en que la nueva reforma constitucional pretende habilitar nuevas reelecciones de quien gobierna, es distraer a la ciudadanía con frases altisonantes, en lugar de plantear temarios mucho más trascendentes. No podemos ser nuevamente engañados en las elecciones legislativas del próximo año por supuestos opositores que se presentarán como tales para alcanzar un escaño legislativo, y posteriormente negociarán con el gobierno habilitando la reforma. Ya nos pasó, y es un destino mucho más previsible en la actualidad, en donde la oposición como tal no existe, sino que está conformada por una suma de pequeños grupúsculos cerrados de supuestos dirigentes con escasa representación y con posturas amorfas y divergentes, como quedó demostrado en temas  trascendentes como la reforma del sistema jubilatorio, la estatización del paquete accionario mayoritario de Repsol-YPF, o la reciente estatización de la ex empresa Ciccone Calcográfica. Eso sí; como chicos juguetones de primaria, con rostros adustos informan a la sociedad con quienes podrían o no podrían “ir a tomar un café a la esquina”.

Más productivo sería establecer un amplio temario previo a un eventual debate de reforma constitucional, basado inicialmente en los manifiestos fracasos de la reforma de 1994, también plagada de grandilocuencias y resultados opuestos a los comprometidos. Citemos algunos ejemplos claramente demostrativos: se pretendió minimizar el fuerte presidencialismo con la creación de la Jefatura de Gabinete, que en la práctica es un cargo irrelevante que carece de autonomía y no cumple con sus obligaciones; se creó el Consejo de la Magistratura para despolitizar el mecanismo de selección de jueces, pero solo se generó un organismo inocuo e ineficiente dominado por los oficialismos de turno; se instauró la autonomía política, legislativa y de jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, que llevada a la práctica solo provocó que quienes viven y trabajan en la ciudad sean rehenes de conflictos políticos que le son ajenos entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad; se otorgó jerarquía constitucional a la Auditoría General de la Nación para controlar las acciones administrativas del Ejecutivo, para que su titular Leandro Despouy, elegido por el radicalismo como primera minoría legislativa, manifieste que carece de potestad para actuar por sí mismo ante los reiterados casos de corrupción en el gobierno. Para concluir, se destaca el más grave incumplimiento de la Constitución de 1994, que alcanza más de 15 años al vencer el plazo en 1997: no se elaboró un nuevo régimen de coparticipación federal entre Nación y Provincias. Esta sola omisión indica que carece de sentido debatir sobre una reforma constitucional, cuando el nuevo régimen de coparticipación debe ser exigible previo a cualquier planteo en tal sentido.  

Durante este período preliminar de propuestas y análisis, deberá observarse sin surge una oposición que aunque incipiente, sea coherente en lo ideológico,  con legitimidad de representación, y un programa de gobierno alternativo con compromisos concretos. Porque si continúa la vigencia de los “mini líderes opositores” actuales, de extrema mediocridad y sin el respaldo numérico suficiente para ser considerados una alternativa seria de gobierno, a la sociedad solo le restará asistir una vez mas a una puja electoral entre sectores internos del actual gobierno, en donde varios de los principales personajes en pugna recuerdan la famosa frase del Príncipe de Salina, personaje de la obra “Il Gatopardo” escrita por Giuseppe di Lampedusa, cuando comprende que el final de la supremacía de la aristocracia se acerca: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Políticos, empresarios y gremialistas argentinos, han seguido este consejo con gran aplicación durante los últimos veinte años.

Próxima reflexión: viernes 12 de octubre

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA SEPTIEMBRE 2012

Continuando con la agenda mensual que permita seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucren a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, con la consecuencia del empobrecimiento social y pérdidas de vidas humanas en casos extremos, publicamos las novedades judiciales recientes.

1.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000

Tras doce años, finalmente el 14 de agosto comenzó el juicio ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Las declaraciones efectuadas hasta el momento no agregan nueva información a lo públicamente conocido, en base a la denuncia de quien supuestamente intermedió para los pagos de las coimas, el ahora arrepentido Pontaquarto. Quedan pendientes dos declaraciones esenciales: la del ex vicepresidente Carlos Alvarez que presidía el Senado en ese entonces, y fue uno de los principales responsables de la crisis política del gobierno de la Alianza con su renuncia al cargo. En la actualidad Alvarez es funcionario del gobierno en el exterior. Respecto a la presidente Cristina Kirchner, más importante que su declaración como testigo, es su eventual decisión de autorizar se informe si los fondos de los sobornos salieron efectivamente de la SIDE. De no haber aportes probatorios concretos en ambas declaraciones, es de suponer que el caso,  presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción, concluirá con sobreseimientos generalizados.

2.- Causa por la tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, y prácticamente desactivada la estrategia de presentar al conductor del tren como único responsable de la catástrofe, se ingresó en el habitual letargo de las causas que involucran a funcionarios y empresarios privados en casos de corrupción con dádivas y enriquecimientos ilícitos, a lo que se agrega la desaparición de documentación técnica y contable esencial. Comenzaron las habituales estrategias de las defensas de los involucrados de plantear impugnaciones y requerimientos insustanciales que son invariablemente aceptados por los jueces federales o sus instancias superiores, con el único objetivo de dilatar el avance de la causa hasta la dilución del impacto político. Lamentablemente para los familiares de las víctimas, y más allá de procesamientos menores, el destino de impunidad será irreversible.

3.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

La causa iniciada en febrero por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, sustituídos luego por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, investiga la participación de funcionarios públicos, entre los que se encuentran el vicepresidente Amado Boudou, en el atípico trámite de levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone y posteriores negociados con el Estado. La investigación entró en el terreno de la lentitud habitual, pese a que las pruebas de conexiones entre funcionarios públicos y empresarios privados se acumulan. Es importante señalar que la reciente privatización de la ex imprenta Ciccone no implica, como erróneamente se pretendió confundir a la opinión pública, actuar como cobertura que asegure impunidad. Las pruebas, ya sea por existencia u omisión de la documentación solicitada judicialmente, se encuentra en su totalidad en el juzgado.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

La causa a cargo del juez Norberto Oyarbide que se iniciara en mayo de 2011, y que  engañosamente se focalizara en Sergio Schocklender y su equipo de trabajo, cumplimentó la etapa de desaparición de pruebas contables y societarias fundamentales, por lo que también tiene un destino irreversible de impunidad, que seguramente a nadie sorprenderá.  Ello pese a que el fiscal actuante Jorge Di Lello presentó un escrito a Oyarbide advirtiendo sobre la necesidad de “no dilatar más la etapa de instrucción”. La impunidad alcanzará desde luego al mismo Schocklender, quien posee pruebas de desviación de los fondos públicos a distintos receptores políticos y particulares, que utilizará como salvoconducto. La responsabilidad por la entrega y contralor de los fondos a la Fundación por parte del arqto. Bontempo e ing. Fatala, insólitamente es investigada en otro juzgado, a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que solicitó hace más de dos meses una auditoría sobre la ruta del dinero a la Auditoría General de la Nación encabezada por Leandro Despouy, que como es habitual, a la fecha no presentó, sin explicitar las razones.

5.- Crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira

Prosigue el juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21, integrado por los camaristas Diego Barroetaveña; Carlos Bossi y Horacio Días, por el asesinato a tiros del militante Ferreira el 20 de octubre de 2011. El matiz político lo conforman sindicalistas, con el titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza a la cabeza, barras bravas del fútbol y policías, aunados en defensa de negocios paralelos a través de empresas tercerizadas para prestar servicios a las distintas concesionarias de las líneas de  ferrocarril.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado.

DE LA PERSECUCIÓN A LA JUSTICIA

La conferencia de prensa realizada por el titular de la AFIP Ricardo Echegaray el pasado viernes para referirse a las enormes evasiones impositivas detectadas en las transferencias de jugadores de fútbol, inicialmente debe dejar en claro que más allá de supuestas ideologías políticas, este accionar del gobierno es la actitud que cualquier ciudadano pretende de “sus representantes” ante los negociados. Si bien el funcionario dejó en claro que la responsabilidad de la AFIF se remite a evitar la evasión fiscal, no se puede eludir el reflexionar sobre las enseñanzas y consecuencias futuras del hecho.

Los argentinos estamos acostumbrados a las habituales grandilocuencias verbales de oficialistas y opositores respecto a la corrupción, que en los hechos se plasma en la total impunidad que el saqueo de los fondos públicos tienen en el ámbito del tercer poder “independiente” en un sistema democrático: el judicial, que es posible por la existencia de una fuerte cobertura política que excede a los oficialismos de turno. Toda impunidad tiene una primera etapa ineludible ante la opinión pública: desprestigiar y/o minimizar los hechos denunciados. Un ejemplo fue la defraudación de fondos públicos de la Fundación Sueños Compartidos encabezada por Hebe de Bonafini, que pretendió minimizarse con la consigna propagada por algunos políticos y periodistas de que las denuncias eran un ataque encubierto a las madres, como si miles de madres inocentes con hijos muertos o desaparecidos tuvieran que soportar además que se las utilice de pantalla para cubrir defraudaciones. Vale tener presente esta estrategia, porque en política la única condición humana que no existe es la de la ingenuidad. 

Por ello no ingresaremos en análisis secundarios respecto a porque ahora esta firmeza oficial, cuando las triangulaciones claramente ejemplificadas por Echegaray son públicas y notorias desde hace al menos quince años, y con los mismos clubes “pantalla” identificados en la conferencia de prensa. Las maniobras detectadas además de la evasión fiscal, permite intermediar las pertinentes coimas a dirigentes surgidas de tasaciones desmedidas de los jugadores, y como mayor cantidad de transferencias originan mayores negocios, se produce tal descontrol que los equipos se modifican sustancialmente cada seis meses, y aún en pleno desarrollo de los torneos se continúa comprando y vendiendo jugadores, existiendo casos en el que un mismo jugador llegó a integrar tres clubes distintos en un mismo año. La natural consecuencia de tanto dislate es la permanente renuncia de directores técnicos, que no pueden armar equipos coherentes si no es con intervención divina; clubes denominados grandes quebrados por no decir saqueados, y un nivel general futbolístico pobrísimo.

Inevitablemente se intentó enmascarar el fondo de la cuestión por sectores interesados, y surgieron sapiencias jurídicas de algunos periodistas que afirmaron que en realidad no hay “evasión” (no pagar impuestos violando lo establecido por ley), sino “elusión” (no pagar impuestos con maniobras que aprovechan vacíos de la ley), en cuyo caso no hay delito. Echegaray fue claro y firme: los impuestos se pagan o no se pagan, y los paraísos fiscales deportivos fueron creados para evadir. Esta afirmación rotunda obró a manera de revelación mística sobre los dirigentes de la AFA; presidentes de clubes de fútbol, y el presidente de Futbolistas Agremiados Sergio Marchi, quien ni siquiera insinuó la posibilidad de llamar a un paro en defensa de la libertad de trabajo de los jugadores afectados. Todos ellos expresaron su total apoyo a las medidas de la AFIP,  lo que demuestra que cuando quienes nos representan actúan conforme a la ley, se acaban los engañosos debates ideológicos que, consciente o inconscientemente, solo disimulan corrupciones estructurales. Pero el delito no descansa, por lo que hacemos una reserva. Extraña que ningún medio de comunicación diera la lista de los casi ciento cincuenta “empresarios del fútbol” involucrados y con su CUIT inhabilitado. Sorprende la rápida solución dada a los encuadramientos contractuales de los jugadores, que son engorrosos y con importantes pérdidas económicas para las partes. Es de esperar que Echegaray brinde una nueva conferencia de prensa para informar como evolucionó el tema.

El caso no debe concluir en el elogio, sino significar un paso inicial para que el Estado profundice esta línea de acción. La actividad futbolística profesional refleja mejor que ninguna otra la confluencia cada vez mayor de intereses políticos, empresariales y gremiales, por su repercusión popular. Por ello, en relación a la directa participación del Estado en el negocio del fútbol, las críticas no deben agotarse en el uso propagandístico de los millonarios fondos que entrega a la AFA a través de Fútbol para Todos, lo que es criticable, pero es un vicio aplicable a sucesivos gobiernos en todos los ámbitos del país. Lo importante es que el Estado asuma la responsabilidad de controlar el destino de esos fondos para evitar el continuo empobrecimiento de los clubes de fútbol producto de los negociados de “empresarios y dirigentes del fútbol”, que presentan resultados económicos falseados en sus balances anuales, y organizan los torneos y los cronogramas de mercados de pases para favorecer sus negocios, en lugar de mejorar los espectáculos. La AFIP deberá actuar más estrictamente en el control del pago de impuestos de cada uno de los clubes, controlando la veracidad de las deudas declaradas en los balances primero, y exigiendo su cancelación anual después, evitando que cuando los socios votan gestiones que intenten acabar con la impunidad de conducciones anteriores, los dirigentes votados se encuentren con enormes deudas inmanejables con organismos oficiales que no fueron reclamadas en tiempo y forma, como sucediera recientemente en Independiente.

La clara exposición de Echegaray no solo mencionó la maniobra del mercado de pases en el fútbol, sino destacó el enorme avance tecnológico de los sistemas de control, que posibilita obtener información contable-tributaria de cada ciudadano casi en tiempo real. De ello deberán tomar nota fiscales y jueces federales para sus investigaciones por ostentosos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos, que invariablemente terminan impunes.