FANTASMAS DEL PASADO: ECONOMÍA 2001-2002

En el análisis de similitudes y diferencias entre el período 2001/02 y el actual, tratamos en la última reflexión el contexto político. Para incursionar en lo económico, es necesario establecer indicadores relevantes, con valores estadísticos comparables a lo largo del tiempo, para luego interrelacionarlos y proyectar evoluciones futuras. Para ello se adoptaron datos oficiales, según los Organismos específicos, hasta el 2013 inclusive. Se incluye al INDEC, pese a la adulteración de  datos estadísticos a partir de su intervención en el 2007.

Entre la multiplicidad de factores que origina una crisis terminal, dos son inevitables: pésimas conducciones políticas y alta corrupción. En el caso de nuestro país, desde hace décadas se sigue un mismo patrón: el Estado no genera riqueza para luego gastar y/o invertir, sino consume riqueza hasta límites de insolvencia, para luego reconstituir la caja estatal bajo el paraguas de emergencias económicas. Los recursos para volver a recaudar tampoco son novedosos: morosidad con los acreedores; confiscación de depósitos a pequeños y medianos ahorristas; congelamiento de salarios; privatizaciones y/o estatizaciones de las cajas de jubilaciones y empresas estatales. Bajo falsos debates ideológicos, se intenta disimular los objetivos: recuperar recursos públicos y seguir gastando irresponsablemente, con enriquecimientos desmedidos de funcionarios y empresarios.

Lo más preocupante de la crisis actual, aún dificultosamente manejable, es el discurso público de los por ahora oficialistas y supuestos opositores, coincidente en plantear que la ciudadanía tendrá que esperar 14 meses,  hasta diciembre del 2015, ya sea para perseverar en el “modelo” o para modificarlo. Aclaran, temerosos, que la crisis actual “nada tiene que ver con el 2001”. La afirmación es intencionadamente falaz; si no se toman decisiones de corto plazo que modifiquen el rumbo económico-social, se replicará  a fines del 2015 la estrategia de concordancia política para aplicar un feroz ajuste en “nombre de la salvación nacional”, utilizada en el 2002. Y para que no quepan dudas, con las mismas dirigencias, beneficiarios y víctimas de ese entonces.

Vayamos a los números. En un intento de enriquecer los reiterativos debates económicos, y a modo de mojón de partida para encarrilarlos y pasar de los diagnósticos a las propuestas, se propone un marco referencial con los siguientes indicadores económicos e hitos políticos claves:

INDICADORES ECONÓMICOS: 1) Deuda externa;  2) Reservas Banco Central;  3) Tipo de cambio ($/U$S);  4) Precios al Consumidor (inflación);  5) Tasa de desempleo.

HITOS POLÍTICOS: 1) diciembre 1999 (vence mandato de Menem);  2) diciembre 2001 (renuncia De la Rúa);  3) diciembre 2002 (asume Duhalde en enero);  4) diciembre 2003 (asume Kirchner en mayo);  5) diciembre 2014 (estimado).

Al respecto se elaboró un cuadro, inserto al pié, que visualizado en su globalidad y no en comparaciones interesadamente parcializadas, puede exhibir sorpresas. Por ejemplo, relacionar deuda externa y reservas del Banco Central en diciembre 2009 contra diciembre 2013. O ver el impacto que tuvo en tan solo dos años, entre 1999 y 2001,  la pérdida de 8.000 millones de dólares de reservas y el incremento del desempleo en 4,5%. Las recurrentes crisis en nuestro país, a partir de la célebre frase “hay que pasar el invierno”, pronunciada en 1962 por el Ministro de Economía Alvaro Alsogaray, tiene matices distintivos según la época: el que apuesta al dólar pierde; los depósitos de los argentinos son intangibles; los buitres nos atacan. Donde no hubo ni habrá matices diferenciales, lamentablemente, será en las soluciones: las ganancias se concentran y las pérdidas se diversifican. Y para la corrupción, garantismo. Observar el cuadro, e imaginar conclusiones.

Año	Deuda externa (u$s)	Reservas Banco Central (u$s)	Tipo de cambio      u$s x $	Precios consumidor (inflación)	Desempleo
Diciembre 1999 (cierre ciclo Menem)	145.289	27.831	1,00	-1,8	13,8
Diciembre 2001 (cae De la Rúa)	166.272	19.425	1,00	-1,5	18,3
Diciembre 2002 (en enero asumió Duhalde)	156.748	10.485	3,09	41	17,8
Diciembre 2003 (en mayo asumió Kirchner)	164.645	14.119	3,00	3,7	17,3
Diciembre 2013 (gestión Cristina Kirchner)	137.613	30.529	5,46	10,8	7,1
Diciembre 2014 (estimado)	sin datos serios	25.500	9,10	30	10

Fuente hasta diciembre 2013: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina

Para concluir con esta secuencia 2001-2002-2013, e ir avizorando nuestro destino en las postrimerías del 2015 y comienzo del 2016, en la próxima reflexión recordaremos parcialmente quiénes ganaron y quienes perdieron en la crisis 2001-2002. El método aplicado no fue neoliberal y/o nacional-popular, sino genérico. Se llama clase dirigente argentina.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE 2001 Y 2002

Los ciudadanos alejados de prebendas y/o negocios con el Estado, se aproximan peligrosamente al reclamo político de “Necesitamos del esfuerzo de todos los argentinos”. La consecuencia irremediable será que los más débiles deberán subsidiar a los responsables de las recurrentes crisis económicas, ya sea con indigencia, desempleo o pérdida de ahorros. Señalamos en la última reflexión similitudes y diferencias con la crisis que estalló en diciembre del 2001, en lo referido a lo político. Intentaremos hacerlo en el presente comentario en lo económico.

Se supone que apoyarse en números no debiera admitir grises: son ciertos o son falsos. Sin embargo es más fácil manipular a la opinión pública con números que con palabras. Cómo encarar un análisis entonces? En primer término, transparentando las fuentes de información. En este caso, se utilizó lo publicado en los principales medios de comunicación, entre septiembre de 2001 y abril de 2002, con opinión de analistas económicos, políticos, y datos de organismos oficiales y privados. Vale una aclaración que no debiera sorprender: la casi totalidad de los actores intervinientes en ese entonces, sean públicos, privados o gremiales, tienen vigencia hoy.

El siguiente paso sería establecer indicadores económicos y sociales relevantes, interrelacionándolos a lo largo de períodos claves. Es lo que se conoce como serie estadística comparable. Según sean las metodologías de relevamiento u objetivos sectoriales, siempre existirán diferencias entre fuentes estatales y privadas. Pero quien está obligado a ser técnicamente impecable y creíble es el Estado, no solo por abarcar el interés común de todos los argentinos, sino porque sus indicadores debieran determinar políticas de gobierno posibles. El manifiesto falseamiento de datos del INDEC trastoca de manera irresponsable la precisión en los análisis estadísticos secuenciales, y más grave aún, distorsiona predicciones económicas futuras. Para los sectores sociales más vulnerables, como les gusta denominarlos a los políticos, discutir si la inflación es del 25, 30 o 40 % es, sin exageración, criminal. Recordemos, para evitar que los empresarios se escondan tras la Presidente, que la cúpula de la Unión Industrial Argentina, entre otros sectores privados, avaló, consintió o ignoró la distorsión de datos del INDEC, por lo menos durante los tres primeros años.

Datos ciertos no son suficientes para informar a la población. Es necesario establecer una misma base de partida para todos los indicadores (base 100), y no saltar de mes en mes según nos convenga. Por ejemplo, supuestos éxitos actuales tienen valores muy distintos, según la base sea noviembre de 2001 o enero 2002. La razón es simple; la salida de la convertibilidad en enero con la fuerte devaluación, inicialmente con una paridad de 1,40 pesos por dólar, y que solo dos meses después alcanzara un valor de 4 pesos, redujo violentamente el poder adquisitivo y el empleo.  No fue en el gobierno de la Alianza, sino en el justicialista de Duhalde.

La primera enseñanza, es que la expresión de políticos y economistas planteándonos que hay que esperar hasta diciembre de 2015 para “que cambien las expectativas”, peca de necedad o de engaño. En el 2001 los problemas subyacentes de años atrás se desencadenaron en pocos meses. Diciembre 2015 queda muy lejos para esperar que las decisiones impopulares las tome el próximo gobierno, con el apoyo de la gran mayoría del actual espectro político, incluido el kirchnerista. Pasó en el 2001. El apoyo mancomunado que se le negó a De la Rúa, lo obtuvo Duhalde pocos días más tarde, con la adhesión del radicalismo incluida. Previamente se asistió a despiadadas internas justicialistas que dieron lugar a tres presidentes en diez días (Puerta, Rodriguez Saá y Caamaño). Una ironía típica de nuestra clase dirigente: el candidato de consenso elegido, Duhalde, había perdido las elecciones presidenciales tan solo dos años antes. El hartazgo llevó al recordado clamor popular: “Que se vayan todos”.

Tanto candidatos oficialistas por ahora, como opositores por ahora, todos ellos expertos en diagnósticos y paladines del canto “yo tengo fe”, debieran proponer acciones de corto plazo, y mediano plazo a partir de diciembre de 2015. La acción legislativa oficial y opositora, debe posibilitar adoptar decisiones en lo económico a ser mantenidas por el próximo gobierno, para no afectar una vez más al país. Y las propuestas divergentes, plasmarlas en lo que nuestros abuelos llamaban plataforma electoral. Solo una salvedad: que los consensos no incluyan mantener vigente la protección de la corrupción estatal/privada, que es la que origina, por otra parte, las recurrentes crisis económicas.

Con esta reseña preliminar, en la próxima reflexión daremos cifras comparativas entre el 2001/2002 y la actualidad. No menos interesante,  recordaremos sacrificios realizados por fuertes grupos económicos, ante el reclamo político de contar con “el esfuerzo de todos los argentinos”.

AMENAZA DESTITUYENTE: ESTRATEGIA O REALIDAD?

Desactivado el golpe militar para derrocar gobiernos constitucionales, los grupos civiles interesados en tal objetivo perdieron la cobertura uniformada.  Como sustituto apareció el sofisticado neologismo destituyente, o dicho más correctamente, “neogolpismo”. Consiste en el accionar de grupos pretendidamente demócratas, aunados para conspirar y actuar dentro de marcos supuestamente constitucionales, contra gobiernos democráticamente constituidos. El neogolpismo, impedido de invocar la otrora noble intención de “recuperar la democracia”, apela a nuevas terminologías, tales como vacío de poder o tendencias autoritarias, que para tener efecto exigen un caldo de cultivo ineludible: crisis económica y agitación social.

Esta modalidad tuvo varios ejemplos desde el 2000 a la fecha en nuestro continente, como en Argentina, Honduras y Paraguay. Ante el no muy lejano reemplazo del gobierno de la Alianza en el 2001, no debemos dejar pasar por alto las denuncias formuladas por la presidente Cristina Kirchner contra grupos tanto internos como externos.  Más aún, cuando los principales dirigentes políticos, gremiales y empresarios actuales, tuvieron activa participación en la acción destituyente contra el gobierno encabezado por De la Rúa, incluida la propia Presidente, entonces senadora nacional, que desde su banca exigió la inmediata renuncia del en ese entonces mandatario.

No es el objetivo reivindicar al gobierno de De la Rúa, lo que se asemejaría a un irrelevante ejercicio de opinión, sino mucho más preocupante, destacar peligrosas similitudes y diferencias en los campos políticos y económicos, entre la actualidad y la crisis del 2001. Preocupa particularmente, que tanto oficialistas como circunstanciales opositores intentan disimularlas o negarlas ante la opinión pública. Obviaremos amenazas externas, sean orientales u occidentales, y estériles debates sobre el fallo del senil juez Griessa; la mala Repsol o la buena Chevron; el malo Paul Singer o el bueno George Soros; la utilización de dólares o yuanes, etc. La razón es simple: cualquier ataque buitre externo necesita de la acción carroñera previa de buitres criollos. En nuestro caso, el nivel de corrupción y enriquecimientos patrimoniales de altos funcionarios públicos y empresarios asociados, indican la abundancia de la especie en nuestro país.

A diferencia del gobierno de la Alianza, la presidenta cuenta con el manejo de todos los resortes de información calificada en los campos de inteligencia, economía y política, tras once años ininterrumpidos de gestión kirchnerista. Posee el apoyo público de los gobernadores, mayoría en las dos Cámaras, un poder gremial debilitado por divisiones pero siempre listo para acuerdos en su propio interés, y un poder judicial cuanto menos, neutralizado. Con ninguno de estos beneficios contaba De la Rúa. Peor aún; su gobierno albergaba la cúpula del  Frente Grande, cuyos principales dirigentes se incorporaron a paquete cerrado al actual gobierno, entre ellos uno de los responsables de la debacle del 2001, el ex vicepresidente Carlos Alvarez.

Cuál es entonces la situación explosiva hoy? En lo político, un hecho reiterativo, que paradójicamente permitiera el ingreso de la Alianza al gobierno. Salvajes internas de raíz justicialista para mantener espacios de poder. Pero la acción destituyente del 2001, fracasó en el recurso de reemplazar anticipadamente gobiernos no justicialistas bajo el eslogan “no saben gobernar”, y se encontró con la sorpresiva y justificada reacción masiva de la sociedad, unificada bajo el recordado reclamo “que se vayan todos”. Ello generó un temor inédito en la clase política que aún perdura, y actúa como antídoto ante cualquier nuevo intento de neogolpismo. Salvo honrosas excepciones, los políticos del 2001se quedaron todos, pero al amparo de híbridos y oportunistas Frentes, Concertaciones, Uniones o similares, “enriquecidas”  con pequeñas agrupaciones sectoriales irrelevantes y casi patriarcales, solo útiles al efecto  de que sus progenitores políticos accedan a una banca legislativa o a un cargo público. En este esquema vigente, ser oficialista u opositor es solo una situación temporal acotada, por lo que la representación de los votantes es inexistente. Ello explica la desaparición de las plataformas electorales con compromisos concretos, y los partidos justicialista, radical y socialista identificados como tales en una elección.

Respecto al 2001, se observan dos indicadores en lo político: 1) la certeza que la dirigencia no volverá a intentar un neogolpismo destituyente, en defensa de su propia supervivencia. 2) un escenario político-partidario volátil y oportunista disfrazado de pragmático, mucho más peligroso que el que existía en el 2001.

En la próxima reflexión incursionaremos en indicadores de la economía, estableciendo diferencias y similitudes con la crisis del 2001. De no revertirlos, nos acercamos peligrosamente a la nefasta frase para  las clases medias y más vulnerables, en boca de políticos que viven de los recursos del Estado: “Necesitamos del esfuerzo de todos los argentinos”. 

ALTERNATIVAS DE PERSONAS Y NO DE POLÍTICAS

Señalábamos en la última reflexión que intentaríamos identificar los principios y programas que sustentan las tres opciones con caudal electoral necesario para ser consideradas opción de gobierno a partir de diciembre de 2015. Para ello partiremos de sus raíces históricas, que si bien puede parecer arbitrario, al menos nos evita partir de la atomización partidaria y la anomia. Son tres opciones que denominaremos:

1) Vertiente justicialista, se presente como oficialismo u oposición.

2)  Vertiente radical-socialista, circunstancialmente conocida como UNEN.

3) Vertiente partido nuevo conocido como PRO, con base en el Gobierno de la Ciudad.

La crisis política argentina aflora desde el inicio del intento de análisis: es mucho más inmediato establecer similitudes entre ellos que diferencias programáticas. Ello echa por tierra el engañoso reclamo preelectoral de “falta diálogo”, sino por el contrario, revela la existencia en las últimas décadas  de un permanente diálogo entre las mismas clases dirigentes, solo que basados en principios de permanencia e intereses personales, y no en reclamos sociales mayoritarios. Por otra parte, a falta de partidos tradicionales y consistentes que cohesionen opiniones y políticas, cabe preguntarse: diálogo con quienes?   Con los ex radicales Zamora, Posse y Moreau? Con los peronistas De Narváez, Mendiguren, Moyano y Menem? Con los mimados por Hebe de Bonafini, llámense Boudou, Schocklender y Milani? Con los mini partidos porteños de Solanas y Patricia Bullrich? Con la insoportable autosuficiencia de Elisa Carrió, creadora pertinaz de partidos? Con el actual funcionario y ex vicepresidente de la Alianza Carlos Alvarez?  Con los incombustibles De la Sota y Rodríguez Saa? Con la centro derecha, centro o centro izquierda? Con peronistas línea  menemista, kirchnerista o renovadora? Con radicales puros o radicales ex K?

Todos los citados conforman una mínima expresión de quienes han dialogado en forma sostenida durante las dos últimas décadas, siempre bajo el paraguas protector de los abundantes recursos del Estado. Cierto es que pueden existir algunas peleítas mediáticas, pero nada personal. Solo al efecto de mantener espacios de poder. Cumplido este requisito, el juego de alianzas puede ser insólito e infinito.  Citemos entonces similitudes entre quienes pretenden ser diferentes.

1.- Vulneración permanente de las leyes vigentes. El ejemplo más reciente es el desaforado inicio de la campaña electoral 2015, anticipando en 10 meses lo indicado en el artículo 31 del Capítulo IV de la ley electoral 26.571, que indica que la campaña electoral deberá iniciarse 30 días antes de las elecciones primarias, previstas para el domingo 09 de agosto de 2015.

2.- Mantenimiento de una anacrónica legislación de elección de candidatos, como las llamadas listas sábana y la no implementación del voto electrónico, entre otras medidas.

3.- Protección creciente de los funcionarios políticos para restringir al máximo el cumplimiento y conocimiento público de la declaración de bienes durante el desempeño de la función pública.

4.- Eludir la presentación de un proyecto de ley que establezca que todo funcionario procesado, de rango político, automáticamente deberá dejar su cargo, pues si bien le cabe presunción de inocencia, su condición procesal no lo habilita para manejar decisiones o recursos públicos. El caso más explícito es el del senador Carlos Menen, al que ninguna agrupación política pidió su desafuero. En Argentina, un condenado puede legislar.

5.- Cesión permanente al Gobierno nacional por parte de gobernadores y sus legisladores, de atribuciones que le son propias o corresponden al Poder Legislativo,  siendo los responsables, y no el Ejecutivo nacional que lo promueve, que el federalismo en nuestro país sea una entelequia.

6.- Negar el acceso de la población a los cargos públicos a través de concursos que reconozcan méritos y necesidades en pie de igualdad, manipulando los ingresos y obligando a que los ciudadanos paguen con sus impuestos bases militantes rentadas, transformando a las instituciones del Estado en costosas, ineficientes, y por lo tanto innecesarias.

A partir de esta realidad, intentaremos en la próxima reflexión un tibio y apresurado análisis de las opciones electorales para el 2015, al menos desde lo cuantitativo.