PSICOLOGÍA DEL AJUSTE

Los ajustes del Estado siempre fueron consecuencia de crisis en las cuentas públicas. Nunca para lograr una mejor eficacia en su funcionamiento. Por el contrario, las crisis nacen de burocracias insostenibles, prebendas públicas y privadas, y como natural consecuencia, recursos del Estado saqueados por la corrupción. No es complejo entenderlo. Imaginemos que un playboy mantenido, autoproclamado neoliberal o populista, se quedara sin dinero para derrochar. 

Nuestro país sufrió ajustes recurrentes y políticas fluctuantes en los últimos 57 años, si tomamos como punto de partida la recordada frase que para capear una nueva crisis, pronunciara el Ministro de Economía Álvaro Alsogaray en 1959: “Hay que pasar el invierno”. En la actualidad, la necesidad de un “ajuste” es planteada directa o indirectamente incluso por quienes lo critican. Conceptos cómo déficit fiscal, crecimiento de deuda externa e interna, y alta presión impositiva con alta evasión, no pueden coexistir en el tiempo. Pero es verdad que la historia indica que los derroches y posteriores ajustes los absorben los sectores medios (por captación de sus recursos), y los más vulnerables (por pobreza y marginalidad). Ello no debiera sorprender, dado que los ajustes los realizan quienes sectorialmente provocaron los desajustes, en cabeza de la genéricamente llamada “política”. Cómo lograr entonces un inédito ajuste virtuoso? Inicialmente clarificando conceptos.

Es habitual suponer que al hablar de cuentas públicas, el ajuste lo debe realizar exclusivamente el Estado, al que se lo asimila básicamente con el poder ejecutivo a través de la administración central y empresas públicas; obviando que también lo integran los poderes legislativo y judicial. Por otra parte, del balance presupuestario público participan indirecta o directamente las estructuras empresariales y gremiales. En estas instancias, los voceros de estos diversos sectores públicos y privados, practican el fenómeno psicológico de la doble personalidad, al que deberá prestársele atención para no ser nuevamente engañados tras las grandilocuencias discursivas. Consiste en un comportamiento humano por el cual la personalidad que predomina públicamente en una persona intenta ser racional y bien organizada invocando derechos y virtudes, mientras que la más oscura pretende mantener prebendas e inequidades, y está tan bien oculta que se vuelve invisible. Sus intereses se encubren tras la “defensa de los más necesitados”. Los subsidios injustificados a emprendimientos supuestamente privados que enriquecen a los funcionarios, empresarios y sindicalistas involucrados, por ejemplo, se los disfraza con la bienintencionada “creación y/o defensa de puestos de trabajo”. Fuentes laborales que concluido el maná del dinero público sin aportes privados de riesgo genuinos, concluyen con trabajadores en la calle y responsables de las maniobras enriquecidos. Para que nada cambie, sus beneficiarios nuevamente intentarán confundir derechos adquiridos con prebendas injustificadas, autonomías operativas con autonomías financieras, y obligaciones laborales ficticias o inequitativas con derechos.  

Por impericia o malicia, los ajustes se anuncian con objetivos cuantitativos “macro” (cantidad de personas, organismos, presupuestos). Pero por el filtro cualitativo “micro”, pasan sin costo las corporaciones políticas, empresarias y sindicales responsables. Una vez recompuesta la caja presupuestaria, el “playboy” del ejemplo retomará el derroche de los recursos públicos hasta la próxima crisis. Un cercano ejemplo de este esquema recurrente fue la resolución político-económica de la crisis 2001-2002, en donde la mala praxis no se redujo a los que se fueron en el helicóptero, sino incluyó a los que se quedaron en tierra. Los que no sobrevivieron tras la justificada reacción popular, fueron los partidos políticos. Considerando que la mayoría de los actores de entonces tienen vigencia hoy, lo comentaremos en la próxima opinión, por su utilidad ante el debate que se avecina.

Maquiavelo describió con precisión la relación entre la supuesta prodigalidad con los súbditos y las riquezas de quienes gobiernan: “Sucederá siempre que un príncipe que quiere conseguir fama de pródigo consumirá en tales obras todas sus riquezas, y se verá obligado si desea conservar su reputación, a imponer excesivos tributos, a ser riguroso en el cobro y hacer todas las cosas que hay que hacer para procurarse dinero”.

Buenos Aires, 27 de septiembre 2017

EL DOLOR COMO NEGOCIO

Ante hechos luctuosos como muerte, invalidez, desaparición, el dolor es natural patrimonio de familiares y allegados. Más allá de este entorno, surge el pésame y eventualmente tristeza y melancolía. Pero cuando se ingresa en ruines especulaciones políticas, el dolor se teatraliza cínicamente, exhibiendo total desprecio por quienes realmente lo sufren. Esta baja estrategia, por repetida, recibió una categorización descarnada carente de sutilezas: “tirar un desaparecido o un muerto a un gobierno”.

Duhalde debió acortar su mandato presidencial ante los asesinatos de Kosteki y Santillán en junio del 2002. Néstor Kirchner afrontó la desaparición nunca esclarecida de Julio López en septiembre del 2006. Cristina Kirchner la muerte de Mariano Ferreyra en octubre del 2010, y la aún no esclarecida muerte del fiscal Nisman, en enero del 2015. Hoy, el tema es la desaparición del hasta hace poco públicamente desconocido artesano Maldonado. El marco que otorga carácter político a estos casos, es que se producen por actos de violencia masivos, con la consecuente intervención de fuerzas de seguridad primero, y judiciales posteriormente. Las causas que los motivan pueden diferir. Movimientos sociales de desocupados; testigos contra responsables de genocidio; pujas internas gremiales; investigaciones que afecten a estratos del poder público, o reivindicaciones indígenas supuestamente hereditarias. Otra característica usual, salvo en el caso Nisman, es que las víctimas hasta el momento de convertirse en tales, son desconocidas para la opinión pública. Los organizadores y manipuladores siempre actúan en retaguardia.

En la interpretación oportunista y falsa del dolor, como no podía ser de otro modo, las conductas de los indignados no responden a principios, sino fluctúan según sus intereses. A un muerto en Argentina se le adjudica una valoración mayor que a más de cien muertos en Venezuela. Organizaciones que se autoproclaman defensoras de derechos humanos, se desentienden de las circunstancias de la muerte de un fiscal de la Nación. Desinterés y/o complicidad que compartieron con muchos colegas del fiscal. La foto de Maldonado la utilizan hoy una ex presidente, políticos, y hasta adolescentes que tomaron escuelas porteñas por una reforma educativa menor. Nisman no tuvo esa comprensión. Por el contrario, a horas de su muerte se inundó la ciudad con afiches que lo acusaban de ladrón y mujeriego. Sin embargo, a tres años de su muerte, tal velocidad comunicacional no se aplicó para que la sociedad sepa, al menos, si el fiscal se suicidó o lo asesinaron.

Cuando las víctimas son ciudadanos comunes que no brindan réditos al caranchismo político, aunque sean mucho más numerosas, no se transforman en emblemas. Ocupan circunstancialmente algún espacio en crónicas policiales, para ingresar luego al arcón de las estadísticas. Las polémicas se suavizan; a los muertos se los llama “víctimas de la inseguridad”. A las mujeres desaparecidas, se las supone “víctimas de organizaciones de trata”.

Los casos Nisman y Maldonado ejemplifican que las especulaciones políticas espúreas no esclarecen, sino por el contrario, ocultan. Se mezclan posibilidades con disparates; declaraciones judiciales verdaderas con falsas; pericias impresentables, y opinólogos expertos en técnicas investigativas, análisis informáticos y rastrillajes. El espectáculo concluye con un clásico del cine: dirigentes de la oposición pidiendo la renuncia de funcionarios del oficialismo. En el debate se obvia que la responsabilidad de llegar a la verdad es del Estado, a través de sus organismos de seguridad, inteligencia y judiciales, que poseen una condición natural: sus estructuras de personal son herencias de largo plazo, que a nivel cúpulas, un poder político embarcado en la corrupción convirtió en poco profesionales, cuando no cómplices. Las llamadas herencias económicas de las que tanto se habla, con sangre y dolor de los que menos tienen, son corregibles en plazos acotados. Las humanas no. Cabe preguntarse: nos dejaríamos operar por un cirujano que no ejerce desde hace años, o está acusado de mala praxis? En la actividad de organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad y judiciales, es posible. Es por corrupción o incapacidad? Las consecuencias son las mismas.

Por ello señores legisladores, pasada la elección del 22 de octubre, y sin invocar ampulosos acuerdos políticos, ponerse a trabajar seriamente en políticas de largo plazo eficaces. Acordar reformas estructurales virtuosas será el primer paso.

Buenos Aires, 20 de septiembre 2017