La aprobación en el Senado de la
Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de la Alianza, dio lugar al conocido
escándalo de sobornos a senadores. En 1999 apareció una denuncia anónima en la
sala de periodistas del Congreso. Días más tarde, el sindicalista Hugo Moyano declaró
que el entonces Ministro de Trabajo Flamarique, le manifestó que para convencer
a los senadores renuentes tenía una Banelco, originando una envidiable publicidad
para la tarjeta de crédito.
Se generó la obvia repercusión
pública, múltiples investigaciones y comentarios periodísticos, y las
habituales declaraciones políticas clamando castigo. La causa judicial se inició
en el 2000, a cargo del juez Liporaci, quien debió renunciar acusado de
enriquecimiento ilícito. En ese mismo año también renunció el vicepresidente
Carlos Alvarez, invocando abstractas causales de corrupción política en el
cuerpo legislativo, de cuya administración era responsable. Su decisión inició
la debacle del gobierno, que concluyera traumáticamente en diciembre del 2001.
En el 2003, recién asumida la presidencia, en un reportaje televisivo realizado
en su despacho, el fallecido Néstor Kirchner señaló el escritorio y dijo: “Acá
se pagaron los sobornos”; Días más tarde, se presentó en la justicia el
“arrepentido” ex secretario legislativo Pontaquarto, declarando haber distribuido
en efectivo los sobornos. Carlos Alvarez fue designado por el gobierno
kirchnerista en funciones en el exterior del país, que aún desempeña. Antonio
Caffiero, senador entonces, escribía un libro referido al caso.
Tamaña reacción de políticos,
gremialistas, y el propio Kirchner detallando el lugar en que se realizó el
pago, hacía suponer que el caso se cerraría a la brevedad, con sanciones ejemplares
que afectaran la reiterada y creciente corrupción política. Tras años de
dilaciones judiciales se inició el juicio oral, con más de 300 testimonios
prestados por acusados, acusadores, supuestos intermediarios, y el ex vicepresidente
Alvarez. La mandataria Cristina Kirchner por su parte, relevó de guardar
secreto a los funcionarios de la SIDE citados a declarar, atento que se suponía
que el dinero de las coimas se obtuvieron de los fondos reservados de dicho
organismo. En sede judicial y alejados de exhibiciones mediáticas sin costo, ninguno
de los declarantes aportó datos o pruebas fehacientes. Excluiremos al
“arrepentido” e inconsistente Pontaquarto, por ser un engranaje menor e
irrelevante en el sistema de impunidad política.
En diciembre de 2013, los integrantes del Tribunal
Oral Federal 3, Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez, emitieron un
fallo con sólidos fundamentos vertidos en 3.000 páginas, resolviendo la
absolución de todos los imputados. Esta decisión fue avalada posteriormente por
la Cámara Federal Penal. El fallo expresa que los
sucesos fueron entregados a la sociedad “de
manera irresponsable y sin
fundamentos por conocidos actores de la época, alentados, de igual modo, por el
dr. Carlos Liporaci, primer juez de la causa….”. Tras el fallo, el fiscal Eduardo Taiano
solicitó investigar a los testigos Alberto Fernández, Aníbal Ibarra y Daniel
Bravo (especialista en encontrar anónimos contra opositores), por sus
declaraciones sospechadas de falsas y contradictorias, respecto a una reunión
mantenida con Pontaquarto previo a su denuncia. El fiscal destacó también la
parcialidad manifiesta de algunos jueces intervinientes en la instrucción, en
especial Daniel Rafecas.
La analogía entre la actualidad y los supuestos sobornos a senadores hace más de 15 años, surge del abroquelamiento que entonces tuvieron distintos representantes políticos para aportar pruebas incriminatorias, lo que arroja una disyuntiva: los sobornos no existieron, y la metáfora de la Banelco se utilizó solo para un ruin juego político de desestabilización, o bien cumplidos dichos fines, las coimas se ocultaron para continuar con la trama de impunidad. Tres aspectos abonan el escepticismo, y su repercusión en la actualidad: 1) Muchos de los actores políticos de entonces mantienen plena vigencia hoy. 2) Desde el escándalo de los sobornos a la fecha, la corrupción se desmadró a niveles increíbles, sin sanciones. 3) Se mantuvieron inamovibles los fondos reservados de los servicios de inteligencia, más proclives a favorecer actos corruptos domésticos, que a proteger a los ciudadanos.
Para alertar un posible intento del sistema político-judicial-empresarial imperante desde hace dos décadas, de distraer el reclamo de la sociedad contra la corrupción con una “Banelco” retórica de justicia y transparencia, en la próxima reflexión analizaremos lo actuado legislativa y judicialmente en lo que va del 2016.
Buenos Aires, miércoles 28 de septiembre 2016
