EL GRAN ACUERDO POLÍTICO (segunda parte)

En la reflexión de la semana anterior analizamos los parámetros válidos que definen el ingreso razonable de un legislador en el marco del nivel salarial de una sociedad a la que dice representar, para recién entonces juzgar si el incremento del 150 % que se otorgaron a sus dietas en diciembre pasado responde a un principio de equidad.

A escala “macro” partimos del concepto de pirámide salarial como indicador de validez internacional para establecer las políticas de distribución del ingreso. Nos resta complementar el análisis reflexionando sobre el concepto de salario y/o retribución (dieta en el caso de los legisladores). Una definición adecuada y no sofisticada es que el salario es el pago que en forma periódica recibe un trabajador de su empleador a cambio de una actividad productiva, en el marco de una relación contractual. Esos pagos compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Cuando el pago no se realiza en forma periódica (quincenal, mensual), sino referido a una tarea determinada y acotada en el tiempo, la retribución adquiere el carácter de honorario.

Mas allá de la designación de salario, retribución, dieta u honorario, repárese que todo pago implica en su definición una actividad productiva (bienes, servicios,tareas), que para ser cumplimentadas exigen de los actores intervinientes tiempo y esfuerzo, el que es reconocido mediante un pago. En una sociedad existirán inevitablemente quienes por decisión propia o fuerza mayor, carezcan de esos requisitos necesarios; el nivel de subsistencia entonces no es cubierto por un salario, sino por políticas de asistencia social. Considerar ocupado a quien tiene un subsidio oficial llamado “plan trabajar” y no trabaja, es de por sí un contrasentido.

Ahora sí podemos preguntarnos: es lógico que nuestros legisladores cobren $ 35.000 mensuales de dieta, cuando delegaron su obligación de legislar en el Poder Ejecutivo, y prácticamente no elaboran leyes por sí mismos? Cuando no tienen un régimen de asistencia a su trabajo, con los pertinentes descuentos cuando correspondan? Cuando ni siquiera conocen a fondo las leyes que envía el Ejecutivo, y se remiten a aprobar o rechazar según mayorías y minorías? Cuando no ejercen sus funciones en las comisiones que deben controlar al Poder Ejecutivo, o la prestación de servicios públicos?

Surge entonces una pregunta inquietante: se puede recibir un pago regular o circunstancial trabajando en el Estado sin realizar una actividad productiva, y sin emplear tiempo y esfuerzo? En el caso de los legisladores la respuesta parecería ser afirmativa, pero obviamente “en el marco de la legalidad”. La siguiente pregunta es más inquietante aún, por no decir ingenua: puede el Estado manejarse en el marco de la ilegalidad? Desde luego: con sobresueldos no contabilizados o con las coimas, que son pagos que realizan privados a funcionarios públicos con dinero del Estado, que lo provee al privado para su retorno al funcionario aceptando sobrecostos de obras y servicios, o incumplimientos como contratistas del Estado, obviamente todo ello con la debida cobertura judicial.

A la luz de lo expuesto, cobra relevancia lo expresado por el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, al señalar que “me parece una hipocresía tanto revuelo. Si no, tenemos que dejar la política para ricos y ladrones”. Si consideramos que el aumento fue acordado por todos los legisladores sin discusión y en el mayor de los sigilos; que no se cumplen los requisitos de productividad, tiempo y esfuerzo, que se exigen a cualquier trabajador argentino; que no responde al concepto de “mercado” porque son fondos públicos; y el convencimiento que tiene el diputado Domínguez de los políticos argentinos, respecto a que si ganan “poco” serán ladrones, cabe preguntarse si en realidad el aumento de las dietas no fué una coima legalizada, para que los legisladores cumplan desde lo político con uno de los pilares del liberalismo económico sintetizado en la frase del economista francés Vincent de Gournay a mediados del siglo XVIII: “Laissez faire, laissez passer…” (dejar hacer; dejar pasar).

EL GRAN ACUERDO POLÍTICO (primera parte)

En la reflexión del pasado 20 de enero titulada “En política no hay año nuevo”, expresábamos: “El espíritu navideño hizo posible una nueva ratificación del gran consenso que existe entre las diversas fuerzas políticas. En un marco de reserva y sin debates ni acusaciones estridentes se aumentaron las dietas legislativas, con el beneplácito de neoliberales, progresistas, derechas, izquierdas, amigos y adversarios”.

Como es de conocimiento público, en esta semana varios medios de comunicación dieron detalles de los alcances de dicho aumento, dando lugar a las inevitables justificaciones multipartidarias, y declaraciones oportunistas de algunos diputados presuntamente progresistas, quienes manifestaron que solo tomaron conocimiento del aumento cuando cobraron por cajero. Sería menospreciar el significado político del hecho si se lo evaluara desde lo emocional, justificable desde el punto de vista de quienes teniendo la suerte de tener un trabajo estable llegan con sus ingresos a duras penas a fin de mes. La reflexión deberá encararse desde lo conceptual, que es lo que define realmente políticas de gobierno, y muestra el verdadero compromiso de las clases políticas con quienes dicen representar. Es además oportuna una reflexión de fondo, cuando están en pleno desarrollo las paritarias para establecer las remuneraciones mínimas de diversas actividades laborales, y a que recientemente la Presidenta anunció por cadena nacional que el haber jubilatorio mínimo será de $ 1.684, por aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Esta última mención no encubre una ironía malintencionada que caldee más aún los ánimos, sino por el contrario pretende que nos acerquemos al fondo de la cuestión.

La importancia del nivel de ingresos de los habitantes de un país para determinar su nivel de desarrollo económico y social es algo que comparten las filosofías de derecha e izquierda. Por lo tanto, cuáles serían los parámetros que establecen la razonabilidad de un salario o retribución? La cantidad de beneficiarios por ejemplo? Es un planteo recurrente que se volvió a mencionar con motivo del incremento de las dietas legislativas en más de un 150 %; los jubilados, docentes, personal de la salud, policías, entre otros, son millones, y los legisladores muy pocos. Pese a que este concepto monárquico provocó entre otros sucesos la Revolución Francesa, no lo desestimaremos porque continúa vigente a nivel mundial. Quizás sería mas lógico plantear que como resultado de la división del trabajo y sus retribuciones, se prorrateen los ingresos por el número de asalariados y establecer así un “producto por cápita”, comparándolo con el de otros países? Como elemento referencial puede ser útil, pero aplicado a la realidad hace recordar a un economista que señalaba irónicamente que este indicador nos puede decir que en Argentina se comen dos pollos por habitante/año, pero no reflejará cuantos de ellos se comieron cuatro pollos, y cuantos otros ninguno. Y si se aplica el concepto más universalmente aceptado de la pirámide salarial? Allá vamos.

Todos los indicadores económicos utilizados individualmente, sin interrelacionarlos con otros del mismo país (método utilizado hasta el hartazgo por los políticos y recomendado por los propagandistas), no reflejan la realidad. No tendría mucho sentido comparar el ingreso promedio por trabajador activo de Suiza, Argentina y Angola medido en dólares, por ejemplo, para mostrarnos políticas de distribución del ingreso, o “de la riqueza” si se quiere, término más marketinero, muy utilizado en países en donde los pobres son demasiados. Por el contrario utilizar el concepto de “pirámide salarial”, consistente en comparar los máximos salarios del extremo superior (muy pocos), con los mínimos salarios en la base (muchos), permitirá evaluar políticas de distribución del ingreso, con fuerte interrelación con su “política social”, al arrojar como resultado números abstractos de validez universal. Vale decir, permitirá medir adecuadamente sus desigualdades, y compararlas sin distorsiones dentro del país o con otros países. Cuanto mayor sea la diferencia, más regresivo será el sistema de distribución del ingreso o “de la riqueza”. Casi no hace falta agregar que inevitablemente las mayores diferencias se dan en los países más pobres, que también inevitablemente, tienen las clases dirigentes más ricas y en general corruptas. Para señalar realidades económicas no hace falta hacerse marxista.

La pirámide salarial no discrimina entre salarios públicos y privados; sencillamente evalúa ingresos globales en todo el país. Si consideramos que en el caso que nos ocupa estamos comparando únicamente salarios/jubilaciones manejados por el Estado (el dinero de todos que vuelve al pueblo, diría el especialista de marketing político), las conclusiones pueden ser más preocupantes. De ahí la mención al ingreso mínimo de los jubilados de $ 1.684, que cubre a millones de personas, y su comparación con el ingreso mínimo reconocido a los legisladores de $ 35.000, (veremos que es mucho más). La diferencia es de casi 21 veces. Lo mismo podrán hacer los docentes, empleados de comercio, personal de seguridad, etc., comparando las dietas legislativas con sus salarios mínimos que se aprobarán en breve.

La siguiente pregunta obvia es: éstas relaciones/diferencias salariales son excesivas o razonables? Como para establecer políticas serias hay que evitar demagogias (término más sofisticado que reemplaza a engaños), la pirámide salarial es insuficiente para arribar a una conclusión, porque falta analizar aspectos sustanciales que hacen al concepto de salario y/o retribución. El tema amerita seguir desarrollándolo en la próxima semana. Mientras tanto, quienes estén indignados por el incremento subrepticio de las dietas legislativas, deberán calmarse, y no olvidar que Argentina es un país de buena gente. Como se verá, el marketing político me capturó.

PARADOJAS O ESQUIZOFRENIAS ?

El reconocido analista político Mariano Grondona expresaba en su pasada columna dominical de La Nación: “El poder de Cristina Kirchner se halla en su apogeo. Viene de ser reelecta con el 54 por ciento de los votos. Tiene mayoría propia del Congreso (aunque no llega a los dos tercios que necesitaría para promover la reforma de la Constitución con vistas a su reelección indefinida). Mediante el manejo de la “caja”, subordina a todos los gobernadores de provincia con excepción de Mauricio Macri. No ha hecho caso a fallos judiciales que pretendían limitarla. Controla hasta el mínimo detalle de la economía. ¿Se quiere más?”.

Es interesante analizar este artículo, porque más allá de quienes les gusta etiquetar a las personas u opiniones por ideologías, el dr. Grondona es un reconocido intelectual crítico con el actual gobierno, y de alguna manera su artículo sintetiza el tenor de las evaluaciones que supuestas oposiciones formulan de la acción de gobierno, centradas con exclusividad en la figura de Cristina Kirchner, como en su momento lo fue en Néstor Kirchner. Este planteo no solo es peligroso para un normal desarrollo democrático, sino que configura junto con un nefasto sistema electoral, la base de sustentación que permite la permanencia ininterrumpida de una clase política acomodaticia, siempre inocente del pasado, que parafraseando a la diputada Conti podríamos llamar “eterna”.

Un poder presidencial absoluto en democracia es imposible sin tener un firme entramado de sustentación en niveles empresariales, gremiales, legislativos y judiciales. Ello implica un fuerte desgaste presidencial para negociar los intereses económicos sectoriales y personales de los involucrados. En sistemas dictatoriales se suman a estos actores las fuerzas de seguridad, no ya para buscar picardías juveniles de los opositores que se utilicen para denigrarlos, sino para aplicar el terror a todo lo que suponga disidencia.

El manejo de la “caja” que subordina a todos los gobernadores de provincia es imposible sin la total complacencia de la mayoría de ellos, ya que tienen en sus manos y en las de sus representantes cumplir con la Cláusula Transitoria sexta de la reforma constitucional de 1994, que imponía elaborar un nuevo régimen de coparticipación federal antes de la finalización del año 1996, mandato incumplido a la fecha.

Tampoco es responsabilidad de la Presidenta que en años de crecimiento “ histórico a tasas chinas” (podría decirse tasas brasileñas, chilenas, peruanas u otras naciones latinoamericanas, porque son similares), se apruebe reiteradamente el estado de emergencia económica por parte de representantes legislativos de todas las provincias, otorgando al Ejecutivo poderes discrecionales.

Los fundamentalismos, incapacidades, obsecuencias y engaños son tan criticables en el oficialismo como en las oposiciones. Los ciudadanos ya hemos vivido reiteradamente los resultados: dirigentes de primera línea pasaron de la irrestricta adhesión a Menen, al fervoroso compromiso con la Alianza, a trabajar codo a codo con Duhalde, y se incorporaron sin solución de continuidad a la lucha progresista del kirchnerismo. Justifican tamaño oportunismo en haber descubierto tardíamente que Menem era neoliberal; De la Rúa “aburrido”, y Duhalde jefe de una corporación mafiosa. Que excusa buscarán los irrestrictos adherentes a Cristina Kirchner cuando esta se encuentre en el llano, y deban realizar una nueva voltereta para mantener sus prebendas públicas?.

La realidad es que la sociedad no posee aún opciones de gobierno ni oposición inteligente, por lo que no debemos confundir como naciente oposición a disensos internos naturales en un partido único, no fundamentados en políticas, sino en intereses sectoriales. Si lúcidos analistas políticos como Grondona piensan que una alternativa de gobierno puede ser la “troika” (palabra usada en su columna) Scioli-Macri-Moyano, lo que se conseguirá es que quienes no compartan la perpetuación en el poder, se aferren casi con desesperación a “Cristina eterna”. Cabe señalar que el caso Macri merecerá un futuro comentario, porque se encuentra en una difícil encrucijada para definir una estrategia política para el 2015.

Esta recurrente y engañosa costumbre de centrar todo el devenir político positivo o negativo en Cristina Kirchner nos genera la duda si nos encontramos ante un fenómeno de paradojas o esquizofrenias.

Paradoja es una idea u opinión en apariencia verdadera, pero que en sí misma encierra una contradicción. Plantear que todo gira alrededor de Cristina Kirchner implicaría aceptar que empresarios, políticos, gremialistas y jueces son pusilánimes asustadizos ante cualquier reto, en cuyo caso no habría otra alternativa de que todo gire a su alrededor. Pero conocidos nuestros empresarios, políticos, gremialistas y jueces, muchos de ellos “eternos”, sabemos que ese supuesto temor, sin las correspondientes compensaciones para simularlo, no existe.

Esquizofrenia es un término psiquiátrico que caracterizan diversas alteraciones, una de las cuales esta la distorsión de la realidad.

Las paradojas se manifiestan al plantear a un actor excluyente para evaluar las decisiones de gobierno, ignorando las responsabilidades de funcionarios, legisladores, empresarios, financistas, gremialistas, entre otros. Es de hecho engañosa.

La esquizofrenia se trasluce en planteos reiterados, obsesivos y excluyentes ante personas o posturas, sin alternativas. En este caso no hay engaño; hay fanatismo.

Algo unifica a las paradojas y esquizofrenias de quienes están cercanos al poder: son costosos para el presupuesto público.

EL ANILLO DE OYARBIDE

Es sabido que existen dos vertientes clásicas para el análisis político: la utópica (Platón; Santo Tomás de Aquino), que parte desde un punto de vista ético aplicado a que la política debe estar al servicio de los demás (habitual en los discursos), y la escéptica (Maquiavelo; Max Weber), que la evalúa como es, y no como nos gustaría que fuera (habitual en las acciones).
Hace más de 500 años expresaba Maquiavelo en “El príncipe”, que “ni siquiera una facción victoriosa logró permanecer nunca unida, salvo cuando la facción rival era poderosa. Pero si esta era aniquilada por el bando en el poder, y la victoriosa ya no tenía temores que la limitara ni leyes que la controlasen, se dividía”
Si sustituímos los términos originales “facción” y “bando”, habituales en dicha época, veremos la increíble actualidad de la visión de Maquiavelo respecto a nuestra situación política. Otro término a sustituir es “aniquilar” cuando se refiere a la facción rival (hoy denominada oposición). En nuestro país no hizo falta aniquilar (derrotar), a la facción rival (oposición): esta se derrotó sola, o peor aún, nunca asumió el rol de oposición.
No es casual entonces que las mayores polémicas hoy se dan en el seno del propio gobierno, en donde predominan una vez mas los intereses sectoriales y particulares, antes que disensos en la aplicación de políticas de gobierno.
Pero como está claro que el poder aún continúa plenamente en manos de la Presidenta, con un contexto económico que más allá de predicciones no halagüeñas se lo permite, el juego de intereses en pugna es aún sordo, y enmascarados en el afable “Cristina”, que a futuro es más preocupante que “señora Presidenta”, como posiblemente opinaría Maquiavelo.

Cumplido el sueño de Pino Solanas de acabar con el bipartidismo, y comprobada su nefasta consecuencia, se deberá comenzar a reconstruir una alternativa de gobierno seria y coherente, que no solo actúe como oposición, sino también como sostén democrático legítimo surgido de un razonable apoyo popular a través del voto, para brindar apoyo institucional alejado de lo sectorial y de internismos, en las decisiones transformadoras que se compartan con el Gobierno. “Cristina” no podrá realizar cambios de fondo solo con adherentes obsecuentes y costosos, o con supuestos opositores volubles pagados de sí mismos, cuya preocupación inmediata es como mantendrán sus cargos legislativos en la elección de 2013. Por eso es necesario abandonar por un momento focalizar los debates en si Cristina es buena o mala, y echar una ojeada a las actividades de la oposición, aclarando que en la emergencia llamaremos “oposición” a aquéllos que al menos no proclaman “Cristina eterna”, o los que señalen todos sus defectos sin proponerle alternativas, que como legisladores y representantes partidarios están obligados a brindar.

En este objetivo, cabe analizar la denuncia judicial presentada al Consejo de la Magistratura por la diputada nacional Patricia Bullrich, para que se investigue al juez federal Norberto Oyarbide por la compra de un anillo de brillantes. Esta denuncia merece varias reflexiones, para que la ciudadanía no se vea engañada una vez mas por acciones escenográficas e insulsas, eludiendo transparentar los problemas de fondo.
1.- En primer lugar, una denuncia, a diferencia de una querella, no permite la intervención y seguimiento del denunciante en el expediente. Por lo tanto el objetivo es mediático, sin asumir responsabilidades ni aportar pruebas. Por lo tanto, en el manejo de responsabilidades públicas, basta de denuncias.
2.- Cabe preguntarse además: tiene sentido denunciar a Oyarbide por un anillo sea cual fuere su valor, cuando ningún político oficialista u opositor se preocupa de informar a la ciudadanía el trámite que siguieron las múltiples denuncias ante el Consejo de la Magistratura por su actuación como juez, y los fundamentos de eventuales faltas de mérito?
3.- Tiene sentido denunciarlo por un anillo cuando tiene absolutamente paralizada la investigación de la causa por los millones de dólares transferidos sin ningún control por organismos del Estado a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas, con la posterior defraudación de dichos fondos públicos?
4.- Tiene sentido denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura, cuando este organismo está acusado por supuestos opositores de actuar (o no actuar), por contar con una mayoría oficialista?

Qué debería entonces hacer un verdadero opositor, en su función de contralor que por su carácter de minoría le corresponde en un sistema democrático? Cuanto menos, informar a la comunidad de los actos de gobierno. En el caso del Consejo, informar como se votó ante pedidos de enjuiciamiento por mal desempeño de funciones de los magistrados, muy especialmente en los casos de delitos contra el Estado, o sea, de corrupción económica. En la práctica, esta acción es mas sencilla y positiva para la sociedad, que averiguar como compró el anillo Oyarbide. Los consejeros son solo trece: Oscar Aguad; Mario Cimadevilla; Stella Maris Córdoba; Alejandro Fargosi; Mario Fera; Marcelo Fuentes; Ada Iturrez de Capellini; Luis Ordiales; Carlos Moreno; Daniel Ostropolsky; Ricardo Recondo; Alejandro Sánchez Freytes y Manuel Urriza. Todos son abogados. Intencionadamente no se indica a que sectores representan, y menos aún se los tilda de oficialistas u opositores, porque sería prejuzgar. Son solo trece. Es mucho pedir que alguno de ellos o algún legislador “opositor” nos informe cómo votaron en cada caso de pedido de destitución, como por ejemplo, los que involucraron al juez Oyarbide? O quién o quienes mantienen “cajoneada” determinadas denuncias?

Vale el ejemplo del anillo, porque se avecina una etapa en que será muy importante desentrañar la realidad transmitida a la sociedad, cuando esté enmascarada en altisonancias verbales.
Cierra la reflexión Maquiavelo:”Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí mismo, el segundo entiende lo que otros disciernen y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.