LENGUAJE POLÍTICO ARCAICO

Transcurrido el primer año de gobierno nacional de la coalición Cambiemos, y de ejecutivos provinciales y municipales que tuvieron renovaciones generacionales en unos casos, o ratificaciones de conducciones casi feudales en otros, es oportuno reflexionar sobre transformaciones necesarias para que no se reiteren políticas pendulares recurrentes, que catalogadas como neoliberales o populistas, arrojaron un único resultado: políticos y empresarios enriquecidos, con población empobrecida. Los extremos del péndulo se repiten desde hace décadas. Se   adoptan decisiones meramente recaudatorias y/o confiscatorias ante emergencias económicas terminales, para que años más tarde, los mismos actores retomen un festival de gastos públicos irresponsables y corruptos. Sirvan de ejemplo las privatizaciones y reestatizaciones de YPF, Aerolíneas y sistema jubilatorio.

Se entiende como lenguaje político los mensajes propalados a través de diversos medios de comunicación en busca de adhesión, presentando a la opinión como si fuera información. Con el surgimiento de los regímenes totalitarios del siglo XX, y el simultáneo desarrollo tecnológico que permitió comunicar masivamente a grandes distancias, surgieron las reglas de propaganda política hoy vigentes, direccionadas a lo emocional antes que a lo racional. La posterior aparición de Internet y redes sociales, si bien expandieron el fenómeno, no modificó la esencia de las reglas originales. Por lo tanto, informarnos requiere el mismo esfuerzo que afrontábamos en las clásicas bibliotecas: buscar las fuentes relacionadas con el tema en cuestión, procesar datos y formar nuestra opinión.

Pero esta evolución comunicacional produjo una consecuencia en los actores políticos aún no debidamente mensurada. Se manifiesta principalmente en el sector legislativo, por su responsabilidad primaria de establecer leyes y normativas de los temas en debate (controles públicos, sanciones administrativas y penales, minoridad, leyes sociales, etc.). Mientras los ciudadanos incrementaron sus niveles de interacción y espíritu crítico, los legisladores, obligados a tener presencia activa en redes sociales y como panelistas en programas de opinión, desnudan preocupantes  contradicciones, desconocimientos y oportunismos. Se mantienen en el esquema de opinar, pero no de informar y/o formar.

Ejemplifiquemos con un tema de actualidad: la baja de imputabilidad de menores de 16 a 14 años. La legisladora “Doña Margarita” twitea que se opone, y el legislador “Don Raúl” que aprueba. Pero ninguno de ellos nos expresa cuáles son sus propuestas y las de sus bloques al respecto; cuándo las presentarán, y si atenderán integralmente la problemática, o serán parches acordes sucedan los hechos y repercutan en la sociedad. Aún con su limitación de caracteres y espacios, las propias redes sociales permiten brindar información. Solo se debe incluir el “link” que una vez abierto, permita conocer en detalle sus propuestas y proyectos de ley.

Paralelamente, este contexto digital brinda al ciudadano común una herramienta aún no usufructuada de modo adecuado. Consiste en no limitarnos a mantener el rol de usuarios pasivos característico de los medios clásicos (lector, oyente, espectador), pulsando “me gusta / no me gusta” o “seguir”, sino transformarnos en actores activos, exigiendo al legislador o funcionario propalador de mensajes sintéticos, respuesta a nuestros pedidos de información. Deberá ser una tarea persistente, porque políticos, empresarios y gremialistas no están preparados para responder, sino para convencer unilateralmente a receptores masivos, en base a frases hechas, verdades a medias o incomprobables. En la próxima opinión analizaremos algunos ejemplos de actualidad con frases o conceptos altisonantes que se viralizan, pero que nada aportan en la búsqueda de la verdad, o peor aún, la ocultan. 

   

Buenos Aires, 25 de enero de 2017

ËTICA CÍNICA

En un país con alta corrupción y pasividad judicial, cuya única estrategia defensiva de los funcionarios acusados es denunciar “persecución política”, resulta preocupante los reiterados y oportunistas pedidos de renuncia de integrantes del ejecutivo por parte de legisladores, basados en meros trascendidos periodísticos o delitos no comprobados. Pero es inadmisible que esos mismos “indignados” legislen para que un senador condenado y legisladores procesados por delitos comunes, puedan continuar ejerciendo sus funciones, o en esa condición presentarse como candidatos en las elecciones legislativas. Tales actitudes entran en el campo de la ética cínica, que permite el juego de la confusión para favorecer la impunidad. El cinismo es una escuela filosófica originada en la Grecia clásica, que con el tiempo adquirió su actual sentido peyorativo. Consiste en mentir para ocultar y/o defender acciones condenables con argumentos convincentes.

En este contexto, podría sospecharse que el abusivo uso del término ética no es casual. Pero desnuda una paradoja. Los que legislan leyes que los amparen para permanecer en sus funciones en caso de ser procesados, son los mismos que pretenden exhibir autoridad moral para reclamar renunciamientos éticos a funcionarios de otros poderes, a los que no están obligados por ley. Esta dicotomía explica el viejo juego político del “todo vale”. Para proteger corruptos se acude al principio de inocencia; para atacar adversarios, en nombre de la ética se apela al principio de sospecha. Ante esta dualidad, emerge una duda inquietante: cómo podemos detectar si el cinismo de ciertos legisladores se aplica solo como mera especulación política, actitud de por sí  dañina, o como estrategia planificada para mantener estructuras delictivas consolidadas? El reciente caso Gómez Centurión en la Aduana, actualiza este interrogante. La táctica de la sospecha y el desprestigio es un instrumento con diversas utilidades. Suele aplicarse sin disimulo, de forma persistente y simultánea, pues importa más instalar la duda que convencer. El ataque comunicacional para enlodar al fiscal Nisman a horas de su muerte, es un ejemplo cercano.

A diferencia del periodismo en su acepción general, que actúa como vehículo transmisor de información de origen variado sin certificar verosimilitud, el de investigación se caracteriza por una complejidad que requiere adecuada formación y soporte económico. Hugo Alconada Mon y Daniel Santoro, por citar dos prestigiosos ejemplos, detectan fuentes, identifican circuitos de dinero, cuentas bancarias y estructuras empresarias, cotejan datos, y transparentan tramas. Si el trabajo es profesional, se evitan selectividades políticas. Más allá de sus obvios impactos periodísticos, estas investigaciones tienen como naturales destinatarios a jueces y fiscales, que son quienes deben certificar autenticidad y peso probatorio de los elementos brindados a la opinión pública. Fue el periodismo de investigación el que desnudó la manifiesta morosidad de las tramitaciones judiciales ante tan valiosos aportes.  

Si bien nada impide que legisladores formulen denuncias utilizando trabajos periodísticos, sus obligaciones primigenias son las de legislar para definir delitos, y establecer normativas de control y sanción. Son los responsables de minimizar la práctica de la ética cínica, legislando que ningún funcionario del ejecutivo (salvo los que deben ser removidos por juicio político), legislativo y judicial, pueden desempeñar sus cargos en condición de procesados por delitos comunes. Ello no implica presunción de culpabilidad, sino un requisito ético del cargo con fuerza de ley. De no actuarse de este modo, las denuncias serán utilizadas tanto por oportunistas políticos, como por delincuentes vinculados a la corrupción público-privada para proteger sus redes de impunidad y enriquecimientos ilícitos. No es casual que en la Argentina los saqueadores de recursos del Estado, en lugar de fundamentar su inocencia, recurran al argumento “todos somos corruptos”. Para esta estrategia, la ética cínica es invalorable.

Buenos Aires, 18 de enero 2017