PARECER HONESTO SIN SERLO

Último momento. A partir del testimonio de un testigo reservado, el Senado de Estados Unidos logró el levantamiento del secreto bancario en dicho país, logrando amplia documentación de hechos ilícitos vinculados con lavado de dinero. Entre los investigados por la subcomisión encabezada por el demócrata Carl Levin, figuran empresas, empresarios, políticos, estudios jurídicos y contables de nuestro país, que utilizaron mayoritariamente instituciones financieras con base en Uruguay y Panamá para la fuga del dinero. Ante ello, se conformó una Comisión Investigadora integrada por nueve legisladores, que logró que los documentos y detalles de las cuentas correspondientes, les fueran enviados por el Senado norteamericano en 18 cajas. Esta noticia no se refiere al caso “Panamá Papers”. Es del año 2001.

La Comisión inició su tarea en mayo, y las conclusiones se dieron a conocer en agosto del mismo año. Tras duros enfrentamientos entre sus integrantes, se presentaron cuatro informes distintos, apelando a una conocida estrategia política, consistente en no consensuar el resultado de una investigación para licuar su efectividad. Entre los legisladores sabuesos, se encontraban Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña. Tras la caída de De la Rúa meses más tarde, a muchas de las grandes empresas involucradas se les estatizó parcialmente sus deudas en dólares, a través de la pesificación asimétrica.

La máquina del tiempo nos lleva al año 2014. El técnico informático de la sucursal de Ginebra del HSBC, Hervé Falciani, reveló información de más de 100.000 cuentas supuestamente no declaradas, de las cuales 4.040 eran de argentinos. Nuevamente se apeló al manual de los fuegos de artífico, y el 17 de diciembre se creó una Comisión Bicameral integrada por 5 senadores y 5 diputados, encabezada por el diputado del FPV Roberto Feletti. Políticos y funcionarios emitieron afirmaciones grandilocuentes; cifras impactantes, y clases teóricas de mecánicas de lavado. Como es usual, desde el oficialismo se hicieron trascender nombres de adversarios políticos incluidos en el listado. La febril actividad investigativa incluyó excursiones turísticas. Legisladores y funcionarios viajaron a París para entrevistarse con Falciani, y posteriormente a Suiza. Resultado final? No se produjo un informe con conclusiones. El oficialismo perdió las elecciones, y Feletti trasladó su lucha por la transparencia al municipio de La Matanza. La obra teatral “fuga de capitales” fue levantada de cartel.  

La remembranza histórica pretende que los ciudadanos no sean una vez más engañados por actores de una ficticia honestidad. La estrategia engañosa de ubicar el foco delictual e investigativo en el exterior, para evitar la identificación y castigo de los responsables vernáculos del saqueo de los recursos del Estado, se repite. Ricardo Echegaray, por ejemplo, titular de la AFIP en ese entonces, mientras anunciaba la fuga de más de 3.500 millones de dólares a través del HSBC, paralelamente refinanciaba con grandes facilidades deudas impositivas de fuertes empresarios, para que pudieran incrementar sus patrimonios. Inclusive el impuesto a los combustibles recaudados como agente de retención, y no reintegrados a la AFIP. El circuito se cierra con el intento de “negociar” con el poder político por las buenas o por las malas, a través de planificadas campañas mediáticas.   

Desde hace décadas existen las firmas “offshore” y cuentas no declaradas en el exterior. Su origen puede ser legal (debidamente declaradas en el país), o ilegal. En este último caso, pueden tener como fin la evasión (no pagar impuestos); corrupción (coimas entre funcionarios y privados), o lavado de dinero (fondos de organizaciones delictivas que necesitan ingresar al circuito legal). Pero para que la ilegalidad y fuga del dinero tengan lugar, ineludiblemente se debe contar con la complicidad, y excepcionalmente ineficacia, de autoridades políticas y organismos de control. No es necesario viajar a París para entrevistar a Falciani. Los responsables de la corrupción están en nuestro país: jueces, fiscales, Banco Central, AFIP, UIF, Inspección General de Justicia, Comisión Nacional de Valores y Oficina Anticorrupción. En el caso Panamá Papers, que concluirá sin resultados concretos, existe una salvedad. Debe investigarse rápidamente la participación del presidente Macri en el caso, evitándole intencionadas operaciones de desgaste. Para presionar y negociar impunidad, los corruptos no necesitan de la verdad. Con la sospecha les basta.

Buenos Aires, 26 de mayo de 2016

JUEGO DE ARTIFICIOS POLÍTICOS

Decía Maquiavelo hace más de 500 años: “Un príncipe jamás podrá dominar a un pueblo cuando lo tenga por enemigo, porque son muchos los que lo forman;a los nobles, como se trata de pocos, le será fácil”. Este principio no es una remembranza histórica extemporánea. Teórico político notable, Maquiavelo supo codificar prácticas que abrió el camino a las doctrinas políticas modernas. Además, fue un exquisito analista de la conducta humana en las luchas por el poder. Para Maquiavelo, “nobles” no refiere solo a derechos de cuna, sino comprende a plebeyos con pertenencia o cercanía al círculo áulico de las Cortes: militares destacados; comerciantes poderosos, e incluso bufones. Las recurrentes desmesuras de los privilegiados, en situaciones extremas provocaban levantamientos populares de los hambreados, generalmente sangrientos.

Las luchas por el poder en las sociedades democráticas modernas, adoptaron formas más civilizadas, pero no menos egoístas y personalistas. “Príncipes o princesas” de hoy, en las democracias imperfectas caen en autoritarismos explícitos, o intentan ocultarlos bajo el barniz de la legalidad. Para ello invocan situaciones de excepcionalidad que les permitan burlar leyes; promueven reelecciones indefinidas; arman listas sábanas de legisladores solo con sus consejeros inmediatos; implementan derechos sucesorios políticos familiares; crean inmunidades parlamentarias que los protejan de los delitos comunes. Sus “Cortes” incluyen también personajes tangenciales: piqueteros,  patoteros, pregoneros, e incluso bufones. Con el paso del tiempo y crecimiento demográfico, surgieron otros grupos de poder: judiciales, legislativos, gremiales y empresariales. Pero en los Estados modernos con baja institucionalidad democrática, el principio de Maquiavelo en cuanto a la mayor facilidad de tratar “con unos pocos”, no se modifica. En nuestro país, por ejemplo, la permanencia simultánea de distintas dirigencias a lo largo de décadas resulta asombrosa. El reclamo popular del 2001-2002, para “que se vayan todos” los dirigentes responsables, resultó un estruendoso fracaso. La “nobleza” se mantuvo inmutable.

Reconocer esta realidad es imprescindible para interpretar la actual situación de nuestro país, y nuestras similitudes con Brasil. Ambas crisis estallaron poco después que los pueblos se expresaran en elecciones generales libres; se invocaron razones tales como sobornos o falseamientos de estadísticas, no certificadas debidamente; vicepresidentes de uno y otro país tuvieron actuaciones oportunistas; cínicamente, supuestos oficialistas y opositores se unieron en un grandilocuente  “acuerdo patriótico de salvación nacional”. Tanto en el 2002 en Argentina, como probablemente en Brasil ahora, los “nobles” y su trama de corrupción intentarán permanecer. Nada nuevo para Maquiavelo; ya en su época se daban golpes “institucionales”, muchos de ellos invocando razones religiosas, para encubrir poder y corrupción.

Tanto Argentina como Brasil, tuvieron doce años ininterrumpidos de gobiernos híbridamente llamados “populistas”, con mejoras sociales iniciales evidentes, sin olvidar que las bases de referencia en ambos casos eran muy bajas. Atractivos conceptos ideológicos, ocultaban una corrupción pública-privada desaforada. El “derrame de riqueza”, mientras grupos empresarios crecían desmesuradamente no siempre con recursos propios, consistía en subsidiar a los pobres para mantener el “statu quo” del poder. No se puede ser tan ingenuo para pensar que en ambos países, los gobiernos se sostuvieron 12 años con el apoyo exclusivo de la izquierda, subvencionada además con recursos públicos. A diferencia de Brasil, en Argentina hubo un cambio de partido gobernante. El “kirchnerismo” solo identifica un período temporal, pero no diluye responsabilidades delictivas de muchos otros actores públicos y privados multipartidarios. Nuestra trama de impunidad no solo está intacta, sino que se debatirá ferozmente para mantener prebendas, fortunas mal habidas, y la habitual impunidad judicial. Es el titánico desafío que afrontan Macri y los políticos honestos.

Respecto a nuestro “mani pulite”, por el momento más escenográfico que eficaz, analizaremos en la próxima reflexión “estrategias de confusión” aplicadas por beneficiarios de la impunidad. Comenzaremos por diferenciar entre lavado de dinero, cuentas bancarias en el exterior, sociedades offshore, y responsabilidades de los organismos de control argentinos.

Buenos Aires, 18 de mayo 2016  

MANI PULITE O SPORCHE?

Las imágenes tienen el poder de exhibir hechos que nos hacen suponer que no existen intermediaciones con la realidad. En las guerras, por ejemplo, no  describen causas; muestran destrucción y muerte. En la tragedia ferroviaria de Once, tibiamente nos hicieron sospechar que la corrupción también mata. Pese a todo, continúa arraigada la creencia que la práctica del “roba pero hace”, es una ecuación cuyo resultado final es neutro.

El conocido video mostrando al círculo de Lázaro Báez contando millones de dólares en una financiera de Puerto Madero (solo una imagen), produjo sorpresa e indignación en la sociedad. Pero los principales sorprendidos parecieran haber sido el juez Casanello y el fiscal Marijuán, a cargo de la causa iniciada en el  2013. Recién ahora comenzaron con vertiginosas actuaciones judiciales, que aún continúan. Un factor no menor a considerar, es que en diciembre pasado asumió un gobierno de un signo político distinto al que condujera el país entre los años 2003-2015, que abarca el período investigado.  

Tras la repercusión mediática, diversos políticos, analistas y periodistas, dan por sentado un proceso “mani pulite” (manos limpias), rememorando lo actuado por la justicia italiana en 1992, que desactivara una extensa red de corrupción político-empresaria, con 1.233 condenas, prófugos y la caída del primer ministro socialista Bettino Craxi. Pero en nuestro caso, por el momento no se observan elementos tangibles que justifiquen tanto entusiasmo purificador. Inclusive, el despertar judicial podría ser sospechado de ser tácticas de distracción para capear el temporal. Porque a diferencia del caso italiano (o el brasileño en la actualidad), en nuestro país ha sido precisamente la justicia actora esencial en la protección del desaforado desarrollo de la corrupción estatal-privada. Ello se constata en el manejo laxo de los tiempos procesales; la manipulación de expedientes; escandalosos sobreseimientos de enriquecimientos ilícitos, y prescripciones para no llegar a la instancia oral. En síntesis, ausencia casi total de condenas.

Esta práctica ni se preocupó de apelar al disimulo. Cuando fiscales realizaron allanamientos sin aviso previo (Rívolo en el caso Ciccone), o investigaron movimientos de fondos sospechosos (Campagnoli en el caso Báez), fueron apartados sin miramientos de las causas. Campagnoli estuvo a un voto de ser destituido. En esta trama, recordar al juez Oyarbide resulta redundante. Estos antecedentes, entre muchos otros, nos muestran un contexto más próximo al de “mani sporche” (manos sucias), que al del “mani pulite” de 1992, con la actuación entre otros, del juez Di Pietro.

Quedan esperanzas entonces? Debieran producirse dos circunstancias: 1) que jueces y fiscales, sin necesidad de una ley especial, se declaren “arrepentidos” por lo actuado en las pasadas décadas, y actúen con eficacia para debilitar la fuerte trama de corrupción; 2) que la ciudadanía no abandone la presión social en el seguimiento de los casos, exigiendo, antes que detenciones circunstanciales, embargos preventivos inmediatos para recuperos de bienes bajo sospecha de corrupción (extinción de dominio), y finalmente, juicios orales en tiempos razonables. Los recuperos debieran ser aplicados a la ejecución de obras físicas de interés social (hospitales, escuelas, infraestructura), bajo la leyenda “construída con recupero de fondos de la corrupción”.  De este modo, los más necesitados se darán cuenta que el “roba pero hacen” es un engaño. Los políticos y empresarios ya lo saben.

Mientras se desarrollan las actuaciones judiciales, pondremos frases o acciones relacionadas bajo análisis. Recientemente el legislador porteño Gustavo Vera, conocido por su prédica contra el trabajo esclavo y la prostitución, en un panel de debate señaló que “el juez Casanello es honesto”. Por lo innecesario, el comentario despierta dudas. Más aún cuando Vera amplió su campo de acción a denuncias de todo tipo, que su verborragia hace poco claras en cuanto a fundamentos. Casanello y su ayudante Omar Orsi, se encuentran procesados por prevaricato (tomar una decisión injusta y arbitraria usando el cargo), por la demora en investigar a Lázaro Báez. Una cosa es la responsabilidad pública de opinólogos todo terreno, y otra muy distinta la de un legislador. De persistir Vera en el pecado de la soberbia para decidir quienes son honestos y quienes no, sin aportar pruebas fehacientes, su amigo el Papa Francisco debiera darle una penitencia.

Buenos Aires, 11 de mayo 2016

VERBORRAGIA, INCAPACIDAD O COMPLICIDAD?

La doble personalidad consiste en poseer una parte pública y cotidiana bien organizada, y otra oscura, enmascarándola para volverla invisible. Las novelas policiales habitualmente juegan con esta duplicidad, que pretende engañar a familiares, investigadores, policías y jueces. El espectáculo de la corrupción estatal-privada exhibida ante nuestros ojos en los últimos meses, si bien tiene ribetes novelescos, es dolorosamente real. Su existencia ha sido posible por la conformación de  un fuerte entramado del que participan políticos, legisladores, jueces, fiscales, periodistas, gremialistas y empresarios. Todos ellos lucharán con fiereza para proteger impunidades, libertades personales y patrimonios mal habidos. Para ello apelarán a sutiles o groseras tácticas de confusión, mezclando información con desinformación, realidad con escenografía. Ante esta duplicidad, en nuestra novela podremos descubrir a los asesinos, y lograr su condena?

Así como el libro o el cine son el vehículo de transmisión de la novela policial, en materia política, y de corrupción en particular, ese rol lo cumplen los medios de comunicación televisivos, escritos y radiales, a los que deben acudir los ciudadanos comunes, que carecen de información privilegiada. Pero el desarrollo de la trama, en lugar de estar predeterminado como en la novela, fluctúa en una permanente lucha para encubrir la verdad y manipular a la opinión púbica. No es fácil diferenciar entre buenos y malos, entre esclarecedores y manipuladores. Esto explica la razón por la que los gobiernos, cuanto más autoritarios son, mayor control intentan ejercer sobre la pluralidad de opiniones. Es lógico entonces comenzar el análisis de nuestro contexto y actores principales de la corrupción estatal-privada, con el rol de los medios de comunicación.

La libertad de prensa y/o expresión no es patrimonio del “periodismo bueno o malo”, sino resultado de la diversidad de medios y líneas de pensamiento. Que supuestos periodistas obsesivamente nos alerten sobre la existencia de “grupos mediáticos concentrados”, antes que mala fe hace suponer imbecilidad. Es claro que un título en primera plana de un diario, por ejemplo, se redacta para obtener determinado impacto. Es verdad también que existen grupos con tradición exclusivamente periodística, y otros que a la actividad le suman otros conglomerados empresariales, por lo que eventualmente podrían utilizar a sus medios como factor de presión, para obtener beneficios del poder de turno. Pero del mismo modo, mal pueden esclarecernos periodistas que doctoralmente denuncian la existencia de “grupos de poder mediático”, y a su vez son sostenidos con aportes privados o públicos que también responden a intereses políticos/económicos específicos, transformándose en pertinaces defensores de un pensamiento lineal, obcecado y uniforme.

La alternativa democrática a este dilema es la coexistencia de diferentes miradas e intereses en el campo de la información, que nos permitan formar nuestra propia opinión con bases sólidas. Para que “en lugar de reemplazar ideas por imágenes, pongamos las imágenes al servicio de las ideas”. (Marketing Político - Gustavo Pandiani). Diarios como Clarín y Nación quizás insistan con algo que en las actuales investigaciones pareciera irrelevante: Cristina puede terminar presa?. Pero  a su vez, Radio del Plata, de la empresa Electroingeniería, hace un condescendiente reportaje a Máximo Kirchner; o Canal C5N del grupo Cristóbal López, con grandes deudas impositivas, tiene a su panel de periodistas políticos  enfocados en preguntar: qué pasa con los Paraná Papers de Macri?

Maquiavelo señalaba que hay tres clases de cerebros: “el primero discierne por sí; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen”. No caer en este último grupo, que Maquiavelo llamaba inútil, debiera ser nuestro desafío, ante las batallas mediáticas que para encubrir/esclarecer seremos sometidos.

En última instancia, los medios de comunicación están supliendo obligaciones que naturalmente corresponden a funcionarios, legisladores, jueces y fiscales. La corrupción desaforada que nos azota, es una consecuencia de la práctica del secretismo (uso del secreto para lograr impunidad), que ha levantado vallas intencionadamente infranqueables para impedir que el ciudadano pueda informarse por sí mismo respecto al manejo de la cosa pública.  

Buenos Aires, 04 de mayo 2016