SUBSIDIOS CORRUPTOS

Las falacias, sinónimo de engaño,  son argumentaciones psicológicamente persuasivas pero incorrectas. Es habitual su uso en el discurso político, y para enmascarar la corrupción invocando fines virtuosos, como Patria; defensa de los humildes; derechos humanos. Pocos prestan atención al “como” se implementan tan altos objetivos. Entenderlo, explicará porqué la política de subsidios del último gobierno justicialista-kirchnerista, se instrumentó para enriquecer a funcionarios y empresarios asociados a través de los conocidos “retornos”, superando a los sobrecostos de obras públicas.

La problemática de los subsidios y regímenes promocionales estatales no es nueva, ni tampoco lo son sus resultados, manifestados en históricos vaciamientos de organismos e instituciones financieras públicas. Baste recordar al ex Banco Nacional de Desarrollo, liquidado en 1995, y las pérdidas económicas de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires en el 2002, causadas por deudores enriquecidos aceptados como morosos irrecuperables. Los perjuicios se agudizaron durante el gobierno anterior, por tres razones interrelacionadas: 1) una continuidad política de subsidios de doce años; 2) se subsidiaron por igual a ricos y pobres para facilitar el flujo masivo del dinero; 3) el dinero público se intermedió a través de prestadoras y concesionaria integradas a la trama de complicidad , en lugar de trasladarlos directamente a los sujetos pasibles de subsidio. O sea, la tormenta perfecta de la corrupción. Ante tan obvia metodología, resulta inexplicable el silencio de supuestos opositores, defensores de consumidores, y de quienes hoy apelan al clásico travestismo político: “yo nunca fuí kirchnerista”.

Como resultado del cambio de gobierno en diciembre del 2015, que interrumpió el néctar del dinero público envasado en subsidios y sobreprecios, los multimillonarios empresarios intentan readecuar tarifas, o bien abandonan en tropel sus negocios de riesgo patrimonial cero, dejando un tendal de desocupados.

En los grandilocuentes e insípidos debates por las tarifas, nadie aclara qué parte de las obligaciones contractuales fueron subsidiadas. Incluían el mantenimiento y ampliación de servicios? En caso afirmativo, porqué no se controló su cumplimiento? Si no los incluían, porqué los grupos empresarios nacionales y extranjeros de prestadoras como Metrogás, Camuzzi, Edenor, Edesur, entre otras, continuaron al frente del negocio? Quizás porque los subsidios eran a costa de inversiones, y les aseguraban sus ganancias, y el monto a devolver a los funcionarios como “retornos”? Doce años de continuidad política crean fuertes vínculos entre gobiernos y empresarios prebendarios. Un ejemplo. Ante la acusación de enriquecimiento ilícito contra Daniel Scioli, que incluía dos estancias en Tandil, se presentó ante el fiscal Garganta el empresario italiano Stefano Garilli, declarándose su propietario. Señaló que las alquilaba a Scioli cuando este lo requería, dada la buena relación entre ellos. Quién es Garilli? Hermano de Fabrizio, presidente del holding que en Argentina controla a Camuzzi Gas.

En casos de negociados “persona a persona”, ante el cambio de gobierno los multimillonarios no perdieron el tiempo. Spolzki y Garfunkel abandonaron sus medios de comunicación; los hermanos Rasic huyeron de la avícola Cresta Roja; Horacio Angeli despareció de Sol Líneas Aéreas. En su momento, los hermanos Cirigliano se habían declarado insolventes para no afrontar los costos de la tragedia ferroviaria de Once; el banquero Esquenazi vendió a “buitres extranjeros” sus acciones de YPF, pagadas no con capital propio, sino a costa de inversiones. Un caso representativo del uso de la pasión popular como vehículo de corrupción, es Fútbol para Todos. La dirigencia de clubes y de la AFA, cobija a funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, gremialistas, empresarios, multinacionales, intermediarios, barras bravas. El diálogo “multipartidario” fluído entre ellos, concluyó con la desaparición de millones de pesos del Estado, democráticamente distribuidos en bolsillos de derechas e izquierdas. Deportivamente, con clubes disfrazados de entidades sin fines de lucro fundidos, campeonatos disparatados, descensos de Ríver e Independiente sumidos en el saqueo. Hoy, este colectivo dirigencial culpable, reclama impávido: “si el Estado no nos da más plata, no jugamos”.

Buenos Aires, 25 de agosto 2016

Próxima opinión política, por viaje: miércoles, 21 de septiembre

DINERO DE LA POLÍTICA

La trama de impunidad vigente desde hace dos décadas, más allá del fuerte reclamo ciudadano, no será fácil desmontarla. Si hubiera triunfado la continuidad democrática representada por Scioli, obviamente jueces y fiscales continuarían inactivos, no existirían videos comprometedores, ni José López hubiera requerido el auxilio espiritual de la hermana Alba. Para profundizar esta hipótesis, el primer paso será eludir pistas falsas a través de la “grieta”, cuyo fin es evitar que la ciudadanía razone por si misma, y compre mensajes y hechos políticos, enlatados bajo las etiquetas “período Kirchner” o “período Macri”.

La grieta no es una creación argentina; responde a la teoría “amigo/enemigo” del filósofo del nazismo Carl Schmidt, fundada en que la acción política necesita producir mitos que comprometan a los individuos. Por ejemplo, Patria o buitres; liberación o dependencia; neoliberalismo o populismo. En principio, ambos gobiernos tienen diferencias temporales. El matrimonio Kirchner ejerció el gobierno ininterrumpidamente entre el 2003 y 2015. Macri en los últimos ocho meses. Kirchner debe rendir cuentas de lo actuado en el pasado. Macri lo realizado en el presente, con vista al futuro. En ambos casos, en su debida proporción, en un sistema constitucional las responsabilidades alcanzan a todos los ámbitos de representación. En especial, al que reúne todo el espectro político-partidario: el poder legislativo. Surge aquí la primera sospecha. La morosidad para avanzar en la aprobación de leyes anticorrupción concretas es preocupante, pero no tan sorprendente.

Paralelamente, jueces y fiscales van retomando sus ritmos relajados, confiando que el paso del tiempo irá aplacando el reclamo social de acabar con la corrupción estatal-privada. En esta etapa de transición, el interés mediático es mantenido a través de declaraciones o trascendidos de detenidos, sospechosos o familiares, que oscilan entre lo irrelevante, místico o críptico. La ex presidente Kirchner y la emblemática Hebe de Bonafini se suman de buen grado al espectáculo, solicitando resistir el embate de jueces que tardíamente pretenden investigar el destino de multimillonarios recursos sustraídos al Estado. Bonafini, demócrata sin par, se permitió una vez más insultar a un juez. Es el prestigio que la Justicia se supo ganar.

Sectores empresariales involucrados en la cadena de complicidad, realizan su aporte a través del ámbito legislativo, actuando como lobistas para evitar la sanción de leyes anticorrupción que los amenace, o ejerciendo presión y/o inducción a través de medios de medios de comunicación. En el Canal C5N, respondiendo al objetivo de su dueño acosado por investigaciones de evasión fiscal, los periodistas Navarro y Silvestre apelan a la presión, tratando de involucrar a Macri en actos corruptos, sean valederos o ficticios. Nadie duda que un “acuerdo patriótico” entre Macri y Cristóbal López, modificaría la línea editorial del canal. Y como ya pasara entre Víctor Hugo Morales y Néstor Kirchner, no sorprendería que Navarro se confesara macrista.

Analicemos ahora dos medios críticos del kirchnerismo: Clarín y La Nación. El primero, ante la manifiesta indolencia del senado para aprobar la ley del arrepentido, optó por la inducción. Dejó trascender comentarios altamente descalificatorios respecto de la solidez jurídica de lo aprobado por diputados.”Off de record”, menciona a Gil Lavedra y Arlasnián. La Nación por el contrario, destaca claramente la escasa voluntad política para aprobar leyes anticorrupción transformadoras. La estrategia dilatoria en el Senado queda expuesta con solo formularnos dos preguntas: 1) Los asesores jurídicos de los bloques políticos de diputados y senadores son distintos, o bien no intercambian información entre sí?  2) Conocen los legisladores, por ejemplo, las leyes del arrepentido aplicadas con éxito en Brasil y Estados Unidos?  

La última declaración título de página la aportó José López: “El dinero de los bolsos proviene de la política”. Vaya novedad. El dinero público se relaciona con la política; y quienes asumen la responsabilidad de administrarlo lo hacen a través de la política. La justicia federal no está ante un juicio entre Microsoft y Google por pelea de patentes, sino ante la obligación de diferenciar entre funcionarios y empresarios probos o corruptos.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016

EL ARREPENTIDO ES ....

A nivel mundial, los medios de comunicación han sido pilares fundamentales para la detección de casos de corrupción estatal-privada, y su difusión pública. En especial los radiales y televisivos, que llegan a franjas socio-culturales que, o bien carecen de formación adecuada, o de posibilidades de obtener información más amplia y compleja. Esta posibilidad brindada por la libertad de prensa, permite que la sociedad en su conjunto conozca comportamientos políticos e institucionales, sea en la defensa o depredación de los recursos del Estado. Pero también obliga a que los corruptos deban resignar el habitual “secretismo” del negociado, y deban proteger sus impunidades en el ámbito público. Apelan entonces a la estrategia de oponer desinformación a la información; falsedades a las verdades; periodismo mercenario al de investigación.

La consecuente diversidad de mensajes, nos plantea un desafío para formar nuestra propia opinión: razonar como sujetos críticos, en lugar de receptores pasivos. Una forma entretenida pero no menos útil de lograrlo, es analizar el desarrollo de los hechos a modo de una novela policial. Este rol detectivesco nos hará sospechar de las expectativas que despiertan posibles arrepentimientos de detenidos o de sus familiares. La primera contradicción, es que el arrepentimiento exige la admisión previa de culpabilidad, lo que hasta el momento no sucedió. Peor aún, lo que suponíamos una línea investigativa más simple, por pertenecer los funcionarios públicos involucrados a un escalafón de responsabilidades preestablecido, quedó desvirtuado. En sus primeras declaraciones, el funcionario de mayor jerarquía delegó responsabilidades en su segundo, éste en quien le sigue, y así sucesivamente. Esta estrategia trastoca inclusive el clásico formato novelístico policial, donde el asesino es quien menos sospechas despierta. En una época solía ser el mayordomo. Pero a este acelerado ritmo de delegación de culpas, los mayordomos del escalafón administrativo ya deberían poner barbas en remojo. 

Para mantener cierto entretenimiento mediático, las invocaciones de inocencia son matizadas con aspectos más domésticos, como crisis matrimoniales de los detenidos, José López bailando desnudo en su celda, o el narcotraficante Pérez Corradi y su abogado, contando versiones escuchadas en el café del barrio. Los detenidos a su vez, a través de reportajes formulan declaraciones crípticas con veladas amenazas a sus socios aún en libertad, o apelan a misticismos para que “se investigue hacia arriba”. La hermana Alba por su parte, es consultada para que profetice si jueces y fiscales diluirán nuevamente las causas con el paso del tiempo. Pero lo más importante ingresó en un cono de silencio: saber si la justicia está acumulando los elementos probatorios de carácter financiero, societario, de titularidad, administrativos y complicidades  existentes, solo ante los cuales sería posible que parte de los saqueadores estatales y privados negocien su arrepentimiento, que no será precisamente de carácter religioso.

La figura del arrepentido, casi desconocida hasta el presente año, ejemplifica lo difícil que será destruir la trama de complicidad. Esta ley es de aplicación en los países más desarrollados desde hace años. En Italia, para su combate contra la mafia; en Estados Unidos, se utilidad se demostró en el escándalo de la FIFA, que tiene a un empresario argentino detenido; en Brasil, en el caso de corrupción de Petrobrás, con políticos, legisladores y empresarios condenados.

En nuestro país, solo la exhibición obscena de millones de dólares robados al Estado, motivó que con escaso entusiasmo se planteara legislar leyes anticorrupción esenciales, entre ellas la del arrepentido. Se estaba en este incipiente debate, cuando al fiscal Raúl Pleé se le ocurrió publicar el 30 de marzo pasado en el diario La Nación, un artículo titulado “La ley del arrepentido está vigente”, e incluía el lavado de activos. Leonardo Fariña leyó el artículo, y días más tarde se arrepintió, con los resultados conocidos. Sin embargo, el poder legislativo continúa en mora respecto a legislar leyes contra la corrupción, lo que nos recuerda la sentencia de Solón: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016

ÉTICA DEL ENGAÑO

En toda novela policial, la búsqueda de culpables de delitos, confronta al investigador con mentiras y pistas falsas. Dado que nuestra sólida trama de corrupción estatal-privada se inserta en el campo político, a los habituales recursos de encubrimiento, se le suma la grandilocuencia discursiva. No sorprende entonces que en medio del lodazal, se utilice un concepto impactante, exento de toda sospecha: la ética. Los interesados en generar un estado de confusión al momento de establecer responsabilidades, muchas veces intentan mimetizar ética y delito. La ética sin embargo, es una rama de la filosofía referida al estudio de las acciones humanas y de la moral, que se basa en la obediencia de normas, costumbres y preceptos. Se diferencia de la ley, porque ninguna persona puede ser obligada por el Estado u otras personas a cumplir normas éticas en sí mismas, ni sufrir castigo o penalización por desobediencia de éstas. Para ser de cumplimiento obligatorio, deben estar incluidas en leyes o normas administrativas.

Mantener la condición ética, implica sustentarse en estándares de igualdad. No puede invocarse para justificar privilegios u ocultar delitos mediante canjes de intereses, como se hacía con espías durante la guerra fría, o entre bandas de delincuentes. Resulta oportunista plantear un supuesto conflicto de intereses del ministro de Energía Aranguren, salvo impedimento explícito por ley, por su reciente cargo directivo en la empresa Shell, de la que además recibió acciones, y simultáneamente, mantener el acuerdo político que permite utilizar fueros parlamentarios, para proteger a los legisladores por la comisión de delitos comunes, permitiendo además que como procesados, o aún condenados como es el caso del senador Menem, legislen. 

De ahí que las grandilocuencias semánticas, tales como Ética, Transparencia, Democratización, pueden encubrir objetivos contrarios. La ley de Ética Pública, promulgada en octubre de 1999, estableció el régimen de declaraciones juradas patrimoniales actualizadas anualmente, para un amplio rango de funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero nunca fue aplicada. Peor aún, se reformó en el año 2013, con menores exigencias en el detalle patrimonial a declarar. Muchos de los que votaron la reforma, cínicamente se preocupan hoy por las cuentas “off shore”. De haberse verificado el cumplimiento de las presentaciones anuales, para luego procesar datos y medir evoluciones, se hubiese evitado gran parte del saqueo de recursos. En este instrumento esencial para detectar corrupciones, como son las declaraciones anuales patrimoniales, no se cumplió con la ética ni con la ley. Estas omisiones fueron planificadas? Porqué no formularon reclamos supuestos opositores? 

Establecida la diferencia entre ética y ley, queda claro que nuestra tarea investigativa será en el marco de un “policial duro”, sembrado de delitos concretos contra la administración pública: asociaciones y enriquecimientos ilícitos; estafas; defraudaciones; peculados; prevaricatos; cohechos. Corrupción no es un concepto fácil de entender, y menos aún sus consecuencias directas sobre personas, bienes y desarrollo de un país. Pero hoy la sociedad pudo “materializar” la abstracción corrupción, viendo el conteo de millones de dólares en una oficina de un contratista de obra pública; millones de dólares escondidos en un convento por un ex Secretario de Obras Públicas; millones de dólares guardados en una caja de seguridad de la hija de una ex presidente. 

Encarar el análisis de los acontecimientos, implica establecer parámetros referenciales, tales como:

1.- Los grandes casos de corrupción que ocupan el centro de atención tras el cambio de gobierno, eran conocidos con detallada información del periodismo de investigación, desde hace al menos dos años.

2.- Los mismos jueces y fiscales que se mantuvieron cuanto menos inactivos desde ese entonces, son quienes hoy deben llevar adelante dichas causas.

3.- Las múltiples denuncias de enriquecimiento ilícito de altos y medianos funcionarios, que explican situaciones que hoy causan asombro, concluyeron en rápidos sobreseimientos, o en expedientes inactivos.

En la próxima reflexión analizaremos una figura ajena a lo religioso: el arrepentido. 

Buenos Aires, 03 de agosto de 2016