AJUSTES VICIOSOS

Decíamos en la última newsletter que el desprestigio del término “ajuste” aplicado en respuesta a crisis económico-sociales terminales, se justifica por los antecedentes. La primera contradicción, es que lo aplican los mismos sectores políticos, empresarios y gremiales que generaron las crisis, empleando en los anuncios indicadores económicos “macro” (globales), para no modificar los vicios estructurales concretos que les permite mantener prebendas. No es casual que en las últimas cuatro décadas se repitieran cíclicamente “ajustes viciosos”. Es oportuno ejemplificarlos recordando el más reciente, engañosamente llamado “crisis del 2001”, en lugar del 2001-2002. 

Marzo 2001.- Tras diez años de gobierno justicialista y con un déficit fiscal 7.350 millones de dólares, a 15 meses de asumida la presidencia De la Rúa designó a López Murphy como Ministro de Economía. Se anunció un severo ajuste fiscal por 2.000 millones de pesos/dólares, con recortes de fondos en las áreas de salud y educación, recortes en jubilaciones por 127 millones, achique y recorte en los programas sanitarios por 50 millones, un aumento del IVA del 15 al 21 % para espectáculos culturales, fútbol, teatro y cine, despido de 40.000 empleados públicos, flexibilización laboral, y recortes en las indemnizaciones por despido, entre las medidas más resonantes. López Murphy duró solo 15 días en su cargo.

Agosto 2001.- Los legisladores sancionaron la ley 25.466 de “Intangibilidad de los depósitos” de los ahorristas, que redundantemente expresaba que todo depósito captado por entidades financieras eran intangibles, por lo que el Estado nacional no podría alterar las condiciones pactadas. Fue un cínico engaño a los ahorristas.

Diciembre 2001.- El ministro Cavallo, reemplazante de López Murphy, estableció la restricción del dinero en efectivo depositado en bancos, con un tope de extracción de 250 pesos/dólares mensuales. A los pocos días cayó el gobierno de la Alianza, generándose una inédita rotación de dirigentes peronistas en la ocupación provisional de la presidencia. Se destacó un eufórico Rodríguez Saá, que declaró el no pago de la deuda externa, provocando la ovación de los legisladores presentes.

Enero 2002.- En medio de un caos político, el 03 de enero asumió la presidencia Eduardo Duhalde, quien de inmediato derogó la convertibilidad y pesificó los créditos en dólares. La devaluación inicial del 40%, en pocos días se duplicó. El corralito se transformó en corralón, confiscándose el ahorro privado con distintos plazos de devolución, según fueran pesos o dólares (éstos a 10 años). Por el contrario, a importantes empresas privadas y entidades financieras se les estatizó gran parte de sus deudas en dólares. La pobreza, que en diciembre era del 22%, alcanzó el 53%; la desocupación del 18,30% en diciembre, subió al 21,5% en el 2002. El severo ajuste fiscal de 2.000 dólares intentado por López Murphy, 10 meses más tarde constituía un retoque numérico menor. Pero nada cambió. La pobreza del 22% en diciembre del 2001, en diciembre del 2015 era del 29%.

Este cercano antecedente de “ajuste vicioso” llamado cínicamente por los políticos “patriótico”, permite destacar dos inconvenientes a sortear para manejar en la actualidad alternativas que permitan un inédito ajuste “virtuoso”. Ellos son: 

1.- Los principales actores políticos, empresarios y gremiales del 2001-2002, tienen plena vigencia. Con el agravante que el oportunismo destruyó identidades políticas y partidos consolidados. Hoy, ni el más avezado politólogo podría diferenciar entre los variados justicialismos, radicalismos, progresismos y afines. Basta mencionar que de las tres principales fuerzas que compitieron por la presidencia hace menos de 24 meses, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador no participan como tales en la legislativa de este año.

2.- El crecimiento desmesurado de las estructuras estatales, acompañó y/o protegió el crecimiento inédito de la corrupción estatal-privada. Históricamente circunscripta a cúpulas, en la última década se “democratizó”, extendiéndose a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fuerzas de seguridad, contratistas y/o proveedores del Estado, gremialistas empresarios, Universidades, Fundaciones, Cooperativas y entes relacionados con la Cultura. Con tres factores comunes: 1) saqueo de los recursos públicos; 2) involucrados autoproclamados “defensores de los pobres”; 3) una sólida trama político-judicial que asegura total impunidad.

Dicho esto, comencemos a desbrozar conceptos para un posible “ajuste virtuoso”.

Buenos Aires, 26 de julio 2017

HAGAMOS EL AJUSTE

Deben existir pocas frases más desprestigiadas que la del título de la presente opinión. Sin embargo, simboliza la práctica política más ejercitada en los últimos cincuenta años. Presuponer entonces que el término “ajuste” representa a determinada ideología política es una falsedad. Los hicieron militares, peronistas y radicales, muchas veces en forma despiadada, invocando “acuerdos políticos patrióticos ante emergencias terminales”. Acuerdos que eran suscriptos por los mismos sectores políticos, gremiales y empresarios causantes de las crisis. Cómo explicar entonces esta recurrencia histórica?

En principio, clarificando el significado de “ajuste”, que no es unívoco, como plantean mediocres recitadores de eslógans, o aviesos encubridores de intereses particulares y sectoriales.  El engaño consiste en promover el término “ajuste” como una lucha entre los que “más y menos tienen”, en lugar de pujas prebendarías entre sectores, sean públicos o privados. “Ajuste” es sinónimo de arreglar, convenir, adaptar, como también de estrechar; o amenazadoramente, “ajustar cuentas”. Por ello, cuando sectores políticos y empresarios hablan de ajuste como resultado de un déficit fiscal, debieran explicitar características y sectores involucrados. O sea, deben terminar con el cinismo.

Los antecedentes de los ajustes recientes, no son buenos para los más vulnerables y clases medias. Citemos solo tres: 1) confiscación de ahorros de pequeños y medianos ahorristas con Menem (plan Bonex en 1999), y con Duhalde (plan Boden en 2002); 2) devaluación superior al 100%, con estatización parcial de deudas en dólares de grandes grupos empresarios, en 2002; 3) subsidios a los servicios públicos únicamente para la ciudad de Buenos Aires y conurbano, que igualaban a los sectores más débiles con los de más alto poder adquisitivo, durante gran parte del kirchnerismo. El resultado de los ajustes fue inevitable: alta corrupción, con empresarios y funcionarios enriquecidos, y arcas públicas empobrecidas. Ante la superficialidad de los debates sobre el ajuste  destacaremos dos conceptos: 1) el discurso público que plantea compungidamente que “con la inflación pierden los que menos tienen”, omite señalar que además “ganan los que más tienen”. 2) El economista Roberto Frenkel, especialista en el estudio de la inflación en Argentina, en un reportaje en Clarín el 19 de junio de 2016 clarificó: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan”.

Con estos antecedentes, reclamar un “Pacto de la Moncloa” argentino en abstracto, sin especificar actores, objetivos y obligaciones, puede ser un desastre. Nuestra historia reciente está plagada de pactos que nos empobrecieron. Con el agravante que gran parte de los responsables, sean funcionarios, empresarios o gremialistas, mantienen plena vigencia.  No hay que remontarse mucho tiempo atrás para recordar el último acuerdo multipartidario opositor, que como pocos, exhibió el oportunismo y mediocridad política: la discusión legislativa sobre el impuesto a las ganancias el pasado mes de diciembre. Con ese motivo, la opinión que publicara el 21 de ese mes se tituló “La última cena política”, asimilando la recordada foto multipartidaria exhibida en los medios gráficos, al reconocido fresco de Leonardo Da Vinci en Milán. Expresaba un párrafo:

“El portavoz del acuerdo “en bien de los trabajadores” fue el diputado Kiciloff, quien anunció con enjundia que el mínimo no imponible de 15 mil pesos que él dejara un año antes como ministro de Economía, subiría a 45 mil pesos. El costo fiscal fue avalado entre otros por Marcos Lavagna, desoyendo el consejo de su padre Roberto, quien semanas antes había expresado su preocupación por el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento. Gioja, presidente del PJ y fervoroso defensor de la megaminería, nada dijo de la reinstalación de impuestos a la actividad minera. Los supuestos nuevos ingresos que pagarían los que “más tienen”, no incluían al sistema judicial exento de ganancias, sino solo a los  jueces que se incorporen a futuro, lo que es inconstitucional. El declamado impuesto al juego era 15 veces menor que el previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. El indefinido concepto de “inmuebles improductivos” recaudaba solo 60 millones de pesos. Paralelamente, el Senado tiene paralizada la ley de Extinción de Dominio aprobada en Diputados…”.  La ley que permite decomisar a funcionarios y empresarios bienes provenientes de la corrupción, aún continúa sin aprobarse.

A partir de este reciente debate, en la próxima opinión imaginaremos alternativas de ajuste casi imposibles, por basarse en principios de razonabilidad y justicia.

Buenos Aires, 19 de diciembre 2017

DE VIDO: VIRUS O VACUNA?

Para comprender el caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido, habría que analizarlo inicialmente desde un punto de vista médico antes que legal. Un virus es un microorganismo que se introduce como parásito en otras células para reproducirse, causando enfermedades en la población. Cuando su origen es desconocido es necesario identificarlo, para luego desarrollar la vacuna que brinde curación en lo inmediato, y protección e inmunidad a futuro. En nuestro país existe una enfermedad desde hace dos décadas con características de plaga,  que ha dejado un tendal de víctimas bajo los síntomas de  marginalidad, pobreza y delito. Es conocida como corrupción estatal-privada. Lo llamativo es que pese al tiempo transcurrido, los científicos investigadores (jueces y fiscales federales), no han descubierto la vacuna salvadora que acabaría con el negociado de venta de placebos caros e inocuos, permitiendo que los enormes beneficios para los involucrados se mantengan. Las asociaciones que regulan y controlan el ejercicio de la profesión científica (en este caso Consejo de la Magistratura y poder legislativo), no actúan sobre los responsables.  

Esta ineficacia y/o complicidad han generado virus de una resistencia formidable. El más conocido es el denominado Menem. Con condena penal (vacuna descubierta), cuenta con el apoyo de asociaciones médicas (legisladores), para mantenerlo como uno de sus miembros distinguidos. Inclusive hay quienes en congresos médicos (elecciones legislativas), afirman que Menem no afecta a determinados consumos (votos). En ese contexto se inserta la repercusión mediática que produjo  la reconocida infectóloga Elisa Carrió, cuando vociferó: el virus que se expande en otras células es De Vido !!! Cómo nadie lo descubrió??

El virus De Vido pertenece a una familia que se desarrolló en una región de clima riguroso y desértico, que le otorga gran resistencia ante tratamientos farmacológicos inadecuados. Por ello, cuando se trasladó desde su hábitat de origen al más vulnerable de las grandes urbes, hizo estragos. Su efecto epidemiológico es inversamente proporcional: a mayor enriquecimiento del microorganismo, mayor empobrecimiento de la población afectada. Tras la denuncia de Carrió, se constató que De Vido había sorteado innumerables análisis de laboratorio (jueces, fiscales y organismos de control), ante diversas epidemias: enriquecimiento ilícito (Aráoz de Lamadrid); Skanska (jamás investigado); tragedia de Once (jamás investigado); compra de trenes usados a España y Portugal (Ercolini); planes de viviendas a Sueños Compartidos (De Giorgi); obras públicas a Lázaro Báez (Casanello); y finalmente, multimillonarios mini contratos con la Universidad Tecnológica Nacional, destinados a irrelevantes trabajos en la mina de Río Turbio, que sumados alcanzan como mínimo 264 millones de pesos (Luis Rodríguez). 

La denuncia de la infectóloga Carrió desató el caos en la comunidad científica judicial, político-legislativa y empresaria. El becario Stornelli pidió el inmediato desafuero y detención de De Vido, por ser responsable del nombre del virus. El investigador senior Luis Rodríguez mantuvo la calma y lo denegó. Pero el caso ofrece aristas atípicas. De Vido brindó pistas para que en lugar de su nombre, el virus se rebautice “Ministro argentino”. Declaró que el máximo responsable de la cadena parasitaria (Ministerio), al pasar a otras células para multiplicarse, no deja huellas. Nunca firma. En paralelo,  Massa y Stolbizer, dos de los encargados de elaborar los protocolos médicos (legisladores), enarbolando en público sendas jeringas (lapiceras), anunciaron la creación de una vacuna, y renunciaron a sus fueros. Es lo que en la jerga científica se conoce como autoinoculación en la etapa investigativa.

Pero el mayor dislate lo produjo la prestigiosa Academia Nacional de Medicina (Corte Suprema de Justicia). Para obtener información acerca del éxito en la derrota de la plaga Lava Jato en Brasil, que incluye el pago de coimas a funcionarios en nuestro país, autorizó el viaje a Estados Unidos de conocidos investigadores, entre los que se destacan Casanello, Rafecas y De Giorgi, quienes jamás consiguieron aislar siquiera un simple virus de gripe (o sea, enriquecimientos ilícitos). Les entregará realmente las autoridades americanas información probatoria consistente? No correrían el riesgo que mal usada y manipulada, pueda provocar la inmediata excarcelación de Marcelo Odebrecht?

Buenos Aires, 12 de julio 2017

LA SALADA JUDICIAL

La impunidad de la corrupción estatal-privada instalada desde hace dos décadas, es explicable por la permanencia de una sólida red de complicidad entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, asociados a testaferros y empresarios. Con una enorme dosis de ingenuidad en algunos casos, o de malicia en otros, se instaló que el solo cambio de gobierno desbarataría el entramado. Se obviaron tres detalles: 1) el oficialismo no tiene mayoría legislativa en ninguna de las Cámaras; 2) los corruptos cuentan con fuerzas de choque golpistas; 3) es un mito que  jueces y fiscales federales actúen según los resultados electorales. Lo hacen según mantengan las coberturas de protección. Hasta el momento, siempre encontraron en el Consejo de la Magistratura el voto que los salve de un juicio político. Colabora la pata política, que hace imposible aprobar leyes consistentes contra la corrupción. No debiera sorprender que en Diputados y Senado, otrora “Honorables Cámaras”, ingresen cada vez más procesados o condenados. Si bien es verdad que ningún juez o fiscal cambió, tampoco cambiaron viejos políticos y sus discípulos, eternos gremialistas y prebendarios empresarios. Dada la responsabilidad prioritaria del poder judicial para cortar con esta continuidad delictiva, aportaremos algunos elementos consistentes para evaluar su accionar. Los dividiremos en causas elevadas a juicio oral, condenas, promesas y acciones distractivas.

1.- Causas elevadas a juicio oral. Ninguna de las causas de corrupción más trascendentes que involucran a altos funcionarios y empresarios  del gobierno anterior, conocidas desde hace más de cuatro años por la precisa y detalla información brindada por el periodismo de investigación, tienen fecha de juicio oral. Se destacan las que involucran a la familia Kirchner por retornos y lavado de dinero; Amado Boudou por Ciccone; Lázaro Báez como contratista testaferro de obras públicas; Cristóbal López por evasión multimillonaria de impuestos; José López por enriquecimiento ilícito e intermediario de sobornos, y Sueños Compartidos por desvío de fondos públicos.

2.- Condenas.- Con indisimulable ironía destacaremos dos: 1) En  el 2013 fueron condenados a 13 años de prisión los hermanos Juliá, por transportar desde Ezeiza al aeropuerto español El Pratt, 944 kilos de cocaína. Claro está, la condena fue en España. En Argentina iniciaron la investigación los jueces Alejandro Catania y Rafael Caputo en ese orden, sin ningún resultado a la fecha. 2) En el 2015 fue detenido y puesto en arresto domiciliario el argentino Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, por el escándalo de lavado de dinero y coimas en la FIFA. Pero sucedió en Nueva York. En Argentina, tras dos años de investigación y con el informe de sus veedores Alicia López, Alberto Piotti y Horacio Della Rocca por el caso Fútbol para Todos, la jueza Servini de Cubría aún no elevó la causa a juicio oral, ni determinó quienes se quedaron con la diferencia de 760 millones de pesos entre lo pagado por el Gobierno y lo ingresado en la AFA.

3.- Promesas.- En medio del virus de transparencia que afectó a círculos de poder tras el cambio de gobierno, en febrero de 2016 el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti prometió un relevamiento de causas del fuero federal, y darle estado público. No se cumplió. El Consejo de la Magistratura por su parte, a pedido del Colegio de Abogados de Capital, realizó una auditoría de las causas de corrupción tramitadas en la justicia federal en los últimos veinte años (más de 2.000 abiertas), comprometiendo su difusión pública para marzo de este año. No se cumplió.

4.- Acciones distractivas.- Tras cinco años de iniciada la causa por el pago de 7,6 millones de pesos por parte del gobierno de Formosa a la inexistente Old Fund, para refinanciar la deuda provincial con la Nación, recién ahora el fiscal Di Lello pidió al juez Lijo indagar al gobernador Gildo Insfrán. El fiscal Stornelli por su parte, tras doce años de iniciada la causa por el pago de coimas de la empresa Skanska a funcionarios, solicitó al juez Casanello reactivarla.

Estas inacciones y/o complicidades no debieran sorprender al legislador y político griego Solón, quien expresara hace más de 2.500 años: “Las leyes son como las telarañas; detienen a lo débil y ligero, y son desechas por lo fuerte y poderoso”.

Buenos Aires, 05 de julio 2017