CONFUSIÓN ENTRE IDEOLOGÍA Y OPORTUNIDAD (primera parte)

El reciente anuncio presidencial de la expropiación de acciones de la empresa Repsol para que el gobierno asuma el 51 % de las acciones de Repsol-YPF, es posiblemente el mejor ejemplo de la viabilidad de nuestras hipótesis de trabajo para reflexionar sobre la actualidad política, que son las siguientes:

1)      La existencia de una continuidad de actores políticos en el manejo de los asuntos del Estado como mínimo durante las dos últimas décadas. El fenómeno se replica en los ámbitos judiciales, empresariales relacionados con el Estado y gremiales.

2)      El mantenimiento de un sistema de representación electoral que hace difícil la sustitución democrática de una verdadera oligarquía política enquistada en los niveles legislativos, que se intenta disimular generando falsos debates entre supuestos oficialismos y oposiciones, o supuestos progresismos o neoliberalismos.

3)      La ausencia de oposiciones coherentes y confiables, haciendo sospechosos a sus principales referentes de incapacidad o complicidad.

Siempre es aconsejable establecer y dar a conocer las hipótesis de trabajo que justifican los análisis y opiniones vertidas sobre determinados temas, dado que si no se comparten, las conclusiones a que se arriben serán seguramente divergentes.

Una frase de Maquiavelo escrita hace más de quinientos años en su clásico libro “El Príncipe”, que mantiene plena vigencia en la política mundial, expresa que … “Nunca faltaron a un príncipe razones legítimas para disfrazar la inobservancia”. Breve, genial, y una de las más criticadas, porque la verdad para un político siempre duele. Cuando a los principios de Maquiavelo para mantener el poder se le agregó la poderosa maquinaria de la propaganda política surgida en el siglo XX, no casualmente desarrollada por las dos grandes expresiones autoritarias de la derecha fascista y la izquierda bolchevique, se configuró una estructura poder-propaganda que no tendría marcha atrás.

Aplicado el concepto al caso Repsol-YPF, es sabido que los mismos actores que en 1994 aprobaron la privatización de YPF (Menem; Kirchner; Parrilli; Felipe Solá; Carlos Ruckauf; Jorge Yoma; el actual integrante de la Corte Suprema Maqueda,entre muchos otros), hoy apoyan y celebran la reestatización de la empresa española Repsol, que sin ser una petrolera reconocida en el mercado internacional, adquirió las acciones del Estado que en 1999 vendió el gobierno de Menem a precio vil. Las razones legítimas y épicas de la propaganda de hace 22 años eran “la modernización del Estado y nuestro ingreso al primer mundo”; las de hoy son “la recuperación del patrimonio y soberanía nacional”. Sin embargo resumir el actual debate a la supuesta incoherencia de la clase política, no solo sería una crítica superficial, sino falsa. Sencillamente porque no hubo un cambio de actitud política entre la privatización y la reestatización. La privatización de YPF del gobierno de Menem con el apoyo de las provincias petroleras, se debió a problemas fiscales y de corrupción; exactamente los mismos factores que llevaron a la reestatización hoy. El apoyo de Kirchner hace 22 años le significó el ingreso de 500 millones de dólares a Santa Cruz; con igual entusiasmo lo acompañaron las provincias petroleras gobernadas por radicales o partidos provinciales, que recibían sumas similares en función de sus producciones. Así como en 1994 YPF daba pérdida por corrupciones políticas; enormes sobrefacturaciones de proveedores privados y complicidad gremial, hoy se denuncia el vaciamento de Repsol-YPF por las mismas razones., en donde las sobrefacturaciones de antaño al Estado, fueron reemplazadas con la privatización por las remesas de utilidades al exterior, constatadas y consentidas por los funcionarios designados por el Gobierno nacional en los distintos directorios. Hace 22 años la privatización diluyó el castigo a los corruptos; hoy la expropiación tendrá la misma consecuencia. Ello explica porque ni oficialistas ni opositores promueven la lógica acción penal por vaciamiento, que evitaría indemnizaciones. Proteger el interés nacional no es pagar indemnizaciones a los responsables extranjeros del vaciamiento, y mantener impunes a los funcionarios argentinos que lo permitieron.

Hay un aspecto que no se puede dejar de mencionar, ante el reiterado reclamo que hacen casi con exclusividad sectores liberales críticos al gobierno: la seguridad jurídica, que es una condición de la democracia asociada al principio de igualdad. Pero lamentablemente hay que recordar a sus férreos defensores que los únicos que tienen capacidad de vulnerarla son los sectores poderosos.

Por lo tanto plantear el debate en términos de ideología es engañoso. El caso Repsol-YPF  muestra que los principales referentes de nuestra clase política actúan basados en el principio de oportunidad. El concepto “ideología” se refiere genéricamente al estudio de las ideas, que aplicadas a la política actúan sobre la realidad en base a dos componentes: la representación del sistema de ideas (programa de un gobierno), y el plan de acción para implementarlas . La “oportunidad” por su parte, se relaciona con actuar en una coyuntura favorable o desfavorable determinada, aprovechando una conveniencia circunstancial de tiempo y lugar. En qué opción ubicaría el lector al caso Repsol-YPF?

En la próxima reflexión continuaremos desarrollando el caso Repsol-YPF por ser de máxima trascendencia para nuestro país. Será el turno de poner el foco de atención en el desmpeño de los sectores políticos supuestamente opositores, y de los gobernadores de las provincias petroleras.

UNA MISMA POLÍTICA CON DOS CARAS

El falso debate entre supuestos liberalismos y progresismos (se usa el término “supuestos” por la facilidad que los representantes de un sector tienen para pasarse al opuesto según sea quien gobierne), se utiliza para sostener un sistema de representación política que asegure la permanencia de los mismos actores a lo largo de décadas, conformando verdaderas “oligarquías” que diluyen las tan invocadas ideologías con la excusa falaz del pragmatismo. A tal punto llegó “el gran acuerdo político” entre los que hacen de los cargos públicos un usufructo permanente, que ni siquiera intentan generar oposiciones serias, y menos aún sostener la existencia de partidos políticos activos. Esta mimetización de identidades y estrategias se visualiza hoy con claridad en el trámite de traspaso de subterráneos del Estado nacional al Gobierno de la Ciudad.

En la puesta en escena de debates plagados de adjetivos y carentes de detalles contractuales, el kirchnerismo utiliza el ropaje del progresismo, y el macrismo el del liberalismo, relegando al ciudadano a participar como mero espectador de un partido de tenis, girando la cabeza a la izquierda para escuchar el discurso nacional, y a la derecha para oír la contrarréplica del gobierno de la ciudad. Pero como en el tenis, derechas o izquierdas no indican posiciones ideológicas sino estrategias de juego, que haga creer a la sociedad que asiste a un enriquecedor debate con el único objetivo de lograr el bien común.

Las similitudes se inician en la comunicación, que insólitamente encabezan las máximas autoridades de la Nación y de la Ciudad, dra. Kirchner e ing. Macri respectivamente, y no los ministros de las áreas responsables. La situación se agrava cuando salen a opinar las segundas líneas de funcionarios, que ansiosas de hacer mérito ante sus respectivos jefes emiten opiniones esclarecedoras tales como: “la Presidenta es soberbia”; “ Macri es caprichoso”.

Las semejanzas se agravan en dos aspectos esenciales de la negociación: el constitucional y el contractual. Respecto al primero se invoca el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, que explícitamente impone al Congreso que no podrá aprobar transferencias de servicios sin la respectiva reasignación de recursos. Sin embargo la reiterada violación de la Constitución por todos los sectores políticos, hace que su cumplimiento no pueda ser invocado como argumento. Paradójicamente el mejor ejemplo lo brinda la propia ciudad de Buenos Aires, cuando en el año 1996 se aprobó la ley 24558, llamada ley Caffiero por ser este legislador su autor, por la que se limitó severamente la autonomía que la reforma constitucional de 1994 le había otorgado, entre otros campos, en el del transporte y servicios públicos. Respecto a someter a consideración de la Corte Suprema el conflicto entre Nación y Gobierno de la Ciudad, hace escasos días el dr. Zaffaroni, quien fuera además convencional en la reforma de 1994, manifestó que sus integrantes estaban discutiendo si correspondía darle a la Ciudad el mismo rango que a las provincias, para eventualmente estudiar el caso y expedirse. Con estos antecedentes, respecto al argumento constitucional es oportuno seguir el criterio que comparten en sus actitudes supuestos progresistas y liberales, y dejarlo de lado.

Por lo tanto nuestro interés deberá centrarse en el marco contractual, en donde “ambas diversidades ideológicas” coinciden en proteger a la empresa privada, en este caso Metrovías, perteneciente al Grupo Roggio, excluyéndola insólitamente del proceso de negociación. Es justo aclarar que es habitual que en este tipo de renegociaciones los funcionarios públicos excluyan a los grupos empresariales privados relacionados, por desempeñarse éstos como naturales “derivadores” de fondos públicos. Esta actitud puede observarse claramente hoy en los casos de los grupos Cirigliano (catástrofe en estación Once), y la ex imprenta Ciccone, además de la mencionada Metrovías. Pero como en el traspaso de los subterráneos negocian grupos que se promocionan como “antagónicos”, deberemos rebelarnos ante tantas semejanzas, solicitándoles que en lugar de saturarnos con mensajes insustanciales, informen a la comunidad, que es la que inevitablemente deberá afrontar los costos de las decisiones que se adopten, los siguientes aspectos:

a) Cómo es posible que la transferencia de los subterráneos u otros servicios públicos no se negocie tripartitamente, en este caso con Metrovías? O recién una vez transferidos los subtes la ciudadanía deberá soportar los reclamos pendientes de ésta empresa, habitualmente escudados en acciones directas gremiales?

b) Porqué no se explicita cuál fue el criterio, monto y contraprestación que motivó el subsidio nacional a Metrovías, y compararlo con el flujo de fondos de la empresa (ingresos-egresos)?

c) Porqué no explicita el Gobierno de la Ciudad que análisis de costos realizó para decir públicamente que el boleto sin subsidio saldrá cuatro pesos? Tomó conocimiento de los balances de Metrovías, su nivel de endeudamiento y costos operativos?

d) Verificó el Gobierno de la Ciudad en que porcentaje el supuesto “quebranto” de la prestación del servicio que justificó el subsidio, se debe a subcontratos sobrevalorizados firmados con empresas pertenecientes al mismo grupo? Dentro del “quebranto”, cuales son los gastos asentados en los balances en concepto de “comisiones y asesoramiento”?

e) Se verificó que Metrovías haya cumplido con la reposición de vagones y materiales amortizados según el contrato de concesión, que vencerá el 31 de diciembre de 2017? Qué obligaciones tiene vigentes Metrovías hasta el final de la concesión?

Está claro que para un país diezmado por la corrupción, es más importante conocer datos como los mencionados, a que la Nación y la Ciudad acuerden dividir el subsidio en 50% y 50%. Cuando se aplique la “sintonía fina” a la evaluación económica, seguramente se verificarán incumplimientos contractuales y sobrecostos, parte de los cuales son devueltos por la empresa a funcionarios y gremialistas en concepto de “retornos”. Pretenden los progresistas y liberales que los continúen pagando los usuarios en el costo del boleto? Por eso los subsidios masivos son intrínsecamente inmorales; el usuario no le presta atención al valor del boleto y/o servicio porque no lo paga, lo que posibilita negocios escandalosos. Estas preguntas de fondo las responderán los representantes de los gobiernos nacional y de la Ciudad, o continuarán entreteniéndonos con frases de impacto como “Cristina es soberbia” y “Macri es caprichoso”?.

EL GRAN SERVICIO PRESTADO POR BOUDOU

Las opiniones que levantaron las declaraciones de Boudou sobre el caso Ciccone en su reciente conferencia de prensa, tanto en sectores oficialistas como de supuestos opositores, y en medios de comunicación militantes o críticos de la acción de gobierno, obviaron lo más trascendente y posiblemente histórico del hecho: es la primera vez que un vicepresidente de la Nación oficializó de manera indubitable el enorme nivel de corrupción que atraviesa a las instituciones del Estado y privadas interrelacionadas. Un vicepresidente de cualquier país, se cuenta entre los escasos funcionarios que poseen un amplio cuadro de situación del manejo de los asuntos políticos, económicos y judiciales. Más aún Boudou que fue recientemente Ministro de Economía. En honor a la verdad no intentó disimular la posesión de información privilegiada; públicamente brindó nombres y apellidos de personas pertenecientes a los sectores políticos; empresariales y judiciales.

Su investidura hace que no pueda existir marcha atrás; los hechos deberán ser investigados y probados, o irremediablemente Boudou deberá renunciar a su cargo. Transformar sus declaraciones en un juego mediático al estilo “Ud. le cree o no a Boudou?”; “pondría o no las manos en el fuego por él?”, es un infantilismo que pretende desplegar cuanto antes la estrategia del encubrimiento. Si alguien asesoró a Boudou sobre el tenor de sus declaraciones con el único fin de apartar de la causa al juez Rafecas, y rezar para que el caso pasara al juez Oyarbide, le hizo cometer un gravísimo error.

Recordemos sus denuncias esenciales: recibió reiterados ofrecimientos del estudio jurídico del Procurador General de la Nación Esteban Righi para “aceitar” relaciones con la justicia Federal; el presidente de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi le ofreció una coima en nombre del grupo empresario Boldt para que no afecte los negocios del grupo con el juego en la provincia de Buenos Aires; el juez Rafecas realizó un allanamiento anticonstitucional en su departamento, filtrando información a la prensa; aclaró que el pedido de levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone corrió por cuenta del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, como así también el excepcional plan de pagos otorgado a la empresa por su deuda impositiva.

Si se analiza lo que en principio parece una dispersa y caótica lista de acusaciones, en realidad no resulta creativa. Que en el ataque a Ciccone participe Boldt es hasta razonable, por habérsele cancelado abruptamente el alquiler de la planta Ciccone, y tener fluídos contactos políticos al ser una de las cuatro empresas que manejan el lucrativo negocio del juego en el país, actividad que cuenta con facilidades impositivas privilegiadas. Que estudios jurídicos fuertemente imbricados con el poder político intermedien con la justicia Federal para “aceitar” el permanente proceso de impunidad que sufren las causas de delitos económicos contra el Estado, sobornos de funcionarios y enriquecimiento ilícitos, resulta casi obvio. Que representantes de Cámaras privadas interactúen entre empresarios y funcionarios públicos para “aceitar” la relación, es natural en un estado de corrupción.

Lo mas difícil de desentrañar es lo que llevó a Boudou a utilizar su información en una estrategia sin retorno, mas allá de que el mensaje amenazante es la defensa habitual de quien se siente “chivo expiatorio” en casos de corrupción. Sin duda la utilizará Schoklender en la causa por defraudación de fondos públicos en la Fundación Sueños Compartidos el año en que el juez Oyarbide lo cite a declarar; llevará un prolijo detalle de gastos y distribución de fondos entre distintos personajes “intocables” que explicarán el fraude, y ante esos datos Oyarbide pondrá nuevamente el expediente en el refrigerador hasta que opere la prescripción. Sin embargo entre ambos casos existe una diferencia abismal: Schoklender es un personaje secundario que se movió privadamente con fondos públicos sin control estatal, y la información que posee se la mostrará únicamente al juez, como salvoconducto. Amado Boudou en cambio, es la segunda autoridad del Gobierno nacional, y realizó las denuncias públicamente desde el Senado de la Nación.

Una reflexión final respecto a los párrafos dedicados por Boudou a las corporaciones mediáticas y judicial. La mediática como es de rigor, la corporizó en el ejecutivo del diario Clarín Héctor Magnetto. Tampoco el vicepresidente aporta una novedad cuando se refiere a “operaciones de prensa”. En una democracia lo fundamental no es su inexistencia, sino que la sociedad sepa detectarlas. Para este aprendizaje se necesitan vehículos de opinión opuestos, divergentes, polemizadores. La sutil diferencia entre oficialistas y críticos puede residir en que los medios o periodistas de apoyo irrestricto a un gobierno, como sucede por ejemplo con “6,7,8”; Página 12 o Víctor Hugo Morales, jamás le informarán a la comunidad un acto de corrupción cometido por funcionarios pertenecientes al “proyecto nacional”. Del mismo modo, los medios críticos al gobierno como Clarín; La Nación o Editorial Perfil, no están exentos de defender intereses particulares ajenos al interés común. Pero precisamente en la coexistencia de la diversidad reside la democracia, posibilitando nuestra mejor formación política, al poder analizar opiniones divergentes sobre un mismo tema. Es cierto también que los medios cobran gran relevancia en los casos de corrupción, pero ello es imputable a la ausencia de una oposición que cumpla con su deber de controlador del ejercicio del poder, y de información a la ciudadanía.

En cuanto a la “corporación judicial”, si bien existe como tal, desde el punto de vista del interés común es mas relevante hablar de la “independencia judicial”. En este aspecto la actuación de la justicia federal en los casos de corrupción estatal se resume en un largo listado de sobreseimientos y prescripciones, aún en los casos con culpables confesos. (IBM-Banco Nación y Skanska, entre otros). Las declaraciones de Boudou también colaboraron para transparentar el fuerte nexo político-judicial. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, anunció que denunciará a un juez federal por “mala conducta”. Contra lo que se pueda suponer no denunciará al juez Oyarbide por la causa Fundación Sueños Compartidos, o al juez Bonadío por la investigación de la catástrofe en estación Once. Acertó el lector: denunciará al juez Rafecas por el caso Ciccone.

LIBERALISMO O PROGRESISMO: FALSO DEBATE PARA QUE NADA CAMBIE

Las últimas dos décadas han exhibido una recurrencia política que no reconoce muchos antecedentes a nivel mundial: adopción de medidas de gobierno totalmente contrapuestas adoptadas por los mismos actores políticos, que engañosamente pretenden escudarse en posturas filosóficas antagónicas: supuestos liberalismos o progresismos. Posiblemente este absurdo repetido hasta el hartazgo, haya obrado en el inconsciente de manera sorprendente para quien nunca fue peronista, haciéndome recordar a Juan Domingo Perón en su recordada postura a favor de una Tercera Posición, ante la falacia ideológica de posguerra de presentar la opción entre capitalismo y comunismo como inevitables. En su libro “El proyecto nacional” Perón decía que el desarrollo intenso de la política internacional impuso la necesidad de crear instrumentos para manejarla, surgiendo las que llamó las “Grandes Internacionales”. Expresaba textualmente: “El capitalismo y el comunismo soviético no son sino dos de ellas, aparentemente contrapuestas pero, en realidad de verdad perfectamente unidas y coordinadas” (página 32). Está de más señalar que políticamente Perón inevitablemente estará entre las figuras históricas más controversiales, pero lo que muchos desconocen es que fue uno de nuestros pensadores geopolíticos más trascendentes.

El recuerdo inconsciente de Perón no fue caprichoso; sirvió para asimilar su concepto a a la falsedad del debate que se quiere instalar hoy en la sociedad, entre supuestos liberalismos y progresismos, para que nada cambie en lo que en el “setentismo” se denominaba “oligarquía política”. Esta situación explica además que la ausencia de oposición desde hace años, dramáticamente expresada en la última elección presidencial, y el grosero aumento de dietas legislativas con el acuerdo y silencio de todos los bloques partidarios, no es casual.

Temas trascendentales y estratégicos como la explotación de hidrocarburos; línea aérea de bandera; sistema jubilatorio; rol del Banco Central, por citar los más conocidos, merecieron decisiones políticas y legislativas absolutamente contrapuestas en pocos años, aún dentro de un mismo período de gobierno, increíblemente llevadas a cabo por los mismos actores políticos. El fenómeno se manifiesta no solo en las acciones, sino también en las omisiones, como la de mantener inalterable la matriz de corrupción entre funcionarios públicos y empresarios privados; la permanencia en sus cargos de jueces federales que le brindan cobertura; el mantenimiento de sistemas de distribución de los ingresos públicos que transforman en declamatorio al federalismo, con la imprescindible complicidad de gobernadores y legisladores provinciales; mantenimiento de sistemas electorales que llevan a su mínima expresión la posibilidad del ciudadano de elegir a sus representantes (listas sábanas; candidaturas testimoniales).

El mejor ejemplo de lo expresado es el actual debate acerca de la explotación de los hidrocarburos por parte de las petroleras, concentrado en su principal actor, la empresa Repsol – YPF. Al respecto, para quienes somos neófitos en el tema, es recomendable leer el artículo “Una nueva política petrolera” que publicara en La Nación el pasado 27 de marzo el ex gobernador de Santa Cruz en el período 2003-2006, Sergio Acevedo.

Mientras Pacho O´Donnell continúa investigando la verdadera causa del fusilamiento de Manuel Dorrego, retrocedamos pocos años para recordar el trámite de privatización de YPF. Obviamente generó gran resistencia social y legislativa, con el rechazo total de la UCR, que en esa época existía. Ante la dificultad de obtener los votos necesarios, se conformó el habitual “lobby”, en donde no se discute de liberalismos o progresismos sino exclusivamente de dinero. La estrategia esencial del “lobby” para vencer resistencias fue contar con el apoyo unánime de todas las provincias petroleras: Santa Cruz; Chubut; Neuquén; La Pampa; Mendoza; Salta; Jujuy y Formosa, que estaban agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. El 21 de agosto de 1991 asumió la presidencia de la Organización el gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. El 30 de agosto del mismo año, Carlos Menem, Domingo Cavallo y José Luis Manzano suscribieron un acuerdo con Santa Cruz por el que la Nación le reconocía una deuda de 480 millones de dólares, pago que quedaba sujeto a la sanción de la ley de privatización de YPF, por una cláusula que indicaba que si no se aprobaba el acuerdo quedaba sin efecto. Del mismo modo se acordó con las restantes provincias petroleras el pago de importantes regalías producto de la venta de la empresa, proporcionales a sus producciones. Las provincias patagónicas, principales productoras, estaban gobernadas por un justicialista en Santa Cruz; un radical en Chubut y un integrante de la familia Sapag en Neuquén, pero en esa instancia dejaron de debatir acerca de Perón, Yrigoyen y la familia Sapag, y fueron mancomunadamente en busca de los fondos. Se consiguió la unanimidad deseada a favor de la privatización, y el 24 de septiembre de 1992 por la noche la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de privatización, siendo miembro informante el diputado neuquino Oscar Parrilli, actual secretario general de la Presidencia..

Entre quienes habilitaron el tratamiento y aprobación de la ley de venta de YPF se encontraban los hoy vigentes Felipe Solá; Eduardo Amadeo; Eduardo Camaño; Oscar Lamberto; Jorge Yoma; el actual integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda; Carlos Ruckauf, y el mencionado Oscar Parrilli. El presidente de la Nación era el hoy senador nacional Carlos Menem (en diciembre ningún legislador objetó su jura); en Santa Cruz eran legisladores provinciales Cristina Kirchner y el actual jefe de la SIDE Héctor Icazuriaga, quienes promovieron un proyecto en su legislatura provincial que avalaba la privatización.

El problema político que arrastra nuestro país no surge de la confrontación de posiciones en defensa del interés nacional, sino de la peligrosa y creciente concordancia de los distintos sectores políticos para perpetuar sus privilegios personales, intentando disimular esta realidad tras falsos debates ideológicos.