En los últimos días se produjeron
hechos políticos de trascendencia, y como ya es habitual, se enmascararon
causas y contradicciones mediante grandilocuencias y mensajes épicos desde los niveles políticos,
matizadas con las inevitables frivolidades en determinados espectáculos
mediáticos.
En esta vorágine comunicacional,
bienvenida en un sistema democrático con pluralidad de opiniones, ya que es
responsabilidad individual interpretar mensajes y establecer intenciones y objetivos, es oportuno destacar
determinados aspectos que nos permitan reflexionar alejados de la categoría
emocional de “les creo o no les creo”, o si se es kirchnerista o
antikirchnerista, oficialista u opositor, neoliberal o progresista, todos ellos
ropajes ideológicos que el desenvolvimiento político de las últimas décadas
demostró vacíos de contenido, dado que se puede pasar con asombrosa facilidad
de un sector al opuesto, a condición de
que el converso pueda seguir usufructuando cargos políticos.
El gobierno de manera intempestiva
resolvió encarar lo que denominó “democratización de la justicia”, a través de
medidas que no es el caso analizar en esta nota. Debe observarse inicialmente
que se utilice el término “democratizar” tras treinta años de ejercicio
ininterrumpido de gobiernos democráticos, y que lo utilice un gobierno que ejerce
desde hace diez años el poder. Tan poco respeto siente por sì misma la clase
política? También mueve a sospecha que la reacción transformadora la haya
provocado la justicia Civil y Comercia Federal, supuesta protectora de “grupos
monopólicos”, y no la justicia Penal Federal, encargada de proteger el
patrimonio público de la acción delictual de funcionarios públicos asociados
con grupos privados que actúan, ahora sí “monopólicamente”, en los negocios espúreos con el Estado. Se
critica al juez de las Carreras, que entiende en la ley de medios, como un
defensor del “poder económico”, pero los mismos acusadores no aplican el mismo
fervor ante los resultados de las investigaciones por delitos económicos y
enriquecimientos patrimoniales escandalosos que involucran a funcionarios y
empresarios, por parte de jueces federales como Oyarbide, Canicoba Corral,
Bonadío y Servini de Cubría, a quienes los actuales funcionarios cuando no
ejercían el Gobierno denominaron jueces emblemáticos del menemismo. Sin duda
alguna que el actual funcionamiento de la justicia exige una profunda reforma,
pero no para transformar a jueces honestos y capaces en complacientes , sino a
la inversa.
El pasado jueves 18 se repitieron
las multitudinarias manifestaciones convocadas básicamente a través de redes
sociales, bajo consignas tales como la defensa de la democracia y la lucha
contra la corrupción. Se contó con la tímida presencia entre la multitud de
algunos políticos supuestamente opositores, guiados por la búsqueda de votos que les permita seguir siendo
legisladores, acentuando el convencimiento que todavía no ha surgido el
político que encarne con fuerza y convicción reclamos mayoritarios y se ponga a
la cabeza de los mismos. El intento de interpretar deseos y exigencias de los
autoconvocados, reiteró la visión fascista de ciertos sectores autodenominados
progresistas, al pretender desacreditar los reclamos en función de las supuestas
clases sociales que los formulan. Acorde a este encuadre sectarista, los
manifestantes que se expresaron en distintos puntos del país, con epicentro en
la ciudad de Buenos Aires, responden a sectores medios y altos. Cabe
preguntarles entonces a estos modernos Goebbles: a qué sectores involucró la
corrupción que provocó los muertos y heridos en la tragedia ferroviaria de
Once? O la reiterada ineficacia estatal que se transparentó en los inmensos daños en vidas
y bienes por las recientes inundaciones en las ciudades de Buenos Aires y La Plata ? A qué sector social
pertenecen los funcionarios enriquecidos en la función pública y aparecen hoy
en posesión de empresas, campos y propiedades varias, y que sin embargo no
asistieron a la marcha? Posiblemente diría el ex presidente Clinton ante tal catalogación:
“Se reclama la honestidad y eficacia en el manejo del patrimonio público,
estúpido”
El tercer suceso lo constituyó la
investigación periodística de Jorge Lanata referida al posible lavado de dinero del empresario
Lázaro Báez, cuyo patrimonio tuvo un crecimiento exponencial en la provincia de
Santa Cruz como resultado de sus fuertes y reconocidos lazos políticos a nivel
provincial y nacional. Si bien sus antecedentes como el de tantos otros
empresarios no son nuevos, lo distintivo lo aportaron las confesiones de
personajes subsidiarios como Elaskar y Fariña, que detallaron partícipes y
metodologías de circulación de dinero de la corrupción. Como suele suceder con estas
denuncias a partir de su instalación pública, se desató un aquelarre mediático
que orillaba entre lo fellinesco en ciertos niveles, y la estrategia de la
confusión para diluír responsabilidades en otros más sofisticados.
Sin embargo la expresión más
preocupante no la pronunció Lanata, Fariña, Elaskar o Lázaro Báez, sino los
responsables de la AFIP ,
Ricardo Echegaray, y el de la
Unidad de Información Financiera, José Sbatella, cuando señalaron
que investigarían la denuncia. Es impensable que la AFIP , que en el término de 48
horas responde a un ciudadano que solicita 1.000 dólares para viajar al
exterior que no reúne las condiciones necesarias, o desde el más alto nivel
político se denuncia a un operador inmobiliario por no presentar su declaración
anual de bienes, no posea toda la información patrimonial y contributiva actualizada
de los involucrados mencionados, como también de los que actúan como
testaferros, intermediarios financieros, y responsables de las coberturas
económico-legales de estas organizaciones. La pregunta entonces debe ser: porqué
se oculta desde el Estado, a través de la AFIP , la Unidad de Información Financiera y la Sindicatura General
de la Nación ,
que debe controlar a las sociedades comerciales, los escandalosos
enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos y empresarios privados
asociados, ya sea con o sin lavado de dinero?
